martes, 31 de julio de 2018

Sigue el desorden con bancos de materiales en La Primavera


43 extracciones en torno al ANP, algunas de las cuales son clandestinas y “muerden” el polígono, constituyen un reto de control no cumplido.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La actividad minera a cielo abierto más agresiva que se realiza en los alrededores del bosque La Primavera, la antigua zona de amortiguamiento que jamás fue reconocida por gobiernos locales y federales, es la de los bancos de material geológico para la construcción. Los datos más actualizados señalan 43 extracciones enclavadas en torno a las montañas protegidas, e incluso hasta 2015, cinco de estas tenían problemas de invasión del polígono protegido. 

El expansionista mercado inmobiliario de Guadalajara, que ha duplicado el tamaño de la ciudad en menos de 20 años, ha sido el cliente seguro y persistente de los “areneros”. Ese mismo espacio de tiempo ha sido en el que se ha pretendido aplicar legislación estatal -este tipo de bancos son regulados por la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente- tanto por entidades del gobierno del estado como de los ayuntamientos involucrados. Y el historial es de éxitos y fracasos, como reconoce el director de gestión ambiental, cambio climático y sustentabilidad del Ayuntamiento de Tlajomulco, Miguel León Corrales.

Es la parte sur del bosque, en territorio de ese municipio, y en el poniente, en el vecino de Tala, donde se dan las mayores explotaciones de arena. León Corrales destaca que en 2015 reinaba una anarquía en el tema.

“En la zona de La Primavera había diez bancos, pero solamente dos estaban regulares; hemos logrado regularizar el resto, pero tres que no tenían ningún permiso, y que han sido reiteradamente clausurados, cuando hay requerimiento de materiales entran en acción, son reabiertos y no son frenados; son los bancos Hermano Sol, Los Carnalitos y Pontevedra, la clausura se viola, y no sabemos por qué, la Fiscalía Ambiental de Tlajomulco no ha intervenido, si le hemos dado todos los elementos. Es obvio que reabrir un banco clausurado es constitutivo de delito”, señala a MILENIO JALISCO.

En la elaboración del diagnóstico sobre el área natural protegida, se consultó con ejidatarios de San Agustín, pues ese núcleo agrario es el propietario de la zona de La Cuchilla, donde inciden la mayor parte de las explotaciones. “Sobre los bancos de material, los ejidatarios de San Agustín explican que las autoridades los autorizaron de palabra y se salieron de control pues perforaron muy hondo y hay demasiado escombro. Siguen sacando material por las noches. A pesar de esta situación, los ejidatarios afirman no tener una mala relación con aquellos que sacan material pues ambas partes están conscientes que fue el Ayuntamiento quien provocó este desorden”, señala el informe final de ese trabajo (Diagnóstico estratégico para la gestión del bosque La Primavera, 2016).

El investigador de la Universidad de Guadalajara, y ex responsable de impacto ambiental y de gestión en la dependencia que pasó de llamarse Comisión Estatal de Ecología a Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semades, hoy Semadet), Miguel Magaña Virgen, conoce a fondo el problema.

“En la cuestión del suelo del bosque, es muy deleznable, lo cual quiere decir que es muy frágil, que fácilmente se desmorona, es de jal, de arena volcánica; cuando extraes material geológico no sólo afectas áreas de flora y fauna, sino que afectas al mismo suelo, que es lo más importante, ya que si no hay suelo no tenemos nada […] ante esas evidencias, sacamos en los años 90 todos los bancos de material de adentro del área natural protegida; de ahí surgió la gestión ordenada de los bancos de material, los regulamos, fueron las primeras unidades que presentaron estudios de impacto ambiental en la historia del estado, en lo que era la Coese […] lo que hicimos fue proteger el suelo, las condicionantes eran que ese suelo retirado fuera regresado; de ahí nació el desarrollo sustentable de los recursos geológicos: podías sacar el material geológico, sin dañar la propiedad, y más porque el suelo regresaba a su lugar de origen”, refiere el académico del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias

Pero ese esfuerzo se perdió con el paso de los años, añade. La secretaría en la actualidad ejerce poco control, pues los municipios lo han asumido y hay resultados variables, normalmente malos.

“Pudimos sacar adelante una norma ambiental estatal en de bancos de material, donde ya se dice cómo se debe explotar, y establece que las dependencias vigilaran el cumplimiento, pero qué tenemos ahorita: si te das una vuelta por lo que es la carretera a Nogales [prolongación avenida Vallarta], por donde está el CUCBA, enfrente del bosque, verás los grande paredones que evidentemente están fuera de norma; hay paredones de 25 metros en los que no están respetando nada, donde jamás se ha presentado un inspector, y el terreno queda expuestos a un desprendimiento, a un deslizamiento, y es a la vista de todo mundo, no están escondidos, están por la carretera”, agrega.

A su juicio, el control se perdió en las confusiones burocráticas sobre las competencias. “Se dio la situación donde había confusiones; se decía que la ley en los artículos transitorios señalaba que le correspondía por tantos meses al municipio, hasta que tuviera su Dirección de Ecología; los municipios tuvieron sus direcciones y se estaban echando la bolita; pero además, en la secretaría se hicieron de los estudios de impacto ambiental, un proceso administrativo y ya no técnico, así que me parece que los bancos de material y la estructura para extraer material geológico está prácticamente igual que antes de que la interviniéramos”.

Por alguna razón, “tanto a la secretaría como a los municipios dejó de interesarles el tema desde el punto de vista ambiental; hay un interés administrativo y hay una serie de abusos, empleados que tienen por fuera sus consultorías y ayudan a los banqueros a arreglar los permisos administrativamente, para que salgan aprobados”.

La intención original “era de detener el empuje de la zona urbana; hoy, yo no sé si siga habiendo extracción de material geológico de forma clandestina en el bosque, pero el problema no es solo La Primavera, sino que en esa área de amortiguamiento, que está externa al área protegida; quedarse sin suelo, implica no vegetación, no fauna, cambio en el microclima, y entonces están generando una cantidad importante de polvos, que vienen a aumentar las lecturas, los pocos monitoreos que hacen, de partículas suspendidas totales; las zonas están siendo explotadas y abandonadas sin el cuidado, y les quitan un suelo que va a tardar mínimo 300 o 400 años en regresar, es decir, ni siquiera queda para un uso de suelo urbano, y todo eso es muy grave…”.

León Corrales reconoce que ese panorama desolador se encontró cuando asumió el cargo en 2015, y que salvo por los meses que estuvo fuera, se había alcanzado un alto nivel de control.

 “Solamente dos bancos estaban regulares en 2015, con sus licencias actualizadas, así que nos dimos a la tarea de buscar ordenar esto; cuatro bancos que eran irregulares pasaron a ser regulares, y cuál es la ventaja, tiene un dictamen de factibilidad ambiental, así que nosotros como dependencia visitamos una vez al mes los bancos de material, y si están dejando de cumplir con algunas de las condicionantes, les quitamos la factibilidad”, advierte.

El banco de Palo Blanco es el ejemplo de lo que se puede lograr con gestión integral del problema: “cumpliendo con las reglas de una abandono sustentable, hemos logrado esto Palo Blanco, que ya está abandonado, y la tierra va a quedar en condiciones de ser sembrada; una vez que eso quede bien, nosotros les vamos a regresar su fianza, porque esa es la clave de que trabajen bien, que entreguen una fianza que garantice la restitución de las condiciones del terreno”.

¿Cuál es la condición jurídica que aplica Tlajomulco? En el municipio “se tienen operando bancos de material desde la década de los setenta; el estado cede los derechos al municipio aproximadamente en el año de 1998 para regularlos”. De los bancos se extrae principalmente arena de rio, jal, tezontle, tepetate, balastre, basalto.

En 2016 se tenían, para toda la demarcación municipal, ocho bancos regulares, 20 irregulares y siete clandestinos. “Por tal motivo se canalizan los esfuerzos en disminuir esa calidad de estatus en esos bancos y se inicia con una fase de seguimiento a cada uno de ellos exhortándolos en que deben de estar al corriente con la normatividad vigente y elementos técnicos en las áreas de extracción”.

Como producto de la implementación de la estrategia, se logró en 2017 “quince bancos regularizados, cinco irregulares, cuatro clandestinos [tres al borde de La Primavera], tres que siguen inactivos por decisión propia a pesar de que tienen toda su documentación en orden, cinco que se dieron de baja por no tener o alguna otra condición, y tres bancos de material rehabilitados”, listos para reintegrarse a los procesos agrícolas.

Pero Tlajomulco no es Tala, donde la dirección del bosque registra la mayor superficie dedicada a extraer material geológico con hasta 21 explotaciones. Se calcula que 255 hectáreas conforman las extracciones totales del anillo que rodea a la sierra. En buena parte de ellos, sin garantías de que se hagan las cosas como la ley manda.

La norma ambiental estatal

La NAE-SEMADES-002/2003 establece los lineamientos, criterios y especificaciones técnicas con que se debe llevar a cabo la preparación del sitio, la operación y el abandono productivo de los bancos de material de acuerdo al material que se extrae, con la finalidad de mitigar y reducir los impactos ambientales negativos. Esto incluye criterios de seguridad, franjas de amortiguamiento, estabilización de bancales y taludes, la obligatoriedad de conservar en el predio el material de despalme (cobertura vegetal), la superficie máxima a explotar (10 hectáreas), presentar la evaluación de impacto ambiental y sus condicionantes como requisito indispensable para una autorización.

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Claves 

Cuatro acciones para regularizar bancos de materiales en Tlajomulco 

1. Proceder con los bancos de material clandestinos. “Derivado del Diagnóstico de Bancos de Materiales en el Municipio, se efectuaron las siguientes líneas de acción. Se le proporciono a la Fiscalía Ambiental, el diagnostico con la finalidad de que actuara con los bancos clandestinos, que personal de Gestión Ambiental detecto en recorridos de campo, se proporcionó un mapa en donde están ubicados todos los bancos del municipio en coordenadas UTM, con la finalidad de contar con una localización exacta”.

2. De forma inmediata, “notificarles que se pongan al corriente con sus refrendos los irregulares. Se efectuaron visitas y se les notifico de manera verbal y mediante oficio a todos los bancos irregulares de sus faltantes administrativos y en campo”.

3. Taller de capacitación dirigido a los propietarios, promotores y técnicos responsables de los bancos de material regulares con la finalidad de exhortarlos a dar cabal cumplimiento a la normatividad vigente (septiembre de 2016). “Como parte del Taller que se efectuó se acordó que personal de Gestión Ambiental, a partir de octubre del 2016, realizarían visitas mensuales a cada uno de los bancos de material con la finalidad de proporcionar asesoría y señalar las áreas de oportunidad y mejora en los bancos visitados”.

4. En la periferia de los bancos de material se promueve la reforestación con especies nativas y que de esta manera funcionen como cortinas rompevientos y proporcionen belleza escénica, en 2017 se reforestaron en la periferia de algunos bancos más de 2000 árboles.

Fuente: Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad


lunes, 30 de julio de 2018

Colima y Conabio se integran a corredor biocultural de Jalisco


El trabajo se despliega sobre más de 13 millones de hectáreas, y vertebra diversos tipos de sistemas de protección y de formas de vida humana

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El corredor biocultural del Centro Occidente de México, creado en 2011, que se ha fijado como meta mantener la conectividad biológica de ecosistemas diversos habitados por culturas campesinas y aborígenes sobre más de 13 millones de hectáreas de los estados de Jalisco, y seis más de la zona, recibió ayer dos nuevos miembros: el estado de Colima y la Comisión Nacional para Uso y Conocimiento de la Biodiversidad. 

En un acto protocolario realizado en la ciudad de Colima, al que asistió con la representación de Jalisco la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Magdalena Ruiz Mejía, fue presidido por el titular de la Conabio, José Sarukhán Kermez,quien asumió el compromiso deponer el conocimiento y la base de datos del organismo federal para garantizar los esquemas de conservación y manejo que se plantea la iniciativa.

“Es una iniciativa o plataforma interinstitucional conformada por siete instituciones de medio ambiente de Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, por organizaciones de la sociedad civil (Reforestamos México), y acompañada por dos organismos de carácter internacional [GIZ y WWF]. Su objetivo es establecer mecanismos de coordinación y colaboración para conservar y manejar sustentablemente las áreas naturales protegidas, los ecosistemas prioritarios y la biodiversidad, bajo la premisa de que son fundamentales para el bienestar de las comunidades que habitan en dicho espacio territorial”, dijo a este diario el director general de conservación y biodiversidad de la Semadet, Antonio Ordorica Hermosillo.

En 2009, a partir de una reunión nacional de autoridades ambientales, surgió la idea de la asociación. La Conanp “emitió una convocatoria para que funcionarios de los gobiernos estatales fueran capacitados en el manejo de las áreas naturales protegidas, pudieran intercambiar experiencias de manejo con otros estados y exploraran la forma de homologar o armonizar el manejo de las ANP, independientemente de su categoría y tipo. A raíz de dichos encuentros, los representantes gobiernos estatales de Occidente del país; particularmente Guanajuato, Jalisco y Michoacán, junto con la Conanp continuaron la comunicación y visualizaron la necesidad de ampliar la colaboración”, agregó.

El primer Acuerdo de Coordinación fue firmado el 29 de octubre de 2012, con la participación de Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, más la Conanp. “Desde el inicio, la iniciativa ha representado un reto en el diseño dada su complejidad: en el corredor se incorporan y consideran áreas naturales protegidas, áreas o sitios terrestres prioritarios para la conservación, continuidad de ecosistemas y comunidades rurales e indígenas dentro de estos territorios con alta biodiversidad y que manejan y usan los recursos biológicos de sus territorios. Un propósito secundario, ha sido la colaboración para fortalecer la gestión, administración y manejo de los sistemas estatales de áreas naturales protegidas de cada entidad federativa; sin embargo, esto evolucionó para ser uno de los grandes intereses entre los participantes y ha dado permanencia al acuerdo a pesar de los cambios administrativos”.

Como resultado del trabajo, “se definió el área de intervención del corredor, la cual se integró por 13 polígonos, que suman una superficie de 13 millones 174,720 hectáreas con ecosistemas de bosque tropical, bosque templado, bosque mesófilo de montaña y matorral xerófilo. Igualmente, se ha avanzado en el intercambio de experiencias y casos comunitarios para el manejo y uso de la agrobiodiversidad”.

Para 2017, los actores “cumplieron el objetivo de contar con el diseño del corredor, definiendo los polígonos de intervención, y lograron firmar un nuevo acuerdo de coordinación, en el cual se integraron la sociedad civil Reforestamos México e instituciones internacionales como WWF y GIZ [agencia de cooperación del gobierno alemán]”.

Los integrantes de esta iniciativa ya implementan proyectos de manejo y conservación de ecosistemas y biodiversidad, tales como monitoreo del jaguar, monitoreo en la ruta migratoria de la Mariposa Monarca, manejo de sistemas agroforestales y restauración de sitios degradados.

sábado, 28 de julio de 2018

La CIDH retoma el caso de Ayotitlán contra Peña Colorada


Una larga y tortuosa historia de inaplicación del derecho en la costa de Jalisco ha llegado a la comisión de derechos humanos de la OEA.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha retomado formalmente la denuncia interpuesta por organizaciones de derechos humanos y la comunidad nahua de Ayotitlán (caso 13,249), que denunciaron al gobierno mexicano por la desposesión de miles de hectáreas de sus tierras primordiales para la operación de negocios mineros, en particular, del consorcio minero Peña Colorada, hoy propiedad de las transnacionales ArcelorMittal, de origen indio, y Ternium, de capital ítalo-argentino, lo que incluye prácticas de corrupción, coerción y violencia contra aborígenes. 

Si bien, los quejosos han acudido a la instancia interamericana desde 2006, cuando se agotaron las instancias judiciales nacionales, esta denuncia o caso permaneció sin mayor movimiento por parte del organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA). Fue hasta el pasado 25 de mayo de 2018, cuando notificó a los quejosos de la reactivación del expediente, en una misiva firmada por Mario López Garelli, autorizado por el secretario ejecutivo de la CIDH. 

Esta reactivación trae consigo una actualización de la denuncia original, una petición de respuestas por parte del gobierno mexicano, y el planteamiento de que en los siguientes meses se haga un intento de conciliación en la Ciudad de México que ha sido aceptado por los afectados, informó a MILENIO JALISCO el activista Óscar González Gari, de la Red Jalisciense de Derechos Humanos AC, una de las cuatro ONG denunciantes. 

El luchador de derechos humanos explica que hay una larga historia detrás del expediente, porque en 2006, con la tibieza institucional del gobierno de Jalisco que presidía Francisco Ramírez Acuña, su homólogo de Colima, a través de su bancada en el Senado, promovió una reforma constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no resolviera la controversia constitucional 3/98, interpuesta por el anterior gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez. Como efecto, se congeló un asunto que estaba a punto de sentencia y se evitó aplicar justicia a un tema en el que están en disputa más que sentimientos regionalistas: en realidad, son los indígenas del lado jalisciense las grandes víctimas de los poderes económicos tutelados desde Colima, advierte. 

“No era conducente que eso sucediera, y se violara una garantía, la no retroactividad de la ley en perjuicio de alguien; si la reforma comienza en octubre de 2005, y nuestro caso ya estaba desde 1998 en la Suprema Corte, entonces no era lógico, interpusimos un amparo, nos fuimos a la revisión, y bajo el argumento de que la constitución es política y no jurídica, no nos dieron resultados, y en noviembre de 2006 acudimos a la CIDH; acudimos cuatro organizaciones mexicanas; el gobierno contestó rápidamente en ese periodo, 2007 a 2008, diciendo que el asunto no procedía, que era extemporánea la petición, nosotros conocimos esa respuesta […] nosotros nos manifestamos y dijimos que estábamos en total desacuerdo con esa percepción del gobierno, porque no captaba la importancia de la región, de la cultura, de la reserva de la biosfera de Manantlán que también sería afectada por la minería; que el propio gobierno creó la mina como empresa paraestatal, por lo tanto tenía responsabilidad directa; se señalaron los crímenes más duros que habían ocurrido en la zona, como la matanza de Timbillos en 1920, y en 1950 la masacre de indígenas en Tenamaxtla, un poblado nahua donde estaba un gran líder indígena, Arnulfo Elías Rodríguez; ese poblado desapareció, así se ha operado por los grandes intereses mineros desde hace décadas”. 

La mina empieza a operar formalmente en los años sesenta, tiempo en que se cambia el expediente de restitución de tierras de Ayotitlán a ejido, con lo que se deja a decisión del gobierno mexicano dotarle de tierras a la comunidad ancestral. La dotación de 55 mil hectáreas quedó incompleta, justamente en los terrenos donde Peña Colorada comenzó a explotar el mineral como empresa paraestatal. 

Los denunciantes señalan que los despojos, el uso de la fuerza, la división comunitaria por dinero y el uso faccioso de instituciones del estado mexicano ha garantizado una amplia impunidad, con violaciones de derechos y daño ambiental, a favor de la minera, que extrae alrededor de 40 por ciento del hierro que produce el país. 


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CLAVES  

Los 4 quejosos.  

Red Jalisciense de Derechos Humanos AC. 

Unión de Pueblos de la Sierra de Manantlán. 

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. 

Frente Regional Pro Manantlán y Cuenca del Marabasco AC.

viernes, 27 de julio de 2018

Sedatu promete empezar a pagar predios en septiembre


El gobierno federal señala que ya hay dinero pero debe integrar los expedientes durante agosto; comuneros de Wuaut+a, impacientes

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán (Wuaut+a) deberá esperar al menos al mes de septiembre para que exista la posibilidad material de que se ejecuten catorce juicios agrarios que ha ganado, y se le entreguen 922 hectáreas, para sumar apenas 10 por ciento de la superficie reclamada con base en sus títulos virreinales.

“Nos reunimos con las instituciones del gobierno federal, el gobierno de Jalisco y el de Nayarit, el 5 de julio pasado en Tepic, y lo que nos plantearon fue que en dos meses tendrían integrados los expedientes, eso lo dijo el director de Ordenamiento de la Propiedad Rural, Mario Rentería, quien nos informó que por disposición de la secretaria [Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano] iba a tender este asunto, a través del programa Conflictos Sociales en el Medio Rural [Cosomer], y si van las fechas como ellos dicen, a principios de septiembre deben estar ya integrados los expedientes”, dijo en entrevista telefónica con MILENO JALISCO, el abogado de los comuneros, Carlos González García.

En la cita estuvo la representación del comisariado de bienes comunales, del consejo de vigilancia y del gobierno tradicional. Los wixaritari manifestaron su inconformidad por la lentitud con que se ha dado el proceso y responsabilizaron al gobierno federal, y a los estados, de los incidentes que se puedan suscitar. No obstante, el representante de la Sedatu fue enfático respecto a la imposibilidad de integrar en menos tiempo los expedientes, que implican la partida financiera, el análisis de la sentencia y la negociación directa con los posesionarios.

Tampoco se puede pagar lo que estos exijan, sin más, pues se trata de recursos públicos y debe soportarse en una medición objetiva, como son los avalúos, enfatizó.

El compromiso de la Sedatu es que cuando se encuentre avanzada la integración, acudirán al Tribunal Superior Agrario, para proceder a una rápida ejecución de los expedientes. Esto lo encuentra discutible el asesor jurídico, pues la competencia corresponde al Tribunal Unitario Agrario 56 de Tepic, como entidad ejecutora, por lo que aseguró que cuando llegue el plazo solicitado, se retomará el contacto con el magistrado para que se vuelvan a programar los casos pospuestos por la “imposibilidad material” (la activa oposición de los posesionarios a permitir el acceso al personal del juzgado para entregar los predios cuya sentencia ya es inatacable jurídicamente).

“Yo no creo que el tribunal superior tenga mucha competencia en el asunto, nosotros vamos a solicitarle al magistrado que programe las ejecuciones, en el caso de las que se suspendieron, y las audiencias de ejecución, para los asuntos que aún no han pasado por esta etapa. Nosotros creemos que son serios en la Sedatu cuando nos informan que esos asuntos ya tienen recursos económicos para negociarse”, añadió González García.

La protestas de los comuneros en los meses anteriores, ante la pasividad o lentitud de las autoridades en abrir la negociación y garantizar la paz social y el Estado de derecho en la sierra, derivaron, a partir del 30 de abril, en el cierre parcial del acceso a las 36 localidades de Wuaut+a, para impedir el proceso electoral. A eso se sumó, a partir de mayo, el cierre de escuelas y de los centros de salud; esto obligó a reajustar el calendario escolar para evitar que los niños huicholes pierdan el ciclo. Finalmente, ni el gobierno de Jalisco ni la autoridad electoral pudieron evitar que el bloqueo permaneciera, por lo que dejaron de votar más de ocho mil moradores de la sierra.

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Claves 

Los casos a ejecutar 

Los catorce predios que se restituirán en primera instancia corresponden a los posesionarios Baltazar Herrera López, con 53 ha; Ignacio Bugarín Arteaga, con 131 ha; Ignacio Quintanilla Montoya, con 14 ha; Ramón Montoya Utreras, con dos predios por 29.3 y 8.7 ha; Teodoro Montoya Utreras, con dos predios por 79.6 y 13 ha, respectivamente; José Quintanilla Medina, con 129.4 ha; Rafael Sandoval Muñoz, con 265.2 ha; Pascual Bugarín Carlos, con dos predios por 86 y 93 ha, respectivamente; Fortino Montoya Urtreras, con 0.06 ha; Francisco Bañuelos García, con 4.2 ha; Alejandro Hernández Márquez, con 3.5 ha, y Arnulfo Pacheco, con 12.2 ha.

El total de superficie a ejecutarse, 922.17 ha. Esto significa que a finales de 2018 y comienzos de 2019, apenas se llegaría a 10 por ciento de la superficie de Huajimic pendiente de restituirse.

El decreto presidencial en 1953 a favor de San Sebastián Teponahuaxtlán (Wuaut+a), es la base de las reclamaciones de la tierra que en su momento el rey español había titulado, y les fueron arrebatadas entre el siglo XIX y el periodo previo a la revolución de 1910

Waut+a ha podido recuperar judicialmente más de 200 de 320 kilómetros cuadrados invadidos. La fortaleza jurídica es el principio elemental de que “el primero en tiempo es primero en derecho”, y además, que en México, los derechos agrarios no prescriben. Los derechos de los posesionarios datan de una escritura del año 1906. SRN Tags Relacionados: Comunidad Wixárika

jueves, 26 de julio de 2018

Ganaderos y ejidatarios de Los Altos interponen nuevo amparo


Los decretos presidenciales de levantamiento de vedas han provocado reacción en una de las zonas más importantes de producción de alimentos en el país.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Asociación Ganadera local de San Juan de los Lagos, y el ejido Agua de Obispo, del mismo municipio, han ido jurídicamente más lejos que otros grupos en la impugnación del decreto de levantamiento de vedas del río Santiago, emitido por el presidente de la república el pasado 6 de junio: no solamente contra ese acto, sino contra todo el sustento legal del mismo, que emana de ordenamientos emitidos en 2004 y 2016, y que en su consideración, violenta sus derechos constitucionales.

Bajo las premisas de que el derecho humano al agua y a la alimentación son superiores a otros derechos económicos, y de la aplicación del “principio precautorio” por la reducción de existencias de agua en la zona, ante el efecto de cambio climático, que podría ser de 662 millones de metros cúbicos en relación con los años 90 del siglo XX, los quejosos sostienen que ese decreto debe ser suspendido porque amenaza con generar un colapso económico y social, a la par de reducir alimentos necesarios para los mexicanos, pues la zona aporta 20 por ciento de la proteína de origen animal del país y 1.64 por ciento del producto interno bruto nacional (el triple de lo que aporta todo el sector forestal del país, por citar una comparación).

El pasado 17 de julio interpusieron demanda, 2090/2018, que será ventilada en el Juzgado Séptimo de Distrito en materia administrativa y de trabajo de Jalisco. Los quejosos van contra “la inconstitucionalidad de los artículos 7 fracciones iv y vi, 7 bis fracción viii, 13 bis-3 fracción ii, artículo 14 bis-5, fracción xxii, artículo 20, artículo 22 párrafo tercero, artículo 38, artículo 41, fracción i, y artículo décimo quinto transitorio, de la Ley de Aguas Nacionales, que contravienen los artículos 1, 4, 6, 14, 16, 17, 26 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, que a su vez es fundamento del decreto de levantamiento de vedas en el río Santiago, cuya subcuenca río Verde es la que ha dado vida a sus actividades productivas por más de cuatro siglos.

“Se reclama la promulgación, publicación y ejecución del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 de Abril de 2004, por el que se modifica la Ley de Aguas Nacionales […] así como el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de marzo de 2016”, especifica el documento.

Todo ese entramado legal cuestionado, que deriva en el decreto del 6 de junio, “provoca que el agua disponible quede concesionada o asignada, sin que se asegure que su uso, explotación o aprovechamiento sea sustentable, y en la especie, además de que se ignora y prescinde de sectores como el nuestro, esto es, el sector pecuario y agrícola; o bien, porque ocasionan que la misma sea concesionada bajo el principio de prelación en el tiempo, es decir, a quien primero la pida, violando así que su acceso y uso sean equitativos”.

Los ganaderos y ejidatarios reclaman su papel como productores de alimentos, labor que demanda agua. “En el artículo cuarto constitucional se reconoce el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, y también reconoce el derecho a la alimentación; en ese mismo precepto constitucional, se establece también que el acceso y uso de los recursos hídricos debe ser equitativo y sustentable […] la definición que la ley de la materia pueda adoptar al respecto debe tener por fin desarrollar ambos derechos y de ningún modo puede restringirlos más allá de los casos y condiciones que el propio texto constitucional señala expresamente”, explican.

Para que el acceso y uso del agua resulten equitativos, “se tiene que dar prioridad o preponderancia a las personas o comunidades que más la necesiten o como en la especie, seamos copartícipes en la producción de alimentos y por ende corresponsables en la seguridad y soberanías alimentarias; para que resulten sustentables, se tiene que respetar además el derecho a un medio ambiente sano y asegurar que tales acceso y uso no contaminen el agua o lo hagan en la menor medida posible, siendo prevalentes los usos que la preserven mejor en calidad y cantidad, y previo a ello, que en verdad exista disponibilidad de este recurso vital, vulnerable y finito, lo que en la especie no ocurre en virtud de la propia información oficial presentada por la Comisión Nacional del Agua”, argumentan.

Contrario a esos parámetros constitucionales,” los actos reclamados -tanto el precepto legal como los artículos del Decreto cuestionados-, conceden acceso y uso del agua a quienes primero lo soliciten, sea porque la misma ya fue concesionada o asignada con anterioridad a la vigencia del decreto aludido bajo ese criterio, o bien porque los volúmenes disponibles no comprometidos por las reservas parciales fijadas, se podrán explotar, usar o aprovechar por concesión o asignación, bajo la lógica de la primacía del orden de presentación de las solicitudes; es en ese escenario que resultan inconstitucionales por la violación a los artículos primero y cuarto de la Constitución”.

La primacía se define por la pertenencia a algún sector y no la prelación. Al producir alimentos “y por ende hacer efectivo el derecho a la alimentación y a la garantía alimentaria”, se debe reconocer la primacía de “la garantía alimentaria en un contexto de seguridad y soberanías alimentarias, ponderando con ello el derecho humano al agua en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.

miércoles, 25 de julio de 2018

El Tepopote, ANP que no termina de llegar


Un estudio técnico establecía allí hace un año la primera zona de recuperación ambiental, pero Zapopan propuso un área protegida que no ha sido declarada.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El polígono del cerro de El Tepopote, enclavado al norte de la caldera volcánica de La Primavera y que geológicamente no está integrado al súper volcán, tiene un papel biológico indiscutible como amortiguador de los impactos sobre la también reserva mundial de la biosfera del programa El hombre y la biosfera de la Unesco. Pero además, por allí pasa el principal corredor de especies que le queda al bosque hacia ese punto cardinal, lo que significa un flujo constante con las sierras de Tesistán y San Esteban, y por medio de estas, a la barranca del río Santiago.

Incendiadas alrededor de mil hectáreas de sus encinares los días 1 y 2 de abril de 2017, se activó un movimiento social en Guadalajara para impedir que se den procesos de cambio de uso de suelo. Todo comenzó con la aplicación de la propia legislación federal: el artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que en cualquier superficie de bosque o selva que se queme, sea por causas dolosas, imprudenciales o accidentales, no deberá ser objeto de alguna autorización de cambio de uso de suelo. Bajo esa premisa, si un fraccionador quema un bosque para construir, en realidad atenta contra sus propios intereses.

A partir de allí, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial estableció una agenda de trabajo para construir un estudio técnico justificativo (ETJ) que permitiera consolidar un decreto de restauración similar al que se hizo para la zona de El Tajo. Pero en medio de ese proceso, el Ayuntamiento de Zapopan hizo pública su disposición de hacer de esa montaña un área natural protegida de carácter municipal.

“Fue por eso que el trabajo, que ya estaba avanzado, fue puesto a disposición de Zapopan, pues una ANP no contradice en nada las intenciones que estábamos fundamentando. Esperamos que con el proceso del Programa de Ordenamiento Ecológico local, que se está realizando, se sienten las bases, y se termine de consolidar con la revisión de los planes parciales, que será posterior”, dijo a MILENIO JALISCO el director general de Conservación y Biodiversidad de la Semadet, Antonio Ordorica Hermosillo.

Pero un año después, la declaratoria zapopana no llega. Por su parte, los intereses de urbanización siguen presentes: como propietario de 400 hectáreas, el Instituto de Pensiones de Jalisco mantiene abierta una negociación para no ver cancelados sus derechos de desarrollar un asentamiento humano en la zona. Fuentes extraoficiales señalan que ese podría ser un obstáculo que ha impedido cristalizar la promesa municipal. Lo cierto es que una etapa decisiva se da ahora con la consulta pública del Programa de Ordenamiento Ecológico de Zapopan: el texto en consulta considera como política dominante la restauración, “uso predominante área natural, uso compatible agrícola”, condicionados, la industria, la infraestructura, la minería, el turismo. Al margen de ese instrumento, el aún vigente y el plan parcial también en vigor son contradictorios (ver mapa anexo). Será necesario hacer un ajuste para armonizarlo.

La historia reciente de El Tepopte con pocas cifras: “el área de estudio presenta notorias modificaciones y pérdidas la vegetación natural por cobertura urbana, de infraestructura y sobresale el crecimiento por áreas con suelo desnudo al pasar de casi 10 por ciento en 1990, a casi 15 por ciento en 2017. Estos cambios de cobertura muestran la dinámica en un tiempo relativamente corto. Se muestra que en los últimos 27 años existe una pérdida de cobertura de Bosque, que en el año 1990 ocupaba 42.41 por ciento y pasó a tener solo el 28.8 por ciento del territorio”, es decir, 13.6 por ciento menos del polígono total, de alrededor de 1,400 ha.

“Es evidente que el principal problema en la actualidad sobre la zona han sido los incendios forestales que se han incrementado en superficie, los estudios realizados demostraron que de las zonas afectadas por incendios en 2014 y 2017, la severidad del fuego fue en mayor proporción en niveles medios y bajos, lo cual denota de conocer a mayor detalle cada una de estas zonas, ya que esto permitirá aplicar las medidas necesarias de rehabilitación, priorizando las que presenten severidad alta”, añade el ETJ.

En los últimos años “y derivado principalmente de la ocurrencia de dos grandes incendios en 2014 y 2017, el primero con una afectación de 254 ha y el segundo con 904.8 ha, se han reforzado las investigaciones de causas, por lo que se encuentran en medios electrónicos notas relacionadas con investigaciones penales para identificar posibles responsables de provocar los incendios. Visto desde la perspectiva de la prevención, el conocimiento de los agentes de perturbación de la zona permitiría fortalecer los trabajos de restauración, protección y manejo de la zona”. “Perversa”, la ausencia de la Conanp en La Primavera

La Primavera padece el efecto de malas decisiones históricas que no protegieron las 40 mil hectáreas de la caldera volcánica, en aras de negocios particulares de corto plazo, pero en lo posterior, la acción del gobierno federal tampoco es la esperada cuando es el nivel de gobierno que tutela el decreto, advierte el presidente de la Sociedad de Estadística y Geografía de Jalisco, e investigador de la UdeG, Arturo Curiel Ballesteros.

“Hay desinterés y perversión cuando una autoridad que en vez de cumplir lo que le mandata el interés público, se hace de un lado; a mí me dolió lo de Santa Ana Tepetitlán [el juicio de amparo que hizo perder entre 580 y 640 hectáreas del bosque hace diez años] porque ubica a La Primavera como un caso único a nivel nacional; no había hasta ese momento un caso donde se le quitara a un área natural protegida superficie; los mexicanos creemos que no hay nada por encima de la constitución, y que esta dicta el interés, y las áreas protegidas se basan en este principio, pero que aquí se haya permitido quitar el decreto me parece algo perverso, al igual que el cercenamiento de la superficie original no obstante que estaban cobijadas bajo el interés público; eso sólo se explica por perversidad, no hallo otra forma de decirlo”, sostiene.

Esas malas decisiones obligaban a plantear un área de amortiguamiento sobre los polígonos “descobijados”, pero se gastaron miles de horas de discusiones y nunca se llegó a nada. Hasta que llegó el decreto de área de restauración del gobernador Aristóteles Sandoval, en la zona de El Tajo.

“Me vienen dos cosas a la mente; uno de la lectura del decreto, y otro, lo que han hecho en otros lados para establecer un área de amortiguamiento. En lo segundo, lo que han hecho en la historia de las áreas protegidas, de los parques nacionales, en zonas de interés federal en Estados Unidos, ha sido muy interesante: por un lado decretan el polígono, pero decretan áreas de protección estatales a los lados, entonces se conservan valores nacionales que tienen relevancia, y se van haciendo réplicas de los decretos de protección en las áreas colindantes al área protegida principal; esa es la mejor manera en términos políticos. Cuando salió en 1989 la propuesta de un programa de manejo, era un momento muy oportuno para establecer este tipo de cosas”.

Al norte del bosque, por ejemplo, con áreas agrícolas “que uno suponía que a Zapopan le interesaba proteger, pues era famoso el método zapopano de creación de maíz que le dio mucha fama en los años cincuenta a esta área, en el contexto de producción de alimentos [la zona de Tesistán fue mucho tiempo primer lugar nacional en producción de ese grano]; eran cosas fáciles de establecer y que permitirían amortiguar la presión por el norte, pero, ¿ahora qué tenemos? Una invasión de fraccionamientos y un corte de corredores biológicos…”.

Otro punto donde todo se hizo mal es El Bajío del Arenal, donde el decreto de protección nunca llegó, y ahora los intereses se han posesionado de esa superficie, detonada por el estadio de Chivas y las Villas Panamericanas. Y finalmente, con la derrota del decreto por el amparo de Santa Ana Tepetitlán, que cercena hasta 640 hectáreas, y la Conanp promete actuar para reintegrarlas. Diez años después, la invasión hormiga de esa zona amenaza a todo el bosque, pues ninguna negociación prosperó, si es que se hizo alguna (MILENIO JALISCO, 16 y 17 de julio de 2018).

Así se llega al decreto del 28 de enero de 2018. “Todos los esfuerzos que mantengan el interés público son valiosos; me parece necesario para mantener este patrimonio de carácter natural, y manda un mensaje positivo a la sociedad: el interés público debe estar por encima del interés privado. De ahí paso a preguntarme si este decreto garantiza la efectividad de la acción; uno debe irse a la parte de mayor efectividad, y no son las formas más efectivas […] voy a decir algo políticamente incorrecto: lo que yo vi en el decreto, la justificación esencial para decretar un área con este nombre, es para una realidad que no existe; si lo proteges con esta categoría, es porque te das cuenta de los niveles de biodiversidad que hay en el bosque, son tan vastos, que hay que tener algo que detenga la presión, y dejar que el ecosistema se recupere […] cualquier persona que tenga el mínimo conocimiento de biodiversidad, debe pararse arriba del cerro de El Tajo y decir, esta realidad no es; lejos de tener problemas de biodiversidad, el bosque se las ha arreglado para mantener la vida ahí, se puede demostrar que ahí la vida es abundante, por lo tanto, la justificación de decreto no existe, entonces hace frágil su defensa legal”.

A su juicio, era mejor reconocer la biodiversidad y resaltar el interés público de conservarla. “Señores: esta zona se decreta como zona estatal de protección, por el valor que tiene en término de sus funciones, el valor de sus servicios a la población circundante, y eso es suficiente para decretarlo como área natural protegida, y sería más sólido, más permanente, hasta más correcto en término de una decisión política de estado”, concluye Curiel Ballesteros.

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Claves

Juicios de amparo contra decreto de El Tajo

513/2018, Juzgado Sexto de Distrito Fraccionadora Vistas del Valle SA. Contra el decreto DIGELAG DEC 001/2018, publicado el 28 de enero de 2018, “por el que se establece la aprobación la zona de recuperación ambiental Cerro El Tajo, con una superficie de 1,684.3 hectáreas”. Se niega suspensión definitiva. Afectada interpone queja contra suspensión. Juzgado sobresee el juicio. Afectada interpone revisión, aceptada el 11 de julio por el Tercer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, ahora en proceso

576/2018, Juzgado Cuarto de Distrito

Banco Invex, grupo financiero e Inmobiliaria Rincón del Palomar SA. “Contra la emisión, refrendo y promulgación por sí o por conducto de sus subordinados del decreto DIGELAG DEC 001/2018, la omisión de publicar el Programa de Recuperación Ambiental Cerro El Tajo a que se refiere el artículo quinto del decreto DIGELAG DEC 001/2018. Todas y cada una de las consecuencias de hecho y de derecho del acto reclamado […] la aplicación por primera vez- en perjuicio de las aquí quejosas, de los preceptos y ordenamiento que se indica en el inciso b) de este apartado, es decir de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Jalisco, ello en el decreto DIGELAG DEC 001/2018 […] que viene a restringir los derechos de uso, goce y propiedad de la superficie inmobiliaria y derechos que estas quejosas ostentan en términos del capítulo de hechos de esta demanda”. Demanda en fase de ampliación

540/2018-4, Juzgado Noveno de Distrito

Ejido San Agustín, de Tlajomulco de Zúñiga. “contra el decreto DIGELAG DEC 001/2018 por el que se establece la aprobación la zona de recuperación ambiental Cerro El Tajo”. Se concede suspensión de plano “para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de realizar algún acto que tenga por efecto privar total o parcialmente, de forma temporal o definitiva, de los bienes agrarios". Quejas interpuestas por Semadet y Unión de Colonos de la Puerta Sur AC se declaran “infundadas”. Juicio en proceso

542/2018. Juzgado Sexto de Distrito

Estructuras Residenciales SA de CV. Contra el “programa de recuperación ambiental de El Cerro de El Tajo”. En proceso, sin suspensión vigente

541/2018. Juzgado Segundo de Distrito

Desarrolladora Lemar de Jalisco SA de CV. Contra el “programa de recuperación ambiental de El Cerro de El Tajo”. En proceso, sin suspensión vigente

544/2018. Juzgado Tercero de Distrito

Bosques de Zapopan SA de CV. Contra el “programa de recuperación ambiental de El Cerro de El Tajo”. En proceso, sin suspensión vigente

Fuente: Semadet Jalisco



Suspenden obra en San Rafael,pero nadie quedó conforme


Un estudio técnico establecía allí hace un año la primera zona de recuperación ambiental, pero Zapopan propuso un área protegida que no ha sido declarada.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Finalmente, el Ayuntamiento de Guadalajara procedió a hacer válida la suspensión decretada por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, en resolución del 17 de julio de 2018, “notificado a esta autoridad el pasado viernes 20 de julio”, en el marco del juicio de amparo 198/2018.

A las 13:45 horas del pasado lunes 23 de julio, “el Gobierno de Guadalajara procedió a suspender la obra ubicada en la avenida Historiadores números 3180 y 3182, colonia San Rafael, en Guadalajara […] reiteramos que esta administración ha cumplido y seguirá cumpliendo con las resoluciones de orden judicial”, señaló el escueto comunicado emitido por la dirección de comunicación social.

Los vecinos quejosos, por medio de su vocera, Gabriela Cervantes, señalaron ayer: “en respuesta al comunicado de prensa del ayuntamiento de Guadalajara, les comentamos que la suspensión de la obra es una simulación ya que solo se puso un sello en la puerta de la calle Manuel M Ponce 595 y en las puertas de Historiadores 3180 y 3280 que es donde está la oficina de preventa y estacionamiento y es donde entra y sale maquinaria, no fue clausuradas y los vecinos de Jardines de la Paz seguimos observando la entrada y salida de trabajadores y vehículos dentro del predio”.

Por lo cual “requerimos que el ayuntamiento cumpla en su totalidad la suspensión clausurado las puertas que les marca la suspensión que son las de Historiadores y no cuentan con ningún sello de clausura”. 

Grupo San Carlos, que es el que realiza el proyecto de nueve torres en el antiguo club Chivas San Rafael, aclaró a MILENIO JALISCO escuetamente: “La empresa cuenta con una suspensión de un tribunal para evitar la clausura que es anterior a la orden que está cumplimentado el municipio, y la cual no fue valorada adecuadamente por la juez en el amparo de los quejosos […]”.

Sin embargo, “Gran San Rafael es un proyecto de vivienda vertical totalmente alineado con las políticas y visión de ciudad que apuesta por un desarrollo urbano ordenado, además de que ha cumplido estrictamente con toda la normatividad vigente. Grupo San Carlos es una empresa tapatía responsable que en 53 años ha demostrado con hechos su interés en el desarrollo ordenado de Guadalajara. El objetivo del proyecto es proporcionar una solución de vivienda a precio justo en una zona donde ya no hay espacio para vivienda horizontal asequible, con la finalidad que los habitantes de la zona puedan seguir viviendo cerca de sus familiares y donde les gusta vivir, cercanos a los servicios, equipamiento y transporte”. Niegan afectar al acuífero y al loro de corona lila, en peligro de extinción, pues “no se va a remover un solo árbol”.

martes, 24 de julio de 2018

El Tajo, un golpe al negocio inmobiliario en La Primavera



Llegó a su tope la posibilidad de urbanizar esta montaña cercenada al decreto original; su rescate constituye el primer polígono de amortiguamiento en la historia de La Primavera.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Ha llegado a su final la historia de la urbanización del Cerro de El Tajo, cercenado hace cuatro décadas del polígono del fallido Parque Nacional La Primavera, hoy área de protección de flora y fauna, en los linderos entre Zapopan y Tlajomulco, por presuntas gestiones del banquero Juan García Sancho, primo del entonces secretario de Hacienda, y a la postre presidente de la república, José López Portillo.

Tras el gradual cambio de uso de suelo forestal sobre 613 hectáreas, para albergar dos de los proyectos residenciales más pujantes de la metrópolis, El Palomar y Bugambilias, y una serie de colonias periféricas cuyo éxito comercial derivó de la condición de su vecindad con el bosque, el gobierno del estado y grupos vecinales empujaron el decreto de recuperación ambiental de enero pasado, que justifica el final de la expansión urbana en el polígono de 1,684 hectáreas bajo las premisas del alto valor de sus servicios ambientales, y de los riesgos que entraña continuar la colonización de una montaña con altas pendientes y suelos inestables. Huelga decir que el proyecto que motivó la movilización de los colonos y el respaldo estatal fue el proyecto Santa Anita Hills, aprobado por el gobierno de Tlajomulco en las administraciones anteriores, y que motivó un expediente de hechos ante la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte que no ha culminado.

En la argumentación acerca del valor de los servicios ambientales, además de ser parte del corredor biológico que ocupan las más de mil especies animales y vegetales del área natural protegida, se destacan la recarga de agua (ocho millones de litros anuales por hectárea, de acuerdo a los promedios que presenta este tipo de bosque y suelos volcánicos) y la calidad climática (con temperaturas promedio diez grados celsius por debajo de las que presenta la zona urbana).

En el tema de riesgo, el Estudio Técnico Justificativo de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial se fundamenta en un trabajo realizado por académicos y coordinado por el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), en el cual se arrojaron datos que demuestran que las altas pendientes en 90 por ciento del terreno, así como los riesgos por inestabilidad de suelos y consecuentemente, deslizamientos, en más de 60 por ciento, fijan condiciones para impedir nuevas urbanizaciones.

La prohibición es explícita en el texto del decreto, aparecido en el periódico oficial El estado de Jalisco, el 28 de enero de 2018: “La Zona de Recuperación Ambiental Cerro El Tajo, se establece a efecto de: 1. Evitar los cambios de uso de suelo forestal a urbano en la zona de recuperación ambiental; 2. Evitar la urbanización del polígono que comprende la zona de recuperación ambiental; 3. Contribuir a la continuidad del bosque de Pino-Encino en el cerro el Tajo, estableciendo la frontera forestal, con el Área de Protección de Flora y Fauna Primavera; 4. Contribuir a la conservación y estabilidad de las laderas del cerro El Tajo, evitando modificaciones en la topografía del lugar”.

El decreto fue emitido por el gobernador del estado, y de acuerdo a las modalidades legales que ofrece la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (artículo 64), no hace necesaria una consulta pública, lo que habría sido usado por las empresas inmobiliarias para tratarlo de frenar. No obstante, nueve juicios ante tribunales federales, instaurados a partir de la publicación del decreto, tratan de echarlo abajo. La titular de la Semadet, Magdalena Ruiz Mejía, confía en que no tengan éxito y este modelo pueda replicarse a otros polígonos desprotegidos de un área natural que debió nacer con 40 mil ha (MILENIO JALISCO, 10 y 11 de julio de 2018).

Riegos, el criterio

“Una de las ponderaciones que hacen novedoso este tema es precisamente, el tema de defender un espacio en el criterio de riesgo, y ese dato técnico nos permite no pasar el proceso de consulta pública, porque el riesgo una vez determinado no puede ser sometido a una ponderación de esa clase, hay una responsabilidad institucional de hacerle frente y de fijar las restricciones necesarias para evitar que se traduzca en un desastre para la población”, destaca Ruiz Mejía.

“Esto no significa que ignoráramos que se iba a judicializar; como ocurre con otros decretos de protección, pero resulta importante la ponderación del riesgo porque da fortaleza a lo que se ha determinado; en ese combate jurídico, y en todo el proceso para constituir la zona de recuperación, hemos contado con el apoyo de las organizaciones civiles, y eso le da más solidez. Confío que los jueces, que ya están aplicando criterios derivados de los tratados internacionales en materia de medio ambiente y derechos humanos, lo liguen al tema de riesgo y nos permitan blindar este proceso”, agrega.

“Ahora son más visibles las afectaciones de inundaciones, de incendios, toda esta presión por daños patrimoniales y riesgo a vidas humanas, que deriva de un mal manejo territorial, ha motivado a grupos ciudadanos por defender, y eso también movió a la autoridad local para revisar los instrumentos disponibles; reparamos que estaba en la ley esta figura pero no se había aprovechado, y de ahí se construyó esta estrategia que hasta ahora se ha defendido de modo bastante sólido”, secunda el responsable de áreas naturales protegidas de la dependencia, Antonio Ordorica Hermosillo.

El tema se seguirá en el frente judicial por los meses siguientes. “Yo esperaría como ciudadano, que las nuevas autoridades, estatales y municipales, independientemente de que hay mas zonas de recuperación en ciernes, terminen de fortalecer el decreto y amplíen aún más la participación ciudadana, porque ante intereses inmobiliarios fuertes, van a impugnar uno y otro, y tienen recursos para hacerlo; nada ayuda mejor que un buen ordenamiento ecológico municipal, y que los planes parciales de desarrollo urbano también se alineen para consolidarlo”, sostiene.

De hecho, la voluntad política del gobierno de Tlajomulco para alcanzar una zona libre de nuevos fraccionamientos no bastó. Tania Vázquez, quien preside la Unión de Colonias de la Puerta Sur, organización que ha trabajado activamente para enfrentar los intereses inmobiliarios, lo puntualiza. 

“Desde el inicio de nuestra lucha por evitar el daño a las 60 hectáreas boscosas donde se pretende construir Santa Anita Hills decidimos no quedarnos solo con el apoyo que momentáneamente nos daba el municipio con la auditoría y sus resultados en la administración del alcalde Alberto Uribe. Después de algunos intentos logramos ser recibidos por secretaria Magdalena Ruiz, quien apoyó en diversas situaciones; meses después logramos que el gobernador nos recibiera y a partir de ahí hubo una serie de situaciones derrumbes en Condominio Santa Anita y un deslave en San Martín del Tajo,y un estudio de riesgos emitido por Imeplan cuando estaba Ricardo Gutiérrez Padilla a partir de las cuales la secretaria de Semadet tuvo la visión de que se podía proteger; coincidimos en esto y supimos qué hacer, con quién hablar e insistir para que el decreto ocurriera”, destaca.

Así, “se logra tener estudio justificativo que respalda el decreto y que tiene que salir como área de restauración ecológica ante circunstancias urgentes que acontecían en ese momento, pues el TAE [Tribunal de lo Administrativo del estado] había levantado la suspensión que dos años atrás nos había otorgado contra Santa Anita Hills; el bosque peligraba y había que salir urgentemente a proteger, fue así que el lunes 28 de enero se hacía público el Decreto del Cerro del Tajo que entre lo más importante para nosotros era que algo que inició por proteger de la no urbanización a 60 hectáreas terminó siendo de 1,684 ha”.

Ese decreto, admite Tania Vázquez, “está siendo impugnado, y nosotros como Unión de Colonias de la Puerta Sur, fuimos llamados por el gobierno del estado como terceros interesados en defenderlo. La sociedad debe llevar las luchas hasta este punto para intentar obligar a las autoridades hacer lo correcto. No sabemos qué ocurrirá, los juicios siguen su curso y las primeras impugnaciones se resolvieron a favor de preservar el bosque, pero aún faltan más amparos a resolver”.

No es para menos. “Los intereses inmobiliarios en una zona que te invita a vivir en el bosque destruyéndolo, son ciegos y sordos a las razones de por qué no se puede seguir urbanizando la zona de amortiguamiento del bosque La Primavera. Importante la unión entre la sociedad y académicos que amamos al bosque para que valoremos la importancia de tener un decreto como este y ver de qué forma apoyamos con acciones para defender el bosque de uno de los tantos peligros a los que se enfrenta”.

A juicio de la lideresa vecinal, lo que está en juego con la suerte del decreto de restauración será definitivo para las posibilidades de rescate de La Primavera, en las diez mil ha que se le cercenaron hace cuatro décadas.

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Claves 

Los datos duros 

La zona de recuperación ambiental cerro El Tajo, ubicada al sureste de La Primavera, se extiende sobre 1,684.03 hectáreas, de las cuales, 613 ha están urbanizadas y el resto es bosque (975 ha), zonas sin vegetación y áreas de pastos

Los dos ejes de la determinación del gobernador para este decreto son sus servicios ambientales, que deben ser recuperados, y sobre todo, el tema de riesgo, basado en dictámenes de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, y el estudio de riesgos del IIEG de Jalisco, que determinó que las pendientes y el tipo de suelos hacen peligroso mantener la urbanización

Los tres polígonos del área son el bosque natural (998 ha), Bugambilias (279.8 ha) y El Palomar (405.9 ha). 87.8% de Bugambilias y 88% de El Palomar ya están urbanizados

El Decreto “no se pronuncia respecto a la propiedad de los predios que se encuentran comprendidos en los polígonos de la zona, ni tiene la finalidad de imponer un derecho real sobre los mismos, materia de la Declaratoria, sino únicamente regula el uso que le deben dar los habitantes, propietarios, poseedores y visitantes a los predios que se encuentran en el área, a fin de que se conserven los servicios ambientales de la zona y se garantice el derecho a vivir en un ambiente sano para el desarrollo y el bienestar”

En su interior, sólo se pueden realizar “ 1) obras que garanticen la infiltración de agua proveniente de los arroyos y afluentes superficiales y protección de drenes naturales. 2) Acciones necesarias para asegurar el aporte de escorrentías a la cuenca correspondiente. 3) Obras de conservación de suelo y acciones de rehabilitación topográfica para evitar erosión. 4) Rehabilitación ambiental y reforestación con especies nativas. 5) Eliminación de fuentes de contaminación de suelo y agua. 6) Conservación de flora y fauna silvestre”

Fuentes: Estudio técnico justificativo y decreto de zona de recuperación ambiental Cerro El Tajo, 28 de enero de 2018, periódico oficial El estado de Jalisco



domingo, 22 de julio de 2018

“No podrá haber rescate ambiental sin la sociedad civil”



Sergio Graf Montero, experto y uno de los principales asesores del proyecto de intermunicipalidades en Jalisco, Chiapas y la península de Yucatán, señala el papel esencial de las ONG pese a la desconfianza del nuevo presidente

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Sergio Graf Montero encuentra un sano y realista acercamiento entre las organizaciones de la sociedad civil que por años han sido el eje de la creación y transformación de la política ambiental, incompleta e insuficiente, y el nuevo gobierno que presidirá a nivel federal Andrés Manuel López Obrador, que tiene en sus manos el destino de nada menos que uno de los diez países megadiversos del planeta.

“Lo que yo he visto es que prácticamente todas las organizaciones civiles importantes han tenido reuniones con el equipo del nuevo gobierno electo, y se ve; yo lo veo en sus discursos, una toma en cuenta a los planteamiento que les ha hecho la sociedad civil , y eso me da una buena esperanza, para la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) ha tenido un discurso construido basado en las propuestas de la sociedad civil, lo cual me parece alentador; lo que me preocupa es que eso no es suficiente, porque hemos tenido condiciones de entendimiento, de comprensión, en otros momentos, pero muchos de los problemas de deterioro de los recursos ambientales están en otros sectores, así que podemos tener a un sector ambiental que se echa para adelante (…) pero si no se articulan las políticas agropecuarias, en estos territorios, difícilmente se van a vencer estas condiciones de deterioro”, explica el ganador en categoría individual del Premio al Mérito Ecológico 2018, en entrevista con MILENIO JALISCO.

“Los problemas en áreas naturales protegidas se podrían resolver con una asignación adecuada de gasto; si todas las dependencias del gobierno federal establecen indicadores para asegurar revertir las condiciones de deterioro del capital natural, que se considera como un valor público esencial , ya no tendrían que estar haciendo una pelea entre sectores para poder resolverlo (…) hay tres factores que están generando una limitación para lograr un desarrollo sustentable: primero la inequidad y la pobreza, segundo, la pérdida de capital, de biodiversidad, y tres, el cambio climático; y si todas las secretarías , federales y estatales, establecen en sus programas de intervención objetivos, pensando en su función yo quiero producir más leche, yo quiero producir más carne, yo quiero producir más maíz, y sin abandonar sus objetivos, poner elementos de cómo se propone a través de eso revertir la marginación y pobreza, revertir la pérdida de biodiversidad, contribuir a la mitigación del cambio climático, para tener mejores condiciones de resiliencia, con esos tres objetivos se generan indicadores con los cuales las dependencias van a tener que trabajar y eso va a armonizar el trabajo en el territorio y alineará todo…”.

En campaña, el candidato ganador, Andrés Manuel López Obrador, fue escéptico y crítico respecto al papel de las organizaciones de la sociedad civil, ¿te imaginas el sector ambiental sin su participación?

- No se puede, y no va a suceder; lo que he oído de la maestra Josefa (González Blanco Ortiz Mena), la titular propuesta por el nuevo gobierno para Semarnat, es lo contrario: fortalecer la relación con la sociedad civil, con las organizaciones conservacionistas, con las propias comunidades organizadas; la clave es saber cómo instrumentas esa articulación, por ejemplo, una cosa es articular un esquema colaborativo de diferentes actores, en diferentes escalas, y si tu quieres intervenir para fortalecer la cultura silvicomunitaria y desarrollo forestal, tienes que fortalecer la gobernanza de las comunidades para poder manejar mejor sus recursos , a nivel comunitario tienes que tener acciones de fortalecimiento de la organización, de desarrollo de las capacidades para poder administrar sus recursos naturales, pero en un esquema más grande, un esquema colaborativos entre comunidades, para tener escalas suficientemente grandes, comerciales, que te permitan competir con una empresa forestal, en el mercado, usando de manera coherente los recursos, y para hacer eso, no se trata de transferirle dinero a la gente, así no se genera desarrollo porque no hay continuidad, las comunidades exitosas tienen un historial de continuidad, de acompañamiento técnico, en alianza con el gobierno, productores y gente de la sociedad civil.

De este modo, “un eslabón importante cuando tienes un gobierno con pocas capacidades operativas, por ejemplo, ya no tienes dinero para contratar al personal de campo que va acompañando a las comunidades, lo que tienes que hacer es ver cómo haces alianza con otros actores que tienen esos mismos objetivos; y esos actores no son lo prestadores de servicios técnicos profesionales, que tienen una función específica de dar una asistencia técnica, pero el acompañamiento lo tienes que hacer personas de la sociedad civil, que persiguen un interés público; son las únicas entidades privadas de interés social, sobre todos porque son fiscalizadas y donatarias, y si tú como gobierno haces un esquema, te alías con ellos, y les transfieres recursos , que no es burocracia, es subsidio, para que te ayuden en el acompañamiento, puedes tener una continuidad en el proceso organizativo de las comunidades, y entonces el subsidio puede tener un impacto positivo”.

- El caso que se ensayó en Jalisco con las intermunicipalidades y los proyectos de REDD+, ¿serían ese precedente de colaboración entre instituciones y trabajo conjunto con sociedad civil?

- Es un gran logro lo de Jalisco: yo no lo he visto en algún otro lugar del país, donde los instrumentos agropecuario, para poder ser aplicados , el propietario tiene que demostrar que tiene además un instrumento forestal, porque si tu aumentas la productividad de un territorio a través de los sistemas silvopastoriles, te puede generar un nuevo motor de deforestación si no se tiene ese componente (…) ahora la Secretaría de Desarrollo Rural te pide como productor que tengas un instrumento forestal, ya sea un pago por servicios ambientales, una unidad de manejo silvestre con manejo con permiso de aprovechamiento de vida silvestre, un área voluntaria para la conservación debidamente monitoreada, o un programa de manejo forestal. Eso hace que ese ejido tenga actividades agropecuarias pero no destruya zonas forestales; la Seder empezó hace tres años y se lograron 17 proyectos, hoy hay más de 50. Está creciendo.

Todo esto es posible porque está un territorio definido al nivel de cuenca, hay municipios que se asocian, hay organizaciones de la sociedad civil reconocidas, hay una mesa donde se discute cómo aplicar las prioridades del gasto y hay esquemas burocráticos alineados para evitar que un subsidio traiga daño ambiental.

“Jalisco establece un precedente para el manejo del territorio que también estamos buscando en otros estados con alta deforestación; me parece que es una experiencia que se deberá profundizar y ampliar para que sea la respuesta que el país requiere”, sostiene el actual director del Instituto de Energías Renovables de la UdeG, y ex director de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán.

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CLAVES 

¿Qué es REDD+? 

Es el programa de Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación, ligado al desarrollo social. El eje del proyecto mundial para detener la destrucción de bosques y selvas en países pobres, propuesto por México en la cumbre de Cancún, en 2010

¿Por qué Jalisco fue programa piloto?

Porque durante la primera década del siglo tuvo la segunda tasa más alta de deforestación del país, sólo detrás de Chiapas, y porque contaba con la experiencia del manejo territorial intermunicipal de la Junta de Medio Ambiente del Río Ayuquila, proyecto generado desde la reserva de Manantlán.

sábado, 21 de julio de 2018

El sector ambiental “no aguanta más recortes”


El experto en áreas protegidas y bosques destaca la importancia de ver la conservación y restauración de los ecosistemas como eje del combate a la pobreza rural.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

En México hay problemas de pobreza y de violencia; desempleo, crisis de ingreso en los hogares, crecimiento insuficiente en las cifras macroeconómicas, y formidables desafíos a la calidad de vida del ciudadano promedio en temas como educación y salud. Pero vale la pena la muy libre paráfrasis del primer verso de La Teogonía, de Hesíodo: en el principio, todo fue ambiental.

- Dicho al revés, ¿podemos insistir en que no puede haber ideas de conservación del patrimonio natural si esto no se inserta en la economía?, es decir, que esto es también un problema económico. -

Es un problema económico, y social, pero hay que entender que se trata en principio de un problema ambiental.

Quien señala esta fórmula concisa y contundente es el Premio al Mérito Ecológico 2018, categoría individual, recién otorgado por el gobierno de la república: el tapatío Sergio Graf Montero, un técnico y consultor ambiental con carrera en el servicio público que se alarga por más de 30 años, desde finales de los años ochenta, cuando se incorporó al proyecto Manantlán, junto con otro grupo de académicos y extensionistas ligados a la Universidad de Guadalajara.

Manantlán es, desde entonces, una de las 25 reservas de la biosfera mexicanas incorporadas a la primera generación de El hombre y la biosfera, de la Unesco. El territorio de alta diversidad biológica enclavado en Jalisco y Colima, ha sido también un escenario de experimentación social y política con el eje de los recursos naturales. Allí se incubó, en los años de Graf como primer director formal del área natural protegida, el modelo de manejo de territorio a través de intermunicipalidades. La Junta Intermunicipal del Río Ayuquila es el modelo más acabado de esa idea. También ha sido campo de investigación sobre manejo ecológico de largo plazo, sobre manejo de fuego, sobre la evolución de especies tan valiosas como el jaguar y los maíces silvestres, y teatro de los ensayos más audaces de coparticipación entre habitantes y gobierno para hacer confluir los procesos de conservación con la anhelada agenda del desarrollo social, especialmente en el caso de los pueblos indígenas nahuas del parteaguas de la sierra que se asoma hacia la costa del Pacífico.

La clave, dice Graf Montero a MILENIO JALISCO, es “darle valor” a los bienes naturales. Que su pérdida o deterioro le cueste al responsable: que se tase lo que significa, en el corto y el largo plazo, que un pueblo o ciudad pierda sus fuentes de agua por deforestación o contaminación, que padezca inundaciones y aludes por los malos manejos de la cuenca alta, que sus campesinos deban invertir más en “paquete tecnológico” para control de plagas y manejo de fertilidad y acidez de suelos, es decir, que no se quede en una “tragedia de los comunes” la degradación de los servicios ambientales cuando ello acarrea caos climático, enfermedades oportunistas, aumento de temperaturas, y los paliativos: más gastos en atención médica y mayor consumo de energía para lograr climas confortables en las edificaciones.

“Si no le das valor al bosque, no podemos hablar de desarrollo rural. Y valor puede ser transferencia de recursos, para suplir los costos incrementales de su manejo sustentable, que tienen que ser transferidos a través de impuestos u otros instrumentos económicos que ayuden a internalizar lo que da la naturaleza a la economía, y en contraparte, los costos de afectarla desde afuera, como es la contaminación provocada por las actividades económicas”. Por eso, admite, la economía de la ciudad debe estar ligada al desarrollo en el campo.

“Imagina Guadalajara sin que se piense en la cuenca del río verde, la cuenca de Calderón, la cuenca del río Zula, la cuenca del Lerma y las cuencas directas del lago de Chapala; si los ignoramos, estamos un poquito equivocados […] yo insisto en que si hay algo que en Jalisco requiera de una continuidad para consolidarse, es este esquema de fortalecer el manejo del territorio a través de la asociación de los municipios para resolver problemas regionales, colaborativos con otras regiones, para mi ese es uno de los activos heredados de esta administración que hay que consolidar y mejorar”, sostiene.

Un sector enflaquecido

El gobierno de Enrique Peña Nieto demuestra una “esquizofrenia” típica en el tema ambiental: triplica la superficie de las áreas naturales protegidas, pero reduce a la mínima expresión al personal de atención a esas reservas que guardan el patrimonio natural del país. Plantea potenciar al sector forestal, que apenas aporta 0,5 por ciento del producto interno bruto cuando este país tiene más bosques y selvas que potencias mundiales en el sector como Chile, Finlandia y Alemania, pero castiga a la Comisión Nacional Forestal con una pérdida de casi la mitad del personal de campo, y una reducción de subsidios que rebasa 60 por ciento. Lucha mediáticamente por salvar especies como la vaquita marina, el jaguar, el lobo y el oso negro, pero elimina casi completamente el subsidio a las unidades de manejo de vida silvestre (Umas). El botón de muestra: la Uma más antigua del occidente de México para rescate de jaguar, la de Bioto o Santa Cruz del Tuito, en Cabo Corrientes, ha debido cerrar por falta de apoyos.

Graf Montero coincide con la idea de su maestra Julia Carabias Lillo, cofundadora de las instituciones ambientales sobre las que aún vive el país: “el sector ambiental no aguanta más recortes”.

Abunda en el tema: “existen muchas posibilidades, por ejemplo, de fortalecer el esquema de desarrollo comunitario en los bosques a una escala importante, pero para eso necesitas recursos, y con 60 por ciento menos está en chino, si le recortan un poco más, desaparece. Yo creo que sí se pasaron, y aunque fueron varios años, particularmente en 2017 fue un recorte terrible; antes hubo recorte pero de la estructura, y a ese como quiera tienes que adaptarte, a nivel regional, tienes que ver cómo colaboras con otros, pero ahora ya no le puedes recortar más, ya le cortaste un chorro, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) le tienen que contratar más gente, no para las oficinas, sino para las áreas protegidas; porque el dinero que necesita la Conanp para el desarrollo lo tienen las otras dependencias, y lo que necesitas es alienar las políticas en el territorio, pero necesitas a un articulador adentro, reconocer que el director del área protegida es tu articulador de políticas públicas, agropecuarias, urbanas, forestales, de turismo, y entonces sí, dotarlo de capacidades para que pueda actuar bajo una relación colaborativa, de coordinación entre las diferentes dependencias, y bajo los objetivos del área protegida, que es mantener la biodiversidad con un esquema de desarrollo local para las poblaciones…”.

Y esto “no lo puedes hacer con una sola persona, necesitas ensamblar, necesitas un equipo interdisciplinario que esté trabajando allá adentro”.

Los ejidos y comunidades tienen potencial, pero “se les recortaron recursos económicos importantes, y no podemos pensar que se van a convertir en empresas si no reciben un acompañamiento técnico, además de la inversión, y que debe ser de largo plazo”.

El otro elemento esencial es el Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA), “que incide en todo el territorio nacional, por zonas, pero que tiene un efecto relacionado con la Conanp, o sea, entre 30 y 40 por ciento de la inversión del PSA histórico ha sido a ejidos y comunidades adentro de áreas protegidas, porque en las áreas naturales protegidas están impuestas condiciones sobre el uso de sus recurso, ligado a un interés público, sobre todo en las zonas núcleo, pero también en las zonas de amortiguamiento, y el PSA era una medida de compensación que permitía organización, un proceso de colaboración, al interior de estos ejidos por parte de la dirección de la reserva”.

El presupuesto de la Conafor por el PSA -lo dice quien fue coordinación de Producción y Productividad del organismo entre 2009 y 2014- “presentó una disminución de 300 millones de pesos anuales, y si tomas en cuenta que en esas áreas protegidas hay 1,600 ejidos y comunidades, 95 por ciento de ellos viviendo en condiciones de marginación y pobreza, le estás quitando una fuente de ingreso fundamental, y estás generando un problema de pérdida de gobernanza y confiabilidad, de un territorio donde lo que vas a enfrentar es demanda, porque hay restricciones pero no beneficios para la gente; en ese sentido yo creo que nadie le calculó al asunto, a la mejor la Conanap tuvo menos impacto, fue 22 por ciento, pero a Conafor le tumbaron 60 por ciento, y no parece que lo hayan peleado, me parece muy raro que no haya habido una intervención en una decisión tan dramática, sin haber hecho un cálculo de lo que esperarían”.

- ¿Qué esperarías del nuevo gobierno?

- Mi esperanza es que el nuevo gobierno identifique estos valores, que son importantes, asegurar la conservación de este 17 por ciento del territorio nacional, a través de las áreas naturales protegidas, y asegurar la conservación de la biodiversidad en general de los bosques, selvas y matorrales en todo el territorio nacional […] constituye un valor lo suficientemente alto, cuando además viven en este territorio tenemos una población en condiciones de marginación y pobreza, importante.

- Incluso, se le podría vender sin problema al gobierno de López Obrador como un programa de combate a la pobreza, por sus causas, ¿no crees?

- Exacto, y si eso no es importante, no sé qué sea importante. La otra cosa es que trabajar en estos territorios asegura la producción de los servicios ambientales que requieren las ciudades y la economía; bajo esa premisa, que sea considerado como un valor público esencial, combatir los problemas que te generan la pérdida de capacidad de los ecosistemas, a proveer servicios ambientales para la sociedad; como es la cuestión del agua. Tenemos entonces dos vertientes que justifican más presupuesto y trabajo: asegurar la captación de agua en territorios importantes del el país, y el combate a la marginación y pobreza, en esos territorios…


viernes, 20 de julio de 2018

Pueblos interponen dos amparos más contra decreto del río Santiago


Reclaman desprotección del agua como derecho humano, su contaminación y la amenaza al sustento de una economía agropecuaria propia de Los Altos.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Pobladores de Temacapulín, Juanacatlán y El Salto, junto con las organizaciones sociales que los asesoran, interpusieron el pasado 18 de julio dos amparos colectivos ante los juzgados de distrito del Tercer Circuito Judicial con sede en Guadalajara, “en contra del decreto de reserva de aguas de la Subregión Hidrológica río Santiago que forma parte de la Región Hidrológica Número 12 Lerma-Santiago y comprende parte de los estados de Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, Durango, Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí”, informó esta mañana el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec).

Este decreto afectará a 33 cuencas hidrológicas: río San Pedro, Presa Calles, presa El Niágara, presa El Cuarenta, río de Lagos, presa Ajojucar, río Grande, río Encarnación, río Aguascalientes, río San Miguel, río Del Valle, río Verde 1, río Verde 2, río Palomas, presa El Chique, río Juchipila 1, río Juchipila 2, río Santiago1, río Santiago 2, río Santiago 3, río Santiago 4, río Santiago 5, río Santiago 6, presa Santa Rosa, río Tepetongo, río Tlaltenango, arroyo Lobatos, río Bolaños 1, río Bolaños 2, río San Juan, río Atengo, río Jesús María y río Huaynamota. 

“El primer Amparo fue interpuesto por la Asociación Civil Salvemos Temaca y los pobladores de Temacapulín, quienes impugnaron el Decreto argumentando fundamentalmente que la cuenca del río Verde forma parte de la Subregión Hidrológica del Río Santiago, debido a la disputa que existe actualmente por el agua en el río Verde entre el estado de Jalisco y Guanajuato y las irregularidades y violación de derechos humanos provocados por la construcción de la Presa El Zapotillo - Acueducto Zapotillo León, esta cuenca enfrenta graves conflictos socioambientales que por el levantamiento de los 5 decretos de veda y la aprobación del decreto de reserva en la Subregión Hidrológica del Río Santiago, provocará la agudización del conflicto social entre los usuarios de la cuenca al liberar agua que estaba totalmente protegida y abrirla a nuevas concesiones, fortaleciendo a las constructoras del Zapotillo y poniendo en mayor riesgo el derecho al agua, a la alimentación y al medio ambiente sano de las poblaciones campesinas y productoras que habitamos y vivimos del agua del río Verde en la región de los Altos de Jalisco”, explica.

La cuenca, añade, “es deficitaria, estudiada de manera incompleta e incorrecta por la Conagua (Comisión Nacional del Agua), por lo que los decretos de reserva facilitarán la entrega del agua a la industria automotriz, inmobiliaria, minera y de agro exportación, que nos está quitando buena parte del agua que necesitamos para el desarrollo de los pueblos campesinos y productores de la región”.

El segundo Amparo fue interpuesto por la Asociación Civil Instituto Vida y pobladores de Juanacatlán y El Salto, impugnando bajo las siguientes premisas: “con la aprobación del decreto de reserva de aguas superficiales en la Subregión Hidrológica del Río Santiago y la supresión de las cinco vedas que restringían el uso del agua, se pondrá en mayor riesgo la calidad del agua, la degradación de los ecosistemas y el derecho a la salud de las personas que habitamos en los márgenes de unos de los río más contaminados del país, catástrofe ambiental que está enfermando y matando a los habitantes de Juanacatlán y El Salto”.

Si con los decretos de veda vigentes, la Conagua “no cumplió con su obligación de inspeccionar, monitorear, sancionar y sanear de manera integral el Río Santiago, menos lo hará con el presente Decreto de Reserva que abre la puerta a otros usos del agua y a mayores concesiones, que agravarán la calidad y la disponibilidad de la cuenca de un río contaminado, sobreexplotado y sobreconcesionado”.

En ambos amparos, “se impugnó el decreto por las graves inconsistencias del Estudio Técnico que justificó el levantamiento de los cinco decretos de veda en la Subregión Hidrológica del Río Santiago, y porque permite el otorgamiento de concesiones al primero que lo solicite a la Conagua, violentando con ello los principios del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (calidad, disponibilidad, cantidad, asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, no discriminación, acceso a la justica, participación e información), así como el principio de equidad y uso sustentable de agua. Por lo tanto, los Amparos piden la suspensión del Decreto que conllevaría a que el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) suspenda el otorgamiento de títulos de concesión”.

El pasado 5 de junio de 2018, el presidente Enrique Peña Nieto en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con el apoyo de la organización internacional conservacionista Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), “eliminó en un solo acto más de 30 Decretos de Veda que restringían el uso del agua de casi 300 cuencas en México, aprobando diez Decretos de Reservas de Aguas que liberan agua que estaba protegida y con ello abrió la oportunidad de ofertarla a través de concesiones que beneficiarán a empresas nacionales y trasnacionales que disputan el agua en estas cuencas, avanzando así con la política de privatización del agua en el país”, aseguran los quejosos.

De estos diez decretos, tres afectarán en el estado de Jalisco: la Región Hidrológica 14 Ameca, 15 Costa de Jalisco y 12 Lerma-Santiago.

Chapala recibe 27 millones de metros cúbicos al día


Los cuerpos de agua de Jalisco y de toda la zona del Lerma presentan más volúmenes que hace un año

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Ayer, el lago de Chapala alcanzó el primer mes de recuperación en el presente ciclo tras llegar a su nivel mínimo del año el 18 de junio pasado, a un ritmo diario de ascenso de 27 millones de metros cúbicos, para acercarse a 850 millones de m³, agua equivalente a 4.5 años de la extracción de Guadalajara.

De este modo, se ha movido de la cota 94.32 a la 95.12, para una recuperación de 80 centímetros, según datos del organismo de cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Así, el embalse contiene alrededor de 4,870 millones de m³, dentro del rango de nivel medio. Si su comportamiento fuera regular, se podría esperar que en casi 90 días más pudiera recibir alrededor de 2,400 millones de m³ más, lo que llevaría sus existencias al máximo de la capacidad del cuerpo de agua de acuerdo a las cotas de la Conagua.

Pero es muy complicado que así sea: justamente con agosto se abre una temporada seca en medio de las lluvias, pero en ocasiones, esa baja precipitación es ampliamente compensada con el agua que acarrean los huracanes entre septiembre y octubre. Oficialmente, el temporal termina el 15 de octubre, aunque pueden prolongarse las lluvias más allá de esa fecha. A favor del optimismo, hay que mencionar que la cota mínima de 2018 es la más alta desde el año 2011, lo que significa que las condiciones en que el mayor lago natural del país recibe la temporada lluviosa son las mejores en siete años.

En general, las lluvias en Jalisco han sido copiosas. La estación de Huascato, en Degollado, es la que ha registrado más lluvia, con 624 milímetros acumulados entre el 1 de enero y el 16 de junio pasado. Le sigue la estación Colomos, de Guadalajara, con 594 mm; Yurécuaro, con 544 mm, y La Cuña, en Yahualica, con 496 mm.

Los embalses artificiales de la entidad presentan volúmenes mejores que el año previo. En general, hay 7 por ciento más agua almacenada que en 2017 a esta fecha. Y mientras Chapala está en 62 por ciento de su capacidad, las presas alteñas de La Pólvora, La Sauceda y El Cuarenta ya están desbordadas, mismo caso de Santa Rosa, sobre el río Santiago.

En cuanto a la cuenca Lerma, tributaria de Chapala, el almacenamiento de sus once principales cuerpos de agua es considerablemente mejor que un año atrás: 1,438.8 millones de m³ contra apenas 1,083.8 millones del 16 de junio de 2017. La diferencia en porcentajes de almacenamiento es de casi 18 puntos. En 2017 se registraba 50.9 por ciento de almacenamiento, ahora es de 68.7 por ciento.

De las once grandes presas, solamente dos están llenas: La Purísima y Tepuxtepec, pero la más grande de la región, Solís, tiene 506 millones de m3 con un llenado de 64.5 por ciento de almacenamiento que contrasta con 519 millones de m³ del año previo. Hay que señalar que a estas alturas del temporal, el sistema de presas no suele derramar agua porque el acuerdo de aguas superficiales señala que solamente eso ocurre cuando llegan al 100 por ciento de su nivel máximo ordinario (name). A partir de esa cota, se abren los vertedores y se debe derramar el agua, lo que repercute en nuevos ingresos de agua para Chapala.

Con base en ese dato, es posible sostener un optimismo al menos moderado para el mayor lago de México: ha recibido más de 25 millones de m³ por día de agua exclusivamente de su cuenca propia y de la parte baja del Lerma, y si se mantienen lluvias copiosas en su cuenca madre, podría aumentar esa cuota de agua a través del río, justo por esos excedentes de las presas.
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