jueves, 22 de febrero de 2018

El Observatorio demanda transparencia en río Turbio


El organismo ciudadano sobre gestión del agua señala que no hay garantías de que León entregue agua pactada en calidad y cantidad.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El gran tema del agua en Jalisco en términos de controversia política es el proyecto del trasvase del río Verde a la ciudad de León. Los colectivos alteños, y el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua, señalan que el acuerdo de compensación que el gobierno de Guanajuato ha signado con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno de Jalisco, no tiene visos de cumplimiento: ni siquiera habría condiciones para entregar 80 millones de metros cúbicos comprometidos a cambio de los casi 120 millones que la ciudad de El Bajío quiere importar de Los Altos, aseguran.

"Se recomienda al Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco solicitar a la Comisión Nacional del Agua y hacer del conocimiento público de forma inmediata el Inventario de Plantas de Tratamiento de aguas residuales cuyas descargas van al río Turbio, ubicado en el Estado de Guanajuato, así como sus condiciones actuales de operación", es una de las últimas recomendaciones sobre el asunto.

Una segunda recomendación en el tema fue "solicitar a la Conagua y hacer del conocimiento público, de forma inmediata el inventario de las descargas municipales industriales, así como el tipo de contaminantes establecidos en las condiciones particulares de descarga fijadas a los procesos industriales y de servicio que descargan actualmente en el Río Turbio, ubicado en el estado de Guanajuato".

Dos recomendaciones más: solicitar al mismo organismo "y hacer del conocimiento público las características ambientales y tipos de contaminantes que contiene el río Turbio en su desembocadura actual en el río Lerma en el estado de Michoacán"; así como "hacer del conocimiento público los sitios autorizados para la estabilización de los lodos productos del tratamiento de las aguas residuales autorizadas para descargarse en el río Turbio, así como los medidas de tratamiento y disposición final de estos".

Según los datos oficiales, el río Turbio tiene un escurrimiento medio anual de 163.4 millones de metros cúbicos pero se le extraen 145.8 millones de m³. De ese volumen, 22.4 millones de m³ se evaporan en los 215 kilómetros del afluente. Los "compromisos" de agua abajo ascienden a 18.9 millones de m³. Es decir, el río Turbio casi desaparece, o como se dice en lenguaje técnico, tiene "déficit" (Estudio técnico de los recursos hídricos del área geográfica Lerma-Chapala, Semarnat, Diario Oficial de la Federación, 24 de julio de 2006).

Buscan bonos del agua

El Observatorio considera que hay discriminación a los productores de alimentos aunque es un derecho tan importante como el del acceso al agua. "El manejo integral del agua no solamente comprende la construcción de obras hidráulicas para la concentración de agua, la distribución local y regional y el aprovechamiento regulado por la autoridad, sino que dentro de las múltiples acciones vinculadas que requieren establecerse y normalizar, bajo el marco de la sustentabilidad, está la prevención, protección y manejo de las características territoriales que hacen posible la infiltración, escurrimiento y evapotranspiración natural en favor del equilibrio del ambiente, esto es, el ciclo natural del agua. Es por ello que se recomienda al poder ejecutivo de Jalisco, que diseñe, establezca y promueva, la conformación y establecimiento de una estrategia Estatal en avance comunitario hacia la sustentabilidad, fincada en la emisión de Bonos del Agua como una medida compensatoria a las acciones y actividades que los productores agropecuarios realicen en sus propiedades, para provocar, e incrementar los procesos de infiltración y recarga de aguas subterráneas en cantidad y calidad, como una medida compensatoria en la obtención de los derechos de explotación uso y aprovechamiento de las aguas nacionales en beneficio comunitario para la producción del sector primario, particularmente para aquellas zonas cuyo estrés hídrico las hace más vulnerables al cambio climático".

SRN

Tribunal agrario concilia conflicto en La Capilla


La disputa de dos comisariados favoreció que el paso de la carretera de cuota no fuera enfrentado, advierte asesor.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La construcción del Macrolibramiento dejó una huella permanente en la vida institucional del ejido La Capilla, en Ixtlahuacán de los Membrillos. “En este ejido existen representantes ejidales impuestos por el Registro Agrario Nacional [RAN] y el gobierno del estado, con actas falsas de elección, la primera de marzo del 2012, la segunda de marzo de 2015, y además dos actas de asambleas falsas con suspensión de derechos de voz y voto en contra de los ejidatarios que se opusieron al Macrolibramiento: la primera por 6 meses y la segunda por 10 años”, asegura el representante de los afectados en ese proceso, Pedro León Corrales.

En el Tribunal Unitario Agrario número 15, donde se desahogaban las causas agrarias por el tema (215/2016, 546/2015 y 772/2012), se ha establecido el pasado 15 de febrero un convenio entre las dos partes, por el cual “se dejan sin efecto la suspensión de derechos por 6 meses y la de diez años a los ejidatarios del grupo que encabeza Víctor Madrigal Viramontes, lo que deriva a que el RAN actualizaría los derechos de los suspendidos con un padrón completo. También se propone una planilla única, que encabezaría el grupo de Víctor Madrigal con los presidentes del Comisariado Ejidal y Presidente del Consejo de Vigilancia, y se harían los pagos pendientes al grupo disidente”, explicó el integrante del Instituto de Derecho Ambiental (Idea).

No obstante, “se dejan a salvo las denuncias por delitos de falsificación de documentos y responsabilidades en contra del grupo contrario y acciones diversas contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes [SCT]”. Un dato importante es que la mayoría de ejidatarios la tiene el grupo de Víctor Madrigal, asegura.

“Consideramos que el convenio es favorable, porque de otra manera en marzo de 2018, habría una tercera representación ejidal impuesta con documentos falsos y esto representa un desgaste interminable. El convenio se tomó porque la tendencia del caso es que se ganaría por el grupo de Víctor Madrigal y porque en noviembre de 2017, entro en vigor un criterio mediante circular en el RAN que deja sin efectos la suspensión de derechos de voz y voto a los ejidatarios, lo que beneficia al grupo opositor y se aplicaría en su beneficio de modo retroactivo”, añade.

La Capilla era uno de los puntos ambientalmente más sensibles del trazo impuesto por el Macrolibramiento de Guadalajara. En el territorio ejidal atraviesa un tramo especialmente rico del arroyo Los Sabinos, el cual forma parte de un área natural protegida de carácter estatal que fue decretada en 2015. Lo único que se rescató ambientalmente fue retirar ligeramente el trazo, pero está pendiente saber si no habrá efectos negativos para ese corredor biológico que liga Cerro Viejo con el río Santiago.

Un vecino de La Capilla, el escultor Jorge de la Peña, interpuso amparo por los posibles daños ambientales de la carretera al flujo hídrico y de especies, y aunque los peritajes le dieron razón, la justicia federal no emitió medidas de protección. Los ahuehuetes del corredor tiene hasta 700 años de edad.

SRN

miércoles, 21 de febrero de 2018

Jalisco no debe apostar a la “puerta falsa” del etanol


Gabriel Quadri sostiene que los biocombustibles son "puerta falsa" y se debe apostar por acelerar transición energética y mejorar ciudades. Amparo ha concedido suspensión a quejosos.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Jalisco está apostando de forma errónea a los biocombustibles, porque provocarán un incremento en la contaminación del aire y no resolverán ninguno de los problemas generados por un área metropolitana mal construida y estructurada, y sin transporte público de calidad, advierte el doctor en economía por la Universidad de Texas, activo ecologista, ex presidente del Instituto Nacional de Ecología, ex director del Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable, y ex candidato presidencial, Gabriel Quadri de la Torre.

"Uno de los más grandes problemas del bioetanol es que provocará una mayor contaminación por ozono, y Guadalajara tiene una calidad del aire mala, debido a las concentraciones de ozono altísimas; entonces lo que van a hacer es agravar el problema, está comprobado, es más volátil, genera más vapores, genera más compuestos tóxicos que la gasolina, así que traerán un problema bastante serio; por otro lado, producir etanol en Jalisco, es un acto de barbarie ecológica, como ha pasado en el caso del maíz en Estados Unidos y en el caso de la caña en Brasil; implica más deforestación, destrucción de entornos naturales, uso masivo de químicos y fertilizantes, contaminación de ríos, contaminación de suelos", señala en entrevista telefónica con MILENIO JALISCO.

Esto, porque "el etanol tiene un ciclo de carbono de efecto invernadero peor que la gasolina, así que bajo cualquier perspectiva es un absurdo, es una barbarie ambiental, utilizar la biodiversidad y la materia primaria neta de la tierra, para quemarla, y usarla para los motores de los coches; totalmente absurdo, por eso nosotros interpusimos la demanda de amparo, y obtuvimos la suspensión provisional, y luego la suspensión definitiva; estamos esperando ahora que llegue a un Tribunal Colegiado de distrito", refiere.

El amparo, interpuesto por varias organizaciones  ambientalistas, es contra el proceso de cambio en la norma oficial mexicana 016-CRE en relación al uso del bioetanol como oxigenante de gasolinas; en la actualidad, se permite a 6.5 por ciento pero no incluye las tres grandes áreas metropolitanas del país. Jalisco lleva cabeza en la gestión para alcanzar 10 por ciento de volumen por tanque y que se incorpore a las tres mayores ciudades mexicanas.

- ¿Qué podría hacer una sociedad que demanda combustibles baratos, que es lo sensato para resolver un problema económico en el corto plazo?
- Es que es lógico que el interés inmediato va en contra del interés colectivo, y mientras no haya una política de gobierno que impida esa acción, esto va a ocurrir; pero es un espejismo el caso del etanol, Guadalajara se está yendo por el camino fácil, y esto va a empeorar las condiciones de calidad del aire en la ciudad.

- ¿Qué propondría como alternativa?
- Yo no soy el gobierno, pero si fuera gobierno prohibiría terminantemente el uso del etanol, el uso y la producción de etanol [...] la única manera de reducir las emisiones de los vehículos es utilizar la electricidad, usar vehículos eléctricos, por eso hay que acelerar la transición tecnológica y energética; el etanol es una fantasía, y va a ser un desastre para Guadalajara.

- ¿La reforma energética pone las bases para el cambio tecnológico?
- Claro, la reforma energética te ofrece los elementos para acelerarlo, y de hecho ya lo está haciendo [...] aunque la reforma energética no tiene nada que ver con los precios, eso es mentira, o sea, no se hizo la reforma para tener combustibles más baratos, eso es absurdo, de países no desarrollados, populistas, demagógicos; los países desarrollados tienen combustibles caros, con impuestos, para poder manejar los costos, la contaminación, la ineficiencia, el derroche, para tener vehículos eficientes, y un transporte público efectivo. Los combustibles baratos es una aspiración de países tercermundistas...

- ¿Entonces en lo que acertó Jalisco es en apostar al transporte masivo?
- Sí, es lo que se debe hacer Guadalajara, más transporte masivo, e incluso debería haber un impuesto a los combustibles fósiles, y al etanol mismo, y con esto financiar la transporte colectivo, eso es lo que hay que hacer [...] en todo el país, el transporte colectivo eficiente es una asignatura pendiente; necesitamos una política nacional, que no existe, de financiamiento a fondo perdido, con desarrollo tecnológico, con una promoción, que no existe, con un órgano nacional que se dedique a promover, regular y a garantizar un transporte publico eficiente, en las ciudades del país.

- Esto tendría que ligarse al problema también de la estructura de las ciudades y su expansión brutal...
- Claro, y no hay una política urbana en México; necesitamos que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano [Sedatu] adquiera las capacidades para promover una política urbana sostenible, con ciudades compactas, densas, con transporte colectivo y vialidad no motorizada; hoy eso está en manos de los municipios y sacamos de la ecuación al gobierno federal, lo cual fue un gravísimo error.

Contra la Comisión Reguladora de Energía

Gabriel Quadri enfatiza: "la modificación unilateral de la normatividad de combustibles (NOM-016) llevada a cabo por la Comisión Reguladora de Energía obedece a criterios de tipo comercial que nada tienen que ver con los atributos ambientales del etanol. Más bien, significa pasar por alto advertencias, riesgos y una multiplicidad de estudios científicos que muestran el impacto negativo del etanol sobre la calidad del aire, así como sus consecuencias sobre la contaminación de aguas y suelos. El perfil del etanol se revela más preocupante si se consideran sus efectos sobre la integridad de los ecosistemas naturales y sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Igualmente, es preciso anotar que el uso de etanol mezclado con gasolinas no significaría menores precios para los consumidores".

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Claves

Bioetanol, mercadotecnia, ingenuidad y trampa

"Mercadotecnia y cabildeo de intereses agroindustriales, así como cierta ingenuidad o desinformación han hecho creer a muchos que el etanol es un combustible 'ecológico' por provenir de diferentes vegetales (caña de azúcar, maíz, sorgo, etcétera). De hecho, en la propaganda oficiosa, se ornamenta en diseño gráfico con una pequeña hoja verde, que evoca atributos de sustentabilidad ambiental del etanol", sostiene el informe Impactos previsibles del uso de etanol en las gasolinas en México, elaborado por Gabriel Quadri, a nombre de las organizaciones ambientalistas que promovieron el amparo

"Todos ellos han sido desmontados por la evidencia científica; e incluso en Estados Unidos, conforme la experiencia con el uso de etanol ha madurado, un amplio espectro de organizaciones no gubernamentales y de académicos reputados se oponen a continuar favoreciendo el uso de etanol mezclado con las gasolinas"

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) "utilizó argumentos cuestionables para evitar tener que presentar una Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) sobre la modificación de la NOM-016 que aumenta el contenido de etanol en las gasolinas y les concede privilegios en materia de volatilidad (presión de vapor)"

Algunos han defendido la decisión "argumentando, sesgadamente, que Estados Unidos otorga esta laxitud en su regulación –y que los cambios únicamente buscan homologar a México con Estados Unidos. Pero la realidad es que la regulación en zonas críticas de concentración de ozono en Estados Unidos rechaza explícitamente esta 'exención' o regula las gasolinas de forma diferente, haciendo de facto imposible conceder el privilegio mencionado (como lo es el caso de las gasolinas reformuladas)"

En México "se concedió la exención de forma indiscriminada a cualquier gasolina E10, incluyendo al menos a 19 ciudades que actualmente exceden los límites máximos permisibles de ozono. Es decir, se adoptaron las ideas de la regulación estadounidense que favorecen al etanol, pero se ignoraron las que le resultan inconvenientes a esta industria"

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, "los actores que tienen la autoridad y solvencia técnica dentro del gobierno federal, advirtieron a la CRE que relajar la volatilidad en las gasolinas repercutiría en un incremento de 19% de emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs), considerados precursores de ozono. La CRE de todos modos relajó la volatilidad a petición de los productores de etanol"

Trampa. "Se espera que en 2018, el IMP presente un estudio que analiza el impacto del etanol en las gasolinas con una flotilla vehicular mexicana. Este estudio serviría para justificar el uso del etanol en las zonas metropolitanas. Sin embargo, el estudio inexplicablemente omitió incluir como parte de su muestreo a vehículos previos a 2006, los cuales representan por lo menos un cuarto del total de la flota vehicular de la ZMVM. Igualmente, la mezcla de gasolina con etanol utilizada contenía características diferentes al resto de las gasolinas, como contenido de azufre, olefinas y aromáticos. Estas características son propias de una muestra que por diseño minimiza los efectos del etanol"

El Juzgado Sexto en Materia Administrativa del Primer Circuito concedió en septiembre pasado suspensión definitiva contra el Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía que modifica la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de Calidad de los Petrolíferos. "Dicho Acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 26 de junio de manera irregular y anteponiendo los intereses económicos por encima de los derechos humanos como son el derecho a la salud y el derecho a un medio ambiente sano para todo el grueso de la población"

Fuentes: Estudio sobre etanol en México, Gabriel Quadri; CEMDA



SRN

Juicios obstruyen Macrolibramiento


Juez federal mantiene bloqueado un acceso de la carretera de cuota en Cedros por falta de pago de indemnización.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Un amparo exitoso del ejido Cedros (655/2013) mantiene suspendida la construcción del entronque de Atequiza hacia el Macrolibramiento de Guadalajara, ubicado en la carretera Santa Rosa - La Barca y el Macrolibramiento, relativo a los vehículos que van y vienen de Morelia.

La suspensión judicial tiene vigencia sobre una superficie aproximada de siete hectáreas, “que incluye una parte del entronque o gaza entre el Macrolibramiento y la carretera, específicamente un puente al que le faltan 40 metros de construcción”, señaló el defensor de la comunidad quejosa, Pedro León Corrales.

El juicio se encuentra actualmente en revisión en el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa; el representante legal destaca que ante la falta de ponente, y si se consideran los tiempos habituales del Poder Judicial Federal, el asunto podría no resolverse antes de junio. “La tendencia del caso es que le concedan el amparo a Cedros, ya que acreditó la propiedad de los terrenos de la carretera y no existe ningún acuerdo con la SCT [Secretaría de Comunicaciones y Transportes], no hay convenio de ocupación ni expediente de expropiación ni existe pago alguno”, añadió.

La dependencia federal solicitó la anuencia al ejido para poder construir el puente y terminar el entronque, sin ofrecer pago o compensación, en diciembre de 2017. “El último domingo de enero de 2018, la asamblea rechazó la propuesta de la SCT y propuso que se revise el caso, que en su caso se pague el terreno con valores actualizados, tomando como referencia los pagos del Macrolibramiento; que en su caso se haga un convenio de ocupación previa y se señale un plazo para expropiación, además que se revise el problema del uso común del Macrolibramiento, que no cuenta con acuerdo de ocupación previa ni de expropiación aprobado por asamblea; el convenio lo firmó el comisariado ejidal , pero no fue sometido a la asamblea y no se encuentra aprobado, estos convenios es facultad exclusiva de la asamblea su aprobación o rechazo”.

Además “existe el precedente de un convenio firmado con la SCT, sobre el trazo del Macrolibramiento: la zona aparcelada, de diciembre de 2014, con plazo de dos años para el cumplimiento, que incluye obras de caminos y drenajes al ejido, el cual no se cumplió totalmente […] si la SCT y el ejido por conducto de una comisión y representantes ejidales, llegan a un acuerdo se convocaría a asamblea para su aprobación si no hay acuerdo previo, no se sometería a asamblea.

En diciembre de 2014, la SCT logró sacar adelante un acuerdo con la asamblea general de ejidatarios en el cual la SCT se comprometió a rehabilitar y reubicar caminos, a reconstruir tramos destruidos, a hacer puentes y pasos, a establecer alcantarillas, cunetas, drenes y cauces para evitar inundaciones y para garantizar el acceso permanente a las tierras de cultivo, como condiciones necesarias para desistirse de los juicios 2676/2012 y 655/2013. Sin embargo, en el segundo expediente, dos parcelas que forman parte del tramo quedan fuera de las obras del libramiento, que edificó el concesionario, Constructora Ideal SA, en tanto no se haya cumplido con todas las condiciones, además de la entrega de un pago extra por la servidumbre de la vía terrestre. El asunto se ha prolongado al día de hoy.

SRN

martes, 20 de febrero de 2018

Urbanizaciones cerradas, la mercadotecnia del miedo


El modelo de fraccionamientos cerrados es el más exitoso de los últimos años, aunque es un desafío al modelo de ciudad, advierten estudiosos.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

De 72 mil hectáreas sobre las que se extiende el área metropolitana de Guadalajara (AMG), 10,169 ha conforman las 2,722 versiones de la “ciudad amurallada”, es decir, 14.77 por ciento de la superficie total.

Si se considera que la conurbación tiene cinco millones de habitantes, y se asume una distribución uniforme, da para una ciudad de 738,500 moradores, tan populosa como los es ahora Aguascalientes. Sin embargo, la distribución está lejos de ser uniforme. Hay desde amplísimos fraccionamientos de lujo de casi medio millar de ha, en un extremo, hasta unidades apretujadas de dos ha, lo que pone en relieve la historia de este concepto, que evolucionó desde las nociones de exclusividad y privilegio hasta los confinamientos de obreros de bajos recursos pero anhelosos de resolver los conflictos crecientes de inseguridad.

Los “cotos” son, entonces, una respuesta en buena medida ante el miedo social, y en segundo lugar, a la demanda de eficiencia en servicios públicos. Es parte de lo que analizan los investigadores Bernd Pfannenstein, Edgar Eduardo Anacleto Herrera y Salvador Sevilla Villalobos en el artículo denominado “La ciudad cerrada y su diversificación como reto del Área Metropolitana de Guadalajara, México”, en la Revista de Geografía Norte Grande, fruto de un largo proceso de documentación de datos y de revisión de imágenes satelitales.

Documentan las disparidades que obligan a diferencia y clasificar según sea el caso, es decir, no se trata solo de tamaños.

“8.56 por ciento de las unidades encontradas pertenece al sector de lujo y ocupa 42.18 por ciento de superficie fortificada, mientras que 86,73 por ciento de fraccionamientos cerrados apenas tiene el 39.61 por ciento de cobertura territorial”, de manera que “prácticamente la mitad del espacio amurallado está ocupado solo por 10 por ciento de las unidades”.

233 unidades o fraccionamientos confinados de lujo, y luego, de 2,361 unidades “que integran las categorías de urbanizaciones cerradas de clase media y media alta, micro-urbanizaciones cerradas y urbanizaciones cerradas de interés social, 2,023 están definidas por un polígono menor a dos hectáreas de superficie, un estrato de vivienda fortificada de alta densidad que, audazmente, han sido equiparado con los beneficios y calidad de vida que se pueden encontrar en un fraccionamiento de 470 hectáreas, la superficie que alcanza el complejo de lujo con mayor cobertura territorial” (ver recuadros anexos).

¿Por qué ese explosivo éxito, que en los casos de Zapopan y Tlajomulco, rebasan, respectivamente, 20 y 30 por ciento del área urbana? Citan investigaciones de Cabrales, y de Villar y García: “En el escenario mexicano se destacan como principales factores de éxito la incapacidad del Estado para garantizar los derechos ciudadanos básicos y el creciente problema de inseguridad, contexto en el que sobresalen dos conceptos que permiten entender el funcionamiento de los fraccionamientos cerrados en Guadalajara: seguridad y segregación”,

La importancia del primer factor “se da a partir de la relación que hay en la dicotomía seguridad- inseguridad y la percepción psicológica que emana de ella y se representa a través del sentimiento del miedo – individual o colectivo–, un efecto que tiene fuerte influencia en el desarrollo urbano y es reconocido como elemento que acompaña la evolución morfológica de las ciudades”.

Este mecanismo para ofrecer seguridad, al igual que en otras ciudades, “está fortaleciendo la aceptación del modelo provocando una modificación en los roles y funciones de los actores y agentes urbanos involucrados en la producción de ciudad a través de la implementación de políticas neoliberales […] la segregación como acción social que es motivada directamente por el miedo…”.

Si a esto se agrega que las constructoras participan “en todos los niveles de financiamiento, producción y comercialización de bienes inmuebles, es considerado como uno de los agentes principales para favorecer intereses particulares". La respuesta que tuvo el sector inmobiliario "frente a la necesidad de diferentes sectores económicos de adquirir un hogar protegido dentro de un contexto urbano poco seguro y fuertemente degradado fue la causante de la pérdida de atributos asociados al gran estilo de vida y el prestigio social que eran característicos de la urbanización cerrada […] aunque no ha sido la mejor manera para afrontar las problemáticas urbanas, la población que está optando por la vida fortificada percibe una mejoría en su estilo de vida ya que se ha resuelto en cierta medida la incapacidad del Estado para cubrir necesidades básicas, desafortunadamente, la imposición del modelo de urbanización cerrada por parte del sector inmobiliario está generando más dificultades que beneficios por la presencia de un muro entre las personas y la ciudad. En un intento por acaparar un mayor mercado con el argumento de ‘brindar seguridad’ […] la sociedad se segmenta cada vez más, incrementa la distancia entre ricos y pobres y surgen nuevos estratos sociales. El estudio completo en https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34022017000300163&lng=en&nrm=iso#aff2.

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Claves

La clasificación en números

233 urbanizaciones cerradas de lujo, 8.56 % del número de cotos, con 4,289.93 hectáreas que suman 42.18 % de la superficie total

1,553 urbanizaciones cerrada de clase media y media alta, con 57.05% del número de cotos, con 2,122.17 ha que ascienden a 20.87% de la superficie total

618 microurbanizaciones cerradas, 22.7% del número de cotos, con 161.43 ha que son 1.59% de la superficie total

128 urbanizaciones “semicerradas”, con 4.7 % del número de cotos, sobre 851.94 ha que son 18.21% de la superficie total

190 urbanizaciones cerradas de interés social, 6.98 % del número de cotos, sobre 1,743.98 ha que son 17.15 % de la superficie total

Los cotos por municipio

El Salto, 5 urbanizaciones cerradas sobre 129.16 ha (3,60% de la superficie urbanizada)

Guadalajara, 448 urbanizaciones cerradas sobre 215.27 ha (1.51 % de la superficie urbanizada)

Ixtlahuacán de los Membrillos, 9 urbanizaciones cerradas sobre 179,9 ha (12.73% de la superficie urbanizada)

Juanacatlán, 3 urbanizaciones cerradas sobre 75.72 ha (20.39 % de la superficie urbanizada)

San Pedro Tlaquepaque, 365 urbanizaciones cerradas sobre 704.37 ha (8.08 % de la superficie urbanizada)

Tlajomulco de Zúñiga, 401 urbanizaciones cerradas sobre 3,565.35 ha (33.55% de la superficie urbanizada)

Tonalá, 125 urbanizaciones cerradas sobre 723.20 ha (10.59 % de la superficie urbanizada)

Zapopan, 1,361 urbanizaciones cerradas sobre 4,548.31 ha (20.83 % de la superficie urbanizada)

Zapotlanejo, 5 urbanizaciones cerradas sobre 28.16 ha (2.38% de la superficie urbanizada)

Totales AMG: 2,722 urbanizaciones cerradas sobre 10,169.44 ha (14.77% de la superficie urbanizada)

Fuente: Bernd Pfannenstein, Edgar Eduardo Anacleto Herrera y Salvador Sevilla Villalobos; “La ciudad cerrada y su diversificación como reto del Área Metropolitana de Guadalajara, México”, Revista de Geografía Norte Grande.



Fuente: Pfannenstein, Bernd, Anacleto Herrera, Edgar Eduardo, & Sevilla Villalobos, Salvador. (2017). La ciudad cerrada y su diversificación como reto del Área Metropolitana de Guadalajara, México. Revista de Geografía Norte Grande, (68), p. 177.

Lee aquí la columna La ciudad cerrada y amurallada: Desafío y oportunidad para la implementación de una nueva ética en la gestión territorial de Bernd Pfannenstein

Sistema anticorrupción, a prueba con autoritarismo


Jalisco Cómo Vamos y cuatro organizaciones nacionales se ayudarán para observar al poder Judicial.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La cada vez menos remota posibilidad de que las estructuras autoritarias tomen el control político de las sociedades en México y Jalisco, será una prueba para los sistemas de transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción que la sociedad organizada ha empujado. La posibilidad de que se sobreviva a esa marea dependerá fuertemente del compromiso cívico de los mexicanos, reconocieron ayer representantes de organizaciones ciudadanas, reunidos ayer en Guadalajara.

“Nos costará entenderlo porque nunca habíamos pensado en términos de sistemas, sino de caudillos […] debemos entender que no necesitamos superman o supermujer, necesitamos institucionalidad, cientos de agentes del Ministerio Público capacitados que actúen en diseños legales correctos, fuerte capacitación, un servicio civil de carrera que les dé certidumbre y a fin de cuentas, una visión de largo plazo que es antagónica a los caudillos, en pocas palabras, hacer instituciones”, señaló Juan E. Pardinas, del Instituto Mexicano para la Competitividad.

Consideró “trágico” la revisión de la historia del último siglo: “Hace más de ochenta años, la justificación para conformar el PNR fue buscar el tránsito de los caudillos a las instituciones; ahora, algunos pareciera que buscan un retroceso, que caminamos de las instituciones al caudillo”.

Por su parte, Edna Jaime, de México Evalúa, dijo que no se trata solamente de fortalecer la institución en el tema de los organismos anticorrupción; “la lección del pasado es que, a la par de fortalecerlos, debemos evitar que sean instancias capturadas por los políticos profesionales, como ha sucedido con otros organismos que nacieron desde la sociedad civil”.

IMCO, Jalisco Cómo Vamos, Mexicanos Contra la Corrupción, México Evalúa y Transparencia Mexicana establecieron una alianza para fortalecer los logros en los sistemas antocorrupción.

“Sabemos que todo avance social es susceptible de ser revertido y que ningún estado previo de corrupción, de autoritarismo, es permanentemente cancelado, pero también saben que el mejor antídoto contra el revisionismo consiste en aliarse para potenciar esfuerzos y resultados, pero sobre todo para dar muestra de una versión avanzada de la interlocución que no debe cesar: la que sucede horizontalmente, entre pares que se asumen parte de un ideal”, señalaron en un comunicado difundido ayer.

“Cada organismo se ha enfocado en elevar la calidad de vida de la gente, la calidad de los gobiernos y de sus instituciones. Este ayuntamiento será benéfico para Jalisco, que tendrá más cerca los afanes de los grandes organismos de alcance nacional, y a su vez estos podrán contar con que eso que tan bien hacen tendrá los ingredientes para que sus acciones incrementen la pertinencia de su impacto local. IMCO, Mexicanos Contra la Corrupción, México Evalúa y Transparencia Mexicana tendrán a su alcance evaluaciones, opiniones directas de la gente y de sus formas de vida concretas, más allá de la Ciudad de México”, añade.

Las cinco organizaciones “compartirán información de manera sistemática en temas de transparencia, corrupción, justicia y desempeño de indicadores económicos. Serán vigilantes del Sistema de Justicia en Jalisco, en un primer momento con énfasis en el Poder Judicial, a partir de evaluar desde tres categorías: independencia de la institución (externa e interna); eficacia y recursos (producción y carga de trabajo ponderadas); calidad en los procesos y en los resultados (garantías del debido proceso, suficiencia de hechos probatorios, aplicación de criterios internacionales). Establecerán proyectos conjuntos para inhibir la corrupción, por medio de observar, documentar y publicar lo relacionado con el control, la fiscalización, la investigación y hasta la sanción”.

SRN

lunes, 19 de febrero de 2018

Sin presupuesto para ejecutar restituciones


Incertidumbre por el abandono del caso por la Sedatu; los wixaritari exigen la tierra completa; gobierno nayarita, única opción

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La tarde del 20 de octubre de 2017, cuando había culminado el proceso de ejecución del predio Piedra Bola, de casi 64 hectáreas, a favor de la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán (Wuaut+a), en la zona de Huajimic, el magistrado del Tribunal Unitario Agrario del distrito 56, con cabecera en Tepic, Aldo Muñoz López, se enteró que fue el gobierno nayarita el que verdaderamente convenció a la posesionaria del sitio, Herlinda  Montoya Utrera, de no pelearlo y aceptar una indemnización de más de tres millones de pesos a cambio de dejar por la paz esa tierra.
upuestamente la instancia que logró la negociación y que aportó el dinero, es lo que genera más ansiedad entre los actores ahora, que el propio tribunal ha determinado poner fecha a cinco ejecuciones, en los meses de marzo y abril, pues es incierto de dónde provendrá el recurso para que esos cinco posesionarios no se opongan a la acción judicial, y no se suscite violencia.

Lo cierto es que el TUA 56 ya estableció que el próximo 21marzo, en el marco del expediente 1447/2012, que la comunidad ganó al posesionario José Quintanilla, sea restituido en sus 129.4 hectáreas. El 5 de abril correrán la misma suerte los expedientes 1466 y 1515 del mismo año 2012, ganados respectivamente a Alejandro Hernández (3.58 ha) y Arnulfo Pacheco (12.29 ha); y para finalizar con la remesa de ejecuciones, el 12 de abril se ejecutarán los expedientes 770 y 1460 del año 2012, en que los comuneros hicieron valer su mejor derecho a Ignacio Quintanilla (14.18 ha) y Fortino Montoya (0.61 ha). El total de las restituciones asciende a 159.26 ha, lo que sumado a las restituciones previas, 184.7 hectáreas la primera, 64 la segunda, ascenderá, si se lleva con éxito, a alrededor de 407 ha de más de diez mil ha que están en disputa.

“Queremos ser muy claros y enfáticos respecto a la trascendencia de estos actos que se darán en marzo y abril, y por eso, esperamos que el Estado mexicano asuma su responsabilidad y garantice las ejecuciones de sentencia, son casos ganados en las instancias judiciales y los comuneros, como lo saben bien, no están dispuestos a perder un solo metros”, advirtió el abogado de los aborígenes, Carlos González.

Esto significa que debe haber una instancia no sólo conciliadora, sino que aporte los recursos económicos para que los posesionarios cedan conformes sus ocupaciones de décadas cedidas por sus ancestros, que llegaron a la zona, con apoyo de los gobiernos nayaritas, desde los tiempos de la revolución mexicana, y empujar la frontera de Jalisco hacia el este, con la consecuente desposesión de los naturales, que han ganado los pleitos por demostrar su derecho más antiguo en los títulos virreinales de la segunda década del siglo XVIII.

Parte de los datos que alarman al personal del TUA 56 es que la Sedatu no sólo no aportó un peso a la conciliación de octubre de 2017, sino que ha notificado formalmente que carece de un solo peso de presupuesto en Nayarit para 2018, además de que el programa Conflictos Sociales en Medio Rural (Cosomer) “es complejísimo para que intervenga en conflictos, te piden que demuestres que la ejecución de una sentencia ha sido impedida y hay brotes de violencia para asumir un expediente”, lamentó el representante jurídico de los wixaritari.

A partir de hoy, faltan 17 días para la restitución del primero de los cinco predios programados. La incertidumbre flota sobre la Sierra de Álica.

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CLAVES

Primeros en tiempo

El decreto presidencial en 1953 a favor de San Sebastián Teponahuaxtlán (Wuaut+a), es la base de las reclamaciones de la tierra que en su momento el rey español había titulado (siglo XVIII), y les fueron arrebatadas entre el siglo XIX y el periodo previo a la revolución de 1910

Waut+a ha podido recuperar judicialmente más de 200 de 320 kilómetros cuadrados invadidos. La fortaleza jurídica es el principio elemental de que “el primero en tiempo es primero en derecho”, y además, que en México, los derechos agrarios no prescriben. Los derechos de los posesionarios datan de una escritura del año 1906

MC