sábado, 20 de enero de 2018

Alteños exigen a SCT dar marcha atrás a privatización de carretera


Se reúnen en San Juan de los Lagos; muestran evidencias de que la autopista privada serviría de paso al acueducto El Zapotillo-León.

Agustín  del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los alteños movilizados desde hace una semana no están dispuestos a ceder en relación a la pretensión de que se privaticen 27.5 km de la carretera entre El Disparate y Lagos de Moreno, por lo que ayer, se reunieron en San Juan de los Lagos para discutir las acciones que se tomarán en caso de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) insista en que se aplique la concesión a favor de la Red Carretera de Occidente.

En presencia de la diputada federal Soraya Flores, de los diputados locales Felipe Romo y Hugo René Ruiz Esparza, y del presidente municipal de San Juan de los Lagos, Alejandro de Anda, el creciente movimiento de oposición reclamó ayer por la mañana a sus representantes que se lleve su queja a los ámbitos de decisión, y además, se nombró una comisión que asistirá, la próxima semana, a una cita con el Centro Jalisco de la SCT, en Guadalajara.

La preocupación, como en 2010, es que se pretenda privatizar una ruta que fue construida con dinero público y que jamás formó parte de la autopista de cuota que se construyó a comienzos de los años 90. Pero hay un elemento extra que aumenta la preocupación de los movilizados: los videos que difunde el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, donde se ilustra el paso del acueducto El Zapotillo-León justo por el derecho de vía de la carretera en disputa.

Y aunque el alcalde de San Juan de los Lagos pidió no mezclar los asuntos, los lugareños los ven entrelazados. “Es el SAPAL el que lo hace al difundir en presentaciones justamente esa expectativa de utilizar el espacio público para un proyecto que también rechazamos”, dijo Juan Manuel Segoviano, del ejido Agua de Obispo, núcleo agrario que sostiene una suspensión en el marco de un juicio de amparo para impedir el paso por sus tierras de la tubería del proyecto de transportación de agua.

La cita estaba convocada para discutir el asunto con la SCT, pero la dependencia pidió una reunión en sus oficinas y la presencia de solamente tres representantes de los afectados, más los funcionarios públicos ya señalados. Al final, se sumaron además el presidente del Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable (Conredes), Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, y el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en San Juan, Javier Ruiz. Los representantes de los afectados son el mismo Juan Manuel Segoviano, Efraín González González y Juan Pablo Jiménez.

“Pusimos sobre la mesa el tema de que la punta de lanza de esta afectación es bloquear el acceso de los predios y negocios y carretera, pero lo que viene detrás es la intención de instalar el tubo del acueducto por el derecho de vía, y esa lectura no la provocamos nosotros, es clara, y está levantando gran indignación; la gente ve con preocupación cómo se da de forma gradual la pérdida progresiva de sus derechos sobre bienes públicos, como el agua y la libertad de tránsito”, subrayó Márquez Gutiérrez.

El mensaje es claro: no permitir que el proyecto de privatización culmine. “Es clara la misión que lleva el grupo en la cita con SCT”, añadió.



De acuerdo con las concesiones hechas por el gobierno federal a este corporativo, en la zona del Bajío cuentacon diversos tramos, varios de ellos de los más transitados en la región, como autopistas. La vía en conflictoactualmente corresponde a un tramo de la carretera conocida como El Desperdicio-Lagos de Moreno.

SRN

La modernidad llegó a los trámites ambientales: 70% online

La Semadet presenta plataforma para acceder en línea a el grueso de sus procesos de licencias y permisos

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 


Los trámites indispensables para establecer y operar una empresa de manejo de residuos especiales (los que no se lleva el camión de la basura), para obtener una cédula de operación anual en aquellas empresas que tienen obligaciones ambientales con el gobierno del estado, o para obtener licencias en los más diversos giros, desde bancos de material geológico hasta fraccionamientos, reducirán 55 por ciento el tiempo de su proceso y definición, con considerables ahorros en desplazamientos a oficinas gubernamentales, al detonarse la nueva plataforma en línea web, de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet).

De acuerdo a la información que proporcionó esta mañana en el contexto del Programa de Simplificación de Trámites Estatales y Municipales (plataforma de e-Trámites Estatales), la Semadet pone "a disposición de los ciudadanos 70 por ciento de los trámites que ingresan a esta dependencia".

Los que se lanzarán en la primera fase de la plataforma electrónica son la Cédula de Operación Anual y el registro de gran generador de residuos de manejo especial, a partir de marzo del presente año. "El resto de los trámites de etapas de manejo de residuos de manejo especial y sus refrendos recolección, acopio, reciclaje, coprocesamiento, reutilización, tratamiento, transferencia y disposición final y la licencia ambiental única, se lanzarán entre los meses de marzo y mayo", dijo el director general de Protección y Gestión Ambiental, Rigoberto Román López .

“En una primera etapa vamos a lanzar la cédula de operación anual y el registro como gran generador de residuos de manejo especial, estos dos registros son los que más tramites representan a nivel anual dentro de la secretaría; en una segunda etapa, en marzo de este año, estaremos lanzando la licencia ambiental única que es en materia atmosférica, etapas de acopio y recolección y manejo de residuos de manejo especial y sus refrendos, y en una tercera etapa en mayo de este mismo año, estaremos lanzando las etapas de reciclaje, procesamiento, reutilización, tratamiento, transferencia, disposición final y manejo de residuos especiales dentro del estado”.

Esta plataforma se encuentra en el sitio tramites.jalisco.gob.mx, "donde se puede consultar la información completa de todos los trámites y servicios estatales, así como iniciar y dar seguimiento a los trámites en línea".

Si bien, los trámites podrán realizarse de manera presencial, si se opta por la web disminuye tiempo de captura de información para el ciudadano y se evitan las filas en las ventanillas de trámites.

"Los usuarios podrán utilizar su firma electrónica del Servicio de Administración Tributaria (SAT), realizar pagos en línea o subir archivos de su comprobante y los requisitos de sus trámites en archivos digitales. Las respuestas a las dudas se harán en un tiempo máximo de 24 horas y se estima evaluar más del 60 por ciento de los trámites que ingresan al día. Normalmente, el tiempo de respuesta de evaluación de un trámite toma alrededor de 45 días hábiles y con la implementación de la plataforma se espera que tome 25 días hábiles para la evaluación de un trámite", destaca la dependencia.

El "impacto ambiental positivo" del uso de la herramienta es considerable: la Semadet calcula que si se tiene al menos un 10 por ciento de uso, "se logrará un ahorro anual de 15,713 hojas de papel, 7,117 litros de agua, 10,900 kilómetros no recorridos en vehículos, 2.64 toneladas de dióxido de carbono (CO2) y 582 horas en trayectos desde el punto de origen de los usuarios, ahorrados.

La Semadet pondrá a disposición de los usuarios capacitaciones gratuitas para el llenado de trámites digitales, cada viernes entre las 10 a las 11 horas y de las 11 a las 12 horas, a partir del 26 de enero. Inscripciones en plataformasemadet@jalisco.gob.mx.


MC

viernes, 19 de enero de 2018

Planeación urbana “no privatizará” la ciudad


Mario Silva destaca que no se puede condenar a priori los cambios que se ha dado con nueva planeación urbana.

Agustín del Castillo  / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

"No coincido con esa idea de que la ciudad se está privatizando", señala tajante el director del Instituto Metropolitano de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, Mario Silva Rodríguez.

"Más bien creo que en mucho tiempo no se tomaron decisiones de infraestructura, mantenimiento, mejoramiento urbanos en espacios públicos, y lo que tuvimos fue un esfuerzo, disperso, desarticulado, desigual, que nos enfrenta a situaciones simultáneas, a tener que tomar decisiones y a enfrentar los efectos negativos de las decisiones equivocadas que sí se tomaron en el pasado", sostiene en entrevista con MILENIO JALISCO.

La controversia principal de este momento es la redensificación de la ciudad. A su juicio, no se puede a priori asegurar que se dará un proceso de "gentrificación", es decir, la expulsión de población originaria al encarecerse el suelo y los servicios básicos, y entregar las zonas céntricas a los privilegiados.

"Son afirmaciones sin que haya aún verdades en esto", es decir, no se trata de meter viviendas de 1.5 a dos millones de pesos que sólo los ricos pueden pagar. Y si bien, mucha vivienda es más costosa que la que se compra en el valle de Toluquilla o en la carretera a Colotlán, Silva Rodríguez pide considerar los altos costos agregados en temas como transporte, salud y tiempo, que deriva de vivir lejos de los centros de trabajo, educación o diversión.

"Hay una serie de costos ocultos en esto de la dispersión; debemos ser claros al decir que el tipo de vivienda que hicimos se malbarató, no se resolvió el problema [...] por eso es fundamental apostar por un modelo de redensificación, pero hay que advertir que apenas lo vamos a poner a prueba.

Cuando todavía yo estaba en Guadalajara, salieron adelante proyectos de vivienda de 500 mil a 750 mil pesos, por la zona de Tetlán en la cercanía con el tren ligero; para mí es muy aventurado decir es un modelo de gentifricación; me parece que aun no lo podemos afirmar, con los cambios que se han dado en los instrumentos", expone.

Defiende los expedientes de las zonas de El Deán o de La Normal, donde los cambios de uso de suelo llevaron, en el primer caso, a la venta de un terreno municipal que en el plan parcial vigente estaba señalado para integrarse al área verde contigua, y en el segundo, a cambiar equipamientos institucionales (del estado y de la UdeG) a usos de servicios que podrían integrarse a proyectos de vivienda.

"Estas decisiones tienen que ver con el modo de financiar la renovación de cierta infraestructura pública, en un contexto de municipios que tienen deuda, y que por malas prácticas de administración que han tenido, surgen legislaciones que limitan el nivel de contratación de deuda, y eso incluye la infraestructura; la pregunta es: ¿cuál es la decisión de financiación que debemos tomar, para tener un equilibrio entre las asociaciones público privadas, y los presupuestos  públicos? Esto, considerando que los gobiernos locales, estatales y federales tienen deuda, y están haciendo crisis las administraciones en muchas partes del país", añade.

Así, es "el mecanismo que pueden permitir esa renovación urbana, y a mi juicio, el debate debe analizar los instrumentos legales, para que esto no se entregue a empresas o al libre mercado de forma descontrolada, y que si se dé el beneficio". Cita como ejemplo el proyecto con el inmueble de avenida Las Rosas, que fue vendido por el municipio pero generará los espacios de oficina para ubicar el Imeplan (400 metros cuadrados), y el caso de La Normal, donde como contraprestación, habrá espacio público renovado.

"Lo que hay que analizar en el debate es si esos instrumentos tiene las herramientas de control necesarias, y dejamos de lado las asociaciones publico privadas, que son las que más hacen; hablemos de las concesiones, que siempre han existido y tienen un fundamento constitucional: en sí misma no son malas, el problema es que no hay mecanismos de evaluación, para ver la parte del cumplimiento del interés público [...] lo esencial será tener esos controles para saber si de verdad se sacrifica o no lo público, y si hay o no gentrificación".

Opciones fiscales

Un impuesto sobre plusvalías y otro que determine, vía predial, incentivos para que los lotes baldíos no se queden como tierra ociosa para especular, son herramientas que se deberán analizar para Guadalajara, reconoce Silva Rodríguez.

"Lo tenemos que analizar desde el Imeplan con información y diagnóstico, para aportar elementos que ayuden a la discusión", dado que en la Ciudad de México se contaminó. Ve más asequible en el corto plazo el tema de los impuestos por la especulación, dado que los catastros de Zapopan y Guadalajara ya están debidamente actualizados. "Es una discusión que ellos ya podrían dar".

SRN

jueves, 18 de enero de 2018

Municipios, pasivos en acciones preventivas por contaminación


Tlaquepaque es la única demarcación que cumple; otros cinco ayuntamientos apenas responden solicitudes de la Semadet

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La participación de los municipios metropolitanos en la prevención y el control de la calidad del aire que padece la ciudad, no solamente es mínima, sino que se ha reducido con el paso de los años.

Si hasta 2014 habían asumido la obligación de aportar 20 mil pesos al mes para la operación de cada estación de la red de monitoreo, en la actualidad, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) los ha relevado de esa carga, pues lo usual era que acumularan grandes pasivos en el tema. Solamente Guadalajara, el municipio central, daba la aportación, y no sin regateos y retrasos.

La agenda de cooperación necesaria para que se pueda afrontar las contingencias y los episodios de mala calidad del aire, que requiere aportar ciertos requisitos, tampoco es muy intensa: solamente Tlaquepaque ha entregado su plan de contingencias y su programa de acciones para la temporada invernal 2017-2018. Guadalajara y Tonalá sólo cumplieron parcialmente el primer requisito, mientras Zapopan lo hizo con el segundo. Tlajomulco y El Salto no cumplieron, de acuerdo a información oficial de la Semadet.

Tampoco ha resultado una solución, aunque se pretende que lo sea, la intervención del Instituto Metropolitano de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, pues desde el 12 de diciembre de 2016 se realizó una reunión de trabajo en el contexto de la temporada invernal, cuando las bajas temperaturas y la baja intensidad del aire genera inversiones térmicas y los contaminantes ozono (O3) y partículas suspendidas menores a diez micras (PM10) provocan constantes episodios de contingencia ambiental.

De esa reunión emanaron nueve acuerdos en los cuales los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Tlajomulco debían entregar a la Semadet, documentos como las acciones que harían para afrontar las contingencias invernales, establecer contactos desde sus áreas de medio ambiente para coordinarse con la Semadet, compartir información para inventarios de fuentes fijas de contaminación, elaborar convenio de inspección para fuentes fijas, compartir la información integral de los polígonos de fragilidad ambiental, actualizar el polígono de alta fragilidad de Miravalle, determinar protocolos de entrega-recepción para el Plan de respuesta a emergencias y contingencias ambientales (Preca); compartir información para comunicación y discusión sobre la calidad del aire, y comunicar los temas periféricos discutidos en la mesa de ese día, a la Junta de Coordinación Metropolitana, conformada por los presidentes municipales y el gobernador del estado.

De estos nueve componentes, Tlaquepaque cumplió cuatro; Guadalajara, Zapopan y Tonalá, uno cada uno, y cinco acuerdos no fueron respondidos. Debió pasar un año para que el Imeplan retomara el tema, en reunión del 18 de diciembre de 2017.

"La agenda propuesta por el Imeplan no corresponde a nuevas ideas o planteamientos de trabajo entre dependencias estatales y municipales, sino que se señalan las actividades que la Semadet trabaja [...] por eso, para evitar esfuerzos dobles y burocratismo, la Semadet plantea la propuesta de invitar al Imeplan a sus sesiones de trabajo para evitar repetición de acuerdos; de este modo, esas mesas de trabajo podrían tener una mayor utilidad como seguimiento a la aplicación y actualización de programas de contingencia municipales, y la actualización de inventarios de emisiones que podrían abonar a la agenda metropolitana de forma más eficiente", dijo a MILENIO JALISCO la directora general de Planeación y Gestión Urbana de la Semadet, Adriana Rodríguez Villavicencio.

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Claves

La problemática

17 días del año, todos con episodios de mala calidad del aire, es decir, arriba de 100 puntos imeca

La coordinación entre Semadet y ayuntamientos se supone existe, sin embargo, la información no llega o no genera efectos entre la población

La implementación de Respira en vez de Imeca, por parte del gobierno federal y estatal, es un camino para lograrlo

SRN

Observatorio urge a resolver agenda del agua


No al trasvase a León, los dineros de Abengoa, la contaminación en Tapalpa y Hurtado, temas "impostergables".

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los casos más apremiantes del agua en Jalisco: el trasvase de la cuenca del río Verde a la ciudad de León, el ecocidio en la presa de Hurtado, la contaminación y escasez en Tapalpa, el descuido del acuífero metropolitano y la sobredemanda de agua urbana en Colomos Providencia por construcción de torres, fueron ventilados en la sesión ordinaria que realizó ayer el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, en la sala de legisladoras del Congreso del estado.

Pero su coordinador, el empresario y activista social Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, destacó ante los diputados Oswaldo Bañales (PRI) y Pablo Torres (wikipolítica) que lo que tiene más fuertemente estancado al sector y al propio observatorio, es la indiferencia institucional, pues habiendo entrado en funciones desde 2014, no existe a la fecha una sola recomendación cabalmente cumplida, no obstante que el decreto de creación del organismo establece su carácter vinculante para el gobierno del estado y los municipios.

Entre las recomendaciones en las cuales, el Congreso local puede respaldar con su anuencia, está la realización del ordenamiento hídrico, un instrumento de gestión esencial tanto para la meseta de Los Altos de Jalisco como para toda la entidad, en particular, la presa Hurtado y la región Lagunas, donde se presenta una crisis de calidad y volumen de agua; y hay una explícita petición de que no se permita mover el agua del río Verde hacia la urbe de El Bajío, dijo el representante del Foro Ganadero, Alejandro López Aguayo.

También resaltó anomalías denunciadas como la entrega de territorio de Jalisco a la empresa Abengoa por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del gobierno del estado, ssí como dinero del fondo de pensiones, por más de 603 millones de pesos, casos en los que el legislativo debería pronunciarse.

Paloma Macías, presidente de la Alianza Cívica Alteña para la Defensa del Agua, advirtió: “Nadie, a excepción del Observatorio, nos ha tomado en cuenta. Personas que no son expertas ni de la región, que además no conocen a fondo el tema o la zona y mucho menos tienen en riesgo su patrimonio y forma de vida, están tratando de tomar decisiones y formular opiniones que nos afectan […] el decreto de 1995 [que reparte las aguas del río Verde] es muy claro y hasta las personas que no saben del tema o no son expertos lo pueden entender. Este decreto afecta nuestros derechos: en la región de Los Altos el agua es escasa y el manejo que los alteños hacemos es eficiente. La región no está en condiciones para realizar un trasvase”.

En conclusión: “el problema no es técnico, es político”, dijo Márquez Gutiérrez. “Es momento de tomar decisiones”.

SRN

Congreso se compromete a responder recomendaciones


El diputado Pablo Torres, presidente de la comisión especial del agua, reconoce la necesidad de construir agenda con las demandas del sector agua.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Congreso de Jalisco, a través de la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua, trabajará para responder de manera puntual las recomendaciones que le ha emitido el Observatorio Ciudadano del Agua, y que han sido parcialmente ignoradas en los últimos tres años, aseguró ayer el nuevo presidente de la comisión, el diputado independiente Pablo Torres Guízar.

"Es una responsabilidad que tenemos de entrada, responder a todas las recomendaciones del observatorio, que nos enteramos que no les habían dado respuesta, por lo que trataremos dar respuesta puntual a cada una", dijo ayer, entrevistado por MILENIO JALISCO, al final de la sesión de trabajo del organismo ciudadano, a la que acudió como invitado.

Reconoció que el juego de intereses que representa el poder legislativo no ha ayudado a avanzar sustancialmente en la agenda. "Creo que el trabajo político ha sido la parte más complicada en este tema, no solo lo técnico, como nos decían en el observatorio; las recomendaciones muy puntuales ya existen, simplemente no existe la voluntad política, y para esto es importante pedirle a las demás fracciones parlamentarias que se sumen, no solamente a la recepción de iniciativas y de escuchar, sino también de proponer y hacer suyas estas recomendaciones, para realmente tener una acción y responsabilidad legislativa", destacó el legislador emanado de Wikipolítica.

Ahora, con el contexto electoral encima, se complica más lograr el propósito. "Sí, es un poco complicado el tema electoral, va a tener un papel encima; sin embargo, no debemos dejar el tema de lado, es de los más importantes en esta legislatura, y dado que nos hemos comprometido con un congreso ejemplar, abierto, tomar en serio también que el papel de esta legislatura termina en noviembre, y que vamos a seguir trabajando con ahínco y cuidar estos temas más allá de lo electoral".

Torres Guízar escuchó reclamos de colonos urbanos y de moradores de zona rural, pero no consideró que haya desencanto, aunque sí es una llamada de atención; "es una responsabilidad que nos falta cumplir con gente de la sociedad civil, académicos [...] todavía no ha habido la construcción tal cual de una ruta a seguir, para ver cuál es nuestra responsabilidad como congreso, y para determinar recomendaciones a otros poderes y a otras autoridades; creo que esa ruta debería implicar ya acciones concretas, pronunciamientos, productos legislativos que nos ayuden a disminuir la problemática tanto de casos puntuales como de generalidades".

- Los tres meses en que tú tomarás la presidencia, ¿se puede aspirar a una respuesta satisfactoria para lo que pide la sociedad?
- Es lo que esperamos construir a través de mesas de dialogo con académicos, con personas de la sociedad civil, que permita involucrarlos en las problemáticas que viven directamente en donde más se sufre la mala calidad, las fallas en la distribución, la contaminación, y poder contribuir a estos dictámenes que vamos a estar armando, para luego tomar una ruta de acción que ataque lo más urgente a resolver.



SRN

miércoles, 17 de enero de 2018

Nuevos planes parciales deberán esperar 4 meses


La Ley de Asentamientos Humanos y el Código Urbano obligan un examen final de la Semadet; áreas verdes y espacio público, "foco de atención".

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El pasado 5 de enero se publicaron en la Gaceta Municipal de Guadalajara los 53 nuevos planes parciales de desarrollo urbano que el ayuntamiento local presenta para fundamentar los proyectos inmobiliarios, de equipamiento e infraestructura que se presenten a futuro en la demarcación urbana. Pero este no es el fin de la historia.

Además de que los grupos civiles cuentan con derecho a reclamar por vía judicial lo que consideren un perjuicio u omisión a sus derechos como ciudadanos, en quince días hábiles, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) tiene un plazo de 90 días hábiles, lo que significa casi cuatro meses, para revisar cada documento, en busca de determinar si se garantizan derechos como el acceso equitativo a servicios básicos, el equipamiento suficiente, el fortalecimiento de las áreas públicas y en particular, las áreas verdes.

"Nuestro foco de atención es el tema de los impactos ambientales, que los cambios de uso de suelo que sea ganancia para garantizar un espacio público mínimo aceptable, y la compensación prevista en el tema del equipamiento; nos interesa y vemos muy positivo el tema de la densificación con criterios de sustentabilidad, el tema de desarrollo orientado al transporte, pero solo si se da con criterios suficientes para garantizar servicios, calidad de vida y áreas verdes; es muy positivo que la línea tres detone estos corredores, y se queden muy fundamentados y de forma estratégica para que Guadalajara vuelva a poblarse", advirtió a MILENIO JALISCO la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Magdalena Ruiz Mejía.

Trascendió que hubo peticiones extraoficiales a la funcionaria para pasar por alto ese proceso de revisión, pero Ruiz Mejía no lo confirmó. Se limitó a subrayar la obligación de la dependencia a su cargo para garantizar que el proceso de revisión de la planeación sea adecuado y no afecte los derechos de la población.

El artículo 44 de la Ley General de Asentamientos Humanos, del ámbito federal, recientemente reformada, lo señala: "el ayuntamiento, una vez que apruebe el plan o programa de Desarrollo Urbano, y como requisito previo a su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, deberá consultar a la autoridad competente de la entidad federativa de que se trate, sobre la apropiada congruencia, coordinación y ajuste de dicho instrumento con la planeación estatal y federal. La autoridad estatal tiene un plazo de noventa días hábiles para dar respuesta, contados a partir de que sea presentada la solicitud señalará con precisión si existe o no la congruencia y ajuste. Ante la omisión de respuesta [en el tiempo determinado] opera la afirmativa ficta".

Por otra parte, el artículo 83 del Código Urbano vigente en Jalisco, también de reciente reforma para adecuarlo a las reformas federales, destaca: " El gobernador del estado y los presidentes municipales en sus respectivos ámbitos de competencia, solamente ordenarán la publicación e inscripción de un programa o plan, si previamente se aprobó con apego a las disposiciones de este código y si existe congruencia con los programas, atlas de riesgo, planes de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico y territorial aplicables en el ámbito federal, estatal, regional, metropolitano y municipal...".

El artículo 84, fracción II, del mismo código, establece: "...deberán ser inscritos [en el Registro Público de la Propiedad] dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación del dictamen de congruencia a que hace referencia el artículo 83".

Hay un debate sobre si entra en vigor el plan con la inscripción en el RPP, pero independientemente, la titular de la Semadet señala enfáticamente que mientras ellos revisan, siguen en vigor los planes anteriores.



Numeralia

53 planes parciales correspondientes a los siete distritos de Guadalajara

2003, en su mayor parte, es el año en que se revisaron los que están vigentes

4 temas bajo la lupa: áreas verdes, equipamientos, infraestructura suficiente e impacto ambiental

90 días hábiles tiene la Semadet, lo que, sumado a días no hábiles, puede llevar el proceso hasta finales de abril

SRN

martes, 16 de enero de 2018

El Respira sustituirá al Imeca; su énfasis es la salud pública


La Semadet destaca la relevancia de la nueva norma, que construye un índice de contaminación ligado a la salud humana y de comunicación más ágil y precisa.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Ante el promedio de 16 mil muertos al año a nivel nacional, la cuarta parte de los cuales son aportados por el área metropolitana de Guadalajara, las entidades del sector público federal y de los estados, han decidido mejorar el sistema de comunicación de riesgos a la salud, con base en la información emanada de las redes de monitoreo atmosférico de las ciudades. El Respira está llamado a sustituir al Imeca como índice de calidad del aire, y ha entrado a fase de consulta pública.

El componente esencial del nuevo modelo es la comunicación. Los expertos, convocados por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc) y por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), lo justifican en la precaria capacidad de los sistemas vigentes para convertir la información en una herramienta eficaz de la toma de decisiones de cada persona.

"Es la construcción de una nueva herramienta que parte de la premisa de que el problema de la contaminación del aire es, fundamentalmente, un problema de salud pública, como hemos insistido, y la calidad de la información de la red debe tener una utilidad preventiva", advierte la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Magdalena Ruiz Mejía.

La funcionaria destaca la participación, en la creación de ese nuevo índice de calidad del aire, de la dependencia a su cargo, en busca de que se genere un modelo que sea apto en la generación de datos y oportuno en la entrega de información con la urgencia que un episodio de mala calidad del aire demanda.

Entre las novedades del nuevo índice, se destaca la importancia de generar información "cruzada" de al menos dos contaminantes que puedan incidir en un pico de mala calidad del aire, con la información científica que se disponga sobre lo que implica la exposición de las personas a ese aire contaminado; también, que la información focalice a la población de más alto riesgo –niños, ancianos, enfermos de vías respiratorias o del sistema cardiovascular- para que tenga clara advertencia de lo que puede acarrear exponerse a respirar ese aire. Un tercer aspecto es que se buscará no enfatizar en la geografía de una contingencia, pues eso genera una percepción lejana de riesgo y no lleva a tomar decisiones a favor de la salud personal.

Como la justificación está en "el objetivo de protección a la salud y prevención de los riesgos asociados a la exposición a los contaminantes atmosféricos, se decidió que el índice Respira, correspondería con aquel subíndice que presentara el nivel de máximo riesgo. Esta decisión se basa también en que al proteger a la población de altas concentraciones ambientales de cierto contaminante del aire, también se estará protegiendo ante el resto de ellos, aunque las concentraciones de estos segundos sean menores y no signifiquen un riesgo. Lo anterior considerando que ante situaciones de alto riesgo se darán recomendaciones a la población que les orientan a reducir sus actividades al aire libre, entre otras", señala el informe final del proyecto "Propuesta de norma oficial mexicana y manifestación de impacto regulatorio para el establecimiento del Respira, Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud", publicado por el Inecc.



"El Índice Aire y Salud se pondrá a disposición de la población en la página electrónica y cualquier otro medio de difusión que para el efecto establezca la autoridad responsable de cada Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire [...] será el o los que representen la peor situación de calidad del aire y de mayor riesgo a la salud humana, para cada una de las estaciones que conforman el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire. La difusión de riesgos relacionada al índice [...] consistirá en el establecimiento de cinco bandas que estarán asociadas a cinco colores – verde, amarillo, naranja, rojo y morado- como se describe en la Tabla 10 de la presente norma oficial mexicana:

"Buena"; riesgo bajo, "se considera que el riesgo es mínimo o nulo" y color de banda verde. "Aceptable", con riesgo moderado. Para ozono (O3), "las personas sensibles pueden experimentar síntomas respiratorios (asmáticos)"; para partículas suspendidas iguales o menores a 10 micrómetros (PM10) y partículas suspendidas iguales o menores a 2.5 micrómetros (PM2.5) hay un "posible agravamiento de enfermedad pulmonar y cardiaca en personas con enfermedad cardiopulmonar y adultos mayores".Color de banda, amarillo.

"Mala" calidad del aire representa riesgo alto. "Para todos los contaminantes criterio, disminución en la capacidad pulmonar en personas sanas. Incremento en la probabilidad de aparición de síntomas respiratorios en personas sensibles (niños, ancianos, personas con deficiencias nutricionales, personas de bajo nivel socioeconómico, personas que realizan actividades en exteriores, ciclistas, trabajadores). En personas con enfermedades respiratorias (EPOC, asma) y cardiacas (angina de pecho) hay aumento en la probabilidad de agravamiento y disminución en la tolerancia de la actividad física, así como mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardíaca o pulmonar".Banda color naranja.

"Muy mala" conlleva riesgo muy alto, "para todos los contaminantes criterio, mayor probabilidad de presencia de síntomas respiratorios en población general. Agravamiento de síntomas respiratorios en poblaciones sensibles (niños, adultos mayores, personas que trabajan en exteriores, ciclistas, personas con bajo nivel socioeconómico) y en personas con enfermedad pulmonar (EPOC y asma). Incremento en síntomas cardiovasculares, como dolor precordial, en personas enfermas del corazón, así como mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardíaca o pulmonar".Banda color rojo.

El nivel de contaminación "extremadamente mala" conlleva riesgo "extremadamente alto", y para "todos los contaminantes criterio, incremento en la probabilidad de síntomas severos respiratorios en población general. Serios efectos respiratorios y agravamiento de síntomas en personas sensibles (niños, adultos mayores, persona con deficiencias nutricionales, personas de bajo nivel socioeconómico) y en personas con enfermedad pulmonar (asma y EPOC). Agravamiento de síntomas cardiovasculares en enfermos del corazón (como angina de pecho) e incremento en la probabilidad de muerte prematura en personas con enfermedad pulmonar y cardiaca". El color de la banda es morado.

Aunque hubo protestas de empresarios, sobre todo del ámbito industrial, la Cofemer ha dispensado de una manifestación de impacto regulatorio a la norma, pues justifica que es meramente informativa (ver nota anexa). Sólo se espera una fecha para determinar su entrada en vigor, para experimentar si es la estrategia correcta para reducir muertes y enfermos por respirar aire de mala calidad.

Industriales reclaman que es una norma más estricta

Si bien, se supone que esta nueva metodología para elaborar el índice de contaminación es meramente informativa, y no significa responsabilidad directa para los particulares, diversas empresas solicitaron a la Comisión Federal de Mejor Regulatoria (Cofemer) que se le obligara a sus promotores a realizar una manifestación de impacto regulatorio, por su presunto impacto en la economía de las ciudades.

"En relación con este Expediente 004/0093/081217 y de acuerdo con el oficio que le enviamos el 12 de Diciembre, le ratificamos que consideramos que este proyecto tiene un fuerte impacto regulatorio y económico para el país, ya que establece límites máximos permisibles más estrictos de los que establecen las NOM de SSA, para Dióxido de Azufre, Dióxido de Nitrógeno y Monóxido de Carbono, (NOM-021, 022 y 023- SSA1) y que la clasificación de bandas y límites normados se aplican directamente para determinar los índices y el programa de contingencias[...] que restringen la circulación de vehículos y obligan al paro de operaciones de las empresas. Por lo que solicitamos atentamente su apoyo para no se exente [sic] la elaboración de la MIR y que se requiera a la Semarnat que la presente", dijo un particular, según se puede leer en la página donde se aloja el expediente respectivo (http://www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/43837).

"El proyecto de norma en su apartado 5.3 de clasificación de bandas de calidad del aire y riesgo: 'Las bandas de calidad del aire y riesgo que componen el Índice Aire y Salud se construirán considerando los intervalos de concentración señalados en las tablas 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente norma oficial mexicana, según aplique al contaminante criterio', requiere el cumplimiento de límites máximos permisibles de emisión para calidad del aire aceptable o mala, que son más estrictas que las establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas de Secretaria de Salud", secunda en el caso, el director de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene de la Asociación Nacional de la Industria Química, Javier Pérez Gómez.



En dióxido de azufre "se observa que este proyecto de norma establece límites máximos permisibles más estrictos que la normatividad actual (De 0.200 ppm lo reduce a 0.075 ppm), lo que también sucede para los contaminantes criterio: dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono [...] consideramos que tendrán un fuerte impacto económico para esta zona [del Valle de México] y posteriormente para todo el país", agrega.

Un segundo reproche es la presunta invasión de competencias entre Semarnat y Salud, aunque se trata de un proyecto conjunto.

"Las normas oficiales mexicanas serán emitidas por la dependencia que tenga competencia en la materia regulada, con el fin de que su cumplimiento sea exigible y los actos de autoridad derivados de ellas no sean recurribles por los sujetos regulados. Siendo la Secretaría de Salud, conforme a la Ley General de Salud, artículos 3o, 116, 117 y 118 (fracciones. I y VII), la competente en la determinación de intervalos de concentraciones de los contaminantes de la atmósfera criterio (bandas de calidad del aire), la clasificación del riesgo a la salud que ellos implican y su descripción, así como las recomendaciones para los grupos sensibles y la población en general con el fin de prevenir daños en su salud; es evidente que el cumplimiento los propósitos de la mejora regulatoria se pone en duda al gestionar la Semarnat el proyecto de la norma mencionada. Dado lo anterior, solicito respetuosamente a usted, comunicar [...] que, conforme a la Ley General de Salud, artículos 3, 116, 117 y 118 (fracciones I y VII), la materia de la norma de referencia no es competencia de la Semarnat".

Las dos objeciones no fueron suficientes. La nueva norma que da vida al Respira ha sido eximida de la obligación de una manifestación de mejora regulatoria.

SRN

sábado, 13 de enero de 2018

25% de Jalisco está concesionado a minería



Ley General de Biodiversidad aprobada por el Senado no prohibió actividad minera en las ANP, pero los diputados pueden adicionar la prohibición para el texto definitivo

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Alrededor de dos millones de hectáreas, 25 por ciento de la superficie total de Jalisco, es la extensión de las 1,567 concesiones mineras que han sido otorgadas por el gobierno federal tan solo para esta entidad. El territorio concesionado se interna en las áreas protegidas (ANP) del estado: Sierra de Quila es el caso más extremo, con 50 por ciento de su superficie concesionada; Manantlán, la más extensa, presenta 8 por ciento de su territorio, pero sobrepoblado de concesiones en su zona de influencia, que ponen en riesgo su viabilidad.

Estos datos provienen de la Dirección General de Regulación Minera de la Secretaría de Economía, la cual advierte que en el caso de las ANP, es necesario cumplir con una regulación para poder aprovecharlas. Desde hace años, ha existido, entre diversos ambientalistas y científicos, la exigencia de que las demarcaciones protegidas, al ser las que albergan la parte más valiosa del patrimonio biológico del país (uno de los ocho más ricos del mundo), queden al margen de este tipo de aprovechamientos, dado que a gran escala, pueden significar un impacto enorme y de largo plazo para los procesos naturales.

No obstante, la última oportunidad para hacerlo se presentó con la iniciativa de la Ley General de Biodiversidad, aprobada en el Senado de la república el 15 de diciembre de 2017, hace menos de un mes. El dictamen original fue objeto de un importante ajuste por la presión de diversas organizaciones sociales, ecologistas y productivas, y en especial, de la reconocida investigadora Julia Carabias Lillo, quien en el marco del reconocimiento Belisario Domínguez que le otorgó la cámara alta, exigió una revisión del texto con miras a fortalecer el papel de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el del consejo nacional de ANP, y en lo territorial, a que las zonas de influencia de las ANP fueran parte de las políticas de gestión, lo que significa establecer fuertes condicionamientos a actividades de alto impacto, como la extracción de minerales, petróleo y gas natural.

El ansiado artículo que específicamente cancelara la posibilidad de minería en los polígonos protegidos, no llegó. "El dictamen se aprobó en la cámara de origen, y por proceso legislativo se entrega a la cámara baja, con los diputados. Allí es donde se puede presentar más negociaciones en busca de consolidar los cambios que se lograron", señaló a MILENIO JALISCO el consultor de la firma Polea, Iván Zúñiga.

La otra norma que ha estado en juego de forma paralela es la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; allí, la cámara de origen son los diputados, y debe ser aprobada por el Senado. Este dictamen también ha sido polémico y ha tenido diversas modificaciones: por ejemplo, se impidió la tentativa de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) de debilitar a su consejo consultivo y de hacer opaco y discrecional el fondo forestal, una batalla más de los ambientalistas y de los productores organizados.
Una realidad

Las amenazas a la biodiversidad dentro y fuera del sistema de ANP "se han multiplicado e intensificado. Además del potencial incremento de la deforestación relacionada con crecimiento demográfico, existen a lo largo y ancho del territorio nacional numerosos proyectos de gran extensión en áreas rurales que generalmente no obedecen a los intereses de las comunidades locales. Entre los proyectos con mayor extensión territorial sobresalen las miles de concesiones mineras otorgadas por Secretaría de Economía en los últimos años", señalan los investigadores Elisa Jeanneht Armendáriz-Villegas y Alfredo Ortega-Rubio (la primera tiene en línea una extensa tesis de doctorado: Áreas naturales protegidas y minería en México: perspectivas y recomendaciones, publicada en 2016 por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, SC, que es base de la opinión).

Se analizó la superposición que existe entre los polígonos de 24, 715 concesiones mineras otorgadas hasta 2010 [en la actualidad rebasan 27 mil] con las ANP solamente federales. "Se encontró que 1,609 concesiones mineras coinciden con un tercio de las ANP, esto es, 63, sobreponiéndose a casi un millón y medio de hectáreas [...] 30 por ciento de los títulos de concesión minera que coinciden con ANP, mencionan que extraerán metales preciosos [oro y plata], proporción que se eleva a 73 por ciento si se agregan los principales metales industriales [cobre, plomo, zinc, fierro, antimonio, molibdeno, mercurio y manganeso] y los polimetálicos. En contraste, el 9 por ciento de los títulos de concesión pretenden extraer minerales no metálicos, principalmente carbón, fluorita, barita, yeso, sal y dolomita. Adicionalmente, 11 por ciento de los títulos mencionan que extraerán 'toda sustancia posible".

Las ANP con más altos porcentajes de territorio traslapado de concesiones mineras son Rayón, en Michoacán, 100 por ciento; Sierra La Mojonera, en San Luis Potosí, 86 por ciento; El Chico, en Hidalgo, 55 por ciento; Los Mármoles, en Hidalgo, 52 por ciento; Sierra de Quila, en Jalisco, 50 por ciento. "Existen ocho más cuyos porcentajes van del 16 por ciento al 32 por ciento", agregan.

Las superficies protegidas menores son las más vulnerables, "al no tener espacios mínimos de supervivencia y recuperación en caso de aprobarse e iniciarse la extracción minera".

Entre las más extensas que tienen invasión de concesiones, también Jalisco es relevante: las cuencas alimentadoras de los distritos nacionales de riego 004 (Coahuila) y 043 (Durango, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas), Valle de los Cirios y El Vizcaíno, "que juntas sumaron 67 por ciento de superficie de las concesiones mineras en todas las ANP", precisan los autores.

El problema es que las cuencas alimentadoras (la 043 es la que en Jalisco se conoce como área de protección hidrológica, con 354,849 hectáreas) tienen poco tiempo de haber sido recategorizadas, y carecen de programa de gestión y manejo. En específico, este enorme polígono que abarca cuatro estados, contiene más de 336 mil ha de concesiones mineras.

Otras áreas protegidas federales de Jalisco con concesiones mineras son La Primavera (644 ha, para proyectos geotérmicos), Manantlán, con 11,200 ha (sólo 8 por ciento, pero que equivale a más de la extensión concesionada en Quila), pero que en su zona de influencia contiene cuatro aprovechamientos y un territorio concesionado de cerca de 80 mil ha.

Además de las 63 ANP traslapadas con concesiones mineras, "otras 22 presentan concesiones mineras en los 10 km colindantes a su alrededor. En el caso de ANP pequeñas esta situación es preocupante ya que, en proporción, las superficies concesionadas pueden ser hasta miles de veces más extensas que la propia ANP. La mayor parte de las concesiones otorgadas se encuentran en fase de exploración, pero ya existe presión para pasar a la fase de explotación en varias ANP del noroeste, así como en las ANP de Mariposa Monarca [Michoacán y México], sierra de Manantlán [Jalisco y Colima] y El Triunfo [Chiapas], entre otras. En junio de 2014 se otorgó el permiso ambiental al proyecto Los Cardones, para extracción de oro en la ANP sierra La Laguna, en Baja California Sur".

De este modo, existen concesiones mineras principalmente en las categorías de áreas de protección de recursos naturales, reservas de la biosfera y áreas de protección de flora y fauna.

"¿Qué tipo de efectos tienen los proyectos mineros de los que se habla? En México, la actividad minera se ha realizado durante siglos en pulsos de mayor o menor intensidad, bajo modelos socioeconómicos distintos, contribuyendo a la conformación de ciudades, culturas y economías regionales. En los últimos 25 años se ha presentado un nuevo pulso bajo un esquema socioeconómico muy distinto a los anteriores. La minería actual en volumen y producción está centrada en minerales metálicos a gran escala, la cual representa escasos beneficios económicos a nivel regional [corto plazo] y elevados impactos ambientales en estas regiones [corto y largo plazo]". El artículo completo se puede consular en http://otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/32-32-mineria/2042-concesiones-mineras-en-areas-naturales-protegidas-de-mexico.

Claves

Minería y ANP

Ley minera
Artículo 20. "Las obras y trabajos de exploración y explotación de carbón en todas sus variedades, en terrenos amparados por asignaciones petroleras sólo podrán ejecutarse con autorización de la Secretaría, la que solicitará opinión a la Secretaría de Energía para fijar las condiciones técnicas a que deben sujetarse los mismos.

"Las obras y trabajos de exploración y de explotación que se realicen dentro de poblaciones, presas, canales, vías generales de comunicación y otras obras públicas, en los zócalos submarinos de islas, cayos y arrecifes, el lecho marino y el subsuelo de la zona económica exclusiva, en las áreas naturales protegidas, así como las que se efectúen dentro de la zona federal marítimo terrestre, únicamente podrán realizarse con autorización, permiso, o concesión según el caso, de las autoridades que tengan a su cargo los referidos bienes, zócalos, lecho marino, subsuelo, las áreas o las zonas citadas, en los términos que señalen las disposiciones aplicables".

Artículo 27. "Los titulares de concesiones mineras, independientemente de la fecha de su otorgamiento, están obligados a: [...] IV. Sujetarse a las disposiciones generales y a las normas oficiales mexicanas aplicables a la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad en las minas y de equilibrio ecológico y protección al ambiente

Artículo 39.- "En las actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales o sustancias, los concesionarios mineros deberán procurar el cuidado del medio ambiente y la protección ecológica, de conformidad con la legislación y la normatividad de la materia".
Reglamento de la ley minera

Reglamento de ley minera

Artículo 57.- "Los titulares de concesiones mineras o agrupamiento de éstas o quienes lleven a cabo obras y trabajos mediante contrato, deberán designar como responsable del cumplimiento de las normas de seguridad en las minas a un ingeniero de minas que cuente con cédula profesional, siempre y cuando las obras y trabajos involucren a más de nueve trabajadores en el caso de las minas de carbón y más de cuarenta y nueve trabajadores en los demás casos.

"Para la realización de obras o actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales o sustancias, los titulares de concesiones o asignaciones mineras deberán cumplir con las distintas legislaciones federales y estatales que apliquen al tipo de operación de que se trate".

Claves

Territorio y concesiones mineras, por estado

Aguascalientes, 145 concesiones, 96,484.5 hectáreas
Baja California, 659 concesiones, 2 millones 070,093.8 ha
Baja California Sur, 164 concesiones , 800,030.8 ha
Campeche, 14 concesiones, 1,954.4 ha
Coahuila, 1,990 concesiones, 3 millones 196,905.7 ha
Colima, 315 concesiones, 232,291.5 ha
Chihuahua, 3,496 concesiones, 2 millones 591,162.7 ha
Chiapas, 91 concesiones, 1 millón 104,671.2 ha
Durango, 3,642 concesione, 2 millones 975,524.9 ha
Guerrero, 713 concesiones, 1 millón 334,832.5 ha
Guanajuato, 627 concesiones, 337,540.6 ha
Hidalgo, 424 concesiones, 106,867.6 ha
Jalisco 1,567 concesiones, 1 millón 937,984.4 ha
Estado de México, 258 concesiones, 212,779.6 ha
Michoacán, 899 concesiones, 1 millón 096,337.1 ha
Morelos, 49 concesiones, 34,237.4 ha
Nayarit, 458 concesiones, 517,936.4 ha
Nuevo León, 567 concesiones, 644,266.9 ha
Oaxaca, 355 concesiones, 710,563.7 ha
Puebla, 315 concesiones, 259,464.2 h
Querétaro, 379 concesiones, 118,887.5 ha
Sinaloa, 1,572 concesiones, 1 millón 438,841.4 ha
Sonora, 4,590 concesiones, 5 millones 118,566.9 ha
San Luis Potosí, 693 concesiones, 943,070.6 ha
Tabasco, 3 concesiones, 2,413 ha
Tamaulipas, 154 concesiones, 119,010.3 ha
Tlaxcala, 2 concesiones, 4,018 ha
Veracruz, 88 concesiones, 214,691.9 ha
Yucatán, 24 concesiones, 58,435.6 ha
Zacatecas, 2,570 concesiones ,2 millones 826,736.6 ha

TOTAL NACIONAL: 26,823 concesiones 31 millones 106,602.3 ha

Fuente: Secretaría de Economía, con datos a 2014


SNR

viernes, 12 de enero de 2018

Tala clandestina en las faldas del Nevado



La Semarnat Jalisco señala que no ha autorizado ningún cambio de uso de suelo forestal, y que el único predio en aprovechamiento es ejidal.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Un nuevo episodio de la degradación de los bosques que rodean al complejo volcánico Nevado de Colima: en un predio contiguo al ejido San José del Carmen, en Zapotitlán de Vadillo, grupos de desconocidos talan el bosque y extraen madera desde finales de 2017, sin que a la fecha hayan sido detenidos, de acuerdo a una denuncia del núcleo agrario.

La delegación Jalisco de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aclara que solamente hay una autorización a diez años, que entrará en su sexta anualidad, precisamente en el ejido denunciante, pero no puede ser ejercida aún por falta de remisiones. Esto significa que la extracción debe ser ilegal incluso si fuera en la demarcación ejidal, al menos en lo tocante a lo que se extrajo en 2018. En el supuesto de que sea un predio propiedad privada, como se denunció entre los vecinos, la ilegalidad es más tajante: no hay una sola autorización de aprovechamiento vecina.

También hay una persistencia en negar permisos de cambio de uso de suelo forestal, lo que evidencia la alta posibilidad de que se trate de una extracción clandestina.



"Ha habido muchas presiones en la zona porque se quieren abrir huertas de aguacate; ese predio en particular, supimos que fue vendido recientemente por una propietaria, pero desconocemos quiénes lo compraron, aunque es más que evidente que quieren cambiar el bosque y meter huerta aguacatera por el gran negocio que representa", dijo un lugareño que pidió la omisión de su nombre, pues hay miedo de que esta actividad pudiera ser un esquema de blanqueo de dinero fruto de actividades delictivas.

Mientras no se conoce si la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que sería la instancia competente para inspeccionar y eventualmente clausurar y sancionar, ya fue enterada de la denuncia; el gobierno de Jalisco también ha conocido los datos, pues el aprovechamiento se ubica en las inmediaciones del polígono de El Borbollón, uno de los cuatro que conforman el parque estatal Bosques Mesófilos Nevado de Colima.

Se pretende que la procuraduría estatal realice una revisión y aporte elementos para que la autoridad federal tenga elementos para justificar una amplia actuación.



Para la zona de influencia de los volcanes de Colima, los datos oficiales demuestran una relación proporcional entre cambio de uso de suelo y aumento de superficie aguacatera (2002-2016). Se reportan 3,453.7 hectáreas que eran agrícolas en 1996 y cambiaron a huerta. Pero lo interesante son las 1,423.6 ha más que se incorporaron a la producción aguacatera a partir de 2002.

De esa superficie, 1,387.7 ha, es decir, más de 96 por ciento, lo hizo con cambio de uso de suelo forestal. La Semarnat en Jalisco otorgó solamente diez autorizaciones de cambio de uso de suelo forestal entre 2005 y 2010, por 660 ha en conjunto, para toda la región sur del estado, que incluye el Nevado pero sobre 20 tantos más superficie forestal. Es decir, el esquema de crecimiento ilegal no descansa.

SRN



Sistema de alerta temprana llegará a bosque La Primavera


El área protegida será el laboratorio de un moderno sistema de detección que se quiere ampliar a otras ANP de Jalisco.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Primavera será el espacio piloto para generar un proceso de modernización metodológica y tecnológica en la prevención y el combate de los incendios forestales en Jalisco, que aunque generaron casi 190 mil hectáreas de superficie quemada en 2017, la cifra más alta de la historia en el territorio del estado, su huella en La Primavera fue considerablemente menor a los promedios de registro desde 1990.

De este modo, el área natural protegida contará con un sistema de alerta temprana que solamente existe en áreas protegidas del estado de México y de Puebla; se trata de una estructura robotizada que permite una rápida información para movilizar a los combatientes de forma oportuna y evitar que los siniestros tengan tiempo de crecer y ampliarse. La inversión está estimada en 18.5 millones de pesos y su gestión está avanzada, dijo la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Magdalena Ruiz Mejía. La idea es que haya una segunda fase para otras áreas protegidas de Jalisco altamente expuestas al fuego.

Aparejado, está el tema de la prevención. Desde el pasado 8 de enero y hasta el 10 de marzo, se realizarán labores preventivas, lo que significa todas las obras para facilitar combate en tiempos secos (relimpias, apertura de brechas cortafuego y construcción de líneas negras), y de forma esencial, las quemas preventivas de material combustible. Se trata de un proyecto que ha sido coordinado por el investigador de la UdeG, Enrique Jardel Peláez, y en el que participan el Ayuntamiento de Zapopan, la propia Semadet, la Comisión Nacional Forestal, la asociación civil Reforestamos México y el organismo público descentralizado Bosque La Primavera.

Se pide a la población “no alarmarse ante la presencia de humo en las zonas a intervenir: Pinar de La Venta, Mesa del Frijol, Agua Dulce, La Hiedra, Mesa del Carpintero, Mesa del Nopal, Macrolibramiento, Villa Felicidad, La Tecomata, Volcanes, Cerro de la Cuchilla, Bosques de Santa Anita, Bugambilias, San José de la Montaña, Brisas de La Primavera, El Colli, Los Letreros y Villas Panamericanas”, detalló.

“Este año estamos apostándole a tener 107 km entre brechas cortafuego y líneas negras, lo que nos representa en términos de trabajo en campo, un incremento de casi 30 por ciento con respecto al 2017 para atender el tema de prevención”, añadió Marciano Valtierra Azotla, director del OPD.

La fuerza de combate: 121 brigadistas en quince brigadas; quince vehículos de transporte terrestre, dos unimogs, dos vehículos motobomba, una pipa y dos helicópteros.

“En este esquema como ya lo mencioné la inversión la reitero, son mas de 11 millones de pesos que incluye la contratación de un helicóptero: Tláloc, que va a estar disponible a partir del mes de marzo durante 4 meses, es decir, marzo, abril, mayo y junio con 150 horas”, terció Alfredo Martín Ochoa, director de Medio Ambiente de Zapopan.

Por segundo año consecutivo, el OPD Bosque La Primavera cuenta con la aplicación móvil gratuita “Incendios Bosque La Primavera” en versión Android (Play Store) e iOS (Apple Store), con la cual los ciudadanos podrán realizar reportes sobre la existencia de un incendio, delito ambiental o emergencia dentro o en la periferia.

Ante el complejo esquema de causalidades, se pide a los visitantes evitar el uso del fuego dentro del bosque, no tirar basura, no ingresar envases de vidrio, no arrojar colillas de cigarro. Respecto a los productores, la petición es realizar las quemas de caña en horarios establecidos. “Una de las acciones que hemos estado pensando entre todas las instancias es poder tener en el estado una ley de quemas prescritas, no tenemos en el estado un documento normativo legal en donde en base a las condiciones propias de Jalisco nos determine como se deben de hacer las quemas agrícolas”, dijo sobre el caso el gerente estatal de la Conafor, José Manuel Jasso Aguilar.

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Claves

Dos datos

Entre el 1 de noviembre de 2017 y el 9 de enero de 2018 se registraron 5 incendios forestales en La Primavera; el fuego pasó sobre 16 hectáreas de pastos, arbustos y hojarasca, “sin afectación de arbolado”

Aparte, se han combatido 4 incendios en la interfase urbano-forestal, con 19.1 hectáreas siniestradas “a nivel superficial”

Fuente: OPD La Primavera

SRN

jueves, 11 de enero de 2018

El modelo de gestión de aire contaminado “debe cambiar”


Mario Silva sostiene que la verificación importa ahora, pero la ciudad se debe preparar al cambio tecnológico

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El aire contaminado que respira el área metropolitana de Guadalajara es uno de los principales temas de su agenda de desarrollo, pero el modelo para afrontarlo es insuficiente y en gran parte, obsoleto, sostiene el director del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), Mario Silva Rodríguez.

"El tema es una gran preocupación no sólo del Imeplan, sino de instancias política y social de la coordinación; mi planteamiento es que hay urgencia de cambiar el modelo, tanto la base de la medición como la base tecnológica, que luego deriva en políticas de control y la priorización del gasto para poder garantizar aire limpio; tenemos ausencia de cosas básicas, las cuencas atmosféricas no existen como concepto normativo [...] creo que el modelo se agotó, lo que necesitamos, aprovechando la preocupación real de la metrópoli y sus gobernantes, es no solamente mejorar la tecnología de medición, si no cambiar el planteamiento del problema", dijo, en entrevista con MILENIO JALISCO.

Si bien la autoridad normativa es la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), "trabajamos nosotros para que se convierta en asunto de prioridad de junta coordinación para caminar con ellos [...] no basta que funcione la verificación o que se mida bien, aunque es importante como base; de origen este modelo de hace 30 años, fue modelo de la Ciudad de México, pero hoy no funciona, yo no sé cuál sea el mejor modelo, pero queremos trabajar con la Semadet y los gobiernos municipales para cambios de fondo".

- ¿La verificación sirve como base, o hay que descartarla?

- Sin duda, para una ciudad como la nuestra, cuando casi 100 por ciento de autos tienen base energética fósil, el debate de la verificación es importante; pero debemos prepararnos para el cambio tecnológico, no se debe entonces detener esa discusión, pero no basta, hay que meter más variables para que se pueda dar una solución integral [...] la verificación es importante incluso por sentido común, por los beneficios de vida que da a mi auto, aun si no obligara. Pero se puede ver con claridad que el modelo de 1989 a acá para calidad del aire no ha funcionado, entonces, no hay centrarnos en ella.

Silva Rodríguez fue integrante por muchos años del Colectivo Ecologista de Jalisco (CEJ), donde desarrolló hasta la especialización el tema de la movilidad y de la calidad del aire; también fue responsable de esa agenda en el gobierno municipal de Guadalajara, hasta mediados de 2017.

"No tenemos agenda de transición energética, y eso nos debe llamar la atención, porque la tecnología está cambiando a nivel mundial y van a pasar cosas [...] en la actualidad, sólo tenemos algunas agendas cortas, el tema de las electrolineras que ha detonado la Universidad de Guadalajara, lo de las calandrias eléctricas, que aunque sea muy criticado, es una apuesta importante para demostrar que puede haber transporte eléctrico en una ciudad tan grande como la nuestra, pero son demasiado pocos ejemplos", subrayó.

El Imeplan ha estrenado la gerencia técnica de sustentabilidad y cambio climático, que deberá atender estos temas como una agenda metropolitana para Guadalajara.

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Claves

Reina la contaminación

En los diez primeros días de 2017 y 2018, se respiró aire contaminado en la ciudad, es decir, se rebasaron 100 puntos del índice metropolitano de la calidad del aire (Imeca). Sin embargo, a diferencia de 2017, en 2018 ya se tuvo un día con más de 150 puntos Imeca, es decir, "muy mala calidad del aire"

Ayer por la noche, siete de diez estaciones de monitoreo permanecían con valores superiores a los 100 Imeca, es decir, dos tercios de la ciudad respiraban mala calidad del aire

Se trata de las estaciones de Santa Fe, Las Pintas, Miravalle, Tlaquepaque, Las Águilas, Centro y Loma Dorada

SRN

Retoman privatización de carretera; vecinos lo impiden


Empleados de la Red Carretera de Occidente son expulsados por lugareños al pretender confinar el tramo libre de 28 km.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La polémica por el tramo libre de la autopista Guadalajara-Lagos de Moreno, en la zona denominada El Desperdicio, ha vuelto a brotar ocho años después. Pero no fue arbitrario: personal de la empresa concesionaria de la ruta, intentó esta mañana establecer postes y cortinas de lámina para el confinamiento de la carpeta asfáltica, pero sin dejar espacio para la entrada y salida de las fincas contiguas, lo que fue considerado inadmisible por los propietarios, quienes se movilizaron e impidieron los trabajos.

La disputa no pasó de las palabras, entre miembros del personal de Red de Carreteras de Occidente, quienes arguyeron que se limitaban a cumplir órdenes porque el tramo de 28 kilómetros forma parte de la concesión, y los vecinos afectados, que les recordaron que no se puede privatizar un camino público si no se cuenta con uno paralelo a una distancia corta, situación que no se cumplen la zona.

"A nosotros nos mandaron a hacer los trabajos, no tenemos la culpa, dígame cómo le hago", objetaba, suplicante, el responsable de la cuadrilla, quien no se identificó, y los lugareños, que comenzaron a apiñarse en mayor número poco antes del mediodía de ayer. "Si no se van, vamos a bloquear la carretera", les contestaron. Tras unos minutos de desgaste, los trabajadores determinaron irse. Parte del material había sido extraído por los furiosos campesinos, de acuerdo a un video transmitido por la televisora Canal 37, estación que pasa por señal de cable en la región.

En 2006, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) integró en el paquete de concesión de la autopista Lagos de Moreno-Zapotlanejo un tramo de 28 kilómetros de carretera federal libre que va de la población de El Desperdicio a la ciudad de Lagos de Moreno; la concesionaria, en 2010, la quiso hacer válida, y ofrecía una serie de compensaciones a los vecinos o los obligaba a rodear por Unión de San Antonio o por San Juan de los Lagos-Encarnación, a más del doble de la distancia.

La concesión la otorgó la Subsecretaría de Infraestructura de la SCT a un consorcio integrado por Constructora ICA; Zwinger Opco 1 BV; GS Infrastructure Advisors 2006 LLC; GS Global Infrastructure Patners I LP; y Controladora de Operaciones de Infraestructura SA de CV, grupo que termina denominándose Red de Carreteras de Occidente (RCO), como resultado del concurso público internacional 00009076-010-06 (MILENIO JALISCO, 4 de enero de 2010).

Este tiene el objetivo de "construir, operar, explotar, conservar y mantener las autopistas Maravatío-Zapotlanejo y Guadalajara-Aguascalientes-León, de 558.05 km de longitud en los estados de Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Aguascalientes [...] así como las obras de ampliación que determine la SCT, asociadas a las autopistas señaladas".

La carretera libre El Desperdicio-Lagos "se integra a la red concesionada para su operación, mantenimiento, conservación y explotación", pues "actualmente está en avanzado estado de deterioro, con índices de servicio y seguridad muy bajos para autopista federal". El proyecto "consiste en la reconstrucción completa del pavimento", y adicionalmente "se ha incluido un paquete de mejoras técnicas y de servicio para incrementar la seguridad, accesibilidad, conforto [sic] y velocidad de circulación", explicaba la dependencia. El compromiso es "mantener el tramo bajo las más altas especificaciones de servicio durante 28 años".

En 2010, surgió la resistencia de los alteños. Ocho años no calmaron las cosas: ayer, la irritación volvió a asomarse.

miércoles, 10 de enero de 2018

Arcos Vallarta, colapsado por autos, ruido y delitos


La inseguridad se ha hecho así uno de los dolores de cabeza habituales del vecindario.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los vecinos de la colonia Arcos Vallarta se quejan del caos urbano que se intenta “legalizar” con los cambios de planes parciales en su núcleo habitacional: el predominio abrumador de espacios comerciales ha colapsado la tranquilidad, los cajones para autos no son suficientes y cunden el ruido y la inseguridad, señalan.

José Félix Ascensio, presidente de la junta vecinal, señaló: “de ser una colonia habitacional tenemos una colonia colapsada por carros, bares, vienevienes, policías […] puse una denuncia en derechos humanos sobre la problemática de los carros, que los ponen a 90 grados, como ya no caben con tantos negocios; negocios que por cierto no tenían licencias, y parecen protegidos por el mismo ayuntamiento”, dijo a MILENIO JALISCO.

La inseguridad se ha hecho así uno de los dolores de cabeza habituales del vecindario: robo de autopartes, asaltos, robos de automóviles, robo en casas y oficinas. “Y en todo el cuadrante de la colonia no tenemos una sola patrulla”, subrayó, molesto.

“Yo hablé con Salvador Caro, y dijo, no hay patrullas y no hay elementos, porque son corruptos, y le dije, oiga amigo, si es usted policía debe agarrar las cosas, a nivel municipal, estatal o federal, no vamos a aventar la toalla, y todo ese tipo de problemáticas tenemos […] también traemos un problema severo de ruido, yo vivo a dos cuadras del Santo Coyote y haz de cuentas que estoy adentro, la música de mariachi a todo lo que da”, puso en relieve.

La colonia en cuestión tiene su perímetro entre avenida Vallarta al norte, avenida Inglaterra al Sur, Tepic (Gamboa) al oriente y Arcos al poniente. El dirigente señala que se trata de una demarcación llena de fincas patrimoniales, y por ese lado también reprochan la tibieza del gobierno local y del estatal para garantizar su conservación, bajo la enorme presión de empresas inmobiliarias claramente interesadas en convertir esas mansiones en una oportunidad de negocios con edificios de hasta nueve niveles.

Los vecinos analizan diversos caminos legales para hacer frente a lo que consideran es el juego de intereses que ha alterado la paz de su colonia y comienza a empujar a muchos a salir del área.

Por ello, han intervenido en el proceso de consulta de los planes parciales, tienen pendiente la respuesta formal del área competente del ayuntamiento, y además, a la espera de la publicación de los nuevos planes, para tener una base jurídica para hacer valer sus derechos.

SRN

CEDHJ retoma caso Atacco; la alternativa, “paralizada”


El vertedero sigue en operación y las obras de planta de transferencia están sin terminar; destacan tibieza del ombudsman.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Pasó el año completo y el tiradero de Atacco no fue cerrado. Aunque el gobierno del estado aportó 2.5 millones de pesos para la construcción del centro de transferencia en La Frontera, la obra civil estaba parada ayer. Los camiones recolectores seguían arribando al viejo vertedero y los miembros del consejo civil de esa localidad, que ha debido soportar el depósito por dos décadas, a costas de su calidad de vida, acudieron a Guadalajara, a reclamar la inacción a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) y a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa).

"Se han tenido reuniones con personal de la comisión y con el procurador ambiental; con ambos estuvimos más de una hora y les planteamos la necesidad de que ya se atendiera de forma seria el caso, porque hay una total incomunicación con el presidente municipal y los plazos que se han ido definiendo no han sido cumplidos", dijo el representante legal de los quejosos, Guadalupe Espinoza Sauceda.

Por la mañana, se apersonaron en el área de seguimiento de la CEDHJ, con un funcionario llamado Porfirio Rodríguez Torres, quien quedó de retomar el asunto con base en el expediente 10956/16/III. También se entregó una ampliación de la queja 8097/17/III, en la que se destaca la desatención a sus derechos, "no obstante que llegamos a una etapa de conciliación con el gobierno del estado de Jalisco, hemos observado un estado de pasividad de las autoridades del estado, lo que es aprovechado por el ayuntamiento de Tapalpa. Pero lo peor del asunto es que ésta CEDH ha entrado en esta misma sinergia de pasividad dejando a nuestra comunidad desguarnecida y a nuestra suerte", señala el escrito de tres páginas.

Añaden que no hay una verdadera protección a sus garantías sobre todo en el tema de medio ambiente y salud.

Las evidencias agregadas: el convenio para resolver la contingencia ambientalen un lapso de seis meses, que vencía en abril de 2017; "se estableció el compromiso de llevar a cabo obras de remediación tales como sanear la cuenca del río que está contaminado por la basura y que pasa por la población de Atacco; limpiar de 'voladuras' los predios circundantes; circular el terreno y dar uso adecuado a la fosa de lixiviados y de cadáveres de animales. Sobre todo, tapar diariamente con capas de tierra la basura que se va depositando".

Se dotaría a Tapalpa de una patrulla para que estableciera su base en Atacco; además, proporcionar una ambulancia para la misma base, y se respetaría la "integridad física y moral" de los moradores. Los compromisos no se cumplieron. Se fijaron nuevas prórrogas. No hubo el trabajo del ombudsman para que ayudara a una eficaz presión. Y los avances físicos de las obras comprometidas son considerados insuficientes por los quejosos.

Al compromiso de cambiar su actuación que tuvo el funcionario de la CEDHJ, se agrega el del procurador estatal del ambiente, José Rentería González, quien ayer se comprometió a regresar a la población para detallar los compromisos ambientales asumidos por el ayuntamiento y el grado de su cumplimiento. Para los miembros del consejo de Atacco, es como volver a empezar.

SRN

martes, 9 de enero de 2018

Las berries, con poco empleo y alto deterioro



Una recomendación respecto al agua contaminada se ha atendido de forma tibia, advierte el coordinador del observatorio.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, pone en duda los supuestos beneficios económicos que trae la producción de berries (arándanos, fresas, frambuesa y otros frutos del bosque) en la meseta de Tapalpa, pues ni paga mejor que la prestación de servicios turísticos, ni deja derrama por valor agregado. En cambio, la presión sobre el agua y su adulteración es inobjetable.

Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, coordinador del organismo, refirió que el problema de la calidad del agua es una amenaza para la región Lagunas, donde está enclavada Tapalpa. Por eso, en diciembre de 2016 se emitieron 23 recomendaciones al gobierno del estado y a tres municipios. Poco después de un año, acusa pocos resultados.

"En relación con las recomendaciones, como es costumbre en el gobierno del estado y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial [Semadet], no hay una respuesta puntual, por ahí hemos sabido de intentos muy tibios, pero de manera oficial y concreta no hay ninguna respuesta, aunque hemos estado en reuniones de trabajo y se ha recabado más información; se tuvieron alrededor de 1,600 encuestas de parte de la vicarías [católicas] de la región, y confirman que el tema de salud es preocupante, y que la manera de actuar de la Comisión Nacional del Agua [Conagua] es que no tiene estudios sólidos y puntuales de los acuíferos, tanto de cómo es su conformación geofísica, como del estado que guardan; los siguen haciendo de manera administrativa en un escritorio, con mucha discrecionalidad, porque eso les conviene, generar incertidumbre para tener el control", dijo en entrevista con MILENIO JALISCO.

Como efecto, no resulta casualidad que haya mucha agua para actividades productivas altamente demandantes, mientras se niega el abastecimiento en comunidades humanas.

"Hay comunidades a las que les están negando el abasto de agua, y sin embargo a las agroindustrias de berries siguen teniendo toda el agua que solicitan; eso es un reflejo claro de la pésima actuación que están teniendo con un recurso natural, el agua, con un errónea política de desarrollo; porque estas acciones que están promoviendo, no generan ningún desarrollo, poco o nada ayudan en el caso de Tapalpa y la región, por la cantidad de empleos que generan: son empleos mal pagados, sin las debidas precauciones por el manejo de pesticidas, y los estragos en la salud ya se están haciendo presentes", advirtió.

Señaló que por vía trasparencia, se han obtenido documentos oficiales que demuestran que "el tema de la salud sigue siendo un tema importante; aquí cabe preguntarse qué tanto beneficia a la región y al estado con los números que presumen de alta productividad en los berries; 95 por ciento se va a Estados Unidos para agregarle un valor, que no se le agrega en México y no se derrama en Jalisco, pero el costo ambiental quién lo va a pagar: lo están pagando ya los habitantes de la región, así que menudo favor están haciendo con este tipo de actividades tan intensivas, por el manejo de agroquímicos que tienen; es algo muy cortoplacista y muy economicista, porque no está generando una derrama propiamente, son trabajos mal pagados que exponen la salud de las personas, y finalmente esas ganancias no se están quedando ni en Jalisco ni el país".

El observatorio busca llamar la atención sobre el tipo de economías que presume el sector público por sus grandes cifras de divisas, para analizar tanto el aspecto de a quién beneficia en realidad ese modelo de negocios, es decir, dónde se queda la derrama y el valor agregado y qué tan bien se paga a los jornaleros, y por el otro, si serían negocios tan buenos si se internalizara el costo ambiental de los mismos.

"Es urgente que se llame la atención sobre esto, porque de lo contrario esto va a colapsar el modelo, no se tiene mucho tiempo, por la magnitud de la presión ambiental y en la salud, en personas y ecosistemas, que ahí está más que evidente, en un grado alto de deterioro, que en corto plazo va a revertirse", añadió.

El observatorio prepara en menos de diez días la emisión de nuevas recomendaciones, y se insistirá en la falta de respuesta oportuna a las que ya se han emitido, bajo la premisa de que son vinculantes conforme a la ley.

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Claves

Los problemas detectados

Las gestiones de las comunidades para ser atendidas por instancias municipales, ambientales y de salud, sin éxito, y casos específicos de violaciones a sus derechos que derivaron en la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, son la base de las recomendaciones de diciembre de 2016

Los problemas derivan del "mal manejo del agua y su calidad para consumo humano, mal manejo de residuos [tiraderos de basura no regulados], y contaminación consecuente. Existiendo en ellos la percepción de que este problema ambiental puede tener relación con los diferentes casos de cáncer, enfermedades gastrointestinales e insuficiencia renal que se presentan en la región. La intención del acercamiento al Observatorio, fue que éste, con su carácter vinculante, emita recomendaciones para que las instancias de gobierno, tanto municipal como estatal, tomen en cuenta estas cuestiones y las incorporaran a sus agendas de trabajo"

Se describe además que los pozos están sobreexplotados, que la infraestructura de distribución es vieja y ha colapsado en muchos casos, que se incentiva poco la participación ciudadana, que nunca se ha clarificado las sustancias que utilizan las prósperas agroindustrias y sus posibles efectos en el ambiente y la salud; que no hay sistemas de saneamiento de aguas residuales, que se corta el suministro de agua con frecuencia, y en general, no hay sistemas de alcantarillado y drenaje, lo que expone de forma cotidiana a los pobladores con los contaminantes

Las visitas de campo y las documentales acreditan la percepción. Por ello, el observatorio emitió las 23 recomendaciones.

Fuente: 23 recomendaciones por el estado del agua y los riesgos para los habitantes de la región Lagunas, Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco

SRN

viernes, 5 de enero de 2018

Las berries secan las cuencas de Tapalpa



Se espera contar con el apoyo de las empresas productoras para hacer un estudio a detalle de los flujos, las pérdidas y la contaminación

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Tapalpa, un municipio boscoso y de marca turística, retrocede en su vocación de servicios, aunque el sector terciario aporta más de la mitad de los empleos de la demarcación: los recursos naturales enfrentan una enorme presión ante el volumen de negocios que representa la producción de berries (frutos del bosque: frambuesas, frutillas, moras y arándanos, además de fresas) y la papa, que acaparan más de 90 por ciento del agua que se produce en sus cuencas y presionan fuertemente la frontera forestal.

La bióloga Tania Román Guzmán, gerente operativo de la comisión de cuenca del río Ayuquila-Armería, presentó datos de diagnóstico sobre los problemas que el municipio enfrenta en la materia: el documento "Situación de los recursos hídricos en Tapalpa" fue presentado el pasado 19 de diciembre de 2017, ante las autoridades municipales, activistas ambientales y sociales, y una reducida representación empresarial.

En el estudio, se destaca que 82.67 por ciento del agua superficial y 93.32 por ciento del agua subterránea es utilizada en la agricultura, lo que deriva en una nula disponibilidad del recurso. El pasado 27 de abril de 2017, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) determinó que cuatro polígonos de aguas subterráneas enclavadas en el municipio (acuíferos Tapalpa, Autlán, Lagunas y Jiquilpan) tienen disposición cero; en el caso de las aguas superficiales, la cuenca Las Piedras está en veda, mientras la cuenca de El Rosario también registra nula disponibilidad.

En específico, el agua superficial tiene 69 aprovechamientos, de los cuales 34 son de uso público-urbano, 17 de uso agrícola, nueve de uso pecuario, tres de uso "doméstico", tres de usos múltiples y tres más para servicios.

En el agua subterránea, las concesiones agrícolas son abrumadoras: 133 de 185 concesiones totales; 19 para uso público-urbano, trece para uso doméstico, trece para uso de servicios, y siete para ganadería. Evidentemente, el dato clave no es el número de concesiones, sino el agua que amparan. De esa relación se da la fuerte concentración de agua para uso agrícola, por arriba del promedio nacional, en que ronda sobre 80 por ciento.

"Los principales cultivos, en orden de tamaño de producción, son papa, avena forrajera, pastos, maíz, cebada y fresa [datos de la Secretaría de Agricultura], aunque los que presentan un mayor impacto son la papa y la fresa", advierte. 52 por ciento del municipio es bosque, 26 por ciento agrícola, 11 por ciento pastizal y 9 por ciento selva baja caducifolia. "En el ordenamiento ecológico territorial [que está vigente y es de observancia obligatoria], 79.27 por ciento de su territorio está bajo políticas ambientales de conservación".

Estos datos permiten establecer la relación: un cuarto del territorio consume 9 de cada diez litros de agua. Y sólo es un dato cuantitativo. La Conagua no cuenta con datos certeros que definan cómo varía el agua subterránea, aunque las vedas y la no disponibilidad como políticas públicas apuntan que no hay más agua para crecer. Tampoco se ha analizado el tema de la contaminación.

Los activistas ambientales de la localidad expresan su preocupación por la prevalencia de bromuro de metilo como agente para erradicar plagas en los cultivos de berries. Ha habido debates con las empresas asentadas, porque se supone que es un compuesto cuyo uso está en vías de erradicación ante los graves daños que la sustancia activa genera en la capa de ozono, pero en este caso, lo que preocupa es que podría estar penetrando al subsuelo y generando contaminación en los mantos de agua. Los activistas presentan indicios de que su presencia en las actividades productivas es real. Un análisis químico de la calidad del agua del acuífero tendría que arrojar un resultado objetivo.

El otro lado del uso desordenado del territorio es la erosión, añade la científica. "El problema de erosión es grave en algunas partes del municipio. Dicha erosión ha sido causada principalmente por actividades de sobre-pastoreo (en pendientes), y por la deforestación (en zonas agrícolas), causando así erosión hídrica y eólica respectivamente".

Esta erosión "genera problemas en las comunidades aledañas, tales como la pérdida de suelo, la falta de vegetación para retener agua, la pérdida de biodiversidad, y degradan la estética del sitio (su potencial turístico)".Los datos oficiales señalan que 11.85 por ciento de la superficie tiene altos riesgos de erosión. "Las subcuencas con menores índices de producción de sedimentos son aquellas que tienen altos porcentajes de vegetación forestal", un servicio ambiental (el de la cobertura vegetales) que está en fase de degradación y pérdida.

Historia de un agronegocio

La explosión de empresas productoras de berries derivó de "una política agrícola que reconocía condiciones apropiadas para la producción de berries en México por su clima ideal, su mano de obra de calidad, su proximidad a los Estados Unidos y sus excelentes variedades de arándanos, moras y frambuesas". Jalisco, con la ribera de Chapala y la región sur, forman parte de esta dinámica, advierte el investigador Guillermo Díaz Muñoz, del ITESO, en "Ciudadanía y territorio. Paisajes de alternativas ciudadanas en el Sur de Jalisco" (edición ITESO, noviembre de 2016).

Sin embargo, "la tendencia neoliberal mexicana en la búsqueda de cultivos de alta producción, rentabilidad y posibilidades de exportación tiene su historia desde la década de los ochentas y se extiende al Sur de Jalisco, tanto con frutas como hortalizas, particularmente en la sierra de Tapalpa y el valle de Sayula".

"Los primeros fueron los jitomateros. El primer municipio al que llegaron fue a Sayula y luego empezaron a abarcar Techaluta, Amacueca, Atoyac, pues todos, sobre todo aquí en el valle da la laguna seca de Sayula.Aproximadamente en el 84 vienen a Sayula, vienen buscando agua, mano de obra, tierras baratas (...) era muy barato aquí rentar tierra [...] a partir de unos seis, siete años, con la salida del jitomatero entró el brócoli [...] hace cinco años entraron las berries. Empezamos con frambuesa, siguió la zarzamora y actualmente lo que está haciendo mucho auge es el arándano", señaló al académico un líder regional.

Aquí se evidencian "los rasgos comunes de este proceso de reconversión productiva en el sur: inicia en los ochentas con el modelo neoliberal; buscan condiciones climáticas y geofísicas apropiadas; encuentran tierras, agua y mano de obras baratas; promueven cultivos de alta rentabilidad [jitomate, cereales patentados, hortalizas, aguacate, berries]; algunas se asocian con productores, quienes contratan a trabajadores agrícolas o jornaleros; se extienden a todo el sur y utilizan nombres distintos a su empresa de origen [por ejemplo Berrymex, subsidiaria de Driscolls]".

Para el año 2014, "con una superficie de 3,033 has de cultivo de berries en Jalisco, Jocotepec era el municipio de la entidad que contaba con la mayor superficie con mil 11 hectáreas y representaba 33 por ciento del área cultivada en el estado". Jalisco produce 140 mil toneladas de berries al año. 95 por ciento de la producción se exporta a Estados Unidos y Europa y es líder nacional en la producción de arándanos y zarzamora.

El costo ambiental de esta súbita prosperidad ya se empieza a pagar.



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Claves

Tapalpa, turístico por empleo, rico por berries

Hasta hace una década, "el sector primario era la base de la economía en el municipio de Tapalpa. Actualmente el sector terciario integra cerca del 50% de la población ocupada del municipio; dentro de este porcentaje se incluyen actividades como gobierno, comercio y servicios turísticos (hospedaje, alimentos y bebidas y demás prestadores de servicios)

Su superficie es de 582 km², con una altitud sobre el nivel del mar que va de 1,040 a 2,880 msnm. 38.6% del municipio tiene terrenos montañosos, es decir, pendientes de más de 15°

Su población es de 19,506 personas, delas cuales, 65% viven "en situación de pobreza multidimensional". Con 3,921 viviendas dispersas en 86 localidades. El turismo lleva una población flotante cinco tantos mayor a quienes residen allí

Se estima que la agroindustria de los berries genera arriba de mil empleos, pero los servicios turísticos multiplican por 5 ese dato

Los problemas ambientales más serios son la basura generada por servicios turísticos y agroindustria, pues el tiradero de Atacco ha llegado al final de su vida útil y ocasiona riesgos al poblado anexo; el agua contaminada, y la deforestación.