martes, 17 de octubre de 2017

Guadalajara niega que vaya a privatizar equipamientos



El ayuntamiento asegura que no puede haber equipamiento en predios privados, pero leyes estatales y federales, e incluso municipales, no lo impiden.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Ayuntamiento de Guadalajara asegura que no pretende cambiar "la vocación" de 101 predios del distrito 1 del municipio, de público a privado, bajo el argumento de que solamente dos son propiedades municipales que serán puestas a la venta.

Aunque la sustancia del reclamo de asociaciones vecinales ligadas al Parlamento de Colonias, que MILENIO JALISCO expuso ayer y contrapesó con la respuesta de la Coordinación de Gestión Integral de Ciudad, es que se trata de cambios de uso y no de enajenaciones de bienes públicos, la Dirección de Comunicación Institucional de Guadalajara envió a este diario un texto en que descalifica las críticas a los nuevos planes parciales por parte de la asociación civil y asegura que se trata de "extorsionadores profesionales" cuya postura no debería ser dada a conocer a la opinión pública.

El eje del argumento de la autoridad municipal, que fue dado a conocer de forma extensa en la edición de ayer de este diario, es que del resto de los predios (101 reconocidos inicialmente, 100 ayer), 34 son errores que deben ser ajustados (aunque son ostensibles en los 10 planes parciales disponibles para consulta), lo que baja a 66 los casos controvertidos: 38 serían predios privados "que contaban con una clasificación de predio público" aunque son privados; 10 eran de origen predios privados mal clasificados, 12 pertenecen al gobierno del estado y uno es de la Universidad de Guadalajara, cuyos cambios a uso privado se hacen por petición de esas instituciones. Tres predios más están sujetos a revisión.

Pero el eje del debate no es la privatización de bienes públicos, sino los cambios de uso. Guadalajara lo justifica con una definición de equipamiento "que marca la legislación estatal y federal", sin precisar la fuente: "son zonas que contienen usos destinados a proporcionar servicios de bienestar social a la población en predios públicos de acceso controlado según su población objetivo". La fuente de esa definición es el artículo 18, inciso IV, del Reglamento para la gestión integral del municipio de Guadalajara, pero se trata de una norma que es contradictoria, pues el artículo 39 de la misma plantea la posibilidad de que sea en predios privados. "En el caso de edificación de nuevo Equipamiento, ya sea público o privado...".

El Código Urbano del estado de Jalisco, artículo 5, define equipamiento urbano: "XXXV. Equipamiento urbano: El conjunto de inmuebles, construcciones, instalaciones y mobiliario, utilizados para prestar a la población los servicios urbanos y desarrollar las actividades económicas".

Y en el tema de legislaciones federales, el Código Penal federal, artículo 224, define equipamiento urbano (a propósito de los delitos que se puedan cometer en contra): "Se entiende por equipamiento urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario urbano, destinados a prestar a la población servicios públicos, de administración pública, de educación y cultura; de comercio, de salud y asistencia; de deporte y de recreación, de traslado y de transporte y otros, para satisfacer sus necesidades y su bienestar"

Es decir, en las legislaciones del ámbito federal y estatal, no se restringen a predios de origen privado la calidad de "equipamiento". Sólo el reglamento tapatío, cuya última reforma fue promovida por la actual administración (sesión ordinaria celebrada el 30 de junio del 2016, promulgado el 30 de junio del 2016 y publicado el 16 de julio del 2016 en el Suplemento Tomo IV, Ejemplar 6, Año 99 de la Gaceta Municipal).

Es decir, se trata de un debate abierto. Mientras el municipio lo encuentra justificado por el propio Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet), y por el planteamiento de orientar la densificación a los corredores de movilidad intensiva, diversos actores ven con recelo y preocupación el proceso de cambios.

"Lo del cambio de uso de equipamiento, institucional, a comercial y servicios es lo más cuestionable. El uso de equipamiento o institucional no tiene que ver con quien es el propietario", dijo ayer en MILENIO RADIO el urbanista Salvador Dueñas.

SRN

Naturaleza y alimentos, en crisis de extinción



Jalisco es sede de discusiones sobre el desafío de conservar el capital natural pese a las crisis alimentarias que traerá el cambio climático.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

En materia de alimentación, no existe el hombre artificial, si por ello se entiende el que su avanzada tecnología habría desligado de su dependencia alimentaria de la naturaleza. Por eso, una crisis de diversidad biológica asociada al aumento de las temperaturas promedio como la que vive la Tierra en la actualidad, tarde o temprano repercutirá en la salud, la calidad de vida e incluso la viabilidad de amplias regiones del planeta humano. Y eso es lo que se discute desde ayer en el Simposio internacional de recursos genéticos para las Américas y el Caribe, en esta ciudad.

Según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), “alrededor de siete mil especies de plantas se han cultivado desde que el hombre comenzó la agricultura”, quizás hace once mil años. Sin embargo, “el día de hoy, sólo 30 cultivos proporcionan aproximadamente 90 por ciento de las necesidades de energía alimenticia de la población mundial, con el trigo, el arroz y el maíz por sí mismos proporcionando aproximadamente la mitad del suministro de energía alimenticia consumida a nivel mundial”, señala una publicación de la Secretaría del Convenio sobre la diversidad biológica (La Biodiversidad y la Agricultura: Salvaguardando la biodiversidad y asegurando alimentación para el mundo. Montreal, 56 páginas, en https://www.cbd.int/doc/bioday/2008/ibd-2008-booklet-es.pdf).

Además, “de la cifra estimada de 15 mil especies de mamíferos y aves, sólo de 30 a 40 se han domesticado para la producción de alimentos y menos de 14 especies—incluyendo el ganado, las cabras, las ovejas, los búfalos y las gallinas—representan 90 por ciento de la producción mundial de ganado. En las últimas décadas se ha producido dentro de estas especies una erosión genética alarmante. Datos de la FAO indican que durante los últimos seis años, cada mes desaparece una raza”, añade.

La gran diversidad de plantas “que durante milenios se han seleccionado y cultivado, y los animales que han sido domesticados y criados, constituyen la base de los recursos genéticos recursos genéticos que los agricultores, ganaderos, y otros agrónomos podrán recurrir ahora y en el futuro. La biodiversidad agrícola es el resultado tanto de una selección humana como de la naturaleza. Su conservación depende de una administración adecuada y del uso sostenible. La diversidad de especies, variedades vegetales, y de la ganadería, han tanto permitido como soportado los asentamientos humanos y la producción agrícola en la mayoría de las eco-zonas climáticas de la Tierra, bloqueando al medio ambiente extremoso muy frío o muy seco. Esta diversidad de los cultivos y el ganado es también importante para permitir una dieta equilibrada y nutritiva”, sostiene ese documento. Y es el tema presente en la discusión de Guadalajara: combatir la hambruna sin agotar la biodiversidad.

¿Cómo se cruza con el tema de cambio climático? Porque el cambio drástico de temperatura no da tiempo a la adaptación a muchas especies, sobre todo las más especializadas, que dependen de fuentes limitadas de alimentos, en el caso de animales, o de condiciones ecosistémicas especiales, como los bosques mesófilos de montaña.

Los cambios en los patrones de clima generarán el colapso de regiones productivas, lo que vaticina una escasez de alimentos al perderse tierra fértil, reducirse el agua precipitada y no disponerse de especies adaptadas. Es un reto para la ciencia, la tecnología, y la resiliencia de las sociedades, sostuvo en su ponencia magistral Irene Hoffmann, secretaria de la Comisión de Recursos Genéticos de la FAO.

“El combate del hambre y la desnutrición son prioridades de la comisión, y el principal desafío para la segunda mitad del siglo XXI es la seguridad alimentaria, sobre todo en contextos de flujos migratorios”, añadió.

La reunión fue inaugurada por el gobernador Aristóteles Sandoval y el rector de la UdeG, Tonatiuh Bravo. “La gravedad de esta situación requiere de medidas efectivas y urgentes que detengan la extinción de especies, aseguren la diversidad de la vida en el planeta y contribuyan al bienestar social y a la erradicación de la pobreza [...] estos recursos se están perdiendo de forma alarmante debido a factores socioeconómicos y medioambientales, entre los que sobresalen el crecimiento demográfico y el cambio climático”, sostuvo Bravo Padilla.

Sandoval Díaz recordó que la agencia internacional de ONU ha señalado que si no se incrementa la productividad del campo y su calidad, aparecerá el fantasma del desabasto en 2050. Jalisco, “gigante alimentario” de México, tiene un reto mayor: los éxitos de sus cultivos y su ganadería destruyen a tasas aceleradas bosques, selvas y otros ecosistemas naturales.

Cómo conciliar lo parece opuesto, es justo el reto de la reunión que sigue hoy y mañana en tierras neogallegas.

SRN

lunes, 16 de octubre de 2017

Agua subterránea, urge ley y un Servicio Hidrogeológico Nacional



El agua del subsuelo es la clave para el desarrollo futuro del país y la preservación de derechos, sostiene iniciativa

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

No se puede mantener en la opacidad el tema de las aguas subterráneas, ante la importancia que tendrá ese recurso de cara al futuro de México: garantizar su calidad pública y la posibilidad de que sea base para que se satisfaga el derecho de acceso que marca el artículo 4 de la constitución, destaca la importancia de la nueva ley, vertebrada a un Servicio Hidrogeológico Nacional que le pueda dar sentido.

La Ley de Agua Subterránea fue propuesta y redactada por científicos de la UNAM, pero ha sido minimizada en el debate general de la transformación del sector agua, señalan sus promotores.

Plantea un vuelco en la forma de ver al agua del subsuelo, 97 por ciento de las existencias de agua dulce en el país. “El conocimiento del sistema de flujo y su funcionamiento, permitiría estimar la capacidad de respuesta a la extracción y con ello ajustar y actualizar las concesiones y asignaciones a la oferta real de agua subterránea, a los impactos ambientales involucrados a controlar, y a las prioridades nacionales […] esto permitiría actualizar los decretos de veda, reserva y de zonas reglamentadas” (ver http://www.publicaciones.igg.unam.mx/index.php/ig/catalog/download/102/97/301-1?inline=1).

“El principio fundamental en el que se basa la regulación del agua subterránea es en el funcionamiento de los sistemas de flujo. Por eso es necesario establecer medidas de control y de monitoreo, tanto de la cantidad como de la calidad delagua subterránea, y así estar en disposición de conocer las alteraciones en la calidad físico-química, radiactiva y bacteriológica del agua subterránea, la dinámica de los sistemas de flujo, las condiciones de recarga, de tránsito, el tiempo de residencia y condiciones de descarga”, añade.

En ese sentido, “para establecer el régimen jurídico de las aguas nacionales del subsuelo, se requiere reglamentar los artículos 4, párrafos quinto y sexto; 25, 26 y 27, párrafos tercero y quinto; 28, 116 y 124. Así, existiría un fundamento constitucional al control de la extracción del agua subterránea, su protección y preservación con disposiciones de interés público, atendiendo al funcionamiento de sus sistemas de flujo”.

También obliga a reformar la Ley de Aguas Nacionales, y un eje es la conformación del Servicio Hidrogeológico Nacional “como la instancia autónoma de gestión, dirección y programación, responsable de la ejecución de programas y acciones específicas en materia de agua subterránea, así como de la profesionalización, capacitación y asistencia técnica. Estará dirigido por un Consejo Técnico nombrado por el Ejecutivo Federal”.

A la par, “se generan mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que, actualmente no se tienen, en la regulación del agua subterránea, informando al Congreso de la Unión trimestralmente de actividades, programas y avances físicos y financieros que realicen las autoridades”.

Un ejemplo de la problemática a atacar: “60 por ciento del país consume agua con contenidos de fluoruro superiores a la normativa, y muchas regiones hay ingesta de agua con importantes contenidos de arsénico. En un estudio de la doctora Patricia Clark de la UNAM (2011) se estimó que 1,602 millones de pesos se erogan anualmente en operaciones quirúrgicas y hospitalarias derivadas de casos reportados de fractura de cadera por fluorosis esquelética; debiéndose adicionar los costos por bocio, arsenismo y saturnismo, entre otros, debido al consumo de agua con exceso de yodo, arsénico y plomo. Este es otro ejemplo que vivimos los mexicanos, que requiere urgente atención”.

MC

GDL: más de 100 predios del centro, cambiados de uso público a privado



Vecinos señalan 105 cambios de usos públicos en planes parciales del distrito uno, Guadalajara reconoce 102 pero con 34 errores. Difieren en las motivaciones

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Más de un centenar de predios que hoy están clasificados como de uso público –áreas verdes, equipamiento, restricción de infraestructura- en los planes parciales vigentes en el primer cuadro de la ciudad (distrito 1), han sido cambiados en los planes que fueron consultados en julio pasado, a usos que permiten proyectos privados de servicios y vivienda.

Sobre el dato duro, están casi de acuerdo las asociaciones vecinales ligadas al Parlamento de Colonias, que hicieron el análisis a solicitud de MILENIO JALISCO, y la coordinadora de Gestión Integral de Ciudad de Guadalajara, Patricia Martínez Barba. Los primeros señalan 105 predios en esas condiciones, la segunda, 102. Pero difieren completamente en la interpretación.

Para esas agrupaciones, se trata de una muestra de que la tendencia de la administración municipal es la entrega “de bienes y recursos públicos para negocios privados”, circunstancia que niega Martínez Barba, quien por un lado admite que 34 de esos casos fueron erróneamente cambiados, mientras el resto forma parte del proceso de redensificación de la ciudad que se ha detonado con base en el Programa de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet), impulsado junto con el sector privado, la Universidad de Guadalajara y el gobierno de Jalisco.

El Parlamento de Colonias elaboró el ejercicio como un “botón de muestra” de lo que sucede en los siete distritos del municipio, donde 53 nuevos planes han sido propuestos para sustituir a los actuales. Son documentos rectores delos usos de suelo y densidades que están a punto de publicarse, tras recibir más de 2,800 observaciones que les hicieron los ciudadanos en los siete distritos.

El ejercicio del distrito 1, consistió en hacer un comparativo entre los planes vigentes y los propuestos, y dieron con 10predios que han sido cambiados con propósitos “privatizadores”. Esto lo objeta terminantemente Martínez Barba: “Querer descalificar de tajo, señalando abuso premeditado, es una agenda privada que no atiende al interés común de la ciudad”. No obstante, admite que 34 predios fueron erróneamente reclasificados, y deberán ser corregidos a su estado original.

En el análisis vecinal, realizado a solicitud de MILENIO JALISCO, los vecinos revisaron los planes vigentes del distrito 1 y los propuestos para sustituirlos por el Ayuntamiento de Guadalajara. Es un botón de muestra, pues no es siquiera el distrito más cuestionado ni el más codiciado por los desarrolladores inmobiliarios. El resultado en datos duros es que a 105 predios que tenían un uso público (no necesariamente propiedad pública) se les cambió el destino, lo que a juicio del organismo ciudadano, demuestra que el municipio camina a sustentar negocios privados con los bienes públicos (Anexos, gráficos con algunos ejemplos de ese análisis, y un listado pormenorizado de los hallazgos de esa revisión).

El trabajo, compendiado: diez subdistritos del distrito 1, que abarcan el centro del municipio y sus colindancias, incluidos los barrios de Analco, Mexicaltzingo y Santa Tere, la zona del Agua Azul, la colonia Moderna, la zona de Chapultepec, las colonias Americana, Mezquitán, Chapultepec Country, Colinas de la Normal, Barranquitas y Centro Médico. El perímetro lo conforman las avenidas Circunvalación, Belisario Domínguez-Calzada del Ejército, Washington-Agustín Yáñez y Unión-Américas.

Se cambia un “destino público al uso de suelo privado Comercio y servicios”. Esto se obtiene de comparar los planos vigentes de planes parciales con los que fueron sometidos a consulta pública en julio pasado, y que son la base de los que se publicarán en definitiva el próximo mes de noviembre.

“Muchos predios de propiedad pública que estaban clasificados como equipamiento y que están perfectamente precisados en los planes parciales (PP) de desarrollo urbano vigentes, ya no aparecen graficadas ni consignadas como equipamiento en la propuesta de planes parciales, ya que, están propuestos y cambiados para usos privados con la clasificación de ‘comercio y servicio’ (CS), lo cual es totalmente arbitrario, improcedente e ilegal”, advertían en una carta dirigida a las autoridades municipales, en julio pasado.

“Algunos de los ejemplos más significativos: la presidencia municipal de Guadalajara, de ser un ‘equipamiento’ en el PP vigente, ahora en el PP propuesto aparece con un uso ‘comercial y de servicios de impacto alto’. Lo mismo pasa con el Mercado Corona y el templo de La Merced, el edificio del PRI-Jalisco”, en relación al primer cuadro de la ciudad. Se cambia también el predio del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UdeG, en avenida Alcalde y avenida Maestros; y doce predios que el gobierno del estado detenta en la zona de La Normal, el complejo administrativo que fue construido durante la administración estatal de Alberto Orozco Romero, sin olvidar la oficina del registro civil número 1.

LA EXPLICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

MILENIO JALISCO solicitó a la coordinadora de Gestión Integral de Ciudad, una respuesta a los señalamientos de las agrupaciones civiles. La funcionaria entregó una nota a este medio.

“Actualmente nos encontramos en el proceso de revisión de las 2,882 observaciones ingresadas a las propuestas de los 53 Planes Parciales. Todas serán atendidas ya sea para corregir, modificar o argumentar su improcedencia”, acotó.

Y da pormenores: “34 predios fueron clasificados erróneamente como ‘comercio y servicios’ en la propuesta de planes parciales. Se corrige su uso como equipamiento. 38 predios que en los planes parciales vigentes están clasificados como equipamiento, cambian su uso a ‘comercio y servicios’ en la propuesta de PP, pues no se trata de servicios ni predios públicos. Son los casos de escuelas y hospitales privados, en predios que no están obligados a clasificarse como equipamiento al no ser de propiedad pública y de acuerdo a la definición que marca la legislación Estatal y Federal”.

El caso del subdistrito 6, Santa Tere, “dos predios fueron clasificados erróneamente como comercio y servicios en la propuesta de PP. Se corrige su uso como restricción para infraestructura (albergan instalaciones de CFE y Telmex). 4 predios (Subdistrito 06, Santa Teresita y Subdistrito 08, Chapultepec Norte) están clasificados como Espacio verde, abierto y recreativo en los Planes Parciales Vigentes, sin embargo son equipamiento, pues tres son escuelas públicas y uno es unidad deportiva, así fueron clasificados en la propuesta de planes parciales”.

Un predio (Subdistrito 06, Santa Teresita) “está clasificado como restricción de infraestructura en los planes parciales vigentes, pero son locales comerciales, por lo tanto se clasificó como ‘comercio y servicios’ en la propuesta. El cambio de uso de suelo del predio del CUCSH fue solicitado por la Universidad de Guadalajara, y se plantea en el contexto del Modelo de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT, por sus siglas en inglés), a través del cual se pretende aprovechar la colindancia con un corredor de transporte masivo, para incentivar el repoblamiento y el uso de suelo mixto”.

Respecto al predio municipal ubicado en Marsella, entre Pedro Moreno y Morelos, “la edificación tiene una falla estructural dictaminada por Protección Civil y el edificio debe demolerse. Se propone un cambio de uso suelo para recuperar ese espacio como un parque con equipamiento, comercio y servicios”.

Gobierno del Estado “solicitó el cambio de uso de suelo para 12 predios donde se encuentran La Normal, Edifico de la FEG, SIOP, SubSecretaría de Administración, Secretaría de Educación, Conjunto de predios del DIF Jalisco, CODE, Foro de Arte y Cultura, y Registro Público de la Propiedad, esto con base en el reciente acuerdo firmado entre los tres niveles de Gobierno y la iniciativa privada, para impulsar el repoblamiento de la ciudad, el acceso a vivienda asequible y la mixtura de usos de suelo a lo largo de los corredores de transporte masivo y en los Nuevos Entornos Urbanos Sustentables, establecidos en el POTmet [Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano], esto, como parte de la política nacional en la que se promueve el crecimiento al interior del municipio, mediante la cual se revertirá el fenómeno de dispersión urbana que ha implicado altos costos a los gobiernos para proveer de servicios básicos, y un impacto negativo en la economía familiar y calidad de vida de quienes se han visto desplazados”. En el mismo caso está el edificio del Registro Civil número uno.

Sin embargo, precisa la funcionaria, sobre este caso: “al ser susceptibles de ser considerados para abonar a una política de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT), no necesariamente implica que vayan a ser convertidos a vivienda o comercio. Para esto se está desarrollando actualmente un Plan Maestro que permita plantear la mezcla ideal de equipamiento para servicios públicos, espacios públicos, servicios y comercio, así como proyectos de rendensificación”.
Más: “el predio municipal de Av. Maestros y Alcalde (Subdistrito 02, Colinas de La Normal), clasificado como espacio abierto se reconfigurará en el contexto de la Línea Tres del Tren Ligero, pues ahí se construye el Centro de Transferencia Modal y una de las principales estaciones del Tren Ligero”.

Otros tres predios son privados: una gasolinería y dos lotes “erróneamente” clasificados como “restricción de infraestructura” o “área verde”. Tres predios están pendientes de verificación de su uso de suelo actual.

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CLAVES

Los detalles de análisis

*Subistrito 1, “Centro Histórico”. 13 predios con destino público cambian a destino privado como “comercio y servicios”. Guadalajara reconoce cinco casos erróneamente reclasificados

*Subdistrito 2, Analco. Siete predios cambiados. 3 de forma errónea según la autoridad

*Subdistrito 3, Mexicaltzingo. 13 predios reclasificados, cinco de forma errónea según la autoridad

*Subdistrito 4, Agua Azul. Cuatro predios reclasificados. Guadalajara admite tres errores

*Subdistrito 5, Americana-Moderna. 9 predios reclasificados. El ayuntamiento señala tres casos de error

*Subdistrito 6, Santa Tere. 5 predios reclasificados. Dos erróneamente y uno más, la propiedad pública en Marsella y Pedro Moreno, “con daño estructural”, cambiado

*Subdistrito 7, Mezquitán. 8 predios de usos públicos reclasificados. Guadalajara lo analiza de forma distinta: como polígonos Mezquitán y Mezquitán bis, y marca 9 predios erróneamente reclasificados

*Subdistrito 8, Chapultepec-Country. 16 predios reclasificados. Guadalajara lo denomina Chapultepec Norte y marca siete reclasificaciones erróneas

*Subdistrito 9, Barranquitas. 11 predios reclasificados. Sólo uno genera dudas al ayuntamiento: plazoleta de Belén y Maestros

*Subdistrito 10, Centro Médico. 7 predios reclasificados. Guadalajara reconoce un error (guardería del IMSS)

FUENTE: Análisis de asociaciones vecinales y Parlamento de Colonias; respuesta de la Coordinación de Gestión Integral de Ciudad de Guadalajara

Apoyan parque nacional, si se blinda zona núcleo



El coordinador nacional de la Red de Áreas Naturales Protegidas apoya que sean científicos los que revisen decreto.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

La tentativa del gobierno federal de convertir la actual reserva de la biosfera Archipiélago de las Revillagigedo en parque nacional, de manera que reciba turismo y eventualmente aloje un desarrollo urbano, ha sido cuestionada por los científicos mexicanos y han alcanzado, tras las reuniones de la pasada semana, un acuerdo con el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacciano Alamán: no se permiten desarrollos turísticos y se “blinda” la zona terrestre de cualquier impacto humano, pero se cambia a parque nacional.
comité científico el que establezca los parámetros en la zona núcleo, da confianza al coordinador nacional de la Red de Áreas Naturales Protegidas, Alfredo Ortega Rubio.

“Ante todo, hago encomio de su compromiso y de su apoyo para con el presente, y para con el futuro, de las Áreas Naturales Protegidas de México. En el caso del propuesto cambio de reserva de la biosfera a parque nacional para el Archipiélago de Revillagigedo, como todos ustedes muy atinadamente notaron y señalaron, el estudio técnico justificativo no incluía una propuesta concreta de Zonificación del propuesto Parque Nacional. Esta ausencia de propuesta de Zonificación en un documento sometido a opinión y consulta, indudablemente es una carencia estratégica, ya que es precisamente la zonificación lo que determina qué hacer, y qué no hacer, en los diversos espacios que constituyen un ANP”, señala en carta a la comunidad científica integrada a la red.

“En este contexto, todas las opiniones que cada uno de nosotros emitió, en el periodo establecido en el Diario Oficial de la Federación para recibir opiniones, fueron coincidentes al respecto de la relevancia estratégica de que no se perdiese la integridad de la protección con la que actualmente cuentan las cuatro islas que conforman el área núcleo de la actual reserva de la biosfera. A raíz y en consecuencia de la coincidencia de todas estas opiniones, un selecto grupo de investigadores del más alto nivel, coordinados por el muy prestigiado doctor Exequiel Ezcurra, han sido contactados directamente por el secretario Pacchiano Alamán y se les ha solicitado la encomienda de contribuir en la redacción de una la propuesta de Decreto, que incluirá la conservación de las cuatro islas como área núcleo de un parque nacional”.

Así, “considerando que un área núcleo, establecida como tal a nivel del decreto, de un parque nacional, es tan restrictiva y tan garante de la integridad ecológica, como el área núcleo de una reserva de la biosfera y considerando que con esta zonificación a nivel de decreto se podrá facilitar la muy significativa ampliación de la protección marina al océano circundante a las islas. Entonces, y bajo estas condiciones, este selecto grupo de investigadores del más alto nivel académico ha accedido a colaborar con las más altas autoridades de Semarnat en la redacción de la propuesta de decreto”.

A juicio de Ortega Rubio, “indudablemente esta integración, a nivel de colaboración de investigadores del más alto nivel académico con las máximas autoridades ambientales del país, ha sido un gran logro y evidencia el espíritu de colaboración entre los tomadores de decisión y muy renombrados investigadores”, por lo cual les manifiesta su respaldo, pues “redundará que en el mismo se garanticé la protección que actualmente tiene el territorio terrestre del Archipiélago Revillagigedo y que se amplié de manera muy considerable la zona de protección marina al océano circundante a las islas”.

GPE

El Zapotillo no ha demostrado ser viable ni sostenible



El consejo consultivo convocado por el Congreso sostiene que no se ha desarrollado un proyecto integral y hay graves omisiones en estudio de Unops.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

El Comité Académico de la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, en el contexto del proyecto de la presa El Zapotillo, advirtió hoy que los promotores del embalse artificial no han demostrado ni su pertinencia, ni su integración en un proyecto de manejo del agua que sea beneficioso ambiental y socialmente, ni su integración a una metodología que lo inserte en el ciclo del agua, base sobre la cual se le podría aplicar la calidad de “sustentabilidad”.

El grupo dio su punto de vista en una conferencia de prensa en el Congreso del estado, acompañado de la diputada convocante, Mónica Almeida, y especialistas del Iteso, la Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ), la Universidad Panamericana (UP) y la Universidad de Guadalajara (UdeG). De entre ellos, Sergio Graf Montero, Carla Aceves Ávila y Mara Robles Villaseñor, de la UdeG; Hugo Briseño Ramírez (UP) y Tomás Ávalos Sánchez (UTJ).

“Al día de hoy, no existen procesos adecuadamente definidos y desarrollados en ninguna de las etapas de política pública en torno al proyecto de la Presa El Zapotillo. En primera instancia, se carece de elementos a nivel de formulación y diseño de una política pública integral y sustentable en la gestión del recurso hídrico. En segundo lugar, el problema público ambiental no está bien definido. La narrativa y los esfuerzos en definir el problema se han concentrado en la falta de abastecimiento de agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara, los Altos de Jalisco y Guanajuato”, apuntaron.

Desde la perspectiva de la política y la gestión ambiental “los instrumentos y metodologías ambientales han sido insuficiente e inadecuadamente aplicados u omitidos. Un problema de origen que no se evidencia por autoridad alguna consiste en la Manifestación de Impacto Ambiental que pretende sustentar al proyecto; la cual es inconsistente respecto del proyecto que defiende la presa a 105 metros, la construcción de un acueducto y el trasvase entre cuencas. Asimismo, el instrumento que existe considera al proyecto fragmentado, lo cual impide la ponderación integral de los efectos de todas las acciones y lo aprobado no permite evaluar los efectos del megaproyecto en su extensión y alcances reales”.

Y pese a la longevidad del proyecto, “aún no es demostrable la superioridad del interés público superior o primordial. Por tanto, los desplazamientos forzados internos no se encuentran debidamente justificados”. Y mientras no esté debidamente demostrado, deliberado y socializado “que el bien mayor de acceso al agua sea superior a las inversiones económicas hasta ahora realizadas [así como las pendientes de realizar], la obra no es justificable desde el punto de vista social, económico o ambiental aún en la etapa actual de avance en el desarrollo y erogación de inversiones ya realizada en la construcción del proyecto”.

El cambio en el diseño del proyecto, así como las omisiones y descuidos del proceso de gestión del proyecto “han implicado un aumento de costos a lo largo de tres administraciones estatales: procesos jurídicos y demandas judiciales, realización de nuevos estudios técnicos (diques, balance hidrológico, ramales, entre otros), suspensión de obras, pago de indemnizaciones a empresas y, más recientemente, la posible demanda por incumplimiento de contrato referente al acueducto El Zapotillo-León”.

Esto deriva en parte de que “en México no hay organismos reguladores”, pero “la privatización de servicios públicos de agua y concesiones privadas de infraestructura hidráulica están siendo interrumpidas y prohibidas total o parcialmente en diversos países de América Latina, América del Norte y otras regiones del mundo. Como alternativa a la intervención privada se fortalecen los organismos públicos y empresas estatales dotadas de mayores capacidades y ampliando la participación social”.

Comentaron el informe de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), con base en el cual el gobierno estatal legitimó su decisión de apoyar la presa y el trasvase. “Acredita con claridad que hay menos agua disponible de la originalmente contabilizada en la cuenca en el caudal del Río Verde, y una mayor demanda de la originalmente documentada para la misma cuenca. A pesar de ello, se sostiene por parte de los funcionarios que la única opción para abastecer de agua a la AMG y a la ciudad de León es la de una presa con una cortina a 105 metros y un trasvase de cuencas que derive agua a León Guanajuato”.

Sin embargo, “quedó evidenciada la toma de decisiones desde un modelo técnico-administrativo, burocrático y excluyente de gestión del agua que no considera los elementales principios de realidad y de subsidiariedad en la toma de decisiones que son esenciales para el derecho y la política ambientales y que se encuentran integrados en el marco normativo del agua en México”.

En el estudio referido “no se mencionaron otros costos que deben ser integrados como el caso de los costos de la estrategia de atención a los desplazados, el costo de la restitución de las condiciones de vida de los desplazados para substituir y en su caso mejorar sus actuales condiciones de trabajo, educación, salud, seguridad y esparcimiento en el o los nuevos asentamientos proyectados, donde en su caso serían reubicados”.

El proceso “ha demostrado manejar un proceso de información poco transparente, lleno de inconsistencias y diversas violaciones a los derechos humanos, especialmente en relación a las poblaciones potencialmente inundables (en Temacapulín sobre todo) y su posible proceso de reasentamiento”, cuando “debería tenerse presente que el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de desarrollo e infraestructura (SCJN, 2014) indica que se debe de realizar un análisis profundo de la situación de los posibles afectados, buscando en todo momento salvaguardar los derechos humanos y no violentar los mismos; esto supone utilizar una técnica jurídica denominada ponderación, es decir, analizar profundamente qué es lo que más favorece a todas las partes, teniendo como referencia el catálogo de derechos humanos”.

También “se echó de menos una perspectiva del desarrollo basado en el respeto a los derechos humanos de todos. Pareciera que la realidad ambiental y la realidad social del proyecto no están siendo consideradas por los funcionarios, exhibiendo una visión lineal y no integral para la toma de decisiones, lo cual no construye gobernanza ambiental”.

En cuanto a la variable de cambio climático, “el escenario aceptado por el gobierno de Jalisco (escenario 5), no lo tomó en cuenta. En la comparecencia se recordó que la variable de cambio climático sólo se tomó en cuenta en uno de los escenarios [escenario 4] planteados por la UNOPS: “solo se tomó en cuenta en el escenario más radical”, mencionó la secretaria Magdalena Ruiz [Semadet]. No obstante, el cambio climático debe ser una variable fundamental a tomar en cuenta, en este caso y por la vulnerabilidad de la zona, debe incorporarse plenamente a una perspectiva integral para la construcción de un modelo de gestión integral del agua en la cuenca. Evidentemente el factor cambio climático no está incorporado en el escenario que retoma y asume el gobernador de Jalisco en relación al trabajo realizado por la Unops”. Otros aspectos opacos: calidad del agua y salud pública, y el impase judicial en que se encuentra.

GPE

sábado, 14 de octubre de 2017

Semarnat y científicos acuerdan sobre las islas Revillagigedo



Los académicos revisarán nuevo decreto y cuidarán que no se afecta la inviolabilidad de las zonas núcleo.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales propuso a una representación de científicos y académicos mexicanos que colaboren en la redacción del nuevo decreto de área natural protegida del archipiélago de las Revillagigedo, en busca de tomar en cuenta las críticas a la propuesta oficial de cambio, que se han dado en las últimas semanas.

El titular de la dependencia, Rafael Pacciano Alemán, se reunió esta semana con un grupo de críticos con quienes concordó en el sentido de que "el decreto de declaración debe contener una zonificación rigurosa del área terrestre que asegure el mantenimiento de las zonas núcleo ya existentes en el archipiélago".

Los acuerdos derivaron en la creación de un grupo de trabajo "para la revisión y redacción del decreto que propone elevar a la categoría de Parque Nacional al Archipiélago de Revillagigedo y las aguas circundantes en una extensión de 14.8 millones de hectáreas", señala la Semarnat.

El grupo de científicos lo conforman Exequiel Ezcurra de la Universidad de California; César Domínguez, director general de divulgación de la ciencia de la UNAM; Eduardo Santana del Museo Universitario de Ciencias y Enrique Jardel del Centro Universitario de la Costa del Sur, ambos de la Universidad de Guadalajara; Federico Méndez de la organización Islas.org; Octavio Aburto del Instituto Oceanográfico Scripps en San Diego, y Sergio Guevara del Instituto de Ecología, A.C. reconocidos conservacionistas que han destacado por su trabajo en Áreas Naturales Protegidas.

Los científicos "enfatizan que el archipiélago de Revillagigedo es una importante Reserva de la Biósfera mexicana con inmenso valor conservacionista tanto en su porción terrestre como marina. Además, expresan que el principio rector que debe animar la nueva iniciativa de conservación es proteger tanto el ecosistema terrestre como el marino [...] indican también que la gestión de la nueva área protegida propuesta debe ser una extensión y ampliación de los exitosos esfuerzos de conservación que ya se han hecho en la región, y debe mantener de manera estricta los niveles de protección ya establecidos en la actual reserva de la biosfera", según el comunicado oficial.

Y "para mantener el espíritu de conservación, los científicos recomiendan que una vez decretado el nuevo Parque Nacional Revillagigedo, la Semarnat inicie el proceso de incorporar el área protegida a la Red Internacional de Reservas de la Biósfera del programa MAB-Unesco como reserva especial y un modelo mundial de conservación exitosa, para lo cual ofrecen sus mejores esfuerzos". Una de las novedades de esa reunión es que el gobierno aclaró que no forma parte de la red, aunque ha tenido reconocimientos de la Unesco, estos no tienen tal calidad.

"Hacen un llamado a los integrantes del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, y a todos los conservacionistas mexicanos a participar en este esfuerzo que puede convertir al Archipiélago de Revillagigedo y sus mares adyacentes en una de las zonas silvestres mejor conservadas del mundo, un modelo mundial de conservación y un sitio de esperanza para todos aquellos que ven con preocupación el creciente deterioro ambiental de nuestro planeta", concluye.

SRN