domingo, 22 de julio de 2018

“No podrá haber rescate ambiental sin la sociedad civil”



Sergio Graf Montero, experto y uno de los principales asesores del proyecto de intermunicipalidades en Jalisco, Chiapas y la península de Yucatán, señala el papel esencial de las ONG pese a la desconfianza del nuevo presidente

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Sergio Graf Montero encuentra un sano y realista acercamiento entre las organizaciones de la sociedad civil que por años han sido el eje de la creación y transformación de la política ambiental, incompleta e insuficiente, y el nuevo gobierno que presidirá a nivel federal Andrés Manuel López Obrador, que tiene en sus manos el destino de nada menos que uno de los diez países megadiversos del planeta.

“Lo que yo he visto es que prácticamente todas las organizaciones civiles importantes han tenido reuniones con el equipo del nuevo gobierno electo, y se ve; yo lo veo en sus discursos, una toma en cuenta a los planteamiento que les ha hecho la sociedad civil , y eso me da una buena esperanza, para la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) ha tenido un discurso construido basado en las propuestas de la sociedad civil, lo cual me parece alentador; lo que me preocupa es que eso no es suficiente, porque hemos tenido condiciones de entendimiento, de comprensión, en otros momentos, pero muchos de los problemas de deterioro de los recursos ambientales están en otros sectores, así que podemos tener a un sector ambiental que se echa para adelante (…) pero si no se articulan las políticas agropecuarias, en estos territorios, difícilmente se van a vencer estas condiciones de deterioro”, explica el ganador en categoría individual del Premio al Mérito Ecológico 2018, en entrevista con MILENIO JALISCO.

“Los problemas en áreas naturales protegidas se podrían resolver con una asignación adecuada de gasto; si todas las dependencias del gobierno federal establecen indicadores para asegurar revertir las condiciones de deterioro del capital natural, que se considera como un valor público esencial , ya no tendrían que estar haciendo una pelea entre sectores para poder resolverlo (…) hay tres factores que están generando una limitación para lograr un desarrollo sustentable: primero la inequidad y la pobreza, segundo, la pérdida de capital, de biodiversidad, y tres, el cambio climático; y si todas las secretarías , federales y estatales, establecen en sus programas de intervención objetivos, pensando en su función yo quiero producir más leche, yo quiero producir más carne, yo quiero producir más maíz, y sin abandonar sus objetivos, poner elementos de cómo se propone a través de eso revertir la marginación y pobreza, revertir la pérdida de biodiversidad, contribuir a la mitigación del cambio climático, para tener mejores condiciones de resiliencia, con esos tres objetivos se generan indicadores con los cuales las dependencias van a tener que trabajar y eso va a armonizar el trabajo en el territorio y alineará todo…”.

En campaña, el candidato ganador, Andrés Manuel López Obrador, fue escéptico y crítico respecto al papel de las organizaciones de la sociedad civil, ¿te imaginas el sector ambiental sin su participación?

- No se puede, y no va a suceder; lo que he oído de la maestra Josefa (González Blanco Ortiz Mena), la titular propuesta por el nuevo gobierno para Semarnat, es lo contrario: fortalecer la relación con la sociedad civil, con las organizaciones conservacionistas, con las propias comunidades organizadas; la clave es saber cómo instrumentas esa articulación, por ejemplo, una cosa es articular un esquema colaborativo de diferentes actores, en diferentes escalas, y si tu quieres intervenir para fortalecer la cultura silvicomunitaria y desarrollo forestal, tienes que fortalecer la gobernanza de las comunidades para poder manejar mejor sus recursos , a nivel comunitario tienes que tener acciones de fortalecimiento de la organización, de desarrollo de las capacidades para poder administrar sus recursos naturales, pero en un esquema más grande, un esquema colaborativos entre comunidades, para tener escalas suficientemente grandes, comerciales, que te permitan competir con una empresa forestal, en el mercado, usando de manera coherente los recursos, y para hacer eso, no se trata de transferirle dinero a la gente, así no se genera desarrollo porque no hay continuidad, las comunidades exitosas tienen un historial de continuidad, de acompañamiento técnico, en alianza con el gobierno, productores y gente de la sociedad civil.

De este modo, “un eslabón importante cuando tienes un gobierno con pocas capacidades operativas, por ejemplo, ya no tienes dinero para contratar al personal de campo que va acompañando a las comunidades, lo que tienes que hacer es ver cómo haces alianza con otros actores que tienen esos mismos objetivos; y esos actores no son lo prestadores de servicios técnicos profesionales, que tienen una función específica de dar una asistencia técnica, pero el acompañamiento lo tienes que hacer personas de la sociedad civil, que persiguen un interés público; son las únicas entidades privadas de interés social, sobre todos porque son fiscalizadas y donatarias, y si tú como gobierno haces un esquema, te alías con ellos, y les transfieres recursos , que no es burocracia, es subsidio, para que te ayuden en el acompañamiento, puedes tener una continuidad en el proceso organizativo de las comunidades, y entonces el subsidio puede tener un impacto positivo”.

- El caso que se ensayó en Jalisco con las intermunicipalidades y los proyectos de REDD+, ¿serían ese precedente de colaboración entre instituciones y trabajo conjunto con sociedad civil?

- Es un gran logro lo de Jalisco: yo no lo he visto en algún otro lugar del país, donde los instrumentos agropecuario, para poder ser aplicados , el propietario tiene que demostrar que tiene además un instrumento forestal, porque si tu aumentas la productividad de un territorio a través de los sistemas silvopastoriles, te puede generar un nuevo motor de deforestación si no se tiene ese componente (…) ahora la Secretaría de Desarrollo Rural te pide como productor que tengas un instrumento forestal, ya sea un pago por servicios ambientales, una unidad de manejo silvestre con manejo con permiso de aprovechamiento de vida silvestre, un área voluntaria para la conservación debidamente monitoreada, o un programa de manejo forestal. Eso hace que ese ejido tenga actividades agropecuarias pero no destruya zonas forestales; la Seder empezó hace tres años y se lograron 17 proyectos, hoy hay más de 50. Está creciendo.

Todo esto es posible porque está un territorio definido al nivel de cuenca, hay municipios que se asocian, hay organizaciones de la sociedad civil reconocidas, hay una mesa donde se discute cómo aplicar las prioridades del gasto y hay esquemas burocráticos alineados para evitar que un subsidio traiga daño ambiental.

“Jalisco establece un precedente para el manejo del territorio que también estamos buscando en otros estados con alta deforestación; me parece que es una experiencia que se deberá profundizar y ampliar para que sea la respuesta que el país requiere”, sostiene el actual director del Instituto de Energías Renovables de la UdeG, y ex director de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán.

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CLAVES 

¿Qué es REDD+? 

Es el programa de Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación, ligado al desarrollo social. El eje del proyecto mundial para detener la destrucción de bosques y selvas en países pobres, propuesto por México en la cumbre de Cancún, en 2010

¿Por qué Jalisco fue programa piloto?

Porque durante la primera década del siglo tuvo la segunda tasa más alta de deforestación del país, sólo detrás de Chiapas, y porque contaba con la experiencia del manejo territorial intermunicipal de la Junta de Medio Ambiente del Río Ayuquila, proyecto generado desde la reserva de Manantlán.

sábado, 21 de julio de 2018

El sector ambiental “no aguanta más recortes”


El experto en áreas protegidas y bosques destaca la importancia de ver la conservación y restauración de los ecosistemas como eje del combate a la pobreza rural.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

En México hay problemas de pobreza y de violencia; desempleo, crisis de ingreso en los hogares, crecimiento insuficiente en las cifras macroeconómicas, y formidables desafíos a la calidad de vida del ciudadano promedio en temas como educación y salud. Pero vale la pena la muy libre paráfrasis del primer verso de La Teogonía, de Hesíodo: en el principio, todo fue ambiental.

- Dicho al revés, ¿podemos insistir en que no puede haber ideas de conservación del patrimonio natural si esto no se inserta en la economía?, es decir, que esto es también un problema económico. -

Es un problema económico, y social, pero hay que entender que se trata en principio de un problema ambiental.

Quien señala esta fórmula concisa y contundente es el Premio al Mérito Ecológico 2018, categoría individual, recién otorgado por el gobierno de la república: el tapatío Sergio Graf Montero, un técnico y consultor ambiental con carrera en el servicio público que se alarga por más de 30 años, desde finales de los años ochenta, cuando se incorporó al proyecto Manantlán, junto con otro grupo de académicos y extensionistas ligados a la Universidad de Guadalajara.

Manantlán es, desde entonces, una de las 25 reservas de la biosfera mexicanas incorporadas a la primera generación de El hombre y la biosfera, de la Unesco. El territorio de alta diversidad biológica enclavado en Jalisco y Colima, ha sido también un escenario de experimentación social y política con el eje de los recursos naturales. Allí se incubó, en los años de Graf como primer director formal del área natural protegida, el modelo de manejo de territorio a través de intermunicipalidades. La Junta Intermunicipal del Río Ayuquila es el modelo más acabado de esa idea. También ha sido campo de investigación sobre manejo ecológico de largo plazo, sobre manejo de fuego, sobre la evolución de especies tan valiosas como el jaguar y los maíces silvestres, y teatro de los ensayos más audaces de coparticipación entre habitantes y gobierno para hacer confluir los procesos de conservación con la anhelada agenda del desarrollo social, especialmente en el caso de los pueblos indígenas nahuas del parteaguas de la sierra que se asoma hacia la costa del Pacífico.

La clave, dice Graf Montero a MILENIO JALISCO, es “darle valor” a los bienes naturales. Que su pérdida o deterioro le cueste al responsable: que se tase lo que significa, en el corto y el largo plazo, que un pueblo o ciudad pierda sus fuentes de agua por deforestación o contaminación, que padezca inundaciones y aludes por los malos manejos de la cuenca alta, que sus campesinos deban invertir más en “paquete tecnológico” para control de plagas y manejo de fertilidad y acidez de suelos, es decir, que no se quede en una “tragedia de los comunes” la degradación de los servicios ambientales cuando ello acarrea caos climático, enfermedades oportunistas, aumento de temperaturas, y los paliativos: más gastos en atención médica y mayor consumo de energía para lograr climas confortables en las edificaciones.

“Si no le das valor al bosque, no podemos hablar de desarrollo rural. Y valor puede ser transferencia de recursos, para suplir los costos incrementales de su manejo sustentable, que tienen que ser transferidos a través de impuestos u otros instrumentos económicos que ayuden a internalizar lo que da la naturaleza a la economía, y en contraparte, los costos de afectarla desde afuera, como es la contaminación provocada por las actividades económicas”. Por eso, admite, la economía de la ciudad debe estar ligada al desarrollo en el campo.

“Imagina Guadalajara sin que se piense en la cuenca del río verde, la cuenca de Calderón, la cuenca del río Zula, la cuenca del Lerma y las cuencas directas del lago de Chapala; si los ignoramos, estamos un poquito equivocados […] yo insisto en que si hay algo que en Jalisco requiera de una continuidad para consolidarse, es este esquema de fortalecer el manejo del territorio a través de la asociación de los municipios para resolver problemas regionales, colaborativos con otras regiones, para mi ese es uno de los activos heredados de esta administración que hay que consolidar y mejorar”, sostiene.

Un sector enflaquecido

El gobierno de Enrique Peña Nieto demuestra una “esquizofrenia” típica en el tema ambiental: triplica la superficie de las áreas naturales protegidas, pero reduce a la mínima expresión al personal de atención a esas reservas que guardan el patrimonio natural del país. Plantea potenciar al sector forestal, que apenas aporta 0,5 por ciento del producto interno bruto cuando este país tiene más bosques y selvas que potencias mundiales en el sector como Chile, Finlandia y Alemania, pero castiga a la Comisión Nacional Forestal con una pérdida de casi la mitad del personal de campo, y una reducción de subsidios que rebasa 60 por ciento. Lucha mediáticamente por salvar especies como la vaquita marina, el jaguar, el lobo y el oso negro, pero elimina casi completamente el subsidio a las unidades de manejo de vida silvestre (Umas). El botón de muestra: la Uma más antigua del occidente de México para rescate de jaguar, la de Bioto o Santa Cruz del Tuito, en Cabo Corrientes, ha debido cerrar por falta de apoyos.

Graf Montero coincide con la idea de su maestra Julia Carabias Lillo, cofundadora de las instituciones ambientales sobre las que aún vive el país: “el sector ambiental no aguanta más recortes”.

Abunda en el tema: “existen muchas posibilidades, por ejemplo, de fortalecer el esquema de desarrollo comunitario en los bosques a una escala importante, pero para eso necesitas recursos, y con 60 por ciento menos está en chino, si le recortan un poco más, desaparece. Yo creo que sí se pasaron, y aunque fueron varios años, particularmente en 2017 fue un recorte terrible; antes hubo recorte pero de la estructura, y a ese como quiera tienes que adaptarte, a nivel regional, tienes que ver cómo colaboras con otros, pero ahora ya no le puedes recortar más, ya le cortaste un chorro, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) le tienen que contratar más gente, no para las oficinas, sino para las áreas protegidas; porque el dinero que necesita la Conanp para el desarrollo lo tienen las otras dependencias, y lo que necesitas es alienar las políticas en el territorio, pero necesitas a un articulador adentro, reconocer que el director del área protegida es tu articulador de políticas públicas, agropecuarias, urbanas, forestales, de turismo, y entonces sí, dotarlo de capacidades para que pueda actuar bajo una relación colaborativa, de coordinación entre las diferentes dependencias, y bajo los objetivos del área protegida, que es mantener la biodiversidad con un esquema de desarrollo local para las poblaciones…”.

Y esto “no lo puedes hacer con una sola persona, necesitas ensamblar, necesitas un equipo interdisciplinario que esté trabajando allá adentro”.

Los ejidos y comunidades tienen potencial, pero “se les recortaron recursos económicos importantes, y no podemos pensar que se van a convertir en empresas si no reciben un acompañamiento técnico, además de la inversión, y que debe ser de largo plazo”.

El otro elemento esencial es el Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA), “que incide en todo el territorio nacional, por zonas, pero que tiene un efecto relacionado con la Conanp, o sea, entre 30 y 40 por ciento de la inversión del PSA histórico ha sido a ejidos y comunidades adentro de áreas protegidas, porque en las áreas naturales protegidas están impuestas condiciones sobre el uso de sus recurso, ligado a un interés público, sobre todo en las zonas núcleo, pero también en las zonas de amortiguamiento, y el PSA era una medida de compensación que permitía organización, un proceso de colaboración, al interior de estos ejidos por parte de la dirección de la reserva”.

El presupuesto de la Conafor por el PSA –lo dice quien fue coordinación de Producción y Productividad del organismo entre 2009 y 2014- “presentó una disminución de 300 millones de pesos anuales, y si tomas en cuenta que en esas áreas protegidas hay 1,600 ejidos y comunidades, 95 por ciento de ellos viviendo en condiciones de marginación y pobreza, le estás quitando una fuente de ingreso fundamental, y estás generando un problema de pérdida de gobernanza y confiabilidad, de un territorio donde lo que vas a enfrentar es demanda, porque hay restricciones pero no beneficios para la gente; en ese sentido yo creo que nadie le calculó al asunto, a la mejor la Conanap tuvo menos impacto, fue 22 por ciento, pero a Conafor le tumbaron 60 por ciento, y no parece que lo hayan peleado, me parece muy raro que no haya habido una intervención en una decisión tan dramática, sin haber hecho un cálculo de lo que esperarían”.

- ¿Qué esperarías del nuevo gobierno?

- Mi esperanza es que el nuevo gobierno identifique estos valores, que son importantes, asegurar la conservación de este 17 por ciento del territorio nacional, a través de las áreas naturales protegidas, y asegurar la conservación de la biodiversidad en general de los bosques, selvas y matorrales en todo el territorio nacional […] constituye un valor lo suficientemente alto, cuando además viven en este territorio tenemos una población en condiciones de marginación y pobreza, importante.

- Incluso, se le podría vender sin problema al gobierno de López Obrador como un programa de combate a la pobreza, por sus causas, ¿no crees?

- Exacto, y si eso no es importante, no sé qué sea importante. La otra cosa es que trabajar en estos territorios asegura la producción de los servicios ambientales que requieren las ciudades y la economía; bajo esa premisa, que sea considerado como un valor público esencial, combatir los problemas que te generan la pérdida de capacidad de los ecosistemas, a proveer servicios ambientales para la sociedad; como es la cuestión del agua. Tenemos entonces dos vertientes que justifican más presupuesto y trabajo: asegurar la captación de agua en territorios importantes del el país, y el combate a la marginación y pobreza, en esos territorios…


viernes, 20 de julio de 2018

Pueblos interponen dos amparos más contra decreto del río Santiago


Reclaman desprotección del agua como derecho humano, su contaminación y la amenaza al sustento de una economía agropecuaria propia de Los Altos.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Pobladores de Temacapulín, Juanacatlán y El Salto, junto con las organizaciones sociales que los asesoran, interpusieron el pasado 18 de julio dos amparos colectivos ante los juzgados de distrito del Tercer Circuito Judicial con sede en Guadalajara, “en contra del decreto de reserva de aguas de la Subregión Hidrológica río Santiago que forma parte de la Región Hidrológica Número 12 Lerma-Santiago y comprende parte de los estados de Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, Durango, Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí”, informó esta mañana el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec).

Este decreto afectará a 33 cuencas hidrológicas: río San Pedro, Presa Calles, presa El Niágara, presa El Cuarenta, río de Lagos, presa Ajojucar, río Grande, río Encarnación, río Aguascalientes, río San Miguel, río Del Valle, río Verde 1, río Verde 2, río Palomas, presa El Chique, río Juchipila 1, río Juchipila 2, río Santiago1, río Santiago 2, río Santiago 3, río Santiago 4, río Santiago 5, río Santiago 6, presa Santa Rosa, río Tepetongo, río Tlaltenango, arroyo Lobatos, río Bolaños 1, río Bolaños 2, río San Juan, río Atengo, río Jesús María y río Huaynamota. 

“El primer Amparo fue interpuesto por la Asociación Civil Salvemos Temaca y los pobladores de Temacapulín, quienes impugnaron el Decreto argumentando fundamentalmente que la cuenca del río Verde forma parte de la Subregión Hidrológica del Río Santiago, debido a la disputa que existe actualmente por el agua en el río Verde entre el estado de Jalisco y Guanajuato y las irregularidades y violación de derechos humanos provocados por la construcción de la Presa El Zapotillo – Acueducto Zapotillo León, esta cuenca enfrenta graves conflictos socioambientales que por el levantamiento de los 5 decretos de veda y la aprobación del decreto de reserva en la Subregión Hidrológica del Río Santiago, provocará la agudización del conflicto social entre los usuarios de la cuenca al liberar agua que estaba totalmente protegida y abrirla a nuevas concesiones, fortaleciendo a las constructoras del Zapotillo y poniendo en mayor riesgo el derecho al agua, a la alimentación y al medio ambiente sano de las poblaciones campesinas y productoras que habitamos y vivimos del agua del río Verde en la región de los Altos de Jalisco”, explica.

La cuenca, añade, “es deficitaria, estudiada de manera incompleta e incorrecta por la Conagua (Comisión Nacional del Agua), por lo que los decretos de reserva facilitarán la entrega del agua a la industria automotriz, inmobiliaria, minera y de agro exportación, que nos está quitando buena parte del agua que necesitamos para el desarrollo de los pueblos campesinos y productores de la región”.

El segundo Amparo fue interpuesto por la Asociación Civil Instituto Vida y pobladores de Juanacatlán y El Salto, impugnando bajo las siguientes premisas: “con la aprobación del decreto de reserva de aguas superficiales en la Subregión Hidrológica del Río Santiago y la supresión de las cinco vedas que restringían el uso del agua, se pondrá en mayor riesgo la calidad del agua, la degradación de los ecosistemas y el derecho a la salud de las personas que habitamos en los márgenes de unos de los río más contaminados del país, catástrofe ambiental que está enfermando y matando a los habitantes de Juanacatlán y El Salto”.

Si con los decretos de veda vigentes, la Conagua “no cumplió con su obligación de inspeccionar, monitorear, sancionar y sanear de manera integral el Río Santiago, menos lo hará con el presente Decreto de Reserva que abre la puerta a otros usos del agua y a mayores concesiones, que agravarán la calidad y la disponibilidad de la cuenca de un río contaminado, sobreexplotado y sobreconcesionado”.

En ambos amparos, “se impugnó el decreto por las graves inconsistencias del Estudio Técnico que justificó el levantamiento de los cinco decretos de veda en la Subregión Hidrológica del Río Santiago, y porque permite el otorgamiento de concesiones al primero que lo solicite a la Conagua, violentando con ello los principios del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (calidad, disponibilidad, cantidad, asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, no discriminación, acceso a la justica, participación e información), así como el principio de equidad y uso sustentable de agua. Por lo tanto, los Amparos piden la suspensión del Decreto que conllevaría a que el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) suspenda el otorgamiento de títulos de concesión”.

El pasado 5 de junio de 2018, el presidente Enrique Peña Nieto en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con el apoyo de la organización internacional conservacionista Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), “eliminó en un solo acto más de 30 Decretos de Veda que restringían el uso del agua de casi 300 cuencas en México, aprobando diez Decretos de Reservas de Aguas que liberan agua que estaba protegida y con ello abrió la oportunidad de ofertarla a través de concesiones que beneficiarán a empresas nacionales y trasnacionales que disputan el agua en estas cuencas, avanzando así con la política de privatización del agua en el país”, aseguran los quejosos.

De estos diez decretos, tres afectarán en el estado de Jalisco: la Región Hidrológica 14 Ameca, 15 Costa de Jalisco y 12 Lerma-Santiago.

Chapala recibe 27 millones de metros cúbicos al día


Los cuerpos de agua de Jalisco y de toda la zona del Lerma presentan más volúmenes que hace un año

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Ayer, el lago de Chapala alcanzó el primer mes de recuperación en el presente ciclo tras llegar a su nivel mínimo del año el 18 de junio pasado, a un ritmo diario de ascenso de 27 millones de metros cúbicos, para acercarse a 850 millones de m³, agua equivalente a 4.5 años de la extracción de Guadalajara.

De este modo, se ha movido de la cota 94.32 a la 95.12, para una recuperación de 80 centímetros, según datos del organismo de cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Así, el embalse contiene alrededor de 4,870 millones de m³, dentro del rango de nivel medio. Si su comportamiento fuera regular, se podría esperar que en casi 90 días más pudiera recibir alrededor de 2,400 millones de m³ más, lo que llevaría sus existencias al máximo de la capacidad del cuerpo de agua de acuerdo a las cotas de la Conagua.

Pero es muy complicado que así sea: justamente con agosto se abre una temporada seca en medio de las lluvias, pero en ocasiones, esa baja precipitación es ampliamente compensada con el agua que acarrean los huracanes entre septiembre y octubre. Oficialmente, el temporal termina el 15 de octubre, aunque pueden prolongarse las lluvias más allá de esa fecha. A favor del optimismo, hay que mencionar que la cota mínima de 2018 es la más alta desde el año 2011, lo que significa que las condiciones en que el mayor lago natural del país recibe la temporada lluviosa son las mejores en siete años.

En general, las lluvias en Jalisco han sido copiosas. La estación de Huascato, en Degollado, es la que ha registrado más lluvia, con 624 milímetros acumulados entre el 1 de enero y el 16 de junio pasado. Le sigue la estación Colomos, de Guadalajara, con 594 mm; Yurécuaro, con 544 mm, y La Cuña, en Yahualica, con 496 mm.

Los embalses artificiales de la entidad presentan volúmenes mejores que el año previo. En general, hay 7 por ciento más agua almacenada que en 2017 a esta fecha. Y mientras Chapala está en 62 por ciento de su capacidad, las presas alteñas de La Pólvora, La Sauceda y El Cuarenta ya están desbordadas, mismo caso de Santa Rosa, sobre el río Santiago.

En cuanto a la cuenca Lerma, tributaria de Chapala, el almacenamiento de sus once principales cuerpos de agua es considerablemente mejor que un año atrás: 1,438.8 millones de m³ contra apenas 1,083.8 millones del 16 de junio de 2017. La diferencia en porcentajes de almacenamiento es de casi 18 puntos. En 2017 se registraba 50.9 por ciento de almacenamiento, ahora es de 68.7 por ciento.

De las once grandes presas, solamente dos están llenas: La Purísima y Tepuxtepec, pero la más grande de la región, Solís, tiene 506 millones de m3 con un llenado de 64.5 por ciento de almacenamiento que contrasta con 519 millones de m³ del año previo. Hay que señalar que a estas alturas del temporal, el sistema de presas no suele derramar agua porque el acuerdo de aguas superficiales señala que solamente eso ocurre cuando llegan al 100 por ciento de su nivel máximo ordinario (name). A partir de esa cota, se abren los vertedores y se debe derramar el agua, lo que repercute en nuevos ingresos de agua para Chapala.

Con base en ese dato, es posible sostener un optimismo al menos moderado para el mayor lago de México: ha recibido más de 25 millones de m³ por día de agua exclusivamente de su cuenca propia y de la parte baja del Lerma, y si se mantienen lluvias copiosas en su cuenca madre, podría aumentar esa cuota de agua a través del río, justo por esos excedentes de las presas.

jueves, 19 de julio de 2018

Juzgado de distrito dio ultimátum a Guadalajara sobre San Rafael


Mañana deberá haber sido paralizada la construcción de edificios en el predio contiguo al parque.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo, ha dado tres días, que comienzan a contar a partir de ayer, para que el Ayuntamiento de Guadalajara acate la suspensión provisional concedida a favor de un grupo de vecinos de San Rafael, en el oriente de la ciudad, y proceda a paralizar “la edificación autorizada mediante la licencia M-0129-2016 expedida por el Director de Obras Públicas y el Director del Área de licencias y permisos de construcción del Ayuntamiento de Guadalajara, en favor de Desarrolladora Kigali, SA”.

La suspensión es relativa a la construcción de una obra plurifamiliar vertical en avenida de los Historiadores números 3180 y 3280, Colonia San Rafael, y que, de acuerdo a la determinación del Quinto Tribunal Colegiado de Distrito del Tercer Circuito (queja 232/2018, derivada del juicio de amparo 198/2018), afecta derechos a la salud y ambientales de la población, e incluso, las posibilidades de al menos una especie de psitácido en peligro de extinción, el loro cabeza lila, cuyo nombre científico es Amazona finschi.

La Dirección General Jurídica del Ayuntamiento de Guadalajara, “manifiesta la imposibilidad en que se encuentran las autoridades responsables adscritas al citado ayuntamiento, para dar observancia a la medida cautelar otorgada, en virtud de que manifiesta que en el recurso de reclamación 1151/2017, derivado del juicio de nulidad 714/2017, del índice de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, fue concedida la suspensión a la aquí tercera interesada Desarrolladora Kigali, Sociedad Anónima de Capital Variable, para que se le permita seguir con la ejecución de las obras llevadas a cabo en los inmuebles materia de la litis”, destaca la resolución.

Sin embargo, advierte: “dígasele que las autoridades responsables se encuentran obligadas a dar cumplimiento a la suspensión provisional otorgada en el presente incidente de suspensión, desde el momento en que ésta fue dictada, toda vez que de conformidad con los artículos 136 y 139 de la Ley de Amparo, y por la propia naturaleza que como medida precautoria tiene la suspensión del acto reclamado dentro del juicio de amparo, surte sus efectos de manera inmediata”.

De este modo, “al considerarse de orden público que la medida cautelar de referencia sea cumplida en sus términos, y toda vez que el artículo 158 de la Ley de Amparo, permite a este órgano jurisdiccional hacer cumplir la resolución suspensional y/o tomar las medidas necesarias para su cumplimiento, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días, de conformidad con lo establecido en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, acrediten con constancias fehacientes haber dado cabal observancia a la suspensión provisional concedida …”.

El problema es que el posible incumplimiento de la legalidad solamente le acarrea al ayuntamiento, por lo pronto una posible multa de 4,030 pesos, al margen del descrédito ante la opinión pública. Pero pueden pasar más cosas.

El artículo 193 de la Ley de Amparo señala que una vez presentadas las evidencias de cumplimiento, el juez “dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay incumplimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos”.

Colonos y asesores señalan que la alcaldesa de Tlaquepaque podría ser destituida.


Colonos y asesores señalan que la alcaldesa de Tlaquepaque podría ser destituida.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La presidente municipal de Tlaquepaque, María Elena Limón, fue requerida por el juez sexto de distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, para demostrar el cumplimiento de una suspensión definitiva concedida a colonos del Cerro del Gachupín o El Tesoro, en el marco de un incidente de suspensión del juicio de amparo 1071/2016. En caso de no acreditarlo, la sanción podría derivar en su destitución.

Esto lo señalaron ayer vecinos de la zona, encabezados por Milagros González Díaz, representante de la Asociación Civil Cerro Guardián del Agua, e integrante de la Red Metropolitana en Defensa de las áreas Verdes, y los representantes del Instituto de Derecho Ambiental, Pedro León Corrales y Eduardo Mosqueda Sánchez, en conferencia de prensa. El pasado lunes 16 de julio, la munícipe recibió la orden judicial para informar sobre qué acciones ha realizado para acatar la suspensión, que fue concedida el 22 de septiembre de 2016 y confirmada mediante recurso de revisión 99/2017 por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

“Es procedente conceder la suspensión definitiva, respecto a los efectos y consecuencias inmediatas que pudiera sufrir el impacto ambiental, en el Cerro del Gachupín, es decir, las autoridades responsables no deben de afectar la flora y la fauna que ahí habita, así como el deterioro de recursos hidrológicos, que se traducen en una afectación ecológica y al medio ambiente, lo cual constituyen elementos del orden público e interés social”, señala el juez.

“Las autoridades deberán cuidar que la obra que se desarrolla en el Cerro del Gachupín, se realice sin alguna afectación a la flora y fauna que habita el lugar, debiendo evitar la tala de árboles, y sustraer material geológico; asimismo, se deberán salvaguardar los recursos hidrológicos de la zona, lo que implica, el abstenerse del uso o explotación de aguas nacionales superficiales o del subsuelo, así como verter cualquier tipo de desecho a dichas cuencas, que se genere con motivo de la obra a desarrollar […] la medida cautelar no tiene por efecto paralizar construcciónes que ya estén realizando bajo el amparo de permisos o autorizaciones otorgadas por las autoridades administrativas, pues la materia de preservación es el medio ambiente natural que se localiza en la zona relativa”, añade.

El 18 de enero de 2017 “la quejosa denuncia el incumplimiento de la suspensión definitiva, por parte de la autoridad responsable, Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, que en su informe negó haber incurrido en incumplimiento a la medida suspensional. El Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa resolvió, en la audiencia, que el incidente planteado por la quejosa es esencialmente fundado. La consecuencia natural del fallo que concede la suspensión, es que el acto reclamado no se ejecute y que las autoridades responsables se abstengan de continuar los procedimientos, que tiendan a ejecutarlo, y si no lo hacen, sus actos constituyen un desobedecimiento a la suspensión”, refirió Mosqueda Sánchez. “La gravedad de la desobediencia a la medida cautelar es clara y manifiesta, porque pudiera suceder que por no obedecer el auto de suspensión, el mandato inconstitucional se plasme en forma irreparable”, agregó.

Aseguró que ha habido reiteración en incumplir, y la alcaldesa “se va a poder ser acreedora de una de las sanciones que prevé la fracción tercera del Artículo 262 de la Ley de Amparo, imposición de una pena de tres a nueve años de prisión, una multa equivalente a 50 unidades de medida y actualización y la destitución e inhabilitación del cargo”.

Los vecinos de Pinar de la Calma, Colinas de Las Águilas y Mirador del Tesoro señalan el grave perjuicio que les trae desde 2012 la edificación de viviendas en la parte alta del cerro, pues esto derivó en inundaciones e incluso daños estructurales a fincas de existencia previa, además de la pérdida de un área verde valiosa. La constructora es Inver Desarrollos SA de CV, que edifica en 120 hectáreas que reclama la comunidad agraria de Santa María Tequepexpan.

miércoles, 18 de julio de 2018

40% de urbanizaciones en La Primavera son privadas


El fenómeno de la ilegalidad en asentamientos privados se ha dado sobre todo en fraccionamientos que ya existían, y se expanden silenciosamente.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El último cambio de suelo importante al interior del polígono protegido de La Primavera, lo constituye el rancho de La Cuesta, construido a mediados de la década pasada, hoy conocido como Pic Nic, que se ubica en el ingreso oriente del área de protección de flora y fauna, sobre prolongación Mariano Otero. Su edificación llevó a la construcción de bardas perimetrales y a instalar malla ciclónica sobre el camino, además de fincas y corrales que están en uso.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), entonces bajo la responsabilidad de Martha Ruth del Toro, sancionó a su propietario, Ramón Sánchez Enríquez, por carecer de autorización en materia de impacto ambiental, pero al establecer un “expediente de daños”, que el sancionado cumplió en todos sus términos, le dio legalidad al proyecto.

El pequeño propietario siempre ha defendido la vocación ambiental de su proyecto: lo tiene registrado como unidad de manejo para conservación de vida silvestre (abreviada a Uma), reproduce venado cola blanca y suelta ejemplares para contribuir a la repoblación del bosque. Ha instalado una torre de detección de incendios y presta siempre sus instalaciones para los combates de incendios, como ocurrió el pasado mes de abril, en que se siniestraron más de tres mil hectáreas.


Más allá de que las bardas y las mallas siguen allí, lo que genera cuestionamientos permanentes de ambientalistas que visitan la zona, se puede decir, en descarga de este particular, que una mayoría de propietarios con derecho sobre el bosque tienen poco o nulo interés en su preservación. Si no existiera una dirección, si no hubiera programa de manejo, nadie se ocuparía de los incendios o de los saqueos sobre sus predios. Es una realidad para buena parte de los que tienen derechos sobre los alrededor de 421 predios, que al menos en el último corte, existían en el bosque (ver MILENIO JALISCO, 6 de marzo de 2014). Don Vicente Arregui, uno de los más veteranos propietarios, es también de los que nunca ha visto su rancho de 400 hectáreas, enclavado entre Cerro de San Miguel y Llano Grande, como una oportunidad para especular.

“Construí una cabaña en el setenta cuando la compré, después la arregle, pero todo fue antes del decreto de 1980. Tengo una pequeña parcela, quince hectáreas, donde sembramos maíz, porque como es zona alta, no se da la caña. Lo demás es bosque y cerro, y de hecho, en la propiedad esta la torre tres, la uno y la dos están en Planillas y Nejahuete, y la de cerro de San Miguel, está dentro de la propiedad”.

De este modo, el rancho de don Vicente Arregui se ubica contiguo a la zona con mayor diversidad biológica de La Primavera. Su responsabilidad como dueño es alta.

“Por allí tengo fotos de pumas, por allí llega el águila real. Antes no había casi apoyos, tuvimos un incendio fuerte hace 20 años, nos pegó fuerte desde San Miguel a la zona de la falda del cerro de Planillas. Luego otro llegó hasta el cerro de San Miguel y hacia Llano Grande, por Tala, de hace seis años. No había las brigadas ni los medios que hoy tienen. En 1998 casi me andaba quemando, de hecho se me quemo parte de la casa; así que con la gente que tenía traté de apagar todo, sin estar capacitados, por lo menos en la finca, porque ya en el campo qué haces, mejor ni meterte. Yo sí he visto que bajado mucho la incidencia de incendios en los últimos años. Ya es ganancia”.


Don Vicente ha tenido algunos financiamientos por servicios ambientales; “uno fue para restauración y otro para restauración y conservación, para hacer represas en los arroyos para el tema de la erosión, y fueron dos fonditos […] hace poco metimos otra solicitud, pero ese tipo de fondos los han ido reduciendo, y no alcancé…”.

“Para mí esto de mi rancho ha sido un asunto personal, un asunto hasta de salud; hace cinco años tuve un problema de salud y me dijeron los doctores que gracias a que estoy en el cerro, eso me ayudó a recuperarme y a estar en actividad; es un lugar al que tengo un aprecio y me ha dado satisfacciones en el plano personal, de goce, de disfrute, en la cuestión familiar y de la naturaleza, no tanto en lo económico; el maicito apenas da para mantener el lugar”.

La positiva gestión de los últimos años, en la que reconoce al organismo público descentralizado, pese a estar enfrentado junto con otros parvifundistas por el tema de lo que consideran una representación raquítica en la junta de gobierno, ha hecho prosperar fauna y flora.

“Me ha tocado encontrarme con pumas, y sí me han afectado, porque me mataron una vaca, y le reclame a al OPD, oye me mataron a una vaca. Pero no sirvió, porque debía haber llenado unos requisitos para acreditar el daño y que me repusieran la vaca, no se pudo, pero al menos ayudó al bosque…”.

- Siempre ha circulado la historia de que uno de los hermanos Zuno mató al último puma como en 73 o 74, ¿es verdad?

- Ah sí, me acuerdo lo de ese puma, fue famosísimo, hasta salió en la foto, fue por el lado de Tala. Algunos de los Zuno eran guías de cacería en la costa, ellos organizaban y cobraban a los americanos hasta diez mil dólares, y los llevaban a cazar jaguares. En La Primavera dejó de haber puma mucho tiempo.


Fueron más de 20 años para que se escucharan los primeros rumores del regreso del Puma concolor. “Yo me enteré por lo de las fotos, y luego ya me los encontré personalmente. Si retrataron ya a dos parejas es una buena señal”.

Gracias a la técnica del fototrampeo, don Vicente ha detectado en su predio a muchos herbívoros, a búhos de grandes dimensiones [reales o cornudos] e incluso a al águila real.

- ¿No hubo lobos? Está muy cerca el rancho de La Lobera.

- Sí, pero hace como 100 años; si llegó a haber, esos no los vieron ni mis abuelos…

Finca por finca

En el año 1993, estaban construidas sobre propiedad particular, fincas que ocupaban una extensión de 9.3 hectáreas, diseminadas por el norte, el oriente y el sur del bosque. En 2015, el análisis de fotos satelitales reveló una superficie ocupada de 36.45 ha, para constituir prácticamente 40 por ciento de las urbanizaciones al interior del polígono protegido.

La zona con mayor incidencia está al norte: el gran fraccionamiento de Los Robles, que colinda con el ejido Emiliano Zapata y que ocupa la mayor parte de esa superficie: prácticamente 21 ha. El problema de este crecimiento se ha dado ante la indefinición de límites municipales, pues las licencias las otorga El Arenal, pero Zapopan está al norte y Tala al sur. En 1999 sólo crecía sobre 9.5 ha, lo que demuestra que no ha dejado de crecer. Otro fraccionamiento grande es Pinar de la Venta, pero es preexistente al decreto y sus zonas de crecimiento, como el caso de El Palomar y Bugambilias, no están dentro del régimen protegido.

Al sur, la antigua brecha a San Isidro Mazatepec, que nunca se terminó, es la que presenta más “invasión hormiga”, propiciada por la atomización de las viejas propiedades de Cástulo Romero y Jorge Dipp, o el desinterés de muchos propietarios que al verse impedidos a fraccionar con el decreto de 1980, abandonaron sus predios, al grado de que mucho ni siquiera saben su ubicación actual.

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Claves 

Historia de los asentamientos 

Fraccionamientos privados y ejidales en el interior del polígono protegido de La Primavera 

Año 1993

En la zona del cerro de El Colli: Volcán del Colli, La Gloria del Colli y 12 de diciembre, 1.53 hectáreas

En el ejido Santa Ana Tepetitlán: Lomas de La Primavera, 704 m2

La Cebada, 1.3 ha

Colonia López Mateos, 2.75 hectáreas y “Centripostes”, 0.9 ha

La Venta del Astillero, 3,550 m2

En Los Robles, 7.02 ha

Año 1999

Zona de El Colli: 2.34 ha

Santa Ana Tepetitlán: Lomas de la Primavera, Brisas de La Primavera, Arenales Tapatíos y El Tizate, 1.74 ha

La Cebada, 3.82 ha

Colonia López Mateos, 2.75 ha, Centripostes 0.9 ha (sin cambios significativos)

La Venta del Astillero crece a 1.59 ha

Los Robles se va a 9.48 ha

Año 2008

Zona de El Colli, crece a 6.04 ha, aparecen instalaciones del Cinvestav (Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN)

Ejido Santa Ana Tepetitlán, crecen a 7.34 ha

La Cebada, crece a 6.05 ha

Colonia López Mateos crece a 2.9 hectáreas y Centripostes se duplica a 1.83 ha

La Venta del Astillero, crece a 6.49 hectáreas Pinar de la Venta, sobre 6,100 m²

Los Robles, se va a 15.83 ha

Año 2011

Zona de El Colli: crece a 6.56 ha. En El Bajío se consolida la instalación del Cinvestav, y la Villa Panamericana invade con 2.5 ha el polígono protegido

Ejido Santa Ana Tepetitlán: crece a 10.59 ha

La Cebada crece a 7.48 ha

Colonia López Mateos se mantiene con 2.9 ha y Centripostes con 1.83 ha. Rancho La Cuesta o Pic Nic, con 5,700 m² La

Venta del Astillero crece a 10.21 ha de asentamiento humano Los Robles crece a 16.7 ha

Año 2015

Zona de El Colli crece a 7.41 ha

Ejido Santa Ana Tepetitlán, se va a 20.51 ha La Cebada crece a 8.05 ha

Colonia López Mateos y Centripostes se mantienen en 2.9 y 1.83 ha. Zona del Pic Nic se va a 1.24 ha de construcciones

La Venta del Astillero crece a 15.04 ha y Pinar de la Venta registra dentro del polígono 9,800 mz

La Mesa del Burro, 1.3 ha Los Robles crece a 20.92 ha

Año 2017

Ejido Santa Ana Tepetilán, 29.91 ha

La Venta del Astillero, 18 ha

Fuente: análisis de fotos de satélite y ortofotos entregado al gobierno del estado, 2018