lunes, 10 de febrero de 2014

Oriente de Guadalajara: las aguas que seguirán negras


Cerca de 2,800 litros por segundo se seguirán arrojando sin tratamiento al río Santiago por la falta de inversiones en colectores en las cuencas de Atemajac y El Ahogado.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

En 2014, la zona metropolitana de Guadalajara se mantiene como una de las grandes contaminadoras del agua en el país, con un saneamiento que alcanzó sólo 35 por ciento de sus residuos durante 2013, y que con la incorporación de la planta de tratamiento de Aguaprieta podría rebasar 70 por ciento, pero quedará lejos de la meta obligada desde hace tres lustros, de limpiar totalmente sus vertidos.

Así, contra el discurso oficial, es prematuro ir por las comunidades de agricultores y pescadores enclavadas en el río Santiago a anunciar la ansiada buena nueva tras cuatro décadas de daños severos. Resulta que los gobiernos anterior y presente han anunciado reiteradamente que la culminación de Aguaprieta, que ya está en fase de estabilización, es el final de la triste historia del río cloaca, del río muerto. Pero no.

Como “letra chiquita” de un contrato que a primera vista parece ventajoso, los documentos oficiales reconocen que el rezago de inversiones para redes de alcantarillado y colectores ocasionarán que no se limpie el agua de todo el oriente de la ciudad, lo que se suma a las carencias de infraestructuras no resueltas en el caso de la cuenca de El Ahogado, el sur de la urbe, y a los vertidos residuales de la zona norte de la ciudad, pues la urbanización de la cuenca del río Blanco ha rebasado ampliamente la capacidad modesta de la planta de tratamiento de la zona, de apenas 150 litros por segundo.

De este modo, cerca de 2,800 litros de aguas residuales por segundo, volumen generado por más de 1.3 millones de personas, mantendrán por un buen tiempo la mala calidad del Santiago, y pospondrán la posibilidad de que esa amplia cuenca del occidente del país sea finalmente rescatada.

No obstante, los ciudadanos de la zona metropolitana ya pagan el saneamiento que será parcial. De acuerdo con información del SIAPA, organismo operador de los servicios de agua y alcantarillado, el esquema tarifario ya cobra a partir del 1 de enero un monto de 2.90 pesos por cada metro cúbico contaminado por arriba de los seis mil litros mensuales (consultar en periódico oficial **El estado de Jalisco, 26 de diciembre de 2013). Además de que ese monto contrasta con el monto a pagar por m3 a la concesionaria de Aguaprieta, de 98 centavos, y la de El Ahogado, de un peso con 26 centavos por metro cúbico.

DETALLES

En Jalisco, “la contaminación del agua se origina principalmente por descargas residuales sin tratar de origen industrial, doméstico, comercial, agropecuario y de retorno agrícola. Además, hay otras fuentes de contaminación externas, como los tiraderos de basura a cielo abierto, rellenos sanitarios defectuosos, descargas ocasionales e indebidas de materias y sustancias químicas y petroquímicas, subproductos agropecuarios y escombro de construcción, que se hacen sin control en distintos sitios alrededor de la zona metropolitana y en la mayoría de las poblaciones del estado”, señalaba apenas en noviembre pasado el nuevo Plan Estatal de Desarrollo.

“Gran parte de los cuerpos de agua están contaminados, en mayor o menor medida. De acuerdo con la información generada por la Red Nacional de Monitoreo que opera la Comisión Nacional del Agua, las principales corrientes de Jalisco y del lago de Chapala muestran problemas importantes de contaminación, especialmente las zonas industriales: El Salto, la ZMG [zona metropolitana de Guadalajara], Lagos de Moreno en los Altos, y la zona tequilera en Tequila […] el río Santiago se encuentra muy contaminado en su tramo entre la hidroeléctrica Las Juntas y la Derivadora Corona; en varios kilómetros se considera río muerto, con una elevada carga de contaminantes peligrosos como mercurio y cadmio”.

Y hace referencia al bajo nivel de aguas residuales tratadas. “Hasta junio de 2013, se reporta que sólo 32.73 por ciento de las aguas residuales es tratado en Jalisco. Por mencionar un caso, el municipio de Guadalajara solamente trata 2.29 por ciento de sus aguas residuales, situación que ha permanecido así varios años”.

Los otros municipios metropolitanos están mejor: Zapopan pasó de 9.5 por ciento de sus aguas tratadas en 2011 a 21.57 por ciento; Tlaquepaque, de 0 a 51.24 por ciento (es el más beneficiado con la entrada en operación de la planta de El Ahogado); Tonalá, de 0 por ciento en 2009 a 20.42 por ciento en 2013.

La clave para que el impacto de las macroplantas de El Ahogado y Aguaprieta sea menor, es la falta de inversiones por 2,700 millones de pesos en colectores, redes de alcantarillado y el gran túnel-colector San Gaspar-Aguaprieta, de 10.5 kilómetros de longitud.

La memoria publicada a finales de la anterior administración sobre la planta de Aguaprieta (se puede leer en http://www.ceajalisco.gob.mx/publicaciones/pdf/agua_prieta.pdf) detallaba los pendientes: en el caso de Aguaprieta, se requería construir 23 colectores con una longitud de 49.75 kilómetros y una inversión estimada en 2012 de 699.3 millones de pesos; siete cárcamos que demandaban inversión de 101 millones de pesos, y el túnel interceptor San Gaspar-Atemajac, de 1,123.4 millones de pesos.

En el caso de la planta de El Ahogado, los pendientes eran ocho colectores de 39.72 kilómetros de longitud y una inversión de 694.2 millones de pesos, así como un cárcamo con una inversión de 30 millones de pesos.

No se alude, y apenas se ha estudiado, el caso de la cuenca de el río Blanco, en su momento pionera en el tratamiento de aguas urbanas. La planta data de 1993 y genera agua tratada de alta calidad que ya se reutiliza en algunos fraccionamientos residenciales de la ciudad. El problema es que en 20 años, esa zona de la urbe creció de forma desmedida, y como consecuencia, un alto volumen de aguas negras no recibe tratamiento.

La consecuencia es que la cascada Cola de Caballo, uno de los paisajes patrimoniales de la región conurbada, expulsa aguas malolientes y aporta su cuota, de este modo, para que el río Santiago se mantenga prácticamente muerto desde Juanacatlán hasta la presa Santa Rosa, entre Zapopan y Tequila. Hay contaminación para rato.

Claves

La suma de la Universidad de Guadalajara a la exigencia de información técnica y respeto a los derechos de los habitantes de Los Altos, fortalece al movimiento de los propios productores que se niegan a que las aguas de sus cuencas sean entregadas en perjuicio de su estilo de vida y su economía

Es una región de escasez desde siempre. La veda de aguas superficiales es del 22 de agosto de 1931, por tiempo indefinido, y fue ratificada y ampliada el 20 de agosto de 1947. En cuanto a las aguas subterráneas existe una veda del 12 de julio de 1987, que menciona como propósito central, “conservar o proteger a los acuíferos de sobreexplotación”

Además, el Programa Nacional Hídrico desde que existe la CNA (1989), se establece que la región alteña tiene acuíferos sobreexplotados y en fase de abatimiento, lo cual explica que no se otorguen nuevas concesiones para aprovechar las aguas

Los acuerdos el río Verde de 1995 y 1997, firmados por la CNA y los gobiernos de Jalisco y Guanajuato, distribuyen 15.6 m3 por segundo del río del siguiente modo: 9.6 m3 para Guadalajara, 3.8 m3 para León, 1.8 para ciudades alteñas y 0.4 m3 para ganaderos

lunes, 3 de febrero de 2014

Fraccionadores le cercenaron 6 mil ha al bosque La Primavera



Los posesionarios aseguran hoy estar comprometidos con la protección de un bosque cuyo decreto siempre vieron como “camisas de fuerza” para sus intereses económicos. En las fotos, aspectos del bosque. Abajo, un helicóptero vuela durante el megaincendio de 2012, en el cual, se especuló la mano de propietarios como causal (foto cortesía de José Luis Gámez Valdivia)

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

El papel a favor de la naturaleza de los pequeños propietarios y los ejidatarios, poseedores de casi 82 por ciento del bosque La Primavera, no resiste bien el examen de la historia de la protección de esta serranía contigua a Guadalajara: entre 1980 y el presente impidieron que se protegieran seis mil hectáreas de la floresta para realizar negocios inmobiliarios regulares e irregulares, pero pudieron ser muchas más.

“Tenemos conciencia de la importancia del bosque para la ciudad, lo vamos a proteger”, señalaron hace quince días dos de los dirigentes de ambas formas de tenencia de la tierra, Juan Diego Covarrubias -él mismo desarrollador inmobiliario- y Francisco Olmos, líder en la Unión de Ejidos y dirigente en el ejido de Jocotán, que ahora pugnan por coadministrar la zona. “Queremos acabar con ese paradigma de que ejidatarios y propietarios somos los peores enemigos del bosque […] queremos hacer un bosque certificado, para que realmente cada día pueda tener más beneficios, en cuanto al pago por servicios ambientales, proyectos sustentables, sostenibles, un plan de manejo real, zonificación real, queremos dejar definido ese polígono, para fortalecerlo”, dijeron en entrevista con este diario.

Pero la relación de los poseedores con el decreto no ha sido precisamente de amor. En los años setenta del siglo XX, cuando comenzaron las tentativas de mantener los ecosistemas, el lobby de propietarios -incluidas buena parte de las élites económicas de Guadalajara- se opuso de forma decidida ante los presidentes Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, pues, en palabras de su cabeza visible, el empresario Jorge Dipp Murad, “un bosque sólo se puede conservar como una casa, si se le habita”.

Dipp sustentaba un proyecto de desarrollo urbano ambicioso: Ciudad La Primavera, que significaba dotar de fincas campestres, campos de golf, aeropista y todo el lujo a quienes compraran allí, bajo el concepto de la cercanía de la ciudad, como se da en muchas zonas de bosque de Estados Unidos.

Muchos años, Jorge Dipp, junto con Cástulo Romero y sus herederos, fueron el frente opositor al decreto. Dipp presumía ser el principal benefactor del bosque, al haber cedido una propiedad de cinco mil hectáreas que forman el núcleo de la propiedad pública del busque, que alcanza hoy 5,736.37 ha (18.7 por ciento de la superficie hoy protegida). Lo que no decía el empresario de origen libanés es que ese terreno en donación fue en realidad un pago que debió hacer a la Secretaría de Hacienda por impuestos atrasados, y que el verdadero donador del terreno fue el presidente José López Portillo.



Ese proyecto fue afectado por el decreto. Pero entre quienes lograron salvar sus inversiones están Vicente Chalita, desarrollador de El Palomar, que con sólo una etapa abierta de su fraccionamiento, logró librar a todo el predio de bosque de su propiedad de ser incluido en el polígono protegido, a pretexto de que ya lo había registrado. Otros negocios salvados milagrosamente fueron las etapas no abiertas de los fraccionamientos Bugambilias, Pinar de la Venta, Rancho Contento, Los Gavilanes, Santa Anita, Bosques de Santa Anita, El Roble, y donde ahora se ubica los fraccionamientos Diana y Hacienda del Astillero. Del lado oriente del bosque, justo donde termina la avenida Mariano Otero, los cerros arbolados que coronan Bugambilias y El Palomar descienden a un valle donde los hermanos Gallo construyeron un autódromo y también evitaron ser afectados por el decreto. Hoy, asociados a la familia Leaño Reyes -otros famosos fraccionadores de la urbe- edifican el fraccionamiento Los Robles.

En el caso de la tenencia social, “en los años de 1950 a 1966 se confirman cuatro ampliaciones ejidales sin haber recibido resoluciones de ellas. En total son 13 los ejidos mencionados, con más de 2,644 beneficiarios dentro del bosque y en sus límites. En la década de los sesenta se inicia el establecimiento de fraccionamientos urbanos”, señala el documento de manejo vigente en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (ver documento en http://bosquelaprimavera.com/new_web/sitio/que_es/index.php?id=7).

Fue de esa tenencia de donde vino el golpe más reciente a la protección del bosque. Al norte de Los Robles, sobre el lindero oriente del polígono, está la “zona de exclusión”, la última victoria legal de los empresarios inmobiliarios: 552.29 hectáreas de bosque del ejido Santa Ana Tepetitlán que fueron excluidas de la zona protegida mediante el amparo 413/2001, confirmado en la revisión 465/2007. La zona es desde entonces objeto de invasiones con fraccionamientos irregulares, un asunto que no ha sabido frenar el Ayuntamiento de Zapopan, y que significa la transmisión ilegal de parcelas (el aparcelamiento de bosque está prohibido en la Ley Agraria) para la “siembra” de fincas por migrantes pobres.

Ese hecho no genera el menor pudor en las autoridades ejidales de ese núcleo agrario, que están sumadas a la impugnación del nuevo organismo público descentralizado… aunque voluntariamente se separaron del área natural protegida.

La construcción de la carretera Guadalajara-Nogales separó del bosque además la zona de El Tepopote, que aún hoy es un importante corredor de fauna aunque hay demanda de cambios de uso de suelo, pues no forma parte del área natural protegida. Incluso el club deportivo de la Universidad de Guadalajara está ubicado en esa área norte hasta donde se extendía el bosque antes de la apertura carretera.

Otra omisión notable en la protección fue el valle de El Bajío del Arenal, importante ecosistema cuya relación con la recarga del acuífero metropolitano ha sido documentada, lo que no impidió a connotados empresarios, entre los que descuellan Jorge Vergara Madrigal y Francisco Cornejo, a diversos instituciones de educación superior, y al propio gobierno estatal (bajo Emilio González Márquez) a realizar acciones de urbanización que además penetran en la floresta protegida.

Si se excluye a El Bajío, que no era parte de la propuesta de decreto que hizo la Universidad de Guadalajara con 33 instituciones de interés social al presidente de la república, en 1976, la superficie cercenada en más de tres décadas redujo a La Primavera de 36 mil hectáreas a las apenas 29,988 ha que ahora permanecen con decreto vigente de protección. Sin contar los ejercicios de “derecho de propiedad” que se dan al interior del polígono, donde grandes fincas son edificadas de forma cotidiana en terrenos privados y sociales. Además de Santa Ana Tepetitlán y algunas propiedades particulares, los casos más notables de invasión hormigas se dan en los ejidos El Colli, La Primavera, La Venta del Astillero, Emiliano Zapata, Huaxtla y San Agustín.

Y si bien la historia no ayuda, el asesor de los ejidos, Martín de la Rosa Campos, ex empleado de la CONANP, asegura que propietarios y ejidatarios han decidido dejar atrás ese lastre. “No se van a ir contra el decreto no quieren hacer fraccionamientos; lo que piden es el legítimo derecho de participar en la toma de decisiones sobre el futuro de sus propios bienes”.

------------------------------------------------------

Antecedentes

En 1934, se declaró como zona de protección forestal un área de aproximadamente 10,000 km2 que bordeaban a Guadalajara, incluido el bosque La Primavera

En 1963, la Comisión Forestal del Estado de Jalisco establece una coordinación para la elaboración de un proyecto para la creación de un “parque estatal” en La Primavera. El 26 de diciembre de 1970 se consideró al Bosque de la Primavera, por el Gobierno del Estado de Jalisco, como de utilidad pública y uso turístico

El 14 de octubre de 1972 se decretó el bosque La Primavera como reserva urbana por el gobernador del estado de Jalisco

El 6 de marzo de 1980, por mandato del presidente José López Portillo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que por causa de utilidad pública se establecía como zona de protección Forestal y Refugio de la Fauna Silvestre la región conocida como La Primavera dentro de una superficie aproximada de 30,500 has en los municipios de Tala, Arenal, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga

El 25 de septiembre de 1980 se solicitó la derogación de los decretos estatales que declaraban a la zona como área turística y de reserva urbana. En este mismo año el Gobierno del Estado de Jalisco adquirió, mediante contrato de donación, 5,290 has ubicadas al poniente del bosque, viejo predio de Jorge Dipp que entregó en pago de impuestos al gobierno federal

El 7 de diciembre de 1995, se llevó a cabo el primer acuerdo de coordinación entre la Secretaria de Medio Ambiente federal y el gobierno del estado de Jalisco, con el objeto de transferir a este último la administración de la zona

El 7 de junio de 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación al recategorización de La Primavera como área de protección de flora y fauna

12 de octubre de 2013, comienza la vida del organismo público descentralizado Bosque La Primavera, controvertido por los propietarios con al menos trece juicios de amparo

Fuente: Programa de manejo del bosque La Primavera, 2000
Entradas más recientes Entradas antiguas Página principal