sábado, 18 de agosto de 2018

Producción de alimentos, la crisis que ya llegó a Jalisco


Los Altos de Jalisco conforman la región más amenazada con los cambios; sus maizales y sus hatos ganaderos padecen mermas serias de producción por calentamiento global.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Jalisco ya está inmerso en el proceso de alza de temperaturas promedio que afecta a buena parte del planeta, de forma más acusada, en los últimos 20 años. Y los efectos documentados sobre la producción de alimentos encienden las alarmas: un año cálido significa, por ejemplo, la pérdida de casi un millón de toneladas de maíz y el descenso de la producción de leche por vaca de más de 23 por ciento.

Estas son evidencias entregadas en el artículo Vulnerabilidad de la producción de alimentos en Jalisco por los investigadores Arturo Curiel Ballesteros, Gabriela Ramírez Ojeda y Silvia Lizette Ramos de Robles, parte de una publicación pionera, “El clima cambiante. Conocimientos para la adaptación en Jalisco”, editada por la Universidad de Guadalajara, y que concentra la parte sustantiva de la ciencia que nutre el recientemente publicado Programa Estatal para la Acción ante el Cambio Climático (periódico oficial El estado de Jalisco, 31 de julio de 2018).

El trabajo de los académicos parte de las unidades de gestión ambiental (ugas) del Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal vigente, tanto para el tema de la agricultura como el de la ganadería.

En el primer caso, señalan que las ugas que presentan un uso predominante de agricultura ascienden a dos millones 180,663 hectáreas. “Los indicadores para la identificación de vulnerabilidad en estas unidades fueron los siguientes: capacidad productiva del temporal. Esta evaluación está basada en el agua verde, que es el agua disponible en el suelo para las plantas y los microbios del suelo, y es absorbida por las raíces, usada por las plantas y regresada a la atmósfera a través de la transpiración […] este procedimiento considera dos parámetros: el cociente precipitación/evaporación (P/E) para el periodo del temporal (junio-octubre) y la profundidad del suelo; ambos se encuentran estrechamente vinculados con la capacidad productiva y la resiliencia.

Dos, la duración de la estación de crecimiento. “Comprende el periodo en número de días de inicio de la temporada de lluvias en forma regular, hasta la terminación de ésta, más un periodo de reserva de humedad del suelo, el cual depende de sus características edáficas. Este valor se utiliza para la zonificación de cultivos de temporal, la selección de variedades de cultivos y la definición de áreas agrícolas. El indicador es de gran importancia para determinar la capacidad de respuesta o resiliencia de los campos productivos: entre más dure la estación de crecimiento, más servicios de aprovisionamiento de alimento tendrán los ecosistemas agrícolas”.

Tres, “Erodabilidad del suelo. Se refiere a la capacidad de degradación del suelo. Es un indicador de vulnerabilidad ante la intensidad de la lluvia y el riesgo de perder el sustrato indispensable para la nutrición, el soporte de las raíces y la infiltración de la lluvia, factores que mantienen el rendimiento de cultivos. La erosión transforma los suelos que tienen capacidad de producción de alimentos, mediante un proceso de degradación que lleva a la desertificación de la tierra”.

Con los tres criterios, se pudo identificar las ugas “que es más urgente atender frente a las amenazas del cambio climático en Jalisco. Esas unidades serían las que presentan una limitada capacidad de producción de biomasa y/o una alta vulnerabilidad de sus suelos a la degradación”. Y se encuentran sobre todo en la región Los Altos Norte, con “estaciones de crecimiento menores a las que demandan los cultivos principales, y adicionalmente se presentan suelos susceptibles a la degradación. En particular los municipios que tienen más probabilidades de sufrir siniestralidad por pérdida de más de 40 por ciento de la superficie sembrada son Ojuelos, Encarnación de Díaz y Teocaltiche”.

En contraste, con “mayor resiliencia al cambio climático y que pueden mantener su capacidad productiva en los próximos años, por tener todos los criterios dentro de la categoría de baja vulnerabilidad, están en la región Centro y son los municipios de Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga. La paradoja es que estas zonas productoras de alimentos están sometidas a la presión de la expansión urbana del área metropolitana de Guadalajara, por eso su producción está declinando, es decir, su disminución productiva no se debe al cambio global del clima sino a un crecimiento insustentable de la ciudad”, advierten.

El ejercicio comparativo de dos años contrastantes de temperaturas máximas medias durante el temporal, 2004 como año fresco y 2009 como año cálido, dato cruzado con su efecto en la producción de maíz blanco, permite visualizarlo mejor: en el año cálido la producción declinó en casi 900 mil toneladas. De 2.8 millones de toneladas producidas en 2004, se descendió a 1.9 millones de toneladas en 2009.

¿Cómo influye la temperatura en los cultivos? Investigadores consideran “que el incremento de ésta produce un aumento en la acumulación de grados por día o unidades térmicas de desarrollo (unidades calor), lo que acelera la velocidad del ciclo de vida de insectos plaga que pueden afectar la producción de cultivos. Además, el aumento de la temperatura acorta el ciclo vegetativo, causando una reducción del rendimiento al acortarse el periodo de producción de biomasa y de llenado de grano o formación de órganos reproductivos. Con el cambio climático es de esperarse que el número de generaciones de insectos plaga por año o ciclo de producción se incremente, elevando con ello los esfuerzos para el combate de plagas y los costos de producción”.

El incremento de temperatura “trae también como consecuencia la afectación de las funciones vitales de las plantas. Tal es el caso de temperaturas medias por arriba de 35 grados, que para la mayoría de las especies cultivadas significa estrés por calor. Las plantas bajo estrés calórico reducen su actividad celular y por tanto la formación de tejidos y la producción de biomasa, afectando el rendimiento y la producción de alimentos. Con el cambio climático se prevé que las especies cultivadas experimentarán un mayor número de días en que la temperatura rebase su umbral máximo, lo que implica el riesgo de que la planta entre en un estado de letargo que afectará su rendimiento”.

En esos dos años analizados, “se encontró que en 87 municipios el rendimiento disminuyó en el año cálido. En 2004, el rendimiento promedio de maíz por hectárea en Jalisco fue de 5.6 toneladas, mientras que en 2009 fue de 4.56 toneladas […] además de la temperatura, la precipitación durante el temporal se caracterizó por presentar este año una anomalía negativa, considerando que la precipitación determinó en 44 por ciento la producción de maíz de temporal”.

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Claves 

Tribulaciones del campeón agropecuario 

Jalisco aporta 11% del PIB agropecuario del país, el cambio climático pone en riesgo esta generación de riqueza

Los Altos son los más expuestos al problema, y son un serio desafío para Jalisco, pues generan un quinto del PIB del estado

Además del daño directo a la agricultura y ganadería, el cambio climático afectará los servicios ambientales que las hacen posible

Fuente: Programa Estatal de Acción Frente al Cambio Climático, 2018

La ganadería se apunta como la gran perdedora del CC 

Los académicos que aportaron la ciencia al programa de cambio climático, al analizar la ganadería, encontraron mayores riesgos de colapso, por estar más ligada de forma crítica al tema de las temperaturas.

En Jalisco, las ugas con uso pecuario predominante suman 762,058 hectáreas. “Los indicadores para la priorización de estas unidades de gestión ambiental fueron: uno, índice de humedad. Es la relación entre la precipitación con 70 por ciento de probabilidad para cada mes sobre la evapotranspiración potencial mensual. Se trata de un indicador útil para identificar zonas con problemas periódicos de sequía, es decir, es un indicador de las relaciones existentes entre la precipitación o aporte de agua y la evapotranspiración potencial, como expresión de la demanda de agua ejercida por el medio. En este sentido, las sequías son la principal amenaza contra la ganadería de Jalisco, pues la mayor actividad ganadera se ubica en áreas con bajo índice de humedad”.

Dos, índice de temperatura-humedad. “Se utiliza en todo el mundo para estimar el grado de estrés calórico en ganado lechero y de carne. Es un indicador que sirve para identificar las zonas de riesgo para el ganado lechero y para poder establecer estrategias ante el estrés por calor. Este índice considera que valores de 70 o menos son confortables para las vacas; mayores de 78 les causan malestar porque las hacen que pierdan la capacidad de mantener mecanismos de termorregulación o temperaturas normales del cuerpo. Un índice superior a 72 es suficiente para causar tensiones calóricas, incrementar el ritmo respiratorio de la vaca y provocar reducción en la ingesta de alimento”.

Dichos valores “se presentan todo el año en la costa del Pacífico, principalmente en los territorios donde se ha abatido el servicio de regulación de los ecosistemas por causas como deforestación, incendios e introducción de especies invasoras, entre otras”.

Al comparar la producción de leche en los mismos años fresco y cálido que el cultivo de maíz (2004 y 2009), “se encontró que en 2004 se produjeron 7.6 miles de litros al año por vaca, mientras que en 2009 el índice fue de tan sólo 5.9 miles de litros por vaca […] las áreas pecuarias con mayor probabilidad de sufrir daño como consecuencia del cambio climático son las que presentan un índice de humedad bajo y/o un índice de temperatura-humedad alto”, lo que regresa el tema a Los Altos de Jalisco y a zonas como el norte y la costa seca.

“Como la mayor parte de los ganaderos en Jalisco también son agricultores, otro elemento de análisis en el marco del calentamiento global es la baja producción de alimento para el ganado a causa de pérdida de disponibilidad de agua. En lo referente a la escasez de agua, los ganaderos identifican 2011 como el año en que la sequía impactó más su actividad productiva. Asimismo, señalan las afectaciones que tuvieron por el aumento de precios en los alimentos para su ganado a partir de la sequía que vivieron los estados del norte del país, donde los ganaderos se vieron en la necesidad de comprar los alimentos en otros estados”.

Las vacas lecheras, añaden, “presentan una mayor huella hídrica en comparación con todas las especies animales que nos alimentan [2,056 metros cúbicos/cabeza/año], eso las hace más vulnerables a las condiciones de sequía. Asimismo, la producción de leche genera calor en la vaca debido a la metabolización de grandes cantidades de nutrimentos, lo que hace que las más productivas sean más vulnerables al estrés calórico”.

Los científicos destacan que de todo el estado, el municipio de Encarnación de Díaz es el de prioridad más alta y en situación de urgencia para implementar programas de adaptación al cambio climático para la ganadería.

viernes, 17 de agosto de 2018

Bosques no pueden vivir otro sexenio de exclusión


Grupos comunitarios, investigadores y organizaciones de la sociedad señalan que el gobierno actual olvidó el desarrollo social.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Un grupo de comunidades, profesionales, académicos, industriales y organizaciones de sociedad civil presentaron esta semana la iniciativa denominada “Bosques con todos” para que sea considerada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con diez propuestas de política forestal para el gobierno electo, en busca de dar vuelta de hoja a la gestión de Enrique Peña Nieto, que abandonó en buena medida al sector con magros presupuestos y programas de muy baja calidad para la integración social delos 12 millones de habitantes de bosques y selvas.

Las diez propuestas fueron entregadas a la opinión pública, y son las siguientes: 1. Un plan estratégico de mediano y largo plazo, de carácter vinculante, generado de manera incluyente y participativa, que establezca una política clara para los próximos años. 2 Perspectiva de derechos humanos en la política forestal, lo que incluye la actualización del marco legal y la armonización del mismo con diferentes compromisos internacionales, así como el fortalecimiento de los consejos de consulta ciudadana. 3- Impulso al manejo forestal comunitario, “concebido como modelo de aprovechamiento de bosques, selvas y zonas áridas en forma colectiva y organizada. Incluye la producción forestal sustentable y legal ejecutada y administrada directamente por núcleos agrarios y pequeños propietarios, así como el cultivo, protección, y eventualmente, participación en fases posteriores de agregación de valor con un enfoque integral, orientado a la generación local de oportunidades”.

4. Fomento a la producción forestal sustentable. “Incrementar el presupuesto destinado al sector forestal. Crear un área de fomento especializada en servicios financieros, con bolsa económica garantizada para un financiamiento adecuado y suficiente y con mecanismos para la constitución de garantías y fondos revolventes”. 5- Inversión pública “incluyente, eficaz y transparente, orientada a: a) Manejo forestal sustentable comunitario, encauzado al cultivo, cosecha e industrialización primaria de menor escala en redes locales de valor; b) Industria de mayor escala y complejidad tecnológica”.

6- Conservación y servicios ambientales. “Desarrollar acciones que aseguren y mejoren la provisión de los servicios ambientales en el tiempo: promover el manejo productivo sustentable, el ordenamiento territorial; frenar el avance de agricultura y ganadería extensiva en áreas forestales y fortalecer esquemas de reforestación motivando la recuperación de especies locales y retomando el papel productivo de los acahuales [vegetación forestal que surge de manera espontánea en terrenos que estuvieron en uso agrícola o pecuario]”.

7. Un marco legal “progresista y aplicable”, dado que “la recién publicada Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable tiene inconsistencias que es necesario modificar. Paralelamente, se debe formular su Reglamento y necesario revisar y actualizar las normas oficiales mexicanas existentes para el sector, además de elaborar la norma de evaluación de servicios técnicos forestales”. 8. Una nueva institucionalidad, “que cubra necesidades del sector. Sus objetivos son: gestión participativa; fortalecimiento regional y descentralización; suficiencia gubernamental para atender la agenda y acercarse al terreno; agilizar trámites, supervisión y evaluación técnica y concurrencia intersectorial”.

9. Fomento a la investigación, desarrollo de capacidades e impulso a la asistencia técnica. “Formar hombres y mujeres para generar conocimientos, desarrollar tecnologías y llevar las soluciones al bosque y a sus habitantes, muchos de ellos identificados como grupos en situación de vulnerabilidad”. Finalmente, punto 10, “atención a las agendas de cambio climático, biodiversidad, desertificación y política forestal. México debe destacar en el cumplimiento de convenios ambientales internacionales en materia ambiental; especialmente: la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Convenio de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación, las cuales es necesario atender en materia forestal”.

Los grupos firmantes señalan que “no obstante los recursos y esfuerzos de las administraciones pasadas, el que ahora termina fue un sexenio de pocos avances en política forestal”, de ahí la importancia expectativa por un verdadero cambio “que permita reactivar la producción forestal sustentable”. “La reactivación del sector puede detonar la generación de empleos permanentes de calidad en el medio rural para jóvenes y mujeres, revertir la balanza comercial forestal negativa que rebasa ya los 7 mil millones de dólares anuales y cada año aumenta y garantizar la permanencia y mejoramiento de los recursos forestales y los servicios ambientales que proveen. Para esto se debe hacer transparente y eficiente la inversión pública, así como conciliar la producción forestal sustentable con la conservación del capital natural, en un marco de respeto a los derechos de indígenas y campesinos y demás actores del sector”, señala un documento difundido por el Consejo Civil Mexicano de Silvicultura Sustentable (CCMSS).

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Claves 

Datos alarmantes 

La economía forestal representa menos de 1% del PIB. Asimismo, “se debe revertir la pobreza y marginación en que se encuentran sumidos los 12 millones de habitantes de los territorios forestales fundamentales del país, que son más de 130 millones de hectáreas del territorio nacional”

Jalisco posee alrededor de 5 millones de ha de vocación forestal y arriba de 3 millones con bosque primario o selvas, lo que le dan un enorme potencial. No obstante, esa penas sexto en aportación al PIB del sector, por debajo de Chihuahua, Durango, Michoacán, Chiapas y Oaxaca

Firman la Academia Nacional de Ciencias Forestales (ANCF), Asociación Mexicana de Plantadores Forestales (AMEPLANFOR), Asociación Mexicana de Profesionales Forestales (AMPF), Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), Red Indígena de Turismo de México (RITA) y Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF)

jueves, 16 de agosto de 2018

Colegiado suspende decreto de EPN para el río Santiago


La suspensión de plano impide nuevas concesiones, y en general, los efectos del decreto presidencial del 6 de junio.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Segundo Tribunal Colegiado de Distrito en Materia Administrativa ha decidido otorgar al ejido Agua de Obispo, de San Juan de los Lagos, la “suspensión de plano” que le había negado el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, en la queja 222/2018 derivada del juicio de amparo 2090/2018, lo que suspende los efectos del decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de este año.

Dicho decreto, uno de los diez que se emitieron ese día, estableció el levantamiento de las vedas y la creación de una reserva de aguas en la región hidrológica, además de abrir “agua sobrante” para usos económicos diversos, respetando el orden en que se presenten las peticiones, lo que ha sido juzgado por productores alteños como una amenaza a la prioridad del agua para la alimentación.

“Lo procedente es conceder al ejido aquí recurrente la suspensión de plano, en tanto se resuelve el fondo del amparo, para los efectos siguientes: Para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, y como lo solicita el poblado ejidal, ‘... no se dé ninguna concesión o asignación de volúmenes de agua, ni permisos, ni ningún documento que consigne algún acto de autoridad en ese sentido ... ‘, únicamente respecto de lo que hubiera sido dotado o corresponda en derecho en tierras, aguas, pastos y montes al ejido quejoso”, señala el resolutivo de la queja.

Agrega: “así como para que no se lleven a cabo actos derivados del decreto o de las normas generales reclamadas, que impliquen privación ilegal de la propiedad, posesión y disfrute de aproximadamente 473-67-80.67 hectáreas, de terrenos de uso común, de monte, temporal y agostadero y su substracción del régimen jurídico ejidal del que forman parte “.

La medida cautelar “no autoriza invalidar las determinaciones asumidas antes de la presentación de la demanda, pues esto implicaría dar a la suspensión señalada efectos restitutorios, lo que en este caso tendría que ser materia exclusiva de la sentencia de fondo que se emita en el juicio de amparo”.

El colegiado se pronuncia también respecto al reclamo de que la autoridad no aplica el llamado “principio precautorio" por la posible afectación al equilibrio ecológico,” y la manifestación en relación con la no disponibilidad de recursos hídricos, atañen a cuestiones que involucran la legalidad del Decreto reclamado, lo cual concierne a la materia de lo que, en su caso, será elucidado al resolverse el fondo del amparo”.

¿Un ejido o toda la cuenca?

Si se lee exclusivamente los puntos resolutivos, falta clarificar el alcance territorial de la suspensión. Mientras la defensa del ejido lee la suspensión de concesiones y asignaciones para toda la región afectada por el decreto, el resolutivo va de lo general a lo particular al razonar el tema.

Al analizar la queja, el Colegiado sostiene: “el ejido quejoso reclamó, en esencia: ‘el decreto emitido por el Presidente de la República publicado con fecha 6 de junio del 2018, en el Diario Oficial de la Federación, por el que se suprimen las vedas existentes en las cuencas hidrológicas y por el que se modifica la Ley de Aguas Nacionales”, así como “las aplicaciones al ejido denominado Agua de Obispo, del Municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, por afectación a nuestro derecho al agua, de acceso a un medio ambiente sano, del derecho a la alimentación y del derecho al desarrollo con dignidad”.

También destaca que los ejidatarios reclaman “de las autoridades que señaló como responsables, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Gobernador y Secretario General de Gobierno de Jalisco, Ayuntamiento y presidente municipal de San Juan de Los Lagos, Jalisco, ‘la omisión de presentar el costo económico, social y ambiental de acceso a un medio ambiente sano, de acceso al agua; la omisión de presentar un estudio de riesgo y de impactos ambientales al amparo del principio precautorio ... pues con dicha omisión se violan nuestros derechos humanos y nuestras garantías ... “.

Es decir, se habla en específico de posesiones y propiedades, pero también se alude al derecho a un medio ambiente sano y al acceso al agua y a la alimentación, lo cual depende de usos, servicios ambientales y estado de conservación de superficies alejadas al propio núcleo agrario. Es decir: si se considera que el ciclo del agua se da en el ámbito de una cuenca, lo que afecta a un ejido o a cualquier predio puede ocurrir afuera de su territorio, pues sólo se puede definir una frontera al movimiento del agua en los parteaguas que confinan a la propia cuenca.

No obstante, en la página 70, el Colegiado apunta que la suspensión se da “para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, y como lo solicita el poblado ejidal ...no se dé ninguna concesión o asignación de volúmenes de agua, ni permisos, ni ningún documento que consigne algún acto de autoridad en ese sentido ...’ [pero] únicamente respecto de lo que hubiera sido dotado o corresponda en derecho en tierras, aguas, pastos y montes al ejido quejoso”.

En el mejor de los casos, la propia autoridad no demuestra tener el conocimiento técnico para saber si una concesión otorgada en las partes altas de la cuenca afecta los derechos de un ejido específico aguas abajo. Para los quejosos, eso está claro y consideran que la Conagua deberá abstenerse de cualquier permiso o concesión en la región de 70 mil km². La autoridad administrativa, la propia Conagua, que será llamada al juicio en breve, puede pedir la aclaración de la suspensión e incluso el acotamiento del territorio donde está vigente, y dependerá del juez determinarlo, considerando los elementos que le aporta el quejoso.

En el documento de la queja interpuesta por el abogado del ejido, se señala claramente el decreto completo. Y se indica: “reclamamos la aplicación a los suscritos de las disposiciones legales antes indicadas, así como todos los actos y procedimientos que tengan como objetivo aplicar las leyes y reglamentos que se impugnan como inconstitucionales en este amparo…”.

Luego señala como reclamo “el cumplimiento y ejecución del decreto por el que se suprimen las vedas existentes en las cuencas hidrológicas Río Tlaltenango, Río San Pedro, Presa Calles, Presa El Niágara, Presa Ajojucar, Río Encarnación, Río Aguascalientes, Presa El Chique y Río Juchipila 1, Río Santiago 1, Presa El Cuarenta, Río de Lagos, Río Grande, Río San Miguel, Río del Valle, Río Verde 1, Río Verde 2, Río Juchipila 2, Río Santiago 2, Presa Santa Rosa, Río Santiago 3, Río Tepetongo, Río Bolaños 1, Río Bolaños 2, San Juan, Río Atengo, Río Jesús María, Río Huaynamota, Río Santiago 4, Río Santiago 5 y Río Santiago 6 que integran la Subregión Hidrológica Río Santiago, de la Región Hidrológica número 12 Lerma-Santiago y se establecen zonas de reserva de aguas nacionales superficiales para los usos doméstico, público urbano y ambiental o conservación ecológica en las cuencas hidrológicas que se señalan, las cuales forman parte de la Región Hidrológica antes referida, publicado con fecha 6 de Junio del 2018, en el Diario Oficial de la Federación, toda vez que, con dicho Decreto, se violan nuestros derechos humanos y garantías constitucionales”.

Ese decreto presuntamente violatorio “llevado a cabo en términos del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 de Abril de 2004, por el que se modifica la Ley de Aguas Nacionales, que contienen los artículos 7 Fracciones IV y VI, 7 BIS Fracción VIII, 13 BIS-3 Fracción II, artículo 14 BIS-5, Fracción XXII, artículo 20, artículo 22 párrafo tercero, artículo 38, artículo 41, Fracción I, y artículo Décimo Quinto Transitorio, cuya inconstitucionalidad se reclama; así como el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de Marzo de 2016, cuya inconstitucionalidad, también se reclama”.

Así, el alcance de la demanda no se restringe al propio territorio, sino a todo lo que afectan los decretos en cuestión.

No hay agua

Los promotores iniciales de este amparo son la Asociación Ganadera Local de San Juan de los Lagos y el ejido Agua de Obispo, que “para la realización de su objeto, de interés público, es decir, para la producción de alimentos, requieren el agua; sin embargo, y por la pretendida promulgación del decreto [sic], se estaría frente a un daño inminente e irreparable pues no existe agua suficiente y disponible para concesionar o asignar, y menos bajo los parámetros del decreto […] pues en nuestra región alteña ha estado sujeta a diversas vedas, que se traducen en la no disposición de agua con sus efectos en nuestra producción, lo que no ha impedido que pese a todas las dificultades hayamos alcanzado niveles de producción de alimentos que contribuyen a la soberanía alimentaria de nuestro país”.

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Claves

Otros juicios de amparo pendientes

El amparo del ejido Agua de Obispo es el único que ha derivado en suspensión, pero no es el único, en relación a la cuenca del río Santiago Instituto Vida AC, de El Salto y Juanacatlán, que interpuso el amparo 2092/2018, que está en manos del Juzgado Sexto de distrito en materia administrativa, y “no ha sido rechazado, estamos en proceso de más requerimientos que nos han pedido, pero tampoco nos ha llegado el escrito formal, de admitido, entonces está en proceso”, señala María González Valencia, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec)

Para la comunidad de Temacapulín, “fue admitido el amparo, bajo el expediente es 2100 /2018, y lo lleva el juez séptimo de distrito; pero no nos otorgaron suspensión, pero sigue en proceso, y en este momento las autoridades están rindiendo informes”, añade la activista

Por su parte, el Instituto de Derecho Ambiental AC, a través de su apoderada Raquel Gutiérrez Nájera, interpuso amparo en contra del decreto, admitido y radicado en el Juzgado Segundo de Distrito bajo el número 1940/2018. No tiene solicitada una suspensión hasta ahora

Fuente: Imdec, Idea AC

miércoles, 15 de agosto de 2018

Juicios por Villas Panamericanas, “detenidos por constructores”


Alejandro Cárdenas señala que los recursos interpuestos para evitar la justicia atoraron juicios en el TAE, la fiscalía, la PGR y juzgados de distrito.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La trabazón en que se encuentran las Villas Panamericanas, con cuatro juicios en tribunales administrativos, dos denuncias penales y dos amparos ante la justicia federal, se debe a que la interposición de recursos por parte de los constructores y del propio Ayuntamiento de Zapopan han provocado que no puedan desahogarse los procesos judiciales, advirtió el presidente del Parlamento de Colonias, Alejandro Cárdenas Ochoa.

El dirigente ciudadano señaló que el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, no puede hacer gestiones para ofrecer un bien inmueble cuyo destino jurídico no está determinado, para alojar a una dependencia federal. Insiste que las diversas acciones judiciales del parlamento, de Conciencia Cívica y de diversas representaciones de colonos de la zona buscan “que entren al fondo del asunto y que se declaran nulas las licencias y consecuentemente su demolición, eso es lo que hemos pedido, no pedimos más y también en el tema de desvío de recursos, lo que estamos pidiendo es que se castigue a quienes hayan desviado los recursos de forma abusiva 750 millones de pesos del Iprovipe [Instituto Promotor de Vivienda Popular del estado] y 380 millones de pesos de Pensiones del Estado”.

Añadió: “antes de tomar cualquier tipo de decisión tendrían que agotarse, hasta sus últimas instancias, esos juicios; no hay la posibilidad legal porque hay suspensiones de habitabilidad del inmueble, y se están cuestionando las licencias, para que se anulen, por dos situaciones, porque violaban la legislación urbana, tanto planes parciales y ordenamientos, y la otra es porque afectaba la zona de recarga hidrológica y el bosque La Primavera; por eso interpusimos los juicios de nulidad contra las licencias, y si no se ha llegado al resolutivo, es porque ellos una serie de recursos para no llegar a fondo del asunto; sin eso, ya estaríamos en sentencia y sabríamos la suerte del inmueble”.

El Tribunal Administrativo del estado (TAE) tiene tres juicios en que se pide la nulidad de las licencias y uno más para anular el convenio de Iprovipe e Ipejal con los constructores. Contra esto, los constructores interpusieron “como diez recursos de reclamación, que están en trámite, que no han avanzado; en los cuales piden que desechen la suspensión y una serie de cuestiones de forma; a esto hay que agregar juicios de amparo interpuestos por los desarrolladores, porque les han desechado algunos recursos; es decir, son ellos los que han enredado esto”.

Y además están las denuncias por el tema penal, una ante la hoy Fiscalía General del estado y otra ante la Procuraduría General de la República. “Ellos interpusieron una serie de amparos para que no fueran llamados a declarar; perdieron los amparos y ahorita están en revisión, y eso también ha hecho que se detenga el procedimiento en el tema del desvío de dinero, por el hecho de haber formado ahí ese fideicomiso, que es lo que hemos señalado”.

Por si no fuera suficiente, “hay una tercera instancia, la mercantil, donde los desarrolladores ya perdieron; ellos querían dar por terminado el fideicomiso y cobrarse, y eso se los anuló un juez mercantil […] están perdiendo muchas instancias y estamos esperando que esto camine, ellos ponen trabas y obstáculos porque creo que buscan hacer tiempo para que la justicia no los alcance”.

De este modo, “en todos los juicios no hemos podido entrar a fondo por esta serie de situaciones, no hemos podido desahogar periciales, desahogar pruebas, hay muchas cosas que deben aportar las autoridades, y como están suspendidos los juicios, tampoco ha operado la caducidad de la instancia”.

En específico, Zapopan “está demandado y es parte del juicio; creo que en vez de estar haciendo propuestas que no tienen ni pies ni cabeza, ellos deberían respetar al Poder Judicial y las instancias de los juicios, pero prefieren violentar el estado de derecho con este tipo de confrontaciones y no acudir a los juicios, como les corresponde”.

El presidente de Zapopan, Pablo Lemus, asegura que hay denuncias contra ustedes por extorsión.

Realmente no hay denuncias de nada, no se ha incurrido en ninguna falta; acudimos a tribunales porque es lo que la ley nos permite hacer, y ahí estamos; no nos hemos sentado con ninguna persona a tratar de arreglar, y el que acusa tiene la carga de la prueba; que nos lo demuestre el señor Lemus y deje de usar a los medios para atacarnos; también sería bueno que los mismos medios empezaran a pedirle pruebas al señor…

¿Ustedes lo demandarían por daño moral?

Estamos analizando todas las posibilidades, pero nuestro interés primero es que estos juicios ya lleguen a sentencia y se haga justicia.

Siguen muy bajos cumplimientos de la verificación de vehículos


El año será casi tan malo como el anterior; el auto aporta más de 90 por ciento de las emisiones contaminantes en la ciudad.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Hay una tímida recuperación en las cifras de automotores verificados en el área metropolitana de Guadalajara y en el resto del estado de Jalisco, si se comparan los cortes al 12 de agosto de 2017 y 2018: en el presente, se han verificado 63 mil vehículos más, diferencia que aporta sobre todo el AMG, donde hay 51 mil autos más que en el año previo.

No obstante, las cifras totales y los porcentajes mantienen su nivel modesto en relación con la realidad: 13.78 por ciento del total si se consideran los aproximadamente 3.1 millones de automotores de Jalisco, 18.63 por ciento si el análisis se restringe al AMG. Si el ritmo de verificación se mantiene, de casi 2.6 por ciento de los vehículos por mes, podría esperarse un cumplimiento de otro 13 por ciento, lo que hará que solamente se rebase 31 por ciento. No se debe olvidar que la verificación es obligatoria para todos los propietarios de vehículos con motor.

Un estudio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, destaca: “las ciudades en las que se presentan problemas de contaminación del aire generalmente tienen en sus automotores, la principal fuente emisora de contaminantes. El parque vehicular, por lo regular es responsable de la emisión de más de 90 por ciento del monóxido de carbono, y entre 50 y 80 por ciento de las emisiones de los precursores de ozono que diariamente se incorporan a la atmósfera”. 

Por lo anterior, “no resulta extraño que una de las primeras acciones ambientales en las que se piense para controlar y prevenir las emisiones provenientes del parque vehicular, es la aplicación de un programa de revisión de sus emisiones contaminantes vehiculares, mejor conocidos como Programas de Verificación Vehicular, ya que su aplicación permite mantener la tasa de emisión de contaminantes, en niveles ambientalmente adecuados deacuerdo a la tecnología de cada automotor. La aplicación de estos programas permite reducir hasta en 30 por ciento las emisiones de monóxido de carbono e hidrocarburos y, los programas más exigentes, logran reducciones adicionales del orden de 10 por ciento de los óxidos de nitrógeno” (ver estudio en https://www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/Diagnostico/Diagnostico_2014/Diagnostico_2014_SEMARNAT_G026.pdf.).

Por su parte, el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo México elaboró el informe Transformando la movilidad urbana en México, hacia ciudades accesibles con menor uso del automóvil, en el cual destaca: “transportarse se puede considerar como ineficiente debido al uso excesivo del automóvil, a tal grado que sus efectos negativos están revirtiendo los beneficios económicos y sociales de habitar en una ciudad. En gran medida esto se debe a que los usuarios del automóvil sólo cubren los costos privados de su uso, pero no los costos sociales que generan(de los que la verificación es parte del paquete para hacerles frente). Condición que resulta inequitativa para la sociedad en su conjunto, pues, además, los costos de infraestructura que los automovilistas requieren son cubiertos por la nación en su conjunto. Problemática que es agravada aún más por la mala calidad de los servicios de transporte público urbano en el país, así como por el desarrollo urbano disperso que se ha presentado en las últimas décadas”.

La Semadet (Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial) pretendió cambiar el modelo de verificación para garantizar su cumplimiento, pero la crisis de 2017 por la liberación del precio de las gasolinas echó atrás la medida. Hoy se realiza el mismo modelo de 2009, poco confiable en términos de control, y en el cual, los dueños de los 400 talleres que lo llevan a la práctica, denuncian que la autoridad es omisa en exigir el trámite. Lo cierto es que de los dueños de seis a siete autos de la ciudad y el estado, al igual que en años anteriores, no habrán cumplido con esa obligación al cierre de 2018.

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Claves  

Los autos que más contaminan 

El mayor problema en emisiones a la atmósfera de Guadalajara son 426 mil autos (cifras de 2015) que circulan todos los días y provocan más de la mitad de las emisiones totales, y cuyo impacto no se puede resolver con un programa de verificación

“25 por ciento del total de los vehículos registrados carecen de convertidor catalítico, lo cual representa aproximadamente 426,730 unidades. La suma de las unidades pertenecientes a los modelos de años 51 a 59 fue de 4,145 y representaron el 0.2 por ciento; la suma de las unidades de los modelos 60 a 69 fue de 17,284 y representaron 1 por ciento; los modelos del año 70 al 79 sumaron un total de 101,459 y correspondieron al 5.9 por ciento del total; los vehículos pertenecientes a los modelos del año 80 al año 89 sumaron 263,131 unidades y representaron el 15.2 por ciento”; un remanente importante de autos posteriores a 1990 complementan la cifra

¿Por qué es grave la falta de convertidor? Se considera el vehículo una de las máquinas más ineficientes que se han inventado; con un litro de gasolina, las estimaciones más favorables indican que 30 por ciento de ese litro se aplica en el movimiento del vehículo, lo demás se transforma y se vuelve contaminante.

Todos los autos, incluso los de agencia, contaminan: datos de 2012 de la entonces Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable, señalaban que en promedio, los vehículos último modelo arrojaban cerca de 56 kilogramos de contaminante por año. Los vehículos de los segmentos entre 2010 y 1994, que tienen convertidor catalítico, promediaban 260 kilos, y los de 1993 para atrás, que no tienen el convertidor, andaban en 800 kilogramos al año. Una diferencia de 17 a uno.

Estas son cifras válidas solamente en caso de que se trate de vehículos debidamente afinados. Si carecen de ésta, se multiplica hasta por tres el daño ambiental. Y apenas uno de cada tres autos es afinado y verificado. Un auto viejo sin afinar puede contaminar de 40 a 50 veces más que uno nuevo debidamente afinado

La función del convertidor catalítico es reducir las emisiones de tres gases fundamentales. Pruebas realizada en la ciudad de México para equipar autos sin convertidor, arrojaron los siguientes resultados: “en promedio se tienen reducciones de 45.5 por ciento de monóxido de carbono, 33.64 por ciento de hidrocarburos y 51.29 por ciento de óxidos de nitrógeno”

Fuentes: Semadet, IMP, Semarnat

El problema del sargazo demanda incentivos económicos a largo plazo



Investigadores de la UdeG y del IPN señalan que el problema no cederá por varios años, por lo que se debe aprovechar.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

La integración de diversos negocios comunitarios, regionales y globales para la industrialización del sargazo, debe ser prioridad del gobierno mexicano si se quiere enfrentar con herramientas de largo plazo la irrupción de sargazo en las playas del Caribe Mexicano, advierte la organización civil Vive Planeta Azul AC, con sede en Quintana Roo. 

“La retirada de sargazo en playa, no será una acción sostenible si no existe un incentivo que haga costeable este proceso, por tal motivo todos los especialistas consultados coinciden en encontrar desde la ciencia y la innovación tecnológica, usos y aplicaciones para producir biocombustibles como alcoholes industriales y biogás, además de la producción de fertilizantes, papel y biopolímeros”, señala en una nota entregada a MILENIO JALISCO, fruto del trabajo técnico de especialistas de la Universidad de Guadalajara y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

Uno de los modelos más avanzados para la industrialización del sargazo, lo elaboraron Jorge Mendoza Pérez, del IPN, y Francisco Silva Bátiz, de la UdeG. La planta piloto demanda alrededor de 500 mil pesos, pero podría replicarse con costos inferiores a 250 mil, lo que hacen viable la inversión al gobierno federal o del estado, que han anunciado decenas de millones de pesos para atender el problema. 

“Una vez desarrolladas de forma repetida, todas las pruebas necesarias en laboratorio, se encuentra listos para desarrollar la primer planta piloto a escala semindustrial. El objetivo de dichas plantas es desarrollar tres procesos; el primero de ellos es la fermentación alcohólica donde se busca producir con una tonelada de sargazo seco, 300 litros de una mezcla de alcoholes, principalmente etanol. Segundo; con el resto de la biomasa se produciría por combustión en un biodigestor, un biogás de alta calidad. Se considera que con 500 kilogramos de biomasa activada, produciría siete mil litros de gas. Tercero, las cenizas restantes constituirían la base de forraje de alta calidad protéica para el ganado. La posible existencia de metales pesados, no representan un riesgo, ya que en su mayoría dichos metales pesados se eliminarían mediante un baño ácido por el que pasaría la biomasa previamente”, apunta.  Se busca que este modelo de transferencia tecnológica “pueda contribuir al problema del sargazo en playa, y tenga un impacto económico y social en las comunidades locales.

Se busca que las plantas tengas un tamaño suficiente para ser rentabilizadas por un colectivo pequeño, y su costo de construcción sea económico. El etanol y el gas producidos, podría ser empleado como combustibles de vehículos automotores, y calderas y secadoras de la industria hotelera. De esta manera podría construirse un nuevo sistema económico ligado al sargazo que involucraría a hoteles y prestadores de servicios turísticos, y a la comunidad local, buscando que el sargazo pase a ser una amenaza, a un recurso susceptible de ser aprovechado”. 

No obstante, “en los volúmenes estratosféricos de sargazo que ahora llega a nuestras costas, el aprovechamiento para biocombustibles y cenizas forrajeras, sería solo de una pequeña parte, por lo tanto, es necesario se determinen los protocolos para producir abonos agrícolas, y otros procedimientos para manejar de manera inmediata, grandes cantidades de esta macroalga. Solo con conocimiento científico y tecnológico, y buenas decisiones de gobiernos, se podrá salir de esta crisis, cuyo desenlace, aún no conocemos”. 

El avance de la invasión del sargazo en el Atlántico, parece ser una evidencia del calentamiento global y del cambio de régimen de los vientos, corrientes marinas y el clima. “Las invasiones de sargazo se han presentado con un volumen creciente desde 2010 hasta alcanzar niveles catastróficos en el 2015, y afecta a África, Europa, aunque el sur de la Florida y Texas, han empezado a ver sus costas colmatadas de esta macroalga. Sin embargo, es en el Caribe donde la llegada del sargazo ha alcanzado los niveles más dramáticos”. 

El sargazo tiene su origen en el Mar de los Sargazos, el cual está delimitado por el giro del Atlántico Norte, próximo a las Bermudas, y ahora, por el nuevo mar de los Sargazos, el cual se formó recientemente en Sudamérica, al norte de Brasil. “Ahora hay dos mares de los sargazos uno al norte y otro al sur del hemisferio en el océano Atlántico.

Periódicamente, por los meses invernales, manchas de sargazo arribaban a las costas del Mar Caribe, lo que constituía un evento natural, sin embargo en los últimos años, las cantidades de sargazo han alcanzado las 300 toneladas por kilómetro de playa por temporada, lo cual hace difícil su manejo. Sin embargo, la mayor dificultad hasta ahora no es siquiera que no haya un plan de manejo para paliar con ésta situación, sino que los científicos vaticinan que la llegada de sargazo en las playas continuará por varios años”.

RECOLECTAR ANTES DE QUE SE PUDRA 

La investigadora de la UNAM, Mayra Murillo García, quien elaboró un proyecto de recolección de sargazo, sostiene: “esta alga posee ciertas propiedades que brindan la posibilidad de darle diferentes usos en industrias como la farmacéutica, alimentaria, textil, entre otras, obteniendo un beneficio económico. Para poder aprovechar el sargazo es indispensable recolectarlo antes de que comience su proceso de putrefacción, por eso la importancia de diseñar un proceso de recolección del mismo dentro del mar”.

En su tesis de ingeniería, añade: “dicho proceso a su vez deber ser eficiente, amigable con el ecosistema y económicamente factible […] como la excesiva cantidad de sargazo que ha llegado a las costas afecta directamente al turismo dañando la estética del lugar y produciendo mal olor, y a las actividades pesqueras de la región”, lo que hace muy viables los esfuerzos conducentes a su aprovechamiento.

martes, 14 de agosto de 2018

El Zapotillo y trasvase, con un efecto ambiental desconocido


La débil e incompleta manifestación de impacto ambiental de hace diez años obliga al legislativo a impugnar el proyecto.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El impacto ambiental del trasvase de agua de la presa El Zapotillo a la ciudad de León, con un acueducto de 140 kilómetros, y del sobredimensionamiento de la presa de 80 a 105 metros de altura, así como la casi duplicación de la superficie sumergida, que pasaría de 2,100 hectáreas a 3,864, nunca ha sido evaluado.

Nadie sabe a ciencia cierta qué efectos traería sacar casi 120 millones de metros cúbicos de agua desde el río Verde hacia el río Turbio, de qué modo se afecta el territorio con una gran línea de agua que lo corta, qué significa un embalse casi al doble de grande en términos ambientales y humanos, y además, si es ambientalmente sensato mover grandes volúmenes de agua del río Turbio al lago de Chapala, si bien, por ser parte de su cuenca, esto debería suceder de forma cotidiana (y no necesariamente es positivo: el Turbio es uno de los ríos más contaminados de todo El Bajío, y ha tributado siempre al Lerma).

“Aun cuando los cambios que se realizarán al proyecto original incrementarán la superficie del embalse, de 2,100 ha a 3,864 ha, el sistema ambiental regional que se delimitó en la Manifestación de Impacto Ambiental (SAR), que se elaboró para aquel proyecto, no se modificará. Esta afirmación tiene como base el hecho de que los mencionados cambios en el diseño de la obra sólo impactarán una parte del SAR y lo harán sólo en el incremento de la eliminación de una parte de la cubierta vegetal y de suelo, aspectos que, debe decirse, ya se evaluaron en el documento de la MIA anterior y que ya tiene una resolución en Materia de Impacto Ambiental por parte de la DGIRA [Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental]”, dice el documento Modificación al Proyecto: Presa El Zapotillo, para Abastecimiento de Agua Potable a Los Altos de Jalisco y a la Ciudad de León, Guanajuato, elaborado por la Comisión Nacional del Agua .

El documento añade más adelante que los impactos ambientales ya están dados por la ganaderización de la región, “podría señalarse, en una primera aproximación a describir el escenario futuro de la región del Sistema Ambiental Regional, que de no cambiar los procesos de trabajo y las relaciones sociales de producción que aún rigen la forma de apropiación de los recursos naturales, aún sin la construcción del proyecto, no se prevé ningún indicio de recuperación o rehabilitación del ambiente natural del Sistema Ambiental Regional del proyecto a una condición menos deteriorada, y si por el contrario, con las premisas antes anotadas se puede asegurar que en un futuro, a corto y mediano plazo, se presentará una tendencia a profundizar más los daños del sistema ambiental” (disponible en la dirección electrónica ftp://ftp.conagua.gob.mx/zapotillo/07.%20Estudios%20Ambientales/7.02.%20Impacto%20Ambiental%20Federal/7.02.02.%202009-Ampliacion%20MIA/Ampliacion/04%20capitulo%20IV%20Ampliacion.pdf).

Esta clara señal de responsabilizar a los productores del daño ambiental y no señalar impactos reales de una obra de gran infraestructura, ocasionó grandes dudas entre los académicos que trabajaron el Informe técnico sobre propuestas para la Gestión Integral y Sustentable del Agua en Jalisco, en el contexto del proyecto de la Presa El Zapotillo, cuya publicación definitiva acaba de hacer el Congreso del estado.

“En relación a la manifestación de impacto ambiental en la modalidad regional del proyecto Presa El Zapotillo, para abastecimiento de agua potable a los altos de Jalisco y la Ciudad de León, Guanajuato, elaborado, a saber, por La Peninsular Constructora SA de CV, empresa dependiente de Grupo Hermes, autorizado por la Semarnat mediante oficio SGPA-DGIRA-DDT-1310/06 de fecha 22 de junio de 2006 […] se perciben importantes carencias o deficiencias”, entre las cuales, destacan:

“Por determinación de la autoridad se dejan de analizar todos los efectos ambientales de aumentar la presa en su cortina más allá de los 80 metros originalmente planteados en el estudio analizado. Esto implica, de origen, la inutilidad del estudio para ofrecer datos confiables y oportunos respecto de los impactos ambientales reales de la obra (si fuera el caso a 105 metros) y sus efectos asociados. A pesar de ser una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de carácter regional y que por su naturaleza implicaría el análisis de los impactos precisamente en lo que se denomina un sistema ambiental regional y siendo el caso que el transvase implica o puede implicar importantes impactos tanto a la cuenca receptora como a la cedente, en la práctica la delimitación del área de influencia del estudio se constriñe a 120 kilómetros cuadrados a los márgenes del cauce del río Verde, sin que se defina este sistema ambiental regional ni se mencione o caractericen los aspectos que sean relevantes a analizar de la cuenca receptora que, para efectos del estudio simplemente no existe , por lo que en lo que respecta a este punto puede considerarse un estudio puntual y no regional como demanda el caso”, señalan en el documento, en poder de MILENIO JALISCO.

Así, “dichos impactos adicionales no fueron medidos, ni compensados o mitigados. Este solo aspecto pone en entredicho la efectividad del estudio y su posterior autorización por parte de la federación para garantizar que los impactos ambientales fueron satisfactoriamente analizados si la presa fuera a construirse a 105 metros. Destaca el hecho de que no se realiza ningún análisis de alternativas al proyecto a pesar de ser requerido en las guías mínimas que al respecto emite Semarnat para este tipo de estudios. En general, los efectos del transvase en todos los componentes de los sistemas bióticos y abióticos, así como en sus impactos ambientales con referencia a la cuenca receptora no se encuentran suficientemente estudiados o simplemente no fueron considerados”.

El planteamiento “está establecido de manera tal que impide el análisis de los principales impactos ambientales atribuidos a una obra de esa naturaleza, presa y trasvase. El documento aprobado no permite observar que los principales impactos no están solo en la construcción en sí de la presa sino en los efectos asociados de la obra en su conjunto en razón del territorio a intervenir, primero directamente [zona de influencia] con la inundación, almacenamiento, fragmentación de ecosistemas y demás y, segundo, en un nivel macro dentro del sistema ambiental regional que implica modificaciones en la subcuenca cedente y receptora”.

Así “entonces la lógica del estudio subestima precisamente los impactos los cuales de por si no podrían ser debidamente mesurados y compensados por la pobreza misma del capítulo descriptivo y por todos los impactos asociados al aumento de la altura de la cortina que fueron exentados por la autoridad”.

De ahí la pertinencia de la nueva controversia para atacar el impacto ambiental. Incluso la presa a 80 m no analiza el impacto del acueducto.

Presenta Congreso reclamación 

Los diputados de Jalisco interpusieron un recurso de reclamación contra el desechamiento de la demanda de controversia constitucional 116/2018, contra el proyecto de la presa El Zapotillo, debido a que el ministro instructor no habría analizado los argumentos aportados por los legisladores, en especial, en el tema de las omisiones de los ejecutivos federal y de Jalisco en el tema del impacto ambiental y de la cesión de derechos de vía para el acueducto El Zapotillo-León, de los cuales se hace conocedor el Congreso apenas el pasado mes de mayo de 2018, lo que acreditaría que no hay plazo aún vencido.