martes, 26 de septiembre de 2017

Ganaderos de Huajimic no ceden: gobierno debe entrar



Uno de los principales posesionarios de los predios de Wuaut+a reclama indiferencia federal para indemnizar sus posesiones casi centenarias.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los ganaderos de Huajimic están resueltos a lo que sea para impedir que se haga cualquier ejecución de sentencia desfavorable a las posesiones que ostentan miembros de su comunidad, mientras permanezca la indiferencia del gobierno federal y la apatía del gobierno nayarita en la defensa de sus derechos, advierte Álvaro Quintanilla Montoya, uno de los líderes del bloqueo del camino que impidió el paso al magistrado del Tribunal Unitario Agrario 56, de Tepic, Aldo Saúl Muñoz López, el pasado viernes 22 de septiembre.

"Esto se ha generado porque sinceramente nunca se ha llegado a un acuerdo favorable a una parte o a otra; entonces mientras no haya un acuerdo pos nunca vamos a llegar a nada, y nosotros no vamos a aceptar ya que vayan y ejecuten [la sentencia] a otra persona, van de uno por uno y al rato qué vamos a hacer, nos van a dejar sin tierras", dijo el parvifundista.

Entrevistado en Ayotita, un caserío enclavado en medio del camino a la Sierra de Álica, en las inmediaciones de la presa El Cajón, donde se apostaron desde el 21 de septiembre para impedir el acceso de funcionarios judiciales, Quintanilla Montoya reconoce que su familia, en conjunto, es poseedora de una mayoría de predios afectados: de 10,500 hectáreas aproximadas que reclama la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán (Wuaut+a), la parentela de los Quintanilla tiene cerca de 4 mil ha en posesión, la más antigua posesión data de su abuelo, Eulogio Quintanilla, fechada en el año 1906.

Insiste que no se niegan a negociar, pero el gobierno de la república, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), responsable de Cosomer (Conflictos Sociales en Medio Rural), "sólo da largas; hemos querido platicar también con el secretario de Gobernación, con la secretaria de la Sedatu, y nunca nos han dado una audiencia, a las dos partes. Tampoco se niegan, pero nos dan largas, y qué viene sucediendo, que vienen las ejecuciones, y que no se puede; es triste que a uno no le hagan caso, este es un problema grave, están pisoteando nuestros derechos de a tiro, ¿y de dónde venimos?, no somos extranjeros, ahí nacimos, ahí tiramos el ombligo, allí están enterrados nuestros muertos; queremos que se llegue a un acuerdo con el gobierno, que se paren todas las ejecuciones, hasta no llegar a un acuerdo, y seguir dialogando", afirma.

Niega que haya roces resientes con los comuneros indígenas, aunque estos reportaron que se dañó hace menos de una semana el inmueble que habían construido en la zona que recuperaron apenas en septiembre de 2016. "No, nada, nunca, nunca, nunca; nunca hemos llegado a las armas [...] sinceramente, ha habido un respeto y queremos que siga siendo así, no llegar a un extremo, porque tú no te vas a salir de tu casa, aunque te digan que te salieras...".
- En octubre se acordarán más ejecuciones, es decir, esto tiende a complicarse.
- Así es, y no lo vamos a aceptar, no lo vamos a dejar.

- ¿Cuál es la postura que ha tomado con ustedes el nuevo gobierno de Nayarit?
- Ahorita no hemos sabido nada del nuevo gobierno; ellos ya conocen este problema, lo hemos platicado muchas veces [...] del gobierno anterior largas y largas, en vez de ayudarnos. Yo digo que tanto el gobierno de Nayarit como el de Jalisco deben llegar a un acuerdo, y que se baje recurso tanto de un estado como de otro, y del gobierno federal; las cosas se avanzarían en algo.

- ¿No se supone que tienen un acuerdo con la comunidad de San Sebastián, que han dialogado?
- El acuerdo era que se pararan todas las ejecuciones, hasta que se bajaran recursos [...] no pasó nada, no hubo apoyo y se rompió el diálogo con ellos, por lo mismo de nada más largas y largas.

- Llegaron más de mil comuneros a Huajimic, ¿no teme que haya violencia?
- No va a pasar nada, nomas pedirles por la vía pacífica que se salgan de donde no les pertenece [...] ha faltado autoridad, haga de cuenta que platicamos con ellos y no llegamos a nada, o sea que sinceramente jugamos sin árbitro. Pero yo pienso que no pasa nada; nos tienen que respetar, y también ser respetuoso de ellos, nosotros. Sinceramente junto con ellos es como se puede hacer algo, avanzar en algo, y si no es junto con ellos no se va a poder.

SRN

Temaca ratifica "abusos" de la CEA



Piden que se reconsidere medidas cautelares por parte de la CEDHJ

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA), por un lado ha rechazado las medidas cautelares que estableció la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco en el caso de la queja de los habitantes de Temacapulín, pero el rechazo es una actitud "dolosa y falsa", dado que quienes se oponen al proyecto de la presa El Zapotillo padecen hostigamiento y amenazas, advierte el abogado de los quejosos, Guadalupe Espinoza Sauceda.

"Es evidente el hostigamiento, la presión y el chantaje que están sufriendo hoy en día los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, por lo que pido se realice una inspección ocular en las comunidades mencionadas y se recaben testimonios y se dé fe pública de lo que la CEA ha hecho o la organización México Sustentable, que le hace el trabajo sucio al gobierno federal [en este caso, al organismo de cuenca Lerma Santiago Pacífico, dependiente de la Comisión Nacional del Agua] como al gobierno de Jalisco, siendo una de las personas afectadas en Temacapulín, el señor Braulio Torres Gómez, a quien la CEA obligó a tumbar su casa en el mes de mayo pasado, si es que quería irse a vivir a Talicoyunque", señala en un escrito entregado al tercer visitador de la CEDHJ, Aldo Iván Reinoso Cervantes.

El ciudadano se regresó del terreno del Nuevo Temaca, pero no tiene casa dónde habitar. Asegura el defensor de los quejosos que ese tipo de negociaciones, en lo individual, están dejando en la indefensión a los moradores del poblado, en busque de mermar al movimiento organizado contra la megaobra.

"La gente de Temacapulín no quiere que se derribe ni una casa más, que no hostiguen y no molesten, y que el comando especial que encabezará el secretario Miguel Castro Reinoso no se instrumente".

Esto lleva a pedir que se reconsidere emitir medidas cautelares ante la presunta omisión de las autoridades y la simulación en el respeto a los derechos humanos. El escrito se entregó ayer, a cinco días de la cita que tuvo el ombudsman estatal con los defensores de los poblados amenazados con la inundación por la presa.

La reunión del 20 de septiembre fue entre el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo y sus socios y defensores, con el presidente de la CEDHJ, Alfonso Hernández Barrón. El vocero del comité, Gabriel Espinoza Íñiguez, pidió: "queremos que se cumplan las recomendaciones y no solo sean simbólicas", a lo que el ombudsman aseguró que refrenda su compromiso con el cumplimiento de los derechos humanos y que en el caso de Temacapulín "se ha dado cuenta del amor que le tienen a la tierra y de ahí su visita después de que lo nombraran titular de esa dependencia". Que no le gustan las estridencias y que le gusta hacer más el trabajo en forma, considerándose un defensor de los derechos humanos y que van hacer mucho mejor el trabajo que el que venían haciendo y que se inicia una nueva época en la CEDHJ", según el testimonio de Espinoza Sauceda.

SRN

lunes, 25 de septiembre de 2017

Huicholes piden sancionar al gobernador de Nayarit



Agustín del Castilla / Sierra de Álica, Nayarit. MILENIO JALISCO.

La comunidad indígena de Wuaut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán), solicitó al magistrado Aldo Saúl Muñoz López, del Tribunal Unitario Agrario número 56, de Tepic, abrir procedimiento por responsabilidad administrativa y penal contra el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García; el secretario general de gobierno, Jorge Aníbal Montenegro Ibarra, y la Fiscalía General (cuya designación de titular está pendiente), por omisiones en otorgar seguridad al personal del propio tribunal, lo que impidió que este llevara a efecto la ejecución de la sentencia del juicio 1472/2012 a favor de la comunidad wixárika con cabecera en Jalisco.

En voz de su abogado defensor, Carlos González, señalaron además a esos funcionarios como responsables de los eventuales brotes de violencia que se susciten en la sierra, dado que al no arribar el magistrado a cumplir la sentencia, se quedaron esperando en el sitio de la ejecución judicial, alrededor de 1,200 comuneros que bajaron desde temprano, el viernes 22 de septiembre, a pie, de la comunidad de Ocota de la Sierra, quienes se declararon en “asamblea permanente”, decididos a no dejar la zona mientras no se cumpla con la entrega formal del terreno de 63.7 hectáreas.

El problema es que los ganaderos, principales afectados por las restituciones - ya que son los posesionarios de las más de 10 mil ha que ha reclamado la comunidad huichola con base en sus títulos virreinales de 1718-, también se han movilizado, y desde la tarde previa ya habían establecido bloqueos de caminos para impedir que se pudiera dar el cumplimiento de la sentencia.

Al asesor de Wuaut+a le parece que el bloqueo del camino hacia Huajimic, fue algo posiblemente pactado entre los pequeños propietarios y las autoridades de ese estado.

San Sebastián está haciendo el ejercicio de sus derechos, está actuando dentro de la vía legal, está acudiendo a los tribunales competentes que son los tribunales agrarios para que les reconozcan sus derechos y les restituyan las tierras que les fueron en su momento invadidas; nosotros vamos a seguir en esa vía, quienes están actuando al margen del derecho son los ganaderos de Huajimic, hoy obstruyeron una vía para evitar que el tribunal agrario cumpliera con su función; y desgraciadamente, hay que decirlo, también son las autoridades de gobierno, principalmente las de Nayarit, que no están acatando las órdenes que el tribunal agrario les está dando para acordar seguridad en la ejecución de estas sentencias”, señaló Carlos González.

“Esta es una decisión de no aplicar el derecho en detrimento de una comunidad indígena […] da tristeza lo que pasa en este país, las comunidades indígenas están siendo despojadas y violentadas de manera legal e ilegal, el Estado de derecho no funciona, no existe, y hay una grave vulneración de garantías constitucionales y de derechos colectivos […] por eso, manifesté en nombre de San Sebastián, que solicitamos se finquen responsabilidades administrativas y penales contra el gobernador, el secretario, el fiscal y el director de seguridad pública del ayuntamiento de La Yesca”, añadió.

Exhibió copias de los oficios que emitió el magistrado con la orden de brindar seguridad a la misión en la sierra. “En la audiencia del 24 agosto, el magistrado ordenó mediante oficio se requirieran a esas autoridades para ejecutar la sentencia del juicio 1472/2012, obran los oficios en el expediente […] incluso ayer, en una reunión en oficinas del TUA 56, el secretario de Gobierno, y funcionarios de La Yesca, garantizaron la seguridad pública municipal y estatal. Sin embargo, hacemos patente la ausencia absoluta de seguridad pública en desacato de la orden judicial por esas autoridades. Esto, en términos de leyes locales y federal implica faltas administrativas y penales sancionables con cárcel, y por eso solicitamos al magistrado que les finque responsabilidades”, insistió.

Consideró que la presencia de indígenas es normal porque buscan respaldar a su comisariado de bienes comunales. “Ellos bajaron para auxiliar al comisariado en la entrega de las tierras; empezaron a caminar desde el 21 de septiembre en la mañana, supimos que había bloqueos hasta en la tarde porque al comisariado de bienes comunales ya no se le permitió pasar por Huajimic, y tuvo que dar toda la vuelta hasta Guadalajara”. Al ser una comunidad propietaria de 240 mil hectáreas, es “un territorio vastísimo y es complicado establecer la comunicación”, pues se trata además de una serranía con deficiente infraestructura, lo que explica su relativo aislamiento.

No obstante, el abogado también ve una clara responsabilidad del gobierno federal en la creciente tensión en la zona. “Ha sido omiso en atender la resolución de este conflicto de manera conciliada; se les ha solicitado una y 100 veces. El pasado 12 de julio, dos camiones con comuneros fueron a la Ciudad de México, junto con sus autoridades agrarias y tradicionales; visitaron el Senado de la república, la Sedatu [Secretaría de Desarrollo Agrario], que es responsable del programa de conciliación [Cosomer, Conflictos Sociales en Medio Rural]; quedó agendada una reunión en agosto que nos cancelaron por Sedatu un día antes, informaron que no tenían integrado un solo expediente”.

Los legisladores “nos dijeron que iban a estudiar el caso. Hay n punto de acuerdo aprobado en febrero de este año, una propuesta de diputados de Jalisco para aprobar partida presupuestal, pero de ahí a una determinación para aprobar o etiquetar recursos fiscales, nada. Es claro que el gobierno federal tiene directa responsabilidad si llega a darse alguna situación de violencia”.

Hoy por la mañana, los abogados de Wuaut+a esperan fijar con el magistrado nueva fecha y hora para la ejecución de la sentencia, “estoy solicitando la intervención de seguridad pública del estado y la federal, y que se les aperciba que si no hacen caso, se les impongan sanciones administrativas y penales; también pedimos apercibir a los ciudadanos de Huajimic para que no obstruyan la impartición de justicia, porque ustedes han visto, bloquearon una vía pública con la intención clara de impedir la ejecución de una sentencia, lo que entraña una violación del orden constitucional y en el caso de las comunidades indígenas, de convenios y tratados internacionales como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que entre sus artículos 13 a 17 garantiza el acceso a la tierra de los pueblos originarios”, puntualizó.

EL EXHORTO INCUMPLIDO


El expediente del juicio de restitución de la propiedad de 63.7 hectáreas en posesión de Herlinda Montoya Utrera, contiene el exhorto 22/16 emitido por el titular del TUA 56, Aldo Saúl Muñoz López, bajo los números de oficio 1547 (gobernador del estado), 1548 (director de Seguridad Pública de La Yesca) 1550 (Fiscalía General de Justicia de Nayarit) y 1551 (Secretaría General de Gobierno), para garantizar que se realizara la diligencia de ejecución de la sentencia respectiva. Durante la jornada de los hechos, el pasado viernes 22 de septiembre, no hubo una sola unidad o elemento policiaco que acompañara al magistrado, cuya misión fue abortada por “imposibilidad material” de llevarla a cabo.

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CLAVES

EL CONVENIO 169 DE OIT EN MATERIA DE TIERRAS

México es firmante y ha reconocido a nivel de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos e indígenas, además de ambientales. Es el caso del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo “sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”, firmado por el país desde 1989. En relación a las tierras, esto establece:

Artículo 13. “1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación. 2. La utilización del término "tierras" en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”.

Artículo 14. “1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. 2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. 3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.

Artículo 15. “1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos…”

Artículo 16. “1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan…”.

Artículo 17. 1. “Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos. 2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad. 3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos”.

FUENTE: CONVENIO 169 DE OIT

MC

sábado, 23 de septiembre de 2017

La justicia falló; bloqueo de ganaderos paraliza sentencia



Funcionarios del TUA 56 aludieron imposibilidad para hacer cumplir la sentencia que otorgaba un segundo predio del cañón de Huajimic a comuneros de Wuaut+a, y dejaron esperando a 1,200 indígenas

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Ayotita, un caserío ubicado a unos kilómetros de la cortina de la presa El Cajón, en el ascenso desde los valles de Tepic hacia la Sierra de Álica, fue la aduana infranqueable para el personal del Tribunal Unitario Agrario 56, que tenía la misión de ejecutar la segunda sentencia favorable para la comunidad indígena wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán (Wuaut+a), para reintegrar superficie comunal en poder de ganaderos de Huajimic. Apenas 63.7 hectáreas de poco más de diez mil en disputa.

Pero allí no se detiene la historia de la mañana de ayer. Mientras el magistrado Aldo Saúl Muñoz López hacía una exhortación caballerosa –a los representantes jurídicos de los huicholes les parece que el adjetivo calificativo idóneo de esa alocución es “tibia” -, hacia los manifestantes del poblado mestizo, de mover sus camionetas para dejar franco el paso de automotores – muchos vecinos de la sierra fueron “víctimas colaterales” de la protesta -, 1,200 comuneros descendían desde el poblado de Ocota de la Sierra, en esos linderos porosos entre Jalisco y Nayarit, para bajar al cañón de Huajimic, donde tomarían posesión del predio que se les ha reconocido con base en sus títulos virreinales, como detentadores del mejor derecho sobre esas tierras.

El magistrado nunca llegó a su destino. La causa fundamental fue la omisión de los tres niveles de gobierno en Nayarit y en la federación de proveer apoyo de fuerza pública. El funcionario judicial advirtió a la prensa que había lanzado las notificaciones correspondientes al Ayuntamiento de La Yesca, al gobierno del estado de Nayarit (ambos con pocos días de haber asumido las nuevas autoridades), y a diversas instancias del gobierno federal, como la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). La respuesta fue que cumplirían con sus obligaciones de garantizar la aplicación de la ley. Pero no hubo un solo policía en todo el trayecto, y Muñoz López arguyó imposibilidades materiales de ejecutar, ante el bloqueo firme de los rancheros que da eco al “conflicto social” que no ha sido resuelto, entre otras causas, porque la Sedatu no reconoce en el ya largo enfrentamiento entre indígenas y mestizos un expediente “rojo” que amerite la entrada de gestiones y dinero del Cosomer (Conflictos Sociales en Medio Rural).

“No es un problema con la comunidad, ellos tienen también la razón, pero el gobierno nos quiere dejar abandonados y no reconocer nuestros derechos, y eso es despojo”, señaló firme Francisco Quintanilla, miembro de la familia que posee más predios de la zona en conflicto.

El magistrado pidió, como para que no se pusiera en duda su misión, que se dejara ejecutar una sentencia que legalmente ya es firme, es decir, inatacable, pero inmediatamente cedió a las palabras firmes de los ganaderos. El asesor legal de los indígenas, Carlos González, quien de por sí desde antes del amanecer, al notar la ausencia de fuerzas del orden, ya tenía fundadas dudas de que se pudiera llevar a cabo la administración de justicia, dejó constancia de su inconformidad, tanto en el acta que se levantó en el sitio del bloqueo, como ante los periodistas.

“Responsabilizamos al gobernador de Nayarit, Antonio Echavarría, a su secretario general de gobierno y a su fiscal general, de la violencia que se pueda suscitar por esta situación, pues 1,200 comuneros han bajado al predio y toman posesión del mismo, y ante las manifestaciones de los ganaderos con bloqueos de tránsito y de alimentos, la situación puede volverse insostenible”, subrayó con evidente molestia.

Los wixaritari bajaron al valle sin saber que la ejecución no se consumaría. Las autoridades comunales manifestaron su enojo por lo que llamaron la violación del estado de derecho y se declararon en asamblea permanente. “No se moverán del sitio hasta que el magistrado acuda a ejecutar”, comunicó Cristian Chávez, del grupo asesor.

La zona inaccesible por tierra tiene ahora todos los elementos de un posible estallido: rancheros irritados por lo que consideran despojo de los inmuebles de sus familias, e indígenas defensores de un derecho más antiguo que cualquiera de esas posesiones. Los bloqueos permanecían en las inmediaciones de Huajimic, y en particular, preocupa que se vuelva a querer estrangular a los aborígenes al cortarles suministros de alimentos.

Según el fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer, la Policía Federal patrulló por aire la zona ante la preocupación por la suerte de los indígenas expresada por el gobierno de este estado. Hay una petición del magistrado del TUA 56 porque haya una intervención efectiva de la Sedatu que calme los ánimos, y recuerda que el 10 de octubre acordará nuevas ejecuciones de sentencias, mientras la fallida de ayer, 1472/2012, podría ser reprogramada para la semana entrante. “Entendemos el problema de las autoridades locales, pero los indígenas requieren justicia en los hechos, no sólo en el papel”, había explicado al momento de comenzar la frustrada visita a la sierra. Pero luego diría frente a los parvifundistas que no aplicaría la ley con uso del monopolio de violencia que le da el Estado mexicano.

Así fluye la confusión de intereses y de visiones sobre cómo destrabar el expediente Huajimic, las montañas olvidadas entre la justicia constitucional fallida, y los pregoneros de la justicia a mano propia, que parecen cada vez más decididos.

MC

595 autos se suman al padrón cada día



La mala movilidad y la baja calidad de las gasolinas va mantener al auto como causa principal de contaminación muchos años más

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Cada día, se incorporan al registro de automóviles de la Secretaría de Planeación y Finanzas de Jalisco, 595 automotores, para totalizar más de 200 mil por año, según la estadística dada a conocer por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en 2016.

Esto ha llevado “el índice de motorización” a 2.2 habitantes por auto, una de las relaciones más estrechas en América Latina, lo que revela que las grandes inversiones en transporte masivo, no sólo deben continuar con nuevas obras además de la línea 3 del tren ligero, sino que pese a eso, demorarán en dar resultados positivos en el tema de la movilidad para la ciudad.

Por otro lado, la elevada cantidad de autos (aproximadamente 2.1 millones circulan en la metrópolis) plantea otros retos más inmediatos, en el tema de la contaminación ambiental. Con la “liberación” del mercado de las gasolinas, un grupo de actores políticos y empresariales, bajo la iniciativa de la diputada local del PRD, Mónica Almeida, planteó la necesidad de ofrecer alternativas al alto precio de los combustibles que ofrece Pemex, todavía monopólicamente, en la ciudad.

Eso derivó en la propuesta de que se incrementara la oferta de combustibles de origen orgánico, o etanol, para mezcla con la gasolina tradicional, y un eventual crecimiento de su participación, pero ocasionó un debate sobre la pertinencia de la mezcla; la Semadet ha señalado la necesidad de profundizar los estudios antes de dar ese paso, pues hay evidencia de que podría ocasionarse mayores emisiones de precursores del ozono (O3), el mayor contaminante en las ciudades modernas, que deriva de una reacción química entre esas sustancias arrojadas por los autos y la luz solar.

La legisladora ha respondido que el problema de emisiones deriva de la mala calidad de los combustibles que vende Pemex en la zona, y no es problema del etanol.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) publicó una nota sobre los datos aportados en el taller Regulación en combustibles. Mejores prácticas internacionales y regulación en México, en el que participaron Pemex y el Consejo Internacional de Transporte Limpio, en agosto de 2015. Allí se dijo:

“Estados Unidos ha transitado hacia gasolina y Diésel UBA desde hace 10 años reduciendo hasta en 90 por ciento la contaminación y sigue con la tendencia, de reducción de hasta cero en niveles de azufre, por lo que Pemex desde 2005, dio inicio a la producción nacional e importación de gasolina Premium de Ultra Bajo Azufre para todo el país y a partir de 2009 para las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey, así como la frontera norte, asumiendo el compromiso tecnológico de ajustar y modernizar su planta productora para abastecer paulatinamente de combustibles de ultra bajo azufre al territorio nacional”.

Sin embargo, “se habló de la importancia de que México actualice la norma que exigirá a Pemex y a los nuevos competidores en el mercado abierto la distribución y venta de combustibles más limpios en todo el territorio nacional, a fin de que pueda hacer frente a las nuevas condiciones que se generaron a partir de la reforma energética”. Así, “para México es indispensable contar con mejores combustibles para poder reducir la contaminación atmosférica, acceder a mejores tecnologías vehiculares y reducir el impacto en salud pública”.

Se suponía que la emisión de la norma emergente de la Comisión Reguladora de Energía EM-005-CRE-2015 y la norma definitiva 016-CRE-2016 iban a hacer cumplir esa necesidad de mejores gasolinas, sobre todo en el caso de la “ultra baja de azufre”, pero la realidad es que no existen evidencias de que hayan mejorado. Lo prueba el último decreto de la CRE, del 23 de mayo de 2017, en el Diario Oficial de la Federación: “se exime a los permisionarios de las actividades de transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de petrolíferos de la obligación de presentar a la Comisión Reguladora de Energía el resultado de los dictámenes que comprueben el cumplimiento de las especificaciones de calidad de los petrolíferos de conformidad con la NOM-EM-005-CRE-2015”.

Esto acreditaría que no hay suficiente gasolina de calidad en el área metropolitana, aunque el compromiso de Pemex era ponerla en el mercado a partir de 2009.

Según el reporte de calidad del aire más reciente que publicó la Semadet, cada año se consumen en la ciudad 3.4 millones de metros cúbicos (3,400 millones de litros) de combustibles de origen fósil. Más de dos millones son gasolina magna, un millón es combustible diésel y alrededor de 400 mil m3 son gasolina Premium, la de mayor calidad.

Pero en ningún caso es gasolina de la calidad que se consume en Los Ángeles, California, una de las ciudades pioneras a nivel mundial en el tema del control de la contaminación. Así, con 595 autos que se suman al parque vehicular por día (238 con más de diez años, y tecnología de combustión obsoleta), combustibles de baja calidad y condiciones complejas de movilidad, los autos permanecerán por mucho tiempo como principal fuente de contaminantes del AMG, principal insignia de una ciudad que no se supo modernizar.

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CLAVES

Dos datos

*Los vehículos con diez años o más de antigüedad que circulan en el AMG son más contaminantes que los de modelos más recientes

*En promedio, los vehículos con menos de diez años de antigüedad emiten la cuarta parte de monóxido de carbono (CO), 22% menos hidrocarburos (HC) y 36% menos óxido nítrico (NO), con respecto a los vehículos de más de 10 años de antigüedad

Fuente: INECC

MC

jueves, 21 de septiembre de 2017

Amenaza de violencia en la sierra de Huajimic



Gobierno nayarita busca convencer a huicholes y magistrados sobre la no pertinencia de ejecutar el segundo predio en poder de ganaderos.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Mientras sube la tensión en la Sierra Madre Occidental, en los territorios inmemoriales del pueblo huichol, actualmente en posesión de ganaderos de Huajimic, el nuevo gobierno nayarita busca con premura la cancelación de una ejecución de sentencia programada para este viernes 22 de septiembre por el Tribunal Unitario Agrario número 22, la cual implica entregar un predio de poco más de 66 hectáreas, apenas una fracción de las 10 mil ha en disputa.

La postura de la comunidad indígena de Wuaut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán) es que no se debe cancelar la ejecución, dado que han debido esperar un año a raíz del polvo que levantó el primer proceso, justamente el 22 de septiembre de 2016, cuando tras una accidentada acción judicial, los ganaderos agraviados bloquearon la salida del personal del Tribunal Unitario Agrario 56, en un bloqueo de caminos que se prolongó más de cinco horas, y que también retuvo a un grupo de periodistas, hasta el arribo del entonces fiscal nayarita Édgar Veytia (hoy encarcelado en Estados Unidos por delitos contra la salud), ya entrada la noche de esa jornada.

Fuentes de la comunidad indígena señalaron a MILENIO JALISCO que esta mañana, a las 10:00 am, se reunirán en la sede del TUA 56, en la ciudad de Tepic, el magistrado Aldo Saúl Muñoz López, personal de la Secretaría General de Gobierno de la administración entrante de Nayarit, cuyo titular es Jorge Aníbal Montenegro Ibarra, y los integrantes del comisariado de bienes comunales de Wuaut+a, encabezados por Santos Hernández Bautista.

"Quieren presionar a que se posponga la ejecución de la sentencia, porque el secretario de gobierno alega que apenas tienen unos días en el cargo, y esto es un conflicto muy serio", reveló el abogado de los comuneros, Carlos González.

La preocupación no es menor: las señales de que tanto ganaderos como aborígenes se preparan para posibles incidentes son claras desde la sierra. Pero mientras la comunidad asegura que los 1.050 indígenas que acudirán al potrero de 63-72-75 hectáreas que se encuentra en posesión de Erlinda Montoya Ultreras (sentencia dictada dentro del expediente 1472/2012) no llevarán armas, señalan a su contraparte de que les "ha mandado mensajes" de que tienen armas disponibles para recibirlos.

Los ganaderos ya mandaron su mensaje a las autoridades y la sociedad. "Como se recordará este es un conflicto agrario que data de varios años, los indígenas de Jalisco intentan desesperadamente quitar a los comuneros de Huajimic alrededor de 10 mil hectáreas. Ellos argumentan tener un título virreinal de 1718 pero nadie lo ha visto, nadie lo conoce y pese a ello, los han favorecido", señaló el periódico Realidades de Tepic, en una noticia fechada el pasado 15 de septiembre (http://realidadesperiodico.com/featured/alerta-de-violencia-en-la-sierra/).

"Quienes sí han presentado documentos son los nayaritas, donde consta que las tierras fueron adquiridas por los comuneros en los 1890, 1892, 1896 1900 y 1906. El tiempo trascurre y las autoridades locales, les jugaron el dedo en la boca ya que les prometieron apoyo y nunca cumplieron [...] de tal suerte que hace un año, con algunas acciones legaloides, se dictó la orden de ejecución a favor de los indígenas para 'recuperar' 184 hectáreas [...] pese a que muchos de los 800 indígenas iban armados al momento de despojarlos de su patrimonio aquel 22 de septiembre de 2016, el pueblo de la Yesca, guardó la compostura, no cayeron en provocaciones ni sacaron sus pistolas, ya que la Actuaria prometió suspender la ejecución en caso de que alguna de las partes estuvieran armados, pero les mintió", añade el redactor.

Y viene la advertencia: "Pero ya no van a permitir que les vean la cara, pelearán tope donde tope. El pasado domingo, los 56 propietarios de las hectáreas que pelean los jaliscienses, acordaron defender con 'todo' a la propietaria Herlinda Montoya quien este 22 de septiembre, también será despojada de su patrimonio".

El derecho agrario que invocan los huicholes es materia federal, y no afecta las fronteras entre estados. El título virreinal existe, y ha sido la base de restituciones para Wuaut+a en otras zonas, por más de 20 mil ha, en los últimos 20 años. "Nosotros iremos a tomar posesión aunque no vengan los del tribunal, no estamos jugando", advirtió en respuesta un líder wixárika, ayer. La sierra durmió inquieta esta noche.

SRN

miércoles, 20 de septiembre de 2017

Huicholes movilizarán a un millar en la sierra


La autoridad comunal advierte que los ganaderos se están armando, por lo que esperan presencia policíaca para la ejecución judicial.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La comunidad wixárika de Wuaut+a-Kuruxi Manuwe (San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños) espera que los gobiernos federal y de los estados de Nayarit y Jalisco, garanticen la paz en la ejecución de la nueva sentencia de los tribunales agrarios para la restitución de predios que les fueron titulados desde la época colonial, y a últimas décadas, están en posesión de ganaderos de Huajimic.

Pero ante la duda, con la mala experiencia de hace un año y la violencia más reciente contra algunos líderes locales, asesinados en mayo pasado, han decidido protegerse: mil comuneros asistirán al acto judicial en tierras hostiles, este viernes, 22 de septiembre, tras una caminata de siete kilómetros, aunque el presidente comunal, Santos Hernández Bautista, previene que no irán armados.

Los integrantes del comisariado visitaron ayer Guadalajara para correr todas las notificaciones que hagan falta. “Irán comuneros de 35 localidades que tiene San Sebastián, se van a mover 1,050 comuneros […] fuimos con el fiscal, ya sabe el Tribunal Unitario Agrario [TUA], ya sabe la Secretaría Agraria [sic], desde el 30 de agosto, Asuntos Agrarios; ya está todo en orden con el gobierno federal, para que haya guardia, para que haya vigilancia…”.

- ¿Se hizo también esa notificación con el gobierno nayarita?
- Bueno, el gobierno del estado de Jalisco le comenta todo a Nayarit, al tribunal agrario, que tiene que informarle a su propio gobierno, para que puedan venir; nosotros el 21 vamos a estar en el tribunal 56, en Nayarit, y el 22 ya arrancamos a la sierra, la hora ya está, es nomas que nos digan cómo nos van a proteger, para no tener problemas.

- ¿Hay algún diálogo y acuerdos con los ganaderos de Huajimic?

- El diálogo lo tuvimos 17 de julio, y pues estaban de acuerdo - no sé porque ahí hay un escrito que dice que van a deshacer la ejecución-, por eso no vamos a detenernos; la comunidad tiene ganas, y va a actuar de acuerdo a lo que dijo la asamblea y el tribunal agrario; ellos se comprometieron, la comisión de propietarios de Huajimic, dijeron que iban a tener una reunión con su gente; eran cinco comisionados: Nacho Gamboa, Édgar Ramírez, Otoniel Sandoval, Enedina Villagrana y Lucio Gamboa; se hizo una reunión con ellos en Mesa del Tirador, a las 10 de la mañana de ese día, e hicimos un diálogo y una minuta de trabajo; pero parece que ellos no cumplieron, pero ya están notificados que sí se va a realizar la ejecución el 22 de septiembre.

- ¿Podrían suscitarse molestias como hace un año?
Sí, yo pienso que sí se van a molestar, ahorita ellos se quieren armar, ya en el rancho les están llegando armados; nos quieren asustar, por eso tenemos que hablar al gobierno para que nos proteja en la ejecución; si nos dejan así pienso que la misma comunidad va a tener su propia guardia […] no llevamos armas, pero la comunidad tiene su propia guardia.

El dirigente destaca que es obligación de las autoridades garantizar la seguridad en una ejecución judicial, pero en septiembre de 2016, no hubo fuerzas estatales ni federales en el potrero restituido, y solo policías municipales de La Yesca, Nayarit, como espectadores de la furia contenida de decenas de ganaderos que impidieron, por más de cinco horas, la salida del personal judicial, y un grupo de periodistas a los que no se impidió moverse… pero a pie. Fue justamente el fiscal nayarita, hoy encarcelado y bajo juicio por delitos contra la salud y crimen organizado en una corte de Estados Unidos, Édgar Veytia, quien debió apersonarse en la sierra para ordenar que el bloqueo fuera levantado, la noche del 22 de septiembre de 2016. La siguiente semana fue de acoso a los huicholes que estaban en campamento, y posteriormente, un diálogo que no dio frutos, pues la Secretaría de Desarrollo Agrario (Sedatu) se ha negado a intervenir para conciliar el conflicto bajo el argumento de que no tiene recursos para indemnizar a los posesionarios.

SRN