lunes, 20 de agosto de 2018

La crisis de cambio climático no ha sido prioridad para Los Altos


No obstante que está documentada la reducción en la producción de alimentos, y que dos mil lecheros abandonaron la actividad, no hay políticas públicas para atenderlo

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La merma documentada de producción agrícola y ganadera de Jalisco en los últimos quince años, por aumento de temperaturas (cambio climático), tiene como escenario geográfico fundamental a su región más productiva, en términos del sector primario: Los Altos de Jalisco, que aportan un quinto de la riqueza estatal. Y no obstante lo que la ciencia han acreditado, no hay una sola política sistemática de los gobiernos de Jalisco o federal para afrontarlo.

lo ha reconocido en dos ocasiones la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en sendos procedimientos de transparencia; lo ha admitido indirectamente (al evadir responsabilidad en contestar una pregunta sobre la existencia de planes y acciones) la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) lo que motivó a que la justifica federal concediera un amparo para obligarla a contestar con “sí” o “no”, y lo confirman tanto los organismos sociales de los alteños como los propios científicos que han elaborado trabajos sobre el tema.

“Los efectos del aumento en las temperaturas (máximas y mínimas) en Los Altos de Jalisco se han sentido gradualmente desde los últimos 20 años. Esto se ve reflejado primeramente en la naturaleza: los árboles son muy sensibles a los cambios de temperatura y ajustan sus periodos de floración y niveles de producción de frutos a las nuevas condiciones. Al ser la región agropecuaria por excelencia, estos efectos negativos afectan tanto a la producción de forrajes para el ganado, como la producción pecuaria, principalmente en leche, huevo y carne”, apunta el presidente del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, ente creado en 2014 justo para atender de forma prioritaria, pero no exclusiva, la crisis dela región y el debate de cómo la exportación de aguas de la cuenca del río Verde a la del Turbio podría amenazar la producción de riqueza y la generación de empleos en la zona.

“Actualmente no existen programas gubernamentales para mitigación de los efectos por cambio climático ni asistencia técnica y son los propios productores quienes hacen esfuerzos empíricos para paliar los impactos, ya sea utilizando semillas mejoradas más resistentes a plagas, que requieren menos agua; como mejora genética en la ganadería y adaptaciones en las instalaciones de crianza y producción. No obstante los grandes esfuerzos, las pérdidas son considerables, sobre todo para los medianos y pequeños productores al ser ellos quienes padecen las consecuencias de la orfandad tecnológica y económica de las dependencias gubernamentales”, añade el activista.

En el caso de los cultivos, “sólo con pequeñas variaciones en el régimen pluvial como son la falta de lluvia de días o semanas a la mitad del ciclo, han significado pérdidas en sus cosechas que van desde 20 a 80 por ciento en los rendimientos, a pesar de que al final del ciclo se regularicen las lluvias y se considere de manera oficial como un temporal ‘normal’ e incluso abundante. No obstante lo anterior, se ha sostenido un crecimiento promedio positivo debido a que hasta el momento los esfuerzos y mejoras han superado en promedio a las mermas producidas. Situación que no podrá mantenerse así indefinidamente y se agravará si lograran concretar la pretensión de despojar del agua al sector para llevarla a vender a la ciudad de León, ya que no podrían utilizar el agua necesaria, en riegos emergentes, para no perder sus cosechas”.

Fundador del Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable, promotor de un ordenamiento hídrico que no se ha dado en la zona, Márquez Gutiérrez señala que en los últimos nueve años “se calcula que unos dos mil pequeños productores de leche han dejado su actividad, impactando de manera importante al sector, sobre todo por la pérdida de su fuente de trabajo e ingreso familiar”.

Cita información del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG: “en la región alteña se tiene una precipitación media de 667 milímetros [mm] y una evaporación total media de 1,893 mm, esto se ve reflejado en la pérdida de humedad en el suelo, sobre todo al final el temporal de lluvias y que impide la práctica de cultivos que se realizaban habitualmente al terminar el ciclo de lluvias. Este escenario demanda de manera urgente la implementación de las recomendaciones emitidas por el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco, sobre todo las del ordenamiento hídrico, la cancelación del pretendido trasvase, la creación de unidades de gestión hídrico y el extensionismo ambiental”.

En la veintena de municipios de la demarcación, el sector agropecuario es el principal generador de empleos: posiblemente ocho de cada diez puestos de trabajo tengan que ver con el sector, de forma directa o indirecta. “Y la emigración a Estados Unidos ya no es la opción que se tuvo por muchas décadas para paliar las bajas en el sector”.

SIN PROGRAMAS O POLÍTICAS PÚBLICAS

En cuanto a las dependencias, el ciudadano Alejandro López Aguayo preguntó en dos ocasiones sobre el tema a la Semadet. La primera ocasión pidió una “relación de programas y/o planes y/o proyectos y/o actividades realizadas por la Semadet ante el cambio climático y la sequía en el estado de Jalisco” (expediente 216/2016).

“La Dirección General de Política Pública y Gobernanza Ambiental, a través de su dirección de área de gestión transversal ante el cambio climático, informó no contar con programa alguno, plan o proyecto o actividad que realice la Semadet referente al cambio climático y la sequía en el estado de Jalisco, no obstante señala que esta secretaría ha impulsado los trabajos de la Comisión Interinstitucional para la Acción ante el Cambio Climático…” (Respuesta del 7 de julio de 2016, oficio SEMADET UT/545/2016).

Poco más de un año después, el mismo solicitante pidió: “la Comisión Intersecretarial para la Acción ante el Cambio Climático, ¿tiene una posición documentada y soportada sobre la presa El Zapotillo y el acueducto Zapotillo-León, en particular, desde el principio precautorio? En caso afirmativo, solicito copia del documento o documentos que contengan dicho posicionamiento o estudio” (expediente 437/2017).

La respuesta fue negativa, “derivado de que la información solicitada es inexistente…”.

El mismo ciudadano le pidió a la Sagarpa que le indicara si tenía información sobre el impcto del trasvase de El Zapotillo a León, sobre la salud de las unidades de producción agrícioa y ganadera alteñas. La secretaría federal respondió de modo indirecto, pues aseguró que no era “de su competencia” el tema, sino de la Conagua (es decir, un problema de ganaderos y agricultores… no compete a la Sagarpa). López Aguayo acudió al amparo.

El juicio 3145/2017, fue fallado por el juez Octavo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el pasado 27 de junio de 2018.

“…la autoridad responsable desatendió lo que en realidad fue solicitado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, como lo es que informara si tiene o no el estudio que consigne los impactos que tendrá la construcción de la presa El Zapotillo y el acueducto Zapotillo-León, para los agricultores y ganaderos de los municipios que integran la región de Los Altos de Jalisco; por lo que no debió introducir cuestiones de competencia, sino limitarse a responder fundada y motivadamente si tiene o no en su poder la información peticionada”, señala el juez.

Si se asume que la Sagarpa “es la encargada de fomentar y regular la actividad agrícola y ganadera en el país, el peticionario del amparo solicitó conocer si actualmente dicha autoridad se ha interesado y ha estado al tanto de las repercusiones que sobre dichas actividades tendrá la construcción de la presa y acueducto objeto de la petición. Por tanto, si la Secretaría en cita está informada y actualizada sobre las consecuencias que tendrá el desarrollo de dichas obras para las actividades de su competencia en la región de Los Altos de Jalisco; únicamente ella es la que puede dar respuesta a dicho planteamiento, pues sólo la Sagarpa puede informar si está actualizada en ese tema y si ha realizado ese estudio. Bajo ese contexto […] es a ella a quien le corresponde dar respuesta a esa petición; en el entendido de que de haber realizado esos estudios, estará en aptitud de informar cuáles son, pero en el supuesto de que no tenga esa información, así deberá informarlo al particular solicitante”. Tras lo cual concedió el amparo. Sigue pendiente la respuesta de la Sagarpa.

Lo cierto es que los años cálidos atípicos, efecto del cambio climático, significan pérdidas de hasta un millón de toneladas de maíz y 20 por ciento de la producción lechera (MILENIO JALISCO, 18 de agosto de 2018), pero eso no ha derivado en acciones o políticas pública concretas para atenderlo.

CLAVES

Tres datos

*Los Altos de Jalisco generan 22 por ciento del PIB de Jalisco

*La región tiene lluvias promedio por abajo de 700 milímetros sobre todo hacia el norte

*La agricultura y la ganadería generan al menos 80% de los empleos Se desperdició el conocimiento generado, apunta Curiel Ballesteros

El proyecto que derivó en el libro “El clima cambiante. Conocimientos para la adaptación en Jalisco” (2015), fruto de cinco años de trabajo entre científicos contratados por el gobierno de Jalisco, vía Coecytjal (Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología) y con aporte federal del Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), fue útil para establecer la ley estatal en la materia, pero el propio gobierno decidió ignorarlo para el programa publicado hace tres semanas, e incluso, para los ordenamientos ecológicos recientemente realizados en Los Altos de Jalisco, advierte el coordinador del proyecto, Arturo Curiel Ballesteros.

- En el tema de la adaptación, que ustedes plantean, ¿no podemos decir que ha sido prioridad y que ha aterrizado en proyectos o políticas de gobierno a partir de ese año?

- No. Cuando lo presentamos en Casa Jalisco, el secretario de agricultura estatal [Héctor Padilla], aseguró que los fenómenos que estábamos presentando eran fenómenos naturales, que no había que preocuparse, eso yo lo escuché; esa reunión fue convocada por el gobernador, y los secretarios reaccionaron ante el estudio de forma más prudente, pero el titular de la Seder trató de justificar que no era cierto lo del cambio climático, sino que eran cosas que habían venido pasando a través de los siglos […]. A partir de esa reunión, no hubo más.

- ¿Te parece aventurado interpretar ese viraje como un modo de legitimar el proyecto de El Zapotillo, toda vez que ustedes aportaban elementos que podrían desaconsejar ese trasvase de aguas?

- Yo no podría decir que fue por algún proyecto en específico; si buscáramos alguna explicación, o plantear una hipótesis, puedo decir que hubo otros intereses; intereses que no eran lo que buscábamos en 2010 cuando arrancamos el proyecto, que eran que la gente no enfrentara pérdidas y desgracias como se ha venido dando; y sin embargo se cambió a una política a niveles tan generales, que los problemas quedan muy difusos. Está muy claro que los mejores indicadores con los que acaba esta administración [de Aristóteles Sandoval] son los económicos, no los ecológicos y de salud pública.

- No se puede dejar de lado los casi 100 millones de pesos invertidos para que la Unops [Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos] legitimara la presa.

- Sí, si comparas el recurso que se dio a eso y no los de adaptación ante el cambio climático, está muy claro que estimaron que no era conveniente que se trabajara en ese enfoque; al final lo que prosperó fue el enfoque de desarrollo económico, encima de los riesgos en la salud y en los ecosistemas.

El trabajo de adaptación, añade, fue complejo. “Hicimos talleres en la parte de documento y diagnóstico, de las acciones a implementar, con ganaderos, y ellos identificaron cuáles eran las acciones que pudieran ser las más convenientes […] insistimos mucho que esa actividad iba a estar especialmente expuesta, la veíamos como una de las más vulnerables; las vacas lecheras reflejan con mucha claridad los problemas de sequía y temperatura, al grado que las propusimos como indicadores para identificar qué tanto avanza este tema del cambio climático, ya que son organismos muy sensibles en la fase de incremento de calor”.

Hubo foros con los veterinarios y se llegó al diseño de propuestas para paliar el calor, con lo que se tomó como base la respuesta que han dado los ganaderos australianos para generar sistemas de información y seguimiento, e infraestructura temporal, como las llamadas “sombras portátiles”, bajo la premisa de que la sobra disminuye el estrés de los animales, y que había que generar sobras temporales en lo que se avanzaba en la reforestación de la planicie para mejorar su temperatura y humedad.

Todo “se enfrío”, apunta el investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) y ya no se dio seguimiento como políticas públicas. Un ejemplo son los ordenamientos ecológicos recientes en la zona, que no utilizaron la base de conocimientos del proyecto y prefirieron acudir a los datos “cuestionables” de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

sábado, 18 de agosto de 2018

Producción de alimentos, la crisis que ya llegó a Jalisco


Los Altos de Jalisco conforman la región más amenazada con los cambios; sus maizales y sus hatos ganaderos padecen mermas serias de producción por calentamiento global.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Jalisco ya está inmerso en el proceso de alza de temperaturas promedio que afecta a buena parte del planeta, de forma más acusada, en los últimos 20 años. Y los efectos documentados sobre la producción de alimentos encienden las alarmas: un año cálido significa, por ejemplo, la pérdida de casi un millón de toneladas de maíz y el descenso de la producción de leche por vaca de más de 23 por ciento.

Estas son evidencias entregadas en el artículo Vulnerabilidad de la producción de alimentos en Jalisco por los investigadores Arturo Curiel Ballesteros, Gabriela Ramírez Ojeda y Silvia Lizette Ramos de Robles, parte de una publicación pionera, “El clima cambiante. Conocimientos para la adaptación en Jalisco”, editada por la Universidad de Guadalajara, y que concentra la parte sustantiva de la ciencia que nutre el recientemente publicado Programa Estatal para la Acción ante el Cambio Climático (periódico oficial El estado de Jalisco, 31 de julio de 2018).

El trabajo de los académicos parte de las unidades de gestión ambiental (ugas) del Programa de Ordenamiento Ecológico Estatal vigente, tanto para el tema de la agricultura como el de la ganadería.

En el primer caso, señalan que las ugas que presentan un uso predominante de agricultura ascienden a dos millones 180,663 hectáreas. “Los indicadores para la identificación de vulnerabilidad en estas unidades fueron los siguientes: capacidad productiva del temporal. Esta evaluación está basada en el agua verde, que es el agua disponible en el suelo para las plantas y los microbios del suelo, y es absorbida por las raíces, usada por las plantas y regresada a la atmósfera a través de la transpiración […] este procedimiento considera dos parámetros: el cociente precipitación/evaporación (P/E) para el periodo del temporal (junio-octubre) y la profundidad del suelo; ambos se encuentran estrechamente vinculados con la capacidad productiva y la resiliencia.

Dos, la duración de la estación de crecimiento. “Comprende el periodo en número de días de inicio de la temporada de lluvias en forma regular, hasta la terminación de ésta, más un periodo de reserva de humedad del suelo, el cual depende de sus características edáficas. Este valor se utiliza para la zonificación de cultivos de temporal, la selección de variedades de cultivos y la definición de áreas agrícolas. El indicador es de gran importancia para determinar la capacidad de respuesta o resiliencia de los campos productivos: entre más dure la estación de crecimiento, más servicios de aprovisionamiento de alimento tendrán los ecosistemas agrícolas”.

Tres, “Erodabilidad del suelo. Se refiere a la capacidad de degradación del suelo. Es un indicador de vulnerabilidad ante la intensidad de la lluvia y el riesgo de perder el sustrato indispensable para la nutrición, el soporte de las raíces y la infiltración de la lluvia, factores que mantienen el rendimiento de cultivos. La erosión transforma los suelos que tienen capacidad de producción de alimentos, mediante un proceso de degradación que lleva a la desertificación de la tierra”.

Con los tres criterios, se pudo identificar las ugas “que es más urgente atender frente a las amenazas del cambio climático en Jalisco. Esas unidades serían las que presentan una limitada capacidad de producción de biomasa y/o una alta vulnerabilidad de sus suelos a la degradación”. Y se encuentran sobre todo en la región Los Altos Norte, con “estaciones de crecimiento menores a las que demandan los cultivos principales, y adicionalmente se presentan suelos susceptibles a la degradación. En particular los municipios que tienen más probabilidades de sufrir siniestralidad por pérdida de más de 40 por ciento de la superficie sembrada son Ojuelos, Encarnación de Díaz y Teocaltiche”.

En contraste, con “mayor resiliencia al cambio climático y que pueden mantener su capacidad productiva en los próximos años, por tener todos los criterios dentro de la categoría de baja vulnerabilidad, están en la región Centro y son los municipios de Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga. La paradoja es que estas zonas productoras de alimentos están sometidas a la presión de la expansión urbana del área metropolitana de Guadalajara, por eso su producción está declinando, es decir, su disminución productiva no se debe al cambio global del clima sino a un crecimiento insustentable de la ciudad”, advierten.

El ejercicio comparativo de dos años contrastantes de temperaturas máximas medias durante el temporal, 2004 como año fresco y 2009 como año cálido, dato cruzado con su efecto en la producción de maíz blanco, permite visualizarlo mejor: en el año cálido la producción declinó en casi 900 mil toneladas. De 2.8 millones de toneladas producidas en 2004, se descendió a 1.9 millones de toneladas en 2009.

¿Cómo influye la temperatura en los cultivos? Investigadores consideran “que el incremento de ésta produce un aumento en la acumulación de grados por día o unidades térmicas de desarrollo (unidades calor), lo que acelera la velocidad del ciclo de vida de insectos plaga que pueden afectar la producción de cultivos. Además, el aumento de la temperatura acorta el ciclo vegetativo, causando una reducción del rendimiento al acortarse el periodo de producción de biomasa y de llenado de grano o formación de órganos reproductivos. Con el cambio climático es de esperarse que el número de generaciones de insectos plaga por año o ciclo de producción se incremente, elevando con ello los esfuerzos para el combate de plagas y los costos de producción”.

El incremento de temperatura “trae también como consecuencia la afectación de las funciones vitales de las plantas. Tal es el caso de temperaturas medias por arriba de 35 grados, que para la mayoría de las especies cultivadas significa estrés por calor. Las plantas bajo estrés calórico reducen su actividad celular y por tanto la formación de tejidos y la producción de biomasa, afectando el rendimiento y la producción de alimentos. Con el cambio climático se prevé que las especies cultivadas experimentarán un mayor número de días en que la temperatura rebase su umbral máximo, lo que implica el riesgo de que la planta entre en un estado de letargo que afectará su rendimiento”.

En esos dos años analizados, “se encontró que en 87 municipios el rendimiento disminuyó en el año cálido. En 2004, el rendimiento promedio de maíz por hectárea en Jalisco fue de 5.6 toneladas, mientras que en 2009 fue de 4.56 toneladas […] además de la temperatura, la precipitación durante el temporal se caracterizó por presentar este año una anomalía negativa, considerando que la precipitación determinó en 44 por ciento la producción de maíz de temporal”.

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Claves 

Tribulaciones del campeón agropecuario 

Jalisco aporta 11% del PIB agropecuario del país, el cambio climático pone en riesgo esta generación de riqueza

Los Altos son los más expuestos al problema, y son un serio desafío para Jalisco, pues generan un quinto del PIB del estado

Además del daño directo a la agricultura y ganadería, el cambio climático afectará los servicios ambientales que las hacen posible

Fuente: Programa Estatal de Acción Frente al Cambio Climático, 2018

La ganadería se apunta como la gran perdedora del CC 

Los académicos que aportaron la ciencia al programa de cambio climático, al analizar la ganadería, encontraron mayores riesgos de colapso, por estar más ligada de forma crítica al tema de las temperaturas.

En Jalisco, las ugas con uso pecuario predominante suman 762,058 hectáreas. “Los indicadores para la priorización de estas unidades de gestión ambiental fueron: uno, índice de humedad. Es la relación entre la precipitación con 70 por ciento de probabilidad para cada mes sobre la evapotranspiración potencial mensual. Se trata de un indicador útil para identificar zonas con problemas periódicos de sequía, es decir, es un indicador de las relaciones existentes entre la precipitación o aporte de agua y la evapotranspiración potencial, como expresión de la demanda de agua ejercida por el medio. En este sentido, las sequías son la principal amenaza contra la ganadería de Jalisco, pues la mayor actividad ganadera se ubica en áreas con bajo índice de humedad”.

Dos, índice de temperatura-humedad. “Se utiliza en todo el mundo para estimar el grado de estrés calórico en ganado lechero y de carne. Es un indicador que sirve para identificar las zonas de riesgo para el ganado lechero y para poder establecer estrategias ante el estrés por calor. Este índice considera que valores de 70 o menos son confortables para las vacas; mayores de 78 les causan malestar porque las hacen que pierdan la capacidad de mantener mecanismos de termorregulación o temperaturas normales del cuerpo. Un índice superior a 72 es suficiente para causar tensiones calóricas, incrementar el ritmo respiratorio de la vaca y provocar reducción en la ingesta de alimento”.

Dichos valores “se presentan todo el año en la costa del Pacífico, principalmente en los territorios donde se ha abatido el servicio de regulación de los ecosistemas por causas como deforestación, incendios e introducción de especies invasoras, entre otras”.

Al comparar la producción de leche en los mismos años fresco y cálido que el cultivo de maíz (2004 y 2009), “se encontró que en 2004 se produjeron 7.6 miles de litros al año por vaca, mientras que en 2009 el índice fue de tan sólo 5.9 miles de litros por vaca […] las áreas pecuarias con mayor probabilidad de sufrir daño como consecuencia del cambio climático son las que presentan un índice de humedad bajo y/o un índice de temperatura-humedad alto”, lo que regresa el tema a Los Altos de Jalisco y a zonas como el norte y la costa seca.

“Como la mayor parte de los ganaderos en Jalisco también son agricultores, otro elemento de análisis en el marco del calentamiento global es la baja producción de alimento para el ganado a causa de pérdida de disponibilidad de agua. En lo referente a la escasez de agua, los ganaderos identifican 2011 como el año en que la sequía impactó más su actividad productiva. Asimismo, señalan las afectaciones que tuvieron por el aumento de precios en los alimentos para su ganado a partir de la sequía que vivieron los estados del norte del país, donde los ganaderos se vieron en la necesidad de comprar los alimentos en otros estados”.

Las vacas lecheras, añaden, “presentan una mayor huella hídrica en comparación con todas las especies animales que nos alimentan [2,056 metros cúbicos/cabeza/año], eso las hace más vulnerables a las condiciones de sequía. Asimismo, la producción de leche genera calor en la vaca debido a la metabolización de grandes cantidades de nutrimentos, lo que hace que las más productivas sean más vulnerables al estrés calórico”.

Los científicos destacan que de todo el estado, el municipio de Encarnación de Díaz es el de prioridad más alta y en situación de urgencia para implementar programas de adaptación al cambio climático para la ganadería.

viernes, 17 de agosto de 2018

Bosques no pueden vivir otro sexenio de exclusión


Grupos comunitarios, investigadores y organizaciones de la sociedad señalan que el gobierno actual olvidó el desarrollo social.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Un grupo de comunidades, profesionales, académicos, industriales y organizaciones de sociedad civil presentaron esta semana la iniciativa denominada “Bosques con todos” para que sea considerada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con diez propuestas de política forestal para el gobierno electo, en busca de dar vuelta de hoja a la gestión de Enrique Peña Nieto, que abandonó en buena medida al sector con magros presupuestos y programas de muy baja calidad para la integración social delos 12 millones de habitantes de bosques y selvas.

Las diez propuestas fueron entregadas a la opinión pública, y son las siguientes: 1. Un plan estratégico de mediano y largo plazo, de carácter vinculante, generado de manera incluyente y participativa, que establezca una política clara para los próximos años. 2 Perspectiva de derechos humanos en la política forestal, lo que incluye la actualización del marco legal y la armonización del mismo con diferentes compromisos internacionales, así como el fortalecimiento de los consejos de consulta ciudadana. 3- Impulso al manejo forestal comunitario, “concebido como modelo de aprovechamiento de bosques, selvas y zonas áridas en forma colectiva y organizada. Incluye la producción forestal sustentable y legal ejecutada y administrada directamente por núcleos agrarios y pequeños propietarios, así como el cultivo, protección, y eventualmente, participación en fases posteriores de agregación de valor con un enfoque integral, orientado a la generación local de oportunidades”.

4. Fomento a la producción forestal sustentable. “Incrementar el presupuesto destinado al sector forestal. Crear un área de fomento especializada en servicios financieros, con bolsa económica garantizada para un financiamiento adecuado y suficiente y con mecanismos para la constitución de garantías y fondos revolventes”. 5- Inversión pública “incluyente, eficaz y transparente, orientada a: a) Manejo forestal sustentable comunitario, encauzado al cultivo, cosecha e industrialización primaria de menor escala en redes locales de valor; b) Industria de mayor escala y complejidad tecnológica”.

6- Conservación y servicios ambientales. “Desarrollar acciones que aseguren y mejoren la provisión de los servicios ambientales en el tiempo: promover el manejo productivo sustentable, el ordenamiento territorial; frenar el avance de agricultura y ganadería extensiva en áreas forestales y fortalecer esquemas de reforestación motivando la recuperación de especies locales y retomando el papel productivo de los acahuales [vegetación forestal que surge de manera espontánea en terrenos que estuvieron en uso agrícola o pecuario]”.

7. Un marco legal “progresista y aplicable”, dado que “la recién publicada Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable tiene inconsistencias que es necesario modificar. Paralelamente, se debe formular su Reglamento y necesario revisar y actualizar las normas oficiales mexicanas existentes para el sector, además de elaborar la norma de evaluación de servicios técnicos forestales”. 8. Una nueva institucionalidad, “que cubra necesidades del sector. Sus objetivos son: gestión participativa; fortalecimiento regional y descentralización; suficiencia gubernamental para atender la agenda y acercarse al terreno; agilizar trámites, supervisión y evaluación técnica y concurrencia intersectorial”.

9. Fomento a la investigación, desarrollo de capacidades e impulso a la asistencia técnica. “Formar hombres y mujeres para generar conocimientos, desarrollar tecnologías y llevar las soluciones al bosque y a sus habitantes, muchos de ellos identificados como grupos en situación de vulnerabilidad”. Finalmente, punto 10, “atención a las agendas de cambio climático, biodiversidad, desertificación y política forestal. México debe destacar en el cumplimiento de convenios ambientales internacionales en materia ambiental; especialmente: la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Convenio de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación, las cuales es necesario atender en materia forestal”.

Los grupos firmantes señalan que “no obstante los recursos y esfuerzos de las administraciones pasadas, el que ahora termina fue un sexenio de pocos avances en política forestal”, de ahí la importancia expectativa por un verdadero cambio “que permita reactivar la producción forestal sustentable”. “La reactivación del sector puede detonar la generación de empleos permanentes de calidad en el medio rural para jóvenes y mujeres, revertir la balanza comercial forestal negativa que rebasa ya los 7 mil millones de dólares anuales y cada año aumenta y garantizar la permanencia y mejoramiento de los recursos forestales y los servicios ambientales que proveen. Para esto se debe hacer transparente y eficiente la inversión pública, así como conciliar la producción forestal sustentable con la conservación del capital natural, en un marco de respeto a los derechos de indígenas y campesinos y demás actores del sector”, señala un documento difundido por el Consejo Civil Mexicano de Silvicultura Sustentable (CCMSS).

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Claves 

Datos alarmantes 

La economía forestal representa menos de 1% del PIB. Asimismo, “se debe revertir la pobreza y marginación en que se encuentran sumidos los 12 millones de habitantes de los territorios forestales fundamentales del país, que son más de 130 millones de hectáreas del territorio nacional”

Jalisco posee alrededor de 5 millones de ha de vocación forestal y arriba de 3 millones con bosque primario o selvas, lo que le dan un enorme potencial. No obstante, esa penas sexto en aportación al PIB del sector, por debajo de Chihuahua, Durango, Michoacán, Chiapas y Oaxaca

Firman la Academia Nacional de Ciencias Forestales (ANCF), Asociación Mexicana de Plantadores Forestales (AMEPLANFOR), Asociación Mexicana de Profesionales Forestales (AMPF), Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), Red Indígena de Turismo de México (RITA) y Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF)

jueves, 16 de agosto de 2018

Colegiado suspende decreto de EPN para el río Santiago


La suspensión de plano impide nuevas concesiones, y en general, los efectos del decreto presidencial del 6 de junio.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Segundo Tribunal Colegiado de Distrito en Materia Administrativa ha decidido otorgar al ejido Agua de Obispo, de San Juan de los Lagos, la “suspensión de plano” que le había negado el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, en la queja 222/2018 derivada del juicio de amparo 2090/2018, lo que suspende los efectos del decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de este año.

Dicho decreto, uno de los diez que se emitieron ese día, estableció el levantamiento de las vedas y la creación de una reserva de aguas en la región hidrológica, además de abrir “agua sobrante” para usos económicos diversos, respetando el orden en que se presenten las peticiones, lo que ha sido juzgado por productores alteños como una amenaza a la prioridad del agua para la alimentación.

“Lo procedente es conceder al ejido aquí recurrente la suspensión de plano, en tanto se resuelve el fondo del amparo, para los efectos siguientes: Para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, y como lo solicita el poblado ejidal, ‘... no se dé ninguna concesión o asignación de volúmenes de agua, ni permisos, ni ningún documento que consigne algún acto de autoridad en ese sentido ... ‘, únicamente respecto de lo que hubiera sido dotado o corresponda en derecho en tierras, aguas, pastos y montes al ejido quejoso”, señala el resolutivo de la queja.

Agrega: “así como para que no se lleven a cabo actos derivados del decreto o de las normas generales reclamadas, que impliquen privación ilegal de la propiedad, posesión y disfrute de aproximadamente 473-67-80.67 hectáreas, de terrenos de uso común, de monte, temporal y agostadero y su substracción del régimen jurídico ejidal del que forman parte “.

La medida cautelar “no autoriza invalidar las determinaciones asumidas antes de la presentación de la demanda, pues esto implicaría dar a la suspensión señalada efectos restitutorios, lo que en este caso tendría que ser materia exclusiva de la sentencia de fondo que se emita en el juicio de amparo”.

El colegiado se pronuncia también respecto al reclamo de que la autoridad no aplica el llamado “principio precautorio" por la posible afectación al equilibrio ecológico,” y la manifestación en relación con la no disponibilidad de recursos hídricos, atañen a cuestiones que involucran la legalidad del Decreto reclamado, lo cual concierne a la materia de lo que, en su caso, será elucidado al resolverse el fondo del amparo”.

¿Un ejido o toda la cuenca?

Si se lee exclusivamente los puntos resolutivos, falta clarificar el alcance territorial de la suspensión. Mientras la defensa del ejido lee la suspensión de concesiones y asignaciones para toda la región afectada por el decreto, el resolutivo va de lo general a lo particular al razonar el tema.

Al analizar la queja, el Colegiado sostiene: “el ejido quejoso reclamó, en esencia: ‘el decreto emitido por el Presidente de la República publicado con fecha 6 de junio del 2018, en el Diario Oficial de la Federación, por el que se suprimen las vedas existentes en las cuencas hidrológicas y por el que se modifica la Ley de Aguas Nacionales”, así como “las aplicaciones al ejido denominado Agua de Obispo, del Municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, por afectación a nuestro derecho al agua, de acceso a un medio ambiente sano, del derecho a la alimentación y del derecho al desarrollo con dignidad”.

También destaca que los ejidatarios reclaman “de las autoridades que señaló como responsables, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Gobernador y Secretario General de Gobierno de Jalisco, Ayuntamiento y presidente municipal de San Juan de Los Lagos, Jalisco, ‘la omisión de presentar el costo económico, social y ambiental de acceso a un medio ambiente sano, de acceso al agua; la omisión de presentar un estudio de riesgo y de impactos ambientales al amparo del principio precautorio ... pues con dicha omisión se violan nuestros derechos humanos y nuestras garantías ... “.

Es decir, se habla en específico de posesiones y propiedades, pero también se alude al derecho a un medio ambiente sano y al acceso al agua y a la alimentación, lo cual depende de usos, servicios ambientales y estado de conservación de superficies alejadas al propio núcleo agrario. Es decir: si se considera que el ciclo del agua se da en el ámbito de una cuenca, lo que afecta a un ejido o a cualquier predio puede ocurrir afuera de su territorio, pues sólo se puede definir una frontera al movimiento del agua en los parteaguas que confinan a la propia cuenca.

No obstante, en la página 70, el Colegiado apunta que la suspensión se da “para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, y como lo solicita el poblado ejidal ...no se dé ninguna concesión o asignación de volúmenes de agua, ni permisos, ni ningún documento que consigne algún acto de autoridad en ese sentido ...’ [pero] únicamente respecto de lo que hubiera sido dotado o corresponda en derecho en tierras, aguas, pastos y montes al ejido quejoso”.

En el mejor de los casos, la propia autoridad no demuestra tener el conocimiento técnico para saber si una concesión otorgada en las partes altas de la cuenca afecta los derechos de un ejido específico aguas abajo. Para los quejosos, eso está claro y consideran que la Conagua deberá abstenerse de cualquier permiso o concesión en la región de 70 mil km². La autoridad administrativa, la propia Conagua, que será llamada al juicio en breve, puede pedir la aclaración de la suspensión e incluso el acotamiento del territorio donde está vigente, y dependerá del juez determinarlo, considerando los elementos que le aporta el quejoso.

En el documento de la queja interpuesta por el abogado del ejido, se señala claramente el decreto completo. Y se indica: “reclamamos la aplicación a los suscritos de las disposiciones legales antes indicadas, así como todos los actos y procedimientos que tengan como objetivo aplicar las leyes y reglamentos que se impugnan como inconstitucionales en este amparo…”.

Luego señala como reclamo “el cumplimiento y ejecución del decreto por el que se suprimen las vedas existentes en las cuencas hidrológicas Río Tlaltenango, Río San Pedro, Presa Calles, Presa El Niágara, Presa Ajojucar, Río Encarnación, Río Aguascalientes, Presa El Chique y Río Juchipila 1, Río Santiago 1, Presa El Cuarenta, Río de Lagos, Río Grande, Río San Miguel, Río del Valle, Río Verde 1, Río Verde 2, Río Juchipila 2, Río Santiago 2, Presa Santa Rosa, Río Santiago 3, Río Tepetongo, Río Bolaños 1, Río Bolaños 2, San Juan, Río Atengo, Río Jesús María, Río Huaynamota, Río Santiago 4, Río Santiago 5 y Río Santiago 6 que integran la Subregión Hidrológica Río Santiago, de la Región Hidrológica número 12 Lerma-Santiago y se establecen zonas de reserva de aguas nacionales superficiales para los usos doméstico, público urbano y ambiental o conservación ecológica en las cuencas hidrológicas que se señalan, las cuales forman parte de la Región Hidrológica antes referida, publicado con fecha 6 de Junio del 2018, en el Diario Oficial de la Federación, toda vez que, con dicho Decreto, se violan nuestros derechos humanos y garantías constitucionales”.

Ese decreto presuntamente violatorio “llevado a cabo en términos del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 de Abril de 2004, por el que se modifica la Ley de Aguas Nacionales, que contienen los artículos 7 Fracciones IV y VI, 7 BIS Fracción VIII, 13 BIS-3 Fracción II, artículo 14 BIS-5, Fracción XXII, artículo 20, artículo 22 párrafo tercero, artículo 38, artículo 41, Fracción I, y artículo Décimo Quinto Transitorio, cuya inconstitucionalidad se reclama; así como el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de Marzo de 2016, cuya inconstitucionalidad, también se reclama”.

Así, el alcance de la demanda no se restringe al propio territorio, sino a todo lo que afectan los decretos en cuestión.

No hay agua

Los promotores iniciales de este amparo son la Asociación Ganadera Local de San Juan de los Lagos y el ejido Agua de Obispo, que “para la realización de su objeto, de interés público, es decir, para la producción de alimentos, requieren el agua; sin embargo, y por la pretendida promulgación del decreto [sic], se estaría frente a un daño inminente e irreparable pues no existe agua suficiente y disponible para concesionar o asignar, y menos bajo los parámetros del decreto […] pues en nuestra región alteña ha estado sujeta a diversas vedas, que se traducen en la no disposición de agua con sus efectos en nuestra producción, lo que no ha impedido que pese a todas las dificultades hayamos alcanzado niveles de producción de alimentos que contribuyen a la soberanía alimentaria de nuestro país”.

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Claves

Otros juicios de amparo pendientes

El amparo del ejido Agua de Obispo es el único que ha derivado en suspensión, pero no es el único, en relación a la cuenca del río Santiago Instituto Vida AC, de El Salto y Juanacatlán, que interpuso el amparo 2092/2018, que está en manos del Juzgado Sexto de distrito en materia administrativa, y “no ha sido rechazado, estamos en proceso de más requerimientos que nos han pedido, pero tampoco nos ha llegado el escrito formal, de admitido, entonces está en proceso”, señala María González Valencia, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec)

Para la comunidad de Temacapulín, “fue admitido el amparo, bajo el expediente es 2100 /2018, y lo lleva el juez séptimo de distrito; pero no nos otorgaron suspensión, pero sigue en proceso, y en este momento las autoridades están rindiendo informes”, añade la activista

Por su parte, el Instituto de Derecho Ambiental AC, a través de su apoderada Raquel Gutiérrez Nájera, interpuso amparo en contra del decreto, admitido y radicado en el Juzgado Segundo de Distrito bajo el número 1940/2018. No tiene solicitada una suspensión hasta ahora

Fuente: Imdec, Idea AC

miércoles, 15 de agosto de 2018

Juicios por Villas Panamericanas, “detenidos por constructores”


Alejandro Cárdenas señala que los recursos interpuestos para evitar la justicia atoraron juicios en el TAE, la fiscalía, la PGR y juzgados de distrito.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La trabazón en que se encuentran las Villas Panamericanas, con cuatro juicios en tribunales administrativos, dos denuncias penales y dos amparos ante la justicia federal, se debe a que la interposición de recursos por parte de los constructores y del propio Ayuntamiento de Zapopan han provocado que no puedan desahogarse los procesos judiciales, advirtió el presidente del Parlamento de Colonias, Alejandro Cárdenas Ochoa.

El dirigente ciudadano señaló que el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, no puede hacer gestiones para ofrecer un bien inmueble cuyo destino jurídico no está determinado, para alojar a una dependencia federal. Insiste que las diversas acciones judiciales del parlamento, de Conciencia Cívica y de diversas representaciones de colonos de la zona buscan “que entren al fondo del asunto y que se declaran nulas las licencias y consecuentemente su demolición, eso es lo que hemos pedido, no pedimos más y también en el tema de desvío de recursos, lo que estamos pidiendo es que se castigue a quienes hayan desviado los recursos de forma abusiva 750 millones de pesos del Iprovipe [Instituto Promotor de Vivienda Popular del estado] y 380 millones de pesos de Pensiones del Estado”.

Añadió: “antes de tomar cualquier tipo de decisión tendrían que agotarse, hasta sus últimas instancias, esos juicios; no hay la posibilidad legal porque hay suspensiones de habitabilidad del inmueble, y se están cuestionando las licencias, para que se anulen, por dos situaciones, porque violaban la legislación urbana, tanto planes parciales y ordenamientos, y la otra es porque afectaba la zona de recarga hidrológica y el bosque La Primavera; por eso interpusimos los juicios de nulidad contra las licencias, y si no se ha llegado al resolutivo, es porque ellos una serie de recursos para no llegar a fondo del asunto; sin eso, ya estaríamos en sentencia y sabríamos la suerte del inmueble”.

El Tribunal Administrativo del estado (TAE) tiene tres juicios en que se pide la nulidad de las licencias y uno más para anular el convenio de Iprovipe e Ipejal con los constructores. Contra esto, los constructores interpusieron “como diez recursos de reclamación, que están en trámite, que no han avanzado; en los cuales piden que desechen la suspensión y una serie de cuestiones de forma; a esto hay que agregar juicios de amparo interpuestos por los desarrolladores, porque les han desechado algunos recursos; es decir, son ellos los que han enredado esto”.

Y además están las denuncias por el tema penal, una ante la hoy Fiscalía General del estado y otra ante la Procuraduría General de la República. “Ellos interpusieron una serie de amparos para que no fueran llamados a declarar; perdieron los amparos y ahorita están en revisión, y eso también ha hecho que se detenga el procedimiento en el tema del desvío de dinero, por el hecho de haber formado ahí ese fideicomiso, que es lo que hemos señalado”.

Por si no fuera suficiente, “hay una tercera instancia, la mercantil, donde los desarrolladores ya perdieron; ellos querían dar por terminado el fideicomiso y cobrarse, y eso se los anuló un juez mercantil […] están perdiendo muchas instancias y estamos esperando que esto camine, ellos ponen trabas y obstáculos porque creo que buscan hacer tiempo para que la justicia no los alcance”.

De este modo, “en todos los juicios no hemos podido entrar a fondo por esta serie de situaciones, no hemos podido desahogar periciales, desahogar pruebas, hay muchas cosas que deben aportar las autoridades, y como están suspendidos los juicios, tampoco ha operado la caducidad de la instancia”.

En específico, Zapopan “está demandado y es parte del juicio; creo que en vez de estar haciendo propuestas que no tienen ni pies ni cabeza, ellos deberían respetar al Poder Judicial y las instancias de los juicios, pero prefieren violentar el estado de derecho con este tipo de confrontaciones y no acudir a los juicios, como les corresponde”.

El presidente de Zapopan, Pablo Lemus, asegura que hay denuncias contra ustedes por extorsión.

Realmente no hay denuncias de nada, no se ha incurrido en ninguna falta; acudimos a tribunales porque es lo que la ley nos permite hacer, y ahí estamos; no nos hemos sentado con ninguna persona a tratar de arreglar, y el que acusa tiene la carga de la prueba; que nos lo demuestre el señor Lemus y deje de usar a los medios para atacarnos; también sería bueno que los mismos medios empezaran a pedirle pruebas al señor…

¿Ustedes lo demandarían por daño moral?

Estamos analizando todas las posibilidades, pero nuestro interés primero es que estos juicios ya lleguen a sentencia y se haga justicia.

Siguen muy bajos cumplimientos de la verificación de vehículos


El año será casi tan malo como el anterior; el auto aporta más de 90 por ciento de las emisiones contaminantes en la ciudad.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Hay una tímida recuperación en las cifras de automotores verificados en el área metropolitana de Guadalajara y en el resto del estado de Jalisco, si se comparan los cortes al 12 de agosto de 2017 y 2018: en el presente, se han verificado 63 mil vehículos más, diferencia que aporta sobre todo el AMG, donde hay 51 mil autos más que en el año previo.

No obstante, las cifras totales y los porcentajes mantienen su nivel modesto en relación con la realidad: 13.78 por ciento del total si se consideran los aproximadamente 3.1 millones de automotores de Jalisco, 18.63 por ciento si el análisis se restringe al AMG. Si el ritmo de verificación se mantiene, de casi 2.6 por ciento de los vehículos por mes, podría esperarse un cumplimiento de otro 13 por ciento, lo que hará que solamente se rebase 31 por ciento. No se debe olvidar que la verificación es obligatoria para todos los propietarios de vehículos con motor.

Un estudio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, destaca: “las ciudades en las que se presentan problemas de contaminación del aire generalmente tienen en sus automotores, la principal fuente emisora de contaminantes. El parque vehicular, por lo regular es responsable de la emisión de más de 90 por ciento del monóxido de carbono, y entre 50 y 80 por ciento de las emisiones de los precursores de ozono que diariamente se incorporan a la atmósfera”. 

Por lo anterior, “no resulta extraño que una de las primeras acciones ambientales en las que se piense para controlar y prevenir las emisiones provenientes del parque vehicular, es la aplicación de un programa de revisión de sus emisiones contaminantes vehiculares, mejor conocidos como Programas de Verificación Vehicular, ya que su aplicación permite mantener la tasa de emisión de contaminantes, en niveles ambientalmente adecuados deacuerdo a la tecnología de cada automotor. La aplicación de estos programas permite reducir hasta en 30 por ciento las emisiones de monóxido de carbono e hidrocarburos y, los programas más exigentes, logran reducciones adicionales del orden de 10 por ciento de los óxidos de nitrógeno” (ver estudio en https://www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/Diagnostico/Diagnostico_2014/Diagnostico_2014_SEMARNAT_G026.pdf.).

Por su parte, el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo México elaboró el informe Transformando la movilidad urbana en México, hacia ciudades accesibles con menor uso del automóvil, en el cual destaca: “transportarse se puede considerar como ineficiente debido al uso excesivo del automóvil, a tal grado que sus efectos negativos están revirtiendo los beneficios económicos y sociales de habitar en una ciudad. En gran medida esto se debe a que los usuarios del automóvil sólo cubren los costos privados de su uso, pero no los costos sociales que generan(de los que la verificación es parte del paquete para hacerles frente). Condición que resulta inequitativa para la sociedad en su conjunto, pues, además, los costos de infraestructura que los automovilistas requieren son cubiertos por la nación en su conjunto. Problemática que es agravada aún más por la mala calidad de los servicios de transporte público urbano en el país, así como por el desarrollo urbano disperso que se ha presentado en las últimas décadas”.

La Semadet (Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial) pretendió cambiar el modelo de verificación para garantizar su cumplimiento, pero la crisis de 2017 por la liberación del precio de las gasolinas echó atrás la medida. Hoy se realiza el mismo modelo de 2009, poco confiable en términos de control, y en el cual, los dueños de los 400 talleres que lo llevan a la práctica, denuncian que la autoridad es omisa en exigir el trámite. Lo cierto es que de los dueños de seis a siete autos de la ciudad y el estado, al igual que en años anteriores, no habrán cumplido con esa obligación al cierre de 2018.

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Claves  

Los autos que más contaminan 

El mayor problema en emisiones a la atmósfera de Guadalajara son 426 mil autos (cifras de 2015) que circulan todos los días y provocan más de la mitad de las emisiones totales, y cuyo impacto no se puede resolver con un programa de verificación

“25 por ciento del total de los vehículos registrados carecen de convertidor catalítico, lo cual representa aproximadamente 426,730 unidades. La suma de las unidades pertenecientes a los modelos de años 51 a 59 fue de 4,145 y representaron el 0.2 por ciento; la suma de las unidades de los modelos 60 a 69 fue de 17,284 y representaron 1 por ciento; los modelos del año 70 al 79 sumaron un total de 101,459 y correspondieron al 5.9 por ciento del total; los vehículos pertenecientes a los modelos del año 80 al año 89 sumaron 263,131 unidades y representaron el 15.2 por ciento”; un remanente importante de autos posteriores a 1990 complementan la cifra

¿Por qué es grave la falta de convertidor? Se considera el vehículo una de las máquinas más ineficientes que se han inventado; con un litro de gasolina, las estimaciones más favorables indican que 30 por ciento de ese litro se aplica en el movimiento del vehículo, lo demás se transforma y se vuelve contaminante.

Todos los autos, incluso los de agencia, contaminan: datos de 2012 de la entonces Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable, señalaban que en promedio, los vehículos último modelo arrojaban cerca de 56 kilogramos de contaminante por año. Los vehículos de los segmentos entre 2010 y 1994, que tienen convertidor catalítico, promediaban 260 kilos, y los de 1993 para atrás, que no tienen el convertidor, andaban en 800 kilogramos al año. Una diferencia de 17 a uno.

Estas son cifras válidas solamente en caso de que se trate de vehículos debidamente afinados. Si carecen de ésta, se multiplica hasta por tres el daño ambiental. Y apenas uno de cada tres autos es afinado y verificado. Un auto viejo sin afinar puede contaminar de 40 a 50 veces más que uno nuevo debidamente afinado

La función del convertidor catalítico es reducir las emisiones de tres gases fundamentales. Pruebas realizada en la ciudad de México para equipar autos sin convertidor, arrojaron los siguientes resultados: “en promedio se tienen reducciones de 45.5 por ciento de monóxido de carbono, 33.64 por ciento de hidrocarburos y 51.29 por ciento de óxidos de nitrógeno”

Fuentes: Semadet, IMP, Semarnat

El problema del sargazo demanda incentivos económicos a largo plazo



Investigadores de la UdeG y del IPN señalan que el problema no cederá por varios años, por lo que se debe aprovechar.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

La integración de diversos negocios comunitarios, regionales y globales para la industrialización del sargazo, debe ser prioridad del gobierno mexicano si se quiere enfrentar con herramientas de largo plazo la irrupción de sargazo en las playas del Caribe Mexicano, advierte la organización civil Vive Planeta Azul AC, con sede en Quintana Roo. 

“La retirada de sargazo en playa, no será una acción sostenible si no existe un incentivo que haga costeable este proceso, por tal motivo todos los especialistas consultados coinciden en encontrar desde la ciencia y la innovación tecnológica, usos y aplicaciones para producir biocombustibles como alcoholes industriales y biogás, además de la producción de fertilizantes, papel y biopolímeros”, señala en una nota entregada a MILENIO JALISCO, fruto del trabajo técnico de especialistas de la Universidad de Guadalajara y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

Uno de los modelos más avanzados para la industrialización del sargazo, lo elaboraron Jorge Mendoza Pérez, del IPN, y Francisco Silva Bátiz, de la UdeG. La planta piloto demanda alrededor de 500 mil pesos, pero podría replicarse con costos inferiores a 250 mil, lo que hacen viable la inversión al gobierno federal o del estado, que han anunciado decenas de millones de pesos para atender el problema. 

“Una vez desarrolladas de forma repetida, todas las pruebas necesarias en laboratorio, se encuentra listos para desarrollar la primer planta piloto a escala semindustrial. El objetivo de dichas plantas es desarrollar tres procesos; el primero de ellos es la fermentación alcohólica donde se busca producir con una tonelada de sargazo seco, 300 litros de una mezcla de alcoholes, principalmente etanol. Segundo; con el resto de la biomasa se produciría por combustión en un biodigestor, un biogás de alta calidad. Se considera que con 500 kilogramos de biomasa activada, produciría siete mil litros de gas. Tercero, las cenizas restantes constituirían la base de forraje de alta calidad protéica para el ganado. La posible existencia de metales pesados, no representan un riesgo, ya que en su mayoría dichos metales pesados se eliminarían mediante un baño ácido por el que pasaría la biomasa previamente”, apunta.  Se busca que este modelo de transferencia tecnológica “pueda contribuir al problema del sargazo en playa, y tenga un impacto económico y social en las comunidades locales.

Se busca que las plantas tengas un tamaño suficiente para ser rentabilizadas por un colectivo pequeño, y su costo de construcción sea económico. El etanol y el gas producidos, podría ser empleado como combustibles de vehículos automotores, y calderas y secadoras de la industria hotelera. De esta manera podría construirse un nuevo sistema económico ligado al sargazo que involucraría a hoteles y prestadores de servicios turísticos, y a la comunidad local, buscando que el sargazo pase a ser una amenaza, a un recurso susceptible de ser aprovechado”. 

No obstante, “en los volúmenes estratosféricos de sargazo que ahora llega a nuestras costas, el aprovechamiento para biocombustibles y cenizas forrajeras, sería solo de una pequeña parte, por lo tanto, es necesario se determinen los protocolos para producir abonos agrícolas, y otros procedimientos para manejar de manera inmediata, grandes cantidades de esta macroalga. Solo con conocimiento científico y tecnológico, y buenas decisiones de gobiernos, se podrá salir de esta crisis, cuyo desenlace, aún no conocemos”. 

El avance de la invasión del sargazo en el Atlántico, parece ser una evidencia del calentamiento global y del cambio de régimen de los vientos, corrientes marinas y el clima. “Las invasiones de sargazo se han presentado con un volumen creciente desde 2010 hasta alcanzar niveles catastróficos en el 2015, y afecta a África, Europa, aunque el sur de la Florida y Texas, han empezado a ver sus costas colmatadas de esta macroalga. Sin embargo, es en el Caribe donde la llegada del sargazo ha alcanzado los niveles más dramáticos”. 

El sargazo tiene su origen en el Mar de los Sargazos, el cual está delimitado por el giro del Atlántico Norte, próximo a las Bermudas, y ahora, por el nuevo mar de los Sargazos, el cual se formó recientemente en Sudamérica, al norte de Brasil. “Ahora hay dos mares de los sargazos uno al norte y otro al sur del hemisferio en el océano Atlántico.

Periódicamente, por los meses invernales, manchas de sargazo arribaban a las costas del Mar Caribe, lo que constituía un evento natural, sin embargo en los últimos años, las cantidades de sargazo han alcanzado las 300 toneladas por kilómetro de playa por temporada, lo cual hace difícil su manejo. Sin embargo, la mayor dificultad hasta ahora no es siquiera que no haya un plan de manejo para paliar con ésta situación, sino que los científicos vaticinan que la llegada de sargazo en las playas continuará por varios años”.

RECOLECTAR ANTES DE QUE SE PUDRA 

La investigadora de la UNAM, Mayra Murillo García, quien elaboró un proyecto de recolección de sargazo, sostiene: “esta alga posee ciertas propiedades que brindan la posibilidad de darle diferentes usos en industrias como la farmacéutica, alimentaria, textil, entre otras, obteniendo un beneficio económico. Para poder aprovechar el sargazo es indispensable recolectarlo antes de que comience su proceso de putrefacción, por eso la importancia de diseñar un proceso de recolección del mismo dentro del mar”.

En su tesis de ingeniería, añade: “dicho proceso a su vez deber ser eficiente, amigable con el ecosistema y económicamente factible […] como la excesiva cantidad de sargazo que ha llegado a las costas afecta directamente al turismo dañando la estética del lugar y produciendo mal olor, y a las actividades pesqueras de la región”, lo que hace muy viables los esfuerzos conducentes a su aprovechamiento.