lunes, 7 de julio de 2008

RECORTAN LA PRIMAVERA

La presidencia de la república fracasó al defender la integridad de la reserva ecológica

Tribunal federal “empequeñece” a La Primavera

Se confirma en segunda instancia sentencia de amparo favorable al comisariado ejidal de Santa Ana Tepetitlán para dejar casi 600 ha de bosques fuera de la zona protegida, lo que las hace susceptibles de urbanización; el gobernador y la SRA, omisos en la defensa

Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio

En el último año, la presidencia de la república no tuvo argumentos jurídicos suficientes para defender ante dos instancias judiciales la integridad territorial del área de protección forestal y de fauna La Primavera, creada en 1980, por lo cual, la reserva boscosa acaba de perder en forma definitiva varios cientos de hectáreas de su superficie, que de este modo, podrán sumarse a la especulación inmobiliaria.

Ese es el efecto de la decisión del Primer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, que notificó la pasada semana que “hasta 584 hectáreas” de la primera ampliación del ejido Santa Ana Tepetitlán, Zapopan, enclavadas en esta serranía, ya no forman parte de la reserva ecológica más importante de la región metropolitana de Guadalajara.

En la revisión 465/2007 del juicio de amparo 413/2001, con el voto dividido de los tres ministros integrantes, dos de ellos consideraron válido equiparar -por sus efectos jurídicos- una expropiación (en la cual el Estado se queda con la propiedad de los bienes) con una declaratoria de área natural protegida (en la que sólo limita sus usos), y al no haber sido notificados los quejosos del decreto de la reserva de 1980, ni mucho menos oídos y vencidos, como lo establece el artículo 14 constitucional, determinaron que el decreto del presidente José López Portillo es violatorio de las garantías individuales.

Esto viene a confirmar los términos de la sentencia emitida un año atrás por el juez tercero de distrito (la primera instancia en que el gobierno fue derrotado), la cual fue recurrida tanto por el Ejecutivo federal como por un grupo disidente de ejidatarios, quienes ven detrás de la “lucha reivindicatoria” de su comisariado ejidal, un fabuloso negocio de especuladores inmobiliarios, nada extraño en la historia de la segunda ciudad del país; mucho menos en estas florestas largamente codiciadas para desarrollos residenciales.

Lo que más preocupa a los ambientalistas y los responsables del bosque, es la posibilidad de que este caso desate un “efecto dominó”: los promotores del amparo acaban de mostrar el camino legal para desvirtuar el mandato presidencial. A decenas de propietarios del interior de la reserva, que vieron frustrados sus grandes negocios con el decreto de hace 28 años -cómo olvidar Ciudad La Primavera, faraónico desarrollo de medio millón de habitantes con que soñaron don Jorge Dipp y sus socios en el interior de las montañas-, parece que les ha llegado la hora de revertir los hechos, que a su juicio, les despojaron de derechos legítimos para explotar y especular.

Lo peor es que gran parte del sistema nacional de áreas naturales protegidas está construido sobre el mismo frágil supuesto: afectar usos y destinos de los terrenos bajo el argumento del superior interés público, sin cambiar el régimen de propiedad. Esa es la esencia del “modelo mexicano de conservación”.

¿Puede un caso específico, que abarca apenas dos por ciento de la superficie de La Primavera, cambiar la historia de la protección ambiental para siempre? Pronto habrá respuestas.

Los hechos
La cuestionada dirigencia del ejido Santa Ana Tepetitlán argumentó que la creación de la reserva ha significado la desposesión real de sus terrenos forestales en la zona de la primera ampliación, que abarca 640 hectáreas, casi todas boscosas, y además, que el decreto que formó el área protegida señala literalmente que la superficie afectada asciende a “30,500 hectáreas de propiedad particular”, lo que a su juicio, excluye otro tipo de propiedad, como son en México la comunal, la social o ejidal y la pública.

Les creyó el juez tercero de Distrito en Materia Administrativa de Guadalajara, al emitir su resolución sobre el juicio de amparo 413/2001-3 el 19 de abril de 2007.

En ella, determina que “la justicia de la unión ampara y protege al ejido Santa Ana Tepetitlán, municipio de Zapopan, Jalisco, en contra de las autoridades responsables Presidente de la República, secretario de la Reforma Agraria y gobernador del estado de Jalisco, que se hicieron consistir en el decreto expedido por el primero [el presidente] el 19 de febrero de 1980 [publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo siguiente], y el acuerdo y convenio celebrados el 18 de agosto de 2000 y 8 de enero de 2001, por el gobernador del estado de Jalisco…”.

Esto significa que el territorio ejidal referido fue afectado por el decreto, en condiciones equiparables a las de una expropiación, por lo cual queda fuera de la zona de protección de La Primavera, pues la sentencia es “… para el efecto de que dejen insubsistente el decreto reclamado, respecto de la superficie propiedad del ejido quejoso, así como sus consecuencias”.

Como la resolución dañaba el interés general, la presidencia de la república y los ejidatarios disidentes interpusieron el recurso de revisión. Las actas del toca 465/2007, que obtuvo este diario, revelan cómo fue el proceso.

¿Qué arguyó la representación del Poder Ejecutivo Federal? Insistió que el amparo debía “sobreseerse” (dejarse sin efecto por carecer de materia jurídica), pues “el decreto reclamado no cancela los derechos agrarios de los habitantes de las zonas de afectación”, y además, que el artículo 27 constitucional establece el derecho del Estado a establecer regulaciones a la propiedad.

“Es claro que el decreto que se tilda de inconstitucional, de ninguna manera constituye un acto que deba ser puesto a consideración del quejosos, ya que el mismo obedece al deber que tiene el Estado de conservar los recursos forestales y las especies de flora y fauna silvestres del territorio nacional, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 27 constitucional…”, señala.
Hay una evidente primacía del interés general sobre el particular, lo que permite “restringir privilegios” si las condiciones varían en cuanto al equilibrio ecológico, añade.

Y rebate la equiparación a expropiación. El juez “confundió el concepto de expropiación con el de modalidad de la propiedad […] el asunto a dilucidar es simple y sencillamente una modalidad de propiedad, sin que se vean afectados esos derechos reales […] no estamos en presencia de un acto de privación, como tampoco ante la imposición de una pena, supuestos exclusivos en los que opera la garantía de audiencia […] la sentencia no apreció el acto reclamado en su verdadero sentido […] no existe la afectación al artículo 14 constitucional a que alude el juez…”.

En cuanto a los ejidatarios disidentes de Santa Ana, consideraron que sus “supuestas autoridades” estaban conformadas por ejidatarios privados de sus derechos agrarios por haber incurrido en anomalías como la venta ilegal de parcelas, por lo cual, no eran “verdaderos representantes” de la asamblea, y más bien, tenían el respaldo de los intereses especuladores que han fraccionado buena parte del territorio ejidal, actualmente invadido de asentamientos humanos irregulares.

El escrito de revisión lo firman Tranquilino Flores Aguilar y cinco campesinos más, como “comisionados para la administración y resguardo de las 641 ha que componen el potrero Las Lomas y que forman parte de la resolución presidencial de primera ampliación”.

El ejido “siempre ha tenido y tiene como beneficioso el decreto [de La Primavera] impugnado porque el mismo no nos afecta en nuestra propiedad y, al contrario, gracias a su protección se ha evitado en parte que el Ayuntamiento de Zapopan y los sedicentes comisariado ejidal y el licenciado José Antonio Soto Becerra hubiesen terminado de despojar a nuestro ejido…”.

A su juicio, esa pretensión es clara: los bosques de Las Lomas se integrarían a una amplia y multimillonaria especulación de terrenos urbanos.

¿Qué respondió el tribunal a los impugnadores? Descalificó sus argumentos.

Al presidente de la república le insistió que había afectación real de derechos: “el decreto impugnado se equipara a un reglamento federal, y éste a su vez, a la ley, en su aspecto material”, pues fue emitido con esas atribuciones que le da el artículo 89 constitucional al presidente de la república. Por ende, son inobjetables las violaciones a las garantías individuales materia de los juicios de amparo.

A los ejidatarios, les negó personalidad jurídica como representación sustituta y les dijo que no podían oponerse a un amparo, pues la naturaleza de éste es beneficiosa para ellos.
Entonces vino la resolución confirmatoria, que le revela a la sociedad de Jalisco, y la mexicana en general, las precarias bases legales sobre las que se asienta la protección de la naturaleza, uno de los ejes fundamentales de la gobernabilidad en nuestro tiempo.

A los fraccionadores les llega una especie de susurro que seguro atenderán, hombres hábiles que son: “¡ya volvió el tiempo para los negocios!”

Recuentos de lo extraño
¿Quién estuvo ausente de este proceso judicial? La sentencia de amparo fue concedida contra actos del presidente de la república, pero además, del secretario de la Reforma Agraria y del gobernador de Jalisco, así como de los directores del Registro Público de la Propiedad de Guadalajara y del Registro Agrario Nacional. Sólo compareció para la revisión la primera autoridad. Los motivos: ¿mero desinterés, confianza extrema en el papel y el poder de la institución presidencial, o compromisos vergonzantes?

Luego vino una ponencia del magistrado Álvarez Escoto, que pedía no confirmar la resolución impugnada y regresar el asunto al juzgado, pero sus compañeros, Rogelio Camarena Cortés y Jaime Ramos Carreón, no lo respaldaron, y simplemente ratificaron una sentencia cuyas consecuencias no pueden desconocer: deja en situación de precariedad la armazón jurídica de todas las áreas protegidas del país. ¿Puro amor a la ley?

Los disidentes de Santa Ana están preocupados por lo que venga. “Así nos fue, y eso que nuestro aliado era el presidente de la república, que antes era poderoso pero ahora ha sido humillado”, dice uno de sus abogados. Y luego repone, sapiencial y malicioso: “cuando hay negocio, hasta al presidente le toca perder…”.

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Lo que sigue

¿Qué efectos jurídicos y prácticos puede traer la resolución final del amparo a favor del comisariado de Santa Ana Tepetitlán y en contra del decreto de La Primavera? Aquí, algunos escenarios

El efecto dominó. Propietarios y ejidos de la reserva se amparan siguiendo el exitoso ejemplo del vecino, con el consiguiente riesgo no sólo para sostener La Primavera, sino cualquier área protegida decretada sin afectar propiedades en el país

El gobierno de la república y las entidades federales y estatales involucradas meten recursos jurídicos para subsanar los vacíos en la defensa ante el amparo 413/2001, lo cual no puede llevar a reabrir el proceso (jurídicamente es ya imposible), pero sí a reestablecer la demarcación protegida con una nueva declaratoria que cubra todas las formalidades legales

El gobierno de la república demanda penalmente a los magistrados que habrían “torcido la ley” a favor de los amparados y contra los intereses de la comunidad

Los gobiernos deciden no hacer nada jurídico por el decreto, sino que se limitan a negar permisos de cambio de uso de suelo (federal) y de urbanizaciones (municipal) en el macizo forestal “liberado”

Fuente: abogados consultados por Público

REGIÓN NAHUA DE MANANTLÁN

Los conflictos agrarios de Ayotitlán, estancados y latentes

El Pedregal,
cien años de
desasosiego

Este rancho centenario de la sierra de los nahuas ha vivido convulsiones de violencia antigua y conflictos agrarios actuales; los gobiernos estaban obligados desde 1995 a resolverlos, ante su carga de persecución, acoso, amenazas y violencia. Pero nunca se han resuelto

Cuautitlán. Agustín del Castillo. Público-Milenio, 6 de julio de 2008

La tarde del 15 de enero de 1993, cuando doña María Dolores Vargas Elías y su esposo Pedro Cobián Roblada eran jaloneados por policías preventivos a punta de ametralladora R-15, acusados de ser “invasores de tierras”, la anciana recordó, bajando por las colinas agrestes de El Pedregal, los largos años de la infancia, a salto de mata entre revolucionarios y cristeros, huyendo de la sierra, velando hermanos muertos, viviendo en la costa o en Minatitlán y regresando al monte, para al fin poseer la tierra, reservada a quienes tienen el corazón manso (San Mateo, 5,4).

A partir de 1930, habían pasado 60 años de casi quietud, si no fuera por las irrupciones cotidianas de gendarmes o guardias blancas que defendían la ley de los caciques y de los madereros.

Y llegaron hijos, nietos y bisnietos, y se pobló esta tierra de montañas escarpadas y cielos luminosos.

Pero ese día invernal de hace quince años, la vida volvería a cambiar completamente. La mujer añosa relata que durmió en la lobreguez de la cárcel de Telcruz, y al día siguiente en Cuautitlán, junto con una docena de parientes, amenazados de no recibir cena y de ser sumergidos en un pozo de agua “hasta que firmáramos los papeles”. Algunos lo hicieron. A todos los dejaron salir a la segunda jornada, bajo la advertencia de no regresar.

Hoy vive de nuevo en el rancho, pero ninguno de sus hijos puede sembrar las tierras que araron los abuelos. Doña María dice que El Pedregal fue adquirido a “precio de oro” en el año 1903 por su madre Sebastiana Elías Virgen, por Marcelino Zúñiga y otros socios, que le pagaron religiosamente a Camilo Mateo Jacobo, comisariado de la comunidad de Ayotitlán.

Siempre fue una pequeña propiedad colectiva, de unas tres mil hectáreas. Hasta que los caciques forestales y los cenecistas intentaron dividir a la larga prole de Sebastiana. Guadalupe Michel, el famoso Cazango, repartió algunos pesos para quedarse con sus pinares y encineras, y generó la discordia. Caínes y abeles brotaron cuando la comunidad indígena nahua, revertida a ejido, se quiso aposentar de estos solares, treinta años después de la resolución presidencial (1963), jamás ejecutada completamente y que nunca menciona entre los bienes de Ayotitlán las laderas de El Pedregal. Unos se alinearon con el ejido, otros se negaron a perder sus terrenos.

Entonces se dio el desalojo.

En 1995, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su recomendación 122/95, pidió a la Secretaría de la Reforma Agraria “gire instrucciones a efecto de que se resuelva de manera definitiva la situación jurídica del rancho El Pedregal […] particularmente mediante el seguimiento del acuerdo tomado entre las autoridades ejidales de Ayotitlán y los pobladores del mencionado rancho, a efecto de dar solución a la controversia derivada de la indefinición jurídica que sufre El Pedregal”.

Al gobernador de Jalisco, “que instruya al procurador general de justicia del estado para que se inicien las averiguaciones previas tendientes a esclarecer […] diversos delitos que manifestaron los pobladores del rancho El Pedregal que fueron cometidos en su agravio…”.

Ninguna de las dos recomendaciones se ha cumplido.

Doña María tiene 98 años. Y aunque todavía pelea, su lucidez le hace atisbar más amarguras.

Los hijos de la diáspora
Doña María no pudo nacer en El Pedregal en 1910. Sus padres habían debido huir de la marea revolucionaria, que significó casi puro sufrimiento para los habitantes del campo. Fue alumbrada en la seguridad de una finca de El Mamey (Minatitlán). “Por estos cerro andaba una gavilla, por todos lados, y a los que estaban más acomodados los agarraban y los ahorcaban, les quitaban el dinero, creo que eran carrancistas”.

Conforme se apaciguó el ambiente, regresaron a los potreros adquiridos a los nahuas, pero a mediados de los años 20, mientras la clase revolucionaria se afianzaba en el poder de la república y se acentuaba la violencia por el tema religioso, regresaron las balas a la sierra y los pacíficos debieron salir de nuevo.

“Cuando lo de los cristeros, ellos mataron a un hermano que teníamos, entonces nos fuimos de aquí; teníamos ganado y caballos en el cerro pero los largamos”, refiere la anciana, de cuerpo menudito y de voz temblorosa pero mirada clara.

Al firmarse los acuerdos iglesia católica-Estado, de 1929, retornaron. “Yo ya vine aquí otra vez ya grande, teníamos unas vaquitas y aquí las cuidaba”.

A sus hijos Jesús, Ángel y Cresencio, y tres más, les tocaron muchos años relativamente tranquilos. Ayotitlán fue dotado como ejido en 1963 y ejecutado, de forma parcial, en 1964, pero “jamás nos notificaron o nos avisaron que hubiéramos sido afectados”, advierten.

El Pedregal hizo un juicio de prescripción ante el Juzgado de Primera Instancia del Partido Judicial de Autlán, para obtener escrituras públicas en el año de 1949. Los herederos del predio aseguran que en total existen nueve escrituras de fracciones de propiedad originales. “En 1962 se hizo la escrituración de las excedencias en Autlán”. La superficie de la familia andaría así cerca de las tres mil hectáreas.

Por eso, el quince de enero de 1993, pasaron la sorpresa de sus vidas.

“Se nos volteó mucha gente, muchos de los primos hermanos del lado de mi papá se fueron con ellos, y nosotros peleamos del lado de mi mamá [María Dolores]. Nos cayeron con policías, un comandante que se llamaba Apolonio, y nos persiguieron y golpearon. A nuestros padres, ancianos, los jalaban del cuello para llevárselos, a mi hermano Ramón lo golpearon […] rompieron las alambradas, quemaron las milpas o las destruyeron con maquinaria; la casa de nuestros papás la saquearon”, señala Jesús Cobián.

“Querían que se firmara la aceptación de que no éramos pequeños propietarios”, añade.

Ramón revela su experiencia: “me llevaron amarrado a una casa de abajo y ahí ya me llevaron a Telcruz, me recibió la preventiva […] en Chancol se bajaron todos y nomás quedó el que me iba vigilando, y me dijo: ‘mira, ellos me pagan tanto para que yo te golpié [sic], pero no va a ser así’ […] en mi mochila me echaron una bolsa de marihuana, me dijo ese policía: ‘mira, yo soy tu amigo, nomás fíjate lo que llevas aquí, te la pusieron para que allá con la investigación con esto te quieren chingar’, y pues sí, pero él me ayudó”.

No regresaron pronto.

Doña María se la pasó un año en casa de su hermana, en Minatitlán. Los hijos salieron a Colima, a Ciudad Guzmán e incluso migraron a Estados Unidos. Ángel se reinstaló, sólo para comprobar la intolerancia extrema que se había apoderado del ánimo de sus vecinos, casi todos parientes.
Por ejemplo, en el terremoto de 1995, que destruyó la finca de su madre, nunca recibieron apoyo gubernamental, pues fueron borrados de las listas oficiales. Los hijos eran acosados en las escuelas. Los padrones del Procampo también los hicieron a un lado, y ahora solamente pueden trabajar parcelas rentadas, “como si no fuéramos los dueños de todo esto”, señala con tristeza.

Así consigna los hechos la recomendación 122/95: “…en la práctica se ven perturbados en sus actividades agropecuarias y en su propia integridad física y patrimonial por los ejidatarios de Ayotitlán, quienes alegan que el rancho referido forma parte de la dotación ejidal con la que fueron favorecidos, habiendo constancias en las que se manifiesta que el comisariado de Ayotitlán se compromete a estudiar el problema que se comenta y en su momento convenir con los pobladores del rancho sobre la solución a la controversia derivada de la indefinición jurídica que sufre…”.

Pero un escrito de 1997 al gobernador Alberto Cárdenas Jiménez revela que esa intención no pasó de la buena voluntad: “las autoridades municipales, estatales y federales, a la fecha, desde 1991 que reportamos la invasión ilegal a nuestra propiedad privada, dichas autoridades no han hecho nada por solucionar nuestro problema, aclaramos que ha intervenido la Procuraduría Agraria con oficinas en Autlán de la Grana Jal, nos ponen citas cada quince días más o menos, pero como no se presentan los comisariados ejidales, nunca se ha llegado a un acuerdo que nos favorezca, suponemos que hay acuerdos económicos privados, que son sobornados como lla [sic] ha venido siendo costumbre”.

Hoy, los Cobián Vargas y sus parientes aliados han abierto un juicio agrario en el tribunal competente, enclavado en Colima, cansados de esperar a que las autoridades legales y las de facto les reconozcan algo de su antiguo derecho.

Desasosiego centenario
El rancho El Pedregal cumple 105 años de fundación. María Dolores Vargas Elías, nacida en 1910, entre los rumores de los máuseres y las matanzas cruentas de los años revolucionarios y cristeros, parece despedirse de la tierra prometida -entre montañas escarpadas y cielos memorables- recordando discordias y desasosiegos, hermanos muertos e hijos perseguidos, caínes y abeles, judas y centuriones, y bienaventuranzas aplastadas, como si fuera la guardiana de una paz imposible.

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La recomendación 122/1995 de la CNDH resaltó el caso como uno de los más urgentes de la región

Ayotitlán y El Pedregal:
13 años de sin soluciones


claves

Un conflicto nacido de un decreto presidencial que nunca se ejecutó completamente

La recomendación 122/95, del 27 de septiembre de 1995, se envió a los gobernadores de Jalisco y Colima y al secretario de la Reforma Agraria, y “se refirió al caso de los pobladores del ejido Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, Jalisco, quienes manifestaron que por la indefinición de límites territoriales entre los estados y la inejecución total de una resolución presidencial que les favoreció, enfrentan diversos conflictos agrarios y de seguridad pública”

El 28 de agosto de 1963, se emitió una resolución presidencial en la que se dotaba de 50,332-50-00 hectáreas ejidales a la vieja comunidad indígena nahua de Ayotitlán, cuyo proceso de titulación fue revertido con la supuesta desaparición de los títulos virreinales. Después se supo que dichos documentos habían sido robados por los caciques madereros que saquearon la sierra en esos años

La resolución dotatoria se ejecutó parcialmente en mayo de 1977, cuando se entregaron sólo 34,700 hectáreas. En septiembre de 1977, la Secretaría de la Reforma Agraria notificó a los ejidatarios de Ayotitlán que dentro del ejido que les fue dotado quedaron inscritos los poblados de El Pedregal y Las Pesadas

El 12 de marzo de 1992, “esta comisión nacional recibió el escrito del 24 de enero del mismo año, suscrito por los señores Ángel y Guadalupe Niz Elías, Jesús, Cresencio y Ramón Cobián Vargas, y Natividad Cobián Cobián, todos ellos pobladores del Rancho El Pedregal […] los quejosos manifestaron que desde 1903 han habitado el predio y que hasta la fecha no ha sido abandonado por ellos. Que al realizar cualquier actividad para el cultivo de sus tierras se ven entorpecidos por un grupo de personas que se dicen ser integrantes del Ejido Ayotitlán, que consideran al Rancho El Pedregal como afectado por la dotación ejidal de Ayotitlán, a grado tal que han querido echarlos de su propiedad. Esta situación prevalece desde hace varios años al carecer de una solución favorable para ambas partes, por parte de las autoridades competentes. Que no han sido escuchados por las agencias del Ministerio Público a las que han acudido a denunciar los delitos de lesiones con arma blanca y amenazas de muerte, en contra de los vecinos de Ayotitlán; asimismo, señalaron que han sufrido daños diversos en sus propiedades…”.

Los parvifundistas de El Pedregal “consideran que la información que originó el trámite de afectación a su propiedad fue completamente errónea, ya que en los documentos que obran en la delegación de Reforma Agraria consta que los terrenos afectados fueron tomados de terrenos de propietarios desconocidos, que por lo tanto, jamás fueron comunicados de tal afectación […] no ejercieron su derecho en tiempo, además de que en tales documentos no se menciona lo que ellos estiman de su propiedad; es decir, que se pretende dotar al ejido con la totalidad de su propiedad…”

En el oficio 3781 del 2 de julio de 1992, suscrito Alejandro Díaz Guzmán, entonces delegado Agrario en Jalisco y dirigido al jefe de la oficina del Registro Público de la Propiedad de Autlán de Navarro, “manifestó que en atención a la solicitud del comisariado ejidal de Ayotitlán, Cuautitlán, Jalisco, se inscribiera la Resolución Presidencial del 28 de agosto de 1963, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1964 […] haciendo de su conocimiento que dentro de esta superficie está ubicado el predio El Pedregal, que se encuentra inscrito en la oficina a la que se remite el oficio, a nombre de varias personas, en calidad de propiedad privada”

El 3 de julio de 1992, se buscó un acuerdo en las oficinas de la Delegación Agraria, ante los integrantes del Comité Estatal de Concertación Agraria y siendo testigo de honor el presidente de la república, Carlos Salinas de Gortari. “… los presuntos pequeños propietarios manifestaron que el predio El Pedregal, que reclaman como de su propiedad, está incluido totalmente dentro del plano de ejecución del mandamiento presidencial del 28 de agosto de 1963, por lo que sometían a la consideración de los representantes del Ejido Ayotitlán, la posibilidad de ser incluidos dentro del mismo, entregándoseles en forma parcial la superficie que reclaman…”. No se llegó a nada

Para la CNDH, resultaba indispensable hacer estudios y levantar planos para delimitar propiedades antes de llegar a un acuerdo. No se realizaron. Se espera que el juicio agrario 80/06 todas esas lagunas queden colmadas, y se avance en la solución jurídica del caso

sábado, 5 de julio de 2008

JORNADA NACIONAL DE REFORESTACIÓN

“Convocatoria honesta y transparente”, responde el vocero

Rechaza la Semarnat las críticas
de Greenpeace a jornada de hoy

ProÁrbol “es un éxito recocido por la ONU”; la supervivencia “es alta”

Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio

Hoy por la mañana usted puede ser uno del medio millón de personas que, asegura la Semarnat, participarán en la jornada “histórica” que establecerá el récord mundial de plantación de árboles en un solo día: cinco millones de árboles, aunque hay nueve millones disponibles, por si se ofrece.

O puede ser uno de los más de 106 millones que se quedarán en casa, sea porque no le gustan las muchedumbres, desconfía de los programas de gobierno o tiene tareas personales impostergables; o simplemente, por pertenecer a la inmensa “mayoría pasiva” de este país de civismo apático. También es posible que esté en la minoría puntillosa que le da la razón a los críticos de la reforestación: por ejemplo, Greenpeace, la organización ecologista más famosa del mundo, descalifica el procedimiento y piensa que también será día de otro récord mundial: el de más arbolitos tirados a la basura, pues no vivirá más que uno de cada diez.

Durante la jornada intervendrán 356 fedatarios públicos, entre los que se encuentran más de 100 notarios, arriba de 120 secretarios de ayuntamiento, jueces de paz, jueces menores y residentes municipales, que cubrirán el 89 por ciento de los ejidos, comunidades y áreas que se van a reforestar, anunció la Secretaría de Medio Ambiente federal, en busca de credibilidad.

Habrá ocho mil técnicos forestales “distribuidos en todo el país para explicar a las personas cómo desarrollar con mayor precisión el proceso de reforestación”. La Comisión Nacional Forestal (Conafor) se encargó de responder a los ecologistas: para el primer año, la posibilidad de mortandad de los arbolitos está entre el 15 y 20 por ciento; para el segundo año, entre el 8 y 12 por ciento; para el tercero, del 3 al 5 por ciento; y para el cuarto, menor a uno por ciento, aseguró José Luis Cibrian, titular del organismo. Después se consolidan como seres vivos.

Por su parte, el vocero de la Semarnat, Fernando Carbonell, dijo que en la jornada de hoy, medio millón de personas “de ninguna manera han sido manipuladas”, advirtió en un comunicado.
Pidió a Greenpeace, “no desvirtuar una convocatoria honesta, transparente y que es en beneficio de todos los mexicanos”, sino por el contrario, unirse “como lo han hecho organizaciones tan importantes como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), S.O.S. Tierra, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y grupos ambientalistas mexicanos como Selva Negra o Pronatura”. Parece que sólo falta la Paz Verde, el activista incómodo.

viernes, 4 de julio de 2008

CERCENAN LA PRIMAVERA

Un amparo revoca efectos de la resolución presidencial sobre bosque de Santa Ana Tepetitlán

Golpe a La Primavera: dejan
decreto sin efecto en ejido


Un bosque ejidal de 640 has quedó libre de la protección de su flora y fauna, y en consecuencia, puede ser desarrollado. Ejidatarios disidentes denuncian que hay un negocio inmobiliario detrás de este proceso jurídico. La Semarnat impugnará la resolución

Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio, 7 de junio de 2007

Los enemigos del modelo mexicano de conservación se acaban de anotar un señalado triunfo judicial, al extraer del régimen de protección 640 hectáreas del bosque La Primavera, justo en la zona en que la reserva forestal y de fauna colinda con el área urbana de Zapopan.

La dirigencia del ejido Santa Ana Tepetitlán hizo valer sus argumentos de que la creación de la reserva ha significado la desposesión real de sus terrenos forestales, y además, de que el decreto que formó el área protegida señala literalmente que la superficie afectada son “30,500 hectáreas de propiedad particular”, lo que a su juicio, excluye otro tipo de propiedad, como son en México la comunal, la social o ejidal y la pública.

El juez tercero de Distrito en Materia Administrativa de Guadalajara, emitió su resolución sobre el juicio de amparo 413/2001-3 el pasado 19 de abril. Este diario posee una copia.

En ella, determina que “la justicia de la unión ampara y protege al ejido Santa Ana Tepetitlán, municipio de Zapopan, Jalisco, en contra de las autoridades responsables Presidente de la República, secretario de la Reforma Agraria y gobernador del estado de Jalisco, que se hicieron consistir en el decreto expedido por el primero [el presidente] el 19 de febrero de 1980 [publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo siguiente], y el acuerdo y convenio celebrados el 18 de agosto de 2000 y 8 de enero de 2001, por el gobernador del estado de Jalisco…” (sic).

En los hechos, esto significa que el territorio ejidal referido, presuntamente afectado por el decreto, en condiciones equiparables a las de una expropiación (según la argumentación del juez), sale de la zona de protección de La Primavera, como bien señala la sentencia, que es “… para el efecto de que dejen insubsistente el decreto reclamado, respecto de la superficie propiedad del ejido quejoso, así como sus consecuencias”.

El delegado en Jalisco de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), José de Jesús Álvarez Carrillo, aseguró ayer que apenas fueron notificados de la resolución el pasado viernes 1 de junio, y que ya está en el conocimiento de la dirección jurídica de Semarnat, en México, y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). “Por supuesto que vamos a impugnarlo; vamos a pedir la revisión de esta decisión y vamos a buscar echar para abajo los argumentos invocados; es muy importante que los ciudadanos sepan que se defenderá el patrimonio natural de esta región”, destacó.

A Álvarez Carrillo, al igual que al director del área natural protegida, Salvador Mayorga Castañeda, les preocupa no sólo el alcance específico de este amparo, sino que, en caso de ser ratificado por el Tribunal Colegiado en turno, sentaría un precedente que debilitaría el sustento legal de las reservas ecológicas mexicanas, la inmensa mayoría de las cuales se asientan sobre propiedades privadas, comunales o sociales, e imponen regulaciones al uso de los recursos naturales que el juez tercero de Distrito de Guadalajara consideró equivalentes a la expropiación.

La historia judicial

El amparo 413/2001-3 fue admitido el 22 de mayo de 2001. Lo interpusieron los miembros del comisariado ejidal en ese entonces, Antonio Cruz Arandas, Silviano Alvarado Flores y Lázaro García Ramírez (respectivamente, presidente, secretario y tesorero), bajo la asesoría legal de Antonio Soto Becerra, un abogado afamado en el entorno agrario que divide opiniones, pero amigos y enemigos lo califican, a fin de cuentas, de “eficiente”.

El proceso tuvo, por decirlo de algún modo, dos vidas: entre 2001 y 2003 fue negado y los quejosos reclamaron en un recurso de revisión. El 31 de diciembre de 2003 se emitió la sentencia recurrida. Pasó al conocimiento del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el cual revocó esa primera sentencia el 8 de junio de 2004 “y ordenó la reposición del procedimiento”, pues había faltado de desahogarse una prueba pericial. El asunto regresó al conocimiento del Juzgado Tercero. Hoy, su nueva sentencia está a punto de cumplir 50 días, y es diametralmente distinta a la primera.

Al juzgador no le convenció el planteamiento de los abogados del presidente de la república, quienes reclaman improcedencia del amparo porque “el ejido quejoso carece de interés jurídico para promover el juicio […] toda vez que el decreto no cancela los derechos agrarios de los habitantes de la zona de afectación, pues en todo caso, estos deben sujetarse a las condiciones que establezca la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente”. El juez comenta: “lo anterior es infundado”.

Y añade: “la parte quejosa reclama, sustancialmente, el decreto emitido por el presidente de la república el 19 de febrero de 1980 […] mediante el cual decreta zona de protección forestal y refugio de la fauna silvestre la región conocida como La Primavera, que se localiza dentro de una superficie de 30,500 hectáreas […] en razón de que, afirma, afectan casi la totalidad de las 641 ha que le fueron dotadas” por concepto de ampliación ejidal.

Y establece un argumento decisivo para la sentencia: “la superficie de terreno reclamada fue afectada por el decreto reclamado, lo que sin duda afecta su interés jurídico, en razón de que si bien, dicho decreto no cancela los derechos de propiedad del ejido respecto de la superficie dotada, lo cierto es que le impide libremente gozar, disfrutar y disponer de la misma -características de la propiedad-, toda vez que prohíbe explotar de forma desmedida los recursos naturales que contiene, así como emplearla para fines urbanísticos…”.

Y dicho decreto se dio violando las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues “se emitió sin haberles otorgado la garantía de audiencia, seguridad jurídica, legalidad y debido proceso no obstante que con el mismo se les priva de su patrimonio ejidal”.

Un tercer argumento contra el decreto deriva de la presunta ausencia de estudios justificativos que determinaran el valor ambiental y biológico de las florestas a proteger, pese a que la Universidad de Guadalajara tenía al menos un decenio trabajando en la zona en investigaciones científicas.

Sorprendentemente, los representantes de la autoridad (presidencia, Secretaría de Agricultura, Semarnat, gobierno del estado), manifestaron que “no existen en esas dependencias estudios y peritajes de los que se advierta que en la superficie del ejido se encuentran macizos forestales, acuíferos subterráneos y aguas superficiales con los que se determinó la conveniencia de declarar la zona de protección forestal y refugio de fauna…”, según el texto de la sentencia.

Esto es parte de lo argüido para dar la razón a los ejidatarios. Hubo argumentos de que la desposesión se concretó con alambrado, con operativos policiacos y actos de autoridad, y también pesaron. Héctor Martín Flores, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de Jalisco, terminó convencido de las violaciones.

¿Negocio de especuladores?
Tranquilino Flores Aguilar y Benjamín Rivera, ejidatarios de Santa Ana Tepetitlán, cuestionaron los verdaderos móviles que llevaron al comisariado a impugnar el decreto de protección de La Primavera. Y ven detrás de esa presunta lucha por los derechos ejidales, la presencia de especuladores inmobiliarios, que tendrían abierto un enorme paraje de bosque para meter costosos desarrollos inmobiliarios.

El juicio “jamás fue aprobado por la asamblea”, advirtió Tranquilino, el líder de los campesinos disidentes. “Nosotros queremos que siga la protección porque impide que especulen y se hagan ricos con nuestras tierras”, subrayó.

Pero hay experiencias demasiado frescas. El último día de abril de este año, los regidores de Zapopan aprobaron clausurar un fraccionamiento espontáneo que “brotó” justamente en el área protegida de Santa Ana, pero el acuerdo no se ha ejecutado en casi 40 días.

“Acabamos de reunirnos [ayer] con Pablo Aguilar Lucio, y gente de reglamentos y obras públicas, pero de inicio como que no había voluntad y mejor nos salimos de la reunión, aunque Pablo Aguilar prometió hacer algunas clausuras entre hoy y mañana, pero tenemos muchas dudas”, dijo por su parte Benjamín Rivera.

Los por qués del amparo, según el campesino. “Lo que pasa es que ellos, los del comisariado y el licenciado Soto Becerra, siguen con la depredación, tienen sus proyectos con empresarios y funcionarios, y ese negociote está detrás de todo esto”.

Los ejidatarios disidentes prometieron no quedarse de brazos cruzados: “Nosotros vamos a impugnar lo necesario, iremos ante las instituciones correspondientes para ir contra esos depredadores, porque hay un desacuerdo total con sacar nuestros bosques del área protegida”, añadió Benjamín.

Esta postura alienta la posición de la Semarnat y de la administración del bosque. Salvador Mayorga, el director de la reserva, señaló que el destino final de este amparo marcará una ruta decisiva para todo el esquema legal de protección de la naturaleza vigente en México. “Si ganan ellos, se debilitan todos los decretos, se ponen en tela de juicio, por eso espero que las autoridades cumplan su deber y defiendan a La Primavera”.

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CLAVES

El contexto legal

El juez tercero de Distrito en Materia Administrativa de Guadalajara, emitió su resolución sobre el juicio de amparo 413/2001-3 el pasado 19 de abril. “La justicia de la unión ampara y protege al ejido Santa Ana Tepetitlán, municipio de Zapopan, Jalisco, en contra de las autoridades responsables Presidente de la República, secretario de la Reforma Agraria y gobernador del estado de Jalisco, que se hicieron consistir en el decreto expedido por el primero [el presidente] el 19 de febrero de 1980 [publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo siguiente], y el acuerdo y convenio celebrados el 18 de agosto de 2000 y 8 de enero de 2001, por el gobernador del estado de Jalisco…” (sic)

Esto significa que el territorio ejidal, presuntamente afectado por el decreto, en condiciones equiparables a las de una expropiación (según el juez), sale de la zona de protección de La Primavera, “… para el efecto de que dejen insubsistente el decreto reclamado, respecto de la superficie propiedad del ejido quejoso, así como sus consecuencias”

El amparo 413/2001-3 fue admitido el 22 de mayo de 2001. Lo interpusieron los miembros del comisariado ejidal en ese entonces, Antonio Cruz Arandas, Silviano Alvarado Flores y Lázaro García Ramírez (respectivamente, presidente, secretario y tesorero), bajo la asesoría legal de Antonio Soto Becerra

Uno de los argumentos considerados en la sentencia: “la superficie de terreno reclamada fue afectada por el decreto reclamado, lo que sin duda afecta su interés jurídico, en razón de que si bien, dicho decreto no cancela los derechos de propiedad del ejido respecto de la superficie dotada, lo cierto es que le impide libremente gozar, disfrutar y disponer de la misma -características de la propiedad-, toda vez que prohíbe explotar de forma desmedida los recursos naturales que contiene, así como emplearla para fines urbanísticos…”

Sobre el caso, dado a conocer por Público, ya se pronunciaron expertos y autoridades. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales buscan echarlo abajo con un recurso de revisión. Los ejidatarios disidentes de Santa Ana buscan lo mismo

NUEVO DIRECTOR LA PRIMAVERA

Tibias impugnaciones al proceso; el titular de la Seder asegura que estuvo apegado a la ley

Gámez dirigirá La Primavera

Obtuvo 22 de 28 votos; los propietarios piden ampliar su participación

Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio, 10 de mayo de 2008

Crónica de una elección anunciada: ayer fue designado como nuevo director del bosque La Primavera José Luis Gámez Valdivia, ingeniero agrónomo por la Universidad de Guadalajara, mientras dos candidatos más se repartían las migajas de la votación, y una tímida impugnación a lo apresurado del proceso era acallada por el secretario de Desarrollo Rural, Álvaro García Chávez, quien también pidió a la prensa “apoyar” lo que viene para el bosque.

Que a la prensa le toca informar, al margen de cualquier interés -hasta de los “buenos intereses”- es lo que dictan los manuales de periodismo elemental, pero García Chávez se dijo preocupado por las “cabezas” de los periódicos del día de hoy, luego de que dieron algunos tumbos en la organización de los sufragios los miembros del Comité Técnico para la Administración del Bosque La Primavera, cuya sesión se realizó a partir de las 11:00 am en la colonia Moderna, en las instalaciones de una agrupación empresarial con acrónimo truculento: Careintra.

En ese ejercicio de democracia interna -que tuvo por fin darle un barniz de transparencia y legalidad a la nueva representación- por un momento pareció que el fantasma de las elecciones perredistas hacía acto de presencia. Primero, de 26 miembros originales con derecho a voz y voto, se sacaron de la manga cinco nuevas representaciones para los propietarios más variopintos de la serranía protegida. Tras esto, resultó que sólo 29 votaban, pues fue notoria la ausencia sospechosa de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades) -¿no los invitaron o se hicieron los dignos para no avalar a la Seder?- y la no tan extraña del Ayuntamiento de Tala. Cuando se depositaron los votos en la urna de cartón, se les perdió uno, y hubo que levantar manos para verificar que en realidad, desde el principio eran solo 28.

El ganador obtuvo 22. García Chávez se curó en salud: primero aclaró que las cinco altas estaban previamente acordadas por todos los miembros del comité; después dijo que aún si esos cinco sufragios no se hubieran dado, Gámez Valdivia habría ganado de todos modos. Nada fue arbitrario ni caprichoso, para acabar pronto.

Como tampoco lo fue el hecho de que los tres candidatos -el cuarto, Salvador Cornejo, célebre por sus luchas a favor del ambiente en el nutrido municipio de Guadalajara, desertó- debieran exponer su programa de trabajo en apenas diez minutos, y se les impidiera debatir con los vocales, pues no estaba previsto en la inflexible “la orden del día”. Se supo que habían tenido tiempo de “cabildear” todos los días previos con cada miembro del comité, y así, qué caso había en abrir el debate en un momento tan crucial, cuando se debatía el futuro del gran bosque de la gran zona metropolitana. Detallitos.

Agapito Jara, coordinador de Los Colomos, suspiró tal vez ilusionado al exponer sus generalísimas -y no por notables- propuestas, pero Jorge Cano fue más franco o realista, y después de exhortar a los presentes a atreverse a transformar el área de protección de flora y fauna en un lugar productivo que dé larga vida a las tareas de protección, saludó al futuro director, como si no fuera a ser el favorecido por los designios misteriosos de la asamblea.

Gámez Valdivia hizo una presentación también muy superficial, demasiado cuidadosa de todos los intereses enclavados en el comité, pero más lucidora en tecnología, a la power point, como corresponde a un candidato con visión de triunfo. Y no se equivocó.

Sereno, amable y callado se mantuvo a una orilla de la amplia mesa de debates. Los propietarios, quienes creen llegada su hora de tomar el control tras 28 años de restricciones, sacaban propuestas y críticas aquí y allá: que los caminos deben ser restaurados para combatir los incendios, que se deben formar las nuevas brigadas apagafuegos, que se debe buscar el control de combustibles, que qué malo era un señor Mayorga que hizo del comité durante once años un “vertebrado gaseoso”, que cómo será la nueva república primaveriana, para lo cual habrá hasta un Constituyente, como el del generalísimo Morelos, pues “un territorio nuevo conquistado requiere administración”. Caray, a lo Julio César: Alea jacta est?.

Acullá de la desmesura: La Primavera ya tiene un nuevo director, que tiene la oportunidad de su vida para demostrar que sus ideas, incluso las más heterodoxas, salvarán un patrimonio vital para la salud de una ciudad, razón por la cual se emitió el 6 de marzo de 1980 un decreto presidencial de protección. Cómo lo logrará sin pelearse con tantos particulares que lo apoyan convenencieramente y que lo juzgarán con lupa, y frente a tantos críticos que señalan el desaseo del proceso de su elección, y lo que es peor, con un diseño institucional inadecuado en el gobierno de La Primavera, que puede hacer tronar a más directores; todo eso conforma su desafío. Modesto, se comprometió: “responderé con los hechos”.

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La Primavera es una de las reservas más amenazadas del país

Jardel alerta por la precariedad del bosque

El proceso en el que se destituyó a Salvador Mayorga Castañeda y del que emergió José Luis Gámez Valdivia revela “la fragilidad y precariedad del área natural protegida cuando se trata de presiones externas; hay una extrema debilidad de la conservación en ese sentido”, advirtió el experto forestal de Manantlán, e integrante del Consejo Consultivo de Áreas Naturales Protegidas de la Semarnat, Enrique Jardel Peláez.

De hecho, el especialista opinó que el modelo de gestión de La Primavera en malas condiciones de funcionalidad afectará a cualquier director, lo cual obliga a establecer los cambios pertinentes en el gobierno que den un verdadero respaldo al director ejecutivo.

Sin embargo, estimó que el proceso del cual emerge Gámez Valdivia está viciado, pues debió someterse a lo que señala el Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas, pues se trata de una reserva federal. En la sesión de ayer, solamente Ismael Sánchez, de la organización no gubernamental Fomento y Protección del Bosque La Primavera, hizo suyos esos planteamientos de presunta ilegalidad y pidió más tiempo para analizar a los aspirantes, pero el titular de la Seder, Álvaro García Chávez, le dijo que la elección era un acuerdo tomado desde la sesión anterior y que por ser un área protegida coadministrada, no aplica obligatoriamente el reglamento federal.

Jardel opinó que “hay intereses económicos que amenazan a La Primavera, que tiene el riesgo de ser devorada por fraccionamientos o por proyectos ecoturísticos […] este camino puede convertir a una reserva mundial de la biosfera {reconocida así por la Unesco] en un parque urbano”.

Insistió en que el papel de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) es omiso, porque se trata de la entidad que debe garantizar el cumplimiento de los objetivos del decreto de 1980, que pone en primer lugar los intereses colectivos, de una colectividad de 4.2 millones de personas, por sobre la especulación de actores privados.

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“Por un Constituyente”

Privados
piden el
control de
La Primavera


Sin afanes irónicos, y satisfecho porque lograron la destitución de Salvador Mayorga Castañeda tras once años de desgaste, Eric Coufal, representante de un grupo de propietarios que aglutinan más de 800 hectáreas de La Primavera, propuso ayer una “asamblea Constituyente” como órgano de gobierno de la reserva de 30,500 hectáreas.

Ese espacio tendría 50 por ciento de representación de ejidatarios y propietarios, o sea, la bisagra para controlar los destinos de la sierra. Pero hay más: el nuevo director tendría que aceptar directores adjuntos, de las distintas representaciones territoriales, gubernamentales o de la sociedad civil; esta última obtendría 25 por ciento de los asientos. El gobierno se quedaría con el otro cuarto de los asientos. Y no sería en modo alguno una instancia decorativa, según la exposición hecha ante el pleno del Comité Técnico para la Administración del Bosque La Primavera.

“La idea es tomar las riendas en conjunto de un nuevo comité […] evaluamos que esa participatividad [sic] no obedece solamente a un interés filosófico o un interés ecológico, o un interés territorial o económico, ni de responsabilidad gubernamental, sino a la necesidad de que se lleguen a tomar acuerdos válidos”.

Esa Asamblea Constituyente tendría 60 asientos y se reuniría una vez por año, para evaluar las acciones de conservación y fomento realizadas por la dirección ejecutiva, definir si es pertinente la permanencia del director, y aprobar el presupuesto de gastos y el plan de acción para el año siguiente. Nada más.

Generoso, apuntó la necesidad de que “también tenga la sociedad civil, que no tiene titularidad en bienes raíces, la oportunidad de demostrar su preocupación académica, ecológica, y de cualquier tema que pueda converger a una protección consensada [sic], de lo que se tiene que hacer con este nuevo plan de manejo…”.

Pero no se trata de hacer fraccionamientos, abundó, sino “desarrollos ecoturísticos”, y que los dueños de la tierra puedan recuperar parte de lo perdido con la exclusión de la especulación que viene de 1980.

INVASIÓN EN LOS COLOMOS

Peligros geológicos e hidrológicos para fraccionamientos invasores

En Los Colomos, riesgos
son un patrón de construcción


Investigadores alertan sobre el daño ambiental como causa de desastres

Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio, 1 de julio de 2008

Los riesgos de desastre se incrementan con la progresiva transformación urbana de la cuenca de Los Colomos, bien posicionada en el mercado inmobiliario como la zona más codiciable para vivir en esta urbe: una mezcla de fincas californianas tipo Beverly Hills y de rascacielos poderosos estilo Santa Fe (ciudad de México), a la altura de las ambiciones de una elite cosmopolita.
La publicidad de las empresas inmobiliarias entrega estas metáforas fáciles de los sueños de prosperidad, pero los conocedores de la geología e hidrología local -la ciencia como aguafiestas- advierten que todo puede acabar en pesadillas.

En el aspecto físico, e incluso en el social, el área está configurando una especie de “anticiudad” en la cual las relaciones entre los grupos son sustituidas por los cotos privados, mientras la posibilidad de padecer por eventos naturales se torna más real y frecuente, subrayan los autores de la monografía Los Colomos, Enrique García Becerra, Ricardo y Pablo Robles Gómez, de la Universidad de Guadalajara.

Destacan: “La zona está sometida a un intenso proceso de transformación en el uso de suelo y en su medio físico, por parte de inmobiliarias y promotores, a quienes sólo interesa obtener las mejores ganancias económicas, y lo que menos les importa es la desaparición de los cuerpos de agua, los cuales se han secado, desviado, rellenado, obstruido […] transformando por completo, de forma negativa, el sistema hidrológico, que además, ha sufrido la modificación del relieve [relleno de barrancas, aplanamiento de las lomas y compactación de suelo] y la destrucción de la cubierta vegetal”.

Los académicos elaboraron un patrón de las alteraciones sufridas por el sistema natural:
En cuanto a movimientos de suelo, cuatro grandes tipos de daños. Uno, “elaboración de taludes en los escurrimientos para el trazo de avenidas metropolitanas”, como es el caso de la avenida Patria en su cruce con la avenida Naciones Unidas. “Esta situación, junto con la falta de una salida de agua, ocasiona acumulaciones forzadas del líquido con la consecuente infiltración, lo que a su vez genera un proceso de lavado de material fino y altos contenidos de agua en el subsuelo”.

Dos, ampliación de lechos de arroyos mediante recortes de las vertientes, los cual es muy común en lechos angostos “y genera formación de escarpes [“declive áspero del terreno”, según la RAE] artificiales” en el suelo.

Tres, relleno de parteaguas de la cuenca (partes altas) para ampliarlos y construir sobre ellos. La mala técnica utilizada ha hecho que el suelo se mueva y aparezcan agrietamiento en las construcciones allí establecidas.

Cuatro, los escarpes activos; es decir, la erosión natural y la inducida provoca que se mueva el subsuelo y que los cimientos de las partes altas se vayan descubriendo, pues pierden soporte.

En cuanto a inundaciones, dos usos constructivos las fomentan: uno, canalización o confinamiento de escurrimientos. “Ha representado una práctica muy común en el arroyo Atemajac, entre Acueducto y Federalismo [sobre la zona de Patria]. El problema de desbordamiento se incrementa de manera considerable debido a lo irregular de la urbanización, trayendo consigo problemas de arrastre de materiales […] este problema es muy particular en la zona de plaza Patria debido a su localización y al desnivel que presenta, que la convierte en zona altamente susceptible de inundarse en su planta baja”.

Dos, el relleno de barrancas. “Es el caso más común que se presentó en las partes altas de las barrancas que se localizan entre lo que hoy es avenida Vallarta, avenida Patria y Naciones Unidas. Permanentemente se presentan problemas de pequeños hundimientos sobre la carpeta asfáltica y en algunos edificios. En general, las construcciones presentan marcas por los altos contenidos de humedad en el suelo”.

Por qué pasa
Una “fuerte dinámica en los procesos geomorfológicos” dio origen al sistema de barrancas de Los Colomos, a partir de 95 mil años atrás.

Como resultado de eventos volcánicos, “en la cuenca, los materiales predominantes que encontramos son las cenizas volcánicas [tipo] lapilli y pumicitas, composición que forma los suelos poco consolidados como el regosol y feozem […] las capas de materiales pumíticos, altamente permeables, provocaron procesos de infiltración del agua al subsuelo, trayendo consigo, para el poniente de la cuenca de Atemajac, el colapsamiento de la capa de material pumítica, lo que dio lugar a un proceso erosivo, causando la formación de las barrancas”, explica la monografía.

Un fenómeno que no ha terminado. “Pese a que el proceso de formación de barrancas es joven, su dinámica es muy intensa, tal como se puede observar en las barrancas junto al fraccionamiento Puerta de Hierro y al norte de este, junto al periférico”, añade.

Es decir, “los ríos subterráneos provenientes de La Primavera […] con el transcurso del tiempo han realizado un trabajo de erosión subterránea, lo que ha provocado hundimientos lentos en el área, producto de la sustitución del material acarreado por los escurrimientos del subsuelo hacia las zonas más bajas”.

Hay otra condición decisiva del sitio: “la mayoría de los arroyos [superficiales] en el área son de tipo intermitente y torrencial”, o sea, salen solamente en lluvias intensas.

Cómo pasó
En Los Colomos, “la urbanización -sobre todo aquella que transforma fuertemente el medio físico de la zona- comenzó a partir de 1970 con la aparición de fraccionamientos como Bosques de San Isidro y Santa Isabel”. A partir de allí se fueron acumulado otros: San Miguel de la Colina (1971), Jardines Vallarta (1972); Real Vallarta, la Universidad Autónoma de Guadalajara y Jardines Universidad (1973); Villa Universitaria (1976) Patria Universidad (1979); Royal Country (1986); Parque Regency (1989) y Puerta de Hierro (1990).

“Una de las zonas que llama la atención por las características de sus recursos naturales y la transformación que de ellos se ha realizado inadecuadamente, debido al acelerado proceso de construcción de viviendas de lujo, [es en la que se ubican] el lujoso fraccionamiento Puerta de Hierro y el hipermercado [sic] Carrefour [hoy Chedraui]”.

Puerta de Hierro tiene 132 hectáreas con viviendas de lujo sobre 400 a 1,200 metros cuadrados; está diseñado para favorecer el uso del carro, y en consecuencia, la apertura de calles a costa de la red hidrológica.

En dicho fraccionamiento se borraron barrancas con pendientes mayores de 30 por ciento, no aptas para ser urbanizadas, y se cambió todo el esquema hidráulico para sacar mayor provecho económico a cada palmo de terreno. En cuanto al centro comercial, las inundaciones de los años 90 fueron una clara respuesta de la naturaleza por “las modificaciones al relieve, compactación y asfaltado de algunas áreas altas”.

Las primeras lluvias posteriores a estas edificaciones, moderadas (no rebasaban 20 milímetros), ocasionaron que las aguas, buscando su salida bloqueada, “arrasaran todo a su paso”. Una serie de obras correctivas mitigaron daños, pero hoy la zona está más urbanizada. Y no es descabellado pensar en más sueños que se volverán allí pesadillas.

INVASIÓN EN LOS COLOMOS

No se localizan escrituras claves de Los Colomos, lo que revela modus operandi de mafia

Roban evidencias en Registro
Público de la Propiedad

Geógrafo de UdeG advierte riesgo de desastres por especulación inmobiliaria

Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio, 30 de junio de 2008

El despojo de terrenos públicos en Los Colomos, maquinado a partir de escrituras “inventadas” por diversos notarios de la zona metropolitana de Guadalajara, tuvo respaldo de funcionarios públicos y se refleja con claridad en el Registro Público de la Propiedad, de donde han sido extraídas evidencias a conveniencia de los actores.

Este es el testimonio que ofrece a Público Enrique García Becerra, investigador del Departamento de Geografía de la UdeG, y quien ha dedicado diez años de su vida a indagar sobre el problema, sobre el cual avanza en su tesis de doctorado.

“En 1998, cuando era secretario del patronato de Los Colomos el arquitecto Ricardo Robles, propuso un estudio sobre todo lo histórico de Colomos, para encontrar cuáles realmente eran las propiedades públicas; empecé a investigar todas las escrituras que encontré en el Registro Público de la Propiedad, hice algunos planos de dónde debían estar los terrenos, pero la investigación se quedó incompleta porque al llegar a las escrituras de origen, estaban desprendidas de los libros; así, resultaba imposible reconstruir exactamente las propiedades; ya se sabe que de todas las 258 hectáreas que compró el gobierno para captar, conducir y distribuir agua, solamente se destinaron 160 para lo que sería el bosque, y de esas 160 hay 91 o 92 hectáreas únicamente en la actualidad”. Así, un reto mayor es localizar todos los demás terrenos.

García Becerra señala que los problemas comenzaron desde la compra misma de los predios, a finales del siglo XIX. “María Gil Romero, quien vivía en la ciudad de México, fue despojada por Zapopan de sus propiedades y éste municipio las vendió al gobierno del estado en 50 mil pesos; (…) se fue a juicio y lo ganó, y el gobierno debió comprárselas de nuevo”.

Y no sólo eso. Otros particulares obtienen en ese tiempo “algunas propiedades que se adjudican sin tener escrituras, por ejemplo, de la Hacienda La Providencia, que de ese modo se escrituraron zonas que después el gobierno del estado adquiere por algún procedimiento”, advierte.

“Como a diario en la historia de nuestra ciudad, tiempo antes de que el gobierno sacara el proyecto de la compra de terrenos en Colomos se dio un proceso de compra venta de todos esos terrenos; la conformación de la hacienda La Providencia es previa, ellos adquirieron 133 terrenos, y después permutan algunos terrenos y de ahí surgirían después Colinas de San Javier, Santa Isabel, Santa Margarita; en si ya era toda una operación inmobiliaria”.

-O sea, ¿la tendencia que se ha tenido en Guadalajara de especular y engordar terrenos, es muy antigua?
Así es.
- Se rumora un proyecto de gobierno, los interesados se enteran y empiezan a hacerse de terrenos para vendérselos mas caros…
- Exactamente; además, algunas de las gentes que eran propietarios, asumían cargos como funcionarios del ayuntamiento o tenían relaciones por viejos cargos (…) eso pasó con los Fernández del Valle o los Verea, copropietarios de La Providencia.

Es decir, “muy probablemente tuvieron información previa de todos estos proyectos y gestionaron para hacer negocios; a lo mejor resulta muchas veces dificil comprobarlo porque muchos de los deslindes que se daban en algunas escrituras hablan de aspectos físicos que han desaparecido; aquí seria importante rastrear su origen, en dónde adquirieron esos terrenos, confrontándolo con las escrituras originales”, apunta.

La Providencia es un caso memorable. No fue creada para usos productivos, sino para especular con inmuebles, en lo cual, sus propietarios originales resultan “visionarios” (Público, 16 de junio de 2008).

Una de las ventajas en el caso del historial de escrituras es que el Archivo de Instrumentos Públicos del estado puede subsanar los documentos robados en el RPP; además, hay juicios legales seguidos en más de un siglo que pueden contener la información extraída de forma dolosa.

Daño ambiental
Lo cierto es que “el proceso urbanizador de toda esa zona de Colomos ha sido cuestión del interés económico a costa de todo lo demás (…) no sólo por las invasiones de propiedad estatal, sin la ocupación de áreas de protección: todas las barrancas de la cuenca, desde el famoso Plan de Ordenamiento de la Zona Conurbada de Guadalajara (1982), aparecían como áreas de protección a cauces, e igual yo me pregunto quién se las vendió y por qué las ocuparon, las borraron y construyeron sobre ellas”.

- Pero al modificar la hidrología van a generar problemas más serios al propio patrimonio de quienes les compran…
- Sí, de hecho mi estudio es de riesgos naturales; el proceso urbano en Los Colomos es caótico: estos fraccionamientos que están en zona de riesgo de inundaciones e incluso de desprendimientos de bloques de material; es una consecuencia del proceso de degradación (…) el problema fuerte es que las aprobaciones se dan sin tomar en cuenta estas cuestiones; conforme llega la lumbre a los aparejos es cuando empiezan a verse las cosas y ya no se puede hacer nada porque ya tienen los propietarios todos sus derechos, ya hay licencias, plan parcial aprobado…

Ese modus operandi en el cual prima la especulación económica se demuestra fácilmente: “revisando fotografias aéreas de hace diez años, te das cuenta del recorrido normal de ríos y arroyos y resulta que si revisas en la actualidad, esos arroyos han cambiado de forma y de lugar, y que pasa, que algunos de los fraccionadores, que busca construir en dos o tres años, lo que hacen es tapar ese cauce y con una maquinaria hacer su propio río no tan curveado para que no les quite tanto terreno; simulan el arroyo, en dos o tres años con el temporal se borran las huellas de la maquinaria; luego van y presentan su plan y las autoridades no revisan nada; entonces hacen su urbanización sin problemas; el problema viene para la cuenca y sobre todo para los que habitarán ahí”, pone en relieve.

Rastrear escrituras para desmontar esos fraudes legales es una cosa compleja. Evitar los daños ambientales y los perjuicios a la población, otro tema no menos importante. En ambos aspectos se advierten actitudes omisas de la autoridad.

El geógrafo subraya la necesidad de plantear el rescate global de la cuenca, de poco más de 3,200 hectáreas, como agenda paralela a la recuperación de los terrenos públicos, que según la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur), son 198 ha (ver edición del 12 de junio de 2008).

Son dos agendas complicadas, pues se trata de la zona con los inmuebles más codiciados de la ciudad. Pero el geógrafo puntualiza, con toda seriedad: si las omisiones continúan, la naturaleza podría pasar “una factura costosa”.

INVASIÓN EN LOS COLOMOS

El embuste: vecinos acusan al ayuntamiento de dar estatus de propietarios a invasores

Expropiar Los Colomos,
trampa o estratagema


La estrategia: Jurídico asegura que proceso obliga a clarificar derechos

Guadalajara. Agustín del Castillo / Dolores Reséndiz. Público-Milenio, 21 de junio de 2008

La propuesta que planteará el Ayuntamiento de Guadalajara al gobierno de Jalisco para expropiar los predios invadidos en Los Colomos levantó ámpula entre los defensores del bosque tapatío, que ven en el planteamiento un reconocimiento a derechos “espurios” de los presuntos invasores, que así asegurarían una indemnización millonaria a cambio de perder desarrollos inmobiliarios que de por sí eran “ilegales”.

“Nomás nos faltaba, que quisieran asegurar un negocio cuando se trata de invasiones a propiedad pública; jurídicamente es eso, las escrituras del gobierno datan de un siglo y los actos de los invasores tienen pocos años; así cómo esperan que les creamos que no están protegiendo intereses de los particulares”, advirtió Virginia Acosta, de Ciudadanos por los Colomos AC.

A juicio de la defensora del espacio público, lo único sensato es que se planteen los procesos jurídicos indispensables para que se restituya el territorio comprado entre 1897 y 1902 por los gobernadores Ahumada y Curiel en la cuenca de Los Colomos, y sólo si se demostrara judicialmente que los títulos particulares son mejores a los públicos, procedería expropiar.

Para Acosta, la solicitud municipal es simplemente de una “cortina de humo” que oculta la indiferencia de Guadalajara en salvaguardar el patrimonio, lo cual, a su juicio, también se demuestra en la indignación que causó entre los regidores y el propio presidente municipal, Alfonso Petersen Farah, los señalamientos del rector de la UdeG, Carlos Briseño Torres, de que “un regidor” -en alusión al panista Juan Pablo de la Torre- estaría apadrinando intereses de algunos invasores (Público, 6 de junio de 2008).

Sin embargo, el director jurídico de Guadalajara, José de Jesús Hidalgo Sánchez, ve las cosas de otro modo: la petición del ayuntamiento tapatío pretende demostrar que los predios no tienen dueños particulares legítimos.

Aseguró que el dictamen que se aprobará en la siguiente sesión de ayuntamiento, solicita primero la protección de la cuenca hidrológica y en segunda instancia la declaración de la expropiación de todos los terrenos en disputa, incluyendo los que se encuentran en Zapopan.

“En primera instancia es la protección de la cuenca, después es comenzar con el proceso expropiatorio y que aparezca quienes se dicen dueños, presenten sus juicios de amparo y demuestren que se trata de propiedad privada”, apuntó Hidalgo Sánchez.

- ¿Pero eso no es como perder sin pelear, o sea, pagar el terreno que ya se había comprado?
- No, el ayuntamiento estipula el costo, pero es poco probable que [ellos] puedan demostrar la propiedad.
- ¿No tendrían que pedirle al gobierno del estado que les dé herramientas jurídicas para pelear estos terrenos, en lugar de solicitar desde este momento la expropiación?
- Nosotros no podemos pelear ni expropiar solos. El comodato con el que cuenta el ayuntamiento no ha sido firmado por el alcalde; no podemos defender nosotros a Los Colomos. Gobierno del estado ya presentó una demanda en el caso del predio de Paseo del Torreón, pero con el decreto de expropiación saldrán más propietarios a quienes se habrá de pelear la propiedad.

El ayuntamiento tapatío aprobó un punto de acuerdo para solicitar al estado “que inicie los procesos de expropiación de los terrenos que se encuentran en disputa social dentro del bosque Los Colomos”. Al decreto se le realizarán modificaciones en la redacción, por lo que su aprobación será hasta la próxima sesión de ayuntamiento.

La expropiación exige una claridad respecto al dueño del predio a expropiar. Carece de sentido si el titular del derecho es el propio gobierno.

Para abogados consultados por este diario, lo procedente es interponer litigios para rescatar el área pública, bajo los dos presupuestos básicos: el primero en tiempo es primero en derecho, y la propiedad pública jamás prescribe (es decir, así las tierras hubieran sido invadidas al día siguiente de su compra por el gobierno, siguen siendo públicas: su posesión ilegal no genera derechos de propiedad).

La Ley de expropiación de bienes muebles e inmuebles de propiedad privada, que tendría aplicación en el supuesto, señala en su artículo 7: “La indemnización correspondiente, siempre que no hubiere acuerdo sobre el monto de ella, se basará en la cantidad que como valor fiscal figure en las oficinas catastrales, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por el de modo tácito, por haber pagado sus contribuciones con esta base, aumentándolo en 10 por ciento”.

INVASIÓN EN LOS COLOMOS

Errores y omisiones en documentos que privatizan una fracción de Colomos

El Torreón, historia
de escrituras fantasma


Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio, 22 de junio de 2008

Los notarios públicos número cinco de Tlaquepaque, Humberto Gascón Orozco, y 122 de Guadalajara, Carlos Gutiérrez Aceves, tienen mucho qué explicar en torno a la legitimación de dos actos de compraventa de propiedad en Los Colomos, que datan de los años 1989 y 2006; se trata de documentos plagados de inexactitudes, datos imprecisos y personalidades borrosas: la conformación de una escritura fantasma.

El problema es que esos textos legales son base para legitimar los presuntos derechos de propiedad de ocho particulares en Retorno del Torreón, un lote de 15,131.76 metros cuadrados en la zona sur de Colomos, en perjuicio del bosque público, enclavado en una zona donde el precio por metro cuadrado alcanza fácilmente los seis mil pesos, los rangos más altos de la ciudad. Así, el fantasma cobra evidente realidad, con razones de muchos pesos y centavos.

El gobierno de Jalisco acredita la propiedad del inmueble mediante la escritura número doce del 11 de abril de 1899, que pasó por la fe del notario supernumerario de Guadalajara, Manuel M. Tortolero; una de las doce compras que hizo para formar la propiedad pública. 90 años después, una supuesta excedencia de terrenos de una fraccionadora lo intentó convertir en espacio privado.

Es la escritura pública 9,454, elaborada el 27 de julio de 1989 por Gascón Orozco; el vendedor fue el doctor Salvador Madrigal Moreno como “liquidador de la sociedad Fraccionadora del Valle SA”; los compradores: José Ávila Sánchez, Rodolfo Camacho Salazar, Alejandro Madrigal Orozco, Alejandro Marco Morales Pérez, Susana Ochoa Villaseñor, Guillermo Orozco Salido, Anna Rosa Pelayo Velasco y María de los Ángeles Pelayo Saldívar.

Fraccionadora del Valle, refiere la fe, se constituyó el 11 de diciembre de 1956 (escritura pública 5,192 emitida por el notario 31, Víctor González Luna) y adquirió en ese mismo acto “por aportación que hizo la socia, señora Antonia Verea de Corcuera, los terrenos que formaron un solo paño consistentes en la fracción A de los antiguos predios El Torreón y San Ramón, en la municipalidad de Zapopan, Jalisco, con superficie de 81 hectáreas…”. No se hacen referencias documentales que sustenten esa aportación.

“Con motivo de dicha liquidación se celebra por parte de la sociedad la venta de un saldo de aquella aportación, misma que es objeto de esta compraventa, con una superficie de 15,131.7605 metros cuadrados…”.

Los flamantes nuevos propietarios intentaron legitimar su dominio al demandar en 1995 al Ayuntamiento de Guadalajara en el Juzgado XVI de lo Civil (expediente 731/95) para que se retirara el arco de ingreso y la caseta de control que instaló en Paseo del Torreón el municipio para acceder al parque. Tuvieron éxito, pese a que el ayuntamiento, en su respuesta, puso el dedo en la llaga: el título de propiedad presentado por los quejosos es “apócrifo” (ver Proceso Jalisco 176).

Once años después de la demanda, la propiedad fue transmitida parcialmente (11,186 m2) a José Tomás Colsá Chalita y Álvaro Corvera Nepote, según la escritura 8,107 del notario Gutiérrez Aceves, del 6 de diciembre de 2006.

El documento presenta incongruencias que alcanzan los linderos de lo bufonesco: por ejemplo, el predio se ubica en el distrito Minerva de Guadalajara, pero la fe indica que está en Zapopan y menciona su cuenta catastral en aquel municipio (U103627); además, uno de sus compradores (Corvera Nepote) es un hombre -según la escritura- nacido el 14 de julio de 1999, que ahora tendría casi ocho años de edad.

Diez días después, la sindicatura de Guadalajara abrió la posibilidad de que allí se construyeran “40 viviendas bajo régimen de condominio vertical densidad baja, en ocho niveles de altura”, al aprobar el recurso de revisión DJM/DJCT/FA-671905972006. Y eso que la escritura dice que es un predio de Zapopan.

Tantas coincidencias hacen pensar a los defensores de Los Colomos en una acción concertada para consolidar derechos sobre propiedad pública, que como se sabe, es imprescriptible, inalienable e inembargable (o sea, no puede vender ni perder bajo ninguna circunstancia). El fantasma de los intereses especulativos tiene así, aparentemente, una partida ganada.

INVASIÓN EN LOS COLOMOS

Cómo los intereses inmobiliarios se han repartido en medio siglo un patrimonio público

Los Colomos: narco,
mentiras y terrenos

Simulación de escrituras, compraventas fraudulentas y lavado de dinero forman parte del historial de una propiedad pública en la zona más codiciada de la ciudad, que ahora el gobierno hace intentos por recuperar

Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio, 16 de junio de 2008

La historia del rancho El Gorupo, enclavado en lo que hoy se conoce como Los Colomos III, sería un ejemplo de cómo el hombre a veces triunfa sobre las leyes universales de la física: su comprador de 1962, Melaquiades Orozco Vázquez, logró el prodigio de hacerlo crecer de tres hectáreas originales a 30. Hace apenas dos años, sus descendientes lo llevaron a 33 ha.
Hoy se sabe que esta sorprendente expansión de la materia no fue tal. Notarios diligentes se encargaron de “corregir” las escrituras y asentar la propiedad sobre el área pública, en la zona inmobiliaria más codiciada de la ciudad.

Gracias a esa paciente labor empresarial, el narcotraficante Rafael Caro Quintero pudo adquirir una fracción de casi 20 ha de El Gorupo (escritura pública 19,718), el 13 de enero de 1984, ante la fe del notario 55, Alberto Farías Martínez. Allí comenzó a edificar un proyecto faraónico que incluía un zoológico, caballerizas y lago artificial, además de una gran finca con aspecto de templo griego, ejemplo conspicuo del Art narcó.

Toda esta abierta actividad, bajo la mirada fascinada de buena parte de las elites tapatías, que abrieron sus puertas a las carretadas de dinero provenientes de actividades ilegales del cártel de Sinaloa, cuyos capos más prominentes huían a Jalisco de la agresiva Operación Cóndor del ejército mexicano, ejecutada a partir de 1977 en ese estado del noroeste. A partir de entonces se llamaría cártel de Guadalajara.

Pero el pequeño paraíso del célebre mafioso duraría poco, tras su detención en Costa Rica el 4 de abril de 1985 por el asesinato y la tortura del agente de la agencia antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) Enrique Camarena Salazar, y el secuestro de la tapatía Sara Cosío. La Procuraduría General de la República (PGR) incautó sus bienes, y los predios en torno a la avenida Acueducto quedaron en el olvido.

De forma insospechada, pocos años después, estos lotes baldíos contiguas regresaron a la especulación: recuperados tras arduo proceso por los abogados del sinaloense, los terrenos terminarían de “limpiar” su doble origen ilegítimo con la venta a terceros. Hoy se ubican allí los exclusivos fraccionamientos Zoto Grande [sic] y La Reserva, además del templo católico de San Juan Masías, que tiene su propia historia. Los precios actuales por metro cuadrado en el área rondan los 10 mil pesos, los más elevados de la metrópoli.

La huella de Caro Quintero ha sido casi borrada. La de las invasiones a la propiedad pública, no.

1895, protección de cuencas
En los enredos legales por Los Colomos, un dato es esencial: todas las escrituras de los invasores de la zona remiten a actos jurídicos y escrituras que no van más allá de 1934. Los títulos que posee el gobierno de Jalisco comienzan en 1891, y se adquieren a partir de 1897. Esto alude a una premisa jurídica básica: el primero en tiempo es primero en derechos. Pero además, a una segunda, no menos contundente: la propiedad pública es inalienable, imprescriptible e inembargable. Es decir, su invasión no crea derechos.

El gobierno se hace de esos predios para asegurar el agua a la perla tapatía. “El 6 de diciembre de 1895, el Ayuntamiento de Guadalajara, en reunión de cabildo, acordó dirigirse al gobernador con el propósito de solicitarle la concesión de los manantiales y las corrientes llamadas El Colomo Grande, así como la autorización de desviar hacia la capital, en caso necesario, en arroyo del referido nombre y la expropiación de los terrenos necesarios para levantar edificios, depósitos y acueductos o canales”, señala Luis Basich Leija en Plan para la conservación de los acuíferos de Los Colomos para su mejor aprovechamiento en el abastecimiento de agua (1971, Descripciones Jaliscienses, El Colegio de Jalisco).

Tanto el Ayuntamiento de Zapopan como las fábricas de textiles de Atemajac, La Experiencia, El Batán y el Molino del Salvador se opusieron al planteamiento (temiendo escasez de agua), pero vencida la resistencia, el gobierno comenzó a adquirir predios. La primera compra fue el 10 de abril de 1897, a la señora Peña de Guevara (sic), 5.28 hectáreas, registrada ante el notario 14, Juan S. Castro (Análisis y diagnóstico de la tenencia de la tierra en la cuenca de Los Colomos, Secretaría de Desarrollo Urbano, 1999).

Las propiedades compradas pertenecían a María Gil Romero, Manuel Fernández del Valle, Mercedes Torres de Rosales, Miguel Rosales Cortés, Francisca Jiménez Ontiveros, Luis Castellanos y Tapia, Amado Vidrio y la propia Peña de Guevara; también se dieron permutas de superficie con José Verea, dueño de la hacienda La Providencia, la cual, según dijo a este diario el investigador del Departamento de Geografía de la UdeG, Enrique García Becerra, era un complejo de propiedades que no fueron adquiridas con fines productivos, sino a futuro, para el desarrollo urbano, lo cual hace a Verea un visionario de los negocios inmobiliarios.

A este patrimonio público heredado por los gobernadores Luis Curiel y Miguel Ahumada, el gobierno localiza una nueva adquisición de predios, por parte del Ayuntamiento de Guadalajara, el 7 de mayo de 1920 (registrado por el notario Arnulfo M. Matute en esa fecha, anexo 134).
Así se integra la propiedad pública original. En 1999 había dudas sobre su extensión, pues muchas escrituras están planteadas en fanegas (una fanega equivale a 6,459.6 metros cuadrados) y sus linderos eran mojoneras y descripciones geográficas que se han modificado. Hay versiones de que el terreno público total original era de 248 ha.

Sin embargo, un cuidadoso análisis cartográfico elaborado por la propia Sedeur a partir de 2004 arrojó los datos oficiales: 198.55 hectáreas en dos grandes poligonales.

La primer poligonal corresponde a Los Colomos I y II, El Colomo Grande (16.8 ha), Los Colomos de María Gil (6.97 ha), Loma del Colomo (2.82 ha), Miguel Rosales (40.4 ha), El Chochocate (16.5 ha), excedencia de El Chochocate (39.2 ha), y tres permutas con el señor José Verea (que suman poco más de 17 ha). Al total de 139.8 ha, se le deben restar poco más de 23 ha cedidas a José Verea, para totalizar 116.7 ha.

En Los Colomos III, es la suma de los predios La Coronilla (3.56 ha), Campana del Tabardillal (37.3 ha), Loma de los Coyotes (24.6 ha) y Los Coyotes (16.4 ha), para totalizar 81.85 ha.
Con el paso de los años, sobre todo medio siglo a la fecha, 26.7 ha del primer poligonal y 40 ha del segundo, fueron invadidos. Los intentos gubernamentales para poner orden y detenerlas fueron, en el mejor de los casos, tímidos.

1962, las invasiones
La escritura pública 434, del 20 de marzo de 1962, ante la fe del notario público 48, José García Delgadillo (inscripción 133, página 280 del libro 791, sección primera de la segunda oficina del Registro Público de la Propiedad), acredita la compra de Melquiades Orozco Vázquez del terreno rústico “denominado El Torreón y San Ramón, conocido también como Loma del Callejón y actualmente como Rancho el Gorupo”, con una extensión de tres hectáreas (una anotación marginal revela que la fracción vendida forma parte de un superficie total de 30 ha), cuya historia registral data aparentemente de 1934.

Melquiades Orozco solicitó rectificación de superficie, aludiendo error en la escritura. Es decir, no eran tres sino 30 ha (documento 15 del libro 2354 de documentos generales de la segunda oficina del RPP). Ya con ese logro, vendió a Guillermo Brocmann Obregón y socios 25.7 ha (escritura pública 3,094, 16 de junio de 1969, notario 65, Carlos Luviano Jaramillo).

19.7 de esas hectáreas pasaron a propiedad de Caro Quintero, el cual las perdió temporalmente. Pero el 6 de septiembre de 2000, la escritura 6,111 (del notario 50, Guillermo Conrado Figueroa) acredita la venta de 15.7 ha del predio por parte del propio narcotraficante, operación a cargo de su representante Juan Carlos Aguado Madrigal, a favor del grupo constructor Segundo Milenio SA de CV.

El 5 de diciembre de 2003, (escritura públicas 10,221 y 10,222 del notario 16 de Zapopan, Arturo Zamora Jiménez), se acredita la transmisión de las áreas de vialidad y de cesión para el desarrollo Zoto Grande.

De las propiedades estatales que detentó el miembro del cártel de Guadalajara entre 1984 y 2000, además del fraccionamiento citado, se derivan también los condominios La Reserva (escritura 523 del 17 de diciembre de 2003, notario 98, Manuel Cárdenas Ortega), de 6,911 m2.
Los descendientes de Melquiades Orozco no se conformaron con pasar de tres a 30 ha. El 6 de diciembre de 2006, Amparo Meneses viuda de Orozco solicitó una nueva rectificación de la superficie, a 33 ha, la cual se autorizó, según el documento 38, libro 10,634 del RPP.

Otras invasiones en Colomos III (que suman 40 ha) no tienen un pasado tan espectacular; son actos jurídicos considerablemente más recientes que solo por descuidos podrían ser mejores que los títulos públicos. En algunos casos ni siquiera se ha detectado al invasor. Pero la investigación de la Secretaría General de Gobierno señala nueve actos de posesión ilegal, que incluyen los fraccionamientos Pontevedra, Real del Bosque, La Reserva, una fracción de Puerta de Hierro, la escuela Greenlands, iglesia católica de San Juan Macías, plaza Andares (parcialmente) y agencia automotriz Mazda Acueducto, así como los particulares Corporativo Egyro, María del Rosario Lindoro Guerrero, Andrés Estrada Briseño, Marcela y Griselda Muñoz Morfín.

Las evidencias jurídicas abrumadoras no han impedido que estos espacios tengan licencias municipales en regla por parte de Zapopan.

En Los Colomos I y II se registran trece invasiones: fraccionamiento Rincón de Los Colomos, fraccionamiento Villas Colomos, Fernando Castillo Carrillo, Mario Martín del Campo, Jesús Oropeza Preciado, Yamel Gómez Márquez, club deportivo Atlas Colomos, constructora Rodríguez y Torres, y el reciente caso de Retorno del Torreón, de Oromont Inmobiliaria Sociedad Civil, con ocho presuntos codueños. También favorecidos con permisos municipales (de Zapopan y Guadalajara), ninguna de las escrituras de este grupo se remontan más allá de 1949.

La materia no se crea ni se destruye, sólo se transforma, dice el principio de Lavoisier. En Colomos no es la excepción: las tierras que fueron adquiridas a partir de hace 111 años para preservar el agua de la ciudad, simplemente han sido invadidas para negocios fabulosos en una madeja de mentiras, fraudes e historias oscuras que no excluyen lavado de dinero del crimen organizado.

INVASIÓN EN LOS COLOMOS

Desarrollos de lujo, torres, negocios, iglesias y plazas, en predios estatales

Grandes inversionistas
fraccionan Los Colomos

Grupos civiles exigen al gobierno estatal y a municipios reforzar defensa

Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio, 12 de junio de 2008

El pasado 29 de mayo, la empresa Mazda Motors inauguró su nueva agencia sobre avenida Acueducto, con una amplia oferta de vehículos de lujo, deportivos y familiares de la marca japonesa, en una construcción anexa al fraccionamiento Puerta de Hierro, en el corazón residencial de la elite económica de esta ciudad.

El ambiente de opulencia y de fiesta que registra la reseña del suceso (Mural, 3 de junio de 2008) contrasta con el conflicto en que está inmersa la propiedad: las flamantes instalaciones forman parte de 40 de las 81 hectáreas que el gobierno de Jalisco compró allí (Colomos III) hace más de cien años para garantizar el abasto de agua de Guadalajara, que entonces apenas rebasaba 100 mil habitantes.

El hecho de que el gobierno estatal haya dado conocimiento del caso a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para recuperar esa posesión de casi cinco mil metros cuadrados no ha sido obstáculo para que la negociación obtenga permisos en regla para operar, por parte del Ayuntamiento de Zapopan. Y así sucede con todos los negocios y fraccionamientos de la demarcación, enclavados en la colindancia con avenida Acueducto: cinco fraccionamientos residenciales, una plaza (de forma parcial), una iglesia y una escuela tienen ya sus respectivos expedientes abiertos ante la PGJE, tan sólo en relación a ese polígono que se busca recuperar, según información oficial.

En el polígono que se conoce como Colomos I al poniente, y Colomos II al oriente, hay otros conflictos inmobiliarios, nacidos de la indefinición física de los linderos y de la -a juicio de los ecologistas y vecinos- “tibia” defensa de los predios por parte de las autoridades, a lo que se agregaría una presunta complicidad de actores públicos a favor de los intereses privados que pretenden cercenar la zona.

El caso más polémico es el predio de Retorno al Torreón 1815, que conoció la PGJE el 1 de abril pasado, y esta semana entabló la demanda civil 595/2008 como “acción reivindicatoria” ante el Juzgado 11 de lo Civil. En ese terreno de 1.5 hectáreas se sigue la demanda en contra de José Ávila Sánchez, Rodolfo Camacho Salazar, Alejandro Madrigal Orozco, Alejandro Marco Morales Pérez, Guillermo Orozco Salido, Ana Rosa Pelayo Velasco, María de los Ángeles Velasco Saldívar y Susana Ochoa Villaseñor. Sorprendentemente, no hay acción en contra de Álvaro Corvera y Tomás Colsá Chalita, dos empresarios amigos del regidor tapatío Juan Pablo de la Torre Salcedo que pretenden desarrollar la zona (ver entrevista página 11), pero sí en contra de una razón social: Oromont Inmobiliaria Sociedad Civil.

Según el gobierno, todas las acciones de “invasión”, que habrían afectado aproximadamente 116 hectáreas de las 248 ha originales de los dos grandes polígonos de Los Colomos, son nulas de derecho por tratarse de operaciones posteriores a la compra de 12 títulos realizada entre 1897 y 1903. Por si fuera poco, la propiedad pública es legalmente imprescriptible. Un invasor con 100 o 200 años de posesión no puede, teóricamente, adquirir el dominio pleno de un bien público.

Bajo ese argumento legal, la Asociación Civil Ciudadanos por los Colomos dio ayer un comunicado público en el que destaca “la reciente agresión al bosque con tala ilegal de más de quince mil m2 y el daño ambiental que se produjo, arrojando cientos de toneladas de material producto del desplame y nivelación, al manto acuífero del arroyo Chochocate, cauce natural de escurrimientos y recarga de Los Colomos”

Piden que se amplíe el proceso legal para recuperar las propiedades, y que los ayuntamientos involucrados -Zapopan y Guadalajara- dejen de emitir permisos de construcción o de operación para los giros invasores. Además, reclaman que se declare toda la zona como “área protegida estatal de protección hidrológica”, debido a que sus manantiales siguen produciendo agua en cantidad y calidad suficientes para decenas de miles de moradores de la metrópoli.

Virginia Acosta destacó el “viacrucis” que han debido seguir para frenar a los desarrolladores de Retorno al Torreón, debido a las maniobras de funcionarios tapatíos para retardar decisiones legales a que están obligados debido al comodato del predio estatal que tiene desde 1983 el ayuntamiento. En ese sentido, vio con buenos ojos la intervención a favor de su causa del rector de la UdeG, Carlos Briseño Torres, quien hizo eco a las acusaciones contra el regidor Juan Pablo de la Torre como presunto “cómplice” de los fraccionadores (Público, 6 de junio de 2008).
Raquel Gutiérrez y Jaime Eloy Barajas, asesores de los quejosos, advirtieron la necesidad de “terminar con la impunidad” de la especulación privada y tomar en serio la defensa legal del bosque, o de lo contrario, resignarse a verlo desaparecer.

Los asistentes al coctel de Mazda Motors, la espléndida noche del pasado 29 de mayo, nada sabían de esa enconada disputa territorial. Según el relato de la inauguración de la agencia, sólo se congratularon de tener más cerca de casa un sitio donde comprar poderosos autos japoneses, tal vez para correrlos entre las hermosas arboledas que le sobreviven a al parque centenario.

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CLAVES

Negocios riesgosos

Estos son algunos de los giros que ocupan la superficie que según las escrituras del gobierno de Jalisco, corresponden a los predios adquiridos hace más de un siglo para proteger la cuenca de Los Colomos y crear el parque público existente

Colomos I y II:

Guadalajara. Retorno del Torreón 1815, predio que pretende desarrollar Oromont Inmobiliaria Sociedad Civil, con ocho presuntos codueños en contra del gobierno estatal

Zapopan. Invasión de Yamel Gómez Márquez sobre 1,966 m2 en Manuel Ávila Camacho y Fermín Riestra

Invasión de Felipe de Jesús Oropeza Preciado sobre 300 m2, en Patria 3321

Invasor desconocido de 445.5 m2 en avenida Patria, entre Eva Briseño y Guadalupe Victoria

Autobaño 10 Car Wash664 m2 en avenida Patria 3541

Dos invasores desconocidos en avenida Patria esquina con Eva Briseño, banqueta sur, en 616 m2, y en 413 m2 en la banqueta norte

Colomos III

Zapopan. Ocupaciones de diversas superficie sobre un paño de terreno de unas 40 ha. Razones sociales: fraccionamientos Soto Grande, Pontevedra, Real del Bosque, La Reserva (condominios), y una fracción de Puerta de Hierro. Escuela Greenlands, iglesia católica de San Juan Macías, plaza Andares (parcialmente) y agencia automotriz Mazda Acueducto

Fuente: Secretaría General de Gobierno de Jalisco

jueves, 3 de julio de 2008

REFORESTACIÓN 5 DE JULIO

420 mil árboles se plantarán en Jalisco

Greenpeace vs
“reforestación
histórica”


De 5 millones de arbolitos en el país, apenas sobrevivirán 500 mil, acusa

Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio

Mientras la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y los gobiernos estatales se preparan para la “histórica jornada de reforestación” de mañana, 5 de julio de 2008, la organización ambientalista Greenpeace (“paz verde”) criticó ayer dicho proceso como “un embuste” que abusa de la buena fe de la opinión pública y que tendrá resultados dramáticamente cortos para el tamaño de la inversión y el número de árboles plantados.

“La reforestación convocada por el presidente Felipe Calderón no beneficia a los bosques ni al medio ambiente, mal informa al público y abusa de la buena voluntad de la gente que participará en ella”, advirtió la organización por medio de un comunicado de prensa.

En la jornada denominada “Planta un árbol y sé parte de la historia”, se pretende “sembrar cinco millones de arbolitos, lo que establecería un récord: más árboles plantados en un solo día. Sin embargo, de acuerdo con las propias declaraciones del Secretario de Medio Ambiente, Juan Elvira, sólo sobrevivirá el 10 por ciento de los árboles plantados [ver sus declaraciones a Excélsior, 29 de enero de 2008], por lo tanto, se establecerá un segundo récord: el de más árboles tirados a la basura en un solo día”, señaló irónicamente el colectivo ambientalista.

Por su parte, la gerencia regional de la Conafor en Jalisco (que incluye Colima, Guanajuato, Aguascalientes y Nayarit), detallará hoy aspectos de la jornada en una conferencia de prensa en esta ciudad. Parte de la información a la comunidad de Guadalajara tiene relación con los predios que serán trabajados mañana y los modos de participar (ver gráfico anexo). La postura oficial indica que se trata de un proyecto exitoso y que el país está cumpliendo de forma sobrada sus compromisos internacionales en la materia, aunque parte de la acumulación de estadísticas -hasta un tercio- sea con el género opuntia: nopales y su parentela (Público, abril 28 a 30 de 2008).

“Sin duda el próximo sábado será jornada histórica. No sólo se romperán dos récords, sino que se tirarán a la basura miles de millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación. Si se considera la tasa tan baja de sobrevivencia de los árboles plantados, de los cinco millones de arbolitos que se sembrarán el próximo sábado, cuatro millones 500 mil se morirán antes de un año. A pesar de esto, es claro que el presidente Calderón pretende reforzar la reforestación como principal estrategia del Proárbol y, con esto, sentencia a nuestros bosques a seguir desapareciendo a un ritmo de 600 mil hectáreas por año”, acusó Héctor Magallón, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.

La ONG ofreció datos preliminares de su evaluación de la campaña 2007. “El promedio de la tasa de sobrevivencia de los árboles plantados es de sólo 10 por ciento, a menos de un año de haberse sembrado. Estos resultados son consistentes con la tasa de supervivencia confesada a los medios de comunicación por el secretario de Medio Ambiente, en enero de este año”.

Añaden: “…hemos encontrado ejemplos de terrenos reforestados en donde la tasa de supervivencia es aún más baja. Por ejemplo, en Aguascalientes encontramos un caso de un predio de 70 hectáreas en el que, de acuerdo con el Resumen Ejecutivo Proárbol 2007, dado a conocer por la propia Conafor, se plantaron 56 mil plántulas de Eucaliptus camaldulensis (eucalipto), con una inversión de 74 mil 337.90 pesos. El índice de supervivencia, a tan sólo ocho meses de la plantación, es de cero”.

Es decir, es un “gran fraude” que no salvará los bosques. Aunque el gobierno federal piensa lo contrario.

GEOTERMIA EN LA PRIMAVERA

Aprovechamiento geotérmico de Cerritos Colorados, en La Primavera

La CFE no convence a la Semarnat

MIA tiene lagunas que hacen dudar de su viabilidad en zona protegida

Guadalajara. Agustín del Castillo. Público-Milenio

La pretensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de explotar en una primera etapa 25 megawatts de energía geotérmica en el predio Cerritos Colorados, del bosque La Primavera, se topó con los cuestionamientos de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), entidad que tiene en sus manos permitirlo o desecharlo.

El 18 de junio pasado, Roberto Manuel Margain Hernández, director de evaluación de sectores de energía e industria, envió al gerente de protección ambiental de la CFE, Vicente Aguinaco Bravo, el oficio SGPA/DGIRA/DESEI/0723/08, donde le señala once grandes lagunas de la manifestación de impacto ambiental (MIA), y le advierte de la necesidad de llenarlas en 60 días, o de lo contrario, se desechará por segunda ocasión el procedimiento, como ya ocurrió en el año 2006.

Entre las observaciones que hace el funcionario al proyecto de impacto ambiental, señala que detalla de forma insuficiente las obras y actividades para la construcción de la plataforma de explotación, “considerando la modificación de relieve, movimientos de tierra, remoción de vegetación, modificación del cauce intermitente y erosión potencial que se prevé con la realización del proyecto”.

Hay una aparente desconexión con los criterios ecológicos que el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial plantea para las UGA (unidades de gestión ambiental) ubicadas dentro del área de Cerritos Colorados, o al menos hay omisiones sobre cómo se evitará la contaminación de las aguas superficiales, cómo se protegerán las “especies nativas”, cómo se realizarán monitoreos de los seres vivos presentes, ni cómo se hará que los programas de reforestación respeten la diversidad biológica.

También hay dudas sobre los alcances del certificado de “industria limpia” que posee la CFE respecto a la seguridad ambiental, y sobre los impactos a los corredores de flora y fauna y, en particular, a las especies protegidas; no se aclaran tampoco los residuos peligrosos que se van a generar ni, mucho menos, su manejo.

La Semarnat también señala que faltan detalles de la supuesta restauración que realizó la CFE en el área, como fruto de los malos manejos del proyecto durante los años 80, que ocasionaron severos daños en la cobertura vegetal; también faltan los compromisos a futuro con dicha restauración y los plazos específicos de cumplimiento.

“La promovente deberá complementar [sic] la descripción y análisis de la fauna silvestre existente […] se identificaron 16 especies de fauna incluidas en la zona de influencia del proyecto, que podrían ser afectadas por las obras y/o actividades de éste, sin que se indique su importancia, abundancia y distribución. Además, no se justificó el por qué no aplicó la evaluación del riesgo de extinción para la especies de fauna, como lo hizo en el caso de las especies de flora”, añade el texto de seis páginas.

Hay más detalles omisos: impactos por colisión a la avifauna existente “derivado de la instalación de la línea de transmisión”; los daños y efectos que podría provocar liberar a la atmósfera ácido sulfhídrico, y verter compuestos de arsénico que derivan del vapor de agua, entre otros componentes.

Así, “deberá completar la información […] respecto a los impactos ambientales, las medidas de prevención, control, mitigación y/o compensación, los pronósticos del escenario esperados y el Programa Estratégico de Medidas de Mitigación [en altas, en el original] que fueron presentados”, cuyo sistema de indicadores es básico para la valoración y el seguimiento sistemático que las dependencias de gobierno deben dar.

El escrito fue recibido el 25 de junio por la CFE. Deberá responderlo por completo al 25 de agosto de este año, o resignarse a una nueva negativa al proyecto de generación geotérmica en La Primavera.

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CLAVES

El proyecto

En abril de este año, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) interpuso el mes de abril pasado una solicitud de impacto ambiental para reabrir el campo geotérmico de Cerritos Colorados, clausurado desde 1989, y generar, en una primera etapa, hasta 25 megawatts, según sus datos, suficientes para todas las necesidades de una población de 150 mil personas. La apuesta a largo plazo es generar 75 MW

Según la manifestación de impacto ambiental que se puede consultar en http://www.semarnat.gob.mx/ (clave 14JA2008E0002), la obra empleará tecnología similar a la que se utiliza en Los Azufres, Michoacán, lo cual significaría “impactos ambientales poco significativos, tomando en cuenta la infraestructura ya existente en este campo geotérmico, caminos de acceso y plataformas para la perforación de pozos”

El proyecto requiere de la construcción de una línea de subtransmisión que lleve la energía afuera del bosque; perforar catorce nuevos pozos en las plataformas de los ya existentes: nueve productores y cinco inyectores; rehabilitar cuatro pozos existentes; construir 2.5 kilómetros de ductos de vapor y un tendido de 3.5 kilómetros de tubería para la inyección de las aguas residuales del fluido geotérmico y modificar 250 metros de un camino existente
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