viernes, 21 de julio de 2017

Lluvias, un daño que aumenta mientras la ciudad se expande



La solución del SIAPA no es integral pero sí es cara, advierte experto en desastres; eventos se han multiplicado por siete desde 1990.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El 16 de julio de 1874, "desde las cuatro y media de la tarde, se desató una terrible tormenta que duró hasta las 10 de la noche. Las calles se convirtieron en ríos. El agua de la presa El Rosario salvó los diques, inundando una gran extensión del campo. En el acueducto se hundieron muchos pozos. En la plaza de armas, se derramaba el agua sobre el cono cañeduno, para convertir las banquetas de la misma plaza en lagos".

Esta es una referencia periodística recuperada en la publicación Desastres agrícolas en México: catálogo histórico (volumen 2), de Virginia García Acosta, ‎Juan Manuel Pérez Zevallos, ‎América Molina del Villar. El Rosario, que todavía en los años sesenta del siglo XX era una demarcación rural, se ha sumado hoy a la gran conurbación. Y no desparecieron las tormentas intensas. Lo que sí fue borrado en el siglo y medio posterior al diluvio relatado, fue el territorio natural.

"Ciertas zonas del área metropolitana de Guadalajara [AMG] se anegan durante el temporal y causan daños a la propiedad y la integridad física de las personas. El problema se presenta en todas las superficies urbanas del planeta por causas muy similares: la urbanización y el mal manejo del ciclo natural del agua y del entorno físico. En el caso específico del AMG, las causas de orden natural derivan de que no se respetó el ciclo natural del agua; de orden urbano, que las urbanizaciones y algunas grandes edificaciones no respetaron la topografía urbana y se construyó sobre las subcuencas, los arroyos, junto a las laderas de las barrancas y en las zonas de infiltración subterránea, además de los efectos de la pavimentación en la impermeabilización del suelo, que hace que la superficie se sature de agua en pocos minutos en una tormenta extrema", refiere el director técnico del SIAPA, Alejandro Gutiérrez Moreno.

Así, agrega, "los arroyos principales y afluentes secundarios se convirtieron en avenidas que alojan miles de kilómetros de redes de drenaje y colectores", pero "no toda el agua pluvial se desaloja mediante la red de tubería que llega a trabajar con aguas combinadas, el recorrido del agua se vuelve lento y dañino como resultado de que la capacidad física no es suficiente para los volúmenes pluviales".

Los estudios del equipo de trabajo que lidera el geógrafo Luis Valdivia Ornelas, de la UdeG, marcan el entubamiento del río San Juan de Dios a principios del siglo XX y la urbanización del arroyo El Arenal, más de medio siglo después, como referentes que después se aplicaron en todas las modificaciones al sistema de cauces de la hoy metrópolis.

"Impermeabilizando y compactando el suelo ha modificado severamente la repartición de los componentes del balance hidrológico, en particular la relación infiltración–escurrimiento–velocidad y el sistema de conducción, lo que provoca que ahora sean las calles por donde tiende el agua a dirigirse, con los problemas y riesgos para la población", apuntaba el catedrático en una conferencia sobre el tema, en junio de 2013.

"Los reportes que tenemos de los últimos diez años indican que hay un promedio de 80 eventos de inundación severa cada año, arriba de 35 a 40 centímetros [...] tenemos desbordes de canales, de cuerpos de agua, de colectores, anegamientos en zonas bajas y pasos a desnivel. Nos damos cuenta de que cada vez circula más agua en las calles, y a mayor velocidad; por lo tanto, hay más peligro".

"El impacto de todo este panorama afecta de manera primordial en los servicios urbanos. Cuando esto sucede surgen múltiples problemas en los servicios de luz, lo que genera problemas graves en la movilidad urbana. Llegan a colapsarse amplios sectores del tránsito vehicular y se incrementan 30 por ciento los accidentes viales. Hay retrasos en la población cuando se dirige a sus sitios de destino y esto trae gastos importantes a los habitantes, amén de los riesgos". Alguna vez, cuando el territorio no había sido alterado de forma significativa, llegaba a infiltrarse de 70 a 85 por ciento del agua precipitada, lo que surtía al acuífero que fue fuente de abasto única de la ciudad hasta 1955. Hoy la relación se ha invertido.

Valdivia Ornelas sostiene que la visión casi restringida a la ingeniería que ha tenido el SIAPA provoca que las soluciones sean costosas y paradójicamente insuficientes.

"Normalmente lo ven como un asunto de colectores, aunque últimamente han incorporado la visión de retener el agua [...] yo creo que ha faltado verlo de modo más integral, más preventivo, trabajar mucho en las partes altas para evitar que esa agua baje en los volúmenes que puede hacerlo y causar grandes desastres, se necesita recuperar las capacidades naturales para que el agua reduzca el riesgo que produce".

Es decir, tubos, colectores, depósitos, pero los urbanizadores no son sujetos de control en las partes altas, que es donde en el pasado, el agua se retenía de forma natural sobre un suelo que se nutría del temporal. "Es necesario conocer los cambios espacio-temporales del cauce, la cuenca hidrográfica y sus implicaciones en el cambio del régimen fluvial. Habría que determinar el tamaño adecuado de colector, pero sobre todo, se deben implementar soluciones ambientales, como la reapertura de espacios de captación y conducción de agua a cielo abierto, y la reforestación de áreas verdes".

Hace 20 años, el SIAPA determinaba 70 zonas inundables en la mancha urbana. Esta creció exponencialmente (más del doble desde 1995). Ahora se han registrado unos 350 puntos.

Pero sin duda, en sus años decimonónicos, una ciudad que sólo sumaba algunos centenares de hectáreas, ya vivía las inclemencias del temporal. Es un aviso, que como El dios pardo de Los cuatro cuartetos de Eliot, fue olvidado: El 4 de junio de 1875, "cayó una terrible tormenta de granizo cerca de Cajititlán, que destruyó algunas arboledas y mató cerca de 200 animales de ganado vacuno y lanar", señala el recuento arriba referido. Cajititlán, antes hogar de algunos centenares de vecinos, es hoy uno de los extremos del AMG, donde las huellas de la urbanización, el cemento, y la tortura inducida a la hidrografía causan estragos a sus populosas comunidades humanas.

---------------------------------------------------

Claves

Algunos datos

1,000 millones de pesos se calcula el daño patrimonial por lluvias cada año en la AMG

350 puntos de inundación detectados por expertos de Geografía de la UdeG

800 millones de pesos invierte este año el SIAPA en atender zonas de mayor inundación

--------------------------------------------------

Claves

Cruceros más peligrosos

1.- Lázaro Cárdenas y Mariano Otero
2.- Niños Héroes cerca del centro de Tlaquepaque
3.- López Mateos y Mariano Otero
4.- Circunvalación División del Norte y Félix Palavicini
5.- Av. México y López Mateos
6.- López de Legazpi, desde Gob. Curiel hasta 8 de Julio
7.- Niños Héroes e Inglaterra
8.- La calle Pípila, entre Hospital y Juan Álvarez
9.- Conchita y López Mateos
10-Mariano Otero y Topacio

* Sólo en la zona más consolidada de la ciudad: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá

Zapopan y SIAPA buscan la incorporación de 65 colonias

El Ayuntamiento de Zapopan y el SIAPA, anunciaron ayer que buscarán integrar al sistema metropolitano el abastecimiento de 65 colonias y comunidades de ese municipio, con 80 mil habitantes, aproximadamente 7 por ciento del total de la demarcación.

En conferencia de prensa, el presidente municipal Pablo Lemus Navarro, el presidente del consejo de administración del SIAPA, Francisco Ayón López, y el director del organismo operador, Aristeo Mejía Durán, señalaron que la conformación de un solo sistema cambia la escala y permite más solidez, ahorros y eficiencias en el servicio, lo que demanda toda ciudad de las dimensiones de Guadalajara.

Se espera que esta integración se logre en dos meses. "Estábamos generando una duplicidad de organismos operadores del agua. Tenemos el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado que es el organismo en el cual nos debemos de adherir los municipios que estamos aquí trabajando, pero resulta que se aprobaba un fraccionamiento aquí en equis parte del municipio, y se aprobaban pozos de agua, y entonces el municipio ni siquiera tiene la capacidad de cobrar, ni de gestionar, ni de suministrar agua suficiente y nos creaba muchísimos problemas", subrayó Lemus Navarro

Aseguró: "No se vuelve a construir un solo fraccionamiento en Zapopan que no tenga conexión al SIAPA, si lo quieren construir cerca o lo quieren construir lejos, tendrán que pagar su conexión. Y lo segundo, incorporar las colonias que durante décadas estaban reclamando el suministro de agua".

Mejía Durán indicó que esas 65 colonias no cuentan con un abastecimiento continuo. La primera etapa del proceso será con 16 asentamientos; "de esas 16 líneas, Zapopan realizó la construcción de una línea de 10 pulgadas directamente del macrotanque del Colli para abastecerlas". Las 65 colonias tienen 19,352 cuentas, para redondear en 80 mil moradores beneficiados.

--------------------------------------------------

Claves

Primera etapa

• Jardines de Santa Ana
• La Cañada
• Condominio Cristal
• Rinconada del Iris
• Rincón de Bugambilias
• Nimbus Habitat
• Parque de Las Azaleas
• El Arroyo
• Los Agaves
• Los Patos
• Rinconada de Santa Ana
• Misión Santa Ana
• Pórtico
• Hacienda Jacaranda
• Condominio San Jorge
• Villa Dorada

Segunda etapa

• El Fortín
• Lomas del Fortín
• Bosque Real
• Parque Arrayanes
• Le Parc
• Los Colorines
• El Fuerte
• Monte Verde I, II y III
• Natura Bosque Residencial I y II
• Valle de San Nicolás
• Misión La Floresta I, II y III
• Ciudad Valle de San Nicolás
• Praderas de la Primavera
• Villas de Otero
• Residencial La Peña
• Real de Tesistán
• Poblado de Tesistán
• Las Agujas
• Villas de Tesistán
• San Francisco La Bola
• Parques de Tesistán
• San Francisco
• Las Joyitas
• Cristo Rey
• Lago Real
• Misión Capistrano

Tercera etapa

• Condominio Los Higos
• La Haciendita
• Coto Jardinado Santa Ana
• Villa Los Tules
• Los Mirasoles
• Las Yucas
• Abedul
• Las Limas
• Azaleas Bugambilias
• La Avellana
• La Agrícola
• El Briseño
• Miguel de la Madrid
• Fco. Sarabia Oriente y Poniente
• Paseos del Briseño
• Los Cedros Residencial
• La Enramada
• Jardines de los Pinos
• Residencial Galeana
• Joya de Bugambilias
• Bugambilias Country

jueves, 20 de julio de 2017

Nuevos planes parciales deben ser acotados, proponen vecinos



Las propuestas municipales violan el Código Urbano, el POTmet y los planes locales, advierten 26 asociaciones vecinales.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

Los planes parciales propuestos por el Ayuntamiento de Guadalajara requieren una intervención mayor si se desea que correspondan con el espíritu de la política federal y los planes metropolitanos y locales, pues como están, violentan las normas, además de ir contra los intereses de los moradores de la ciudad, destacan el Parlamento de Colonias y 25 asociaciones vecinales, en las observaciones que le entregaron a los regidores tapatíos el pasado 14 de julio.

Se requiere "que la zonificación secundaria para los nuevos planes parciales y su reglamentación sea la de los planes parciales vigentes de donde se partió la actual consulta pública, esto, para que dichos planes tengan congruencia con la política pública federal y la zonificación primaria establecida en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población publicados el 18 de abril del 2018 y el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano [POTmet], en los que se especificó [que] el área o superficie del municipio de Guadalajara [tiene estatus de] una gran área de renovación urbana [RN] y dentro de esta, se especifican varios polígonos de intervención urbana especial [PIUE]", explican en el texto, del que entregaron copia a este diario.

Es decir, "al no haberse realizado acciones de renovación urbana como lo marca el artículo 5, fracción LXVIII del Código Urbano, que demuestren y sustenten técnica y materialmente el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento urbano para soportar una mayor densificación de las áreas urbanas, consideramos que la zonificación vigente es la que debe de prevalecer hasta en tanto no se lleven a cabo las acciones de renovación urbana".

El mencionado artículo lo describe como un proceso de "transformación o mejoramiento de las áreas de los centros de población, mediante la ejecución de obras materiales para el saneamiento y reposición de sus elementos de dominio público, pudiendo implicar un cambio en las relaciones de propiedad y tenencia del suelo, así como la modificación de usos y destinos de predios o fincas".

Su omisión actual puede ser dispensada, "proponemos que para dar certeza jurídica se mantenga la reglamentación y zonificación que prevalecía en los planes vigentes, aunado a lo anterior y para generar las condiciones y posibilidad jurídica de la re densificación de polígonos y corredores urbanos, se establezca una leyenda en los planes de desarrollo urbano, que diga: 'son susceptibles para realizar acciones de Renovación Urbana mediante los procesos y normas en la reglamentación establecida en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y las áreas determinadas en la zonificación de los planes de desarrollo urbano".

También piden "restablecer y conservar la planeación y reglamentación con las que fueron desarrolladas y ordenadas las áreas urbanas actuales, para fortalecer los procesos de urbanización y edificación, mediante normas de control de la urbanización y edificación, precisas y congruentes con el medio físico natural o transformado y las características y capacidad de la infraestructura de las áreas o zonas ya urbanizadas y edificadas", y a la par, "generar los programas, acciones y presupuestos para el mantenimiento, consolidación y/o sustitución de la infraestructura y equipamiento existente".

Las normas de urbanización y densificación deben ser congruentes con las capacidades del medio físico, natural y modificado, esto es, la infraestructura. Tampoco se debe dar margen de discrecionalidad no justificado, a los funcionarios, pues eso propicia componendas y corrupción, concluyen.

SRN

SIAPA ataca zonas de lluvia de 1.5 m



El naciente programa de control de inundaciones atiende a "las zonas más críticas" de la ciudad con ocho proyectos que deben reducir la incidencia de desastres en la metrópoli.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

El área metropolitana de Guadalajara vive dos etapas características en relación al clima: el largo periodo seco que abarca alrededor de ocho meses y en el que los tapatíos padecen calor, que se vuelve extremo en primavera; contaminación por ozono y polvo, enfermedades respiratorias y estrés.
Y las apretadas lluvias, que nunca rebasan cuatro meses: la ciudad semidesértica se transforma en trampa de inundaciones – hasta 300 puntos de anegamiento en los nueve municipios -, hay frecuentes accidentes automovilísticos, y los más desafortunados podrán perder patrimonio y poner en riesgo su vida en cuestión de minutos ante las tormentas breves e intensas, y el territorio transformado, que ha perdido gran parte de su capacidad de infiltración y conducción del agua.

De hecho, dentro de los diferentes eventos de desastre que ha estudiado y catalogado el grupo multidisciplinario de la Facultad de Geografía de la Universidad de Guadalajara, bajo el liderazgo de Luis Valdivia Ornelas, se ha documentado que los ocasionados por las aguas copiosas del temporal son, de lejos, los que tiene mayor incidencia en la vida de la metrópolis.

El SIAPA ha estimado que el costo anual que la ciudad paga por estos daños severos es de 600 millones de pesos en el Valle de Atemajac, el núcleo histórico de la ciudad, pero consideradas las 72 mil hectáreas de la ciudad metropolitana, se puede ir a mil millones de pesos anuales.

Invertir en una serie de proyectos que aminoren los problemas del tapatío común frente a láminas de agua de 1 a 1.5 metros, es el objetivo del hoy llamado Plan de Manejo de Inundaciones, cuya primera etapa está a punto de culminarse, a un costo cercano a 800 millones de pesos, pero el proyecto completo, en precios actuales, y considerada la totalidad de la mancha urbana sobre los valles de Atemajac, Tesistán y Toluquilla, rebasará 9,100 millones de pesos.

La primera etapa atiende ocho sitios considerados críticos, sea porque allí se acumulan lluvias muy copiosas, o bien, porque son la llave para retener agua y evitarlo en partes más bajas, asegura el director técnico del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Alejandro Gutiérrez Moreno.

Se trata de una inversión global de 800 millones de pesos, que está en fase de conclusión; antes de que brotaran los conflictos por los parques de San Rafael y de El Deán, se había avanzado sin problemas en otros frentes metropolitanos que deben bajar la carga de problemas para quienes han padecido en su patrimonio el costo de habitar zonas inundables, precisa el director del organismo operador, Aristeo Mejía Durán.

"Es dinero de deuda; se trata de un crédito del SIAPA autorizado por el Congreso y que debió ser sancionado a nivel de la federación; el gobierno del estado fue muy cuidadoso para que se tuviese el crédito con la tasa de interés más económica, por eso se licitó".

Primero se había prometido dinero fiscal a fondo perdido. "El presidente de la junta de gobierno, Francisco Ayón López, habló con los señores diputados [federales] responsables de agua de alcantarillado y también de recursos hidráulico, hicimos la entrega de los proyectos de Promiap [Programa de Manejo Integral de Aguas Pluviales], de los montos y todo a fin de que se pudiera entrar dentro del presupuesto de egresos"; pero los tiempos no alcanzaron y se determinó que se debía arrancar con deuda. Mejía Durán espera que en 2018 ya haya una asignación presupuestal. Reducir las pérdidas patrimoniales de los vecinos de la ciudad lo ameritan, subraya.

Justificaciones

En el desarrollo urbano de Guadalajara "se reconoce que el diseño de las redes de alcantarillado ha sido producto de los conceptos tradicionales de diseño de colectores en su mayor parte para conducción de aguas sanitarias considerando una capacidad adicional con los coeficientes de seguridad para permitir la conducción de un porcentaje de agua pluvial", refiere Gutiérrez Moreno. Esto ha derivado en que los colectores de la ciudad siempre se saturen ante tormentas típicas breves y abundantes.

"Se pudo constatar que es urgente atender la problemática derivada de la falta de planeación estratégica y correctiva para controlar los escurrimientos pluviales y evitar los daños que estos generan a la población y la infraestructura de la ciudad". A finales del año 2006, "se llevó a cabo un importante estudio hidrológico del que se derivaron las lluvias de proyecto que son las que se utilizaron en el modelo de simulación de la red de colectores" contra las lluvias en cada una de las 423 microcuencas de la ciudad.

"Con base en la información pluviométrica disponible en la zona de estudio, se procedió a la estimación de las lluvias de proyecto para cuatro diferentes periodos de retorno: 2, 5, 10 y 25 años. Se destaca el uso de la estación meteorológica denominada observatorio perteneciente a la Universidad de Guadalajara donde se dispuso de 97 años de registro diario". Es decir, es una base técnica sólida, sostiene.

La estación JA04 Colomos "contiene registros de precipitación cada 10 minutos, desde el 17 de marzo del 2000 hasta el 14 de septiembre del 2006. En los seis años y medio de registro [hasta la fecha de elaboración del Promiap], se observa que el periodo de lluvias va de junio a septiembre y el periodo de secas de octubre al mes de mayo. En ese sentido y considerando las condiciones topográficas y la ubicación de la zona de estudio es posible afirmar que el régimen de lluvias tiene una fuerte componente convectiva con precipitaciones intensas en verano. Además, el régimen presenta una componente, no menos importante, de lluvias orográficas y muy probablemente de eventos extremos como consecuencia de la cercanía al océano Pacifico".

Lluvia convectiva, dice Wikipedia, "a diferencia de las lluvias orográficas, suelen producirse en zonas llanas o con pequeñas irregularidades topográficas, donde puede presentarse un ascenso de aire húmedo y cálido dando origen a nubes del tipo de cumulonimbos con lluvias intensas".
También se analizó el modo en que esas lluvias se hacen escurrimiento. Y en Guadalajara, está determinado por una alteración general de la red hidrográfica natural, una reducción sustancial de la capacidad de recarga (penetra al subsuelo menos de 30 por ciento del agua precipitada) y la existencia de puntos bajos, alterados, llenos de construcciones y con predominio de vivienda, que por ello, se inundan.

"Se planearon obras de tipo estructural: construcción de colectores, construcción de presas y bordos de almacenamiento y control, lo mismo que de canales interceptores; depósitos de detención, encauzamiento y recuperación de canales, medidas de bajo costo y mejores prácticas de manejo".
La primera etapa de esos proyectos apenas se realizó en 2017, diez años después. Incluyen el canal pluvial del arroyo Atemajac, tramo de Calzada federalismo a Alcalde: el canal pluvial arroyo Atemajac tramo de Alcalde a Periférico Norte; el colector pluvial de avenida Acueducto, de 1.5 m de diámetro, con un tramo en cajón de concreto para cruce de carril central de avenida Patria, el colector pluvial de la calle Felipe Zetter, de 0.61 m a 1.22 m de diámetro.

Además, el colector pluvial de avenida Copérnico, con un diámetro de 1.5 m a 2.13 m; la ampliación del vaso regulador El Deán a 350 mil metros cúbicos, con una profundidad promedio de 4.80 m y separación de flujos en colonia Ferrocarril, para evitar ingreso de aguas; el colector de avenida Aviación, de 1.50 m de diámetro, y los colectores de entrada y salida al depósito del parque San Rafael, con diámetros que van desde 0.61 m a 1.83 m.

"Se trata de zonas de alta inundación, o de zonas que reguladas, nos permiten controlar que esa gran inundación ocurra aguas abajo; por ejemplo, San Rafael no es una zona que in situ tenga problemas, pero contener el agua allí evita que baje sin control a la parte media y baja de la cuenca de San Andrés, que históricamente se inunda de forma grave", añade el director técnico.

Destaca la importancia de que se aprenda a ver el territorio como parte de una cuenca: lo que se maneja mal en las partes altas repercute en las bajas. Y un proyecto de ciudad requiere de esa visión que también vertebra de forma clara el tema de la solidaridad y la corresponsabilidad social, sostiene.

--------------------------------------------------------

Claves

El proyecto a largo plazo

Cuenca del río Blanco
Colector Aviación; depósitos de retención; rehabilitación y obras de control y de excedencias; mejoramiento de conducción, colectores y refuerzos de bordos
272 millones de pesos

Cuenca Arroyo Hondo
Mejoramiento de eficiencia hidráulica, despósitos de retención de agua, sistema Federalistas
484.5 millones de pesos

Cuenca Atemajac
Colectores, mejoramiento de eficiencia hidráulica, depósitos de retención, mejoramiento y limpieza de ríos
1,333 millones de pesos

Cuenca San Juan de Dios
Colectores, depósitos de retención, red de captación pluvial, construcción, ampliación y rehabilitación de vasos
3,190 millones de pesos

Cuenca San Andrés
Depósitos, colectores auxiliares y pluviales
1,079 millones de pesos

Cuenca de Osorio
Mejoramiento de las secciones naturales de los arroyos con diversas zonas de concreto
213 millones de pesos

Cuenca de San Gaspar
Depósitos de retención, colectores, mejoramiento de las líneas de conducción
650.5 millones de pesos

Cuenca de El Ahogado (Toluquilla)
Mejoramiento de la eficiencia de conducción, construcción de colectores, saneamiento y obras de regulación, rescate y rectificación de cauces, delimitación de zonas federales
1,896.5 millones de pesos

GRAN TOTAL 9,117.5 millones de pesos


Predios quemados cambian a aguacatera



La Manzanilla de la Paz y San Gabriel tienen registros de cambio ilegal de florestas que padecieron incendios esta temporada

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

Un predio forestal que se quemó en la pasada temporada de incendios, a cuatro kilómetros de la cabecera municipal de La Manzanilla de La Paz, ya ha sido "limpiado" completamente, es decir, se removió la cobertura de madera y maleza, y presenta huellas evidentes de que se está preparando para alojar una aguacatera.



Ecologistas de esta zona de la Sierra del Tigre entregaron a MILENIO JALISCO evidencias (ver fotos anexas): el predio está geoposicionado en 19°58´10.32´´N 103°09´28.07´´O, y de acuerdo al testimonio, es contiguo a una zona donde ya prosperaban aguacateras, lo que a su juicio, es una expansión de la frontera de las huertas.



No es la única zona quemada del sur de Jalisco donde se está dando el proceso; en terrenos forestales de San Gabriel, por ejemplo, una semana después de un incendio, en junio pasado, ya estaban presentes pequeñas plántulas de Persea americana. Se trata de incendios intencionales para cambiar uso de suelo, o de acciones de oportunismo tras que se dan estos de forma accidental, lo cierto es que ha sido un patrón de los muchos que sigue el silencioso crecimiento de las plantaciones de aguacate, que actualmente están sobre más de 25 mil hectáreas, según las estimaciones de fuentes del sector oficial ambiental (ver ediciones de este diario, 13, 14 y 15 de julio de 2017).



"Ustedes ya han visto cómo han talado; se queman cientos de hectáreas y aparecen después aguacates, cuando antes eran bosques tupidísimos; hoy anduve en El Aguaje y en La Mazanilla del Pelillo, municipio de San Gabriel, y siguen apareciendo lomas y lomas con aguacate chiquito, no hay un control", se queja un productor forestal, que cree que es un error poner "todos los huevos de la gallina" en el negocio de ese fruto, que si bien, da rendimientos de diez tantos lo que el manejo de bosque, a la larga, colapsará si no se le pone límite, como ocurrió antes "con cosas como el jitomate, el durazno, el agave, las frutas tropicales... saturan el mercado, dañan ecosistemas naturales y luego se quedan sin precio".



La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha realizado la semana pasada un operativo de cuatro días que llevó a clausurar seis huertas del fruto de origen prehispánico; sin embargo, la superficie de esos cambios de uso de suelo apenas ronda 150 hectáreas. "El tamaño del problema es muy grande, esperamos que no sea solamente una estrategia para justificarse y vayan en serio, porque de otro modo, nuestros bosques no se van a salvar".



SRN

miércoles, 19 de julio de 2017

Técnicos, más víctimas que culpables del caos forestal


Gobierno abandonó bosque por inseguridad y financió aguacateras, advierten forestales.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

Los forestales organizados señalan que se debe subrayar el vacío de autoridad que se ha evidenciado en los niveles estatal y federal, como motor principal del desastre ambiental ocasionado por la expansión descontrolada de la frontera aguacatera en Jalisco.

“Vamos a fondo: nosotros pensamos que hay un vacío de autoridad […] quien promovió el tema del aguacate fueron los propios aguacateros, más la autoridad, representada por los estímulos de Sagarpa [Secretaría de Agricultura federal] y la Seder [Secretaría de Desarrollo Rural] local; nosotros vemos como una política encontrada, que pugnemos por aprovechar el bosque conservándolo, y ellos entregan grandes cantidades de dinero, que mueven a cualquiera, para el establecimiento de huertas de aguacate; y no digo que eso esté mal, sino que estuvo mal aplicado, entonces primero es da la aplicación de recursos de forma discrecional; segundo, hay un vacío de autoridad en el tema de seguridad, no hay presencia de instancias federales y estatales para la inspección y vigilancia, y entonces se dan los cambios de uso de suelo ilegales”, sostuvo el presidente del Colegio de Ingenieros Forestales, Ignacio Tovar Cortés.
Acompañado del secretario y del tesorero de la organización, Aristeo Barrios y Óscar Jáuregui, el representante señaló a MILENIO JALISCO que la política de negar permisos de cambio de uso de suelo que la ley permite “por excepción”, ha sido claramente contraproducente.

“Ahí hay un vacío de autoridad que cualquiera lo llena, hasta la nada lo llena, y no necesito dar nombres; es algo que ya está ahí porque la delincuencia lo asume, y pone en esa condición al más débil de la cadena, los técnicos forestales, ustedes ya han oído que están forzados a hacer cosas que no deben; ahí la gran mayoría ha corrido, e incluso ha habido hasta secuestrados y asesinados, así que somos los más débiles de la cadena por un vacío que no se cubrió por quien le compete, en el Fomento la Sagarpa y la Seder, y en la parte forestal a la Profepa y el sector ambiental”, subrayó.

José Luis Gámez Valdivia, miembro del colegio, destacó que la negación a rajatabla de permisos “no ha sido desde nuestra óptica las más correcta, porque deja algo que podría ser buenos para todos en términos económicos y del ecosistema, como el aguacate, para su conservación y manejo sustentable […] la política de de no hacer nada es la peor, porque si hubiera una regulación, todos los técnicos que estamos aquí tenemos bases agronómicas, podemos manejar desde la fertilidad de los suelos, el uso dosificado del agua, pero también llevamos una especialidad que son los bosques”.

Aristeo Barrios dijo que eso no significa “meter las manos al fuego” por todos los profesionales forestales, pues como en todas las profesiones, hay malos elementos. “Quizás haya algunos colegas que han pecado de omisión en su criterio técnico en los contratos forestales; a lo mejor no aplicaron y no hicieron las labores de protección, y sobre todo, no han dado la supervisión y seguimiento a sus trabajos; yo te hago un tratamiento y a lo mejor te dejo la mitad de los árboles que tienen, pero los cambios de uso de suelo para aguacate, los hace el propietario, el es el que está siempre en el terreno, es responsable principal como dueño; pero obligado o no por la inseguridad de los rufianes de enfrente, ahí está el pecado de omisión del técnico forestal, que no regresa a revisar las áreas que atendía […] a ver técnico forestal, por qué no regresaste a la revisión, es tu gran error, y eso va a salir en las auditorías que se hagan: qué técnico no cumplió con su trabajo, porque las áreas de corta se dividen en diez años de aprovechamiento, cada año es un área diferente, pero tú tienes que regresar como técnico”.

---------------------------------------------------------

Claves

10 mil ha se calcula que se perdieron de bosque de forma ilegal para crear huertos aguacateros en sur de Jalisco

La entidad triplicó su producción del fruto entre 2010 y 2016

Sigue abandonada tierra agrícola que podría usarse como espacio para plantaciones sin tocar el bosque.

SRN


Nuevos planes, camino a “privatizar la ciudad”


Entregan escrito a regidores 26 asociaciones vecinales: los errores y las omisiones son sistemáticos en la propuesta de actualización de 53 planes de Guadalajara que están por publicarse.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

representantes de 25 asociaciones vecinales de Guadalajara y el Parlamento de Colonias, alertan sobre los graves problemas que pueden generarse si pasan sin cambios los 53 nuevos planes parciales propuestos por el Ayuntamiento de Guadalajara, cuya tendencia a la densificación extrema, la privatización de espacios públicos y la sobrecarga de la infraestructura puede colapsar la calidad de vida de los moradores del municipio.

Es decir, son totalmente a contrapelo de los postulados de la tercera reunión mundial de ONU Hábitat, en Quito, en octubre de 2016, en que se planteó la necesidad de quitar el control de la urbanización a la iniciativa privada y regresar el poder a los ciudadanos (MILENIO JALISCO, 18, 21 Y 24 de octubre de 2016), y que fueron reconocidos como propios por el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) y la Junta de Coordinación Metropolitana, integrada por los nueve alcaldes del área metropolitana de Guadalajara.

Este análisis se lo han hecho saber a la propia autoridad municipal, a la que entregaron un extenso escrito de trece páginas el pasado 14 de julio con un diagnóstico de los trece principales problemas de los documentos consultados.

"La propuesta de zonificación secundaria, tabla de compatibilidades, normas de control de la urbanización y edificación propuestas para los planes parciales puestos a consulta, no guardan congruencia con las leyes y programas superiores, ni con el POTmet [Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano], ni con el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, ni con el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población [...] en todas las áreas urbanas de todos los subdistritos proponen modificaciones sin haber realizado acciones de renovación urbana [RN]", aunque los planes superiores lo exigen; es decir, "antes de cambiar de uso de suelo, es necesario que se realice una transformación o mejoramiento de las áreas de los centros de población, mediante la ejecución de obras materiales para el saneamiento y reposición de sus elementos de dominio público, tal y como lo ordena el Código Urbano en su artículo 5° fracción LXVIII". En la propuesta "se está cambiando el uso del suelo sin haber realizado las acciones de transformación y mejoramiento".

Además, "se generalizó la densificación y mixtura de todo el municipio de Guadalajara, sin haber realizado una verdadera evaluación de los impactos que generarán las modificaciones de usos de suelo propuestos, y más grave, por no haberse generado la infraestructura para los cambios de uso de suelo propuestos".

Más grave: "muchos predios de propiedad pública que estaban clasificados como áreas verdes o espacios verdes, y que están perfectamente precisados en los planes parciales vigentes, ya no aparecen graficados ni consignados como áreas verdes o espacios verdes en la propuesta de planes parciales, ya que están propuestos y cambiados para usos privados con la clasificación de 'comercio y servicio' [CS], lo cual es totalmente arbitrario, improcedente e ilegal".

Como ejemplos: el Parque Mirador Independencia en Huentitán, el Parque San Rafael y la Unidad Deportiva Revolución, dejaron de ser espacio verde y ahora son "equipamiento para cultura y recreación" o "equipamiento deportivo", lo que los hace "susceptibles de urbanización para todo tipo de instalaciones", que en el caso del Parque Mirador Independencia "se trata de la construcción de un museo, con recursos públicos, para concesionarse a una administración privada. En este mismo caso y también en Huentitán, se encuentra el Parque Natural Huentitán y el predio de lo que antiguamente fue el Planetario Guadalajara, los cuales se pretenden entregar a la iniciativa privada para desarrollar ahí negocios privados", apuntan.

Por otro lado, "estamos detectando numerosos 'espacios verdes' de los planes vigentes, que están siendo clasificados como 'equipamiento' deportivo o cultural, "es decir, ya ni siquiera como 'espacio abierto' [...] en el mismo sentido, la nueva matriz de compatibilidad de los Planes Parciales propuestos, nos muestra que dentro de las instalaciones clasificadas como 'equipamientos', se pueden albergar, por estar permitidos, los comercios y servicios de impacto mínimo, bajo, medio, alto o máximo, dependiendo del nivel de impacto [...] ¿Cuál es la intención de esto, acaso será la de poco a poco ir convenciéndonos de que estas áreas son susceptibles de ser vendidas, concesionadas, o urbanizadas, y que con los años nos olvidemos de que alguna vez tuvieron una vocación de área verde, con posibilidad de infiltración de agua para permitir la recarga de mantos acuíferos subterráneos?".

En este sentido, añade, "es sospechoso el abandono por falta de mantenimiento que sufren algunos parques y no sabemos si esto es intencional para luego justificar un uso de suelo distinto al de espacio verde".

Otro gran tema es que muchos predios de propiedad pública "que estaban clasificados como equipamiento [...] ya no aparecen graficados ni consignados como equipamiento en la propuesta de planes parciales, ya que, están propuestos y cambiados para usos privados con la clasificación de 'comercio y servicio, lo cual es totalmente arbitrario, improcedente e ilegal". Ejemplos: el edificio de la presidencia municipal de Guadalajara, que de ser un "equipamiento, aparece con un uso "comercial y de servicios de impacto alto". Pasa igual con el Mercado Corona y el templo de La Merced, el edificio del PRI estatal, y el edificio de la antigua Comisión de Planeación Urbana (Coplaur).

"Lo mismo sucede con algunas instituciones educativas privadas, por ejemplo el Colegio American School en la colonia Providencia, el colegio Luis Silva, en el centro, los cuales de ser equipamientos de tipo educativo" se convertirían en espacios para comercios y servicios. "Por supuesto que estos dos últimos son propiedad privada, pero ¿acaso la autoridad tiene medidas las consecuencias de cambiar el uso de suelo a estas fincas?".

A juicio de los firmantes, estos elementos deberían llevar a hacer una cirugía mayor a los documentos, previamente a su publicación. La autoridad municipal tiene en su cancha el balón.

Proceso terminado

La consulta de los planes parciales terminó el pasado fin de semana. La autoridad deberá integrar las propuestas ciudadanas y responder formalmente en todos los casos en que se considere que no están fundamentadas técnicamente.

Las entidades de la sociedad civil y los urbanistas, tiene a salvo sus derechos para acudir a tribunales administrativos en caso de que consideren que se lesionan sus derechos ciudadanos. No es novedad: están suspendidos procesos anteriores, al grado que el ayuntamiento en funciones ha señalado que mantener en vigor los planes de 2003 ha significado un gran atraso para la ciudad, en lo cual, discrepan las asociaciones impugnadoras.

---------------------------------------------------------

¿Una sola visión de ciudad? De los planes parciales de desarrollo urbano y las facultades municipales

(I de II partes)

Bernd Pfannenstein*

¿Quo vadis, Área Metropolitana de Guadalajara? ¿Rumbo a una ciudad metropolitana o seguiremos como conjunto de ciudades geográficamente pegadas?

La actualización de los planes parciales de desarrollo urbano en los municipios de Guadalajara y Zapopan debe de definir la visión de ciudad al tiempo que conceptualiza y cumple con una visión de una ciudad metropolitana, ello con el fin de evitar continuar con los procesos de planeación urbana fragmentada y el “municipalismo” que tanto nos ha llevado a la ciudad que confrontamos en el presente.

La implementación y el cumplimiento de una visión metropolitana, en la construcción de dichos instrumentos rectores en la estrategia urbana y su aplicación en los municipios metropolitanos son clave. El Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTMET), elaborado por el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) y aprobado por la Junta de la Coordinación Metropolitana (JCM) supone la herramienta articuladora de una visión a largo plazo en materia de ordenación territorial. Una tendencia que debe permear en todos los instrumentos derivados del Régimen de la Coordinación Metropolitana.

El Artículo 102 del Código Urbano del Estado de Jalisco refiere a los instrumentos de planeación metropolitana, por lo tanto, se les otorgan ciertas atribuciones que deben ser cumplidas. En la Sección II se define el alcance del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, que contemplará la estrategia de implementación de la política de ordenamiento territorial.

El POTMET llega hasta la definición de la zonificación primaria y la estructura urbana de las áreas metropolitanas, que servirá de referencia obligada para la elaboración de los planes básicos de desarrollo urbano, entre otros, los planes parciales de desarrollo urbano. A los municipios metropolitanos toca la responsabilidad de profundizar la escala de planeación y definir los usos de suelo.

La problemática radica en que, a pesar de que el POTMET tiene fuerza legal e incluye obligaciones relacionados con normas de zonificación primaria para los municipios, estas parecen no respetarse.
El estado tiene que retomar el control sobre los procesos de regulación del suelo urbano. Es cierto que los municipios se llevan una gran responsabilidad en dicho ejercicio, sin embargo, realizar una tarea de lectura e interpretación jurídica del ejercicio urbanístico de “hacer ciudad”, nos servirá para darnos cuenta que este nivel de gobierno no debe actuar solo y de forma totalmente autónoma, menos si se trata de la segunda metrópolis más grande de México.

Se debe de entender que ya existen nuevos paradigmas en la toma de decisiones respecto a que va a ser del futuro de la ciudad metropolitana, que llamamos Área Metropolitana de Guadalajara. Los municipios metropolitanos – en base a la Ley de Coordinación Metropolitana y el Código Urbano del Estado de Jalisco – no actúan solos. Además, con la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Gobierno de México, se tienen de reinterpretar los alcances de la facultad reglamentaria en materia de desarrollo urbano a nivel municipal.

De forma concreta, respecto del alcance de la facultad reglamentaria municipal de desarrollo en materia de desarrollo urbano, es preciso conocer las sentencias dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las Controversias Constitucionales 14/2001, 53/2002, 157/2008, 100/2009 y 62/2011, de las cuales, después de haberlas analizado, se obtiene la siguiente interpretación:

- La materia de asentamientos humanos es una materia concurrente, donde la Federación, entidades federativas (estados) y municipios, actúan de forma coordinada a partir de lo señalado en una ley marco;

- Que los Ayuntamientos, en la materia de Asentamientos Humanos, emiten reglamentos de detalle, esto es, sujetos a lo señalado en la legislación federal y estatal en la materia, puesto que no parten de la misma naturaleza jurídica que los reglamentos señalados en la fracción II del artículo 115;
- El marco normativo y el sistema de planeación son los dos ámbitos que bajo los principios de congruencia, coordinación y ajuste debe analizarse, entre otros elementos, la competencia de las autoridades en su actuación en la materia.

*Docente, investigador y consultor independiente; el geógrafo alemán es colaborador del programa internacional de IGLUS (“InnovativeGovernanceofLarge Urban Systems”) de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, Suiza.

b.pfannenstein@outlook.com
SRN

martes, 18 de julio de 2017

Omisiones de la autoridad potenciaron daño al bosque


La política "negacionista" de la Semarnat, sin un ordenamiento territorial eficaz y sin estrategias de coerción contundentes, han destruido las florestas del sur de Jalisco, sostienen testigos.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

El 28 de agosto de 2010, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó el último cambio de uso de suelo forestal para todo Jalisco. Se trata de la autorización SGPARN.014.02.0.1.01.1615/10, “cambio de uso del suelo de terrenos forestales de 36.023 ha, para una plantación de aguacate” en el predio Epenche Grande l y II, de Mazamitla, que fue impugnada por el ayuntamiento local, en un asunto que se convirtió en escándalo político, y derivó en la solicitud de licencia del delegado de la dependencia, José de Jesús Álvarez Carrillo, en enero de 2011.
Y sin embargo, la impugnación solamente logró suspender por poco más de un año el proceso: en marzo de 2012, el titular de la Semarnat, Rafael Elvira Quesada, reconoció que la decisión de su delegado, que ejercía ya como representante de la dependencia en el vecino estado de Nayarit, había sido “conforme a derecho” (expediente XV/2011/55, recurso de revisión 55/2011, 14 de marzo de 2012).

Pero no fue el final de la historia: los técnicos forestales, los ecologistas y los dueños de predios, coinciden en que el enorme expediente de cambios de uso de suelo ilegales que se ha acumulado desde entonces – podría haber diez mil hectáreas en esa condición -, es efecto de la “desafortunada” política “del avestruz” que ha seguido la Semarnat desde esa fecha para evitar controversias públicas: negarse a dictaminar cualquier solicitud, a la espera de que las oficinas centrales envíen “nuevos criterios” de determinación, que se han demorado dos delegados y más de seis años.

Entre 2005 y 2010, la Semarnat autorizó diez proyectos, con una suma de 660 ha, para cambio de uso de suelo (MILENIO JALISCO, 21 de diciembre de 2010). La superficie ilegal acumulada a 2017 podría ser 20 tantos más.

Cuando la crisis de 2011, el delegado saliente le dejó una nota informativa sobre la situación al titular de la Semarnat. Esa nota señalaba que debía abandonarse el esquema tradicional de hacer autorizaciones a nivel predio, y establecer un ordenamiento ecológico que fuera la base de la toma de decisiones, con la idea de “clarificar muy bien cuáles zonas deben a ser resguardadas como áreas de conservación [aun si no estaban decretadas como tales; eso habría prevenido la fuerte deforestación para aguacateras en las faldas del Nevado de Colima], y cuáles zonas pueden ser para un cultivo diferente a la flora nativa, y no permitir que se salga de ahí”.

El antecedente de prohibir a rajatabla no era bueno: en Michoacán se pretendió aplicar y se perdieron más de 100 mil hectáreas entre 1995 y 2015.

Pero ni se hizo el ordenamiento (sólo existe a escala 1/250 mil ha el ordenamiento estatal, muy general) ni se modificaron las leyes. Se supone que los terrenos agrícolas no tienen problema para reconvertirse a aguacate, pero los aguacateros siguen buscando las zonas de bosque. “No saben que a la larga, se van a quedar sin nada, porque tumban el bosque que les da agua y servicios ambientales, sin lo cual, no puede darse el aguacate”, señala un maderero de Ciudad Guzmán.

Y sin permisos, con la huella del caos introducido por la presencia de bandas de criminales que primero ingresaban desde Michoacán, y ahora son endémicas de Jalisco, se pensó que no pasaría nada si se hacían los cambios: la autoridad no se atrevía a intervenir.

“La solución hace siete u ocho años era el ordenamiento, con la Profepa y el ejército a un lado, y al que se saliera de las reglas, a meterlo en cintura […] apenas hicieron la semana pasada un operativo, y ni siquiera el ejército los apoyó. Es imposible que vayan a resolverlo de ese modo. También se les olvida que entre los técnicos hay de todo, algunos sí le entran al negocio, otros mejor huyeron, amenazados por los empistolados que los querían obligar a trabajar en lo ilegal, otros le entraron, y otros mejor nomás nos quedamos viendo”, destaca un técnico forestal que pide no ser identificado.

Por ello, tiene sus dudas sobre los alcances de la intención de la autoridad, “a veces lo hacen porque no les queda de otra, la presión pública es muy fuerte. Pero no tienen los elementos para hacerlo en serio, así no se va a lograr mucho”, añade, escéptico. “Ni modo que como técnico le digas que no al Señor de los Cielos con su pistolota de oro”, bromea apurado.

Porque el aguacate es, además, “una actividad importantísima” que ha rescatado pueblos enteros, comenta un ejidatario de Zapotlán el Grande, ese ejido que le fue a presumir hace unos meses a los funcionarios de la Semarnat que tenía aguacates en vez de bosques, aparentemente sin saber que no podía ser legal.

“Muy orondos se los dijeron y se quedaron con la boca abierta; facilitaron abrir el expediente y se demostró que este ejido sí hizo cambio de uso de suelo” (ver anexo). Pero otros campesinos sí han reconvertido cultivos. Y como la infraestructura para aguacate es muy cara, algunos prefieren ser rentistas, pero el nivel es distinto.

“A mi madre le pagan como 150 mil pesos al año por su parcela, eso no pasó nunca con el maíz, hay una diferencia de 10 a uno”, secunda Juan, hijo de otro ejidatario. “Por eso debemos cuidarlo. El aguacate puede salvar a mucho, pero si se mantiene fuera de control, destruirá nuestros bosques y nos dejará en la ruina a todos…”.



-------------------------------------------------------------

Claves

Aguacateras, 17 expedientes abiertos

La Profepa ha realizado un operativo durante cuatro días de la semana pasada para clausurar cambios de uso de suelo ilegales realizados en los últimos años a favor de huertas aguacateras. Hubo seis predios afectados, pero la investigación oficial revela al menos 11 predios más bajo la lupa de la autoridad

1 Mazamitla. Predio Epenche Grande o Terrero II (10.5 ha), autorizado en 2013 para aprovechamiento forestal (240 metros cúbicos de pino), en las fotos satelitales de 2014 y 2016 se observa un “aparente y paulatino cambio de uso del suelo”

2 Zapotlán el Grande. Ejido Ciudad Guzmán, fue autorizado en 2013 para aprovechamiento de madera; las imágenes satelitales de 2013 y 2016 revelan el cambio en una gran superficie que era forestal, ya con plantación de aguacate

3 San Gabriel. Predio La Leona, autorizado por la Semarnat en 2013 para aprovechar madera al técnico Guillermo Ramos Pinto, imágenes satelitales de 2012 y 2016 revelan un cambio de uso de suelo para huerta de aguacate

4 San Gabriel, predio El Izotito y Milpillas, autorizados en 2013; imágenes satelitales de 2014 y 2016 demuestran un crecimiento de un huerto de aguacates a expensas del bosque

5 Tonila. Ejido Juan Barragán, autorizado en 2012 (265 ha) para aprovechamiento forestal (7,221 m3 de madera), generó un cambio de uso de suelo en el polígono sur para huerta de aguacate, según lo revelan imágenes satelitales de 2010 y 2016

6 Zapotlán el Grande. Predio El Capulín, autorizado en 2007 para aprovechamiento maderable, imágenes de los años 2003 y 2016 demuestran que hubo cambio de uso de suelo en 96 hectáreas

7 Gómez Farías. Predio Estancia Vieja (96.5 ha), autorizado en 2013 para corte de madera (2,415 m3), la comparación de imágenes de 2013 y 2016 demuestra que se arrasó prácticamente todo el terreno boscoso. La Profepa clausuró ese cambio de uso de suelo en su operativo de la pasada semana

8 Tamazula de Gordiano. Predio La Sauceda (54.4 ha), autorizado en 2007 (693 m3 de madera); las fotos comparativas 2009 y 2016 revelan un cambio de uso de suelo para una plantación de aguacate

9 Atoyac. Predio Las Paredes o El Alambique, autorizado para aprovechar madera en 2012, se arrasó toda la parte alta según lo revelan imágenes de 2011 y de 2016

10. Quitupan. Predio Loma de Cal (52 ha), autorizado para extraer 1,646 m3 de madera en 2015; las fotos de 2011 y 2016 revelan que se arrasó completamente con el bosque

11 Gómez Farías. Predio Loma de las Güilotas (87.2 ha), autorizado en 2015 para 2,706 m3 de madera de pino y encino, al compararse las imágenes de 2006 y 2016 se aprecia cómo se abre un claro en el bosque para establecer un huerto de aguacate. Este predio ha sido clausurado en el operativo de la semana pasada

12 Mazamitla. Predio Los Colomos y Loma de las Carreras (52.3 ha), autorizado en 2013 para aprovechar 1,372 m3 de madera, las imágenes satelitales de 2013 y 2016 demuestran que un amplio claro del bosque se abre para una zona agrícola. La zona ha sido parcialmente clausurada por la Profepa

13 Gómez Farías. Predio Los Desmontes (5.6 ha), autorizado en 2008 para 93 m3 de madera, las imágenes de 2010, 2011 y 2016 revelan la apertura de un claro para alojar un huerto de aguacate

14 Atoyac. Predio Mesa de La Pitaya (2 ha), autorizado en 2010 para 65 m3 de madera, el bosque fue casi completamente removido según las imágenes de satélite de 2006 y 2016

15 Atoyac. Predio Monte de Jiménez (19 ha), autorizado en 2013 para extraer 1,664 m3 de madera, presenta un evidente cambio de uso de suelo de acuerdo a las imágenes de 2015 y 2016

16 La Manzanilla de la Paz. Predio Ojo de Agua (33.5 ha), autorizado por la Semarnat en 2014, las imágenes comparadas de 2012 y 2016 demuestran la apertura de una huerta de aguacate

17 Concepción de Buenos Aires. Predio Palos Verdes y Palo Hueco (20.1 ha), autorizado para extracción de madera en 2015, las imágenes de 2010 y 2016 revelan cómo se deforesta para aguacateras. Estas evidencias provocaron la clausura del predio la semana pasada

Fuente: Ordenamiento territorial de la Semarnat

SRN

lunes, 17 de julio de 2017

Alteños exigen a Peña detener trasvase a León



44 organizaciones civiles y 56 comunidades firman un desplegado en que le piden al ejecutivo impedir que una delas principales regiones agropecuarias del país pierda agua

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

En lo que constituye la comunicación más amplia y rotunda entregada hasta ahora al conocimiento del presidente de la república, Enrique Peña Nieto, para frenar la entrega de agua del río Verde a la ciudad de León, 44 organizaciones civiles y 56 comunidades de Los Altos de Jalisco firman un desplegado hoy en la prensa nacional en que se exige cancelar el proyecto y el decreto de reserva del año 1995, ante el desmesurado costo social, económico y ambiental que se pretendería hacer pagar a la región que produce más de 20 por ciento de la proteína de origen animal del país.

Lo que piden: “que se inicien las gestiones correspondientes para la cancelación del pretendido trasvase Los Altos-León y se evite la inundación de las tres poblaciones”, esto es, Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

“Que el presidente de la República, desde un enfoque de seguridad hídrica y desde el vínculo entre agua, desarrollo, energía y alimentación, en un escenario de cambio climático, y desde la tutela prevista en el principio precautorio, en términos del artículo cuarto constitucional y la Ley de Aguas Nacionales, cancele el decreto de reserva de aguas del río Verde publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 1995, por lesionar nuestros legítimos derechos”.

También exigen que “declare de interés público la cuenca del río Verde y Los Altos de Jalisco, y atienda de manera prioritaria la problemática hídrica en la región alteña, sus acuíferos y su cuenca, en virtud de la escasez de agua, y ordene la elaboración de un Programa de Ordenamiento Hídrico en los términos de la II Recomendación del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua de Jalisco, y [que] sea elevado a rango de ley”.

El documento es la segunda respuesta a la definición del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz a favor del trasvase y de la inundaciónde los pueblos con una cortina a 105 metros de altura. Son enfáticos al titular el desplegado: “Los Alteños no permitiremos el despojo del agua”. Y argumentan la necesidad “para evitar el estallido de un gran problema social, medioambiental y económico en Los Altos de Jalisco, derivado de la afectación de nuestros derechos como consecuencia de una pésima gestión del agua y el pretendido trasvase […] existe una irritación generalizada en el sector agropecuario por las declaraciones del gobernador del estado de Jalisco, del pasado 29 de junio, porque con ellas condena a desaparecer no sólo a las tres poblaciones que se inundarían con la sobreelevación de la cortina de la presa, sino al sector agropecuario Alteño […]”.

Añaden: “estudiosos de diversas instituciones consideran que de no realizar las correcciones necesarias en materia de agua y de concretarse el pretendido trasvase a la ciudad de León, se desatará una guerra por el agua y los alteños no estamos dispuestos a perderla”.

Destacan el papel del ejecutivo de Jalisco, tanto durante el gobierno de Emilio González Márquez (2007-2013) como el actual, de Sandoval Díaz, a favor del megaproyecto, sin considerar la enorme importancia económica de Los Altos, que generan 22 por ciento del producto interno bruto de Jalisco (ver claves).

También consideran incongruente la contratación del estudio de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), por 4.6 millones de dólares, para un producto que no arrojó, a su juicio, novedades, y parece que buscó legitimar una decisión ya tomada.

“Extraña que a la fecha el único grupo que ha defendido el tema del agua en el estado de Jalisco sea el Observatorio del Agua, que sin costarle un centavo a la ciudadanía, ha realizado estudios y emitido recomendaciones que advierten de las graves afectaciones derivadas por no aplicar una gestión integral del agua en Los Altos y el propio estado de Jalisco”.

La región tiene el liderazgo nacional de alimentos de origen animal pese a un clima adverso, un agua escasa, y un gobierno que no provee “ni asistencia técnica, ni el apoyo con recursos económicos para lograrlo”.

Las organizaciones firmantes: las asociaciones ganaderas locales de prácticamente toda la región, la Alianza Cívica Alteña para la Defensa del Agua, Ejido Agua de Obispo, la Unión Ganadera Regional de Jalisco, la Unión Regional de Porcicultores de Jalisco, Ovinocultores de San Juan de los Lagos, Foro Ganadero de Jalisco, Silvicultores de Los Altos AC, Sanjuanenses Unidos por el Bien de Todos, López Brockmann y Asociados SC, Círculo Histórico y Cultural Entre Amigos, Caballeros de Colón de San Juan de los Lagos, Colegio de Ingenieros y Arquitectos de San Juan de los Lagos, Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable AC, Asociación de Hoteles y Moteles AC, Asociación de Arquitectos e Ingenieros AC, Colegio de Arquitectos del estado de Jalisco AC, Asociación de Abogados AC, Cámara de Comercio y Servicios Turísticos, delegaciones alteñas de Coparmex, Tierra Viva SPR, RMANOL SPR, Siempre Puedes Ayudar AC, Asociación de Alumnos de la Universidad de Guadalajara sede San Juan de los Lagos, Colegio de Médicos del Estado de Jalisco AC, Deseos del Corazón AC, Cooperativa Pedro Ezqueda, así como 56 pueblos, “entre muchos más”.

----------------------------------------------------------

CLAVES

El valor alimentario de Los Altos para el país

Leche de bovino, 1,436’339,000 litros, 64.5% de Jalisco y 12.4% del país

Huevo. 1’334,596 toneladas, 88.7 % de Jalisco y 48.3% del país

Carne de cerdo, 391,310 toneladas, 80.4% de Jalisco y 26.8% del país

Carne de bovino, 217,629 toneladas, 35.7% de Jalisco y 11.7% del país

Carne de ave, 500,059 toneladas, 61.2% de Jalisco y 16.4% del país

Fuentes: Sagarpa, Oiedrus, SIAP, Fira

MC

sábado, 15 de julio de 2017

La Profepa clausura seis aguacateras al sur de Jalisco



Apenas se revisaron tres municipios, aunque hay muchos más casos documentados; derribo ilegal de casi 10 mil árboles

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

En un operativo que se desplegó durante cuatro días y culminó ayer por la noche, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró seis predios con 145 hectáreas de bosque que fueron cambiadas a huerto aguacatero sin contar con permiso de cambio de uso de suelo forestal, lo que significó el derribo ilegal de 9,463 pinos y encinos, y la siembra de más de 32 mil arbolitos de aguacate, en los municipios de Mazamitla, Concepción de Buenos Aires y Mazamitla, al sur de Jalisco.

“La Profepa, en coordinación con la Gendarmería-Misión Ambiental […] clausuró seis predios, donde removieron sin autorización, 145 hectáreas de vegetación forestal nativa, para establecer huertos de aguacate […] encontró incumplimientos, como la presencia de plagas y remoción de vegetación forestal no autorizada en los aprovechamientos forestales, por lo que se ordenó como medida de seguridad, la suspensión total temporal de las seis autorizaciones, de conformidad con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable”, informó el organismo en un comunicado emitido por la noche.



Además, “se procedió a la clausura total temporal de los polígonos visitados [sic], en las cuales se observó el cambio de uso de suelo […] se estima que se removieron sin autorización nueve mil 463 árboles del bosque de Pino y Encino; posteriormente, para quitar los tocones (parte del tronco y raíz), utilizaron maquinaria pesada -grúas especiales- para arrancarlos de raíz. Los inspectores cuantificaron 32,686 árboles de aguacate cultivados; las estimaciones permiten establecer que pretendían plantar más de 42 mil árboles”.

Las acciones “se derivan de evidencia obtenida por personal de inspección de la Profepa, respecto de actividades ilegales del cambio de uso de suelo para el establecimiento de huertas de aguacates en predios bajo aprovechamiento forestal”. Los predios visitados son La Estancia Vieja (II-XII-29) y La Estancia Vieja (II-XII-30); “en el primero, en 4.8 hectáreas se efectuó el cambio de uso de suelo y se encontró plantación de aguacate; el segundo, solo el cambio de uso de suelo en 98 hectáreas”. MILENIO JALISCO documentó que la región ha visto crecer de forma descomunal las plantaciones de Persea americana a costa de bosques nativos, luego de seis años en que no se emiten autorizaciones de cambio de uso de suelo, en más de diez mil ha. Ello significa que el golpe dado esta semana es apenas el comienzo.



En Loma de Las Güilotas, municipio de Gómez Farías, 10.1 hectáreas afectadas; en el Rancho El Tule, municipio de Concepción de Buenos Aires, seis hectáreas, mientras que en Palos Verdes y Palo Hueco, municipio de Concepción de Buenos Aires, en 20 hectáreas se estableció la plantación de aguacate, mientras en Colomos y Lomas de la Carrera, en Mazamitla, fueron seis hectáreas con el mismo propósito.

Otras irregularidades, abunda el organismo: “se estableció que los particulares no presentaron remisiones forestales correspondientes ni libros de registro de salidas de materias primas forestales, además de carecer de informes anuales sobre el desarrollo y cumplimiento del Programa de Manejo Forestal Autorizado, requerido para su legal operación”.



En algunos predios “se observaron individuos del género Pinus spp., con evidencias de ataque por insecto descortezador, además de que no se realizó la delimitación de las áreas de corta ni se presentaron las relaciones de marqueo correspondientes. Los seis polígonos objeto de las inspecciones tenían autorizado para aprovechamiento forestal de más de 310 hectáreas, de las cuales en 145 hectáreas se detectó el cambio de uso de suelo ilegal […] se encontró además la apertura de una brecha que hicieron para acceder a dos huertas de aguacate, la que ya habían plantado y una más para establecer, así como construcciones alusivas a la misma actividad”.

Entre éstas, una pequeña presa u “olla de captación” con medidas aproximadas de 50 metros de largo, 30 metros de ancho y 20 metros de profundidad, “utilizada para captar agua de lluvia y regar las plantaciones”.

SRN

viernes, 14 de julio de 2017

Profepa interviene en el sur de Jalisco



El organismo realiza un operativo en predios forestales donde se ha documentado cambio de uso de suelo ilegal para huertos de aguacate, y algunas industrias madereras.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y miembros de la gendarmería ambiental de la Policía Federal, realizan esta semana un intenso operativo de inspección y clausura de predios boscosos que fueron ilegalmente transformados a huertas aguacateras, sobre todo en los últimos siete años, y algunas industrias que reciben madera de dudosa legalidad.

La dirección de comunicación social del organismo, confirmó que se trata de un proceso coordinado desde la Ciudad de México por la subprocuraduría de recursos naturales de la Profepa, que preside el biólogo Ignacio Millán Tovar, y que se podrá emitir información oficial después del cierre del mismo, que se espera lograr en el curso de la tarde de hoy.

Mientras hay presencia de una veintena de elementos de la gendarmería, y de personal de oficinas centrales y de la delegación en Jalisco, la ausencia notable es de elementos del Ejército Mexicano, pues la Secretaría de la Defensa Nacional decidió no intervenir, pese a que los municipios de las regiones Sur y Sureste del estado se ha "normalizado" la presencia eventual de bandas criminales, en algunos casos, con intereses en los mercados de la madera y del aguacate.

Extraoficialmente, se sabe que se han realizado inspecciones y clausuras en predios boscosos de seis municipios, y algunas procesadoras de madera. El cambio de uso de suelo implica remover volúmenes grandes de madera, muy por encima de los que autoriza la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y termina inundando el mercado con producto ilegal. Desde 2011 no se otorgan autorizaciones de cambio de uso de suelo en Jalisco, y a la fecha, no está definido un proceso por parte de Semarnat México, lo que ha empantanado cualquier expediente formal en las oficinas de la delegación.

Para algunos, ese es el factor que dispara las transformaciones ilegales de territorio, pues el incentivo económico de un mercado con un valor de 1,300 millones de dólares anuales, fuertemente impulsado y subsidiado por los gobiernos estatal y federal a través de las secretarías de Desarrollo Rural (Seder) y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), ha sido más tentador que las restricciones impuestas al cambio de uso de suelo. Por si fuera poco, la presencia de grupos delictivos ha forzado en unos casos, e incentivado en otros, la ilegalidad.

"Nosotros no notamos tanto la presencia de criminales, pero sí una evidente llegada de empresarios grandes de Michoacán que han ocupado algunos predios en la montaña, han cambiado uso de suelo y nos provocan muchos problemas porque destruyen los caminos con sus camiones [...] en otros sitios nos ocupan tanta agua, que obligan a acarrear para las comunidades con pipas desde sitios lejanos; creo que los efectos negativos superan a los beneficios, lamentablemente", confió ayer a MILENIO JALISCO un presidente municipal de la región.

Otro alcalde, que como particular se dedica al aserrío, admite el caos del sector forestal y la escasa capacidad de inspección y vigilancia de las autoridades involucradas.

La Profepa y la Semarnat documentaron diversos casos donde las evidencias a través de fotografía vía satélite demuestran los cambios de uso de suelo. Hay predios debidamente geoposicionados y referenciados a los permisos vigentes de aprovechamiento forestal, donde el cambio de uso de suelo, que no fue autorizado, está ineludiblemente ligado a un prestador de servicios técnicos forestales. Es por ello que, en función de lo que establecen la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, sus diversos reglamentos, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y el Código Penal Federal (ver recuadro), que la Profepa hará valer los contratos que los hacen corresponsables de la violación del plan de manejo autorizado, a la par que al dueño del bosque.

Casos documentados de cambio de uso de suelo ilegal corresponden a los municipios de Gómez Farías, Mazamitla, Zapotlán el Grande, Tonila, San Gabriel, Tamazula de Gordiano, Atoyac, La Manzanilla de la Paz y Concepción de Buenos Aires. Pero la estimación global es que más de 10 mil hectáreas, de las 25 mil ha que podrían estar en producción de aguacate, derivan de ese proceso ilegal. Una situación documentada pero poco atendida son los alrededores de Nevado de Colima, la montaña más alta del occidente de México que ha visto perder bosque nativo y sufrir una presión creciente sobre su agua dulce.

El equipo de inspectores y la gendarmería empezaron sus actividades el pasado lunes 10 de julio. Un grupo atendió la Sierra del Tigre, que Abarca La Manzanilla, Concepción de Buenos Aires, Mazamitla, Quitupan y Tamazula; el otro se canalizó a Gómez Farías – el municipio que tiene algunos de los casos documentados más escandalosos de cambio de uso de suelo -, Zapotlán el Grande y Atoyac. La Profepa se comprometió a entregar un informe detallado sobre lo inspeccionado, lo clausurado, los procedimientos abiertos y los alcances de estas medidas.

La reacción de algunos prestadores técnicos ha sido tratar de revocar sus contratos y buscar asesoría legal para enfrentar posibles procesos administrativos y penales. Lo pendiente es saber cuántos de esos negocios irregulares del aguacate han recibido o están recibiendo subsidios de las entidades de fomento. "Uno de los problemas más graves es que no se certifican las plantaciones, y el consumidor sobre todo extranjero podría empezar a exigir que se garantice que el producto consumido es inocuo en términos ambientales, o empezarán abrirse denuncias de dumping, por ejemplo, ahora en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte", comentó al respecto un consultor de la Comisión Nacional Forestal que pidió no ser identificado.

Los bosques del sur de Jalisco siguen cambiando en estos momentos. Algunas pequeñas matas de aguacates (Persea americana) han sido plantadas las últimas semanas en predios que fueron asolados por fuego en el desastroso último ciclo. La sed por el oro verde no parece tener fin.

La Seder asegura que no ha financiado daño al bosque

La Secretaría de Desarrollo Rural de Jalisco, que presume el sistema aguacate como uno de los grandes capítulos de la potencia agropecuaria del estado, asegura que el daño de los bosques no es parte de la ecuación de los subsidios, asesoría y promoción que trabaja con los empresarios del ramo.
"Lo primero que hay que tener claro es que todas las actividades que se desarrollan deben de estar centradas en un marco jurídico, y esto implica también a la parte productiva; entonces, aquí nadie debe estar fuera de la ley, hay responsabilidades en cada sector, y el sector ambiental debe de hacer su chamba y proceder conforme a la ley [...]en la parte de fomento, que es el caso nuestro, yo primero dejaría claro que el responsable de dar el cambio de uso de suelo es la Semarnat, y hasta donde yo tengo registrado, en el sexenio de Aristóteles Sandoval no ha entregado ni un solo permiso; por ahí hace diez o doce años se dio una rapada importante o desmonte. Con esto quiero decir que el gobierno de Aristóteles Sandoval actúa con plena responsabilidad, y que la promoción del aguacate va en una línea clara de buscar la reconversión productiva, ir dejando de lado cultivos de menor valor a cambio de estos; yo creo que el grueso del desarrollo del estado se sustenta ahí...".

En entrevista con MILENIO RADIO, añadió: "si hay casos fuera de la ley, hay que aplicar la ley; pero creo que son muchas dudas de que la mayoría se vaya por el camino al margen de la ley; en caso de que tenga detectado esto la Profepa, pues debe de actuar y aplicar la ley con todo rigor", aseguró.
En su versión, la mancha aguacatera ha aprovechado en buena medida tierras donde se cultivaba el maíz, pero si hay destrucción de bosque, consideró que deben responder por ello los prestadores de servicios técnicos forestales. "El que esté fuera de la ley, hay que castigarlo". Se dijo abierto a entregar la información que requiera la autoridad ambiental.

- ¿Qué estímulos da la Seder para los que cultivan aguacate?

- Canalizamos una serie de estímulos; en algunos casos para el complemento del costo de la planta, para complementar sistemas de riego, para la tecnificación; el aguacate se riega todo por goteo [...] en otros casos, como el caso de los empaques, y para la presencia de empresas y productores en las ferias de promoción comercial, es el grupo donde se distribuye lo que tiene que ver con esto, pero en ningún caso está ligado el apoyo, que se da conjuntamente con la Sagarpa, a cambio de usos de suelo; eso yo lo dejaría perfectamente claro.

- ¿No deberían condicionarse los estímulos y apoyos a que los productores demuestren que su predio está legalmente tramitado o gestionado?

- Cada proyecto que se presenta integra totalmente la información.

- ¿O sea que ustedes sí se la piden al productor?

- Claro, cada apoyo corresponde a un proyecto.

- O sea, está perfectamente corroborado que el apoyo sea para productores que estén en regla.

- Así es, primero que la tenencia sea correcta, porque es la tenencia de cada productor, de cada dueño, o que esté rentando...

- ¿Y el caso del uso del suelo?

- En el caso del uso del suelo no vamos, porque se cambia de cultivos a otra actividad agrícola, no de bosque hacia la agricultura, ni de bosque a la ganadería...

- En este boom aguacatero en el sur del estado, ¿tenían ustedes idea de este fenómeno?

- Nosotros sabemos que en todas las actividades puede haber casos fuera de la ley, pero el grueso de la gente está en la normalidad; creo que sería fuera de lugar pensar que nuestra gente actúa al margen de la ley como una costumbre; no, en absoluto. Si hay casos, que quien los conozca, presente la denuncia a la instancia correspondiente, para que se haga la investigación, y se aplique la ley, como escuchaba ahorita que están empezando hacer los de la Profepa.

SRN

jueves, 13 de julio de 2017

Denuncian ante la Profepa la degradación de cuerpos de agua



El caso del río Santiago es emblemático de la impunidad de la industria y la opacidad de la autoridad en aplicar una norma de por sí laxa, denuncian colectivos.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

La contaminación del agua de la cuenca del río Santiago por las industrias del área metropolitana de Guadalajara y de los corredores industriales de Ocotlán-La Barca y el río Zula, es un ejemplo dramático del modo en que empresas transnacionales aprovechan en México, de forma desleal, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAAN), pues resulta evidente que se trata de casos de “dumping ambiental”, contra los intereses de empresas asentadas en Estados Unidos y Canadá, que sí invierten en prevenir y compensar la contaminación y lo internalizan en sus costos de producción.

Este es el sustento de la nueva campaña denominada El río suena, aguas de México sin tóxicos, lanzada en la Ciudad de México, ayer, por el Colectivo Ecologista Jalisco AC, el Instituto de Derecho Ambiental AC, y la coordinadora Agua para Tod@s, Aguas para la Vida. Se trata de una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), “por la degradación de los cuerpos de agua del país debido a la laxitud y falta de aplicación de la norma de descargas NOM-001-SEMARNAT-1996, normatividad que permite la contaminación impune de los cuerpos de agua de México”.

Esta denuncia “fundamenta la necesidad de modificar esta norma para dar cumplimiento a los derechos humanos a la salud, a un medio ambiente sano para el desarrollo y el bienestar, al desarrollo, al agua potable y al saneamiento. Esta norma, la NOM-001-SEMARNAT-1996, sólo regula 20 parámetros y deja sin regulación a una amplia gama de sustancias, en particular las de origen industrial”, advirtieron en un comunicado.

Como evidencia de ello, “la denuncia cita varios estudios realizados por investigadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). Uno de esos estudios señala que la NOM-001-SEMARNAT-1996 no impide la descarga de sustancias tóxicas a los cuerpos de agua del país, al indicar que muchos efluentes industriales pueden cumplir con la norma, pero como no se toman en cuenta, los contaminantes específicos de cada giro, esto provoca que ‘la incorporación de sustancias tóxicas deteriore el ambiente acuático’. Así, la normatividad no logra controlar los tóxicos de fuentes industriales”.

En el mismo sentido, “la denuncia hace referencia a un reporte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en donde la secretaría asevera que esta norma tiene ‘un efecto o impacto nulo’, y que ‘no se cumple, lo que representa la libre descarga de contaminantes”.

La NOM-001-SEMARNAT-1996 ha sido incluida en el Programa Nacional de Normalización (PNN) para su modificación desde el año 2007, “pero aún no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación un anteproyecto de modificación de esta norma. El PNN 2017 (DOF, 03/02/2017) señala que es necesario revisar los parámetros y límites de esta norma, ‘en virtud de que han quedado rezagados frente a las necesidades de protección de los cuerpos de agua del país; respecto a normas internacionales; a las demandas señaladas en acuerdos internacionales y frente a otros ordenamientos nacionales como son la Ley Federal de Derechos y las Declaratorias de Clasificación de los Cuerpos de Agua”, explicó la investigadora del CEJ y doctora por el CIESAS (Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social), Cindy McCulligh.

“El sistema normativo para el control de las descargas al agua en México es muy deficiente. Se ha estado estudiando la modificación de la norma desde 2007 en Semarnat en el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos (COMARNAT) pero parece que no hay voluntad política para emitir las regulaciones necesarias para proteger los ecosistemas acuáticos y a la salud humana”.

La coordinadora Agua para Tod@s, Aguas para la Vida, Elena Burns añadió: “La Coordinadora Nacional Agua para Tod@s ha documentado que la violación sistemática e impune de la NOM 001, así como la falta de voluntad política para lograr su actualización, a pesar de múltiples estudios en todo el país en cuanto a su insuficiencia, está asociada con prácticas tipificadas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas como faltas administrativas graves de corrupción. Para corregir este problema universidades y organizaciones en el país estamos construyendo una capacidad de Contraloría del Agua, como está previsto en la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas”.

La presidente del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), Raquel Gutiérrez Nájera, terció: “con la reforma del 2012 al artículo 4 constitucional, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento y la norma actual es violatoria por no garantizar la no descarga de contaminantes a los ríos y otros cuerpos de agua del país”.

El río suena, Aguas de México sin tóxicos, “busca denunciar pacíficamente la impunidad en la contaminación de los cuerpos de agua nacionales, facilitada por una normatividad laxa, niveles sumamente bajos de inspección y vigilancia, y la desatención de las descargas de sustancias químicas sintéticas de origen industrial a los cuerpos de agua nacionales”.

SRN

Proponen ANP en el cerro de El Tepopote



La realización de la reserva municipal obliga a alinear instrumentos de planeación.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

La asociación civil Anillo Primavera y un conjunto de académicos de la universidad jesuita ITESO (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente), entregaron ayer al Ayuntamiento de Zapopan, la solicitud formal para establecer un área natural protegida municipal en el cerro de El Tepopote, principal corredor de fauna del bosque La Primavera, y severamente afectado por un incendio, el pasado mes de abril.

La propuesta considera el extraordinario valor ambiental de mantener el espacio natural sin restricciones, lo que implica enfrentar una serie de intereses económicos que en el pasado han sido fomentados por el propio ayuntamiento, de manera que se cuenta con un plan parcial que permite la urbanización en la zona, y a contrapelo, un ordenamiento ecológico local que la impide (ver MILENIO JALISCO, 11 de julio de 2017). Es decir, en paralelo al proceso de un expediente que determine la importancia del corredor biológico y sus valores naturales, se debe hacer un ajuste en las normas para “armoinizarlas”; la oportunidad está dada porque los planes parciales pronto estarán en revisión y actualización, mientras el proceso para el ordenamiento ya está abierto.

Quien recibió el expediente fue el director de medio ambiente zapopano, Alfredo Martín Ochoa, el cual destacó que existe en el ayuntamiento la voluntad política para abrir el proceso y hacer los ajustes pertinentes.

Pedro Alcocer, de Anillo Primavera, dijo en conferencia de prensa que estarían de entrada propuestas 1,200 hectáreas, pero la ambición es “garantizar con esto la conectividad del ecosistema, sus servicios ambientales, así como la generación de un espacio para la educación ambiental y conservación […] el cerro ha estado amenazado por los incendios y presiones urbanísticas; el corredor industrial está de alguna forma llegando a un proceso irreversible de fragmentación del corredor biológico si no se toman medidas, en este proceso hemos desarrollado estudios que nos muestran la vulnerabilidad de todo el corredor…”.

Además, llamó a considerar “el valor geológico del Tepopote que entró en erupción incluso antes que el Volcán de Tequila y La Primavera, hace más de 200 mil años, es un evento muy importante en la formación de los domos y estructuras del área”. La biodiversidad local, a la espera de estudios más afinados, es de 59 especies de fauna.

Una declaratoria municipal obliga a establecer un expediente con el estudio justificativo y la propuesta, el cual se presenta al ayuntamiento, que lo vota; si es favorable, se envía al Congreso del estado para que lo ratifique. Zapopan es pionero en el tema de reservas municipales, pues hace más diez años elevó un proceso para la región hidrológica del río Santiago, Sierra de San Esteban, Nixticuil y El Diente, que se acerca a 18 mil hectáreas y es la más importante en su tipo de todo Jalisco.

SRN