lunes, 16 de julio de 2018

Invasión de La Primavera en Santa Ana, fuera de control


Casi 45 por ciento de la superficie invadida con asentamientos irregulares al bosque, se tienen en este extremo de la ciudad

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

A diez años de que un tribunal colegiado determinó excluir del área de protección de Flora y Fauna La Primavera, un polígono de entre 580 y 641 hectáreas del ejido Santa Ana Tepetitlán, la invasión de asentamientos irregulares ya rebasa 30 hectáreas, con un impacto o huella urbana que puede ser más del doble. Las autoridades reconocen que se trata de un problema que se salió de control, y que amenaza seriamente la conservación del área natural protegida.

Un informe entregado al gobierno del estado, a que tuvo acceso MILENIO JALISCO, confirma mediante análisis de una serie histórica de fotos digitales y de imágenes de satélite, que la decisión judicial de suspender la aplicación del decreto de 1980 en la zona –la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas no supo defender el decreto, a diferencia de casos como Tulum en Quintana Roo o Cumbres de Monterrey, donde un enfoque similar fue exitoso-, precipitó un problema de invasiones irregulares que hasta 2008 era de 7.64 ha, para cuadruplicarse en la actualidad.  Te recomendamos: El decreto fallido y la protección a medias del bosque La Primavera

La Conanp se comprometió a trabajar para reincorporar la zona al ANP, pero no sólo no lo ha logrado, sino que el asunto se complicó. Ninguna autoridad ha hecho valer el derecho ante las condiciones de ilegalidad de esa expansión, pues al tratarse de zonas boscosas, y no haber cambio de uso de suelo forestal, la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) debe intervenir y clausurar. 

La segunda autoridad involucrada es el propio Ayuntamiento de Zapopan, que es responsable de todos los permisos para desarrollos urbanos. Y aunque les aclaró a un grupo de ejidatarios quejosos, apenas el 21 de mayo pasado, que no ha emitido uno solo, la autoridad debería clausurar las fincas que no tienen permisos, y no otorgar, en medio de la precariedad social de los compradores, servicios de agua, recolección de basura y eventualmente seguridad pública, que son los reproches que le hicieron los ejidatarios durante una manifestación en esa fecha.

El informe técnico fue entregado al gobierno estatal, y contiene, en general, las invasiones que padece La Primavera en los ejidos Emiliano Zapata, La Primavera, La Venta del Astillero, El Colli, Santa Ana Tepetitlán, Adolfo López Mateos, Huaxtla y Santa Cruz del Astillero. Las imágenes analizadas corresponden a los años 1993, 1999, 2008, 2011, 2015, 2016 y 2017. El total de invasiones es de 67.2 hectáreas, superficie que a la densidad normal del área metropolitana de Guadalajara puede albergar hasta cinco mil habitantes.

Santa Ana Tepetitlán, al oriente del ANP, concentra 44.5 por ciento de la superficie invadida del bosque. Le sigue La Venta del Astillero, al norponiente, con 18 ha (26.8 por ciento). 28.7 por ciento se lo reparten el resto de los ejidos. Otro dato digno de conocerse es que en 2011 había 34.7 ha invadidas, prácticamente la mitad de la superficie actual.

El ejido promovió el juicio de amparo 413/2001, y se les concedió por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, y por el Primer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, en la revisión 465/2007, con el voto dividido de los ministros: dos de ellos consideraron válido equiparar por sus efectos jurídicos una expropiación (en la cual el Estado se queda con la propiedad de los bienes) con una declaratoria de área natural protegida (en la que sólo limita sus usos), y al no haber sido notificados los quejosos del decreto de la reserva de 1980, ni mucho menos oídos y vencidos, como lo establece el artículo 14 constitucional, determinaron que el decreto del presidente José López Portillo violó sus garantías individuales (archivo de MILENIO JALISCO, ediciones del 7 de junio de 2007 y del 7 de julio de 2008).

Pero el proceso de “liberación” de las tierras, que había sido demandado por la dirigencia campesina, contó con acciones de un grupo disidente que encabeza el ejidatario Tranquilino Flores Aguilar, quien insiste en el grave perjuicio que trajo para el propio núcleo ejidal, y además, se les salió de control. El anterior presidente del comisariado ejidal, Rodolfo Aguilar de la Rosa, reconoció a los miembros de la junta de gobierno de La Primavera que era necesaria una intervención a fondo para rescatar el bosque ejidal. El 18 de mayo pasado, las autoridades actuales, encabezadas por Bernabé Sánchez Lazo, dijeron:

“…durante muchos años nuestro ejido ha sufrido toda clase de atropellos, en particular en la superficie que ocupa parte del uso común, motivo por el cual, las actuales y anteriores autoridades ejidales […] se han dado a la tarea de tratar de frenar los atropellos de los cuales ha sido víctima el ejido, así como el deterioro ambiental sufrido en particular en la superficie que encierra parte del bosque La Primavera, motivo por el cual se han girado infinidad de escritos a diversas dependencias con el objeto de solicitar su intervención…”.

Son predios que, conforme con las leyes ambientales y la Ley Agraria, “no permiten ser fraccionados, y/o subdivididos en parcelas o solares destinados a asentamientos humanos; sin embargo, y no obstante las restricciones urbanísticas en la zona, las tierras del ejido han sido constantemente amenazadas e invadidas por acaparadores de tierras que a través de asociaciones ficticias y otras constituidas legalmente, convocan a grupos vulnerables para vender lotes de terrenos fuera de todo procedimiento legal y de manera masiva han invadido gran parte de los terrenos…”.

Ha habido acciones para frenar tiraderos de escombro, o de basura, pero que se quedan cortas frente a la realidad: ni los campesinos, ni el sector oficial, encuentran aún la receta para hacer frente a este desafío. Y La Primavera padece una invasión hormiga a la que no puede hacer frente, hasta ahora, con medios legales.

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CLAVES 

La postura del ejido sobre la responsabilidad institucional 

1 Mediante resolución judicial, y por petición del Ejido, se determina excluirlo del polígono de protección del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera

2 La invasión y despojo de predios es materia jurisdiccional que deberá hacer valer el Comisariado Ejidal ante las autoridades correspondientes

3 De acuerdo a lo previsto por el artículo 38 fracción VIII de la Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco, compete a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente la regulación y destino final de los residuos de manejo especial (escombro)

4 El relleno y desvió de cauces por escombro, al ser cuerpos de agua, su determinación compete a la Comisión Nacional del Agua y la supervisión y posible sanción a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. (Se requirió delimitación en junio de 2017 a la Conagua)

5 La instalación y servicio de energía eléctrica fue proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad

6 El municipio no ha emitido licencias de construcción en la zona ni la instalación de desarrollos inmobiliarios, pero tampoco los ha clausurado

Fuente: Ejido Santa Ana Tepetitlán

sábado, 14 de julio de 2018

Defensores de Arboledas Sur se apuntan nuevo triunfo


Juez de distrito resuelve como improcedente petición de inmobiliaria para modificar suspensión.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La crisis generada por la decisión del juez tercero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo en la disputa por el área verde de Arboledas Sur, primero de reconocer como tercero perjudicado a la inmobiliaria de Diez SA de CV, después, de aceptar un incidente de “modificación de suspensión” en busca de reanudar el trabajo que hace para el Ayuntamiento de Guadalajara en el área verde de la zona, se ha solventado esta semana, con un triunfo parcial para los comuneros y vecinos que frenaron los cambios con el juicio de amparo 1545/2018, pues ese incidente ha sido declarado “improcedente” por el propio juez.

El pasado lunes 9 de julio, el juez fue denunciado penalmente por “delito de amparo” ante la Procuraduría General de la República, y posteriormente, el 10 de julio, se le pidió “recusación”, es decir, que dejara de conocer el caso, al considerar los quejosos que dilata la justicia y actúa a favor de su contraparte, el Ayuntamiento de Guadalajara, y a través de este, de la empresa inmobiliaria.

El conflicto es por una superficie de aproximadamente 7.6 hectáreas de bosque urbano que ha estado por décadas en posesión de los vecinos, pero que la actual administración municipal –con base en supuestos errores cometidos por administraciones previas- asegura se vio obligada a reconocer parcialmente a la empresa inmobiliaria que presenta escrituras de un predio denominado La Cuyucuata, de historia dudosa.

Guadalajara ostentaba escrituras de terrenos adquiridos entre 1982 y 1992, como base de su mejor derecho, pero un convenio judicial de junio de 2017 ha legitimado las aspiraciones de los empresarios. Sin embargo, un tercer actor que no entró en ese convenio es la comunidad indígena de hecho de Santa María Tequepexpan, que reclama los predios como parte de su superficie primordial. La justicia federal ha dado la razón, de momento, a los comuneros, pero no directamente por el juez recusado, sino por procedimientos hechos valer ante sus superiores, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en la queja 185/2018.

La “suspensión definitiva” otorgada a los comuneros impide que los acuerdos entre la inmobiliaria y Guadalajara sigan adelante. De ahí la urgencia de modificarlos, situación que no prosperó aunque el juez permitió el incidente. El miércoles 11 de julio, determinó que era “improcedente”.

El juez “dio trámite a la recusación y resolvió el incidente de modificación a la suspensión declarándolo improcedente. Se mantiene vigente la suspensión de plano, lo que quiere decir que por ahora el tráfico de influencias ha sido frenado”, dijo el representante legal de los quejosos, Pedro León Corrales, del Instituto de Derecho Ambiental (Idea). Queda pendiente saber si el juzgado será recusado, lo que implica que el juicio se deberá desahogar en otro juzgado. La suspensión de plano estará vigente hasta que el amparo derive en sentencia, lo que impide que se pueda modificar el estado del terreno en disputa.

viernes, 13 de julio de 2018

Vedas de ríos ya protegían negocios y abastecimiento


La supresión no estuvo bien soportada, pero es necesario exigir la aplicación de la legislación vigente para un manejo en términos de salud pública y sustentabilidad, advierten expertas.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El análisis detenido de los diez decretos de “levantamiento de vedas” y “establecimiento de reservas de agua” para gasto ecológico, emitidos por el presidente de la república, el 6 de junio pasado, en el Diario Oficial de la Federación, revela dos grandes realidades:

Uno, que esas vedas no preservaban el medio ambiente, sino que habían sido establecidas a partir de la tercera década del siglo pasado para garantizar el recurso a proyectos agropecuarios y de abastecimiento urbano, por lo que nunca fueron obstáculo para la obtención de asignaciones o concesiones en ese sentido.

Dos, que el gobierno de la república tuvo la oportunidad de aplicar las salvaguardas ambientales que prevé la Ley de Aguas Nacionales, sobre todo a partir de las reformas de 2004, y lo hizo de forma incorrecta en cuanto a la observancia de la ley, los elementos de soporte técnico y el derecho a la consulta de usuarios y ciudadanos de las cuencas afectadas. Esto deriva en que se amplíen las posibilidades para otros usos de agua en el marco de la Reforma Energética y las necesidades de sectores primordiales de la economía como el turismo. Respecto a la reserva ambiental, la duda es si de verdad esa agua existe.

Son parte de las conclusiones a que llegan las investigadoras y académicas de la Universidad de Guadalajara, Raquel Gutiérrez Nájera e Ivonne Álvarez Gutiérrez, en un documento intitulado “Alcances y limitaciones de los decretos de supresión de veda y zonas de reserva del Ejecutivo federal publicados el 6 de junio del 2018”, del cual entregaron una copia a MILENIO JALISCO.

“…grosso modo, podemos inferir, que los decretos per se, jurídica y técnicamente no tienen robustez y su implementación no está garantizada por instrumentos de cuenca en cuanto a rendición de cuentas y supervisión, medición y monitoreo que los puedan avalar. En efecto, los decretos de supresión no valoran técnica, social y ambientalmente el impacto de supresión de las aguas y su apertura a todos los usos permitidos por las leyes de la materia, entre ellas las propiamente hídricas y las del sector productivo entre las que encontramos las del sector energético, el fracking y el minero”, señalan. 

Es decir, el objetivo verdadero sería ampliar el abanico de posibles aprovechamientos, ante las necesidades generadas por los cambios económicos de los últimos años.

Esto no obsta para reconocer que “las vedas suprimidas no significaron la prohibición absoluta de aprovechamiento de aguas nacionales, sino que eran precisamente para garantizar la actividad productiva del país, de tal manera, que la discusión debe centrarse […] en la exigencia de estudios técnicos abiertos a la sociedad y usuarios, para validar si realmente existe la cantidad de agua que se dice existe, así como las afectaciones que la liberalización al mercado del agua implicarían todos los usos contemplados en la Ley de Aguas Nacionales, ya que no tenemos la actualización del padrón de concesionarios o asignatarios de cada una de las subregiones en las que se suprimió la veda, para entender, cuánta agua de la que se dice existe, en realidad ya estaba o no comprometida vía concesiones y/o asignaciones a entes de gobierno”.

Es decir, “los decretos de supresión de vedas, no evidencian realmente el agua que existe, sino que se remiten al acuerdo de Disponibilidad de aguas nacionales de 2016 y éste no se encuentra motivado en cuanto a estudios técnicos robustos y científicos del agua que existe”, situación que se agrava porque “la institucionalidad de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de sus consejos de cuenca, la supervisión e inspección, porque en las condiciones que opera actualmente, no se garantiza la vigilancia e inspección en campo, y, el sistema de concesiones y asignaciones no ha sido eficiente para garantizar la ausencia de sobreexplotación y contaminación de las aguas superficiales”.

Lo peor es que las lagunas detectadas no debieron darse, pues la legislación vigente prevé la realización de estudios rigurosos antes de determinar un cambio de política. Simplemente no fue observado.

Así, “los estudios técnicos tienen varias lagunas, porque omiten el contenido del artículo 40 de la Ley de Aguas Nacionales a saber: la declaratoria de utilidad pública; las características de la veda, de su modificación o de su supresión; las consecuencias previstas al instrumentar el levantamiento de la veda; la ubicación y delimitación de la zona de veda; la descripción del ecosistema hídrico o ecosistemas afectados; el diagnóstico de los daños sufridos en los ecosistemas hídricos superados, el volumen disponible de agua y su distribución territorial, así como los volúmenes de extracción, recarga y de escurrimiento; las bases y disposiciones que deberá adoptar la Autoridad del Agua, relativas a la forma, condiciones y, en su caso, limitaciones, en relación con las extracciones o descargas en forma temporal o definitiva; la expedición de normas que regulen los aprovechamientos y descargas, en relación con la fracción anterior, incluyendo el levantamiento y actualización de padrones; los volúmenes de extracción a que se refieren las dos fracciones anteriores, y la temporalidad en que estará vigente la veda, reserva de agua o zona reglamentada”.

Además, “al contrastar el contenido de los estudios técnicos [ET] con el precepto legal, se infiere que no existe concordancia entre el instrumento de política hídrica con el contenido regulatorio, de donde podemos inferir, que las bases técnicas para levantar las vedas a través de los ET no tienen la robustez jurídica y técnica para que el Ejecutivo Federal pueda garantizar el agua en el contexto de la gestión integrada de los recursos hídricos” que prevé la Ley de Aguas Nacionales.

Tampoco se garantizó “la participación de los organismos de cuenca en el análisis de los ET, si bien es cierto se les presentó el resultado de los mismos, ello no garantiza la participación de los organismos de cuenca en su análisis como menciona la Ley de Aguas Nacionales en el apartado relativo a la implementación de la veda y/o zona de reserva”.

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Claves 

Los datos generales 

Los diez decretos de supresión de vedas publicados en 2018, tienen su fundamento en la Ley de Aguas Nacionales vigente, aplicando el principio de progresividad y pro naturaleza es una fortaleza, en virtud de que el abordaje de los mismos rebasa a la ley de origen

Las vedas, reservas de aguas y zonas reglamentadas, constituyen instrumentos de la política hídrica, por un lado del régimen de concesiones y asignaciones del agua para su aprovechamiento y con el de la gestión de aguas nacionales para racionalizar las necesidades de agua y con ello contribuir al mejoramiento de la economía (art. 14 BIS 6 frraciones II y III de la LAN). Es decir, tienden a limitar el aprovechamiento de las aguas nacionales y su gestión

Los decretos de supresión de veda datan de 1931 y los más recientes de 1999 y 2012

Los decretos abarcan diez diferentes regiones hidrológicas, en nueve se suprimen vedas y en uno se crea solamente reservas de agua. Son 120 cuencas en 17 estados , 36 decretos de veda y de éstos uno es para asegurar agua para la actividad productiva, diecinueve relativos a actividades agrícolas, dos para garantizar agua potable, trece para aprovechar las aguas nacionales y uno para generar energía eléctrica

Decreto por decreto 

1 La subregión hidrológica (RH) Pánuco, abarca 11 cuencas hidrológicas, recorre 8 estados de la República y suprime 7 decretos de veda. De éstos, 5 vedas era para garantizar riego para la actividad agrícola, uno para garantizar agua la actividad productiva de la región de Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí y uno para el abastecimiento de agua potable para Ciudad Victoria y Madero y el funcionamiento de la cuenca.

2 La Región Hidrológica (RH) 12, Subregión Río Santiago, abarca 33 cuencas en 3 estados. Suprime 5 decretos de veda, todas ellas relativas a garantizar sistemas de riego nacionales y datan de 1931 a 1947.

3 La RH 19 de la Costa Grande de Guerrero, abarca 17 cuencas, todas ellas del estado de Guerrero. Suprime 8 decretos de veda que datan de 1954 y todos ellos tenían como objeto: conservar las condiciones hídricas para el aprovechamiento de las aguas y proyectos hidráulicos futuros.

4 La RH 20 de la Costa Chica de Guerrero, abarca 10 cuencas en la Costa del estado de Guerrero y parte de Oaxaca. Los acuerdos de supresión de veda datan de 1936, 1954 y 1955. La finalidad de dos de ellos era para la conservación de condiciones hidráulicas para proyectos de aprovechamiento de aguas y uno para la construcción de obras de riego y asegurar la producción agrícola.

5 La RH 25 San Fernando-Soto La Marina, abarca 10 cuencas en los estados de Nuevo León y Tamaulipas y sólo tiene un decreto de veda que se suprime de 1931, cuya finalidad era conservar las condiciones hídricas para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento de aguas superficiales.

6 La RH 28, subregión Papaloapan, abarca 2 cuencas en los estados de Puebla y Veracruz. Los acuerdos de veda que se suprimen datan de 1935, 1948, 1954 y 1955. La finalidad de dos de ellos era conservar las condiciones para el aprovechamiento y desarrollo de proyectos de aguas superficiales, uno para la construcción de obras hidráulicas de irrigación y la creación de Distrito Nacional de Riego y otro para garantizar el abastecimiento de agua potable a la población de Jalapa, Veracruz

7 La RH 14 Ameca, abarca 9 cuencas en los estados de Jalisco y Nayarit. El acuerdo suprime 3 vedas todos ellos de 1954 y de igual manera su finalidad era la construcción de proyecto de aprovechamiento hídrico a través de obra de riego para aumentar y mejorar la producción agrícola

8 La RH 15, Costa de Jalisco, abarca 8 cuencas en los estados de Jalisco y Colima. Los 4 acuerdos de veda que se suprimen datan de 1954 y su finalidad era la construcción de proyecto de aprovechamiento hídrico a través de obra de riego y mejorar la producción agrícola

9 La RH 28, Papaloapan, abarca dos cuencas en los estados de Oaxaca, Veracruz y Puebla. No tiene decretos de veda

10 La RH 30 Grijalva-Usumacinta, tiene 18 cuencas en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche. El decreto de veda que se suprime data de 2012 y su objeto era la falta de disponibilidad de agua en la Presa La Concordia y La Concordia II, determinó la capacidad de generación de energía eléctrica y levanta veda en toda la cuenca tributaria del río Grijalva

Fuente: Fuente: Alcances y limitaciones de los decretos de supresión de veda y zonas de reserva del Ejecutivo federal publicados el 6 de junio del 2018, Raquel Gutiérrez e Ivonne Álvarez

jueves, 12 de julio de 2018

El decreto fallido y la protección a medias del bosque La Primavera


Proteger 40 mil hectáreas de bosque y hacerlo parque nacional fueron dos metas que no se cumplieron con el decreto de 1980, lo que dejó un ANP más frágil y expuesta (III de III partes).

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El presidente Luis Echeverría Álvarez tuvo en su escritorio el decreto de parque nacional de La Primavera desde los meses finales de 1975, pero nunca lo firmó.

Los empresarios de las colindancias habían logrado excluir hasta diez mil hectáreas, fuera para desarrollos inmobiliarios a la postre altamente exitosos y con altos márgenes de utilidad, pues la vecindad con un área natural protegida les dio un valor de marca, lo que poco ha servido a favor de la propia zona protegida; o fuera para trabajos mineros que a futuro, terminaron generando una presión que aún hoy no se acaba para el bosque: los bancos de material geológico, una verdadera minería a cielo abierto que alimenta la expansión urbana de la ciudad.

Pero la suerte de los dueños de grandes predios al interior, se podría calificar de ambigua. Para don Vicente Arregui, uno de los propietarios que adquirió en esos años y se sumó a la asociación que pugnaba por evitar la expropiación de las tierras forestales, la clave fue el enfrentamiento entre los empresarios inmobiliarios tradicionales amparados por políticos jaliscienses de viejo cuño, y el emergente poder de la familia Zuno, los cuñados del presidente de la república, tras décadas de eclipsamiento desde la polémica destitución como gobernador del patriarca, José Guadalupe Zuno Hernández, un político obregonista en los agitados años veinte.

La postura respaldada por Zuno, por la Universidad de Guadalajara y por diversos organismos civiles, era el parque nacional y la expropiación del bosque. La de la asociación que encabezaban Dipp y su representante legal, Cástulo Romero Valencia, era oponerse a ese decreto, bajo la lógica de que era posible un aprovechamiento racional del patrimonio natural. Movían intereses y dinero, sin duda. Y había una capacidad de histriónismo a la que Dipp siempre le sacó provecho.

Por ejemplo, recuerda con gracia que en una de sus giras por Jalisco, Dipp Murad se tiró en el piso al paso del camión presidencial, y logró una entrevista con el mandatario. Luego, optó por “internacionalizar” el conflicto. “Echeverría andaba por Egipto, y que se reúne la asociación que él encabezaba, y que se van a Egipto a entrevistarlo […] la cosa era ir hasta allá para hacerse notar y hacerle saber la gravedad del asunto”, destaca Arregui.

- ¿Usted fue como representante con la comisión?

- No, yo me enfermé y no fui, y en mi lugar fue un ingeniero que acaba de fallecer, Octavio Velasco, el que hizo el Parque Metropolitano. Naturalmente supe lo que sucedió: el presidente estaba en Alejandría, y llegaron al palacio en que estaba hospedado, Ras el-Tin, en la orilla mediterránea del puerto fundado por Alejandro Magno a finales del siglo IV antes de Cristo.

“Le dicen los encargados: oiga, aquí hay un par mexicanos que llegaron a visitarlo; ¡ah cómo!, pásalos si vienen desde allá, respondió Echeverría. Eran don Jorge y el ingeniero Octavio; total que le dicen al presidente que no procedía, que los pequeños propietarios no estaban de acuerdo, y quehacer el parque iba ser un problema social, que había otras maneras distintas a la expropiación…”.

Lo dejaron pensando. “Después me enteré que Echeverría llegó a tener el decreto en su escritorio, pero que nunca lo firmó […] de algún modo le despertó la conciencia, o quizás estaba peleado con su mujer ese día, jajajaja”.

- ¿Y cuál era el argumento de los propietarios: queremos conservar el bosque, pero no queremos la expropiación?

- No, todavía no había el espíritu conservacionista. Muchos de ellos seguían pensando en pesos y centavos, y a la hora que se detiene la construcción de la carretera a Tala pues ya no iba a haber el flujo que se esperaba, y ante la incertidumbre, solamente El Palomar y Bugambilias se lanzaron a hacer rápidamente obras; porque todavía no había ningún decreto […] muchos propietarios, al ver que no habían logrado el fin económico que pretendían, abandonaron eso, de hecho hay cantidad de propiedades abandonadas, yo tengo amigos que compraron y no saben en dónde está su terreno, ni han ido, ni les interesa…

Jorge Dipp siguió en negociación con el siguiente presidente, su amigo José López Portillo. Pero don Vicente cree que fueron tirantes en algunos momentos. Además, el peso de la UdeG fue relevante para mantener la idea de alguna forma de protección.

El señor Arregui le compró su rancho de 400 hectáreas a un matrimonio de San Isidro Mazatepec, el esposo era José Luis Sánchez Díaz y decidió vender parte de sus muchísimas propiedades, como el rancho El Poleo, “y le vendió a Manuel Covarrubias y al ingeniero Hernández Montes. Su esposa había enfermado y no podía atender”.

- ¿Jorge Dipp cuándo llegó y cuántas tierras tenía?

- Híjole, no sé si con chuecuras, se sospechaba, pero eran de la ex hacienda La Primavera, él hizo un trato hace 70 u 80 años; tenía un aserradero y llego a explotar madera. Esa finca era lo último que tenían cuando entrego las 5,300 hectáreas al gobierno; lo último era el casco ese, tenía un arroyo que pasaba por atrás, con mucha agua, y sembraba caña. Cástulo Romero era su abogado y socio, todo un personaje, era un tipo de cuidado; por ahí en los setenta , a don Jorge todavía le vivía su hijo, le afectó mucho cuando se mató, y empezaron a hacer un fraccionamiento allá arriba, en el cerro de San Miguel, Ciudad La Primavera. Pero nos estaba invadiendo un montón en nuestra propiedad, y un día le dije, oiga don Jorge, están ahí sus mojoneras, y de ahí para allá es mío… cómo cree don Vicente, me contestó, son estos ingenieros pendejos...

- Era muy hábil.

- Era hábil como la chingada: a ver Cástulo ve con Vicentito y que escoja la tres por uno lo que le estamos invadiendo, tres tantos de tierra; y sí, me llevó a ver, es donde tenía la UdeG una propiedad, una casita con su arroyito; pero luego se mata el hijo en un accidente de aviación, se le bajó el ánimo y ya mejor lo abandonó. Y hoy sigue así, todo hundido, y están las calles trazadas…

- ¿Ya no hizo la lucha con López Portillo para poder sacarlo adelante?

- No, ya no, era un proyecto muy soñador, cómo vas a meter medio millón de personas, ahí la bronca siempre es el agua […] todavía le sufrimos, yo estoy la mitad del tiempo en el rancho, y en los meses secos hay que acarrear. Es que llueve y se absorbe, es un suelo poroso, absorbe todo.

De los Zunos y los otros

Luis Echeverría se casó con Esther Zuno Arce, y los hermanos, José Guadalupe, Rubén, Álvaro y Andrés, salieron a las ligas mayores de la política local una vez que Echeverría asumió como presidente de la república. El mismo patriarca hizo personal el empuje del decreto, coincide el arquitecto Fernando González Gortázar, quien aunque era hijo de Jesús González Gallo, y su hermano, el líder parvifundista y futuro senador Jesús (apodado'El Chacho') tenía ostentosos enfrentamientos con los Zuno Arce, no tuvo obstáculos para hacer una relación personal con el viejo promotor del Centro Bohemio, famoso por sus discrepancias con el arzobispo Orozco y Jiménez, y en general, por su enfrentamiento a los católicos tapatíos, que 20 años después vieron en González Gallo un aliado de sus causas.

“Yo me empecé a involucrar en La Primavera cuando aún estaba en vida don José Guadalupe, cuando empezó a escribir de crear el área protegida en tiempos de su yerno; yo tenía muy buena relación con el viejito Zuno, y la impresión en mi familia era que don Guadalupe aborrecía y era enemigo acérrimo de mi papá […] los nietos, los hijos, siguen creyendo lo mismo, que eran enemigos mortales, y es una mentira completa, cuando mi papá terminó su gubernatura, yo era muy chiquillo, se publicó un libro muy pequeño, que se llama realizaciones de un gobierno, en lo que se repasaba lo que había hecho mi papá, y en ese libro hay varios textos escritos por don Guadalupe Zuno […] don Guadalupe y mi papá se entrevistaban, platicaban, cuando se creó una cosa rara que se llamaba Instituto Jalisciense de las Bellas Artes…”.

Fue ese acercamiento el que le dio a González Gortázar la percepción clara sobre los valores y las fragilidades de La Primavera, y lo convenció de que su futuro debía ser el de una zona protegida.

Cuando finalmente, en 1980, el presidente José López Portillo emitió el decreto, no fue un parque nacional y no sería expropiado, lo que significó una victoria para el movimiento empresarial que encabezaba Dipp. Pero fue una victoria pírrica: la zona de protección forestal y refugio de fauna silvestre era un verdadero impedimento a los grandes proyectos inmobiliarios que los terratenientes habían añorado. En cuanto a la lucha por la conservación, tampoco las trajo todas consigo: todo el cordón de tierras boscosas de las orillas fue excluido. Los dueños de esas posesiones fueron los verdaderos ganadores, porque lograron fincar proyectos de vivienda para las clases más pudientes de la ciudad, con la aquietadora mercadotecnia verde, ¿qué era más ecológico que vivir al lado del bosque?

Allí comenzó una lucha que no ha terminado 38 años después: la de crear un área de amortiguamiento, justo lo que canceló el decreto cercenado.

Una de las organizaciones pioneras de esta preocupación ha envejecido tras el fallecimiento de su motor más visible, la ambientalista María Casparius, reconoce su esposo, René Solinís.

“Estuvimos tratando de hacer un área de amortiguamiento, y los dueños de los predios, particulares, nunca quisieron. Ellos decían que había que hacer la zona de amortiguamiento adentro de la zona protegida, lo cual es una vacilada. Fueron muchas reuniones, muchas discusiones técnicas, pero poco se logró”, dice.

- ¿Consideran que fracasamos como sociedad al no haber sacado adelante este planteamiento?

- Yo creo que ha habido esfuerzos pero no se ha podido; nosotros ya nos hicimos viejos y los jóvenes no terminan de ver la importancia de esto […] se va ir perdiendo el bosque así de fragmentando y de aislado por la urbanización, y se van a acentuar los problemas ambientales, problemas de agua, de especies de fauna y flora; el clima también, todo el medio ambiente, lamentablemente…


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Claves 

Una cronología 

1980
El presidente José López Portillo declara la zona de protección forestal y refugio de fauna silvestre La Primavera, en decreto aparecido el 6 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, con 30,500 ha. La propiedad pública se nutre de 5,300 ha donadas por el empresario Jorge Dipp como permuta por impuestos atrasados.

1987
Comienzan los trabajos de exploración de la geotermia por la Comisión Federal de Electricidad, que serán clausurados en 1991 ante la protesta de la sociedad tapatía por los daños ambientales.

1988
La UdeG emite un plan de manejo que será la base del futuro programa oficial. 1995 Se firma el acuerdo de coordinación Semarnat–gobierno del estado para transferir la administración del área natural protegida. La CFE suspende sus trabajos en el campo geotérmico de manera oficial. Se suspende la explotación de material geológico al interior del bosque.

1996
Se constituye el Comité Técnico para la Administración del Bosque La Primavera y se nombra al director del área protegida: Salvador Mayorga.

1997
Se constituye el Fideicomiso para la Administración del bosque; se instala la dirección ejecutiva.

1998
Devastador incendio en Planillas, la zona del Espinazo del Diablo, afecta más de 1,500 hectáreas, y urge a ampliar inversiones en infraestructura: comienza la rehabilitación de una red de caminos y torres.

1999
Comienza la delimitación física de los vértices del polígono del área natural protegida.

2000
Se crea Fomento y Protección de Bosque La Primavera AC, en apoyo a las gestiones de recursos. Se inscribe el decreto del área protegida en el Registro Público de la Propiedad.

2001
Tras consulta pública, se publica oficialmente el Programa de Manejo del bosque.

2002
Se expropia de forma concertada el predio Agua Brava para la instalación del centro de operaciones del área. Casi 700 ha por alrededor de 19 millones de pesos.

2005
El incendio más devastador de que se tenga registro pasa por más de 11 mil hectáreas y provoca una contingencia ambiental en Guadalajara.

2006
La Primavera es incluida en la Red de Reservas de la Biosfera del Programa el Hombre y la Biosfera de la Unesco.

2007
Se elabora el Plan de Acción a 30 años, hasta ahora no respetado. El ejido Santa Ana Tepetitlán gana un amparo para excluir casi 600 ha del área protegida.

2009
Inicia el Centro de Atención a Visitantes Agua Brava; se instala la caseta Agua Brava. Geotermia recibe autorización. Evidencias de fototrampeo del regreso del puma.

2012
Incendio devastador sobre casi ocho mil ha, replantea la necesidad de mejorar la conservación del bosque

2014
Se formaliza el organismo público descentralizado, pese a la oposición de propietarios y ejidatarios. Se asignan 19 millones de pesos, el presupuesto más alto de su historia

miércoles, 11 de julio de 2018

La Primavera, auge y fracaso de grandes negocios inmobiliarios


Tráfico de influencias y circunstancias políticas permitieron zonas de exclusión del bosque, pero también hubo grandes negocios fracasados (II de III partes).

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El nombre del banquero Juan García Sancho está ligado al de los negocios inmobiliarios que han prosperado en la franja de diez mil hectáreas de bosque que no fueron protegidas en La Primavera. Lo más extraño es que este empresario no vio ya la prosperidad del fraccionamiento El Palomar, tal vez el proyecto de su vida: deprimido y agobiado por sus acreedores, se quitó la vida la segunda semana de septiembre de 1975. El 22 de septiembre fue “destapado” como candidato del PRI, su primo, José López Portillo.

“Se suicidó días o semanas antes de que destaparan a López Portillo como candidato a la presidencia; en Guadalajara se comentó mucho, que hubieran bastado dos o tres semanas que Juan hubiera atrasado su suicidio, para que pasara a ser banquero de nuevo, con el apoyo de López Portillo […] se deprimió y suicidó por su problema económico y porque una mujer con la que andaba, que no era su esposa, lo abandonó y se fue a vivir a España con otro hombre que era su amigo. Él era mucho más viejo que yo, si mi hermano Jesús era ocho años mayor, yo creo que García Sancho era más de quince, y ahora tendría más de 90 años”.

Quien narra esta historia es el arquitecto Fernando González Gortázar, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2012, un artista cuya obra llena muchos espacios de identidad de Guadalajara, pero además, al ser hijo del exgobernador Jesús González Gallo, un conocedor de la elite que gobernó la ciudad y el estado desde los años 50 del siglo XX.

El doctor honoris causa por la UdeG (2013) recuerda que un primo segundo suyo, Carlos de Obeso Orendain, era “mano derecha” de García Sancho. “La familia García Sancho tiene una larga historia tapatía, Concepción era la directora eterna del Hospicio Cabañas, cuando aún era hospicio, y Juan que era el más chico, de cuatro hermanos, dos de los cuales eran gemelos, de repente, de un día para otro resulto ser un magnate”. Lo recuerda como un hombre dominado por el dinero y despiadado, y que también tuvo visión de negocios. El símbolo –que no llegó a construirse- de ese fraccionamiento, fue justamente un conjunto escultórico denominado El Palomar, autoría de uno de los tapatíos más famosos del siglo XX, el arquitecto Luis Barragán.

“Es que por el proyecto de Luis Barragán, El Palomar se llama así, porque la maravilla que ideó Luis Barragán era un palomar gigante, que no se hizo, pero quedó el nombre […] cuando iba a ser el aniversario 450 de la fundación de Guadalajara, el director de El Occidental, que en esa época era un periódico importantísimo, quizás el más importante, era Guillermo Chao; una vez me habló y me dijo: oye, quiero que el periódico empiece a promover la construcción de algo que simbolice los 450 años de la ciudad, y le dije, pues que hagan El Palomar de Barragán, no puede haber un símbolo más grandioso, y que lo hagan en el Cerro del Cuatro, que en esa época no estaba invadido de antenas…”.

Para el historiador Juan José Doñán, el tráfico de influencias que implicó El Palomar asestó un daño duradero a la conservación del bosque, porque sentó precedentes para favorecer zonas de exclusión.

“Cuando él logra los permisos para construir en La Primavera, va a abrir una patente de corso, con los otros fraccionamientos posteriores, Bugambilias, Rancho Contento […] si la autoridad federal había dado ya ese permiso, para algo que está en una cota más alta del cerro, ¿por qué no iba a dar para otros en cotas más bajas? Se suicidó porque tenía deudas muy grandes, tenía muchísimos acreedores, es como una historia novelesca, porque menos de dos semanas después destapan a López Portillo y se hubieran acabado sus problemas”.

El suicidio fue en el hotel Monte Carlo, que entonces tenía a su cargo. Los acreedores se quedaron con el proyecto, y ya no siguieron con la obra de Barragán, pero el fraccionamiento ha tenido una larga y exitosa trayectoria como negocio inmobiliario, en el cerro de El Tajo, al sureste de La Primavera.

A Dipp... la ley a secas

- Don Jorge, ¿qué pasaría si la propuesta del gobierno fuera que no se habite La Primavera?

- Es una idiotez, es como una casa abandonada, y lo que le pasa a una casa abandonada es que se cae; La Primavera deshabitada se muere, el hombre es el que le da vida a la naturaleza y la naturaleza al hombre, se complementan.

Este pasaje lleno de voluntarismo cósmico, tipo Schopenhauer, es en realidad una perla emitida por un hombre pragmático, seductor, “self-made man”, habilísimo en las relaciones públicas personales, que se ostentó como defensor de bienes naturales de Guadalajara y sus regiones circunvecinas… a la vez que hacía negocios con ellos. Es Jorge Dipp Murad, uno de los más conspicuos integrantes de la diáspora libanesa que ha hecho huesos viejos en la capital de Jalisco. La entrevista la realizó el reportero en agosto de 1998 en la oficina del empresario, en la zona industrial. Lucía ya enjuto y cansado, pero desprendía una fuerza interior que quizás sea la clave de su éxito en el mundo de los negocios… y de su fracaso inmobiliario en La Primavera

Jorge Dipp Murad, en su despacho de 1998 (Especial) Dipp Murad traía posiblemente el proyecto inmobiliario más ambicioso en el bosque: Ciudad La Primavera. Con helipuerto y aeródromo, campos de recreo, fincas campestres, caminos empedrados y todos los lujos de habitar la ciudad. La intención expresa era alojar medio millón de habitantes. El entonces mayor propietario del bosque se ostentaba en 1972 como dueño de unas 7,500 hectáreas. Amigo de gobernadores, de secretarios de estado, de presidentes. Logró convencer a Alberto Orozco Romero de convertir la sierra en una reserva urbana. El negocio pintaba como el mayor de su vida.

“López Portillo y don Jorge eran muy amigos; se hablaban, y don Jorge era muy insolente con el presidente, cosa que hacía que me cayera muy bien”, recuerda González Gortázar. “Se comenta que siendo López Portillo secretario de Hacienda al final del sexenio de Echeverría, llegó a visitarlo don Jorge y López Portillo muy enojado le dijo: estoy perfectamente enterado de que tú estás en quiebra técnica, de que debes más dinero del que tienes, y que pese a eso sigues pidiendo prestado, dando garantías falsas, y que él le contesto: claro Pepe, eso hago, y exactamente está todo el país igual…”. El trato era familiar, de confianza extrema, de camaradas. Sin embargo, López Portillo no permitió el desarrollo inmobiliario en los predios de Dipp, y por el contrario, le tomó 5,290 ha “a título de donación”, por deudas fiscales del magnate tapatío. Ese terreno formó la base del patrimonio público que se sostiene en La Primavera: el propio presidente en funciones lo donó al gobierno de Jalisco.

- Don Jorge presumió en la entrevista de hace 20 años que él era el principal donante de área pública en La Primavera, pero nunca dijo que tenía problemas fiscales que lo obligaron a ser benefactor.

- Sin duda, y quien financiaba los negocios de don Jorge era la Secretaría de Hacienda, o sea, López Portillo.

El origen de esa amistad puede ser las raíces jaliscienses de la familia López Portillo. Dipp se había logrado introducir en la alta sociedad tapatía desde los años treinta (MILENIO JALISCO, 30 de marzo de 2018). “Cuando era candidato a la presidencia hubo un gran mitin en la plaza de la Liberación, donde López Portillo dijo: ‘una pena tengo en mi vida, la de no haber nacido en Guadalajara; y un orgullo tengo en mi vida, la de llevar sangre de muchas, pero muchas generaciones de jaliscienses’. Ya te imaginarás que a todos los concurrentes se los echó a la bolsa; yo nunca conocí a López Portillo, más que una vez, siendo presidente, pero conocí a Margarita, su hermana […] si la conocí muy bien, porque iba a visita mi mamá con mucha frecuencia a su mamá, doña Cuquita, es decir, eran tapatíos a más no poder; nomás eran tres, Margarita, Alicia y José, y el único de la familia López Portillo que no vivió en Guadalajara fue José, pero doña Cuquita vivió casi hasta el final, ya muy viejita se la llevó a morir a México, era una personas encantadora”, agrega el artista.

La visión inmobiliaria de La Primavera era muy común en esos años 70, más allá de que para muchos representaba más la utopía bucólica frente a la ciudad que crecía y se desordenaba. Don Vicente Gerardo Arregui compró en esos años y recuerda que se puso de moda comprar a lo largo del camino a San Isidro Mazatepec, una carretera que se prometía, pronto sería completada.

“Hubo mucha compra de gente de Guadalajara, más que nada en cuestión de bienes raíces, especulativa. Don Jorge ya tenía su rancho en La Lobera, que conservó incluso cuando hizo la donación. No había autoridad, ni limitantes, no había organismos reguladores para el cuidado del bosque y la ecología. Aquello era tierra de nadie…”.

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Claves 

Una cronología 

1943
Se inaugura el primer balnerario del bosque, denominado La Primavera

1959
Una sociedad mercantil extranjera adquiere 10 hectáreas para abrir el SPA más antiguo

1968
Se establece el fraccionamiento más antiguo al interior del bosque: Pinar de la Venta

1970 y 1972
Decretos estatales para hacer de La Primavera “zona de utilidad pública y suo turístico” y “reserva urbana” de Guadalajara

1974-1975
La Secretaría de Recursos Hidráulicos establece la delimitación preliminar para un decreto de parque nacional, y luego, la definitiva

1976
Se entrega al presidente Luis Echeverría la propuesta de parque nacional, en junio de ese año. 33 organismos de interés social y la Universidad de Guadalajara lo proponen

1980
Rechazada la propuesta de parque nacional, el presidente José López Portillo decreta el 6 de marzo “zona de protección forestal y refugio de fauna silvestre”

Fuente: Plan de Manejo Bosque La Primavera, 1989, Facultad de Agricultura y DICSA de la UdeG

martes, 10 de julio de 2018

La Primavera, historia de un decreto que “desprotegió” 25% del bosque


El área natural protegida esencial para el futuro del AMG presenta un pasado accidentado en que los poderes económicos lograron su cercenamiento (I de III partes).

Agustín del Castillo / Gadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los mapas con los que se trabajó la propuesta de protección de la sierra La Primavera a partir de 1972, cuando, bajo el padrinazgo del ya anciano ex gobernador José Guadalupe Zuno Hernández, suegro del presidente en funciones, Luis Echeverría Álvarez, se impulsó en serio la creación de un parque nacional, no corresponden casi en 25 por ciento al polígono protegido de la actualidad.

Tampoco el régimen de protección. De un parque nacional que significaba una expropiación de alrededor de 40 mil hectáreas para constituir una propiedad pública, se pasó en el siguiente gobierno, de José López Portillo, a una zona de protección de flora y fauna más laxa, que no alteraba la tenencia de la tierra, sobre un polígono de 30,500 hectáreas, que con el tiempo, y como fruto de un proceso judicial exitoso del ejido Santa Ana Tepetitlán culminado hace menos de diez años, quedó aun más reducido, a 29,900 ha, aproximadamente, al día de hoy.

Las modificaciones de superficie y los cambios de modalidad jurídica evidencian lo que el lector ya debe sospechar: el conflicto de intereses económicos que desató la pretensión de conservar un bosque que es valorado hoy como una de las piezas más valiosas del rompecabezas metropolitano: aire, temperatura, agua, suelos fértiles, variedad de plantas y animales, captura de carbono, servicios ambientales que determinan la situación privilegiado de la que todavía goza, de forma decreciente por el caos urbano, el área metropolitana de Guadalajara.

Al tiempo que se trabajaba la propuesta de protección y se levantaban inventarios de materias tan diversas como geología y suelos hasta botánica y fauna que habitan la caldera volcánica de 40 mil hectáreas, los grandes propietarios hacían su juego: primero convencieron al gobernador Francisco Medina Ascencio, de considerar el área como de “utilidad pública y uso turístico” en diciembre de 1970; lo que derivará casi dos años después, ya bajo el gobierno de Alberto Orozco Romero, en la definición del bosque como “zona de reserva urbana”. El escenario se viene complicar con una determinación del presidente Echeverría, de dotar de 1,103 hectáreas en la zona boscosa al poblado Adolfo López Mateos, un área que a la postre alojará el aprovechamiento geotérmico de la Comisión Federal de Electricidad, detenido en 1989 por daños ostensibles a los ecosistemas contiguos.

Echeverría no se decide a decretar, ante las gestiones numerosas de los grandes dueños del bosque, encabezados por el empresario de origen libanés Jorge Dipp Murad, que pretende echar a andar un ambicioso proyecto inmobiliario para medio millón de habitantes, conocido como “Ciudad Primavera”. Pero tampoco les da la razón. Lo deja en manos de su sucesor, quien salomónicamente genera la zona de protección de flora y fauna sobre 30,500 ha, lo que deja a salvo grandes proyectos inmobiliarios, pero otros son sacrificados a la conservación. Esta es la historia, con algunos de los últimos actores y un puñado testigos consultados por MILENIO JALISCO, de por qué La Primavera no llegó a ser lo que en 1972 se pensaba era su destino.

Un bosque completo 

“La Primavera es una caldera volcánica, y uno esperaría que los límites del área protegida fueran los de esta formación geológica; nosotros, al trabajar el primer documento de manejo, calculamos que el límite del bosque debió ser de 40 mil hectáreas, ya que es esa superficie la que ocupa en términos del proceso biológico que ha originado esas formas del relieve; eso significa que El Tajo y el Cerro Pelón estaban dentro del límite natural del bosque, en una lógica de parque nacional, es decir, debieron estar incluidos en el polígono natural, así lo señalaban los primeros estudios que se hicieron para decretar”, explica el investigador de la UdeG, fundador del laboratorio natural La Primavera y coordinador del primer plan de manejo, Arturo Curiel Ballesteros.

Cuando los estudiantes y científicos de la UdeG comenzaron a elaborar ese texto, ya habían pasado más de siete años del decreto del presidente López Portillo, y una de las preguntas que se hicieron, tras revisar el ámbito territorial, fue por qué se habían excluido esas amplias zonas de bosque.

“Le pusimos el foco a por qué estaban excluidas estas partes; me di cuenta, revisando documentos, que la UdeG había sido en tiempos de Enrique Zambrano la institución a la que se encomendó que recabara información sobre quiénes eran los propietarios de La Primavera, intuyo que el encargo se debe por Zuno, que era prohombre de la universidad, pero todo estaba documentado en el archivo de la UdeG y me di cuenta que no estaba todo el rompecabezas completo: se reconocía que no se había podido identificar a todos los propietarios; luego me fui a la parte de los mapas, y en el caso de El Tajo, solo había tres letras: LEA, y cuando llega el decreto todo eso queda excluido, sin un nombre confirmado,  solo unas siglas”, refiere.

Sobre el tema de esa montaña donde ahora prosperan desarrollos inmobiliarios como El Palomar, Bugambilias y Santa Anita, el historiador Juan José Doñán y el arquitecto Fernando González Gortázar, hijo del ex gobernador Jesús González Gallo y testigo a distancia de la vida en Guadalajara en esos azarosos años setenta, confirman que al menos en parte, El Tajo era propiedad de un banquero famoso, Juan García Sancho, y en cuyos terrenos se estableció El Palomar, aunque el empresario tendría un fin trágico.

“Todas esas partes de lo que después fue Bugambilias y El Palomar fueron excluidas, y no es un límite lógico, no es un límite natural; es un límite con otro tipo de racionalidad, uno podría suponer que ya había algún tipo de planes, porque tampoco estaba incluido en el proyecto de ciudad satélite [de Jorge Dipp]; yo supongo que surgió un interés inmobiliario que pesó y logró que esa zona fuera excluida {…] el interés de excluirla vino del gobierno federal”, añade Curiel Ballesteros.

- En el caso de esos polígonos hoy poblados de desarrollos inmobiliarios, al norte y al sureste, parece claro el interés de negocio que logró prevalecer, pero hay exclusiones en la zona poniente, en Tala y Tlajomulco.

- Si buscamos una explicación de por qué esa zona fue excluida, la hipótesis que tuvo más peso en ese entonces era que no se trataba de intereses inmobiliarios, sino mineros; había el interés de hacer un aprovechamiento económico en esa actividad, con los bancos de jal, ya estaba establecida la tecnología de los bloques para construcción, en lugar del tradicional ladrillo, y también se tenía la costumbre de lavar los pantalones de mezclilla con roca volcánica, para darles un acabado de usado, era una moda en todo el mundo; intuyo ahí ese interés económico.

- ¿Y por qué fue excluido el cerro de El Tepopote, al norte del bosque, después de la carretera a Nogales?

- En ese caso, no pertenece a la formación volcánica de La Primavera; es una zona geológicamente de mayor antigüedad que La Primavera, que tiene 140 mil años, es muy joven en términos geológicos; para que se entienda: si dividimos a la mitad a Zapopan, la parte sur sería La Primavera, la parte joven, y al norte, llega a haber formaciones de diez millones de años; si bien, el Tepopote no tiene diez millones de años, sí es más antiguo que La Primavera y no pertenece a su formación.

Otro fraccionamiento que prosperó fue Pinar de la Venta. “Ya existía en los tiempos de decreto; ha habido tres secciones en ese fraccionamiento y las tres secciones utilizan la elevación, regularmente en los limites naturales, como los límites del polígono. En Pinar de la Venta la primera sección estaba desarrollada cuando se firmó el decreto, la parte norte, y aunque la sur no lo estaba, era lógico dejar la exposición sur para el crecimiento del fraccionamiento con base en sus límites naturales, cosa que no sucedió con Bugambilias, donde hay una parte que no tiene un límite geomorfológico…”.

Curiel Ballesteros sostiene que no haber protegido la totalidad del bosque es un error que ha causado problemas. “Un ecosistema se conserva de mejor manera y se regula de mejor manera considerando el mayor polígono posible, integrado, porque la dinámica que tiene el sistema va hacia esos límites naturales; sin duda el haber cercenado estas partes fue una mala decisión, ya que no dejaba a 100 por ciento su capacidad reguladora, y al cercenar no sólo le quita un fragmento de ecosistemas, sino que se generan elementos que presionarían al área natural protegida […] el gran problema del bosque, desde los años ochenta, fue la irracionalidad frente a lo que debe ser un manejo, porque las áreas cercenadas empezaron a generar presiones, y abrieron las puertas a otras presiones como la CFE, incluso se autorizaban bancos de material geológico en el área natural protegida. Parece que decían: hay mucho bosque, si le quitamos un poquito no pasa nada…”.

38 años y cuatro meses después de la institución del área natural protegida, la diferencia creada por un decreto presidencial que favoreció intereses económicos de corto plazo es visible: mientras en Bugambilias, segunda sección, el costo por metro cuadrado en breña va de 4600 a 5,500 pesos, el predio de Agua Brava, adquirido por el gobierno del estado en la zona de uso turístico del bosque, costaría hoy alrededor de 8 pesos por m² si se actualiza tipo de cambio e inflación. En temas de negocio, el uso de suelo sí hace diferencia.

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Claves 

Una cronología 

1934

El presidente Lázaro Cárdenas declara “zona de protección forestal” 10 mil km² de bosques que rodean a Guadalajara, lo que incluye a La Primavera

1963

La Comisión Forestal del Estado de Jalisco, crea una coordinación para un proyecto de parque estatal en La Primavera, lo que es apoyado por el gobierno federal un año después

26 de diciembre de 1970

El gobierno de Jalisco declara de “utilidad pública y uso turístico” el bosque

14 de octubre de 1972

El gobierno de Jalisco decreta como “zona de reserva urbana” al bosque La Primavera, lo que da legalidad a la pretensión de ciudad satélite de Jorge Dipp Murad

6 de marzo de 1980

El presidente José López Portillo declara la zona de protección forestal y refugio de fauna silvestre La Primavera, en decreto aparecido ese día en el Diario Oficial de la Federación, con 30,500 ha. La propiedad pública se nutre de 5,290 ha donadas por el empresario Jorge Dipp como permuta por impuestos atrasados

1987

Comienzan los trabajos de exploración de la geotermia por la Comisión Federal de Electricidad en Cerritos Colorados, del ejido López Mateos

1989

La UdeG emite un plan de manejo que será la base del futuro programa oficial. ​


Comuneros recusan a juez de distrito para salvar Arboledas


Han interpuesto denuncia en la PGR contra juez tercero de distrito por "delito de amparo" y le han solicitado que abandone el caso por su presunta parcialidad

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los comuneros de Santa María Tequepexpan, cuyos territorios se ubican en Tlaquepaque y Guadalajara, buscan hacer a un lado al juez tercero de Distrito en Materia Administrativa, porque a su juicio, ha pactado con el Ayuntamiento de Guadalajara la entrega de las tierras del bosque urbano de Arboledas Sur a la inmobiliaria que fue beneficiada con el desistimiento, por parte del municipio, de un juicio civil en que reclamaba el inmueble.

Para eso, los abogados de los comuneros han jugado en dos bandas: ayer 9 de julio, interpusieron denuncia en la Procuraduría General de la República (PGR) en contra el juez Óscar Arturo Murguía Mesina, en la que lo acusan de “delito de amparo”. Este es el argumento:

 “denuncia por delito de amparo, previsto en el artículo 265 fracción II de la Ley de Amparo, en virtud de que la procedencia de la suspensión de plano es notoria y sin embargo el juez tercero de distrito en Materia Administrativa y del Trabajo en el estado de Jalisco, negó la suspensión a la comunidad indígena de hecho quejosa [juicio 1545/2018], por lo que se actualiza lo dispuesto en el artículo 265 fracción II de la Ley de Amparo, que a la letra dice: Se impondrá pena de dos a seis años de presión, multa de treinta a trescientos día, destitución e inhabilitación de dos a seis años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al juez de distrito que conozca de un juicio de amparo o del incidente respectivo, cuando dolosamente: […] II. No concediere la suspensión, siendo notoria su procedencia”.

La negativa de la suspensión por parte del juez, “tiene como consecuencia que la autoridad responsable ejecutó los actos reclamados del 28 de mayo al 13 de Junio de 2018 ocasionando daños al bosque de Arboledas del Sur, derivados de la obra del bosque urbano promovida por el Ayuntamiento de Guadalajara, daños realizados en agravio de la comunidad indígena de hecho, quejosa, y los vecinos de Arboledas del Sur”. La decisión del juez fue remediada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en la queja 185/2018, la cual ordenó al juez otorgar la medida cautelar negada. Pero eso no impidió los daños al entorno, pues la maquinaria contó con quince días para hacer movimientos de tierras en la zona. 

El segundo movimiento es que, con base en esa denuncia penal, considerada “inédita” por el integrante del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), y representante de la comunidad quejosa, Pedro León Corrales, sea recusado el juez de este amparo, lo que se ha realizado esta mañana. “Se promovió la recusación del juez con el objeto de garantizar la imparcialidad en el caso que se cuestiona y se pone en duda. Estas acciones no tienen precedente y se hacen en el contexto de la transición por cambio de gobierno y de combate a la impunidad y tráfico de influencias, que vemos ejercen el Ayuntamiento de Guadalajara y el gobierno del estado con los jueces de distrito. Lo urgente del caso es que mañana [hoy] hay audiencia incidental de modificación a la suspensión de plano, y aunque no procede modificarla, existe el riesgo de un acuerdo arbitrario y por eso es fundamental”, dijo a MILENIO JALISCO.

La recusación fue entregada al propio juez impugnado, al que señalan que, “además de la negativa de la suspensión […] ha emitido diversos acuerdos en el amparo 1545/ 2018, que violan el procedimiento en agravio de la parte quejosa, que estimamos puede implicar una actuación parcial del juzgador en contra de la quejosa, que favorecen a las autoridades responsables y a la tercero Interesada [la inmobiliaria]

” Entre ellos: “tramitar el incidente de suspensión sin que la quejosa lo hubiera solicitado y pronunciarse sobre la suspensión provisional en sentido negativo, omitiendo pronunciarse sobre la suspensión de plano solicitada”; dos, “tener como tercero interesado a la Empresa Inmobiliaria de Diez SA de CV, a pesar de que pretende acreditar su interés jurídico y legitimación y ese carácter como propietario del predio La Cuyucuata, terreno distinto a la materia del amparo”; tres, “ admitir a trámite el incidente de modificación a la suspensión de plano, promovido por la tercero interesado a pesar de que la promoción del incidente fue de modificación a la suspensión provisional”, esto último es considerado muy grave por León Corrales: demostraría una “suplencia de queja” que es violatoria, porque solamente existe para las comunidades agrarias y no favorece a particulares.

De ahí, se desgranan negativas a suspender el pronunciamiento sobre el incidente de modificación a la suspensión de plano mientras estaba la queja en el Colegiado, así como el expediente principal hasta que se resuelva la queja en contra del auto que tiene como tercero interesado a la inmobiliaria. Además, “al presentarse la denuncia penal en contra del titular de este juzgado por la parte quejosa, existe un procedimiento en el cual la quejosa es contraparte del Juez de Distrito y viceversa”. Con base en esto, la audiencia para modificar la suspensión de plano, considera León Corrales, debe ser suspendida.