viernes, 21 de septiembre de 2018

MAMÁ AC, tres décadas de pesca entre niños de la calle


Una institución surgida al calor de las preocupaciones del mairo Rogelio Padilla, y que se ha especializado en los “casos difíciles” de esa zona de guerra que es la calle

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Dice la teología cristiana que la vida de algunos humanos, inmersos en grandes crisis, puede presentar momentos excepcionales en que se manifiesta una verdad superior, con la clarividencia de un axioma matemático: incontrovertible, diáfano y fundamental. El pensamiento antiguo le llamaba “epifanía”, una especie de iluminación divina que va del “toma y lee” de las confesiones agustinianas a la ceguera y la caída del caballo paulino en el camino a Damasco. Su impacto emocional es tan poderoso, que tiene efectos duraderos sobre el resto de la trayectoria terrenal del sujeto de tan extrema experiencia.

Sea o no cierto, al mairo Rafael Marcelino Espinoza Martínez, de 43 años, el encuentro le ocurrió en dos ocasiones: la primera, no pasaba diez años de edad, y su estado físico era lamentable por la fuerte adicción a las drogas con que lidiaba en las calles contiguas a la Vieja Central Camionera, por donde deambulaba desde los cinco años, lejos de su natal Zamora y de cualquier cosa parecida a un hogar. “Ese muchacho no va a pasar de los 12 años”, escuchó a unos parroquianos. Nunca olvidó esa anticipada sentencia de muerte. A los 21 años ya había superado el término fatal, había logrado estudiar y abrirse paso en la vida gracias a su mairo Rogelio Padilla y su singular organización, MAMÁ AC (Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados), que hoy festeja 30 años de vida, con la ausencia física de su fundador. Pero Rafa no había abandonado completamente los enervantes: entonces se enteró de que sería padre, y la cura fue total. “No quería ser para mi hijo lo que había sido mi padre para mí, que había tenido siempre problemas con alcohol”, reflexionó.

Ahora tiene ya más de media vida “limpio” y regresó a Mamá AC; su conocimiento de los fallidos “paraísos artificiales” le es muy valioso cuando trabaja por las calles buscando los casos difíciles, esos niños que se refugian en la evasión psicotrópica de las miserias de la existencia, como le sucedió en su azarosa infancia. “Ya sé qué efecto les pasa, cuánto tiempo durarán en euforia, cuánto bajarán de peso y de qué modo pasarán la desesperación de la abstinencia”. La calle es peligrosa, los niños son desconfiados, los grupos criminales siempre están al acecho, y la policía se convierte en otro enemigo latente. En esas aguas revueltas y turbias, el mairo Rafa, un viejo superviviente, buscar pescar futuros hombres y mujeres.


LA CLAVE ES EL ESTUDIO 

Susana López Paredes, de apenas 19 años, llegó hace nueve, y la institución la rescató de la postración en que quedó su familia tras la separación de sus padres. “Vivíamos con mi mamá, y después fue que mis papás se separaron, como a los diez años, yo por ser mayor tenía que cuidar de todos mis hermanos, porque mi mamá se iba a trabajar […] yo estaba en cuarto de primaria, cuando nos dejaba solas, y tuve que apoyar de ese modo, así de pequeña”. En la ansiedad de no poder cubrir las responsabilidades, su madre logró ubicar a algunos de los menores en una casa hogar. Al año, Susana y una hermana llegaron a MAMÁ AC. Ella se quedó. Y aunque sus padres no regresaron como pareja, las cuatro hijas y el hijo se han podido “normalizar” más allá de los conflictos de la pareja desavenida. Ella vive con su abuela paterna y su padre, pero ve con frecuencia a su madre.

Ha podido superar los rencores de no tener una infancia “normal”. “Al principio mi problema era con mi mamá, oye, no me dejes con toda la responsabilidad, pero también con mi papá, porque por él fue que estuvimos en esta situación; hasta hay veces en que la familia de mi papá le tiene todavía rencor a mi mamá porque nos haya metido a esta institución; pero yo le digo a mi mamá que estoy orgullosa que nos haya metido aquí, gracias a ello estoy estudiado una carrera, no sé qué estuviera haciendo si no hubiera pasado por acá. La verdad le echo ganas, agradeciendo que siguen pagando mis estudios, para tener buenas calificaciones. MAMÁ me da de una beca cada semana y ya con eso pago lo de los camiones, la comida y otros gastos que tenga yo, que comprar un libro o un marcador…”.

Más pequeña es Elisa Real Torres, una niña de 14 años que es reconocida por maestros y mairos por su alta responsabilidad como estudiante, pero sobre todo, por la bondad y el sentido de sacrificio hacia sus semejantes. Es un espécimen rara avis en las sociedades individualistas y divididas, y por ende, altamente apreciado: ostenta esa virtud antigua, mezcla de generosidad y caridad, a la que hoy se le llama “empatía”.

Pequeña de pocas palabras, de mirada límpida e ingenua. Reconoce sin dejo de envidia que su hermana menor es más buena que ella en matemáticas, pero Elisa no se rinde. Tiene tres hermanos. Su casa está en el barrio de San Juan de Dios, donde a veces ni se asoman a la calle, pues el ambiente “es un poco peligroso”. Allí ayuda a la abuela que también vive con la familia. Su mamá trabaja en una fábrica y su papá en una cancha de futbol. Poco se ven, pero se considera afortunada de tenerlos.

Elisa será, cuando crezca, una gran estilista… y una médico veterinaria. “Es que me gusta peinar, arreglar el cabello”, se justifica. Sabe que deberá estudiar más años para lograr ambas metas. No se ve ni poco ansiosa por ello. También cultiva de forma natural la mansedumbre.

LOS RIESGOS DE LA FILANTROPÍA 

Mamá AC es una de las organizaciones más excepcionales de Guadalajara si de filantropía (“amor por la humanidad”, en buena etimología) hablamos.

Quien la preside es la hija del fundador, mairo Rogelio. Y Libertad Padilla, también tuvo su epifanía, temprano, a los seis años, pero a contrapelo de la tradición religiosa imperante. Su incorregible padre tenía a un grupo de niños de la calle en casa, la Nochebuena de hace 27 años. La niña recibió sus regalos del mítico Santa Clós. “Yo dije: ah, como son niños malos no les trajo nada a ellos Santa Clós, y quería que se fueran; mi papá me escuchó y tuvo que decirme…”. Resulta que no era cosa de Santa Clós ni el Niñito Dios; que esos chamacos no tenían juguetes sencillamente porque, o no tenían padres, o estos eran tan pobres que además de no darles regalos, los hacían trabajar.

Libertad descubrió temprano que la fe ingenua a veces es un camino para justificar la diferencia social como natural y para pretender que si tienes más es porque Dios te elige. Desde el punto de vista de los miserables, esto tendría que generar una reacción casi antiteológica: ¿Quién escoge su cuna? ¿Por qué a los que menos tienen menos les das?, podrían clamar contra el presunto Dios injusto, con los tintes sombríos de Eclesiastés o de Job. Pero tal vez los niños pobres y callejeros no tienen el tiempo y sin duda, tampoco las herramientas, para esa rebelión. Por eso, Mamá AC considera dos ejes centrales en su rescate son, por un lado, la alimentación y salud, y por el otro, la educación, como base del pensamiento, que siempre es cívico, es decir, va hacia la sociedad, y siempre es crítico, si de verdad se ejerce.

“Por eso esto es un tema también de política”, sostiene, pues se trata de incidir en una estructura donde los pobres reproducen por generaciones un sistema que los mantiene hundidos en el sótano social.

Los resultados de MAMA AC están a la vista. El gran carisma de su fundador lo mantuvo siempre en el cristal, y la organización ha salido avante del entorno de desconfianza que ahora impera. Son tan pocos los mexicanos que hacen filantropía, sobre todo en el caso de infantes, que algo malo deben tener, dice el espíritu de la época. Eso se traduce en una legislación compleja y marañas burocráticas que ahogan a muchos esfuerzos. Libertad toma el reto: la clave es la transparencia, la relación cercana con los donantes, el esfuerzo de los “padrinos” para que cada caso salga adelante. No es poca cosa cinco mil egresados. No es poca cosa reconocer fracasos –al fin de cuentas, el riesgo es inherente a cada trayectoria humana- pero resaltar los casos exitosos: niños de la calle que hoy ejercen profesiones; niños de la calle que hoy son excelentes artesanos; niños de la calle que hoy ejercen oficios variados, de plomero a electricista; niños de la calle que se mantienen del comercio honrado. Y sobre todo, niños de la calle que saben que la compasión se ejerce sin desdoro.

Hoy, en la antigua “Casa de Caridad y Misericordia” que es el Hospicio Cabañas - institución nacida de otro momento crítico de hambrunas y exclusión en la historia de Guadalajara, por la mano de un obispo católico cuya herencia también ha sido complicada de digerir-, Mamá AC tendrá un banquete donde se encuentran de frente los más desfavorecidos con algunos privilegiados que aceptan ceder algo más que migajas de su relativa opulencia.

Es el banquete donde se enmienda al rico que no quiso recibir al buen Lázaro. Donde el hijo pródigo de la miseria regresa, y el hijo pródigo de la riqueza trata de aumentar el tamaño del ojal. 30 años después, con el dolor por el buen Rogelio que se fue, un duelo que ante la urgencia de seguir su obra, Libertad no ha tenido ni tiempo de afrontar.

NUMERALIA 

*30 años de la Fundación de MAMÁ AC

*5000 egresados de las aulas en ese tiempo

*150 alumnos activos de primaria y secundaria

*1800 pesos mensuales, el costo de cada alumno

*39 empleados entre maestros, "mairos" (tutores) y administrativos

jueves, 20 de septiembre de 2018

Más de 2,500 ha siniestradas por las inundaciones en Zula y Lerma


Los productores reclaman pérdidas que podrían superar 60 millones de pesos, y que son más graves porque se acumulan tres años de desastres.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los campesinos de los municipios de Tototlán, Ocotlán y La Barca, están desesperados, pues se repite su historia de los últimos dos años: en esta ocasión, casi 2,500 hectáreas de siembras se habrían perdido por la negativa de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de operar las compuertas de Cuitzeo y sobre el río Lerma, lo que provoca que los ríos Lerma, Zula y sus afluentes, se desborden sobre los llanos contiguos donde despuntan los maizales.

Las pérdidas estimadas por la inversión que realizaron ronda 62.5 millones de pesos, a razón de 25 mil pesos por hectárea (ha), aseguran los afectados, aunque se le pretende asignar de 12 mil a 15 mil pesos por ha, lo que de cualquier modo hace un daño global superior a 35 millones de pesos.

Luis Arturo Acuña, vocero de los quejosos, dijo a MILENIO JALISCO que es un desastre que se repite porque no ha habido sensibilidad en el tema por parte de los responsables de la operación del agua en la región, donde suele llover copiosamente en el temporal. Los quejosos se entrevistaron en días pasados con personal de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, y recibieron promesas de apoyo, pero no han recibido ni siquiera noticias.

“Hace tres semanas hubo inundaciones severas, pero en los últimos días hubo otras que aumentaron lo siniestrado, calculamos que en Tototlán anda por 1,800 ha mientras que en la zona de La Barca hay por lo menos 600 ha según nos lo dicen los propios productores; y no quieren que les rescaten la vida, pero si al menos recuperar lo invertido, que ronda 25 mil pesos por ha; soportar ya dos años de quebrantos es muy complicado para su economía”, explicó.

Algunas de las localidades afectadas son el ejido de Tototlán, Carrozas, San Ramón, La Tiricia, Las Heras, Zula, El Dique, en el municipio de Tototlán; mientras en La Barca hay más ranchos como San Ramón, Loreto, Zalamea, San Antonio de Rivas, Gobernador, Guadalupe Lerma.



Los afectados no solamente reclaman el pago de los daños, dado que la causa es la mala operación del sistema agua; exigen que se establezca una norma técnica para resolver las grandes avenidas que se dan entre mayo y octubre, como efecto del temporal y de la temporada de huracanes. Y que se dé una solución de fondo al problema de la baja capacidad de conducción de los ríos de la zona, pues esa es la causa última de este problema que ya en el pasado ha generado que la región sea declarada zona de desastre (caso del año 2004).

La región Ciénega, donde ocurren estos hechos, es una de las más productivas de Jalisco en términos agropecuarios, pero no se ha podido resolver la problemática de anegamiento, según los campesinos, porque ni el gobierno del estado ni el federal están dispuestos a invertir hasta 400 millones de pesos para reencauzar y desazolvar el río Zula; caso similar a lo que sucede en el río Santiago, donde después de una alta demanda de agua en el canal de Atequiza por la sed en secas de Guadalajara, la zona se satura y también se debe operar el sistema para evitar siniestros, que nunca son de la severidad de lo que sucede en Zula y la parte baja del Lerma.

En los casos más severos, se llegan a inundar algunos asentamientos humanos de la ciudad de Ocotlán, el principal centro urbano regional. Se ignora si operan en la zona los seguros agrícolas, pero a juicio de los productores, lo que ha sucedido se acerca a la necesidad de emitir una declaratoria de desastre al menos en términos económicos, pues el costo no lo podrán absorber ellos debido a la acumulación de pérdidas por varios ciclos.


Santa Cruz de la Soledad va a elecciones internas este sábado


El grupo opositor al proyecto de Ipejal piden a la autoridad se conduzca institucionalmente en el proceso

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

El ejido Santa Cruz de la Soledad va este fin de semana a un proceso de elección de autoridades internas, bajo la presión de los intereses de un megaproyecto apoyado por el Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal), que pretende desarrollar en 130 hectáreas de la superficie agraria, un proyecto inmobiliario.

Se trata del Fideicomiso Santa Cruz de la Soledad, firmado el 22 de agosto de 2012 entre Ipejal y Santa Cruz Inmobiliaria de Chapala; el primer predio a desarrollar son 53.7 hectáreas de dos fracciones de las comunidades de Santa Cruz de la Soledad y San Nicolás de Ibarra, pero el compromiso de Ipejal es aportar hasta 28.8 millones de dólares mientras que los urbanizadores totalizarían 450 hectáreas de terreno, 130 de Santa Cruz. Sin embargo, una mayoría de ejidatarios ha considerado que la negociación afectó los intereses del núcleo agrario y no están dispuestos a ceder el predio.

“Existe una estrategia de dilatación del proceso de elección por parte de las autoridades que han venido violentando a la Comunidad y a su Territorio. Para ello se han servido de la Dirección de Asuntos Agrarios del estado de Jalisco y la delegación de la Procuraduría Agraria, que mediante solicitudes y evasión de su actuar en una convocatoria ya realizada para el 7 de agosto de 2018, ha buscado evadir su cumplimiento, tal es la situación que el Tribunal Agrario tuvo que apercibir de multa y posterior vista, si subsiste su incumplimiento, al Ministerio Público de la Federación para iniciar la averiguación correspondiente. El objetivo de estas prácticas es evitar las elecciones libres de la comunidad de Santa Cruz de la Soledad, para con ello imponer el despojo”, advierte el asesor jurídico, Eduardo Mosqueda, del Instituto de Derecho Ambiental (Idea).

Señala que Martha Rodríguez García, quien encabeza a los opositores al proyecto inmobiliario, fue electa el 12 de abril de 2015, por segunda convocatoria, de la que se inconformaron Antonio Rivera Aguilar y Vicente Raygoza Zúñiga. Dicha inconformidad fue por vía de controversia agraria (expediente 230/2015).

“Durante su ejercicio como presidente del comisariado, previo a que causara estado cualquier determinación de nulidad de elección, en ejercicio de sus facultades y atribuciones, el Comisariado de la señora Martha inscribió la separación temporal de ejidatarios, debido al acuerdo de asamblea de 13 de agosto de 2017, pues incurrieron en presuntos actos de corrupciòn. La asamblea otorgó un debido proceso dentro de su punto seis de desahogo, el cual contemplaba su derecho de audiencia y defensa, ofrecieran pruebas y alegatos de su interés (…) finalmente la asamblea determinó la separación temporal por un año a 23 ejidatarios”, plazo que se cumplió el pasado 13 de agosto de 2018.

El 10 de enero y el 16 de febrero de 2018 se inscribe la aceptación de nuevos ejidatarios, por acta de asamblea de 17 de diciembre de 2017 y del 8 de febrero de 2018. Ambos procedimientos, señala el Tribunal Unitario Agrario 15 (acuerdo de 9 de agosto de 2018, expediente 230/2015), son legítimos, pues “no se ha emitido declaratoria de nulidad alguna, por tanto, surten sus plenos efectos legales; sin que se prejuzgue sobre la validez o no de la mismas”.

En cuanto a la controversia 230/2015 sobre la nulidad de elección, esta se resolvió a favor de los quejosos, pero dejó “improcedente la nulidad de los actos jurídicos que hayan celebrado los integrantes del comisariado que resultado electos el 12 de abril de 2015", es decir, la sanción por un lado, y la aceptación de nuevos ejidatarios por el otro, precisa el abogado. 

El comisariado encabezado por Martha Rodríguez, no obstante las impugnaciones, promovió recursos y terminó su periodo el 12 de abril de 2018, “sin que haya tenido sentencia firme en contra, que pudiera impedirle de sus funciones antes de la terminación de su mandato”. Ya es hora de la renovación de cargos.

Los ejidatarios esperan que haya una conducción institucional en el proceso del sábado por el gobierno de Jalisco y la Procuraduría Agraria, pero dado el peso de los intereses, lo dudan, y piden a los organismos de derechos humanos y a la sociedad, se mantengan vigilantes.

miércoles, 19 de septiembre de 2018

En regularización de torres no se consideraron derechos ciudadanos


El abogado Joseph Olid destaca que el ayuntamiento tapatío solamente buscó compensar la violación a su institucionalidad .

Agustín del Castillo / Guaadalajara. MILENIO JALISCO. 

El proceso de regularización de “torres chuecas” en Guadalajara podría ser justificado como el rescate de recursos por la autoridad municipal, pero lo que de ninguna manera se han restituido son los derechos de los ciudadanos que vieron dañados sus bienes inmuebles y su estilo de vida, además de claras omisiones en materia penal, advierte el abogado Joseph Irwing Olid Aranda, quien asesora a numerosos colonos en el tema. “Yo creo que conforme vamos modernizando el marco jurídico, es una cuestión de principios; tenemos vigentes tratados internacionales en materia ecológica; tenemos disposiciones de los diferentes niveles de gobierno, la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, los artículos cuatro, 26 y 27; tenemos el Código Urbano de Jalisco […] si estuviéramos respetando los derechos humanos, el derecho a la ciudad, los magistrados del Tribunal Administrativo, los jueces y magistrados federales, y las propias autoridades municipales, irían más a fondo”, advierte en entrevista con MILENIO JALISCO.

Así, “el tema procesal debería de ser: yo te doy las bases, pero tú deberías saber cómo resolver, y no irte a una tendencia que sea siempre a favor de los desarrolladores; así que lo que se requiere es prácticamente un cambio de conciencia, porque me parece que los criterios que prevalecen son obsoletos”. Esto ha derivado en el descrédito del TAE y de la autoridad municipal, porque siempre está como prioridad la búsqueda de ganancia económica y no los derechos de todos los ciudadanos, dice.

El especialista ha analizado los expedientes y su contexto, y aborda la posibilidad de que las “torres chuecas” entrañen delitos que debían perseguirse. “Con la información pública no se puede establecer tajantemente, sin embargo, si es factible la existencia de varios, el Código Penal lo establece”. Y de parte de funcionarios del ayuntamiento, se encuadra el delito de omisión, es decir, “se habría sido omiso en denunciar los delitos que advirtió una vez que estuvo analizando cada uno de los expedientes de construcción; esta omisión constituye el delito de encubrimiento”.

No obstante lo anterior, Joseph Olid observa que “en la mayoría de los casos ya habría transcurrido el plazo para la prescripción de la acción penal”. Los posibles delitos están tipificados en los artículos 253, 254 y 263 (ver texto de abajo).

Su análisis parte de la pregunta “¿se reparó el daño causado por los constructores?” La contestación a esta interrogante puede ser subjetiva, desde el punto de vista del ayuntamiento, este señala que sí, sin embargo, “es errónea la concepción de la reparación del daño a la luz del estándar constitucional, las disposiciones civiles y las disposiciones penales”.

En materia civil, recuerda los conceptos básicos.” Daño: menoscabo en el patrimonio de una persona. Perjuicio: ganancia licita que se dejó de obtener con motivo del daño. Daños punitivos: sanción que se impone a quien genera un daño a diverso particular, la cual tiene el carácter de justa indemnización y como medida que persuade a no volver a cometer la conducta. La reparación es para el directo afectado, que acredita su interés jurídico”. En materia penal. “Conceptos: restitución, restablecimiento o reintegración en los derechos afectados y bienes despojados (carácter patrimonial). Rehabilitación o reintegración de la víctima como tal a la situación que tenía antes (carácter emocional). Compensación se otorga por los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables. Satisfacción incluye derecho a la verdad y publicidad de la sanción, sanciones por otras vías y justicia en sentido amplio. Garantía de no repetición puede ser económica, material o simbólica”.

Los derechos que el ayuntamiento habría rescatado con la regularización: “Conceptos: compensación se realiza mediante pago, obras específicas o la entrega en especie de los bienes señalados. Indemnización: pago para resarcir el daño o perjuicio realizado, a través de una retribución económica. Mitigación: el ejercicio de un conjunto de medidas para contrarrestar o minimizar los impactos generados producidos. ¿Hacia quien se dirige la reparación? El Ayuntamiento de Guadalajara”.

De este modo, los vecinos de las torres, y la sociedad en general, son quienes permanecen agraviados, pues a fin de cuentas, el edificador de las torres “se salió con la suya” y su negocio fue más importante para la autoridad que los derechos de las personas afectadas, concluye el litigante.

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Claves  

Delitos urbanos en el Código Penal 

Artículo 253

“Se impondrán de cuatro a diez años de prisión y multa por el importe de veinte a cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, cuando el propietario de un inmueble por sí, o por interpósita persona, transmita bajo cualquier título en forma fraccionada, sin contar con la autorización correspondiente de la o las autoridades competentes, la propiedad o sus derechos sobre la misma, respecto de inmuebles, pactando precios de contado o a plazos reales o simulados, o mediante contratos señalados como preparatorios", ‘preliminares, ’promesa’, o cualquier otro innominado, cuando se reciba la totalidad o parte del precio, o se pacten abonos periódicos a éste y se haga entrega de la posesión del inmueble […] en la misma responsabilidad incurrirá el o los representantes del propietario transmisor o sus agentes que intervengan en las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, a sabiendas de que se carece de la autorización mencionada en el mismo”

Artículo 253 Bis

“Se impondrán de dos a cuatro años de prisión; destitución del empleo, cargo o comisión, e inhabilitación de uno, y hasta por tres años para desempeñar otro, y multa por el importe equivalente de mil a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; a los servidores públicos que de manera dolosa, contraviniendo la zonificación primaria o índice de edificación contenida en los planes de desarrollo urbano: I. Aprueben modificaciones de zonificación primaria señalada en los planes de desarrollo urbano de centro de población o los planes parciales de desarrollo urbano, respecto de inmuebles o en licencias de urbanización, construcción o edificación; II. Emitan dictámenes que modifiquen o contravengan las determinaciones de zonificación primaria de los planes de desarrollo urbano de centro de población o los planes parciales de desarrollo urbano, aplicable de forma específica al inmueble para el que sea solicitado; o III. Autoricen licencias o permisos que excedan o contravengan las determinaciones de número máximo de niveles, coeficientes de ocupación y utilización del suelo, áreas de restricción, unidades de vivienda o unidades comerciales y de servicios, señalados en los planes de desarrollo urbano de centro de población y los planes parciales de desarrollo urbano”

Artículo 253 Ter

“Se impondrán de dos a cuatro años de prisión y multa por el importe equivalente de mil a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; a los propietarios de inmuebles, sus promotores, representantes legales y constructores que de manera dolosa lleven a cabo acciones de urbanización, construcción o edificación, cuya autorización al momento de su ejecución viole la zonificación primaria o índice de edificación contenida en los planes de desarrollo urbano de centro de población y los planes parciales de desarrollo urbano”

Artículo 253 Quáter

“Se le impondrá de dos a cuatro años de prisión y multa por el importe equivalente de mil a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, al Director Responsable de Obra o Corresponsable de Obra que de manera dolosa autorice el desarrollo de una construcción, de la que otorgó su responsiva sin apego a la licencia, autorización o permiso otorgado por la autoridad competente. La misma sanción se impondrá al propietario del inmueble donde se desarrolla la construcción, a su representante legal y al constructor que, teniendo conocimiento de la ilegalidad del acto, no presente la denuncia correspondiente ante la autoridad competente, permita la edificación sin sujetarse a la licencia o permiso de construcción o urbanización”

Artículo 254

“Se impondrán de seis meses a seis años de prisión multa por el importe de cuatro a cuarenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, al que habiendo recibido mercancía con subsidio o franquicia, concedidos por el estado, municipio u órgano descentralizado, estatal o municipal, para darles un destino determinado, desvirtúe en cualquier forma los fines perseguidos con el subsidio o franquicia”.

Artículo 263

“Se impondrán de un mes a tres años de prisión al que, después de la ejecución del delito y sin haber tenido en éste alguna de las intervenciones señaladas en el artículo 19, ayude en cualquiera forma al responsable a eludir las investigaciones de la autoridad correspondiente o a substraerse a la acción de ésta, u oculte, altere, destruya o haga desaparecer los rastros, pruebas, instrumentos u objetos del delito o asegure para sí, o para el inculpado, el producto del mismo […] Igual sanción se impondrá a quien no procure, por los medios lícitos que tenga a su alcance, impedir la consumación de los delitos que sepa van a cometerse o se están cometiendo, si son de los que se persiguen de oficio”

La Primavera, el desafío de la relación con cientos de pequeños propietarios


No existe ni siquiera un padrón confiable de dueños del bosque, pero la relación ha sido la más compleja en la historia del área protegida.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Afianzar una relación sólida y fluida con los dueños de los terrenos donde se ubica el bosque La Primavera es tarea que preocupa a los hacedores de la nueva versión del plan de manejo del área de protección de flora y fauna. Pero si se echa un vistazo a la composición de ese colectivo, sean ejidos o parvifundistas, las cosas no son simples.

“Dentro del polígono, 57.4 por ciento de la superficie es propiedad privada, 23.8 por ciento es propiedad ejidal y 18.7 por ciento es propiedad estatal, de estas últimas, 5,290 hectáreas se adquirieron en 1984 por donación presidencial, y 700 ha fueron adquiridas en 2001, por un convenio expropiatorio y el apoyo de la LV legislatura”.

El padrón de propietarios del Bosque La Primavera, “está en continua actualización, ya que depende del acercamiento de los poseedores y legales dueños de predios, al Organismo Público Descentralizado”, al que muchos de eso propietarios rechazan.

“En este momento, se encuentran en el sistema de información geográfica, un total de 189 predios registrados en la categoría de pequeña propiedad o propiedad particular, mismo que representan 74 por ciento del total de superficie catalogada en este rubro [es decir, como propiedad privada], porcentaje que equivale a 11,790 hectáreas aproximadamente, dentro del área de protección de flora y fauna”, destaca el documento.

“Es importante mencionar que la integración de datos e información de predios a dicho padrón, no cuenta con un parámetro de medición en cuanto al número de propietarios, dado que la dinámica actual obedece a que un número indeterminado de dueños y poseedores, realizan operaciones de compra venta de predios, los cuales a su vez son fraccionados para su promoción inmobiliaria. No obstante, sí se puede determinar su avance en cuanto a superficie”, explica.

Los resultados contrastan con un ejercicio realizado en 2014. “Un ejercicio de la Dirección Ejecutiva del bosque, realizado durante los últimos meses en los archivos e instrumentos públicos disponibles: las direcciones de catastro de los cuatro municipios, el Catastro estatal y el Registro Público de la Propiedad, pone nombre y apellido en una parte sustantiva de la tierra, hasta identificar plenamente 126 propiedades que se extienden sobre 7,390 ha, menos de la mitad de la superficie de la pequeña propiedad, y consignar otros 295 nombres que podrían arrojar la nómina casi completa, que totaliza en 421 predios y unos 400 dueños privados” (MILENIO JALISCO, 6 de marzo de 2014).

Es decir, se trata de un tema en el que no se contará con datos completamente fidedignos mientras no se cuente con un padrón completo y actualizado, reconoce el documento que en unas semanas será sometido a consulta.

Otra cosas es el destino que cada propietario da a los predios. En la versión preliminar del plan se dan ejemplos: “…en el predio del Picnic (que dicho de paso es UMA) desde 2012 se construye una torre cuya finalidad se desconoce, aunque refiere un proyecto de educación ambiental y museo. Destaca también el rancho de nombre La Providencia, en el kilómetro 15.5 de Mariano Otero ya que en éste se construyó un par de cabañas con el objetivo de realizar actividades de educación ambiental. Terminó por ser recinto para recibir campamentos de rehabilitación de grupos de ex adictos al alcohol y/o drogas, que realizan terapias dentro del bosque. Existe un doble propósito, donde el propietario asegura realizar proyectos en favor del bosque o con fines de fomentar la educación ambiental, pero son en su mayor parte propiedades para uso y disfrute personal o pecuniario”.

Evidentemente, esto se liga con las tentativas de cambio de uso de suelo. “De acuerdo con la estadística de denuncias levantadas y verificadas por la Dirección de Inspección y Vigilancia del ANP, durante el periodo de 2009 a 2014, el cambio de uso de suelo encabeza la lista de denuncias, representando un 70 por ciento. En total se registraron 102 casos en sitios verificados en campo, dando como resultado cambios de uso por construcción en un 72 por ciento de los casos, cambio de uso forestal a agrícola en 20 por ciento y la apertura de bancos de material y caminos en 8 por ciento”. De este modo, “cerca de 0.25 por ciento de la superficie del ANP se encuentra ocupada por construcciones, la mayoría de ellas irregulares”.

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Claves 

Una relación histórica llena de dificultades

“El reconocimiento de los derechos de sus propietarios bajo mecanismos y esquemas que les ofrezcan las mejores condiciones dentro de los márgenes de lo establecido por la ley, haciendo prevalecer el interés público sobre cualquier otra consideración” es un objetivo central del plan de manejo, versión 2018

“Se estima que habitan de manera permanente alrededor de 200 personas dentro del ANP. Dentro del ANP se encuentran once ejidos reconocidos en el Registro Agrario Nacional: 1) Emiliano Zapata, 2) Huaxtla, 3) Jocotán, 4) Lázaro Cárdenas (ex Comunidad Indígena de San Juan de Ocotán), 5) La Primavera, 6) La Venta del Astillero, 7) San Agustín, 8) San Juan de Ocotán, 9) López Mateos, 10) Colli y 11) Tala. Actualmente se encuentra en litigio la dotación de territorio en el área protegida, del ejido Ampliación de Santa Cruz del Astillero. Se estima que en el régimen de propiedad ejidal hay 2,644 beneficiarios dentro del bosque y en sus límites, además de un número no determinado de propietarios privados”

La inviabilidad práctica de conciliar el interés público con el interés privado de los propietarios, particulares y colectivos (ejidos), provoca “una tensión permanente no resuelta, factor de conflicto que se manifiesta en la atomización creciente de la propiedad, la edificación hormiga, la fragmentación y perdida de conectividad interna, y el débil control y regulación de la visitación pública”

En 1980, “algunos propietarios vivieron la declaratoria como un despojo ya que vino a limitarles drásticamente los derechos sobre su propiedad; para otros actores sociales la declaratoria se quedó muy corta ya que al no modificar el régimen de tenencia de la tierra no se sentaron las bases para garantizar el tipo de protección y conservación que ameritaba en función de los beneficios que proporciona a la ciudad. En la actualidad coexisten posiciones antangónicas que plantean que deberían ‘relajarse’ las restricciones a los propietarios, y esfuerzos a favor de una expropiación para hacer del Bosque La Primavera un Parque Nacional”

Así, “existe una brecha muy amplia entre los conceptos de conservación y manejo sustentable que nos señala el Programa de Manejo y las actividades que interesan a los propietarios, desarrolladores y las comunidades asentadas alrededor del área”

De este modo, actividades y acciones primordiales son la “replicación de casos exitosos en materia de actividades productivas por parte de propietarios (en materia de coordinación, fondos, monitoreo y seguimiento); coordinación con propietarios para el diseño y financiamiento de proyectos estratégicos; dar continuidad a casos exitosos en compensación (PSA) y buscar otras alternativas compensatorias; identificar qué actividades productivas y tradicionales pueden hacerse en el BLP (explorar la viabilidad de reconversión de cultivos actuales por plantaciones comerciales forestales) y elaborar estudios de capacidad de carga y programa de uso público (por actividad y por zona)”

Fuente: Plan de manejo 2018 La Primavera, versión preliminar



martes, 18 de septiembre de 2018

Desmienten campesinos de Cerro Grande a la RJDH


Los dirigentes de las comunidades de la montaña que comparten Jalisco y Colima desmienten abusos contra derechos humanos y señalan que su agua no nace en Ayotitlán

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El agua que el Cerro Grande provee a Colima-Villa de Álvarez no tiene que ver ni con Toxín, ni mucho menos con el territorio de Ayotitlán, sino que nace justamente en esa montaña de casi 2,550 metros de altura cuya geología calcárea la distingue del resto de los macizos montañosos del Eje Neovolcánico y de la Sierra Madre del Sur, con los que colinda.

Al ser de piedra caliza, es altamente erosiva, por lo que el agua ha abierto más de un centenar de cavernas por donde se da el proceso de recarga de un acuífero que brota en los manantiales de Zacualpan, de donde se envía por acueducto a la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez. Este es en síntesis el argumento con que los ejidatarios poseedores de la montaña desmienten las aseveraciones del presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos , Óscar González Garí, quien descalificó como “violatorio de derechos humanos” la aprobación por el Congreso de Colima, del mecanismo de pago de servicios ambientales (MILENIO JALISCO, 6 de septiembre de 2018).

“Nosotros, que somos habitantes y dueños de predios en Cerro Grande, en la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán, consideramos que el licenciado González Garí está mal informado. Agradecemos a la Red Jalisciense de Derechos Humanos sus esfuerzos para defender los derechos que tenemos pobladores de la Sierra de Manantlán. Coincidimos en que no se debe privatizar el agua y que los legítimos dueños de los territorios que producen agua deben ser consultados sobre proyectos que les afecten. Hubiéramos agradecido que viniera a consultar con nosotros antes de hacer sus manifestaciones. Él no ha venido a nuestras comunidades en Colima para analizar esta situación, y por este motivo sus manifestaciones están equivocadas. En vez de ayudarnos nos perjudica por que confunde a la opinión pública”, dijeron en una misiva a este diario, firmada por Mariano Jiménez, presidente del Subconsejo Intercomunitario de Cerro Grande, y Jesús Flores Carrillo, presidente de la Comunidades Rurales para la Conservación y Desarrollo Sustentable de Cerro Grande, AC.

Y enumeran lo que para ellos son los errores en la crítica del activista: uno, su aseveración de que es ’falso que el mecanismo de pago de servicios ambientales hidrológicos vaya a beneficiar a los dueños de los bosques donde se genera el agua’ es equivocada. El mecanismo abre nuevas oportunidades para beneficiarnos a través de un financiamiento de proyectos de desarrollo comunitario que nosotros mismos hemos estado definiendo. Esto es muy importante para nosotros considerando la contradicción de que en nuestros territorios que producen el agua para la capital de Colima, pero paradójicamente ¡no tiene agua! Por ser piedra caliza no fluyen arroyos ni ríos superficialmente, y nuestra agua se infiltra por cuevas y sale solamente en la parte baja de Cerro Grande”.

Dos, “cuando dice que no ha habido ‘…el mínimo respeto por el derecho humano de la consulta libre, previa e informada’ y que el mecanismo es ‘…violatorio de los derechos humanos de los habitantes de la reserva’, se equivoca. Las comunidades de Cerro Grande sí hemos sido consultadas durante años, y tanto las comunidades ejidales como indígena somos co-responsables en diseñar del Mecanismo como parte del consejo asesor de la RBSM en el Estado de Colima”.



Tres, “sus manifestaciones de que ‘el agua de Cerro Grande viene de El Toxín… y por ende, forma parte sustancial de los recursos naturales de la Comunidad Indígena de Ayotitlán’ y que se manifiesta un ‘… despojo de recursos naturales que única y fundamentalmente le pertenece a la Comunidad Indígena de Ayotitlán, Jalisco’ es incorrecta. El agua en cuestión se genera en los bosques de Cerro Grande donde somos propietarios los ejidos de La Laguna y Toxín en Jalisco; y El Terrero, Campo Cuatro, Platanarillo, Lagunitas y la Comunidad Indígena de Zacualpan en Colima, donde emerge el agua generada en la parte alta. Toxín, además de que no está en el ejido de Ayotitlán, se encuentra en una subcuenca cerrada en la cuenca del Marabasco, y el agua fluye por una cueva debajo de la montaña y emerge en una localidad llamada ‘La Tasa’ que sale al río Ayuquila y por lo tanto no está conectado con el manantial de Zacualpan de donde sale el agua para Colima”. Anexan un mapa elaborado por técnicos de la Universidad de Colima “que muestra que el agua de Cerro Grande, incluyendo la de la comunidad indígena de Zacualpan en la cuenca del Río Armería, no tiene relación alguna con el agua de las cuencas del Río Marabasco que es donde está ubicado Ayotitlán”.

Si bien “hay conflictos de linderos entre Jalisco y Colima en Cerro Grande, en ningún caso tiene que ver con el Ejido de Ayotitlán, donde los conflictos de linderos entre los estados están asociados a la mina de Peña Colorada. Comprendemos el argumento de González Garí sobre los ‘territorios ancestrales’ que algunos mencionan que llegaban hasta la costa del Pacífico, pero debemos respetar los linderos legalmente establecidos. Apoyamos que Ayotitlán reciba los terrenos a los cuales tienen derecho, pero sin afectar los derechos de otras comunidades indígenas y ejidos circundantes”.

En ese tenor, desestiman el argumento de que los consejos asesores han desaparecido, pues ellos participan en el de Colima, y es el que presidirá el mecanismo local en esta zona.

“Creemos que se equivoca cuando describe el Mecanismo como una de las ‘patrañas privatizadoras’ del agua. Estamos en contra de la privatización del agua. El mecanismo es un esquema de financiamiento público para manejo público del agua para beneficio tanto de los dueños de los terrenos donde se produce el agua como de la población donde se recibe el agua. El agua es un derecho humano universal que nunca debe ser privado. Creemos que no es útil que se generen conflictos entre las comunidades de la Sierra de Manantlán cuando más bien nos debemos estar apoyando mutuamente. Esperamos que se respeten nuestros derechos a recibir pago por los servicios ambientales que prestan nuestras comunidades rurales a las ciudades”, concluyen.

Mezcala pide se respeten derechos indígenas en su litigio


Tercer Tribunal Colegiado de Distritobuscaría discutir más a fondo la demanda del empresario de ser reconocido como comunero.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los abogados que llevan el litigio de la comunidad indígena de Mezcala en contra del empresario Guillermo Moreno Ibarra, confían que los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado de Distrito, resuelvan con criterio el amparo promovido por éste, que pretende ser parte de la comunidad indígena para no perder once hectáreas comunales que tiene en posesión desde finales del siglo pasado, pero que no pueden salir del régimen comunal por ser imprescriptibles.

Los defensores hablaron de casi dos décadas de litigio donde diversas instancias les han dado la razón, y aún así, el presunto invasor no ha sido juzgado en esa calidad, lo que significa una conculcación de la justicia para la comunidad. “Hicimos un exhorto para que se observe la legislación vigente en materia de comunidades indígenas para proteger estas tierras que son del pueblo originario de Mezcala, y que al pretender darle el rango de comuneros, obliga a retomar juicios y costos para poder hacer frente a sus intereses, cuando todos sabemos que no es indígena y adquirió el derecho mediante una compra”, refirió el abogado Rubén Ávila Tena.

La audiencia para resolver el amparo en revisión 390/2016 fue pospuesta por los magistrados José Manuel Mojica Hernández (ponente), Elías Hermenegildo Banda Aguilar y Hugo Gómez Ávila, bajo el argumento de que se buscaría discutir más a fondo la demanda del empresario de ser reconocido como comunero, pues recibió en herencia ese derecho de un comunero legítimo, Cresenciano Santana, a la par de las once hectáreas de régimen comunal en la zona boscosa de la comunidad. Los comuneros han reclamado que esos actos se encuentran viciados de origen y exigen se dé vigencia al régimen especial que tienen las comunidades, cuyos derechos son imprescriptibles (nunca pierden vigencia), y sus bienes no se pueden vender (son inalienables).

La suspensión de la audiencia fue el pasado jueves 13 de septiembre, y técnicamente, los magistrados tienen hasta un mes para reanudarla, según el propio abogado.

“La preocupación de los comuneros y pobladores de Mezcala es que si los magistrados juzgan al empresario como comunero, los diecinueve años del juicio de restitución se echarían a la basura, ya que se iniciaría un nuevo proceso pero ahora se le juzgaría como comunero y por lo tanto no habría ninguna restitución de tierras para la comunidad; en cambio si los magistrados lo juzgan como un particular que es la calidad que tenía al inicio del juicio agrario, tendría entonces que restituir las tierras al pueblo de Mezcala”, señalaron desde el día siguiente los representantes comunales.