lunes, 27 de marzo de 2017

Jalisco y Conagua ceden carreteras y caminos para acueducto a León



Las acciones de los gobiernos federal y estatal fortalecen el acueducto con cesión de bienes públicos de territorio de Jalisco; ejido reclama violación a amparo con ese procedimiento

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno de Jalisco han procedido a entregar superficie territorial del estado, fundamentalmente, el derecho de vía de decenas de kilómetros de caminos vecinales y carreteras, a la empresa Abengoa, para construir su proyecto de acueducto El Zapotillo-León, de 140 kilómetros, de los cuales, alrededor de 100 km son en este estado.

El problema es que se trata de derechos de vía federales o estatales para los que ni se ha acreditado el derecho a hacerlo, ni en el caso de los caminos de jurisdicción estatal, se ha consultado ni mucho menos obtenido autorización de los ayuntamientos respectivos o del Congreso del estado, pese a tratarse de bienes de dominio público.

El gobierno de Jalisco sostiene públicamente su apoyo para la conservación de los pueblos de la cañada del río Verde y apenas el pasado 22 de marzo, convocó a un gran “frente por el agua” para defender los derechos de Jalisco en el tema; pero fue la misma administración estatal en marcha la que entregó bienes territoriales (está documentalmente acreditado en el caso del municipio de Cañadas de Obregón) o no actuó contra las entregas de la Conagua de caminos que conectan a numerosas comunidades y rancherías de los municipios de Cañadas de Obregón, Valle de Guadalupe, San Juan de los Lagos, Jalostotitlán y Unión de San Antonio, las cuales tampoco fueron consultadas.

Pasar el acueducto por derechos de vía públicos es una opción que se construyó a raíz de la fuerte resistencia que el proyecto ha generado entre los agroproductores alteños, que ven en el acueducto un despojo de sus aguas y por ende, un atentado a sus intereses económicos y sociales, pues se trata de una región de lluvia escasa y alta productividad, sobre todo, pecuaria, que sería amenazada por esa escasez inducida.

El 7 de octubre de 2014, se emitió en la ciudad de México el acta de entrega “física y jurídica” de 66 por ciento del “derecho de vía y terrenos, así como ocupación de inmuebles, y que incluye todos los permisos y autorizaciones que el concesionario obtuvo para el uso y goce libre, temporal, pacífico y gratuito de los inmuebles distintos a los inmuebles del municipio de León”, es decir, los correspondientes a Jalisco. En el acto sólo estuvieron presentes la representación de la Conagua, José Elías Chedid Abraham, entonces de director general del organismo de cuenca Lerma Santiago Pacífico; el apoderado general de la empresa denominada Concesionara del Acueducto El Zapotillo SA de CV [filial de la española Abengoa], Joaquín Fernández de Piérola Marín, y dos representantes del consejo de administración del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León: Pedro Arnulfo González García y Óscar Ernesto Garza Romo, respectivamente, presidente y secretario del consejo directivo. Y si bien se trata de territorio de Jalisco, no existe una representación de este estado ni siquiera en calidad de testigo.

El documento está incorporado como prueba en un incidente recién promovido en relación a la posible violación de una suspensión de plano concedida por la justicia federal al ejido Agua de Obispo, que se ubica en San Juan de los Lagos, sobre el mismo asunto.

En esta suspensión se señala la imposibilidad de construir la infraestructura dentro del territorio ejidal. Eso no fue obstáculo para que la Conagua entregara los caminos vecinales de la zona, pese a que están reconocidos como parte de los bienes agrarios, y por tanto, son intocables en este proceso. El caso ya ha derivado en el citado “incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión” (juicio de amparo 1390/2014, Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo), que a juicio de la defensa del ejido, debería derivar en sanción para los servidores públicos inmiscuidos, esencialmente de la Conagua.

En este caso, la acción impugnada se realizó documentalmente tres meses después de que se otorgará la suspensión de plano a Agua de Obispo, la cual dejó claro que no se podía modificar el estado delos bienes en disputa mientras no se alcanzara una sentencia en el juicio de garantías.

Señala el abogado defensor, Alejandro López Aguayo: “… sin considerar la suspensión de plano que fue otorgada al núcleo ejidal quejoso, con fecha 7 de octubre de 2014, el maestro José Elías Chedid Abraham […] indebidamente hizo entrega de bienes inmuebles que son objeto de la medida suspensional otorgada en favor del ejido, pues forman parte de la propiedad del ejido protegida por dicha suspensión, e inclusive la descripción de los bienes afectados se hace conforme a los propios documentos presentados por la autoridad responsable, la Conagua, y en consecuencia se le priva al ejido, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios, inclusive lesionando al régimen jurídico agrario, pues sobre dichos bienes se pretende alojar la construcción del acueducto que llevará agua de la presa El Zapotillo a la ciudad de León, Guanajuato”.

Son terrenos “ubicados en el área de uso común del ejido, son caminos utilizados exclusivamente por los propios ejidatarios, caminos que en realidad son verdaderas servidumbres de paso[…] el ejido quejoso nunca ha dado autorización ni ha suscrito acuerdo alguno, ni firmado documento alguno, ni ha suscrito acto jurídico alguno” para permitir al funcionario de la Conagua decidir el destino de los bienes […] por lo que hasta ahora conocemos, tampoco existe expropiación o procedimiento expropiatorio alguno para poder disponer de dichos bienes, ni federal ni estatal, ni municipal, ni mucho menos concesión y/o permisos otorgados por el gobierno federal y/o el Ejecutivo del estado, para que Conagua dispusiera de dichos bienes y los entregara a la concesionaria…”.

En procedimientos de transparencia, los municipios de Valle de Guadalupe, Jalostotiltlán, Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos, han respondido a la defensa de Agua de Obispo en diversas fechas de febrero pasado, que no sólo desconocen de estas entregas de territorio municipal, sino que carecen de antecedentes documentales de las mismas o siquiera alguna petición expresa hecha por los gobiernos del estado o federal.

Y sin embargo, el gobierno de Aristóteles Sandoval tiene participación activa en la entrega de terrenos en un caso documentado: Cañadas de Obregón. El 1 de junio de 2016, el secretario de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) “otorga permiso para ejecutar trabajos de construcción ajenos al camino dentro del derecho de vía de la carretera estatal número 337 Cañadas de Obregón-Valle de Guadalupe”, según el oficio DCR/DV-013/06-16 firmado por el entonces titular de la cartera, Roberto Dávalos López.

Son obras “con el objeto de incrementar el servicio de agua potable a catorce municipios del estado de Jalisco y a la ciudad de León”, para, dentro del derecho de vía, “la construcción de un acueducto de 13.150 km en la margen izquierda de la carretera”. Así, más allá de los discursos políticos, el acueducto sigue en marcha con anuencia de Jalisco.



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CLAVES

El Verde, la disputa política

*El proyecto El Zapotillo se ha politizado, es decir, se ha convertido en un tema de alta controversia entre los actores políticos de Jalisco, y de discusión corriente entre los ciudadanos. La causa no es menor: se trata de una disputa por agua y territorio, que más allá de discursos localistas, tiene que ver con derechos al desarrollo de regiones completas, en este caso, Los Altos de Jalisco

*Los actores políticos de Guanajuato han sido consistentes en reclamar la parte de concesión de aguas que se le otorgaron a la ciudad de León, que asciende a 119 millones de m3 anuales, a extraer mediante un acueducto desde la presa El Zapotillo, terminada en 80 metros y paralizada legalmente desde 2014

*En Jalisco, están divididos. El gobierno del estado, cuyo titular, Aristóteles Sandoval Díaz, manifestó vía twitter en febrero de 2013 que no permitiría la inundación de Temacapulín efecto de una presa El Zapotillo a 105 metros ; que permitió la conformación de un observatorio ciudadano con fuerte base en la región de Los Altos, y poderes vinculantes; y que contrató una misión internacional que ha sido duramente cuestionada (Unops-Pnuma) y que debe arrojar luces sobre la decisión a tomar, es el mismo que ha combatido con recursos legales juicios de amparo de los defensores de Temaca y de los habitantes de Los Altos, y también ha entregado territorio estatal para la cuestionada obra del trasvase

*El grupo de presidentes municipales del área metropolitana de Guadalajara que lidera el alcalde tapatío Enrique Alfaro Ramírez bajo la sigla del Partido Movimiento Ciudadano, tras fuertes debates, se ha sumado a la exigencia de que el trasvase a León no se concrete, si bien, la falta de definición clara sobre su defensa de Temacapulín ocasionó una reacción desconfiada de los defensores del poblado

*El Grupo UdeG, que preside Raúl Padilla López –cuyos orígenes familiares están en San Juan de los Lagos- ha señalado de forma permanente durante los últimos dos años la inviabilidad del trasvase por los graves efectos que podría tener sobre la región de Los Altos, afectada por escasez crónica de agua y fuertemente amenazada por el cambio climático

MC

sábado, 25 de marzo de 2017

Decreto de ANP de sierra de Vallarta no debe detenerse



Juanita Delgado, investigadora y activista, señala que ejidos de la parte baja apoyan la iniciativa para frenar expansión inmobiliaria.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La oleada de amparos contra la consulta pública del área de protección hidrológica estatal Sierra de El Cuale no debe obligar a frenar el proyecto, pero sí a replantear su socialización de una forma más eficaz, incluida una serie de ofrecimientos concretos que haga que la alta montaña de Vallarta realmente perciba el beneficio de ese esquema, señala la investigadora de la UdeG y activista ambiental de la región, Juanita Delgado.

Participante en la elaboración del estudio técnico justificativo, la experta destaca que no se puede hablar de una rebelión general de las comunidades agrarias, que conforman 70 por ciento del polígono de 111 mil hectáreas a proteger. Se trata de ejidos de la montaña alta que son importantes porque allí nace el agua y es necesario integrarlos; pero los ejidos vallartenses, que de algún modo son los más expuestos a la especulación inmobiliaria del destino turístico, están perfectamente alineados al proceso.

“Yo lo veo preocupante, porque estar en un área natural protegida es una ventaja que no se ha logrado socializar entre todas las personas que son poseedoras de estos recursos […] son ejidos que han venido practicando programas que hasta la fecha, si no han sido un éxito rotundo, al menos sí un buen proceso; el hecho de que se estén amparando creo que es por una debilidad de socializar con ellos el beneficio que trae este tipo de decreto”, señala en entrevista con MILENIO JALISCO.

¿Ponen en riesgo estos amparos la posibilidad de generar un área natural protegida?
No creo que se ponga en riesgo porque hay una cantidad de ejidos que pertenecen a Vallarta, ocho, de la parte baja de la montaña, que están convencidos, que ya tienen años trabajando alternativas a lo que vienen siendo las actividades tradicionales, a las agropecuarias; han empujado proyectos ecoturísticos y la Conanp [Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas] y la Conafor [Comisión Nacional Forestal] los han apoyado con financiamiento, con capacitación, con viajes, incluso se han acreditado y certificado para echar a andar empresas […] con los amparos no se pone esto en riesgo, quizá ya no entrarían todos estos sitios de la montaña alta, que son estratégicos, porque está determinado el polígono con base en la cuenca hidrológica; entonces es fundamental que se siga protegiendo el buen manejo de la parte alta para que un área de protección hidrológica tenga sentido.

Es decir, la amenaza especulativa está abajo, y se logra contener…
Exacto, pero te voy a decir que hay un proyecto para la parte alta de la montaña, que es una amenaza todavía latente, arriba de Puerto Vallarta, pero es lógico que la presión inmobiliaria fuerte sea en los suelos pegados a la mancha urbana, pero los impactos no se reducen a lo inmobiliario: hay muchas empresas que son usuarias del bosque, que organizan recorridos en moto, en bici, en areneros, a caballo, en tour de vehículos, entonces hay mucha dinámica en corto, del uso y aprovechamiento de los recursos; yo he venido manejando la necesidad de que Puerto Vallarta se dé cuenta, sobre todo el sector empresarial, y la sociedad en general, de que sin contar con este recurso de la montaña corremos el riesgo de la disminución del agua y ante el cambio climático […] Vallarta se debe reconocer como el principal beneficiado, y le debe apostar económicamente a la montaña, debemos buscar una figura de soporte, y no solo económica, sino a procesos de capacitación, y de apertura de puntos de venta y posicionamiento de los productos que se elaboran en la parte alta de la montaña, generar un flujo para que esos productos se distribuyan en otras partes del país, mejores ingresos carreteros a la zona, que no queden aisladas en tiempos de lluvia. Es decir, que se liguen con Vallarta.

¿Realmente es ventaja ser parte de un área protegida y no sobrerregulación, como afirman?
Lo de la sobrerregulación es un discurso que han manejado técnicos que trabajan con los ejidos, pero yo no lo creo, empezando porque los permisos de aprovechamiento son federales y esta sería un área protegida estatal; además, la categoría de área de protección hidrológica no es restrictiva, y de hecho, muchos la ven laxa, sin zonas núcleo […] tener área protegida significa poder vigilar que no haya deterioro, y eso no debe preocupar si se hacen las cosas bien; y no sólo no es sobrerregular, estar en una ANP mejora el puntaje para alcanzar apoyos. Pero se debe informar muy bien de esto.

Es decir, es una ventaja verdadera.
Exacto, por eso decía que Puerto Vallarta debe asumir como ciudad este beneficio, a través de un fideicomiso o un fondo, que se recaude tal vez por SEAPAL, o de parte de las empresas que son usuarias, que contribuya para que la actividades que hay en la parte alta de la montaña mantengan el bosque.
Los empresarios, añade, “sí se reconocen como sujetos de beneficio de tener un área protegida de esta naturaleza; obviamente el contar con un decreto facilitaría las condicionantes de crear un fideicomiso o de crear fondos verdes, o algunas de las figuras que ya existen”.

Entonces no se debe detener el proceso de consulta y conformación del ANP.
Yo creo que hay que seguir adelante, junto o pegado a hacer ese proceso de socialización; creo que los ejidos, al saber lo que trae el área protegida podrían buscar desistirse después, o incluso un ejido como El Cuale, donde supuestamente se busca una reserva voluntaria –sorprende que no la logren, es un mecanismo sencillo-, destaco que eso refleja una voluntad de proteger […] creo que aquí ha sido un asunto de discrepancia, de egos, de no haberlos tomado en cuenta a tiempo, porque la Semadet dijo que había tenido talleres, faltó socializar más; no hace falta que comprendan, creo que necesitan terminar de dimensionar el beneficio.

De cualquier modo, añade, “la estrategia de tener el espacio de protección es porque se percibe esta área con mucha importancia, pero también porque tiene amenazas, no sólo proyectos inmobiliarios, sino de malos manejos y de falta de cumplimiento de la ley; ser ANP debe mejorar esas garantías de vigilar un recurso valioso, y puedo comprender que tengan temor, pero eso los va a beneficiar y los va a llevar a hacer las cosas bien".

GPE

viernes, 24 de marzo de 2017

Incendios forestales, ante el desafío del año más caliente



La Semadet alerta por las altas temperaturas, las secuelas de Patricia y los malos manejos de fuego en turismo y sector agropecuario.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El año 2017 pinta complicado climáticamente: se espera que una vez más, se rompa la marca histórica de calor, como ha sucedido a partir de 2014. Y en Jalisco, esa temperatura planetaria al alza, con las secuelas aún abiertas de los daños en selvas y bosques que produjo el huracán Patricia en 2015, y con problemas de control de actividades económicas o de recreación que propician el mal manejo del fuego, podría tener efectos desastrosos, reconoció la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Magdalena Ruiz Mejía.

“Si el sector agropecuario no cambia y ajusta estas prácticas inadecuadas de manejo de fuego, vamos a seguir con esta liberación de gases de efecto invernadero, a seguir deteriorando nuestros suelos, degradar nuestros bosques, y al abrir la frontera agropecuaria a costas de los espacios arbolados, también se generan desastres y riesgos, hay un efecto en cadena muy negativo”, dijo en entrevista con MILENIO JALISCO.

En el área de protección de flora y fauna Sierra de Quila, que abastece de agua a más de 200 mil personas de seis municipios, entre los que destacan Ameca, Tecolotlán y Cocula, la funcionaria acudió a la puesta formal en marcha de la campaña antiincendios, que contó con la presencia del gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, quien alertó sobre los efectos crecientes que presenta el cambio climático en Jalisco.

“En el año 2016, Jalisco registró uno de los años con mayor prolongación del periodo de estiaje, heladas atípicas, vientos con altas velocidades, condiciones que favorecen el desplazamiento explosivo del fuego en la vegetación forestal”, señala la publicación de la Semadet para los medios de comunicación. No es casualidad la estadística creciente desde 2014: se pasó de 442 eventos ese año, a 364 en 2015 y 991 en 2016; en superficie quemada el dato es más revelador: de 7,706 hectáreas de 2014, a 8,018.5 ha en 2015. 2016 multiplicó por más de 8 (es decir, arriba de 700 por ciento más) el dato: 68,264 ha, primer lugar nacional (ver edición del 9 de julio de 2016).

“Para este 2017 se pronostica humedad por debajo del promedio histórico, lo que implica un alto riesgo de incendios forestales. Hasta el 16 de marzo del presente año se han registrado 90 deflagraciones sobre 5,842 ha”. A la misma fecha, 2015 reportaba 74 incendios y 1,459.5 ha afectadas, y 2016, 164 eventos sobre 2,399 ha. La tendencia es superior a 100 por ciento para 2017.

El acto reunió a todo el sector ambiental federal y estatal, y a los municipios involucrados, en especial, Zapopan, que tiene una de las brigadas más modernas del país. La ausencia notable fue la del sector agropecuario, que encabezan la Secretaría de Agricultura y Ganadería (Sagarpa, federal) y la de Desarrollo Rural (estatal), no obstante que las actividades de ese sector pueden generan 45 por ciento de los daños por incendios. Tampoco estuvo el sector turismo, aunque paseantes son causantes de otro 45 por ciento.

Ruiz Mejía recordó que el fuego no se debe satanizar, sino manejar. Existe una norma oficial mexicana para quemas agropecuarias que poco se respeta (la NOM 015), y también una gran impunidad: si quemar un bosque no significa multas ni cárcel, no hay demasiados incentivos para evitarlo.

“Lo que haremos este año, y ya sentamos una mesa de trabajo donde están convocados la Seder y la Sagarpa, es evaluar lo que no funcione en el tema de comunicación en aplicación de esa norma y ver si estamos dando los incentivos correctos para que las actividades agropecuarias minimicen su impacto negativo con el fuego; también estamos sumando fuerzas para mantener lo que se llama la cadena de custodia respecto a la investigación y las evidencias de las causas de incendios, por eso están sumados los delegados de la Semarnat y de la Profepa, hay que fortalecer todo el tema de las denuncias, nos damos cuenta que debe estar con un alto nivel de coordinación institucional, al final el que fortalece esta cadena de custodia es el municipio, el que ratifica la denuncia del propietario
afectado”, agregó.



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ALGUNOS DATOS

Con un presupuesto de 35 millones de pesos que contrasta con el que se recibió en 2013, de apenas 8 millones de pesos, Jalisco pretende hacer frente a los desafíos de la temporada de sequías en bosques y selvas.

Desde noviembre de 2016 a febrero de 2017 se trabajó de manera coordinada con las áreas naturales protegidas en diferentes acciones de prevención: 344 kilómetros de brechas cortafuego y líneas negras; 170 kilómetros de brechas preexistentes con mantenimiento; 95 km de caminos forestales renovados; 20 hectáreas con quemas controladas; 166.5 kilómetros con mantenimiento de derecho de vía.

También: rehabilitación y construcción de diez helipistas; reuniones internas de coordinación, cursos básicos especializados y reuniones de coordinación con el comité Estatal de Manejo del Fuego.

El gobierno de Jalisco, la Conafor y los voluntarios suman 557 brigadistas y torreros forestales capacitados y equipados, distribuidos en 55 brigadas y 18 torres de detección de incendios.

GPE

4 ejidos ya impugnan consulta de ANP de Vallarta exitosamente



Colegiados corrigen una resolución y confirman otra; el gobierno del estado no ha ganado ninguna impugnación.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Sigue la batalla legal por la viabilidad del área de protección hidrológica Sierra de El Cuale, la región montañosa que rodea y provee servicios ambientales a Puerto Vallarta; el gobierno de Jalisco ha perdido hasta ahora todos los frentes de impugnación, contra los ejidos El Cuale y San Andrés, además de que en segunda instancia, se concedió suspensión de plano al ejido Emiliano Zapata de Cabo Corrientes.

De este modo, se han confirmado suspensiones de plano para los ejidos de El Cuale, San Andrés, Zapotán y Emiliano Zapata, lo que significa una merma territorial de unas 30 mil hectáreas, contra un polígono propuesto de 111 mil ha, aproximadamente.

Las novedades judiciales son la determinación del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que resolvió favorable al ejido Emiliano Zapata, de Cabo Corrientes, una queja contra el juez primero de distrito, que había negado la suspensión de plano al núcleo agrario. Por otro lado, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, resolvió contra el gobierno de Jalisco su queja 96/2017 contra la suspensión concedida al ejido San Andrés, de Talpa, en el amparo 791/2017-VII, por el juez séptimo de distrito. Esto significa que todos los frentes han sido victoriosos contra los ejidos rebeldes.

El primer caso es ilustrativo, porque los magistrados plantean dudas sobre la legitimidad del proceso de creación de ANP, aunque reconocen que eso es materia del fondo del juicio.

Es la queja 89/2017 del amparo 882/2017: "...es incuestionable que la declaratoria de dicha área protegida es susceptible de traer como consecuencia una restricción en el uso de las tierras ejidales que a través del amparo solicitado se pretenden defender, en tanto que en las mil quinientas tres punto cuarenta y cuatro hectáreas inmersas en aquélla, de decretarse como parte del área natural protegida, se podrán establecer restricciones de usos de suelo, lo que invariablemente implicará una afectación del disfrute de las mismas".

De ahí "que como los actos reclamados pueden tener como efecto la privación parcial del uso o disfrute de tierras que defiende el comisariado quejoso, se surte la hipótesis que prevé el artículo 126 de la Ley de Amparo para la procedencia de la suspensión de plano del acto reclamado, pues como ya se precisó, para aplicar o decretar dicha medida, basta que del escrito inicial de demanda, así como de las constancias existentes en autos, se desprenda el indicio de que el sujeto colectivo de derecho agrario se encuentra en tal hipótesis normativa para que el juez de constitucionalidad proceda a conceder la medida cautelar de que se trata".

Así, "al no haberlo estimado así, el resolutor [sic] federal incurre en una inexacta interpretación del artículo 126 de la Ley de Amparo, lo que motiva a declarar fundado el presente recurso de queja para el efecto de dejar insubsistente en el auto recurrido la orden de apertura del incidente de suspensión, así como para conceder la suspensión de oficio y de plano a los promoventes del comisariado ejidal quejoso, quienes acreditan su carácter...".

El efecto "de tal medida cautelar es para que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran y, por tanto, no se prive al ejido quejoso, en forma total o parcial, temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios sobre la superficie descrita en la demanda", concluyen.

De este modo, con cuatro ejidos en contra del proceso, la iniciativa de área natural protegida vive momentos dífíciles.

SRN

Cuando el agua ejerce su memoria desastrosa



Las nuevas ciudades perdidas tienen visos de legalidad, pero problemas serios por haber sido enclavadas sobre lechos de arroyos o de presas.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Aurelia está preocupada permanentemente por las pandillas, los robos, la venta de drogas, los cadáveres abandonados en las orillas, las muchachas que son acosadas en las calles de La Noria, en Tlajomulco de Zúñiga.

Pero cada mes de junio, también recuerda al pardo y hosco dios de los Cuatro Cuartetos de Eliott: el agua de lluvia alimenta la corriente de temporal sobre la que se asienta el sórdido caserío, y memoriosa de sus señoríos estacionales, se adueña de todo, mezclada con el drenaje maloliente; penetra en las casas y derrota los desniveles que pretenden burlarla; devora mobiliario, extiende pestilencia y enfermedad. En cuestión de horas arrasa con el patrimonio siempre rudimentario, más útil que valioso. "...siempre al acecho, a la espera, velando", recitaría con improbable pericia la nativa de Cuexcomatitlán, al pie de la laguna de Cajititlán, llegada con el sueño de propiedad y trabajo, mitología bicéfala que se da rudos golpes contra una modernidad averiada.

"Aquí era una tierra de cultivo, se supone que no se inundaba, y yo creo que dejaron al agua sin salida, por eso se la pasan haciendo canales todos los años; una vez se cayó una niña, hace como cuatro años, se electrocutó, andaba descalza, tragó y tragó agua y se quedó flotando, hasta que la sacaron con un palo, por suerte no se murió; pero al año siguiente una señora paso por ahí también y se electrocutó, traía sus chanclas, pero como hay muchas alcantarillas, se asomó porque su esposo no llegaba todavía y estaba preocupada, pero un cable con corriente la jaló, ella sí se murió, andaban por aquí unos tractores, fue algo horrible...".

La mujer de la tienda asiente con la cabeza mientras escucha el testimonio. Es la zona más baja de La Noria, con una terminal de autobuses polvorienta, un sol que cae sofocante, basura en cada esquina. "A veces con una sola lluvia tenemos; todo lo que lleva, y se hace una pestilencia, se va al hoyo, luego se seca, y es pura infección. Han venido dizque a arreglar, pero todo sigue igual".

A Aurelia y su marido Pedro, carpintero de profesión, les tocó perder hace apenas dos años, lo más valioso: el refrigerador. Les dieron un apoyo, pero debieron completar. "Siempre se mete, pero esa vez se metió más agua, atravesó todo esto –señala un bordo de cemento de unos 40 centímetros de alto-, y luego tuvimos que destapar porque no llegaban los bomberos, se atoraron unos tubos [...] ese día se reventó una presa, el agua luego luego se va, dura una o dos horas, pero con tanta agua nomás no se retiraba. Es que hay muchas anormalidades aquí, ojalá nos apoyaran porque esta para llorar, le dicen la tierra del olvido", protesta irónica.

Los fraccionamientos que se ubican sobre lechos de arroyos y ríos, que no respetan partes bajas de cuencas, y que incluso invaden vasos y bordos que usaba la agricultura hoy incosteable y borrada por los millones del boom inmobiliario de Tlajomulco.

Pero son apenas el último capítulo de un modelo de negocios de más de 60 años de data, que ha convertido al área metropolitana en una trampa mortal. Cada año, según cálculos del SIAPA –que sólo abastece a una parte de la mancha urbana- y de los propios ayuntamientos, las pérdidas que se acumulan rondan 100 millones de pesos en muebles y autos, mientras los muertos suelen rebasar diez, como la infeliz mujer de La Noria.

"Las inundaciones o anegamientos actualmente abarcan más superficie, se registran mayores calados (alturas) y velocidad. El aumento de la peligrosidad no solamente se relaciona con la intensidad y la recurrencia [patrón de precipitaciones] sino también con las alteraciones del ciclo del agua por la impermeabilización, las intervenciones y la construcción de infraestructura que pretende sustituir las funciones naturales", explican los investigadores de la UdeG, Luis Valdivia Ornelas y María del Rocío Castillo Aja (Los peligros naturales en Jalisco, estudio histórico de sus impactos territoriales, 2014).

De este modo, "la urbanización del agua [sic] altera las vías naturales del drenaje, contamina los recursos del agua e incrementa la erosión", agregan. Por ejemplo, en la zona de Atemajac-Tesistán, donde se ubica la ciudad consolidada que atiende el SIAPA, la red de colectores se estima que sólo conduce 30 por ciento del agua que llueve, y si a eso se agrega que la recarga al subsuelo es mínima, ello explica porque hay tanta agua en algunos momentos críticos sobre la superficie.

Los asentamientos del boom inmobiliario de Tlajomulco ilustran bien el problema: un par de bordos que formaba parte de la red hidrográfica, El Cuervo y Benito Villaseñor, están en franca desaparición, además de que los arroyos son borrados y se ubica vivienda en partes bajas. Esto explica las tribulaciones frecuentes en La Fortuna, Lomas del Sur y Eucalipto, vecinos de La Noria.

"Llevamos aquí cuatro años y en tres ocasiones se ha inundado; todas las veces se mete a la casa y nos echa a perder los muebles", dice una adolescente tras explicar que su madre Rosario Cienfuegos, no está. "...como que el agua acá hace su centro, pero viene de otros fraccionamientos; cuando fue el huracán Patricia fue más fuerte [...] le dieron una lavadora a mi mamá".

No se vive bien en estas ciudades perdidas, aunque más o menos legales, de la periferia urbana. El acoso de la delincuencia, las narcotienditas, el robo de luminarias, el vandalismo, obliga a vecinos a organizarse. Así hace en La Fortuna don Julio Cruz Gómez, orgulloso de su pequeño parque que riega con devoción en tiempos de sequía, y que tiene el acuerdo de todos sus aledaños. Impulsa el futbol en la colonia, y pide la presencia constante de patrullas, pero desde que Ismael del Toro dejó la alcaldía, se siente abandonado.

Será por eso que a últimas fechas tiran cadáveres en el canal de la orilla, "nomás nos están quemado", dice irritado ante la merma de reputación social este ex vecino de Polanco, en Guadalajara.

En La Noria, no la pasan mejor. Les piden poner denuncias, y no solamente no pasa nada, "sino que después sale por ahí el nombre de quien denunció, imagínese los riesgos que corremos", exclama la señora del tendejón pegado a la glorieta de los camiones, interesada en la pausada conversación de la inefable Aurelia de tez rolliza y ojos calmos.

Entre esas tribulaciones pasan sus vidas, y llegan a olvidar al dios pardo del agua mestiza de las lluvias y las cañerías, que acude a la cita cada verano, "fiel a sus estaciones y sus cóleras, / destructor que recuerda / Cuanto prefieren olvidar los humanos...". (Cuatro cuartetos, TS Elliot).

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Claves

Urbanización desastrosa

Siete datos que explican los problemas de inundación al sur del AMG

1 La cuenca de El Ahogado, de 510 kilómetros cuadrados de superficie, tiene ya urbanizados de forma definitiva 117 km2, pero existe el riesgo de que en pocos años, esa superficie crezca a más del doble, sobre 250 km2, según las autorizaciones que están vigentes en los cinco municipios que la conforman

2 Buena parte de ese desarrollo sería sobre una zona de alto riesgo sobre todo en el tema de inundaciones, lo que obliga a las autoridades a definir densidades adecuadas y obras de infraestructuras que prevengan daños patrimoniales y en vidas humanas que se han padecido en la historia reciente

 3La superficie que ocupa el uso habitacional existente en toda la cuenca es de 14.8 por ciento, pero el autorizado en los planes parciales le da la posibilidad de aumentar a poco más de 28 por ciento. Si se suman los desarrollos y reservas de industria y comercio, y todas las reservas de mediano plazo, el dato se acerca a 50 por ciento de la demarcación

4 La reserva verde existente hoy en toda la cuenca es 61.9 por ciento de la superficie, y se reducirá a 43.1 por ciento en el caso de que todo lo que está previsto en los planes parciales se ejecute

5 En 2005 había en la zona 798,619 habitantes, con un total de 172,680 viviendas; en 2010, se registraron 986 mil habitantes, aunque los pormenores del censo no han sido entregados por el Inegi. Es un crecimiento superior a 22 por ciento en cinco años, aunque varía considerablemente de municipio a municipio

6 La cuenca El Ahogado se ha dividido en trece subcuencas: que a su vez se dividen en diversas microcuencas. Las trece son: Arroyo de Enmedio, Las Juntas, El Maleno, El Cuervo, El Mulato, El Guayabo, La Teja, Arroyo Seco, La Rusia, El Cuervo de Abajo, y tres subcuencas de la presa El Ahogado: directa, propia y Salida de presas

7 Uno de los problemas más serios que debe afrontar el desarrollo urbano de la zona es que sus terrenos tienen pendientes casi nulas, en 60 por ciento de la superficie, lo que lleva a que el agua permanezca mucho tiempo estancada; en le caso de las pendientes altas (al norte y al oeste de la demarcación), el agua que allí cae baja rápidamente a la planicie y la satura durante periodos prolongados.

SRN


Semadet niega información del Verde, acusan



De hecho, el trabajo de la Unops obliga a la entrega parcial de información en dos ocasiones, de las cuales, sólo una se ha cumplido.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los colectivos que apoyan la preservación de los pueblos de la cañada del río Verde, denunciaron la opacidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), al negarse a proporcionar información parcial del trabajo que realiza la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) en esa cuenca alteña.

"El pasado 10 de febrero, la Semadet, en un acto contradictorio al derecho de acceso a la información pública, nos reservó por un año, 'la información que se está generando' respecto a los estudios pagados con recursos públicos, que realiza la UNOPS-PNUMA sobre el agua en la región de la Cuenca del Río Verde. Su fundamento es 'la preocupación' del mal uso, o la mala interpretación que se le pueda dar a la información con fines de terrorismo, rebeldía o atente contra la seguridad de personas, miembros de la UNOPS y del Estado, por tratarse de un estudio no concluido", señalaron en un comunicado emitido en el contexto del Día Mundial del Agua.

"En los alegatos, la Semadet argumenta de un 'Organismo Internacional' que validará el estudio, no es claro y no se menciona este organismo en el acta de reserva original. Nos preocupa que a unas semanas de finalizado el estudio no se esté trasparentando sus avances y sus resultados sea reservar y restringir por el periodo de un año", agregan.

De hecho, el trabajo de la Unops obliga a la entrega parcial de información en dos ocasiones, de las cuales, sólo una se ha cumplido. El próximo mes de abril se espera la entrega de información completa, con base en la cual, el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, se ha comprometido a emitir la postura formal de su gobierno en el tema.

MILENIO JALISCO consultó a la dependencia para que ejerciera su derecho de réplica en el asunto, pero no obtuvo respuesta.

SRN

jueves, 23 de marzo de 2017

Nueva suspensión impide las obras en Ángel Leaño



Suman ya dos suspensiones promovidas por la defensa legal del Comité Salvabosque, el cual denuncia los compromisos inmobiliarios del alcalde zapopano.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Una segunda suspensión judicial ha sido emitida sobre el proyecto de modernización de la avenida Ángel Leaño, en las inmediaciones del bosque El Nixticuil. Se trata del expediente 806/2017, en cuyo contexto, el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo determinó entregar una suspensión provisional, aunque enmarcada en la prevención de los daños al área natural protegida.

"Se concede la medida cautelar para el efecto de que, las autoridades responsables verifiquen que, de continuar el desarrollo de la obra en la multicitada área natural protegida, durante su ejecución, no se realice afectación alguna a la flora y la fauna que habita el lugar, debiendo evitar la tala de árboles y sustraer material geológico; asimismo, se deberán salvaguardar los recursos hidrológicos de la zona, lo que implica abstenerse del uso o explotación de aguas nacionales superficiales o del subsuelo, así como verter cualquier tipo de desecho a dichas cuencas, que se genere con motivo de la obra a desarrollar", señala la resolución, emitida el pasado viernes 17 de marzo.

Este amparo ha sido promovido también a instancias del Comité Salvabosque, que defiende desde 2008 al sitiado bosque del norte de la ciudad, en medio de numerosas proyecciones inmobiliarias que amenazan a largo plazo su conservación.

De este modo, sus efectos se unenn a los que determinó el juez octavo de distrito en Materia Administrativa y del trabajo, que otorgó la primera "suspensión provisional" que impide modificar la zona, de acuerdo al auto emitido el 15 de marzo en el marco del juicio de amparo 820/2017.

La defensa del Nixticuil prepara la eventual queja o recurso de revisión que pudiera interponer el Ayuntamiento de Zapoipan, promotor de la obra, en contra de los dos amparos, pero hasta ayer no se había hecho del conocimiento la interposición de alguna medida de impugnación.

De forma paralela, corren negociaciones entrer algunos grupos opositores al proyecto de cuatro carriles, y la autoridad municipal, pero no del Salvabosque, que mientras mantenga las suspensiones vigentes, mantendrá frenada cualquier posibilidad.

El Salvabosque denunció en la víspera esas negociaciones, un "acuerdo oculto para ampliación de avenida Ángel Leaño a tres carriles. Durante el fin de semana se nos informó sobre una reunión llevada a cabo el viernes diecisiete de marzo en el palacio municipal entre Pablo Lemus y Harold Dutton, en el que el alcalde de Zapopan le presentó un 'nuevo proyecto' [...] en el que se contempla la ampliación a tres carriles con empedrado en el tramo que atraviesa el área natural protegida del bosque El Nixticuil. [...] En la misma reunión, Lemus desestimó la suspensión que nos concedió el juez octavo de distrito, señalando que la 'tumbaría entre el martes y miércoles de esta semana".

Salvabosque aclara: "nuestra organización no respalda tampoco un proyecto de tres carriles, pues este contempla los mismos diecisiete metros de ancho que contemplaba el de cuatro carriles y restringe nuevamente el área de amortiguamiento entre la avenida y el bosque. La única opción viable ecológica y socialmente, es la rehabilitación de los dos carriles existentes. La tendencia mundial para la protección de reservas naturales está dirigida a acrecentar las franjas de amortiguamiento, para reducir los efectos de borde entre la urbanización y los ecosistemas, no a reducirlas como pretende el gobierno de Zapopan".

Finalmente: "repudiamos la postura autoritaria que mantiene el alcalde Pablo Lemus, en la que solo sirve a los intereses inmobiliarios. El gobierno de Lemus no está atendiendo el interés, las necesidades y voces de todos los sectores. El gobierno inmobiliario de Pablo Lemus está imponiendo la agenda de las constructoras como Tierra y Armonía y GIG que pertenecen a familiares y amigos de Enrique Alfaro".

SRN