miércoles, 30 de noviembre de 2016

Jalisco propone órgano de control de contaminación



La planta de tratamiento cumple satisfactoriamente, pero debe ser ampliada; los desechos industriales requieren atención, señala el director de la CEA.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Resolver en definitiva el problema de contaminación de la cuenca de El Ahogado exige la aplicación de normas de competencia federal, al ser residuos de corredores industriales el principal componente de los tóxicos a que está expuesta la población de la zona.

Ante ello, el gobierno del estado plantea la posibilidad de establecer un órgano de control y vigilancia, previsto en la Ley de Aguas Nacionales, para que los tres niveles de gobierno se coordinen y garanticen "cero descarga" de contaminantes por las factorías de la zona, dijo ayer el director de la Comisión Estatal del Agua, Felipe Tito Lugo Arias.

El funcionario reconoció, en relación al reciente informe de calidad del agua en la zona de la organización ecologista Greenpeace, que ese documento prueba que son residuos de industrias el problema que no ha sido eficientemente enfrentado, pero también, que el saneamiento de aguas municipales es correcto, dado que no se detectaron parámetros "fuera de norma" de la carga orgánica que se trata en la planta de El Ahogado, inaugurada en 2012.

En lo que discrepa con Greenpeace es en su crítica de que la planta no es más que un "paliativo"; por el contrario, señaló que es un enorme avance poder depurar aguas domésticas, que constituyen el mayor volumen que genera la ciudad; "el caso es reconocer lo logrado pero avanzar para resolver las cosas que ellos efectivamente han detectado", apuntó en entrevista con MILENIO JALISCO.

Y no es que esté culminado el proceso de saneamiento de residuos municipales y domésticos, pues en la actualidad, la planta de El Ahogado tiene un déficit de casi 300 litros por segundo, lo que obligará a invertir –por parte de los operadores de la concesión- alrededor de 450 millones de pesos más en ampliar la capacidad promedio hasta en 750 litros más. Hay pendientes además de construir otros 56 kilómetros de colectores que llevan más de 700 millones de pesos de inversión, pero si se quiere poner coto al problema, se necesita que la expansión desordenada de la ciudad en la zona sur sea eficazmente contenida, tarea que corre a cargo de los municipios locales.

El gobierno de Jalisco defiende lo que se ha hecho en el tema. "La planta de El Ahogado es una de las más completas del país en materia de saneamiento porque cuenta con procesos avanzados; ha operado satisfactoriamente y la calidad de su agua cumple de forma sobrada las normas ambientales mexicanas, lo que se confirma en el estudio que hicieron los ecologistas [...] con su capacidad de diseño de 2,250 litros por segundo, a la fecha ha saneado 308.5 millones de metros cúbicos, lo que equivale al volumen de consumo de una población de un millón de habitantes por 4.6 años", o al total que consume el área metropolitana de Guadalajara en un ciclo completo.

La planta produce 65 por ciento de la energía eléctrica que requiere, lo que significa en ahorro 70 mil toneladas de bióxido de carbono, señala por su parte el superintendente de saneamiento de la Unidad Ejecutora de Abasto y Saneamiento, Trinidad Martínez Sahagún."esta obra cubre aproximadamente 20 por ciento de las aguas residuales domésticas que se generan, y beneficia a 800 mil habitantes [...] el año que entra arrancaremos con la construcción del nuevo módulo de 750 litros por segundo para la planta, lo que nos llevará a una capacidad promedio de tres mil litros por segundo, y se arrancará con la construcción de los 59 km de colectores pendientes", destaca.

Por su parte, Luis Aceves Martínez, director de plantas de tratamiento, advierte: "la planta de El Ahogado no fue diseñada para tratar aguas industriales; los ciudadanos no tienen por qué pagar ese costo, corresponde a los empresarios y se debe caminar a lograrlo de forma integral".

---------------------------------------------------------

Claves

Responsabilidades

Los ayuntamientos son responsables de gestionar los servicios integrales de agua a la población; esto deriva en que deben sanear el agua residual doméstica y municipal, que si bien tiene componentes variados, está caracterizada esencialmente por la alta carga orgánica

Si una empresa descarga aguas residuales de sus procesos en la red municipal, el responsable de controlarlo es el ayuntamiento o el organismo operador responsable (en Guadalajara, el SIAPA); lo usual es caracterizar la descarga con exámenes de DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) y DQO (Demanda Química de Oxígeno) que son generales y permiten saber la presencia de residuos orgánicos y desechos químicos; con base en eso, se determina el equivalente a carga orgánica y se cobra lo que se rebasa en la descarga si se le compara con una descarga de casa habitación

Si la empresa descarga a cuerpos de agua nacionales, es responsabilidad directa de la Comisión Nacional del Agua regularlos y obligar a tratamiento en caso de exceso en los parámetros, dado que se debe preservar la calidad de los cuerpos de agua

Ciudad de México se integra a cuenca Lerma

En la 15 sesión del consejo de cuenca Lerma Chapala, el más antiguo del país, los mandatarios o representantes de los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Querétaro y México recibieron a un sexto miembro estatal: la Ciudad de México, que pese a explotar alrededor de 300 millones de m3 de agua en las fuentes del Lerma (Almoloya del Río), no estaba integrada a este organismo que determina los destinos y el manejo de la cuenca de más de 50 mil kilómetros cuadrados.

El pasado lunes 27 de noviembre, se realizó en Morelia, Michoacán. En representación de Jalisco acudió el director de la CEA, Felipe Tito Lugo Arias, quien destacó la integración de la capital del país como uno de los más importantes cambios en el organismo interestatal que preside la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Así, se acordó incrementar las vocalías y modificar las reglas generales de integración, organización y funcionamiento del consejo; de este modo, se pasó de 18 a 27 vocales con voz y voto, uno solamente por el gobierno capitalino, cinco respectivamente para cada uno de los estados fundadores, y uno más para la Comisión Federal de Electricidad, la mayor empresa usuaria de agua del país.

Otra medida relevante fue la reactivación de la comisión de cuenca propia del lago de Chapala, que permanece acéfala y sin funciones desde hace más de diez años; "debido a la importancia ambiental, económica y social del lago de Chapala, esta comisión tendrá el objetivo de mejorar las condiciones ambientales de la cuenca y la conservación del lago, así como vigilar el nivel de almacenamiento y la correcta distribución del agua".

Una tercera medida fue ratificar como presidente del consejo a Jorge Jiménez Campos, representante a su vez del estado de México, a quien se le reconoció liderar proyectos esenciales como la creación del fideicomiso de la cuenca.

Existen 26 consejos de cuenca en el país; Jalisco tiene territorio en cuatro de esas cuencas, pero la del Lerma, cuyo consejo se formó en 1993, es de lejos la más relevante en términos políticos y económicos, pues sustenta casi 10 por ciento del producto interno bruto del país. En la cita, que presidió el gobernador de Michoacán, Silviano Albores, se informó de la inminente conclusión de la segunda gran etapa de saneamiento de aguas en la demarcación: 48 plantas de tratamiento datan de la primera etapa, y habrá 58 más cuando sean terminadas las de la segunda, para totalizar 106 instalaciones saneadoras.

El ciclo de lluvias fue 3 por ciento menor al promedio histórico, es decir, 705 milímetros, lo que generó escurrimientos por 4,468 millones de m3. La asignación de volúmenes para los diversos usos es menor en 11 por ciento a la asignación en demanda máxima. La distribución total será de casi 3,700 millones de m3, lo que garantiza a Guadalajara los 240 millones de m3 a que tiene derecho en su título de concesión.

-----------------------------------------------------------------

Claves

Una cuenca sobrepresionada

El Lerma es una de las cuencas productivamente más importantes de la historia del país, y genera entre 9 y 11 por ciento del producto interno bruto nacional

Es también la región hidrográfica con más lagos naturales, entre los que sobresalen el gran lago de Chapala, entre Jalisco y Michoacán, y la laguna de Yuriria, entre Guanajuato y Michoacán

Siempre fue una importante productora de granos, pero entre los años sesenta y setenta del siglo XX, se levantaron las presas de mayor capacidad, lo que tuvo por efecto el decremento sustancial del agua que llegaba al lago de Chapala, que desde mediados de los años 80 vivió una crisis tal de existencias de agua, que generó el movimiento político por la preservación del lago

La cuenca, de por sí deficitaria, y que cuenta con la mayor parte de los acuíferos subterráneos sobreexplotados del país, tiene una precipitación media anual de apenas 726 milímetros y es amenazada con sequías recurrentes; deberá prepararse ante condiciones más extremas ante las malas perspectivas que podría traer el cambio climático

martes, 29 de noviembre de 2016

Jalisco avala el trasvase a León



Gobierno pide excedentes que “encontró” el IMTA en río Verde, una vez se descuenten aguas de la ciudad de El Bajío.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La petición del gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz, de recibir una concesión extra de 140 millones de metros cúbicos del río Verde que supuestamente sobran en esa cuenca, que el pasado 15 de junio hizo al titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Ramírez de la Parra, lleva dos conclusiones ineludibles: que Jalisco está aprobando tácitamente el trasvase de 119 millones de m3 a León, no obstante la oposición alteña, y que la contratación de la Oficina de Servicios para Proyectos (Unops)  ha dejado de ser relevante, y debería cancelarse.

Esto opinó ayer el titular del Observatorio Ciudadano del Agua de Jalisco, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, al exhibir el oficio CJ0017/2016, firmado por Sandoval Díaz, en el cual, el mandatario hace alusión al estudio que realizó, por contratación de la Comisión Estatal del Agua (CEA), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).

“El gobierno de Jalisco, como respuesta a diversas demandas de los sectores productivos y habitantes de Jalisco, contrató al IMTA para realizar la actualización del Estudio de disponibilidad en la cuenca del río Verde, que ampara el periodo 1945-2013, mismo que adjunto y pongo a su consideración como sustento de esta solicitud para ser validado y aplicado por la autoridad…”, señala el documento.

Los resultados “sustentan que la cuenca […] genera un escurrimiento medio anual al río Santiago de 644 millones de m3, equivalentes a […] 20.47 m3 por segundo”. Y con alusión al marco legal que rige en el tema, pide “asociar este resultado con la reserva vigente de aguas superficiales de esta cuenca para los estados de Guanajuato y Jalisco, de 504.6 millones de m3 equivalentes a 16 m3 por segundo; mi gobierno solicita se reserve para Jalisco, ya sea para la región de Los Altos y/o para la zona metropolitana de Guadalajara el diferencial entre ellos, es decir, 4.47 m3 por segundo, motivo de esta solicitud o 140.42 millones de m3 anuales”.

Añade: “mi gobierno, en un marco de respeto absoluto a las atribuciones y normativa de la Conagua, reconoce que la disponibilidad de agua debe prever los compromisos legalmente establecido hacia aguas abajo de la confluencia del río Verde con el río Santiago, por lo que para fortalecer  nuestra solicitud, haríamos el compromiso de retornar debidamente tratados 80 por ciento del volumen de agua de esta reserva solicitada, con lo que consideramos se evitará afectación a los compromisos establecidos que son propiamente para uso de generación de energía eléctrica” (sic).

La lectura es que en el conflicto por el agua de Los Altos de Jalisco, el gobierno del estado juega, contradictoriamente, a tres bandas: primero, convalida la existencia legal y vinculante de un observatorio al cual no hace caso; segundo, contrata a una agencia de Naciones Unidas, la Oficina de Servicios para Proyectos (Unops) como una “tercería” para mejorar su toma de decisiones, aunque vulnere el espacio del propio observatorio; tercero: pide dar por buenos los estudios del IMTA en la cuenca, lo que hace irrelevante la contratación del organismo internacional.

“De este modo, está atentando contra la soberanía hídrica de Jalisco, suscribiendo un estudio lleno de cuentas alegres que no corresponde con la realidad; la realidad es que es una cuenca con tan poca agua, que la red de presas que tenemos nunca se llena, más que de forma esporádica”, subrayó Márquez Gutiérrez. “El gobierno de Aristóteles Sandoval ya tomó una decisión, se quedó con las cuentas alegres del IMTA y va a avalar el megaproyecto de trasvase de agua a León, es lógico, por lo cual es innecesario el trabajo de la Unops y no le debe entregar el millón de dólares pendiente”, insistió.

¿Agua que sobra?

Al titular del Observatorio Ciudadano del Agua le preocupan las consecuencias de la petición de Sandoval: “los mismos técnicos de la Conagua han cambiado de opinión; hace doce años convalidaron el argumento de que hay escasez, han mantenido políticas de veda con el acuífero por muchas décadas, y lo que yo les puedo decir es lo que viven en el día a día los productores, somos una región pecuaria y la falta de agua a veces es apremiante”, subrayó.

lunes, 28 de noviembre de 2016

Jalisco ya "se casó" con cuentas alegres del IMTA





El gobierno estatal atenta contra la soberanía hídrica de la entidad, pues de facto, ha avalado el proyecto de trasvase a León, denuncia observatorio del agua

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.  

En el conflicto por el agua de Los Altos de Jalisco, el gobierno del estado juega, contradictoriamente, a tres bandas: primero, convalida la existencia legal y vinculante de un observatorio al cual no hace caso; segundo, contrata a una agencia de Naciones Unidas, la Oficina de Servicios para Proyectos (Unops) como una “tercería” para mejorar su toma de decisiones, aunque vulnere el espacio del propio observatorio; pero hay un tercero, y más preocupante: pide dar por buenos los estudios del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) de que sobran casi 140 millones de metros cúbicos en la cuenca, lo que hace irrelevante la contratación del organismo internacional.

“De este modo, está atentando contra la soberanía hídrica de Jalisco, suscribiendo un estudio lleno de cuentas alegres que no corresponde con la realidad; la realidad es que es una cuenca con tan poca agua, que la red de presas que tenemos nunca se llena, más que de forma esporádica”, advirtió esta mañana el coordinador del Observatorio Ciudadano del Agua, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez.

TE RECOMENDAMOS: Río Verde, el agua de las discordias

El también presidente de la asociación civil Conredes (Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable) destacó que ha quedado en la irrelevancia el trabajo de la Unops, por lo cual, lo congruente será desvincularse de ese contrato, “el gobierno de Aristóteles Sandoval ya tomó una decisión, se quedó con las cuentas alegres del IMTA y va a avalar el megaproyecto de trasvase de agua a León, es lógico”, señaló.

En sentido común, añadió, se debe rescindir el contrato, pero habrá que clarificar el tema de si realmente hay agua de sobra en la meseta alteña; “los mismos técnicos de la Comisión Nacional del Agua han cambiado de opinión; hace doce años convalidaron el argumento de que hay escasez, han mantenido políticas de veda con el acuífero por muchas décadas, y lo que yo les puedo decir es lo que viven en el día a día los productores, somos una región pecuaria y la falta de agua a veces es apremiante”, subrayó.

Márquez Gutiérrez anunció que se presionará para obtener respuestas formales a las recomendaciones que ha emitido el órgano colegiado, dado que no se ha honrado por parte del ejecutivo su papel como instancia de recomendaciones obligatorias, prácticamente por ninguna de sus dependencias, incluidas la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y la Comisión Estatal del Agua.

SRN

domingo, 27 de noviembre de 2016

Buscan regular emisiones muy tóxicas de ladrilleras



La calidad de sus emisiones es mucho más dañina que la de los autos, advierte la Semadet.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

En el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) existen alrededor de 1,137 ladrilleras artesanales, es decir, talleres de fabricación de ladrillo para construcción, cuyas emisiones descontroladas a la atmósfera constituyen un foco de contaminación serio, no tanto por el volumen total, sino por el problema de residuos altamente tóxicos que se generan por usar combustibles no apropiados y técnicas de combustión que exponen a los artesanos, a sus familias y a los moradores de la franja de producción que rodea a la ciudad.

“Dichos contaminantes están asociados con los ineficientes procesos de cocción de ladrillo, debidos a los rudimentarios procesos de elaboración del mismo, así como por el uso de materiales combustibles contaminantes como diesel, combustóleo, basura, residuos plásticos, llantas, solventes; como resultado se generan importantes concentraciones de material particulado, gases de efecto invernadero y carbono negro, contaminantes que afectan negativamente a la salud humana e impactan de manera global el medio ambiente”, señala el director general de Gestión y Protección Ambiental de la  Semadet, Rigoberto Román López.

“A nivel nacional se estima que la actividad ladrillera emite aproximadamente 6.62 millones de toneladas de CO2 equivalentes (cifras de 2006), que con respecto al inventario nacional de emisiones de GEI equivale al 1.09 por ciento de las emisiones nacionales, según los factores de emisión medidos en 2008 por el Instituto Nacional de Ecología. Del monóxido de carbono, carbono negro y particulado menor de 2.5 micras, se divide en muchos más contaminantes que dependen de los combustibles que utilicen, para emisiones de gases altamente tóxicos como óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV), hidrocarburos aromáticos poli nucleares, dioxinas, furanos, benceno, bifenilos poli clorados y metales pesados como arsénico (As), cadmio (Cd), níquel (Ni), zinc (Zn), entre otros; estos elementos y compuestos provocan irritación a la piel, ojos y membranas mucosas, trastornos en las vías respiratorias, en el sistema nervioso central, depresión y eventualmente cáncer; características que los hacen inaceptables para ser utilizados con este fin”, añade.

Sin embargo, “la problemática que representa este sector no es únicamente en el aspecto ambiental, sino que su intervención requiere apoyo para mejorar aspectos de nivel social y económico”, justifica.

Por eso es parte de la iniciativa aprobada por el Congreso para mejorar la calidad del aire. No se compara en volumen a lo que generan 2.2 millones de autos, pero, en calidad, suele ser peor estar expuesto a humos de ladrilleras, enclavadas en zonas periféricas, donde habitan más de medio millón de personas.

“El estado de Jalisco es la segunda entidad del país con el mayor número de ladrilleras artesanales con un total de 2,500 unidades, según informe reportado en 2012, de las cuales aproximadamente el 46 por ciento se concentran en el AMG. La cantidad de ladrilleras posiciona a Jalisco como la segunda entidad del país con mayor cantidad de estos giros (...) con el objetivo de atender esta problemática, el gobierno del estado promovió la realización del ‘Estudio de la Cadena de Valor del Sector Ladrillero’, cuyo propósito es conocer la actividad, los retos y oportunidades que representa el intervenir a través de una propuesta para transitar a una cadena productiva de bajo carbono, lo que a su vez podría ser replicable en otros sectores productivos”, señala el documento de la iniciativa.

“Este año se comenzó a desarrollar de manera paralela un diagnóstico del sector ladrillero en Jalisco, lo que permitirá dimensionar la actividad y establecer líneas de acción más concretas para atender la problemática asociada a la informalidad de la actividad, así como sus implicaciones ambientales y sociales al emitir contaminantes que afectan la salud de los productores y los habitantes de las comunidades aledañas”.

Según experiencias de intervención, el desarrollo de una política integral para atender la problemática deberá de contemplar: Uno, “promover la construcción de hornos y uso de combustibles más eficientes”; dos, “realizar acciones en coordinación con los municipios para el ordenamiento territorial a través del uso del suelo”; tres, “emitir reglamentación para el uso de los bancos de arcilla”; cuatro, “emitir reglamentación sobre el uso de leña y otros combustibles”; cinco, “emitir normas que incidan en las características del producto en aspectos como resistencia, dimensiones, capacidad de aislamiento térmico, y otros”. El financiamiento provendrá del Fondo Verde.

Los detalles

Entre los productos e insumos para alcanzar esa intervención:

Estudio de cadena de valor del sector ladrillero

Manual de buenas prácticas para la producción artesanal de ladrillo

Inventario de alternativas de financiamiento

Estudio de riesgo ambiental asociado a la actividad ladrillera

Identificación de zonas potenciales para la extracción de arcillas

Inventario detallado de unidades productivas en Jalisco y los términos de referencia para un proyecto de Norma Ambiental Estatal

sábado, 26 de noviembre de 2016

Formalizan nueva asociación para reserva Sierra de Quila



Dos espacios de participación y toma de decisiones de la reserva federal que abastece de agua a 200 mil personas.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Ayer fue formalizada la Asociación Civil para la Conservación de los Ecosistemas y el Manejo Sustentable de la Sierra de Quila, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), la cual “permitirá implementar estrategias y acciones de conservación y manejo sustentable de los recursos naturales dentro del Área de Protección de Flora y Fauna –decreto federal- y su zona de influencia”, señaló la titular de la dependencia, Magdalena Ruiz Mejía.

“Estamos hablando de un macizo montañoso que tiene más de 30 mil hectáreas, la mitad de estas protegidas, con especies endémicas en categoría de protección y especies y ecosistemas muy diversos […] va a tener potencial de manejo forestal comunitarios, sustentable, cadenas de valor, sobre todo de turismo, ecoturismo como bien lo acaban de resaltar y un esquema de pagos por servicios ambientales”, explicó la funcionaria.

Considera que la nueva asociación es el eje de “un novedoso esquema de gobernanza” que replica, de un modo distinto, ajustado a la realidad política y social de la zona, la experiencia del bosque La Primavera. La asociación es un espacio de participación para los municipios de Tecolotlán, Tenamaxtlán, San Martín Hidalgo, Atengo, Cocula, Ameca, pero también para ejidos, comunidad indígena y pequeños propietarios, que son los dueños de los bosques. El modelo incluye la operación de un consejo técnico y un consejo de manejo territorial, “cuya función será coadyuvar, coordinar y promover diversas acciones de conservación y manejo”.

De ese órgano “también se podrán emitir recomendaciones que mejoren las condiciones socioambientales del área protegida y su zona de influencia, lo que detonará más participación por parte de los involucrados, garantizando un mejor uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales de la sierra”.

En la formalización de la asociación estuvo presente el presidente municipal de Ameca, Marco Antonio Castro Rosas, quien aseguró: “esto va a ser un polo de desarrollo turístico sumamente importante tanto como para la presa de Texcalame, como para la Sierra de Quila, me queda muy claro que hay que proteger todo lo que es fauna y flora, tener las herramientas necesarias para que esta sierra se siga conservando así como esta”.

Estas montañas enclavadas en el centro de Jalisco fueron transferidas para su administración desde 1997 al gobierno del estado, que se ha encargado por casi 20 años de financiar su gestión para conservación y desarrollo. Los antecedentes más importantes de protección deriva de la importancia de sus manantiales para más de 200 mil habitantes de toda el área; en particular, destaca el esfuerzo del activista de Tecolotlán, Gabriel Agraz, quien logró que el presidente José López Portillo emitiera el decreto sobre más de quince mil hectáreas en 1982; sin embargo, otra superficie similar de las montañas permanece sin régimen de protección. La idea es que sea abarcada como zona de influencia por los trabajos de la asociación y el consejo, de manera que se alcance una gestión sostenible para toda la región, que abarca desde Atengo al poniente hasta San Martín de Hidalgo al oriente, y genera abundante agua para los sistemas de riego de las presas Tacotán y Trigomil.

CLAVES

Bosque protegido

La Sierra de Quila es área protegida de carácter federal bajo la categoría de Área de Protección de Flora y Fauna; cuenta con una superficie de 15 mil 192 hectáreas y se extiende por los municipios de Tecolotlán, San Martín Hidalgo, Tenamaxtlán, Atengo, Cocula y Ameca.

Los inventarios arrojan 270 especies de fauna y 869 plantas basculares, de las cuales en conjunto hay 52 especies bajo alguna categoría de protección.

Fuente: http://www.sierradequila.org/

GPE

viernes, 25 de noviembre de 2016

Urgen a evitar más descargas de tóxicos a cuenca El Ahogado



Sin un manejo no se resolverá la polución ni el daño a la salud en torno al Río Santiago, concluye estudio técnico.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El único modo de evitar que la cuenca de El Ahogado sea uno de los expedientes más escandalosos de contaminación ambiental con efectos directos en la salud de casi 200 mil moradores de sus orillas, es que el gobierno mexicano, a través de sus diferentes instancias y competencias, se decida a evitar que los contaminantes lleguen al agua, señala la organización ecologista Greenpeace.

Dentro de las demandas que presenta en el estudio de los contaminantes de la zona –donde la planta de tratamiento de más alta tecnología del país opera desde el año 2012-, el capítulo México de esa asociación destaca la necesidad de afrontar de modo integral, y no con costosos paliativos, el saneamiento efectivo.

"Es de sentido común que cualquier intento o esfuerzo por remediar o restaurar el ecosistema de los ríos resultará inútil mientras no sean detenidas las descargas de contaminantes", subraya el documento.

"Es imperativo un cambio estructural en materia de Ley de Aguas en México que ponga fin a la contaminación de los cuerpos de agua mediante las descargas industriales. La Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas propone un modelo que garantiza el derecho humano al agua, así como principios que aseguran que la descarga de contaminantes termine: Se trata de un principio de cero descargas de aguas residuales de manera progresiva, apegarse al principio precautorio propuesto en el Convenio de Basilea, firmado por México, a un principio de transparencia y de cero impunidad para las empresas responsables de contaminar", subraya.

Esto, porque "las actuales normas en materia de descarga de sustancias tóxicas deben ser actualizadas; los límites máximos permisibles deben ser reducidos y la lista de sustancias tóxicas reguladas en México deben ser ampliadas, pues actualmente muy pocas de ellas tienen algún tipo de legislación. La Unión Europea cuenta con modelos avanzados de control de uso y liberación de emisiones contaminantes".

El Estado mexicano, las autoridades de Jalisco y el sector industrial "deben responder a las recomendaciones que el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de la ONU emitirá en los próximos meses después de haber atestiguado, de primera mano, la catástrofe ecológica del río Santiago provocada por las omisiones de dichos sectores".

También "en nombre del derecho a la información, el Estado debe actualizar y publicar cuanto antes el Registro de Emisiones y Transferencias Contaminantes (RETC) que lleva tres años de retraso. Dicho registro permitiría conocer qué tipo de sustancias y en qué cantidad estaría descargando en los cuerpos de agua el sector industrial en los cuerpos de agua de Jalisco y en el resto del país".

Más grave aún es la deuda de las autoridades de Salud estatales y federales con las poblaciones afectadas por los contaminantes en el río. "Exigimos a las autoridades de Jalisco cumplir su promesa y realizar y publicar los estudios epidemiológicos anunciados el pasado 4 de septiembre por la Secretaría de Gobierno. La carga de la prueba de enfermedades no puede recaer sobre las poblaciones afectadas sino que es responsabilidad del Estado y la industria atender esta demanda social", reiteran.

La "solución ambiental" de una planta de tratamiento que opera con recursos de los ciudadanos (20 por ciento de las cuotas de agua van a saneamiento) revela sus límites. Porque tratar aguas con residuos domésticos y municipales es tarea menor frente a la diversa contaminación de las industrias; los resultados aportados por el estudio demuestran que el problema no se puede resolver simplemente con tratamiento de aguas negras y con el control de metales emitidos por actividades fabriles.

Claves

Análisis a detalle

• Cómo se hizo el estudio. Greenpeace México acudió en enero de 2016 a la zona y tomó una serie de muestras de aguas residuales provenientes de cuatro sitios: la descargas de aguas tratadas de la planta de El Ahogado y dos muestras de sedimentos asociados; además, "tomó muestras de un cárcamo ubicado a unos 300 metros de la planta y a unos 653 metros del tubo de descarga". El análisis se hizo en los laboratorios de investigación de la Escuela de Biociencias de la Universidad de Exeter, en Reino Unido.

• ¿Qué se halló en cada sitio de muestra? 30 compuestos aislados en el agua y 225 en el sedimento de dos sitios de colecta atrás de la planta de tratamiento; 101 en el agua de descarga de la planta; 178 en el sedimento a 300 metros de la descarga y 147 en el sedimento a 653 metros.

jueves, 24 de noviembre de 2016

Compuestos químicos, un reto invisible en aguas contaminadas



El estudio de Greenpeace demuestra que es la industria el gran contaminador, y que hay cientos de compuestos no regulados en río Santiago.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los resultados aportados por el estudio que presentó esta semana Greenpeace de la calidad del agua en la cuenca de El Ahogado, entre la descarga de la planta de tratamiento de alta tecnología que opera desde 2012 y la desembocadura hacia el río Santiago, donde viven decenas de miles de habitantes, demuestra que el problema de residuos de las grandes ciudades es muy complejo y no se puede resolver simplemente con tratamiento de aguas negras y con el control de metales emitidos por actividades fabriles.

De hecho, si a esos dos grandes grupos se limitaran las emisiones, se podría decir que los problemas resueltos por la planta son ya los que significan el mayor avance. Pero los detalles de lo que arrojaron las muestras destacan que decenas de elementos hallados ni siquiera tienen regulación en las normas mexicanas.

Cómo se hizo el estudio. Greenpeace México “acudió en enero de 2016 a la zona y tomó una serie de muestras de aguas residuales provenientes de la planta, una, de aguas tratadas que salen del desagüe [muestra que se identifica como MX16003] junto con dos muestras de sedimentos asociados; una de las cuales [MX16006] fue recogida debajo de la tubería de descarga y la otra [MX16007] en la corriente de El Ahogado”; aparte, “tomó muestras de un cárcamo ubicado en El Ahogado [MX16001 y MX16004] a unos 300 metros de la planta y a unos 653 metros del tubo de descarga”. El análisis se hizo en los laboratorios de investigación de Greenpeace de la Escuela de Biociencias de la Universidad de Exeter en Reino Unido, señala el informe entregado el pasado miércoles 23 de noviembre en esta ciudad.

Tras el análisis “se identificó una amplia gama de sustancias químicas orgánicas y metales pesados, lo que exhibe los pobres resultados que ofrecen soluciones paliativas como las plantas de tratamiento en lugar de atacar el problema de fondo: la descarga de sustancias tóxicas en el agua”.

¿Qué se halló en cada sitio de muestra? 30 compuestos aislados en el agua y 225 en el sedimento de los sitios de colecta MX16001 MX16004; 101 en el agua del sitio MX16003; 178 en el sedimento de MX16006 y en el sedimento de MX16007, 147 compuestos (ver los sitios de muestra en el mapa anexo).

La presencia “de ciertas sustancias químicas hace evidente que exista una preocupación para el medio ambiente y para la salud humana ya que estas escapan del tratamiento de la planta El Ahogado y por su naturaleza son altamente tóxicas. La exposición a altas concentraciones de estas sustancias tiene impactos en la vida acuática y en el ser humano, muchas de las sustancias tóxicas halladas son cancerígenas, pueden causar disrupciones hormonales, daños y malformaciones en los fetos y en los sistemas reproductivos femeninos y masculinos”.

Las muestras de agua extraídas del afluente del cárcamo y sedimentos del río El Ahogado (MX16001y MX16004) “exhiben la presencia de sustancias tóxicas para la vida acuática y la salud de las personas (cloroformo, ftalatos, 1,4 diclorobenceno, nonifenol, PFC). No queda claro cuál es la fuente exacta de los contaminantes encontrados en el río y sus sedimentos y si estos se dirigen hacia la planta de tratamiento El Ahogado”.

¿Qué efectos pueden tener los principales compuestos tóxicos detectados? Algunos de los principales compuestos riesgosos para la salud:
Tanto la DBP como el DEHP y el DiBP son “tóxicos para la reproducción y han sido listados como Sustancias de Muy Alta Preocupación (SVHC) bajo el Reglamento REACH de la UE (5). Al igual que los ortoftalatos, tales como DBP, DiBP y DEHP, el di (2-etilhexil) tereftalato (DEHT) se utiliza predominantemente como plastificante y suavizante para plásticos. Sin embargo, a diferencia de los ortoftalatos, el DEHT no se han reportado efectos adversos en la reproducción”.

Los nonilfenoles “son un grupo de contaminantes ambientales persistentes conocidos por sus propiedades de alteración hormonal”.

El butilhidroxitolueno (BHT) “ha sido clasificado en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (GHS, por sus siglas en inglés) como tóxico para la vida acuática con efectos duraderos e irritante para la piel y los ojos”.

El difenil éter, “también conocido como óxido de difenilo, tiene una variedad de usos, incluidos los pesticidas, otros productos químicos agrícolas, la fabricación de otros productos químicos orgánicos básicos, la fabricación de compuestos de jabón y artículos de limpieza y la fabricación de alimentos. Este producto químico se clasifica en el GHS como tóxico para la vida acuática con efectos duraderos…”.

El indol “tiene varios usos industriales, pero también se utiliza como una fragancia química. Se ha clasificado en GHS como nocivo si se ingiere, tóxico al contacto con la piel y muy tóxico para la vida acuática”.

El bisfenol A (BPA) “es un producto químico de alta producción utilizado predominantemente en la fabricación de resinas epoxi y plástico de policarbonato, incluso para su uso en componentes de equipos electrónicos […] es una sustancia perturbadora del sistema endocrino, puede causar efectos adversos en la reproducción de animales y se sospecha que es perjudicial para la reproducción y el desarrollo en seres humanos”.

Entre los otros productos químicos detectados, “la tributilamina se utiliza en una amplia variedad de procesos industriales y se ha clasificado en el GHS como tóxico para la vida acuática y al contacto con la piel. El difenil éter tiene usos industriales, incluyendo el de fluido caloportador, y ha sido clasificado como GHS como tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos”.

El informe completo, a detalle, en http://www.greenpeace.org/mexico/es/Footer/Descargas/reports/Toxicos/Alto-a-la-catastrofe-ecologica-del-rio-Santiago/.

GPE

Salen 101 tóxicos de la planta de El Ahogado: Greenpeace



Muestras analizadas en laboratorios internacionales evidencian un fracaso en el saneamiento del Río Santiago, debido a las descargas contaminantes de las industrias.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El saneamiento por el que están pagando los usuarios de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) no es tal: el estado de la cuenca de El Ahogado, altamente contaminada pese a la operación desde hace casi cuatro años de la planta de tratamiento más avanzada tecnológicamente de México, demuestra que está lejos de ser la solución definitiva al problema, sostuvo ayer Miguel Soto, coordinador de Comunicación de Greenpeace México.

Al acudir a Guadalajara a presentar el informe técnico que la agrupación ecologista elaboró con su cuerpo de científicos y su laboratorio acreditado en el Reino Unido, sobre el estado del Río Santiago, señaló: “el agua que descarga la planta de aguas residuales (ubicada en Tlajomulco) contiene 101 químicos aislados, algunos considerados de alto riesgo para la salud de las personas, de los cuales 22 no están regulados en México”, explicó en conferencia.

“Las muestras tomadas del tubo del que sale la descarga de agua,  y el sedimento, así como las levantadas en un cárcamo aledaño, contienen sustancias como compuestos volátiles como el nonifenol, ftalatos, octifenol, bisfenol, cloroformo y bencenos, productos químicos utilizados en industrias como detergentes, retardantes de flama y elaboración de plásticos; sustancias cuyas altas concentraciones tienen impacto en la vida acuática y en el ser humano, ya sea porque son cancerígenas o pueden generar infecciones pulmonares, daños y malformaciones en fetos, y en los sistemas reproductivos femenino y masculino”, destacó.

En la Unión Europea se trata de sustancias reguladas, porque son altamente tóxicas; “las plantas de tratamiento no son la solución, el único camino es tener limpios los cuerpos de agua y mantener la salud de las personas, y en el ecosistema evitar este tipo de descargas; habría que modificar la legislación mexicana para tener estas sustancias reguladas y que los tres niveles de gobierno se hagan responsables de la salud de las personas y del ecosistema (…) si la razón primaria de la contaminación fuera atendida con el uso de sustancias inocuas y evitar la descarga por parte de la industria, lo cual debería ser modificado con leyes más duras y atribuciones legales de distintos niveles de gobierno, es de sentido común: cualquier esfuerzo por restaurar el ecosistema de los ríos será inútil mientras no sean detenidas las descargas contaminantes, la deuda de salud de las autoridades federales y estatales continúa con las poblaciones más afectadas”, advirtió el activista.

Dijo que, con estos resultados, exigirán al gobierno de Jalisco “cumplir con su promesa y realizar y publicar los estudios epidemiológicos anunciados el pasado 4 de septiembre por la Secretaría de Gobierno; la (carga de la) prueba de las enfermedades no debe caer en las poblaciones afectadas, sino que es responsabilidad del gobierno y la industria atender este problema social”.

Por su parte, María González Valencia, coordinadora de la Defensa del Territorio del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), dijo que el informe “coloca  en el centro la responsabilidad a la industria como principales actores de la problemática de la contaminación que se vive en el Río Santiago; el grupo de trabajo de ONU, en septiembre pasado, también reconoció y documentó que para 200 mil empresas que existen en el país solo existen 300 inspectores de la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) y de la Conagua (Comisión Nacional del Agua); es decir, la industria no está regulada, no hay inspección ni vigilancia, y no hay sanciones”.

La conclusión del documento: “esta planta diseñada para tratar aguas de uso doméstico está recibiendo descargas del sector industrial para las que no está acondicionada (…) ninguna de las normas oficiales mexicanas en materia de descargas (NOM001, NOM002, NOM003) ni la Ley Federal de Derechos contempla algún control al respecto, mientras que en otros países los citados compuestos orgánicos son objeto de fuertes regulaciones y programas de vigilancia”. El informe completo se puede leer en http://www.greenpeace.org/mexico/es/Footer/Descargas/reports/Toxicos/Alto-a-la-catastrofe-ecologica-del-rio-Santiago/.

Proyecto vs realidad

La planta de El Ahogado, oficialmente:

Elimina descargas a cielo abierto

Cumple con la normatividad ambiental en materia de agua

Sanea y recupera los cuerpos de agua

Mejora la calidad de vida de los habitantes de la zona

Propicia el reúso de agua residual tratada para su aprovechamiento en actividades agrícolas, industriales y recreativas.

Asegura la recuperación y restauración ecológica de la presa El Ahogado

Mejora sustancialmente la calidad de los cuerpos de agua y propicia el desarrollo de la flora y fauna acuática

Pero en realidad:

Continúan las descargas a cielo abierto

La mayoría de las sustancias tóxicas halladas no están reguladas

No tiene capacidad para tratar una amplia gama de sustancias

No elimina el problema de contaminación del Río Santiago

Contiene sustancias tóxicas que deberían ser reguladas y monitoreadas antes de ser reutilizadas como en otros países

Se trata de un intento con poco impacto de atender el saneamiento si persisten las descargas tóxicas de la industria

No mejora la calidad de los cuerpos de agua ni propicia el desarrollo de la flora y fauna acuática

miércoles, 23 de noviembre de 2016

El agua tóxica del Santiago, permanece pese a planta



Informe de Greenpeace demuestra que la planta no resuelve los tóxicos que arroja la industria local, lo que hace fallido el esfuerzo de saneamiento en El Ahogado.

Agustín del castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Las aguas de la cuenca de El Ahogado siguen altamente contaminadas por vertidos tóxicos que no está tratando la planta de tratamiento de El Ahogado, una macroinstalación enclavada al sureste de la ciudad que se supone trata agua y la deja en calidad óptima para la vida acuática. La realidad es que el arroyo El Ahogado, hasta su descarga al río Santiago, sigue como uno de los ríos más tóxicos del país, advirtieron esta mañana los representantes de Greenpeace México, Miguel Soto, y del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, María González Valencia.

En conferencia de prensa en céntrico hotel de esta ciudad, acompañados por activistas de Un Salto de Vida y ciudadanos de la zona afectada, presentaron el reporte técnico intitulado Alto a la catástrofe ecológica del río Santiago, elaborada por investigadores ligados a Greenpeace con base en levantamientos hechos este 2016 en distintos puntos de la zona.

“El problema de fondo no es el nivel de eficiencia que puedan tener las plantas de tratamiento de aguas residuales, sino el hecho de que persista la contaminación de los cuerpos de agua. No se necesitarían plantas de tratamiento si la razón primaria de la contaminación fuera atendida de forma preventiva mediante el uso de sustancias inocuas y evitando las descargas por parte de la industria. Esta conducta de la industria y la contaminación del agua que provocan podría ser modificada con leyes más duras y atribuciones legales de distintos niveles de gobierno desde el municipal, estatal y federal”, señala el documento.

Desde hace más de una década, apunta Greenpeace, “los habitantes de los municipios de El Salto y Juanacatlán, en Jalisco, han denunciado ante todos los niveles de gobierno, ante la opinión pública, incluso ante instancias internacionales y nacionales de derechos humanos como la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Tribunal Latinoamericano del Agua, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) la grave contaminación del río Santiago y sus consecuencias en el medio ambiente y la salud, producto en gran medida de las descargas tóxicas de una serie de industrias ubicadas en los alrededores del citado río”; el efecto no es el esperado. Incluso la Secretaría de Salud, en las administraciones de Emilio González Márquez y la actual, de Aristóteles Sandoval Díaz, se ha negado a reconocer la relación de morbilidad y mortalidad que se genera en un río tóxico.

“Este reporte detalla la complejidad de las aguas residuales que es ilustrada por la presencia de una amplia gama de contaminantes químicos orgánicos en las muestras. Se identificaron sustancias químicas orgánicas adicionales en la muestra de sedimento recogida en la misma ubicación que las aguas residuales respectivas. La presencia de productos químicos en los sedimentos y no en las aguas residuales, indica que existe un historial de descarga de aguas residuales en cada lugar”, añade.

Una planta que fue diseñada para atender el problema de residuos domésticos y municipales no resuelve todos los componentes con que esos desechos vienen mezclados. “El agua que descarga El Ahogado contiene sustancias propias del sector industrial, al igual que el sedimento más próximo al tubo, lo que indicaría que esta planta diseñada para tratar aguas de uso doméstico está recibiendo descargas del sector industrial para las que no está acondicionada. La muestra tomada directamente de la corriente de agua que sale del tubo de descarga exhibe la presencia de químicos como el nonifenol, ftalatos, octifenol y el bisfenol, productos químicos utilizados en industrias como detergentes, retardantes de flama y elaboración de plásticos entre otros”.

La mayoría de estas sustancias “carece de alguna regulación en México; ninguna de las normas oficiales mexicanas en materia de descargas (NOM001, NOM002, NOM003) ni la Ley Federal de Derechos contempla algún control al respecto, mientras que en otros países los citados compuestos orgánicos son objeto de fuertes regulaciones y programas de vigilancia”, destaca el informe.

Los nonifenoles, por ejemplo, “están listados como ‘sustancias extremadamente preocupantes’ (SVHC, por sus siglas en inglés) bajo la normativa REACH de la Unión Europea. El uso del tratamiento convencional de aguas residuales es incapaz de abordar efectivamente la presencia de sustancias como el nonifenol y octifenol. En el mejor de los casos, dicho tratamiento puede eliminar sustancias persistentes en lodos, creando así una corriente adicional de residuos contaminados”.

Si el agua contiene sustancias químicas, “a pesar de ser procesada en la planta de tratamiento al llegar a nuevos cuerpos de agua propician la contaminación tóxica, ya que muchas sustancias persisten y afectan tanto a la biodiversidad acuática como a las comunidades”.

Por otro lado, “Greenpeace también tomó muestras de un cárcamo ubicado en El Ahogado a unos 300 metros de la planta y a unos 653 metros del tubo de descarga”, lo que corrobora los resultados. “Todas las muestras fueron enviadas para su análisis a los laboratorios de investigación de Greenpeace de la Escuela de Biociencias de la Universidad de Exeter en Reino Unido”. El informe completo se puede leer en http://www.greenpeace.org/mexico/es/Footer/Descargas/reports/Toxicos/Alto-a-la-catastrofe-ecologica-del-rio-Santiago/).

SRN

Programa verde es una “propuesta incompleta”



Investigador de la UdeG lamenta que el Congreso del estado los haya "utilizado" para legitimar propuesta.

Agustín del castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

agenda verde presentada por el gobernador del estado hace dos semanas, y en particular, el programa de verificación de vehículos, no son una respuesta del tamaño que requiere la ciudad para contrarrestar la contaminación del aire, aseguró ayer el investigador de la Universidad de Guadalajara, Hermes Ulises Ramírez.

Participante en el Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático, el científico del Instituto de Astronomía y Meteorología de la casa de estudios, dijo que el Congreso local los “utilizó” a él y otros académicos que fueron invitados a presentar sus puntos de vista en torno a la norma que estaba a nivel de propuesta, y que aprobaron los legisladores el pasado 25 de octubre. “Fueron ignorados nuestros puntos de vista, y estamos dolidos por eso; nos parece que la política que se fomenta es corta, y en particular, la verificación es simplemente recaudatoria […] nosotros exigimos que se haga una política integral”.

Consideró que no puede estar fuera de un esquema de control de emisiones contaminantes la Secretaría de Salud, ni las carteras de Movilidad, Desarrollo Rural, Infraestructura y Obra Pública e incluso finanzas, dado que una de las cosas que se necesitan es generar economías para que se invierta en tecnologías alternativas y que sean asequibles a los bolsillos de los ciudadanos.

“Nosotros todo el tiempo hemos pedido el replanteamiento, y es un punto de vista exclusivamente técnico […] por citar un caso, no está mal incentivar los vehículos eléctricos, pero no hay incentivos, entonces habría que buscar mecanismos para acceder a fondos internacionales para propiciar el cambio de tecnologías; otro asunto es la movilidad escolar, yo creo que no va a funcionar porque básicamente es para escuelas particulares, y no se atiende el tema de las escuelas públicas. Yo creo que es necesario ir a temas conjuntos, multidisciplinarios y multisectoriales, y que sean de alto impacto, y no objetivos pequeños”, ponderó.

Consideró que la agenda de la COP 21 (Conferencia de partes de París) abrió un espectro interesante de opciones de financiamiento, que han llegado el momento de consolidación de esquemas de pagos por servicios ambientales y de bonos carbono, y que esos podrían ser las palancas de financiamiento y no exigirle a la población una fuerte tributación que no tendrá efectos directos positivos.

El académico consideró que no se está resolviendo el problema de la calidad del aire, y es necesario que los actores políticos exijan políticas de fondo parta resolver el problema.

-------------------------------------------------------------------------

Talleres protestan en Semadet

Los dueños de talleres acreditados protestaron ayer por el nuevo programa de verificación, que consideran los desplaza en sus derechos como concesionarios, y por lo que consideran la tibieza de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial para aplicar el programa vigente, que permanece en muy bajos niveles de cumplimiento por parte de los automovilistas.

También se quejaron de que los proveedores de software pretenden cobrarles por actualización, y que la autoridad no hace nada por remediarlo, con el pretexto de que son relaciones entre particulares. Los concesionarios apostaron desde mediodía una singular protesta con campanas de basura y mantas donde señalaban la presunta corrupción del programa en ciernes, a las puertas de la sede de la Semadet.

SRN

martes, 22 de noviembre de 2016

Esperan más de 12% de reducción de emisiones por verificación vehicular



El Instituto Mexicano del Petróleo sólo considera 3.8 por ciento de reducción, pero el INECC y el gobierno estatal van de 12 a 17 por ciento; académico de la Universidad de Guadalajara señala apenas 2 por ciento.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La utilidad directa del Programa de Verificación en término de la reducción de emisiones es problemática: organismos prestigiados divergen sobre lo que se puede esperar por parte del ciudadano, que deberá erogar 420 pesos por cada prueba, además de una inversión constante en mantener su automóvil en condiciones óptimas.

Mientras el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) considera posible una reducción hasta de 14 por ciento en algunos componentes, el Instituto Mexicano del Petróleo fue más modesto en sus cálculos para Guadalajara, y la fijó en 3.8 por ciento. El gobierno del estado considera que podría remontarse 17 por ciento del problema, pero establece en la iniciativa aprobada por los diputados, dos aspectos del programa a cumplir: la verificación misma, y un intenso programa de cambio de tecnología de combustión (convertidores catalíticos), de la que carecen unos 400 mil autos, o que tienen pero ya se encuentra obsoleta (de medio millón a 800 mil más).

En el caso del IMP, la opinión técnica se dio a conocer como resultado del estudio que realizó el organismo, contratado por el gobierno de Jalisco, con base en una revisión del padrón de automotores y una caracterización con sensores remotos de las emisiones en diversos cruceros de la ciudad. Se concretó en el documento “Rediseño del programa de verificación vehicular obligatorio” entregado en mayo de 2015.

El 2 de marzo de 2016, el coordinador general del INECC, Víctor Hugo Páramo Figueroa, entregó un oficio (01267), en el que, a solicitud dela Semadet, daba su opinión técnica sobre los alcances del programa. El funcionario explicaba en términos técnicos que lo que se busca en Guadalajara es generar un modelo de verificación más exigente que el que está vigente hasta ahora, “toda vez que aplicaría el protocolo de prueba de aceleración simulada y de diagnóstico a bordo”.

Añade: “los resultados presentados […] establecen un beneficio [reducción] de 9.6 por ciento en la emisión de los compuestos orgánicos volátiles, 13.6 por ciento para para monóxido de carbono y 14.1 por ciento para óxidos de nitrógeno, bajo el supuesto de la cobertura de 85 por ciento del  parque vehicular del estado”.

Y esa información, pondera Páramo Figueroa, es asequible, pues la metodología de cálculo de escenarios es correcta, y la propia INECC ya había hecho un ejercicio para la capital de Jalisco que “arrojó datos de reducción de emisiones del mismo orden de magnitud al presentado [cerca de 12 por ciento menos para cada contaminante]”.

El funcionario señala, una vez que admite no tener a la mano los datos del IMP, que la estimación de beneficio de 3.8 por ciento “parece subestimar el beneficio esperado”. Fuera del sector institucional, académicos de la UdeG han criticado la utilidad del modelo. En particular, el investigador Antonio Gómez Reyna ha señalado un beneficio directo de solamente 2 por ciento (MILENIO JALISCO, 19 de junio de 2016). El asunto depende siempre de los elementos que se usen para el análisis: si es solo verificar o si se incluyen los componentes de cambio de catalizadores, mejoras de la red vial, descenso de uso del auto, las cuentas serán distintas.

“Hay que tomarle al gobierno de estado por buena la cifra de 17 por ciento; suena ambiciosa y compleja, pero si se obligan a cumplirla será muy bueno para todos”, dijo un académico del Iteso experto en el tema, que pidió no ser citado por evitar conflictos de opinión al trabajar en una instancia de gobierno.

Decálogo

Realización de la prueba de forma dinámica, con medición de óxidos de nitrógeno, “atacando con ello, la problemática de generación de Ozono en perjuicio de la calidad del aire”

Esquema de proveedor de tecnología unificada “para evitar problemas de comunicación entre el prestador del servicio y la autoridad así como para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos de medición”

Prueba de hermeticidad de tapón de combustible, “con el fin de contribuir a la reducción de la emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs)”

Implementación de la prueba OBD2, para “identificación de datos de vehículos, que por sus características tecnológicas así lo permitan, para tener un mejor monitoreo de los sistemas de control de emisiones”; además, “para asegurar un incremento en el porcentaje de verificación del parque vehicular, es imprescindible garantizar la ‘Boarddiagnostic’, esto es, la prueba de diagnóstico a bordo”

Implementación de “un programa enfocado al control de emisiones y de sustitución de convertidores catalíticos dañados a través de un correcto diagnóstico mecánico, a fin de contribuir a la reducción de las emisiones provenientes de los vehículos considerados como altos emisores”

Acreditación de talleres auxiliares, “para la revisión, instalación, reparación y sustitución de convertidores catalíticos”

Acreditación de técnicos operadores del programa

“Incentivación a vehículos de bajas emisiones contaminantes”

Modelo Centralizado de monitoreo remoto, “lo cual permitirá hacer más eficientes los procesos de inspección y vigilancia, contribuyendo a reducir los costos inherentes”

Aplicación de sanciones por no verificar o realizarlo de manera extemporánea así como llevar a cabo operativos de control a  vehículos en circulación

Fuente: Iniciativa del decreto del gobierno de Jalisco a diputados

-------------------------------------------------------------

Tres posibilidades para  los talleres acreditados

La inversión de un centro de verificación es costosa, pero se puede operar como taller auxiliar o proveer catalizadores

Ciertamente es costoso montar un centro de verificación con dos líneas de acuerdo a las nuevas especificaciones: el estudio base, del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), señala una inversión global de 8.6 millones de pesos, con una concesión de quince años, y la necesidad de contar al menos con dos líneas de verificación, como la opción para que el servicio sea negocio.

No obstante, se espera generar, a partir de la convocatoria internacional para definir el proveedor único de tecnología, que este permita que haya diferentes modalidades de asociación para que disminuyan algunos costos. Por ejemplo, si se da arrendamiento de equipo o sólo se cobra por prueba emitida por el proveedor, y que éste corra con el riesgo completo del equipo de software. La otra posibilidad de recortar gastos es que ya existan en algunos casos las condiciones físicas principales para operar. Pero todo se determinará caso por caso (ver detalles de inversión “a partir de cero” en la tabla anexa).

Se trata de 305 líneas de verificación a concesionar, las cuales se estiman suficientes: “Haciendo un cálculo simple de capacidad de las líneas obtenemos lo siguiente: pruebas realizada por línea por hora, cinco; total de pruebas en una jornada de 8 horas por línea, 40; total de pruebas por línea en un periodo de 20 días hábiles (un mes), 800; total de pruebas por línea en un año, 9,600; total de pruebas por las 305 líneas en un año: dos millones 928,000”.

“Un centro con una línea de verificación para prueba dinámica requiere necesariamente de una analizador de cinco gases, un Dinamómetro, una Estación meteorológica, un centro de cómputo y una Red de gases, en este ejercicio de inversión para dos Líneas, se requiere adicionar por línea un analizador de cinco gases y un dinamómetro, pero utilizará la misma estación meteorológica, el centro de cómputo y la red de gases. El costo de obra civil es muy variable, condicionalmente depende del proyecto a realizar (tipo de material, acabados, mano de obra, ubicación, costo de permisos, estudios, proyectos, etc.), el sitio en donde se construya puede variar cuantiosamente el costo de la obra sumado por los impuestos estatales y municipales”.

En un escenario ideal, “proyectando contar con dos líneas de verificación por centro, en un mes incrementaría hasta 1,600 vehículos, a un costo por verificación estimado en 420 pesos; menos el costo de holograma de verificación de 80.00 pesos, los ingresos estimados, por un centro de verificación que opera dos líneas en 20 días laborables, sería de 544 mil pesos” al mes.

No obstante, el nuevo sistema permite otras modalidades de participación menos costosas para los talleres.

Para ello, se emitirá “convocatoria pública abierta a efecto de que cualquier persona y especialmente los talleres en el Estado de Jalisco que cuentan con experiencia en el tema de verificación que deseen seguir prestando el servicio de talleres automotrices sin transitar a centros de verificación obtengan una acreditación como Taller de Mantenimiento y Control de Emisiones, los cuales constituirán una instancia acreditada y de soporte para el mantenimiento, reparación y reinstalación o cambio de convertidores catalíticos a efecto de dar soporte al nuevo programa de verificación al asegurar que las unidades automotrices cumplan con los parámetros de emisiones previstos en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes”.

A esto se agrega otra convocatoria “para la proveeduría de convertidores catalíticos para talleres acreditados en el programa diagnóstico, reparación de sistemas anticontaminantes e instalación de convertidores catalíticos. La cual tiene por objeto asegurar la proveeduría de dichos convertidores dentro de los estándares requeridos para que las unidades automotrices sujetas al programa de verificación vehicular obligatoria mantengan sus emisiones dentro de los parámetros previstos en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes”.


El tiradero de Atacco se cerrará “en plazo”



El presidente municipal señala que el convenio, firmado ante notario, se cumple de forma escrupulosa, y a más tardar en abril, el vertedero se cerrará.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

El presidente municipal de Tapalpa, Antonio Morales Díaz, señala que hay "dolo" en las críticas que en su contra hacen algunos vecinos de Atacco, donde funciona desde hace casi dos décadas un vertedero de basura casi siempre desastroso. "Estamos cumpliendo en forma estricta a lo que nos comprometimos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es un convenio firmado ante notario y si no cumpliera, me podrían responsabilizar", advirtió en entrevista con MILENIO JALISCO.

Por vía telefónica, el munícipe subrayó que recibieron un problema serio cuando asumieron el cargo en octubre de 2015, pero desde el primer momento se planteó resolverlo. Y tras las protestas de vecinos de Ataccos a medidados de 2016, señala que ha honrado el convenio que se firmó ante notario público para finiquitar la mala historia ambiental de ese tiradero.

En él se comprometió a cuatro cosas principales: uno, a generar cobertura diaria de la basura que llega al predio en cuestión; dos, a empedrar una calle de Atacco que va a San Pedro, "obra que ya terminamos"; tres, a constituir la delegación municipal, cosa que sucedió con la elección, "por la propia comunidad", de Fidel Carrillo. El número cuatro es el más complejo, pero "se cumplirá" en forma: cerrar el vertedero de Atacco a más tardar en abril de 2017.

En ese sentido, Morales Díaz consideró "no comprensible" que los críticos que tiene en Atacco no reconozcan los avances reales y además difundan que no se pretende cerrar el predio. Señaló que una parte de ellos formaron parte de la anterior administración municipal, e incluso "varios de ellos" fueron candidatos en las planillas del PRI y de Nueva Alianza, por lo que a su juicio, hacen política partidista y no quieren que se resuelva el problema.

"Cuando llegamos, el tiradero era un desastre, se dejaba la basura desde la entrada e incluso invadieron un predio vecino de trece hectáreas; desde ese momento hemos ido resolviendo las cosas y si ustedes visitan el lugar, no lo van a reconocer [ver foto anexa], sí hemos trabajado fuerte para resolver el problema [...] hemos acordado con el gobierno del estado integrarnos a un sistema intermunicipal de basura cuyo relleno sanitario estará en el municipio de Gómez Farías; la idea es establecer, en un predio que ya tenemos cerca de los límites con Sayula, una estación de transferencia, y comprar un camión para hacer un par de viajes a ese relleno sanitario".

Esto incluye la reciente incorporación de un esquema de separación de basura. "Podemos decir que vamos a 50 por ciento en su implementación, porque ustedes saben que esto tarda, es un problema de acostumbrar a las personas; cuando tengamos ya el sistema operando, la idea es que toda la cadena de reciclaje funcione y sólo se vaya a la basura lo que no se puede separar. Es claro que el tiradero de Atacco se cerrará, no está contemplado en este nuevo esquema".

Podría incluso adelantarse el cierre, si logran equipar el sitio de transferencia, para lo cual cuentan con el compromiso de recibir tres millones de pesos gestionados ante la Semadet, pues ya se tiene la propiedad y ya se cuenta con un proyecto ejecutivo. "Puedo garantizar que todo se cumple en tiempo y forma", puntualizó.

SRN

sábado, 19 de noviembre de 2016

Bosques de Jalisco, la generación perdida



Uno de los principales silvicultores de Jalisco, Javier Magaña, pone el dedo en la llaga: las nuevas generaciones de dueños y de profesionales forestales no han rescatado al sector.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Javier Magaña Cárdenas ha estado cerca de toda la transformación forestal que llegó a Jalisco desde la asesoría de Fundación Chile, a mediados de los años 90, traídos por el gobierno estatal de Alberto Cárdenas Jiménez. Hoy, dos décadas después, advierte que no se han podido consolidar más que unos cuantos proyectos, pues ni los dueños del bosque ni las generaciones recientes de profesionales forestales han estado a la altura del desafío.

"A los que se han puesto a trabajar en serio, tienen un común denominador: les ha resultado negocio; los bosques que están siendo aprovechados, se puede demostrar una y mil veces, que están mejor conservados; yo soy del Sur de Jalisco, y con todo y el boom del aguacate, sigo pensando que es más negocio en el largo plazo el bosque; los indicadores internacionales me dicen que el valor de la madera siempre se va a mantener, y el volumen que yo tenga va a tener un precio real en cada etapa de cosecha", sostiene.

Pero el sector está paralizado por las malas costumbres de los productores; "es hora de que ya nos dejemos de quejar los dueños y poseedores del bosques, y de pensar que el gobierno nos va a resolver el problema; la verdad es que nosotros tenemos que arreglar el problema, al gobierno lo que se le debe pedir es que sea un facilitador, que nos permita hacer las cosas, que regule, porque es un bien público y social, yo lo entiendo perfectamente, pero hay actores como los industriales del aserrío, como los profesionales forestales, a los que no les va a gustar el análisis: las nuevas generaciones de profesionistas forestales no entienden lo que está pasando, y, en teoría, son los grandes extensionistas que harán grande el sector forestal; y por el lado de los dueños, insisto, es mi propiedad, es mi bosque, y yo soy el responsable de hacerlo productivo, y nadie más; y que el funcionario público entienda que debe ser un facilitador, y no dueño de la verdad.

- Porque se ha documentado una sobrerregulación en los trámites forestales...

- Así es; el funcionario público, sobre todo el normativo, se sube al puesto y cree que llegó a una posesión de poder y que es dador de beneficios o los retira a quien él quiera, y a lo mejor ni siquiera es así, pero es la percepción que tenemos afuera, al grado que como productor forestal es más fácil hacer un aprovechamiento clandestino, que ir a un aprovechamiento legalizado.

Magaña Cárdenas, como propietario, vivió la experiencia de la larga y monopólica concesión de Atenquique; ha realizado proyectos controvertidos como la matarrasa de un bosque de pinos de su propiedad bajo la asesoría de Fundación Chile, en Tecalitlán (1998), y sostiene el vivero más notable del sur de Jalisco con el apoyo del técnico más reconocido en el tema: José Villa Castillo (también director del parque nacional Nevado de Colima).

Es un convencido de que el bosque natural es el futuro de la silvicultura. "La riqueza del país sigue estando en los bosques naturales, no obstante el gran impacto que ya están teniendo las plantaciones forestales del sureste (Tabasco, Veracruz)". La crisis de productividad en que se sumergió el país en los últimos 20 años, no obstante la consolidación de instituciones como la Comisión Nacional Forestal (Conafor), puede tener un aspecto institucional, pero sin duda lo tiene a nivel de los dueños.

"La sociedad y los actores del sector forestal, llámense industriales o propietarios, es grande: se desentendieron del bosque y lo vieron como si fuera una ubre que no se iba a secar; por el lado institucional, en lugar de impulsar una mayor productividad se defendieron sobrerregulando, entonces como que las dos partes no hemos entendido que la salida natural es una conservación productiva.

Esto significa que la conservación no puede ser ajena a la producción, es de interés social que ambas estén ligadas.

Los legisladores, en un terreno muy populista se dedican a prohibir y a prohibir, porque eso les vende entre los grupos ambientalistas, pero los ambientalistas modernos no creen tampoco ya en eso".

- ¿No comprenden el problema del bosque?

- Si nos ponemos estrictos, es la falta de preparación de nuestros legisladores y su terrible ignorancia la que nos lleva a estos callejones sin salida.

Y te suena fuerte, pero los funcionaros te dicen, es que yo no puedo hace nada, porque eso dice la ley y yo estoy obligado a cumplirla.

Y si queremos sensibilizar e irnos una visión de conservación productiva de los bosques y darle el impulso que requieren las plantaciones comerciales, el primero que tiene que ponerse las pilas es el legislador.

Por ejemplo, yo prefiero mil veces que mi afore o mi fondo de retiro esté en una plan-tación comercial o en un bosque natural, que de beneficios en 10, 15 o 20 años, que en una inmobiliaria que hace casas para el Infonavit, y que me puede llevar al fracaso.

O que las pida prestadas el gobierno para hacer una Villa Panamericana (como las que se hicieron en Zapopan), o que las pida para hacer una aventura turística en Chalacatepec (al Sur de Jalisco).

¿Por qué no se da al bosque esas oportunidades si es inversión segura?, se preguntó el especcialista

-------------------------------------------------------

Discuten Ley forestal

El Congreso de la Unión está entrando en fase de discusión de diversas propuestas de la nueva Ley Forestal, bajo la premisa de generar un cuerpo de leyes más simplificado que permita resolver la sobrerregulación: se han documentado 50 trámites para lograr obtener un permiso de aprovechamiento, lo que deriva en hasta nueve meses de espera. Hay riesgos: el Partido Verde Ecologista de México se ha ido demasiado lejos, y está planteando darle todo el ámbito normativo a la entidad de fomento, que es la Conafor, lo que transformaría a esta en juez y parte, lo que preocupa a los conservacionistas.

-------------------------------------------------

Algunos números

65 millones de hectáreas de México, casi un tercio de su superficie total, es forestal

40% descenderá el presupuesto de la Conafor en 2017, lo que reducirá apoyos a los productores


1 es el lugar en el mundo que tiene México como sustentador de sistemas productivos comunitarios exitosos, tipo Nuevo San Juan, Pueblos Mancomunados de Oaxaca o Ejidos de Durango y Chihuahua

Michoacán: cómo pasar de 60 mil ha dañadas, a cero



El vecino estado le apuesta a revertir la afectación y hacer productivo al bosque.

Agustín del Castillo  / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El estado de Michoacán vive uno de los mayores desafíos: reconstruir su sector forestal fuertemente condicionado por muchos años de inseguridad e ilegalidad. "En los últimos 20 años, la entidad ha perdido una cubierta arbórea de 1.2 millones de hectáreas, es decir, alrededor de 60 mil hectáreas anuales deforestadas", dijo el director de la Comisión Forestal de Michoacán, Roberto Pérez Medrano.

Tercero del país por producción de madera, primera en resina de pino y quinta en diversidad biológica, "de las 5.8 millones de hectáreas que tiene de territorio, 4.2 millones de ha son de vocación forestal, y 3.6 millones de ha están cubiertas de bosques y selvas (...) al llegar esta administración nos topamos con esa realidad. Y es muy importante para nosotros recuperar y reactivar este sector de la economía; por ejemplo, anualmente tenemos de 16 mil a 18 mil toneladas de resina que generan una derrama de más de mil millones de pesos y genera alrededor de 60 mil empleos; entonces se trata de impulsar el desarrollo forestal sustentable, y por otra para combatir la deforestación como las premisas fundamentales; son los dos principales retos que hemos establecido", señala en entrevista con MILENIO JALISCO.

En su visita a Guadalajara a la Expo Forestal del pasado mes de octubre, detalló las estrategias seguidas en el primer año de gobierno de Silvano Aureoles Conejo; "para revertir la tasa de deforestación se están atendiendo las dos principales causas; una, el cambio de uso de suelo, y dos, la tala clandestina".

Con los cambios de uso de suelo "tenemos un problema muy acentuado, debido a que se han venido estableciendo huertas de aguacate: hay 180 mil hectáreas ya cubiertas con ese uso, y se está trabajando con las asociaciones de aguacateros para dar un verdadero impulso a esta actividad productiva que genera una derrama económica y empleos, pero queremos sea de manera sustentable".

Se han implementado cinco estrategias; la primera fue la instalación de la mesa de seguridad ambiental, "donde se alinean las diferentes dependencias de la federación, del estado, y la participación de los 103 municipios, y sobre todo de los productores"; se crea paralelamente, una fiscalía para la atención de los delitos ambientales, y por primera vez, un grupo de policía ambiental; como cuarta medida está el decreto para la recuperación de bosques y selvas en el estado, "para impulsar el aprovechamiento sustentable, con los productos agrícolas, fundamentalmente el aguacate", y la quinta medida, la constitución de un fondo verde "para poder captar recursos que nos sirvan para ayudar e incentivar al sector, e ir eliminando de esa manera estos dos procesos negativos que se están viviendo".

Las metas productivas para los cinco años restantes: "incrementar de 500 mil metros cúbicos a un millón de m3 de madera, y pasar de 16 mil toneladas de resina a 35 mil o 40 mil toneladas; esto nos permitirá en gran parte la conservación de nuestros recursos forestales, porque las áreas que están bajo manejo técnico silvícola garantizan su conservación, su protección, su fomento", destaca el funcionario.

El gran propósito, suena desmesurado, pero este experimentado ingeniero lo ve asequible: "que en el año 2021, Michoacán alcance una tasa cero de deforestación".

Casi 800 mil vehículos del AMG deben hacer una doble verificación



Iniciará obligación hasta que el nuevo modelo se aplique, lo que da “un respiro” de un año a los dueños de automotores de modelos atrasados.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

El nuevo modelo de verificación aprobado por el Congreso de Jalisco significa un esquema más estricto de control para los vehículos altamente contaminadores que, por lo general, son los que tienen más tiempo en uso, y que alcanzan un padrón de 738 mil 479 automotores: estos deberán pasar verificación semestral y contarán con un holograma rojo, señala el decreto.

"Son pruebas adicionales con relación al universo total de 2 millones 189, 521 tiene sentido en la medida de que es probable que una cantidad de vehículos, de acuerdo al uso y mantenimiento que tengan, sean sujetos de dos verificaciones anuales aunado a que se cuenta con un universo de vehículos foráneos que no es posible cuantificar que, por necesidades propias del propietario o usuario, deban verificarse", explica.

En ese sentido, "se considera que el margen de 738,479 pruebas adicionales que pueden realizarse por las 305 líneas en relación con el universo total de vehículos que deben de estar sujetos al programa de verificación, permitirá dar cobertura a la totalidad de los requerimientos del programa".

La base es el estudio que realizó para la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) durante 2015, de acuerdo con los anexos del decreto que se pueden localizar en la página web de la dependencia.

"Diseñar la frecuencia con la que debe aplicarse la verificación de emisiones vehiculares es una tarea conjunta, dado que la normatividad nacional no incluye una indicación al respecto y la autoridad ambiental encargada (en este caso, el gobierno de Jalisco) es la que determina esta periodicidad –semestral o anual- en un calendario oficial de verificación (...) la frecuencia de la revisión dependerá de las condiciones particulares del parque vehicular que cada región tenga (...) este punto se analizará con autoridades de la Semadet encargadas del programa, partiendo de la base de la estimación del impacto de la flota vehicular en circulación, garantías de los vehículos nacionales y otros elementos para definir periodicidad y cobertura", justifica el documento.

El calendario y los lineamientos recomendados por el IMP: para cualquier modelo "se recomienda que la verificación vehicular se aplique para registro inicial", es decir, los 2.2 millones de autos deberán pasar por el primer proceso al entrar el programa en vigor. A partir de que cubran ese requisito aplica como sigue (las cifras son del padrón con el que trabajó el IMP en 2015): para modelos de hasta cuatro años de antigüedad, cada dos años (de 11.3 a 13 por ciento del parque vehicular total); modelos de cinco a ocho años de antigüedad, cada año (36.4 a 34 por ciento); más de ocho años (51 a 53 por ciento), cada semestre.

Aparte están los "vehículos de uso intensivo" que requieren la verificación dos veces por año.

En las condiciones actuales el programa de verificación de Jalisco establece una periodicidad de un año de verificación para autos particulares, y dos veces por año a los de uso intensivo. La medida no aplicará en 2017, pues estará en fase de transición, pero en 2018 la nueva obligación aplicará.

Ley de Movilidad entra en vigor el 1 de enero de 2017

La reforma a la Ley de Movilidad y Transporte, artículo 169 fracción V, aplica a partir del 1 de enero de 2017: "Procederá aplicar como medida de seguridad el retiro de la circulación de un vehículo, mismo que será puesto bajo resguardo de los depósitos autorizados, ya sean públicos o concesionados para esos fines, en los siguientes casos: (...) V. Contamine visiblemente, o carezca del holograma del programa de verificación vehicular obligatoria, en estos casos se estará a lo dispuesto por el reglamento respectivo". Adicionalmente a la multa que se señala, "se retirará de la circulación el vehículo (...) en el momento del levantamiento de la cédula de infracción. El conductor o propietario tendrá un plazo de 20 días hábiles, a partir de la fecha en que se le entregue el vehículo, previo pago de la multa correspondiente, para circular con su vehículo a efecto de verificarlo, de no hacerlo así se hará acreedor de una nueva sanción económica". Es decir, se debe verificar con el viejo modelo durante el año de transición.

Obligación diferenciada

Antigüedad del auto / Verificación

0 a 4 años / Bianual

5 a 8 años / Anual

8 años o más / Semestral

Transporte público y autos oficiales sin importar antigüedad / Semestral

viernes, 18 de noviembre de 2016

Acusan a Tapalpa por no sanear tiradero



Piden intevenga la CEDH por presuntas violaciones cometidas por el Alcalde. Habitantes de Atacco reclaman se eleve a la categoría de delegación su población.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Vecinos de la comunidad de Atacco, enclavada en la meseta de Tapalpa, se presentaron ayer en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para pedir la intervención del ombudsman estatal, ante el incumplimiento de acuerdos por parte del presidente municipal, Antonio Morales Díaz, quien además de haberse obligado a mitigar el costo ambiental del vertedero ubicado en las colindancias, se comprometió a cerrarlo en abril de 2017, y a elevar a categoría de delegación al poblado afectado.

Una comisión del Consejo Ciudadano Atacco, encabezada por su presidente, Francisco Villa Ramírez, entregaron una carta a la comisión, con copia al gobernador del estado y a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en la cual señalan un convenio firmado por las autoridades locales y estatales para resolver la crisis ocasionada por la irregular operación del tiradero.

Entre otras consideraciones reclamaron "que la Semadet cumpla y haga cumplir los acuerdos en cuanto al saneamiento del área del vertedero municipal de Tapalpa, así como los predios contiguos y el arroyo contaminado por los lixiviados y basura que no han sido debidamente manejados".

Esto lleva a que "se requiera al ayuntamiento para que rinda informe de inmediato respecto a los avances de la construcción del nuevo vertedero", como se pactó en el convenio, dado "el reconocimiento de la obligación existente de que transcurridos nueve meses, pactados en el convenio de mérito, se clausurará definitivamente (...) sin que se le dé otro destino que el de convertirse en parque donde sean plantados árboles, convirtiéndose en área protegida".

Los quejosos señalaron que el munícipe no ha honrado su palabra y hasta la fecha, casi cuatro meses después del convenio, ni siquiera les da respuesta de los compromisos tanto en el tema del saneamiento como en el de compensar a Atacco con la designación de delegación municipal, lo que implica nombramientos administrativos y el establecimiento formal de un edificio y equipamiento para operar.

"Ellos siguen usando igual el tiradero, no se ve que avance ninguna obra y supimos que la Semadet les había autorizado que no lo cierren y que lo usen como una supuesta estación de transferencia de basura, en definitiva, nos molesta mucho porque están pasando por encima de los acuerdos que firmaron para que volvamos a tener un ambiente sano", destacó Villa Ramírez.

Verificación vehicular: monopolio vs corrupción



El decreto aprobado plantea ventajas de un monopolio en la tecnología que permita un control más eficaz.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La experiencia de los modelos abiertos de verificación no es solamente mala en México: la oportunidad de fraude y de abusos ha generado problemas en muchas ciudades del mundo; ejemplos notables son las ciudades de Nueva York y Los Ángeles en los años 90.

Por eso, el nuevo modelo del gobierno de Jalisco busca un solo proveedor que se responsabilice de toda la tecnología, y de que su aplicación se estandarice y arroje datos confiables y regulares. Esto podría llevar sin falsos pudores el feo nombre de "monopolio".

Pero la característica de este asunto demuestra que las palabras no son feas o bonitas, sino que su "carga" depende siempre del contexto. Un solo proveedor, en este caso, es una sola calidad y una sola responsabilidad, es decir, se asume que ofrece más garantías al gobierno de que las cosas funcionarán bien porque hay una sola persona moral que debe dar cuentas de ello; pero a su vez, no cancela oportunidades de negocio a los dueños de las concesiones que pondrá a la venta la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) tras la aprobación del decreto que "autoriza al Poder Ejecutivo del estado de Jalisco a concesionar líneas de verificación para la prestación del servicio de verificación vehicular".

Porque el proveedor, que saldrá de una licitación pública internacional, no es el dueño de las concesiones. Y entonces podría simplemente vender la tecnología al concesionario y proveerle el mantenimiento y las actualizaciones de software; pero algunos concesionarios que quizás no tengan el dinero para comprar, podrían buscar otro tipo de relación: quizás asociarse para repartirse el costo de establecer la línea de verificación con todas las especificaciones del decreto; quizás que el proveedor monte la instalación y el concesionario preste el servicio y compartan riesgos y ganancias; quizás que sea una venta a plazos, pagadera de acuerdo al flujo de caja que traiga el negocio.

En política, los "monopolios" son mal vistos, pero la propia constitución establece desde hace décadas que hay servicios y giros "prioritarios" de la economía en los cuales el Estado es el único empresario. O bien, a través del sistema de concesiones, se ha hecho cada vez más común que se entreguen "monopolios" considerados "naturales en la prestación de servicios, marcadamente en el caso del suministro y saneamiento del agua. No era inevitable establecer un monopolio en Guadalajara, pero el estudio de casos, sobre todo de fracaso, en tantas ciudades mexicanas, con sistemas abiertos a diversos proveedores, llevó a incluir, dentro de los considerandos del decreto legislativo aprobado el 10 de noviembre pasado por los diputados, ese componente (página 25): "Esquema de proveedor de tecnología unificada para evitar problemas de comunicación entre el prestador del servicio y la autoridad así como para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos de medición".

¿Cómo será el proceso de selección? Con la "emisión de una convocatoria pública abierta con el fin de seleccionar a un proveedor de tecnología unificada que permita mantener un alto control de las pruebas realizadas en materia de verificación vehicular, así como el soporte tecnológico continuo a concesionarios y Gobierno del Estado" (página 27). "Es importante mencionar que en la evaluación integral del programa de verificación vehicular de la Zona Metropolitana del Valle de México realizado por el Centro Mario Molina recomienda que se establezca un software unificado entre proveedores y autoridad así como la unificación de equipos para la verificación vehicular en aras de garantizar de la mejor manera posible el control sobre la eficiencia y eficacia en la realización de las pruebas", añade.

Una de las controversias más fuertes que han suscitado los modelos abiertos –existía la posibilidad de que se habilitara en esta ciudad- se tejió en torno a la eventualidad de que ciertos políticos-empresarios (de forma notoria, el caso de Jorge Kawaghi) se hicieran proveedores y compraran concesiones para operar líneas de verificación. Con este candado, a nivel proveedor está cerrada la posibilidad, pues el que provea a todo el sistema debe tener el tamaño y la experiencia que dan muy pocas urbes del mundo. Y si bien, los empresarios "de siempre" pueden adquirir concesiones, dependerán siempre de ese proveedor único, el cual deberá vigilar el buen uso de sus equipos, pues es responsable ante la autoridad por cualquier eventual fraude.
La autoridad, de este modo, se mantiene como normativa y a través del equipo que también le provee el proveedor único, vigila en "tiempo real" lo que sucede en cada una de las 305 líneas que se habilitarán para verificar.

¿Cómo se hace la verificación en otras partes del mundo? El texto del Programa de calidad del aire de Monterrey, 1997-2000 (http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/new.portada), recopila una clasificación ilustrativa en los años 90, que todavía es aplicable.

"En términos generales hay tres tipos de organización y administración de programas de verificación o inspección vehicular: uno, sistema centralizado [...] consiste en realizar la verificación vehicular en centros especializados pertenecientes a una sola empresa privada o del gobierno. En ocasiones, la verificación vehicular se realiza en forma asociada a una inspección de las condiciones de seguridad de los vehículos [frenos, luces, suspensión]. Ciudades como Denver, Phoenix, Tokio, Jakarta, Madrid y Colonia, poseen este sistema".

Dos, "sistema descentralizado [...] se realiza a través de centros particulares, en su mayoría talleres mecánicos con una sola línea de verificación. Ciudades como Los Ángeles o Nueva York poseen este tipo de organización descentralizada". Tres, "sistema híbrido. Alemania y Estados Unidos están diseñando sistemas híbridos para algunas ciudades donde las primeras verificaciones, de los autos más limpios, se realizan en talleres mecánicos; los autos viejos y los rechazados deberán asistir a verificentros".

¿Cuál es más eficiente y cuál tiene más problemas de corrupción? "De acuerdo con los reportes de la Agencia de Protección del Ambiente de los Estados Unidos (EPA), los sistemas descentralizados como el del estado de California son 50 por ciento menos eficientes que los centralizados, como el de Arizona. Inclusive, las emisiones de los autos de California son prácticamente iguales a las de ciudades sin programa de verificación, como Indiana. Los sistemas descentralizados se pusieron en marcha en ciudades norteamericanas, así como en México, por la conveniencia que tiene para los automovilistas el verificar en el mismo lugar donde realizan su reparación mecánica. Sin embargo, en muy corto plazo de tiempo las autoridades ambientales y los propios automovilistas, detectaron irregularidades". Por ejemplo, en Nueva York, sistema abierto, los porcentajes de fraude iban de 47 a 70 por ciento de los casos. Esto obligó a replantear los sistemas. Privilegiar un monopolio tecnológico, como ahora en Jalisco, es parte de la respuesta.

--------------------------------------------------------------------

Más cierres viales

Nuevos cierres a la circulación en avenidas importantes se avecinan para el próximo año, con motivo del avance en la construcción de la Línea Tres del Tren Ligero, entre ellos el de Ávila Camacho y Federalismo, adelantó el titular de la Secretaría de Movilidad (Semov) en Jalisco, Servando Sepúlveda Enríquez.

Junto con la empresa que está a cargo de la obra, el titular del Siteur y representantes de los Ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan, la Semov realizó ayer un recorrido por todo el trayecto de la L3 "con el objeto de que, en forma coordinada, preparar los cierres y las aperturas que se estarán generando en las próximas", sostuvo.

Sepúlveda adelantó que "vienen cierres muy impactantes que ya no se pueden aplazar, hay un cierre casi total en Ávila Camacho, hay un cierre de Federalismo parcial, hay un cierre parcial de Calzada Independencia, hay un cierre parcial de Nodo Vial Revolución, son cierres que impactan (lo harán) a la zona metropolitana". Dijo que se está analizando cuáles vías se volverán a abrir a la circulación y que derroteros alternos se van a habilitar entre otras medidas para evitar el colapso vial.
Por otra parte, el secretario aseguró que se mantiene la presencia de 54 elementos de la Semov en la avenida López Mateos Sur, donde avanzan las obras de pavimentación con concreto hidráulico en los carriles centrales de avenida Copérnico al Periférico.
(Maricarmen Rello /Guadalajara)

------------------------------------------------------------------------------

Claves

Preguntas esenciales

• ¿Qué es verificar un vehículo?

Someterlo a una serie de pruebas que reflejen de qué modo emite gases al estar encendido y si esto se ajusta a los límites establecidos por las normas oficiales mexicanas

• ¿Cuánto costará una línea de verificación?

Se concesionarán 305 líneas de verificación por un período de 15 años, con un costo de medio millón de pesos por cada una

• ¿Cuánto le costará al ciudadano verificar?

"Atendiendo al costo de la prueba de verificación con estas nuevas características tecnológicas y de inversión se establecerá un costo de 420 pesos, el cual tendrá que ser cubierto por los propietarios de los vehículos automotores sujetos a la verificación"

• ¿Cómo se realizará la verificación?

"...se contempla la prueba dinámica que consiste en la aplicación de un procedimiento en base a la NOM-047-SEMARNAT-2014, con el fin de obtener la medición de un quinto gas en específico, los óxidos de nitrógeno, para lo cual el vehículo es montado en un dinamómetro con la aplicación externa de carga al motor, a diferentes regímenes de carga y velocidad..."

• ¿Cuánto demora una verificación?

"...el cálculo para la determinación del número de líneas se basa en un tiempo de prueba estimado de 12 minutos, acorde a lo expuesto en el estudio formulado por el Instituto Mexicano del Petróleo", lo que da 9,600 pruebas por línea al año

• ¿Cuál será la ganancia ambiental?

"una buena operación del sistema de verificación permitiría que la población dejará de respirar alrededor de 15.60 kilogramos de contaminantes al año dentro del Área Metropolitana de Guadalajara", contra 123 kg que se respiran (ver MILENIO JALISCO, 7 de mayo de 2016)

Fuente: 
Decreto aprobado por el Congreso de Jalisco, 10 de noviembre de 2016