martes, 12 de diciembre de 2017

Aguacateras amenazan a oyamel único en el mundo



El ascenso de las plantaciones de aguacate ya ha provocado alteraciones en el bosque nuboso y el de pino, hogares de un abeto en peligro de extinción.

Agustín del Milenio / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El cambio de uso de suelo forestal para establecer huertas de aguacate sube, lenta pero inexorablemente, por las laderas de las cuatro vertientes del macizo volcánico del Nevado de Colima, en el sur de Jalisco, bajo el implacable binomio de un negocio de alta rentabilidad en el corto plazo, combinado con una precaria gobernabilidad ambiental.

De este modo, se ha puesto en riesgo creciente a una especie cuya exclusividad en la región ha sido recientemente documentada, al grado que apenas se incorporará a la norma oficial mexicana 059, como especie "en peligro de extinción": Abies colimensis, el abeto u oyamel del Nevado, cuya distribución mundial está reducida a los bosque medios de la alta montaña, entre 1,800 y 3,000 metros sobre el nivel del mar, y en la vecina sierra de Manantlán. Por si fuera poco, una subespecie también protegida, Abies flinckii, no la pasa mejor en su incluso más modesta distribución al norte de la montaña.

"Desde que se hizo la solicitud para integrar a la NOM 059, se denunciaba ya que uno de los riesgos más importantes para la especie, es la vulnerabilidad por cambio de uso de suelo sobre topo por aguacate", explica la investigadora de la Universidad de Guadalajara, Sonia Navarro Pérez, cuyos trabajos fundamentaron la creación del primer parque estatal en el bosque de niebla (técnicamente: mesófilo de montaña) de la mayor altura orográfica de la entidad, en 2009. Desde entonces mantiene el trabajo de monitoreo de flora y fauna, lo que le permite registrar los cambios que ha traído al entrono el auge del llamado "oro verde".



"El complejo volcánico es una de las regiones privilegiadas en el país porque se siguen formando las condiciones que hacen prosperar las coníferas en toda una trama con múltiples pinos, oyameles y cupresus, desde las partes más altas hacia debajo de la media montaña; lo que hemos estado verificando es la gradual desaparición de parte de estas comunidades; son diversos factores, desde el cambio climático hasta esos cambios de uso de suelo, deforestación por tala, por incendios, creciente desde hace más de medio siglo, cuya velocidad no da tiempo para que el bosque responda y se rompen ensamblajes milenarios", pone en relieve.

Lamenta que el trabajo de protección de los bosques mesófilos sea hoy vulnerado por la economía aguacatera. Se trata de un ecosistema cuya distribución nacional es inferior a 1 por ciento del territorio del país, y que tiene especial protección en la Ley General Forestal por su alta diversidad biológica, similar en términos relativos a una selva alta perennifolia, por ser relictos severamente amenazados por la subida de las temperaturas, y porque son espacios orográficos altamente húmedos, cuya agua resulta esencial para las poblaciones y la economía humana. Nada de estas consideraciones detiene a los empresarios que llegan a las partes medias de la montaña a comprar o rentar tierras y apropiarse de recursos como suelo y agua para implantar huertos.

"No han durado mucho en su feliz decreto, porque cada vez que aparecen personas que quieren poner aguacate se suben al mesófilo. En la parte de abajo los suelos están diezmados por tantos años de sobreexplotación agrícola [...] a mi me ha tocado ser testigo de cómo eso alteró a una comunidad indígena como San José del Carmen, ubicada en el municipio de Zapotitlán de Vadillo, cerca de uno de los manchones de bosque nuboso; hemos trabajado con ellos para establecer alternativas productivas amables con la naturaleza, después de que fueron perdiendo la opción de la caña de azúcar que iba perdiendo precio [...] pero cuando llegó el aguacate, nos rebasó por completo...".

El grupo extensionista de maestros y estudiantes de la UdeG, trataron de hacer ver a los moradores de la zona, la importancia de que se mantuvieran recursos esenciales como el suelo, el clima, y sobre todo, el agua. "Pero los aguacateros nos rebasaron; ellos saben que si en la parte de abajo el suelo no da para huertas, deben acercarse al bosque húmedo, la zona de mesófilos y de oyameles, para que prospere el aguacate [...] entonces empezamos a toparnos con líneas de aguacate por todos lados, y que los mismos gobiernos municipales, tanto en Zapotitlán de Vadillo como en Zapotiltic, al otro lado, fomentaban el negocio como una respuesta parta tener dinero y empleos. Así se fue perdiendo el bosque".

Eso se aceleró desde 2012. Hoy "no tenemos un mapa preciso, pero avanza muy rápido, de cada vez que subo a ver lo de los animales, una vez al mes o cada dos meses, al pasar reconocemos los terrenos transformados, las nuevas condiciones que hay, canales de agua, bordos, espacios que araron, praderas transformadas, o árboles cerca del mesófilo. Desgraciadamente hay casos en los que ya es frontera".



El poder del dinero cambia todo. Llegan desconocidos, investigan los nombres de los posesionarios o propietarios de algún paraje, indagan cómo abastecer el agua, presionan para que se dé un contrato de arrendamiento o compraventa.

"Ya no ha habido manera de frenar, van a diestra y siniestra a ofrecerles dinero, los contratan para cortar aguacate, y como había bajado el ingreso de la caña, empezaron a aceptar las ofertas. O en lugar de irse al norte, que ya no se puede. Llegaban camionetas y las llenaban, no conocían a los dueños. Sólo cobraban su sueldito, pero no se les queda nada, el precio de las rentas es de burla".

Por si fuera poco, el agua está en la dinámica de la competencia, "en San José del Carmen, por ejemplo, fuimos un día en que había mucho movimiento y supimos que el aguacatero mayor estaban instalando un poste nuevo, con un transformador más grande, porque necesitaba más energía para bombear agua. Los vecinos no querían enfrentarlo, y solamente tenían sobras de agua, y había que llenar a ratos una cisterna o tratar de mover el agua del arroyo para que algo les llegara [...] de este modo, sacrifican todo ahí, tierra, agua, se va empacado igual que los berries, y no les queda nada...".

Los bosques de oyamel más "puros", es decir, donde dominan estos abetos, suelen estar arriba de los mesófilos. En las zonas de caminos tradicionales, el ascenso de huertas ya los pone bajo amenaza, pues a diferencia del bosque de niebla, en su mayor superficie no están dentro de polígonos protegidos. Tampoco se ha publicado la nueva NOM 059, que consolidaría su estatus de intocabilidad. Así, el futuro de una comunidad vegetal única en el mundo, pinta aciago.



--------------------------------------------------------

Claves

Una vegetación altamente frágil

Los bosques de oyamel se sostienen en un clima frío y húmedo, con luz escasa y penumbra a nivel del sotobosque (el estrato de arbustos); las temperaturas van de 20 a 5 grados, hay punto de rocío en horarios específicos, y lluvias frecuentes. Su ubicación es media ladera o barrancas y cañadas

Para el Abies colimensis, en 1989 fue publicada como especie nueva por K. D. Rushforth en el Journal Notes of the Royal Botanical Gardens of Edinburgh (46: 101-109). Después fue renombrada como subespecie, y en los últimos años, se retomó el argumento de su especificidad

El área de ocupación de Abies colimensis es de aproximadamente 150.02 km2 (una superficie apenas superior a la de todo el municipio de Guadalajara) equivalente a 0.007 % del territorio nacional, provincia biogeográfica del Eje Neovolcánico

La especie se distribuye en solo dos tipos de vegetación: bosque mesófilo de montaña y bosque de coníferas y encinos. "Sólo habita en las lugares fríos, húmedos y protegidos del Nevado de Colima y Sierra de Manantlán"

La permanencia de la población es dependiente de un hábitat primario, es decir, un bosque integral con baja perturbación humana. "Es parte esencial de la comunidad clímax o comunidad primaria del bosque. Una vez talado, el microclima se vuelve más seco, más extremoso y más erosionado, lo que favorece el desarrollo de especies pioneras como las ericáceas, pinos y encinos, con el tiempo puede conducir a un reemplazo de la comunidad de A.colimensis por otra comunidad de pino-encino"

Los investigadores Ángeles–Cervantes y López–Mata (2009) demuestran que "las probabilidades de supervivencia de plántulas de Abies fueron mínimas después de incendios superficiales y severos y nulas en los bosques control sin incendio, y que las más altas probabilidades resultaron bajo incendio de copa moderado, éste régimen de incendios moderados es parte integral del nicho de regeneración [...] en el Nevado de Colima desde el año 2006 al 2013 ha habido ocho incendios de gran magnitud que han causado alta mortalidad en la población de Abies colimensis",Por si fuera poco, "el hábitat remanente no permite la viabilidad de las poblaciones existentes"

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático "reportó en su Índice de Presión Económica (Riesgo) de Deforestación (IRDef) (INECC 2013) para los bosques de coníferas del Nevado de Colima una deforestación de vastas áreas a una tasa promedio de 7.8%, muy alto, y 3.4% alto, (6,578 ha/7 años, rebasa el área protegida de 6,554 ha) principalmente por incendios de copa provocados para conversión a cultivos de aguacate y ganadería extensiva y por tala ilegal, con tasas altas de deforestación"

Estas altas tasas de deforestación "aunadas a su extremadamente baja diversidad genética nos indican que éstas poblaciones no son viables ya que están expuestas a desaparecer ante cualquier daño por plagas, incendios, tala o cambio climático, por no tener capacidad de respuesta adaptativa en su escasa variación genética"

Fuente: Evaluación del riesgo de extinción del oyamel Abies colimensis, Miguel Ángel Muñiz Castro, Antonio Vázquez García, Ramón Cuevas Guzmán y otros, UdeG.


sábado, 9 de diciembre de 2017

Fiscalía se niega a recibir denuncia de bautistas



Los huicholes conversos señalan que los agentes del MP en Colotlán, Villa Guerrero y San Martín de Bolaños, los rechazaron

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los wixaritaris de confesión bautista y la Fiscalía General del estado probaron ayer, en la aspereza de una sierra cada vez más fría ante la inminente entrada de la estación invernal, el lado oscuro del juego del gato y el ratón; es decir, cuando el gato no come, pero tampoco muestra interés en la suerte de los tímidos y vapuleados roedores.

Y más allá de la fábula, están los hechos: los aborígenes expulsados por “no respetar la costumbre” en Tuxpan de Bolaños, decidieron tomar la carretera de Puente de Camotlán –donde se han asentado en espera de algo que indique justicia terrenal- hacia Bolaños, pasar de nuevo por el poblado en el que vivían, y bajar a Bolaños, y luego volver a subir, hacia Colotlán.

“Fuimos con un grupo de señoras a presentar la denuncia de hechos, pero nadie en la fiscalía nos quiso tomar siquiera una declaración”, explica el dirigente religioso de la comunidad, Martín Vázquez Mendoza. De hecho, primero fue mandarlos de Colotlán a San Martín de Bolaños, porque se suponía era la adscripción correspondiente. Luego, de San Martín los mandaron a Villa Guerrero, y de ahí, nuevamente a Colotlán.

La negativa fue completa, pese a que las agencias del Ministerio Público están obligadas a tomar cualquier denuncia de un ciudadano, ante la presunción de que este haya padecido algún delito.

Así lo establece el Código de Procedimientos Penales del estado. El artículo 88. “Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito está obligada a denunciarlo al Ministerio Público y, en caso de urgencia, ante cualquier funcionario o agente de policía, los que darán cuenta inmediata al Ministerio Público. Todo funcionario o empleado público, que en el ejercicio de sus funciones tenga noticias de la existencia de un delito, está obligado a participarlo inmediatamente al Ministerio Público, transmitiéndole todos los comprobantes o datos que tuviese, para que proceda conforme a sus atribuciones. Se tendrá por incoada la denuncia, y acreditada la persecución, desde el momento mismo en que la víctima, el ofendido o los testigos, hagan este hecho del conocimiento de cualquier autoridad”.

Y el artículo 92 añade: “El funcionario del Ministerio Público o de la Policía Investigadora que reciba una denuncia está obligado a proceder a la investigación del o de los delitos que la motiven”.

La acción en contra de los aborígenes, por orden de su asamblea comunal, entraña diversos actos que el agente del MP debe determinar, tras recibir denuncia e investigar, si constituyen materia de delito: se les obligó a salir de sus casas por no aceptar “la costumbre”, aunque los bautistas señalan que ello se debe a que la fe que profesan es incompatible con ciertas prácticas tradicionales, por lo que lo ven como una imposición a sus convicciones. Lo cierto es que más allá de la interpretación, el hecho es que la asamblea comunal determinó expulsar a los disidentes, lo que implica quitarles sus derechos como comuneros, destacadamente, el de vivir en el territorio comunal. Las casas en las que vivían fueron derribadas, según el vocero de la minoría.

El artículo 202 bis del Código Penal de Jalisco señala: “se impondrán de cincuenta a cien días de multa o de treinta a cien jornadas de trabajo a favor de la comunidad, a quien al que por razones de origen étnico, edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, nacionalidad, idioma, religión, ideología, preferencia sexual, condición social o económica, trabajo o profesión,discapacidad, características físicas, estado de salud o cualquier otra causa que atente contra la dignidad humana, limite, anule o genere un menoscabo a los derechos, libertades y seguridad de la persona…”.

El dirigente bautista dijo que un abogado enviado por la propia iglesia, acudió ayer a Puente de Camotlán a entrevistar a los afectados, con el objeto de elaborar un escrito y presentarlo en la capitaldel estado, ante los obstáculos que la fiscalía les puso para hacerlo en la región. También señaló que a su paso por Villa Guerrero, encontraron personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quienes les avisaron que si viven en el lado nayarita, será difícil que se les pueda atender por el ombudsman de Jalisco… aunque los hechos hayan sucedido en este estado.

Así transcurre la vida de los desplazados de la sierra, minoritarios y con derechos conculcados por su propio grupo social, de historia marginada y bajo una discriminación centenaria.

MC

jueves, 7 de diciembre de 2017

Presupuesto 2018 de Jalisco viola la constitución y no protege a pobres


La diputada Mónica Almeida destaca el abandono al desarrollo regional en la administración estatal, desde 2014.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El presupuesto de egresos que presentó el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, incumple con el precepto del artículo 4 constitucional de “atender al principio del mínimo vital como el eje de planeación democrático por el cual el Estado deberá de crear las condiciones para que toda persona pueda llevar a cabo su proyecto de vida”, denunció la diputada perredista Mónica Almeida López.

“Fue presentado un presupuesto que no cumple con este propósito y debemos replantear que estamos haciendo y dejando de hacer y si el modelo actual está funcionando, y en caso de no ser así tomar decisiones. En 2017 en el Presupuesto de Egresos había 60 programas con 16 por ciento del total de los recursos, que inciden de manera parcial en garantizar el derecho al mínimo vital en rubros relativos a alimentación, vivienda, energía, movilidad, agua, educación, salud y seguridad. Para 2018 se disminuye a solo el 11 por ciento del total”, advirtió, en conferencia de prensa.

Además, “la clasificación de prioridad no tiene metodología, por ejemplo, el Presupuesto destinado a Salud se redujo en 1 por ciento; el Presupuesto destinado a Movilidad se incrementó en 21 por ciento”. El sistema de evaluación actual “es caro y no cumple con su propósito al ser juez y parte en la evaluación”. El costo para 2017 fue de ocho millones 183,100 pesos. Con base en este, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas define las dependencias, los programas, el tipo de evaluación que se realiza; se contratan a los evaluadores, se coordinan las evaluaciones y la información que se otorga. “¿Este modelo realmente funciona al ser juez y parte de la evaluación?”, se preguntó la legisladora.

Como resultado, “casi la mitad del presupuesto no justifica los recursos asignados para solucionar problemáticas sociales críticas; se evaluó el presupuesto, de acuerdo a la misma metodología usada el año pasado para esto, la cual está basada en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores de Resultados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Manual y la Guía para el diseño y Construcción de indicadores del Consejo Nacional para Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)”.

Así, “40 programas presupuestales que corresponde al 43 por ciento del total, un poco más de 46 mil millones, no tienen fundamentos sólidos en sus matrices de Indicadores para Resultados (MIR) con inconsistencias e incongruencias entre los propósitos, componentes e indicadores, lo que no garantiza resultados y por tanto se propone se reasigne su monto para generar acciones tendientes a garantizar el ‘Mínimo Vital’”, ponderó Almeida López.

Consideró oportuno incrementar a 480 millones de pesos el Fondo para el Desarrollo Regional (Fondereg) y de este modo, mejorar las condiciones de los municipios no metropolitanos. Porque su historia reciente demuestra una creciente desatención: para 2012 contaba con 480 millones de pesos, es decir 0.72 por ciento del gasto total. En 2013 se redujo a la mitad, 240 millones, a partir de lo cual no ha tenido incrementos, “representando para 2018 sólo 0.22 por ciento”. Ante esta evidencia, la legisladora recordó que el pasado 5 de diciembre, en sesión de pleno, fue aprobado el acuerdo legislativo que propuso para incrementar por lo menos a 480 millones de pesos, ese fondo.

También recordó que “la ONU a través de Cepal ya analiza al ´mínimo vital’ contemplado en la Constitución de Jalisco y sus implicaciones para la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones presupuestales. Se ha estado trabajando desde el año pasado con académicos, con algunos organismos participativos y con asociaciones civiles, como el CESJAL. El 28 de noviembre, se firmó el convenio de colaboración interinstitucional entre CESJAL y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (Cepal-ONU) para que se realice un estudio completo sobre el principio del ‘mínimo vital’ establecido en la Constitución de Jalisco y sus implicaciones para la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones presupuestales”.

SRN

Recomendaciones de la CNDH, históricamente incumplidas



El gobierno de Jalisco suele ser tibio en garantizar el respeto a minorías religiosas en la región wixárika, según ha documentado el ombudsman nacional.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La novedad es que no hay novedad: los fenómenos de expulsión de pobladores que cambian de la religión tradicional en las tierras de los wixaritaris no son nuevos, tienen al menos tres decenios; la tibia actuación de las administraciones estatales de Jalisco en el tema, tampoco. Sean gobiernos panistas o priistas, lo cierto es que expulsar disidentes religiosos bajo el argumento de violación a los usos y costumbres se ha “normalizado” por el bajo costo político que acarrea a los pueblos que toman las decisiones.

No se trata de una opinión arbitraria, sino de conclusiones que ha plasmado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cristalizadas en dos recomendaciones emitidas al gobernador de Jalisco en turno (2004 y 2008) y a la Secretaría de Gobernación, además de los alcaldes que administran los territorios donde se ubicaban las minorías.

En la recomendación 07/2008, el ombudsman expresaba que “por ningún motivo se puede permitir que, en aras de la protección de los usos y costumbres de un pueblo, se cometan delitos en contra de quienes no los practican, como tampoco expresar ‘invitaciones’ que encubren amenazas e intimidación basadas en la violencia para hacer que las personas asuman una determinada religión […] la conducta omisa para solucionar el conflicto y evitar la expulsión de los indígenas que cambiaron de religión por parte de las autoridades del estado de Jalisco, así como en la salvaguarda del derecho humano a la libertad de ejercer y practicar la religión o culto de su preferencia, contribuyó a que se violaran los derechos humanos de los indígenas huicholes que tuvieron que abandonar sus comunidades al verse amenazados por sus coterráneos y las autoridades comunales y tradicionales huicholas”.

Ese documento habla de acciones u omisiones ocurridas sobre todo durante el gobierno de Francisco Ramírez Acuña (2001-2007), pero la falta de acción de su sucesor, Emilio González Márquez, ha generado condiciones que la propia CNDH temía que se legitimaran.

“El Estatuto Huichol constituye la base para la organización económica, política, cultural y social de la comunidad wixarika y su cumplimiento es obligatorio para todos los comuneros. En él expresamente disponen, como límites del mismo, el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la observación de los derechos humanos y las disposiciones contenidas en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En tal virtud, no es legítimo argumentar que el desplazamiento de los indígenas huicholes evangélicos tuvo su fundamento en el ejercicio de ‘usos y costumbres’ establecidos en las disposiciones y normas que comprenden el propio Estatuto, ya que las mismas evidencian un límite a los derechos humanos establecidos en el artículo 2, apartado A, fracción II, de la Constitución Política. Este precepto reconoce y consagra a favor de las comunidades indígenas su autonomía para aplicar sus sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos, aunque también determina expresamente la limitante de su aplicación, la cual se basa precisamente en el respeto de los derechos humanos, enfatizando de manera relevante el respeto a la libertad de creencia y culto”, añade.

De este modo, “se debe tener presente que la impunidad genera reiteración de conductas delictivas, por lo que no se debe ignorar la amenaza que hizo el presidente de Bienes Comunales de San Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic, Jalisco, quien refirió que harían lo mismo con los indígenas huicholes que son miembros de las Iglesias referidas de la comunidad de San Miguel Huastita, entre otras”.

En cuanto a la tibieza del estado, esa recomendación citó el caso del procurador para Asuntos Indígenas de Jalisco, quien “afirmó que, en su carácter de funcionario público y como integrante de la cultura huichola, respetaba la decisión que fuera a tomar la Asamblea General de la comunidad; que por supuesto exigía que retornaran a su religión si querían permanecer en su comunidad y mantener sus tierras, y que además, debían de cumplir con el Estatuto Comunal Huichol, adoptando sus usos y costumbres”.

Pero incluso si el gobierno del estado de Jalisco aceptó las medidas cautelares “que esta Comisión Nacional le dirigió, dio seguimiento al asunto, manifestó su voluntad por encontrar soluciones, participó en reuniones para tal efecto y ordenó vigilancia en la zona de conflicto, su actuación no solucionó el asunto, ni impidió, en su momento, el desplazamiento de dichas personas a otra entidad. Tampoco fue suficiente su actuar para erradicar el clima de inseguridad que prevalecía, ya que algunos desplazados manifestaron que sólo en pocas ocasiones vieron a personal de seguridad en la región”.

El entonces secretario general de Gobierno, Héctor Pérez Plazola, “puso de manifiesto el desinterés por atender la problemática del grupo indígena que por intolerancia religiosa y discriminación tuvo que abandonar sus viviendas y propiedades”.

El incumplimiento de la recomendación 07/2008 es evidente a nueve años: ha habido al menos cuatro procesos de expulsión más, con el del lunes pasado. El gobierno de Jalisco no se ha manifestado públicamente, a tres días, acerca del conflicto.

SRN

40 mil ha de bosques de Jalisco, en riesgo por expansión aguacatera



El divorcio entre el desarrollo rural y el medio ambiente es evidente con el aguacate: bosques pueden ser arrasados al aplicarse a rajatabla recomendaciones oficiales.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Alrededor de 40 mil hectáreas que ocupan hoy bosque templado en Jalisco cumplen con los requisitos de la “receta ganadora” para alojar huertas de aguacate: una altitud de mil a dos mil metros sobre el nivel del mar, lluvias anuales de mil a dos mil milímetros, temperaturas de 17 a 24 grados centígrados, y suelos “de textura ligera” y profundos, bien drenados y con un ph (acidez) neutro.

El problema es que su transformación al exitoso cultivo que es campeón en exportaciones a Estados Unidos y la Unión Europea, llevaría a una pérdida ambiental de gran calado, pues las investigaciones más serias demuestran que además de destruir biodiversidad por tratarse de un monocultivo y de contaminar el agua por el uso de agroquímicos, una plantación aguacatera tiene un potencial de apenas un séptimo de la captura de carbono de los bosques de coníferas, es decir, no es una respuesta verdadera al cambio climático.

Un ejercicio solicitado por MILENIO JALISCO a consultores forestales, con base en la Monografía del Aguacate, publicación de la Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), fue usar datos del INEGI en mapas orográficos, hidrográficos, de clima y suelos, para definir altitud, precipitaciones, temperaturas promedio y suelos, y hacer un cruce con los elementos técnicos que ofrece tal monografía. El resultado es que 40 mil hectáreas de las cadenas montañosas del sur y el occidente del estado tienen la aptitud recomendada por la Sagarpa.

No obstante, en la monografía, la dependencia se cuida de los efectos que puedan tener sus consideraciones: “toda la información contenida en este documento no ofrece ningún tipo de recomendación para la toma de decisiones, su contenido tiene una finalidad exclusivamente informativa”, señala en la página 2.

Luego detalla los “requerimientos climáticos” del aguacate. En temperatura, “va de los 17 a 24 grados centígrados [°C], siendo la temperatura ideal en alrededor de 20°C, temperatura en la cual alcanza su óptimo desarrollo”.

En humedad, “el aguacate requiere regímenes pluviales de mil a dos mil milímetros de lluvia. Además, durante la época productiva, el riego localizado prolonga el periodo productivo, incrementando los rendimientos en alrededor de 30 por ciento y mejorando las cualidades organolépticas de los frutos”.

Respecto al suelo, “para sembrar el aguacate, el suelo más recomendado son los de textura ligera y profundos bien drenados con un pH neutro o ligeramente ácidos de 5.5 a 7. También, se pueden cultivar en suelos arcillosos o franco arcillosos, siempre que exista un buen drenaje. El exceso de humedad es un medio que provoca enfermedades de la raíz, fisiológicas y fúngicas”.

El terreno destinado al cultivo “debe contar con buena protección natural contra el viento, porque este puede producir daños como: rotura de ramas, raíz y caída del fruto, especialmente cuando están pequeños, además, el viento reduce la humedad, las flores se deshidratan e interfiere con la polinización”.



En el apartado 3, se detallan las normas oficiales mexicanas (NOM) y normas mexicanas (NMXs) aplicables para el cultivo aguacatero. “Derivado de la apertura comercial y los tratados de libre comercio, el gobierno y las empresas que deseaban exportar aguacate crearon la NOM de información comercial-etiquetado para productos agrícolas-aguacate que se plasmó en los envases. Fue el 14 de septiembre de 1998 cuando entró en vigor la NOM-128-SCFI-1998”.

Posteriormente “se elaboró la NMX-FF-016-2002 productos frescos no industrializados para uso humano, fruta fresca – aguacate. Se elaboró con el objetivo de establecer las especificaciones de calidad que debe cumplir el aguacate en su variedad Hass. Participaron diversos organismos, dependencias e instituciones en su elaboración”.

Con el objetivo de eliminar plagas en la producción de aguacate “se creó la NOM-066-FITO-2002, que tiene por objetivo el manejo fitosanitario y movilización del fruto y controlar el barrenador de hueso”.

No se alude en ningún momento al problema que la expansión aguacatera ha traído, primero a los bosques de Michoacán (líder mundial en producción de Persea americana), y luego a los de Jalisco, los cambios de uso de suelo forestal. No hay propuesta de emisión de normas para que los productores cumplan la ley, y ni siquiera se alude a la conveniencia (incluso comercial) de una certificación ambiental. Es un mundo ajeno totalmente a los planteamientos de la Sagarpa, la principal aportadora de subsidios a esta creciente economía agroindustrial, que ocupa casi 25 mil ha de superficie en las regiones sur y sureste de Jalisco, fundamentalmente.

“La coincidencia de condiciones agroclimáticas ha ocasionado un acelerado cambio de uso del suelo forestal a la producción de aguacate, al grado de provocar un gran deterioro de los ecosistemas forestales del estado de Michoacán, que se manifiesta en un proceso de deforestación de 500 ha anuales. Esto tiene implicaciones importantes, pues el bosque juega un papel fundamental en el balance hídrico a nivel de cuenca, el suministro de agua para diversos usos, la conservación del suelo y la provisión de servicios ambientales a la sociedad”, señala, analizando el caso del estado vecino, la publicación Impactos ambientales y socioeconómicos del cambio de uso del suelo forestal a huertos de aguacate en Michoacán, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).

“La complejidad del cultivo del aguacate por la gran extensión que ocupa […] su ciclo de producción, el uso de agroquímicos y el efecto sobre el entorno ambiental, hacen que este sistema-producto influya drásticamente en el cambio de uso del suelo y en el deterioro del medio ambiente. El cambio de uso del suelo y la deforestación son procesos que aumentan los gases de efecto invernadero y el cambio climático, por ello en la estrategia nacional de cambio climático se postula a la conservación de la cobertura vegetal y de los suelos como las opciones naturales para la captura de carbono. Los bosques capturan de cuatro a siete veces más carbono que los huertos de frutales más vigorosos, incluido el aguacate (Kerckhoffs y Reid, 2007). De acuerdo con estudios realizados en la zona forestal-aguacatera, se estima que la captura de carbono para Pinus douglasiana es de 222 toneladas por ha, mientras que en P. pseudostrobus varía de 216 a 237 t/ha”.

En ese estado, como en Jalisco, “la coincidencia de los requerimientos óptimos de altitud, temperatura y clima para el potencial ecológico de las especies forestales, principalmente Pinus leiophylla, P. douglasiana, P. oocarpa, P. michoacana y P. pseudostrobus, y los requerimientos óptimos del aguacate, explican en gran parte el fenómeno de la extensión de huertas a las áreas con vocación forestal”.

No obstante, “la conservación de la cobertura forestal y de los suelos es fundamental por sus impactos regionales en la biodiversidad, en la producción de agua, disminución de la erosión, captura de carbono y en la regulación del clima. Por ello se deberá detener la deforestación […] es indispensable integrar un plan de largo plazo de transición hacia la sustentabilidad en la producción de aguacate que coparticipe en el manejo adaptativo de los recursos de suelo, agua, flora y fauna, y que mitigue el cambio climático”.

Además, “que promueva el uso de tecnologías agroecológicas con base en una agricultura orgánica para el manejo de la fertilidad del suelo, y el uso de enemigos naturales para el control de plagas y maleza, que detengan y reviertan los impactos para la salud por las grandes cantidades de agroquímicos que se usan con el modelo actual de producción” (consultar en http://www.inifapcirne.gob.mx/Revistas/Archivos/libro_aguacate.pdf).

Ese ordenamiento territorial no se ha hecho de forma específica para el aguacate en Jalisco, y como la política de estímulos de la Sagarpa no señala de forma explícita las consideraciones ambientales, el riesgo es latente. “Jalisco deberá aprender de la experiencia de Michoacán, no queremos que se repita ese problema, los aguacateros deberían ser los primeros interesados en alcanzarlo”, señaló hace seis días, en su visita a Guadalajara, el procurador federal del ambiente, Guillermo Haro Bélchez.



-------------------------------------------------------

Claves

Tres recomendaciones

1 Aplicar la ley
“Desafortunadamente, la coincidencia de los requerimientos óptimos de altitud, temperatura, clima y precipitación para el potencial ecológico de las especies forestales y los requerimientos óptimos del aguacate, provocan el fenómeno de extensión de huertas en las áreas con vocación forestal, sin embargo, desde el punto de vista normativo, el proceso de cambio de uso de suelo de vocación forestal para establecer huertas debe regularse en los términos de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su reglamento en materia de impacto ambiental”

2 Zonificar
“La zonificación agroecológica es una herramienta importante para definir de manera ordenada el desarrollo de este cultivo, evitando el acelerado cambio de uso de suelo forestal producción de aguacate…”

3 Planeación a largo plazo
“Es indispensable integrar un plan a largo plazo de transición hacia la sustentabilidad en la producción de aguacate que participe en el manejo adaptativo de los recursos al suelo, que promueva el uso de tecnologías agroecológicas con base en una agricultura sustentable”

Fuente: zonificación agroecológica del aguacate, Oswaldo Campos Campos, Instituto Politécnico Nacional, 2012


miércoles, 6 de diciembre de 2017

Urgen a reunir 2 mil 500 firmas para plebiscito en Cerro del Cuatro



Vecinos deben entregar el próximo 10 de diciembre el expediente para que el IEPC dé paso a la votación sobre el destino de los espacios públicos de la montaña.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los habitantes del Cerro del Cuatro, la mayor elevación del área conurbada de Guadalajara, sitio de encuentro de los municipios de Guadalajara y Tlaquepaque, están hartos de no ser tomados en cuenta en las políticas de desarrollo urbano, pese a que existen desde hace más de diez años, normas específicas para evitar abundancia de fraccionamientos por encima de la capacidad de carga de la atmósfera, pues es la zona con el registro histórico de contaminación más largo en la ciudad.

Por ello, buscaron una figura legal de consulta que sea vinculante para la autoridad, y la encontraron en el plebiscito la respuesta. La pretensión es revocar dos cesiones de superficie pública, correspondientes al Parque Central, dado el grave problema de escasez de áreas verdes que tiene la zona, y la contaminación crónica que se respira.

Dice el artículo 402 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco: “1. Podrán solicitar plebiscito al Instituto Electoral: […] IV. Un número de ciudadanos jaliscienses antes de la ejecución de la obra pública o enajenación del patrimonio municipal, que represente cuando menos a: a) Un cinco por ciento de los inscritos en el Padrón Electoral en los municipios cuyo número de habitantes sea inferior a trescientos mil; o b) Un tres por ciento de los inscritos en el Padrón electoral en los municipios cuyo número de habitantes sea superior a trescientos mil”.

Mientras, la Ley de Participación Ciudadana del estado define: “Artículo 12. El plebiscito municipal, previsto en el Artículo 84 de la Constitución Política del Estado, podrán solicitarlo ante el Consejo Electoral: […] II. Los ciudadanos, dentro de los treinta días siguientes a la fecha del acuerdo de cabildo o antes de la realización del acto, que residan en el municipio y representen cuando menos a un cinco por ciento de los electores, en los municipios cuyo número de habitantes sea inferior a trescientos mil; y en los que excedan de esa cifra, bastará que lo solicite un tres por ciento de los electores”. Ese artículo 84 constitucional señala: “Los actos o disposiciones de carácter administrativo que impliquen la realización de obra pública o enajenación del patrimonio municipal, podrán ser sometidos previamente a la aprobación de la población municipal por medio del proceso de plebiscito”.

Juan Ramón Gutiérrez Puentes, integrante de Colonias Unidas por el Rescate del Cerro del Cuatro, AC, alertó sobre lo apretado del plazo otorgado: “nos acaban de notificar y contamos con cinco días a partir de hoy [martes 5 de diciembre] para reunir las 2,500 firmas, para someter a plebiscito la venta de dos terrenos en la parte alta del cerro del cuatro, antenas que nos generan riesgos de contraer cáncer, menos espacios públicos afectando a ciclistas dowhileros y deportistas, pero sobre todo la posibilidad de generar un bosque para recuperación ambiental como fue planeado por otras administraciones […] tenemos la oportunidad histórica de lograr el primer plebiscito y lograr que se logre poner a votación la voluntad de los habitantes de Tlaquepaque”.

Los centros donde se recaban firmas son los siguientes: Andador Parracio 2868, colonia Miravalle; Andador Diego Correa 4007 esquina Artes plásticas Sur, justo en esquina de la terminal del Minibus 358 Miravalle; Nicolás Enríquez 4169, entre avenida Artes Plásticas y Andador Pablo Picasso, colonia Miravalle; Constitución 364, entre Ignacio Mejía y Santos Degollado; calle Pitayos número 908 colonia Portillo López; Tepatitlán 12-B interior 101, colonia Fovisste Miravalle; casetas 1 y 2 del fraccionamiento Terralta; Abelardo Rodríguez 364, entre san Antonio y el alambrado, colonia Francisco I Madero (a 2 cuadras de la terminal del 52-A); Frontera 5569, colonia Cerro del Cuatro, entre Constitución y Cerro de las Campanas; Calle Virrey 32, colonia Jardines de Santa María, entre calles Tepexpan y Periférico; primera privada Tilma número 451 colonia Guadalupana en Tlaquepaque; Independencia 10, primer piso, oficina del Partido Verde Ecologista de México, zona centro, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; Leandro Valle 185-B entre Huertas y Venustiano Carranza, colonia Centro; José Antonio Torres 29, entre Javier Mina y Morelos, pueblo de Toluquilla; ferretería Comercial Tlaquepaque Hidalgo 370 en Tlaquepaque Centro, casi esquina Revolución (horario: Lunes a Viernes de 9 am a 6:30 pm Sábados de 9 a 2 pm); privada Naranja interior 1, entre Agua Amarilla y calle Naranja, colonia Paseos del Prado; avenida Agua Amarilla 2996 casi esquina con Ocho de Julio, colonia Paseos del Prado; calle Dragoncillo número 2899 cruza con Camelia Bálsamo y Ciña Candela, colonia Paseos del Prado; Plan de Ayala 3224 y 986, fraccionamiento Revolución; avenida López de Legaspi 1889 Residencial la Cruz, entre Indias y Bermudas (de 12:00 am a 7 pm).

GPE

Bautistas expulsados, y sus casas destruidas



Representante de esa iglesia narra cómo fueron los hechos en que se expulsó a 50 jehovistas y 25 bautistas de la aldea wixárika

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Martín Vázquez Mendoza, ministro de la iglesia Evangélica Bautista en la región Huichola, regresó ayer desde Puente de Camotlán a Tuxpan de Bolaños, el caserío donde habitaban sus correligionarios wixaritaris, expulsados en la víspera por el celo de los comuneros que ven en la presencia de la semilla cristiana pentecostal que representa esa iglesia, un desafío a sus “usos y costumbres” y un quiebre para su sociedad, celosa y largamente preservada de los extraños.

“Están destruyendo las casas”, comenta con serenidad al reportero que lo entrevista, por vía telefónica. Es un mensaje claro: no fueron expulsados por un tiempo. Ya no los quieren allí, aunque hayan nacido huicholes.

“El problema fue con dos grupos, los Testigos de Jehová, que son como 15 familias, unas 50 gentes, que expulsaron y se los llevaron por el rumbo de Bolaños, y nosotros de la iglesia evangélica bautista, o cristiana, que nos movimos a Puente de Camotlán; voy a ir ahorita por unos que se quedaron en Tuxpan, pero también a unos de nuestro grupo nos los llevaron a Bolaños, yo calculo en total de 20 a 25 gentes con todo y chiquillos”, refiere.

- ¿La asamblea se reunió y decidió su expulsión?
- No, esto no se tomó en la asamblea, ya lo habían decidido desde el año pasado en asamblea; dijeron que se trataba de tomar medidas de lo que había quedado pendiente, la otra vez que expulsaron a la otra parte de bautistas.

- ¿Y quién tomó ayer esa decisión?
- Yo creo que se tomó entre las autoridades agrarias y tradicionales […] es un buen grupo que se reúne, entre el presidente, el comisariado, el equipo agrario, el consejo de vigilancia, los gobernadores, en fin, toda la autoridad, y ya nomás llegaron y dijeron: saben que, pues ya, desalojen, y para evitar un brote de violencia nosotros obedecemos; en Tuxpan vivíamos en casas dispersas, y generalmente tienden a cierto barrio, tanto testigos como la iglesia evangelica, pero dispersos, no toda la gente vive cerquita.

- ¿Les dijeron que era porque no siguen su costumbre?
- Pues ya ni siquiera nos dijeron, nomás hagan el favor de salir.

- ¿Intimidadores, armados, o todo pacífico?
- Fue pacífico, pero con 100 o 150 gentes, por ahí es fácil que se intimide uno. Y de hecho la fiscalía, la policía, no quiso hacer nada por lo mismo; nosotros les pedimos apoyo, pero tuvieron miedo, creo […] que en un ratito iban, y nunca llegaron.

Vázquez Mendoza vio un patrón distinto en la medida de expulsión, a lo que había sucedido desde hace más de una década. “La otra vez fue nomás expulsar a las personas, váyanse y ya, pero todas sus pertenencias se quedaban y les respetaban las casas; ahora sacaron a la gente, sacaron sus cosas a la calle, y después se fueron contra las casas”.

Desconoce el representante cómo fue que se decidió mover al crucero Del Miguelón, al este, a los jehovistas, para bajarlo a Bolaños y que finalmente fueran recibidos por la comunidad de Testigos de Jehován de Villa Guerrero. Pero explica que ellos pidieron que los dejaran integrarse a la célula comunitaria que –fruto de otros desplazamientos- mantienen en el poblado nayarita de Puente de Camotlán, en el llamado “barrio Chino”. Entonces se movieron a la frontera estatal en sus trocas. Ayer sacaban sus últimos enseres domésticos y veían cómo se derrumbaban las fincas, que apenas dos días atrás, estaban inmersas en el bullicio de la cotidianidad.

“No nos dejan tomar fotos de los restos de las casas, nos prohíben todo eso, es muy difícil; tal vez personas ajenas tomaron fotos, pero nosotros no, nos tienen bien vigilados”.

Los bautistas, hasta la tarde de ayer, no habían recibido la visita de algún enviado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos o del gobierno del estado. Saben que están en medio de un conflicto complejo, porque la comunidad wixárika goza de una imagen y una influencia política notable en Jalisco, e incluso, en todo el país. Aunque, reflexionan con cierta perplejidad, ellos son aborígenes huicholes también, que pagan por haber decidido adorar a un Dios distinto al de sus ancestros.

Guardan silencio

Ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ni la Subsecretaría de Asuntos del Interior del gobierno de Jalisco, ni la Fiscalía General del estado, decidieron ayer algún comunicado oficial sobre la crisis religiosa-social que revive en la parte sur de la comunidad de Wuaut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán). Se espera que hoy se dé algún mensaje sobre el delicado conflicto entre los usos y costumbres y los derechos humanos básicos, que persiste en la zona.

SRN