sábado, 22 de septiembre de 2018

ONU revela preocupación por violencia latente en Azqueltán


Desde Ginebra, Suiza, la relatora especial de pueblos indígenas pide que se resuelva la disputa por los derechos tepehuanos en Villa Guerrero.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

La disputa territorial entre comuneros tepehuanos de San Lorenzo Azqueltán, en Villa Guerrero Jalisco, y sus oponentes mestizos, ha llamado la atención de la Organización de Naciones Unidas, más por lo que ha pasado que aunque no ha derivado en muerte, se registran conatos violentos y desapariciones forzadas temporales, lo que mantiene en tensión las relaciones sociales de esta región serrana por lo que amenaza con suceder.

La relatora especial sobre derechos de pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, manifestó desde Ginebra, Suiza, su preocupación de que el gobierno mexicano dé cumplimiento ejemplar al Estado de derecho que marca la prevalencia de los títulos virreinales, que en un juicio agrario, establecen la reivindicación de 38 mil hectáreas en posesión de los aborígenes, que constituyen un núcleo único de los O’dam (“los que habitan”, en su lengua original) en Jalisco. Este pueblo tiene sus principales heredades en las extensas montañas de Durango, por lo que es una suerte de trueque cultural ante la presencia de sus vecinos wixaritari (huicholes) en esa otra entidad, como efecto del cercenamiento de la comunidad de Tatei-Kie (el caso Bancos de Calitique) y de las fronteras estatales porosas en la región.

“La relatora expresó su preocupación por el caso, particularmente por la criminalización de las personas indígenas defensoras del territorio. Este pronunciamiento […] se da de forma paralela a la segunda visita de la misión civil de observación a San Lorenzo, realizada los días 19 y 20 de septiembre”.

El secretario ejecutivo de la red de derechos humanos Todos los Derechos para Todos, Fernando Ríos Martínez, destacó en conferencia de prensa que ha habido respuesta del gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz y compromisos por parte del presidente municipal de Villa Guerrero, Aldo Gamboa, “no se advierten cambios cualitativos” en el ambiente amenazante que impera en la zona. De hecho, entre mayo y septiembre (el primer mes fue el de la intervención del gobierno del estado para buscar garantizar el respeto delos derechos humanos) ha habido incidentes graves como la destrucción de cosechas de los aborígenes por ganado de los mestizos, o una golpiza propinada por el pequeño propietario Fabio Flores al anciano tepehuano Severiano Aguilar de 77 años, que no derivó más que en una exhortativa de la autoridad institucional y no en la sanción penal que demandaba el caso.

Son quince los expedientes penales que la Fiscalía Regional de Colotlán no ha desahogado desde 2017. Pero en el centro está la falta de una sentencia en la controversia agraria 38/16/2015, en la que los comuneros reclaman se les reconozca y titule la posesión sobre 38 mil hectáreas, de más de 90 mil ha que originalmente, en 1733, les reconoció el rey de España, dijo el presidente de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI), Carlos Chávez Reyes.

Por su parte, la integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), María González Valencia, puso en relieve que llevar a buen puerto la situación conflictiva, en el contexto del cambio de gobierno en Jalisco y la república, demanda compromiso de las autoridades entrantes. Pidió, por ello, que el gobernador electo, Enrique Alfaro Ramírez, designe ya el gabinete que lo apoyará, sobre todo en los asuntos relativos a reforma agraria, gobierno y seguridad interior, pero además, que haga explícita la voluntad de que se mantenga la relación con los grupos civiles a nivel de secretario de estado, como ha sucedido con Sandoval Díaz.

El saldo de violencia en estas montañas de Villa Guerrero ha derivado en tres desapariciones forzadas: dos de comuneros, que fueron liberados tras 48 horas de gestiones, y una de un particular, Ismael Valdez, quien no ha regresado a su casa desde abril pasado. La fiscalía no sabe por qué fue privado de la libertad, pero ese nombre pende como advertencia de una posible violencia si el Estado no asume su responsabilidad.

Temacapulín pide a AMLO “no destruir la esperanza” de subsistir


Las organizaciones que buscan evitar la inundación del poblado, sostienen la necesidad de cumplir con la gestión integral del agua y cancelar el proyecto

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

“No nos destruya la esperanza”, pidieron en su segunda carta al presidente electo de la república, Andrés Manuel López Obrador, los moradores de la cañada del río Verde amenazados por inundación si se termina el proyecto de la represa en El Zapotillo.

“Nos dirigimos a usted por segunda ocasión, después de su victoria en los pasados comicios electorales. En un nuestra primera carta que le entregamos el pasado 25 de julio, en su Casa de Gobierno, en la Ciudad de México, le mandamos un saludo y nuestra bienvenida como nuevo Presidente de México. Recordándole que nos conoce ya que en tres ocasiones ha tenido la oportunidad de visitar nuestra comunidad en Temacapulín, Jalisco, de escucharnos e informarse de manera directa sobre la lucha que hemos dado desde el año 2006 contra la construcción del Sistema Zapotillo – Acueducto Zapotillo León, proyecto que de concluirse inundaría a tres comunidades campesinas milenarias de Jalisco: Temacapulín, Acasico, Palmarejo y dejaría sin agua a los productores de una de las regiones agroalimentarias más importantes de México: los Altos de Jalisco, beneficiando sólo a empresas nacionales y trasnacionales que buscan la privatización del agua y que necesitan grandes cantidades del recurso para la producción de coches, minería, agroindustria y desarrollos inmobiliarios en Área Metropolitana de Guadalajara y El Bajío”, señala la misiva, entregada al equipo del mandatario que asume el poder ejecutivo federal a partir del 1 de diciembre próximo.

“En esta segunda carta nos dirigimos también a la futuras Secretarias y al Enlace Estatal por Jalisco quienes por su responsabilidad tendrá que intervenir y buscar junto con nosotros soluciones urgentes a este conflicto socioambiental. Considerando que uno de los pilares centrales de la Cuarta Trasformación que su gobierno quiere lograr es el Combate a la Corrupción, el Zapotillo justo representa la obra hidráulica de la corrupción, sumando sus costos económicos de concluirse este proyecto podrían llegar a más de 40 mil millones de pesos, dinero del erario que estamos pagando con nuestros impuestos, sin haber generado hasta el momento una gota de agua, solo violaciones a nuestros derechos como pueblos”, explican. El firmante principal es el representante de los afectados, Gabriel Espinoza Íñiguez.

Por ello, “llamamos su atención para que intervenga en este conflicto como presidente de México en coordinación con las titulares de las Secretarias de Gobernación, Semarnat, Conagua y el Enlace de su Gobierno en Jalisco [Carlos Lomelí]” La solicitud consta de tres puntos: 1. “Una reunión de trabajo con usted y titulares de las secretarías […] para exponer a detalle las irregularidades, violaciones y nuestras propuestas de solución a este conflicto”. 2. “Que en su segunda gira por Jalisco visite nuevamente Temacapulín, nuestra comunidad. Invitación que extendemos a las secretarías y su enlace en Jalisco”. 3. Que “instruya a las titulares de Gobernación, Semarnat, Conagua, y el enlace […] la atención y revisión inmediata del estatus del Sistema Zapotillo - Acueducto Zapotillo León. Y agenden reuniones de trabajo con nosotros para definir de manera conjunta la ruta de trabajo y abordaje que su gobierno dará al Sistema Zapotillo -Acueducto Zapotillo León”.

Los afectados por la represa le recuerdan al mandatario de origen tabasqueño: “como sabe, nuestra lucha es por el agua, el territorio y los derechos humanos; somos un pueblo campesino que quiere lo mejor para México y trabaja por una nueva política de gestión Integral del Agua para Jalisco y México. Nuestras expectativas hacia su gobierno son altas, no nos destruya la Esperanza [sic]”.

viernes, 21 de septiembre de 2018

Bicicleta y camiones, la mejor forma de moverse en el AMG


Los nueve municipios y el Imeplan hicieron un ejercicio en el que se constata que cualquier forma de moverse presenta dificultades en la ciudad

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Reto multimodal de movilidad, que se realizó este viernes en Guadalajara y otras 21 ciudades del país, sirvió para constatar que en la Perla de Occidente ninguna de las formas de traslado tiene “vía franca”, en una metrópolis plagada de frentes de obra pública, y cuya infraestructura mantiene, aunque sea cada vez menos, la prioridad para el auto particular.

Desde todos los puntos cardinales, 34 personas tanto de la función pública como de organizaciones de la sociedad civil, realizaron recorridos en todas las posibilidad de transporte que se ofrecen, desde bicicleta hasta autos; pero además, se constataron los mayores problemas de las personas que padecen discapacidad física, por más que ha habido una evolución real, pero insuficiente, para que mejoren sus condiciones de movilidad.

De este modo, una ciclista logró cubrir la distancia entre la cabecera municipal de Tlaquepaque y el teatro Degollado en 25 minutos; una discapacitada en silla de ruedas logró cubrir en 40 minutos el reto de trasladarse desde el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño; un automovilista, desde el mismo origen, lo hizo en 32 minutos. Evidentemente, para estas marcas influyó que todos partieran a las 8 de la mañana; pero se constata que los ciclistas tienen mejores posibilidades por contar con vehículos pequeños prácticamente todoterreno, lo que es un alivio en una ciudad llena de baches y saturadas de autos en horas pico; por otro lado, también se confirma que si el transporte público tiene carriles confinados, es la modalidad de traslado más rápida.

“En esta ocasión decidimos que en lugar de que cada municipio haga su esfuerzo, a través de la mesa metropolitana de movilidad, en el Imeplan, juntáramos esfuerzos y realizáramos este reto; el reto sirvió para poder medir los tiempos de traslado y de eficiencia de los viajes en los diferentes modos de transporte: personas, activistas, funcionarios, nos ayudaron para salir desde las cabeceras municipales, desde sus municipios, para llegar a Guadalajara, y ahorita estamos midiendo los tiempos; unos salieron en autobús, otros en bicicleta, otros en automóvil, y ya con el recorrido podremos evaluar cuáles son los medios más eficientes, y por qué”, refirió la responsable de movilidad por el Ayuntamiento de Guadalajara, Valeria Huérfano.

“Como resultado, sigue siendo entre el trasporte público y la bicicleta los medios de trasporte más agiles, para moverse en estos traslados; para Guadalajara la salida fue del CUAAD, en Huentitán; está el corredor del macrobús, que es un tramo sencillo; y en bicicleta fue Tlaquepaque el municipio que más rápido llegó […] hay que recordar que del automóvil hay que sumar el tiempo de estacionamiento al llegar, quizás por eso puedan ser muchos más minutos”, añadió.

La idea de estos resultados “es que la gente vea que su traslado puede hacerse de manera diferente, y no nos encasillemos que si sólo usamos el auto vamos a llegar a nuestro destino; a lo que estamos invitando es a que probemos esto con el recorrido cotidiano, quizás no todos los días o todos los viajes, pero hay viajes en que sí podemos optar: por ejemplo, si me voy al centro en camión evito la estacionada , y ahorro tiempo; o en un trayecto de menos de 4 kilómetros, agarro la bici y sirve que hago ejercicio y me reactivo; se trata de que seamos multimodales”, puso en relieve.

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Claves 

Los costos del transporte motorizado 

El área metropolitana de Guadalajara registra 2.1 millones de vehículos de transporte individual motorizado (automóvil, motocicleta y taxi), de los que 95% son automóviles. Al mismo tiempo, se cuentan con casi 5 mil vehículos de transporte colectivo

Costos. En promedio, los costos de utilización de cada transporte individual motorizado ascienden a 2,137 dólares anuales (42 mil pesos); en contraste, el uso anual de transporte colectivo ronda 552 dólares (unos 11 mil pesos)

Uso de energía. 99% de la energía utilizada en todos los tipos de transporte en el área son gasolina y diesel. La gasolina constituye 86% del total de la energía consumida

El transporte colectivo usa 89% de diesel y el 11% de energía eléctrica para el tren

Emisiones. "Las emisiones se concentran especialmente en el transporte individual. En cuanto a las emisiones de CO, los automóviles a gasolina producen 387 toneladas diarias, mientras que las de los autobuses diesel producen 20 toneladas diarias. Una situación similar, aunque en cantidades más bajas, se registra en el caso de otros contaminantes. En el caso del CO2, el transporte individual produce 3,600 toneladas diarias, mientras que el transporte colectivo produce 1,400 toneladas diarias"

Accidentalidad: Guadalajara presenta una tasa alta de 15 víctimas fatales por cada 100.000 habitantes. Los peatones conforman el grupo con mayor porcentaje de víctimas (52% del total)

Fuente: “Desarrollo urbano y movilidad en América Latina”, Banco de Desarrollo de América Latina


Tlajomulco desaceleró vivienda en 90%



Pfannenstein presenta diagnóstico de núcleos de vivienda social; esencial atraer el empleo y mejorar servicios, advierte alcalde

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

El gobierno de Tlajomulco, el municipio metropolitano con la tasa de crecimiento poblacional más alta de la ciudad, asegura haber reducido casi en 90 por ciento la cifra de incremento de viviendas en la demarcación, pero arrastra casi 17 mil desocupadas, saldo de la expansión de la última década. Ahora canaliza su esfuerzo para que esas casas se recuperen o se reestructuren las auténticas “ciudades perdidas” que les dieron forma.

Para el efecto, ayer, el investigador de la Universidad de Lausana, Bernd Pfannenstein, presentó en la sala de sesiones del ayuntamiento, un diagnóstico de la situación actual de las casas de interés social de la demarcación. “El primer paso para tener una solución es presentar un diagnóstico, la profundidad del monitoreo, tener datos indicadores comparativos, que nos permiten pensar e identificar dónde tenemos estos problemas en los fraccionamientos, de manera global, pero de manera puntual en cada fraccionamiento”, dijo el académico.

El estudio se realizó en 17 fraccionamientos del municipio: una muestra de 388 encuestas para un universo de 29 mil viviendas, de las cuales cinco mil se encuentran abandonadas. Un ejemplo drástico es el fraccionamiento Silos, donde 30 por ciento de las casa y departamentos están desocupadas y en proceso de destrucción física.

El trabajo se realizó con el apoyo de estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, apoyados por la Comisaría de Seguridad Pública de Tlajomulco y de la Fiscalía Ambiental del mismo municipio.

Otros datos de la investigación: 54 por ciento de los encuestados se sienten inseguros; 27 por ciento no cuentan con acceso a internet; 66 por ciento consideran que sus áreas verdes se encuentran en mal estado; 95 por ciento no tiene acceso a servicios de salud; un tercio no tiene ni siquiera educación básica, y más de la mitad destina por lo menos dos horas en el trasladarse a sus sitios de trabajo. Es lo que mejor define el paradigma de las “ciudades dormitorios” que la administración local busca romper.

Buscar una solución integral obliga a abordar el estudio en la totalidad de los fraccionamientos. “Queremos lograr una ciudad inclusiva ¿y que necesitamos?, un estudio en la totalidad de los fraccionamientos, en el municipio, analizar las bases de datos, el diagnóstico completo, para transformarlos en políticas públicas o políticas urbanas, que nos brinden la posibilidad de tener intervenciones específicas. Lo más importante que puede contribuir este estudio es dar voz a la gente, participación social, y también la opinión; yo considero que sí queremos llegar a una ciudad modelo, una ciudad inteligente, debemos crear herramientas que podamos consultar, de manera más dinámica, la opinión de la gente y sus necesidades y me refiero infraestructura, servicios y las necesidades básicas que uno tiene en la vida cotidiana para disfrutar la vida en la ciudad”, subrayó el investigador. Al ser integral, la estrategia de gestión debe involucrar a los tres niveles de gobierno, con el afán de que se alineen las políticas en un mismo objetivo.

Al término de la presentación, el presidente municipal, Alberto Uribe Camacho, dio más datos de la profunda inequidad que ha generado para el desarrollo municipal el enorme peso de la industria de la vivienda. Por ejemplo, de la inversión económica de 17,200 millones de pesos con que cerró su administración, solamente 3 por ciento de la derrama proviene del sector, “porque lo que luego me decían los constructores, es que nosotros generamos empleo; sí, nada más que empleos de seis meses y luego, te vas y el empleo que generas no es para mi gente, es para gente de fuera; ahora este empleo que estamos generando, son 40 mil empleos que te permiten de una u otra manera intentar que la gente no vaya a trabajar a Guadalajara y se quede aquí a trabajar, y ahí es cuando dejas de ser una ciudad dormitorio”.

Aseguró que de no haber puesto este freno a la vivienda, el desastre inmobiliario por la falta de servicios sería mayor. “Tienes que seguir avanzando con la infraestructura, pero imagínate el tamaño de desastre, en lugar de crecer a menos de cinco mil viviendas [trianual], siguieras creciendo a márgenes de 47 mil viviendas, 50 mil viviendas; el desastre era de esos que nunca vas a lograr parar; creo que esta política te permite poner un freno radical al crecimiento desordenado…”.

De 17 mil viviendas abandonadas, alrededor de 12 mil son ahora objeto de un trabajo de rescate por las agencias de vivienda gubernamental, en busca de reinsertarlas en el mercado en mejores condiciones para las personas. Pero es fundamental que la creación de empleos continúe en las mismas zonas, puntualizó el presidente municipal.

MAMÁ AC, tres décadas de pesca entre niños de la calle


Una institución surgida al calor de las preocupaciones del mairo Rogelio Padilla, y que se ha especializado en los “casos difíciles” de esa zona de guerra que es la calle

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Dice la teología cristiana que la vida de algunos humanos, inmersos en grandes crisis, puede presentar momentos excepcionales en que se manifiesta una verdad superior, con la clarividencia de un axioma matemático: incontrovertible, diáfano y fundamental. El pensamiento antiguo le llamaba “epifanía”, una especie de iluminación divina que va del “toma y lee” de las confesiones agustinianas a la ceguera y la caída del caballo paulino en el camino a Damasco. Su impacto emocional es tan poderoso, que tiene efectos duraderos sobre el resto de la trayectoria terrenal del sujeto de tan extrema experiencia.

Sea o no cierto, al mairo Rafael Marcelino Espinoza Martínez, de 43 años, el encuentro le ocurrió en dos ocasiones: la primera, no pasaba diez años de edad, y su estado físico era lamentable por la fuerte adicción a las drogas con que lidiaba en las calles contiguas a la Vieja Central Camionera, por donde deambulaba desde los cinco años, lejos de su natal Zamora y de cualquier cosa parecida a un hogar. “Ese muchacho no va a pasar de los 12 años”, escuchó a unos parroquianos. Nunca olvidó esa anticipada sentencia de muerte. A los 21 años ya había superado el término fatal, había logrado estudiar y abrirse paso en la vida gracias a su mairo Rogelio Padilla y su singular organización, MAMÁ AC (Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados), que hoy festeja 30 años de vida, con la ausencia física de su fundador. Pero Rafa no había abandonado completamente los enervantes: entonces se enteró de que sería padre, y la cura fue total. “No quería ser para mi hijo lo que había sido mi padre para mí, que había tenido siempre problemas con alcohol”, reflexionó.

Ahora tiene ya más de media vida “limpio” y regresó a Mamá AC; su conocimiento de los fallidos “paraísos artificiales” le es muy valioso cuando trabaja por las calles buscando los casos difíciles, esos niños que se refugian en la evasión psicotrópica de las miserias de la existencia, como le sucedió en su azarosa infancia. “Ya sé qué efecto les pasa, cuánto tiempo durarán en euforia, cuánto bajarán de peso y de qué modo pasarán la desesperación de la abstinencia”. La calle es peligrosa, los niños son desconfiados, los grupos criminales siempre están al acecho, y la policía se convierte en otro enemigo latente. En esas aguas revueltas y turbias, el mairo Rafa, un viejo superviviente, buscar pescar futuros hombres y mujeres.


LA CLAVE ES EL ESTUDIO 

Susana López Paredes, de apenas 19 años, llegó hace nueve, y la institución la rescató de la postración en que quedó su familia tras la separación de sus padres. “Vivíamos con mi mamá, y después fue que mis papás se separaron, como a los diez años, yo por ser mayor tenía que cuidar de todos mis hermanos, porque mi mamá se iba a trabajar […] yo estaba en cuarto de primaria, cuando nos dejaba solas, y tuve que apoyar de ese modo, así de pequeña”. En la ansiedad de no poder cubrir las responsabilidades, su madre logró ubicar a algunos de los menores en una casa hogar. Al año, Susana y una hermana llegaron a MAMÁ AC. Ella se quedó. Y aunque sus padres no regresaron como pareja, las cuatro hijas y el hijo se han podido “normalizar” más allá de los conflictos de la pareja desavenida. Ella vive con su abuela paterna y su padre, pero ve con frecuencia a su madre.

Ha podido superar los rencores de no tener una infancia “normal”. “Al principio mi problema era con mi mamá, oye, no me dejes con toda la responsabilidad, pero también con mi papá, porque por él fue que estuvimos en esta situación; hasta hay veces en que la familia de mi papá le tiene todavía rencor a mi mamá porque nos haya metido a esta institución; pero yo le digo a mi mamá que estoy orgullosa que nos haya metido aquí, gracias a ello estoy estudiado una carrera, no sé qué estuviera haciendo si no hubiera pasado por acá. La verdad le echo ganas, agradeciendo que siguen pagando mis estudios, para tener buenas calificaciones. MAMÁ me da de una beca cada semana y ya con eso pago lo de los camiones, la comida y otros gastos que tenga yo, que comprar un libro o un marcador…”.

Más pequeña es Elisa Real Torres, una niña de 14 años que es reconocida por maestros y mairos por su alta responsabilidad como estudiante, pero sobre todo, por la bondad y el sentido de sacrificio hacia sus semejantes. Es un espécimen rara avis en las sociedades individualistas y divididas, y por ende, altamente apreciado: ostenta esa virtud antigua, mezcla de generosidad y caridad, a la que hoy se le llama “empatía”.

Pequeña de pocas palabras, de mirada límpida e ingenua. Reconoce sin dejo de envidia que su hermana menor es más buena que ella en matemáticas, pero Elisa no se rinde. Tiene tres hermanos. Su casa está en el barrio de San Juan de Dios, donde a veces ni se asoman a la calle, pues el ambiente “es un poco peligroso”. Allí ayuda a la abuela que también vive con la familia. Su mamá trabaja en una fábrica y su papá en una cancha de futbol. Poco se ven, pero se considera afortunada de tenerlos.

Elisa será, cuando crezca, una gran estilista… y una médico veterinaria. “Es que me gusta peinar, arreglar el cabello”, se justifica. Sabe que deberá estudiar más años para lograr ambas metas. No se ve ni poco ansiosa por ello. También cultiva de forma natural la mansedumbre.

LOS RIESGOS DE LA FILANTROPÍA 

Mamá AC es una de las organizaciones más excepcionales de Guadalajara si de filantropía (“amor por la humanidad”, en buena etimología) hablamos.

Quien la preside es la hija del fundador, mairo Rogelio. Y Libertad Padilla, también tuvo su epifanía, temprano, a los seis años, pero a contrapelo de la tradición religiosa imperante. Su incorregible padre tenía a un grupo de niños de la calle en casa, la Nochebuena de hace 27 años. La niña recibió sus regalos del mítico Santa Clós. “Yo dije: ah, como son niños malos no les trajo nada a ellos Santa Clós, y quería que se fueran; mi papá me escuchó y tuvo que decirme…”. Resulta que no era cosa de Santa Clós ni el Niñito Dios; que esos chamacos no tenían juguetes sencillamente porque, o no tenían padres, o estos eran tan pobres que además de no darles regalos, los hacían trabajar.

Libertad descubrió temprano que la fe ingenua a veces es un camino para justificar la diferencia social como natural y para pretender que si tienes más es porque Dios te elige. Desde el punto de vista de los miserables, esto tendría que generar una reacción casi antiteológica: ¿Quién escoge su cuna? ¿Por qué a los que menos tienen menos les das?, podrían clamar contra el presunto Dios injusto, con los tintes sombríos de Eclesiastés o de Job. Pero tal vez los niños pobres y callejeros no tienen el tiempo y sin duda, tampoco las herramientas, para esa rebelión. Por eso, Mamá AC considera dos ejes centrales en su rescate son, por un lado, la alimentación y salud, y por el otro, la educación, como base del pensamiento, que siempre es cívico, es decir, va hacia la sociedad, y siempre es crítico, si de verdad se ejerce.

“Por eso esto es un tema también de política”, sostiene, pues se trata de incidir en una estructura donde los pobres reproducen por generaciones un sistema que los mantiene hundidos en el sótano social.

Los resultados de MAMA AC están a la vista. El gran carisma de su fundador lo mantuvo siempre en el cristal, y la organización ha salido avante del entorno de desconfianza que ahora impera. Son tan pocos los mexicanos que hacen filantropía, sobre todo en el caso de infantes, que algo malo deben tener, dice el espíritu de la época. Eso se traduce en una legislación compleja y marañas burocráticas que ahogan a muchos esfuerzos. Libertad toma el reto: la clave es la transparencia, la relación cercana con los donantes, el esfuerzo de los “padrinos” para que cada caso salga adelante. No es poca cosa cinco mil egresados. No es poca cosa reconocer fracasos –al fin de cuentas, el riesgo es inherente a cada trayectoria humana- pero resaltar los casos exitosos: niños de la calle que hoy ejercen profesiones; niños de la calle que hoy son excelentes artesanos; niños de la calle que hoy ejercen oficios variados, de plomero a electricista; niños de la calle que se mantienen del comercio honrado. Y sobre todo, niños de la calle que saben que la compasión se ejerce sin desdoro.

Hoy, en la antigua “Casa de Caridad y Misericordia” que es el Hospicio Cabañas - institución nacida de otro momento crítico de hambrunas y exclusión en la historia de Guadalajara, por la mano de un obispo católico cuya herencia también ha sido complicada de digerir-, Mamá AC tendrá un banquete donde se encuentran de frente los más desfavorecidos con algunos privilegiados que aceptan ceder algo más que migajas de su relativa opulencia.

Es el banquete donde se enmienda al rico que no quiso recibir al buen Lázaro. Donde el hijo pródigo de la miseria regresa, y el hijo pródigo de la riqueza trata de aumentar el tamaño del ojal. 30 años después, con el dolor por el buen Rogelio que se fue, un duelo que ante la urgencia de seguir su obra, Libertad no ha tenido ni tiempo de afrontar.

NUMERALIA 

*30 años de la Fundación de MAMÁ AC

*5000 egresados de las aulas en ese tiempo

*150 alumnos activos de primaria y secundaria

*1800 pesos mensuales, el costo de cada alumno

*39 empleados entre maestros, "mairos" (tutores) y administrativos

jueves, 20 de septiembre de 2018

Más de 2,500 ha siniestradas por las inundaciones en Zula y Lerma


Los productores reclaman pérdidas que podrían superar 60 millones de pesos, y que son más graves porque se acumulan tres años de desastres.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los campesinos de los municipios de Tototlán, Ocotlán y La Barca, están desesperados, pues se repite su historia de los últimos dos años: en esta ocasión, casi 2,500 hectáreas de siembras se habrían perdido por la negativa de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de operar las compuertas de Cuitzeo y sobre el río Lerma, lo que provoca que los ríos Lerma, Zula y sus afluentes, se desborden sobre los llanos contiguos donde despuntan los maizales.

Las pérdidas estimadas por la inversión que realizaron ronda 62.5 millones de pesos, a razón de 25 mil pesos por hectárea (ha), aseguran los afectados, aunque se le pretende asignar de 12 mil a 15 mil pesos por ha, lo que de cualquier modo hace un daño global superior a 35 millones de pesos.

Luis Arturo Acuña, vocero de los quejosos, dijo a MILENIO JALISCO que es un desastre que se repite porque no ha habido sensibilidad en el tema por parte de los responsables de la operación del agua en la región, donde suele llover copiosamente en el temporal. Los quejosos se entrevistaron en días pasados con personal de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, y recibieron promesas de apoyo, pero no han recibido ni siquiera noticias.

“Hace tres semanas hubo inundaciones severas, pero en los últimos días hubo otras que aumentaron lo siniestrado, calculamos que en Tototlán anda por 1,800 ha mientras que en la zona de La Barca hay por lo menos 600 ha según nos lo dicen los propios productores; y no quieren que les rescaten la vida, pero si al menos recuperar lo invertido, que ronda 25 mil pesos por ha; soportar ya dos años de quebrantos es muy complicado para su economía”, explicó.

Algunas de las localidades afectadas son el ejido de Tototlán, Carrozas, San Ramón, La Tiricia, Las Heras, Zula, El Dique, en el municipio de Tototlán; mientras en La Barca hay más ranchos como San Ramón, Loreto, Zalamea, San Antonio de Rivas, Gobernador, Guadalupe Lerma.



Los afectados no solamente reclaman el pago de los daños, dado que la causa es la mala operación del sistema agua; exigen que se establezca una norma técnica para resolver las grandes avenidas que se dan entre mayo y octubre, como efecto del temporal y de la temporada de huracanes. Y que se dé una solución de fondo al problema de la baja capacidad de conducción de los ríos de la zona, pues esa es la causa última de este problema que ya en el pasado ha generado que la región sea declarada zona de desastre (caso del año 2004).

La región Ciénega, donde ocurren estos hechos, es una de las más productivas de Jalisco en términos agropecuarios, pero no se ha podido resolver la problemática de anegamiento, según los campesinos, porque ni el gobierno del estado ni el federal están dispuestos a invertir hasta 400 millones de pesos para reencauzar y desazolvar el río Zula; caso similar a lo que sucede en el río Santiago, donde después de una alta demanda de agua en el canal de Atequiza por la sed en secas de Guadalajara, la zona se satura y también se debe operar el sistema para evitar siniestros, que nunca son de la severidad de lo que sucede en Zula y la parte baja del Lerma.

En los casos más severos, se llegan a inundar algunos asentamientos humanos de la ciudad de Ocotlán, el principal centro urbano regional. Se ignora si operan en la zona los seguros agrícolas, pero a juicio de los productores, lo que ha sucedido se acerca a la necesidad de emitir una declaratoria de desastre al menos en términos económicos, pues el costo no lo podrán absorber ellos debido a la acumulación de pérdidas por varios ciclos.


Santa Cruz de la Soledad va a elecciones internas este sábado


El grupo opositor al proyecto de Ipejal piden a la autoridad se conduzca institucionalmente en el proceso

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

El ejido Santa Cruz de la Soledad va este fin de semana a un proceso de elección de autoridades internas, bajo la presión de los intereses de un megaproyecto apoyado por el Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal), que pretende desarrollar en 130 hectáreas de la superficie agraria, un proyecto inmobiliario.

Se trata del Fideicomiso Santa Cruz de la Soledad, firmado el 22 de agosto de 2012 entre Ipejal y Santa Cruz Inmobiliaria de Chapala; el primer predio a desarrollar son 53.7 hectáreas de dos fracciones de las comunidades de Santa Cruz de la Soledad y San Nicolás de Ibarra, pero el compromiso de Ipejal es aportar hasta 28.8 millones de dólares mientras que los urbanizadores totalizarían 450 hectáreas de terreno, 130 de Santa Cruz. Sin embargo, una mayoría de ejidatarios ha considerado que la negociación afectó los intereses del núcleo agrario y no están dispuestos a ceder el predio.

“Existe una estrategia de dilatación del proceso de elección por parte de las autoridades que han venido violentando a la Comunidad y a su Territorio. Para ello se han servido de la Dirección de Asuntos Agrarios del estado de Jalisco y la delegación de la Procuraduría Agraria, que mediante solicitudes y evasión de su actuar en una convocatoria ya realizada para el 7 de agosto de 2018, ha buscado evadir su cumplimiento, tal es la situación que el Tribunal Agrario tuvo que apercibir de multa y posterior vista, si subsiste su incumplimiento, al Ministerio Público de la Federación para iniciar la averiguación correspondiente. El objetivo de estas prácticas es evitar las elecciones libres de la comunidad de Santa Cruz de la Soledad, para con ello imponer el despojo”, advierte el asesor jurídico, Eduardo Mosqueda, del Instituto de Derecho Ambiental (Idea).

Señala que Martha Rodríguez García, quien encabeza a los opositores al proyecto inmobiliario, fue electa el 12 de abril de 2015, por segunda convocatoria, de la que se inconformaron Antonio Rivera Aguilar y Vicente Raygoza Zúñiga. Dicha inconformidad fue por vía de controversia agraria (expediente 230/2015).

“Durante su ejercicio como presidente del comisariado, previo a que causara estado cualquier determinación de nulidad de elección, en ejercicio de sus facultades y atribuciones, el Comisariado de la señora Martha inscribió la separación temporal de ejidatarios, debido al acuerdo de asamblea de 13 de agosto de 2017, pues incurrieron en presuntos actos de corrupciòn. La asamblea otorgó un debido proceso dentro de su punto seis de desahogo, el cual contemplaba su derecho de audiencia y defensa, ofrecieran pruebas y alegatos de su interés (…) finalmente la asamblea determinó la separación temporal por un año a 23 ejidatarios”, plazo que se cumplió el pasado 13 de agosto de 2018.

El 10 de enero y el 16 de febrero de 2018 se inscribe la aceptación de nuevos ejidatarios, por acta de asamblea de 17 de diciembre de 2017 y del 8 de febrero de 2018. Ambos procedimientos, señala el Tribunal Unitario Agrario 15 (acuerdo de 9 de agosto de 2018, expediente 230/2015), son legítimos, pues “no se ha emitido declaratoria de nulidad alguna, por tanto, surten sus plenos efectos legales; sin que se prejuzgue sobre la validez o no de la mismas”.

En cuanto a la controversia 230/2015 sobre la nulidad de elección, esta se resolvió a favor de los quejosos, pero dejó “improcedente la nulidad de los actos jurídicos que hayan celebrado los integrantes del comisariado que resultado electos el 12 de abril de 2015", es decir, la sanción por un lado, y la aceptación de nuevos ejidatarios por el otro, precisa el abogado. 

El comisariado encabezado por Martha Rodríguez, no obstante las impugnaciones, promovió recursos y terminó su periodo el 12 de abril de 2018, “sin que haya tenido sentencia firme en contra, que pudiera impedirle de sus funciones antes de la terminación de su mandato”. Ya es hora de la renovación de cargos.

Los ejidatarios esperan que haya una conducción institucional en el proceso del sábado por el gobierno de Jalisco y la Procuraduría Agraria, pero dado el peso de los intereses, lo dudan, y piden a los organismos de derechos humanos y a la sociedad, se mantengan vigilantes.

miércoles, 19 de septiembre de 2018

En regularización de torres no se consideraron derechos ciudadanos


El abogado Joseph Olid destaca que el ayuntamiento tapatío solamente buscó compensar la violación a su institucionalidad .

Agustín del Castillo / Guaadalajara. MILENIO JALISCO. 

El proceso de regularización de “torres chuecas” en Guadalajara podría ser justificado como el rescate de recursos por la autoridad municipal, pero lo que de ninguna manera se han restituido son los derechos de los ciudadanos que vieron dañados sus bienes inmuebles y su estilo de vida, además de claras omisiones en materia penal, advierte el abogado Joseph Irwing Olid Aranda, quien asesora a numerosos colonos en el tema. “Yo creo que conforme vamos modernizando el marco jurídico, es una cuestión de principios; tenemos vigentes tratados internacionales en materia ecológica; tenemos disposiciones de los diferentes niveles de gobierno, la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, los artículos cuatro, 26 y 27; tenemos el Código Urbano de Jalisco […] si estuviéramos respetando los derechos humanos, el derecho a la ciudad, los magistrados del Tribunal Administrativo, los jueces y magistrados federales, y las propias autoridades municipales, irían más a fondo”, advierte en entrevista con MILENIO JALISCO.

Así, “el tema procesal debería de ser: yo te doy las bases, pero tú deberías saber cómo resolver, y no irte a una tendencia que sea siempre a favor de los desarrolladores; así que lo que se requiere es prácticamente un cambio de conciencia, porque me parece que los criterios que prevalecen son obsoletos”. Esto ha derivado en el descrédito del TAE y de la autoridad municipal, porque siempre está como prioridad la búsqueda de ganancia económica y no los derechos de todos los ciudadanos, dice.

El especialista ha analizado los expedientes y su contexto, y aborda la posibilidad de que las “torres chuecas” entrañen delitos que debían perseguirse. “Con la información pública no se puede establecer tajantemente, sin embargo, si es factible la existencia de varios, el Código Penal lo establece”. Y de parte de funcionarios del ayuntamiento, se encuadra el delito de omisión, es decir, “se habría sido omiso en denunciar los delitos que advirtió una vez que estuvo analizando cada uno de los expedientes de construcción; esta omisión constituye el delito de encubrimiento”.

No obstante lo anterior, Joseph Olid observa que “en la mayoría de los casos ya habría transcurrido el plazo para la prescripción de la acción penal”. Los posibles delitos están tipificados en los artículos 253, 254 y 263 (ver texto de abajo).

Su análisis parte de la pregunta “¿se reparó el daño causado por los constructores?” La contestación a esta interrogante puede ser subjetiva, desde el punto de vista del ayuntamiento, este señala que sí, sin embargo, “es errónea la concepción de la reparación del daño a la luz del estándar constitucional, las disposiciones civiles y las disposiciones penales”.

En materia civil, recuerda los conceptos básicos.” Daño: menoscabo en el patrimonio de una persona. Perjuicio: ganancia licita que se dejó de obtener con motivo del daño. Daños punitivos: sanción que se impone a quien genera un daño a diverso particular, la cual tiene el carácter de justa indemnización y como medida que persuade a no volver a cometer la conducta. La reparación es para el directo afectado, que acredita su interés jurídico”. En materia penal. “Conceptos: restitución, restablecimiento o reintegración en los derechos afectados y bienes despojados (carácter patrimonial). Rehabilitación o reintegración de la víctima como tal a la situación que tenía antes (carácter emocional). Compensación se otorga por los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables. Satisfacción incluye derecho a la verdad y publicidad de la sanción, sanciones por otras vías y justicia en sentido amplio. Garantía de no repetición puede ser económica, material o simbólica”.

Los derechos que el ayuntamiento habría rescatado con la regularización: “Conceptos: compensación se realiza mediante pago, obras específicas o la entrega en especie de los bienes señalados. Indemnización: pago para resarcir el daño o perjuicio realizado, a través de una retribución económica. Mitigación: el ejercicio de un conjunto de medidas para contrarrestar o minimizar los impactos generados producidos. ¿Hacia quien se dirige la reparación? El Ayuntamiento de Guadalajara”.

De este modo, los vecinos de las torres, y la sociedad en general, son quienes permanecen agraviados, pues a fin de cuentas, el edificador de las torres “se salió con la suya” y su negocio fue más importante para la autoridad que los derechos de las personas afectadas, concluye el litigante.

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Claves  

Delitos urbanos en el Código Penal 

Artículo 253

“Se impondrán de cuatro a diez años de prisión y multa por el importe de veinte a cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, cuando el propietario de un inmueble por sí, o por interpósita persona, transmita bajo cualquier título en forma fraccionada, sin contar con la autorización correspondiente de la o las autoridades competentes, la propiedad o sus derechos sobre la misma, respecto de inmuebles, pactando precios de contado o a plazos reales o simulados, o mediante contratos señalados como preparatorios", ‘preliminares, ’promesa’, o cualquier otro innominado, cuando se reciba la totalidad o parte del precio, o se pacten abonos periódicos a éste y se haga entrega de la posesión del inmueble […] en la misma responsabilidad incurrirá el o los representantes del propietario transmisor o sus agentes que intervengan en las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, a sabiendas de que se carece de la autorización mencionada en el mismo”

Artículo 253 Bis

“Se impondrán de dos a cuatro años de prisión; destitución del empleo, cargo o comisión, e inhabilitación de uno, y hasta por tres años para desempeñar otro, y multa por el importe equivalente de mil a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; a los servidores públicos que de manera dolosa, contraviniendo la zonificación primaria o índice de edificación contenida en los planes de desarrollo urbano: I. Aprueben modificaciones de zonificación primaria señalada en los planes de desarrollo urbano de centro de población o los planes parciales de desarrollo urbano, respecto de inmuebles o en licencias de urbanización, construcción o edificación; II. Emitan dictámenes que modifiquen o contravengan las determinaciones de zonificación primaria de los planes de desarrollo urbano de centro de población o los planes parciales de desarrollo urbano, aplicable de forma específica al inmueble para el que sea solicitado; o III. Autoricen licencias o permisos que excedan o contravengan las determinaciones de número máximo de niveles, coeficientes de ocupación y utilización del suelo, áreas de restricción, unidades de vivienda o unidades comerciales y de servicios, señalados en los planes de desarrollo urbano de centro de población y los planes parciales de desarrollo urbano”

Artículo 253 Ter

“Se impondrán de dos a cuatro años de prisión y multa por el importe equivalente de mil a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; a los propietarios de inmuebles, sus promotores, representantes legales y constructores que de manera dolosa lleven a cabo acciones de urbanización, construcción o edificación, cuya autorización al momento de su ejecución viole la zonificación primaria o índice de edificación contenida en los planes de desarrollo urbano de centro de población y los planes parciales de desarrollo urbano”

Artículo 253 Quáter

“Se le impondrá de dos a cuatro años de prisión y multa por el importe equivalente de mil a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, al Director Responsable de Obra o Corresponsable de Obra que de manera dolosa autorice el desarrollo de una construcción, de la que otorgó su responsiva sin apego a la licencia, autorización o permiso otorgado por la autoridad competente. La misma sanción se impondrá al propietario del inmueble donde se desarrolla la construcción, a su representante legal y al constructor que, teniendo conocimiento de la ilegalidad del acto, no presente la denuncia correspondiente ante la autoridad competente, permita la edificación sin sujetarse a la licencia o permiso de construcción o urbanización”

Artículo 254

“Se impondrán de seis meses a seis años de prisión multa por el importe de cuatro a cuarenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, al que habiendo recibido mercancía con subsidio o franquicia, concedidos por el estado, municipio u órgano descentralizado, estatal o municipal, para darles un destino determinado, desvirtúe en cualquier forma los fines perseguidos con el subsidio o franquicia”.

Artículo 263

“Se impondrán de un mes a tres años de prisión al que, después de la ejecución del delito y sin haber tenido en éste alguna de las intervenciones señaladas en el artículo 19, ayude en cualquiera forma al responsable a eludir las investigaciones de la autoridad correspondiente o a substraerse a la acción de ésta, u oculte, altere, destruya o haga desaparecer los rastros, pruebas, instrumentos u objetos del delito o asegure para sí, o para el inculpado, el producto del mismo […] Igual sanción se impondrá a quien no procure, por los medios lícitos que tenga a su alcance, impedir la consumación de los delitos que sepa van a cometerse o se están cometiendo, si son de los que se persiguen de oficio”

La Primavera, el desafío de la relación con cientos de pequeños propietarios


No existe ni siquiera un padrón confiable de dueños del bosque, pero la relación ha sido la más compleja en la historia del área protegida.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Afianzar una relación sólida y fluida con los dueños de los terrenos donde se ubica el bosque La Primavera es tarea que preocupa a los hacedores de la nueva versión del plan de manejo del área de protección de flora y fauna. Pero si se echa un vistazo a la composición de ese colectivo, sean ejidos o parvifundistas, las cosas no son simples.

“Dentro del polígono, 57.4 por ciento de la superficie es propiedad privada, 23.8 por ciento es propiedad ejidal y 18.7 por ciento es propiedad estatal, de estas últimas, 5,290 hectáreas se adquirieron en 1984 por donación presidencial, y 700 ha fueron adquiridas en 2001, por un convenio expropiatorio y el apoyo de la LV legislatura”.

El padrón de propietarios del Bosque La Primavera, “está en continua actualización, ya que depende del acercamiento de los poseedores y legales dueños de predios, al Organismo Público Descentralizado”, al que muchos de eso propietarios rechazan.

“En este momento, se encuentran en el sistema de información geográfica, un total de 189 predios registrados en la categoría de pequeña propiedad o propiedad particular, mismo que representan 74 por ciento del total de superficie catalogada en este rubro [es decir, como propiedad privada], porcentaje que equivale a 11,790 hectáreas aproximadamente, dentro del área de protección de flora y fauna”, destaca el documento.

“Es importante mencionar que la integración de datos e información de predios a dicho padrón, no cuenta con un parámetro de medición en cuanto al número de propietarios, dado que la dinámica actual obedece a que un número indeterminado de dueños y poseedores, realizan operaciones de compra venta de predios, los cuales a su vez son fraccionados para su promoción inmobiliaria. No obstante, sí se puede determinar su avance en cuanto a superficie”, explica.

Los resultados contrastan con un ejercicio realizado en 2014. “Un ejercicio de la Dirección Ejecutiva del bosque, realizado durante los últimos meses en los archivos e instrumentos públicos disponibles: las direcciones de catastro de los cuatro municipios, el Catastro estatal y el Registro Público de la Propiedad, pone nombre y apellido en una parte sustantiva de la tierra, hasta identificar plenamente 126 propiedades que se extienden sobre 7,390 ha, menos de la mitad de la superficie de la pequeña propiedad, y consignar otros 295 nombres que podrían arrojar la nómina casi completa, que totaliza en 421 predios y unos 400 dueños privados” (MILENIO JALISCO, 6 de marzo de 2014).

Es decir, se trata de un tema en el que no se contará con datos completamente fidedignos mientras no se cuente con un padrón completo y actualizado, reconoce el documento que en unas semanas será sometido a consulta.

Otra cosas es el destino que cada propietario da a los predios. En la versión preliminar del plan se dan ejemplos: “…en el predio del Picnic (que dicho de paso es UMA) desde 2012 se construye una torre cuya finalidad se desconoce, aunque refiere un proyecto de educación ambiental y museo. Destaca también el rancho de nombre La Providencia, en el kilómetro 15.5 de Mariano Otero ya que en éste se construyó un par de cabañas con el objetivo de realizar actividades de educación ambiental. Terminó por ser recinto para recibir campamentos de rehabilitación de grupos de ex adictos al alcohol y/o drogas, que realizan terapias dentro del bosque. Existe un doble propósito, donde el propietario asegura realizar proyectos en favor del bosque o con fines de fomentar la educación ambiental, pero son en su mayor parte propiedades para uso y disfrute personal o pecuniario”.

Evidentemente, esto se liga con las tentativas de cambio de uso de suelo. “De acuerdo con la estadística de denuncias levantadas y verificadas por la Dirección de Inspección y Vigilancia del ANP, durante el periodo de 2009 a 2014, el cambio de uso de suelo encabeza la lista de denuncias, representando un 70 por ciento. En total se registraron 102 casos en sitios verificados en campo, dando como resultado cambios de uso por construcción en un 72 por ciento de los casos, cambio de uso forestal a agrícola en 20 por ciento y la apertura de bancos de material y caminos en 8 por ciento”. De este modo, “cerca de 0.25 por ciento de la superficie del ANP se encuentra ocupada por construcciones, la mayoría de ellas irregulares”.

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Claves 

Una relación histórica llena de dificultades

“El reconocimiento de los derechos de sus propietarios bajo mecanismos y esquemas que les ofrezcan las mejores condiciones dentro de los márgenes de lo establecido por la ley, haciendo prevalecer el interés público sobre cualquier otra consideración” es un objetivo central del plan de manejo, versión 2018

“Se estima que habitan de manera permanente alrededor de 200 personas dentro del ANP. Dentro del ANP se encuentran once ejidos reconocidos en el Registro Agrario Nacional: 1) Emiliano Zapata, 2) Huaxtla, 3) Jocotán, 4) Lázaro Cárdenas (ex Comunidad Indígena de San Juan de Ocotán), 5) La Primavera, 6) La Venta del Astillero, 7) San Agustín, 8) San Juan de Ocotán, 9) López Mateos, 10) Colli y 11) Tala. Actualmente se encuentra en litigio la dotación de territorio en el área protegida, del ejido Ampliación de Santa Cruz del Astillero. Se estima que en el régimen de propiedad ejidal hay 2,644 beneficiarios dentro del bosque y en sus límites, además de un número no determinado de propietarios privados”

La inviabilidad práctica de conciliar el interés público con el interés privado de los propietarios, particulares y colectivos (ejidos), provoca “una tensión permanente no resuelta, factor de conflicto que se manifiesta en la atomización creciente de la propiedad, la edificación hormiga, la fragmentación y perdida de conectividad interna, y el débil control y regulación de la visitación pública”

En 1980, “algunos propietarios vivieron la declaratoria como un despojo ya que vino a limitarles drásticamente los derechos sobre su propiedad; para otros actores sociales la declaratoria se quedó muy corta ya que al no modificar el régimen de tenencia de la tierra no se sentaron las bases para garantizar el tipo de protección y conservación que ameritaba en función de los beneficios que proporciona a la ciudad. En la actualidad coexisten posiciones antangónicas que plantean que deberían ‘relajarse’ las restricciones a los propietarios, y esfuerzos a favor de una expropiación para hacer del Bosque La Primavera un Parque Nacional”

Así, “existe una brecha muy amplia entre los conceptos de conservación y manejo sustentable que nos señala el Programa de Manejo y las actividades que interesan a los propietarios, desarrolladores y las comunidades asentadas alrededor del área”

De este modo, actividades y acciones primordiales son la “replicación de casos exitosos en materia de actividades productivas por parte de propietarios (en materia de coordinación, fondos, monitoreo y seguimiento); coordinación con propietarios para el diseño y financiamiento de proyectos estratégicos; dar continuidad a casos exitosos en compensación (PSA) y buscar otras alternativas compensatorias; identificar qué actividades productivas y tradicionales pueden hacerse en el BLP (explorar la viabilidad de reconversión de cultivos actuales por plantaciones comerciales forestales) y elaborar estudios de capacidad de carga y programa de uso público (por actividad y por zona)”

Fuente: Plan de manejo 2018 La Primavera, versión preliminar



martes, 18 de septiembre de 2018

Desmienten campesinos de Cerro Grande a la RJDH


Los dirigentes de las comunidades de la montaña que comparten Jalisco y Colima desmienten abusos contra derechos humanos y señalan que su agua no nace en Ayotitlán

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El agua que el Cerro Grande provee a Colima-Villa de Álvarez no tiene que ver ni con Toxín, ni mucho menos con el territorio de Ayotitlán, sino que nace justamente en esa montaña de casi 2,550 metros de altura cuya geología calcárea la distingue del resto de los macizos montañosos del Eje Neovolcánico y de la Sierra Madre del Sur, con los que colinda.

Al ser de piedra caliza, es altamente erosiva, por lo que el agua ha abierto más de un centenar de cavernas por donde se da el proceso de recarga de un acuífero que brota en los manantiales de Zacualpan, de donde se envía por acueducto a la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez. Este es en síntesis el argumento con que los ejidatarios poseedores de la montaña desmienten las aseveraciones del presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos , Óscar González Garí, quien descalificó como “violatorio de derechos humanos” la aprobación por el Congreso de Colima, del mecanismo de pago de servicios ambientales (MILENIO JALISCO, 6 de septiembre de 2018).

“Nosotros, que somos habitantes y dueños de predios en Cerro Grande, en la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán, consideramos que el licenciado González Garí está mal informado. Agradecemos a la Red Jalisciense de Derechos Humanos sus esfuerzos para defender los derechos que tenemos pobladores de la Sierra de Manantlán. Coincidimos en que no se debe privatizar el agua y que los legítimos dueños de los territorios que producen agua deben ser consultados sobre proyectos que les afecten. Hubiéramos agradecido que viniera a consultar con nosotros antes de hacer sus manifestaciones. Él no ha venido a nuestras comunidades en Colima para analizar esta situación, y por este motivo sus manifestaciones están equivocadas. En vez de ayudarnos nos perjudica por que confunde a la opinión pública”, dijeron en una misiva a este diario, firmada por Mariano Jiménez, presidente del Subconsejo Intercomunitario de Cerro Grande, y Jesús Flores Carrillo, presidente de la Comunidades Rurales para la Conservación y Desarrollo Sustentable de Cerro Grande, AC.

Y enumeran lo que para ellos son los errores en la crítica del activista: uno, su aseveración de que es ’falso que el mecanismo de pago de servicios ambientales hidrológicos vaya a beneficiar a los dueños de los bosques donde se genera el agua’ es equivocada. El mecanismo abre nuevas oportunidades para beneficiarnos a través de un financiamiento de proyectos de desarrollo comunitario que nosotros mismos hemos estado definiendo. Esto es muy importante para nosotros considerando la contradicción de que en nuestros territorios que producen el agua para la capital de Colima, pero paradójicamente ¡no tiene agua! Por ser piedra caliza no fluyen arroyos ni ríos superficialmente, y nuestra agua se infiltra por cuevas y sale solamente en la parte baja de Cerro Grande”.

Dos, “cuando dice que no ha habido ‘…el mínimo respeto por el derecho humano de la consulta libre, previa e informada’ y que el mecanismo es ‘…violatorio de los derechos humanos de los habitantes de la reserva’, se equivoca. Las comunidades de Cerro Grande sí hemos sido consultadas durante años, y tanto las comunidades ejidales como indígena somos co-responsables en diseñar del Mecanismo como parte del consejo asesor de la RBSM en el Estado de Colima”.



Tres, “sus manifestaciones de que ‘el agua de Cerro Grande viene de El Toxín… y por ende, forma parte sustancial de los recursos naturales de la Comunidad Indígena de Ayotitlán’ y que se manifiesta un ‘… despojo de recursos naturales que única y fundamentalmente le pertenece a la Comunidad Indígena de Ayotitlán, Jalisco’ es incorrecta. El agua en cuestión se genera en los bosques de Cerro Grande donde somos propietarios los ejidos de La Laguna y Toxín en Jalisco; y El Terrero, Campo Cuatro, Platanarillo, Lagunitas y la Comunidad Indígena de Zacualpan en Colima, donde emerge el agua generada en la parte alta. Toxín, además de que no está en el ejido de Ayotitlán, se encuentra en una subcuenca cerrada en la cuenca del Marabasco, y el agua fluye por una cueva debajo de la montaña y emerge en una localidad llamada ‘La Tasa’ que sale al río Ayuquila y por lo tanto no está conectado con el manantial de Zacualpan de donde sale el agua para Colima”. Anexan un mapa elaborado por técnicos de la Universidad de Colima “que muestra que el agua de Cerro Grande, incluyendo la de la comunidad indígena de Zacualpan en la cuenca del Río Armería, no tiene relación alguna con el agua de las cuencas del Río Marabasco que es donde está ubicado Ayotitlán”.

Si bien “hay conflictos de linderos entre Jalisco y Colima en Cerro Grande, en ningún caso tiene que ver con el Ejido de Ayotitlán, donde los conflictos de linderos entre los estados están asociados a la mina de Peña Colorada. Comprendemos el argumento de González Garí sobre los ‘territorios ancestrales’ que algunos mencionan que llegaban hasta la costa del Pacífico, pero debemos respetar los linderos legalmente establecidos. Apoyamos que Ayotitlán reciba los terrenos a los cuales tienen derecho, pero sin afectar los derechos de otras comunidades indígenas y ejidos circundantes”.

En ese tenor, desestiman el argumento de que los consejos asesores han desaparecido, pues ellos participan en el de Colima, y es el que presidirá el mecanismo local en esta zona.

“Creemos que se equivoca cuando describe el Mecanismo como una de las ‘patrañas privatizadoras’ del agua. Estamos en contra de la privatización del agua. El mecanismo es un esquema de financiamiento público para manejo público del agua para beneficio tanto de los dueños de los terrenos donde se produce el agua como de la población donde se recibe el agua. El agua es un derecho humano universal que nunca debe ser privado. Creemos que no es útil que se generen conflictos entre las comunidades de la Sierra de Manantlán cuando más bien nos debemos estar apoyando mutuamente. Esperamos que se respeten nuestros derechos a recibir pago por los servicios ambientales que prestan nuestras comunidades rurales a las ciudades”, concluyen.

Mezcala pide se respeten derechos indígenas en su litigio


Tercer Tribunal Colegiado de Distritobuscaría discutir más a fondo la demanda del empresario de ser reconocido como comunero.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los abogados que llevan el litigio de la comunidad indígena de Mezcala en contra del empresario Guillermo Moreno Ibarra, confían que los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado de Distrito, resuelvan con criterio el amparo promovido por éste, que pretende ser parte de la comunidad indígena para no perder once hectáreas comunales que tiene en posesión desde finales del siglo pasado, pero que no pueden salir del régimen comunal por ser imprescriptibles.

Los defensores hablaron de casi dos décadas de litigio donde diversas instancias les han dado la razón, y aún así, el presunto invasor no ha sido juzgado en esa calidad, lo que significa una conculcación de la justicia para la comunidad. “Hicimos un exhorto para que se observe la legislación vigente en materia de comunidades indígenas para proteger estas tierras que son del pueblo originario de Mezcala, y que al pretender darle el rango de comuneros, obliga a retomar juicios y costos para poder hacer frente a sus intereses, cuando todos sabemos que no es indígena y adquirió el derecho mediante una compra”, refirió el abogado Rubén Ávila Tena.

La audiencia para resolver el amparo en revisión 390/2016 fue pospuesta por los magistrados José Manuel Mojica Hernández (ponente), Elías Hermenegildo Banda Aguilar y Hugo Gómez Ávila, bajo el argumento de que se buscaría discutir más a fondo la demanda del empresario de ser reconocido como comunero, pues recibió en herencia ese derecho de un comunero legítimo, Cresenciano Santana, a la par de las once hectáreas de régimen comunal en la zona boscosa de la comunidad. Los comuneros han reclamado que esos actos se encuentran viciados de origen y exigen se dé vigencia al régimen especial que tienen las comunidades, cuyos derechos son imprescriptibles (nunca pierden vigencia), y sus bienes no se pueden vender (son inalienables).

La suspensión de la audiencia fue el pasado jueves 13 de septiembre, y técnicamente, los magistrados tienen hasta un mes para reanudarla, según el propio abogado.

“La preocupación de los comuneros y pobladores de Mezcala es que si los magistrados juzgan al empresario como comunero, los diecinueve años del juicio de restitución se echarían a la basura, ya que se iniciaría un nuevo proceso pero ahora se le juzgaría como comunero y por lo tanto no habría ninguna restitución de tierras para la comunidad; en cambio si los magistrados lo juzgan como un particular que es la calidad que tenía al inicio del juicio agrario, tendría entonces que restituir las tierras al pueblo de Mezcala”, señalaron desde el día siguiente los representantes comunales.

La nueva zonificación de La Primavera, negociación difícil


Se incrementará la superficie bajo políticas de conservación y protección, mientras las reglas para visitar al bosque serán más estrictas.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

La consulta pública del nuevo plan de manejo de La Primavera será la que definirá la nueva zonificación que requiere un área natural protegida que en 18 años perdió más de 600 hectáreas por un proceso judicial de exclusión, y cuyas condiciones de presión frente a la expansión de Guadalajara se ha agravado. Por eso, independientemente de lo que se apruebe, la tendencia es a incrementar la superficie con políticas de protección y conservación, y consolidar el manejo eficiente de las abiertas al uso público.

El texto preliminar, del que posee una copia MILENIO JALISCO, fue elaborado por la empresa 2 Grados Consultores, bajo la coordinación de Cecilia Valencia Sandoval, Rafael González Franco de la Peza y Mónica Varela Cuevas. A la par del texto, se elaboraron propuestas de mapas con la zonificación nueva, lo cual es el tema medular de negociación con los pequeños propietarios y los ejidatarios que poseen derechos en la zona.

“Desde su declaratoria y posterior a la aprobación del Programa de Manejo del 2000, algunas condiciones biológicas, pero sobre todo las socio-políticas del área de protección de flora y fauna cambiaron de manera significativa. Es por ello, que no solamente se justifica, si no también es necesario adecuar la zonificación de 2000 a una zonificación que contemple las condiciones y demandas que presenta actualmente y así garantizar su protección; bajo el entendido que para ello deberá garantizarse la aplicación y cumplimiento irrestricto de la ley”, destaca el texto.

“Se presentan dos propuestas de zonificación: una, la que prioriza criterios de protección, y dos, la que además de priorizar los criterios de protección, toma en cuenta los factores sociales. Con respecto a la geotermia, tanto la recomendación de los expertos, como nuestra conclusión bajo estrictos criterios técnicos, es que no debe de llevarse a cabo”, subraya.

Para hacer el ajuste, se consideraron siete criterios: uno, protección de valores de flora y fauna, tomando en cuenta la biodiversidad existente como son especies presentes en la NOM-059-SEMARNAT-2010, especies nativas de México de flora y fauna silvestre bajo alguna categoría de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio, así como a los tipos de vegetación existentes; dos, protección de valores geológicos; tres, protección de cabeceras de cuenca; cuatro, protección de corredores biológicos; cinco, protección de predios adquiridos por el gobierno del estado; seis, demanda social, tanto de visitación como de actividades productivas que realizan los propietarios, y siete, afectaciones severas al ecosistema debido a incendios y a factores humanos derivado de hechos ilícitos de carácter ambiental.

Esto derivó en poner en mapa los siguientes tipos de zonas: uno, las que contienen especies en riesgo y endémicas, con alta riqueza biológica y ecosistemas relictuales, como bosque bien conservado y antiguo; dos, con criterio de protección de cuencas, tanto para la recarga de acuíferos, como para la distribución de especies; tres, con valor geológico, tanto como zonas representando rasgos únicos y distintivos, como el origen de calderas, y zonas que muestren procesos con fines educativos; y cuatro, que contengan criterios de conectividad biológica.

“En cuanto a amenazas, se identificaron zonas que presentan las siguientes: uno, incendios; dos, expansión urbana; tres, erosión; cuatro, impacto por visitación; cinco, sismos y vulcanismo; seis, extracción de material geológico; siete, geotermia, ocho, asentamientos irregulares; nueve, basureros y diez, carreteras”.

Estas son las complejas necesidades de una zonificación nueva, la parte más difícil de la consulta con los dueños de la tierra, que mantienen una actitud de oposición a diversas acciones de control en el bosque que se han implementado los últimos años.

Claves

Criterios para determinar la zonificación:

1 Protección de cabeceras de cuenca,

2 Protección de corredores biológicos,

3 Protección de valores de flora y fauna,

4 Protección de valores geológicos,

5 Protección de predio de gobierno del estado,

y 6 Demanda social (visitación y propietarios).

Lo que cambió 

1 Presión/expansión urbana. “La presión a la cual se enfrenta el área, asociada al crecimiento urbano, es cada vez mayor, por lo que el estrangulamiento del área y la pérdida de conectividad biológica están poniendo en riesgo al área protegida”.

2 Cambios en el régimen de tipo de propiedad. En los últimos años, el gobierno del estado ha adquirido territorio dentro del bosque con el fin de garantizar su conservación.

3 Incremento en la demanda de visitación. “La demanda de visitación ha incrementado drásticamente en las últimas décadas, tanto en número de visitantes como en tipo de actividad; por lo que la presión hacia el ecosistema debido a este tipo de actividad es mayor”.

4 Incremento en conocimiento científico. “Desde la publicación del Plan de Manejo de 2000, se han realizado estudios los cuales brindan evidencia de los valores, procesos e importancia del bosque (de flora y fauna, hidrología y geología), así como estudios que muestran las zonas de conectividad biológica con otras áreas de la región, las cuales son fundamentales para la viabilidad a largo plazo”.

5 Incorporación al Programa de Reserva de la Biosfera MAB/UNESCO. “En 2006, el área de protección de flora y fauna fue incorporada al programa MAB de la UNESCO. Dichas reservas constituyen ‘sitios de apoyo a la ciencia al servicio de la sostenibilidad’, es decir, zonas especialmente designadas con objeto de probar enfoques interdisciplinarios para comprender y gestionar los cambios e interacciones de los sistemas sociales y ecológicos, incluidas la prevención de conflictos y la gestión de la biodiversidad”

Fuente: versión preliminar del plan de manejo, 2018

lunes, 17 de septiembre de 2018

Los puntos limpios llevan más de $140 millones de inversión


El ayuntamiento sostiene que ya tiene en operación unos 160, y han dado “grandes resultados” al problema local de residuo

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los llamados “puntos limpios” cuestan ahora entre 950 mil y un millón de pesos, y su instalación corre a cargo de la empresa Plastic Omnium, que ha instalado ya más de 170, lo que implica un cobro superior a 140 millones de pesos, pero, a la larga, es algo que le conviene a la ciudad, advierte el director de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Guadalajara, José Luis Sube.

“Cuando se llegó a esto, se evaluó la facilidad de poner una infraestructura que fuera accesible a todas las personas, con la ventaja de tener mayor concentración, menos vueltas, y la logística de horarios nocturnos […] los puntos limpios tienen diferentes objetivos, no solo la separación, hay algunos que sirven como modelos educativos ambientales, como es el caso de Los Colomos, que nos ha funcionado muy bien; y también nos ayudan a solucionar otras problemáticas, es decir, donde había puntos rojos, una gran concentración de residuos, logramos tener una imagen citadina mucho mejor, ya que antes, si pasaba un pepenador o un perro, fácilmente lo podrían destrozar”, explica en entrevista con MILENIO JALISCO.

- ¿Cómo se analizó la relevancia que tendrían los puntos limpios?

- La idea era ponerlos en los lugares más necesarios en la ciudad, obviamente no se pueden construir de un día para otro; ahorita tenemos cerca de 160 puntos limpios operativos, y nos está acercando a zonas consolidadas como Huentitán, El Country - donde en toda el área ningún punto limpio está a más de 500 metros -, en Providencia, en el barrio de Mexicaltinzgo, en la colonia Americana […] 250 puntos a 2019 es la meta que nos propusimos, creo que vamos a terminar la administración[en octubre próximo] con 180; estamos cerca, y todavía se siguen instalando, porque 250 no es el tope, en su tipo, tenemos ya el sistema más robusto a nivel Latinoamérica

- ¿Cuánto cuesta un punto limpio y cuánto cuesta el mantenimiento y cuál es el período de vida útil? 

- Inicialmente andaba en 800 mil pesos, ahora es casi un millón, unos 950 mil pesos; estimamos que un solo camión recolector puede atender entre 35 y 50 puntos limpios, es un estado óptimo, se está trabajando en esto; estamos caminando a equipar a más vehículos, tomando las acciones necesarias. La concesionaria atiende solo 20 puntos, conforme a su convenio, y los otros 140 los opera Aseo Público. Equipar un camión para operar los puntos limpios anda en 150 mil pesos, aunque un camión nuevo equipado cuesta entre un millón 800 mil pesos y un millón 900 mil pesos. Puedo decirte que cada equipo tiene una vida útil de hasta 30 años, y más allá de la limpieza, operan con la batería de los camiones, entonces es una inversión que dura mucho y vale la pena.

Hay apenas unos seis camiones con el equipamiento necesario, pero han sido suficientes. Y como las 90 toneladas que se recolectan en los puntos limpios cada semana forman parte del convenio con una empresa tratadora de residuos que se llama Aire, que se ubica en la zona industrial y que recibe también la basura de las 8,600 “papeleras inteligentes”. Esto significa que más de 150 toneladas a la semana (si se consideran 63 toneladas de las papeleras) no se canalizan al vertedero metropolitano, sino que tienen un manejo integral.

“En Guadalajara hay una tendencia a la baja de la cantidad de residuos que genera el municipio, no necesariamente que no se generen, sino que el manejo que hace el municipio ya no está a la alza, después de 20 años, en que había una tendencia cada año de más toneladas; en cuanto a costos, estamos en los mismos niveles del 2015, que fue cuando entramos, solo que ha habido una fuerte inflación”, advierte. Y los puntos limpios no son todo, pero sí uno de los ejes de la estrategia.

Alteración, el origen de las inundaciones


La cuenca de Atemajac es la más presionada por procesos urbanos descontrolados en la actualidad, debido al alto valor de sus tierras altas

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La construcción de plaza Patria sobre el lecho del arroyo Atemajac, en los límites de Zapopan y Guadalajara, no fue vista en 1974 con la extrañeza y desaprobación con que ahora se ve la ocupación de cuerpos de agua y el entubamiento de los ríos, pero sin duda es el factor que más ha condicionado la historia posterior de la cuenca de Atemajac, por la obra en sí y por el modelo de ocupación de cuencas que implantó en el área.

“Era tan común desecar cuerpos de agua y ocupar sitios inundables, que plaza del Sol, el proyecto pionero, también alteró el arroyo del Chicalote, y nadie en su momento lo lamentó”, señala el arquitecto urbanista Ricardo Alvirde Sucilla.

¿Cómo se gestó la historia? El proyecto fue del arquitecto Julio de la Peña. Los dineros fueron canalizados por diversos inversionistas, entre quienes destacan miembros de la comunidad libanesa, las familias Hemuda y Dau. No hubo, hasta donde se sabe, una sola autoridad que alertara sobre los riesgos. Hubo lluvias intensas en 1975 y 1976, pero el daño fue menor. La explicación es sencilla: al poniente existía completo el gran bosque Los Colomos, apenas estaba en construcción el campus principal de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Colinas de San Javier y Providencia eran límite de la ciudad construida, Zapopan no se había desbordado de su cabecera municipal. El paisaje era un descampado entre barrancas y lomeríos, y los manantiales del parque que el gobierno de Jalisco había adquirido desde fines del siglo XIX brotaban con libertad.

“A la mejor era la costumbre ganarle terrenos al agua. Basta ver la cantidad de represas que tenían Guadalajara y Zapopan y que simplemente fueron desecadas, rellenadas y urbanizadas; yo tengo un plano de 1942 en donde solo en esos dos municipios se registran 14 presas, ninguna existe ya ahora”, añade el especialista.

Para el arquitecto Sergio Peraza, quien fue testigo de una parte de esas transformaciones, los intereses de corto plazo y la falta de poder de la planeación ocasionaron un desastre ambiental, que ya es social, por las inundaciones.

“Imagina una gran cuenca y en esta cuenca es como una V muy abierta en donde todo el agua de arriba va a escurrir a la parte más baja que es estrecha; la desgracia está en que a esta cuenca se le han construido muchos fraccionamientos. Y estos fraccionamientos lo que ya todos sabemos: comienzan en la propia construcción de un bypass del agua [bypass es un conducto artificial o trasplantado mediante el cual se comunican dos puntos de una arteria para evitar una zona dañada o en mal estado. Por extensión, la modificación de la hidrología natural para desviar el agua de algún terreno] y la mandan a la calle colectora y así sucesivamente el siguiente fraccionamiento. Nadie se hace cargo de su agua, esta no es retenida y en las calles colectoras se acumula cada vez en mayor volumen, en la medida en que hay más alteración de la red hidrográfica, además de que se impermeabiliza la zona donde el agua era recargada al subsuelo”, explica a MILENIO Jalisco.

“El problema de Plaza Patria, sabemos que se trata de un arroyo en donde los señores Hemuda construyeron; pero en ese tiempo aguas arriba no había tanto problema, no había tanto fraccionamiento ni estaba tan impermeabilizado. Ahora se ha incrementado mucho la densidad de construcciones, y el problema se ha hecho más serio”, sostiene.


Toda la parte alta de la cuenca está hoy urbanizada. “Por ejemplo, en avenida Universidad, donde yo he hecho obra: si hoy observas los terrenos, tiene una serie de agrietamientos por haber tomado arena de los mismos y hacer rellenos y no recuperaron la superficie verde, por lo que se producen agrietamientos y la arena se va deslizando aguas abajo y toda es arena se va juntando un canal y ese canal también alimenta todo a avenida Patria”. A la par, los colectores naturales fueron adelgazados, y la falta de zonas de absorción y el mayor volumen en superficie hace que aumente la velocidad del agua.

El geógrafo Luis Valdivia Ornelas, investigador de la Universidad de Guadalajara, coincide con el diagnóstico: “se restringió la capacidad del cauce a través de la construcción de la plaza, y eso ocasionó una necesidad de hacer un colector que tuvo menor capacidad de conducción ; si a esto le sumamos la segunda variable, la urbanización en la parte alta, en la zona de Andares, el mal manejo del agua ha ocasionado el aumento de la escorrentía, entones hay más agua concentrándose en plaza Patria, que no tiene la capacidad de conducción, y por eso aumentan los desbordes y la inundación en la misma plaza”.

Por esas condiciones transformadas, considera un error que se haya permitido ampliar la plaza, pues demandaba antes “un estudio de impacto ambiental que considerara el cambio en las condiciones de urbanización en la cuenca, particularmente en esa parte alta, para poder establecer toda una serie de estrategias que habrían permitido manejar la escorrentía de manera eficaz”.

La plaza Patria original, con un bosque urbano contiguo, padece inundaciones a partir de los años 80, cuando la cuenca se empieza a “llenar”. Avenida Patria fue conectada completamente alrededor de 1990, y fue el vector para que la especulación inmobiliaria comenzara a presionar y “morder” el bosque Los Colomos. Pero Alvirde Sucilla recuerda que el estacionamiento subterráneo original contaba con galerías filtrantes para manejar los excedentes de agua, pero esa infraestructura no era a prueba de los cambios físicos dela cuenca.


Atemajac recibe cada año alrededor de 900 milímetros de lluvia, de la cual, en tres meses se concentra 90 por ciento, lo que a su vez ocurre en menos de tres horas de cada día. Eso explica por qué se satura pronto de agua. Si al dato se añade que un terreno urbanizado pierde de 70 a 90 por ciento su capacidad de infiltración, agua que irá sobre la superficie… la explicación queda manifiesta.

Una cuenca, codiciada pero frágil 

La progresiva transformación urbana de la cuenca de Los Colomos o Atemajac, la mejor posicionada en el mercado inmobiliario de Guadalajara, está configurando una especie de “anticiudad” en la cual las relaciones entre los grupos son sustituidas por los cotos privados, mientras la posibilidad de padecer por eventos naturales se torna más real, subrayan los autores de la monografía Los Colomos, Enrique García Becerra, Ricardo y Pablo Robles Gómez, de la Universidad de Guadalajara

“La zona está sometida a un intenso proceso de transformación en el uso de suelo y en su medio físico, por parte de inmobiliarias y promotores, a quienes sólo interesa obtener las mejores ganancias económicas, y lo que menos les importa es la desaparición de los cuerpos de agua, los cuales se han secado, desviado, rellenado, obstruido […] transformando por completo, de forma negativa, el sistema hidrológico, que además, ha sufrido la modificación del relieve [relleno de barrancas, aplanamiento de las lomas y compactación de suelo] y la destrucción de la cubierta vegetal”

Los científicos elaboraron un patrón de las alteraciones sufridas por el sistema natural: En cuanto a movimientos de suelo, hay cuatro grandes tipos de daños

Uno, “elaboración de taludes en los escurrimientos para el trazo de avenidas metropolitanas”, como es el caso de la avenida Patria en su cruce con la avenida Naciones Unidas. “Esta situación, junto con la falta de una salida de agua, ocasiona acumulaciones forzadas del líquido con la consecuente infiltración, lo que a su vez genera un proceso de lavado de material fino y altos contenidos de agua en el subsuelo”.

Dos, ampliación de lechos de arroyos mediante recortes de las vertientes, los cual es muy común en lechos angostos “y genera formación de escarpes [“declive áspero del terreno”, según la RAE] artificiales” en el suelo.

Tres, relleno de parteaguas de la cuenca (partes altas) para ampliarlos y construir sobre ellos. La mala técnica utilizada ha hecho que el suelo se mueva y aparezcan agrietamiento en las construcciones allí establecidas.

Cuatro, los escarpes activos; es decir, la erosión natural y la inducida provoca que se mueva el subsuelo y que los cimientos de las partes altas se vayan descubriendo, pues pierden soporte.

En cuanto a inundaciones, dos usos constructivos las fomentan: uno, canalización o confinamiento de escurrimientos. “Ha representado una práctica muy común en el arroyo Atemajac, entre Acueducto y Federalismo [sobre la zona de Patria]. El problema de desbordamiento se incrementa de manera considerable debido a lo irregular de la urbanización, trayendo consigo problemas de arrastre de materiales […] este problema es muy particular en la zona de plaza Patria debido a su localización y al desnivel que presenta, que la convierte en zona altamente susceptible de inundarse en su planta baja”

Dos, el relleno de barrancas. “Es el caso más común que se presentó en las partes altas de las barrancas que se localizan entre lo que hoy es avenida Vallarta, avenida Patria y Naciones Unidas. Permanentemente se presentan problemas de pequeños hundimientos sobre la carpeta asfáltica y en algunos edificios. En general, las construcciones presentan marcas por los altos contenidos de humedad en el suelo”

Por qué y cómo se alteró la cuenca 

Una “fuerte dinámica en los procesos geomorfológicos” dio origen al sistema de barrancas de Los Colomos, a partir de 95 mil años atrás, señalan Enrique García Becerra, Ricardo y Pablo Robles Gómez, de la UdeG

Como resultado de eventos volcánicos, “en la cuenca, los materiales predominantes que encontramos son las cenizas volcánicas [tipo] lapilli y pumicitas, composición que forma los suelos poco consolidados como el regosol y feozem […] las capas de materiales pumíticos, altamente permeables, provocaron procesos de infiltración del agua al subsuelo, trayendo consigo, para el poniente de la cuenca de Atemajac, el colapsamiento de la capa de material pumítica, lo que dio lugar a un proceso erosivo, causando la formación de las barrancas”

Es un fenómeno que no ha terminado. “Pese a que el proceso de formación de barrancas es joven, su dinámica es muy intensa, tal como se puede observar en las barrancas junto al fraccionamiento Puerta de Hierro y al norte de este, junto al periférico”, añade.

Es decir, “los ríos subterráneos provenientes de La Primavera […] con el transcurso del tiempo han realizado un trabajo de erosión subterránea, lo que ha provocado hundimientos lentos en el área, producto de la sustitución del material acarreado por los escurrimientos del subsuelo hacia las zonas más bajas”.

Hay otra condición decisiva del sitio: “la mayoría de los arroyos [superficiales] en el área son de tipo intermitente y torrencial”, o sea, salen solamente en lluvias intensas

Fuente: “los Colomos”, Enrique García Becerra, Ricardo y Pablo Robles Gómez, UdeG.

sábado, 15 de septiembre de 2018

Al bosque La Primavera le urge un plan maestro


El texto preliminar del plan de manejo destaca que el instrumento es insuficiente porque las grandes amenazas vienen de afuera.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El gran tema con el área de protección de flora y fauna La Primavera, es que todos los intereses que orbitan sobre él, deben tener claro que su valor reside justamente en permanecer como bosque.

Es decir, la prioridad es cuidar su riqueza biológica, su diversidad de ecosistemas y los servicios ambientales que como efecto provee. No se trata de un espacio de desarrollo de proyectos que puedan poner en riesgo esa capacidad de “autorregulación” que le ha permitido sobrevivir a los embates humanos, sostiene el diagnóstico del nuevo plan de manejo que actualmente se discute al interior de la junta de gobierno del organismo público descentralizado.

En la página 62 indica: “El decreto de creación del área natural protegida [ANP] estuvo motivado fundamentalmente por ser un área con características muy singulares, toda vez que es una serranía que surge como efecto de una intensa actividad volcánica, de la que la actividad hidrotermal es un remanente. Sin embargo, por su origen, la composición geológica y el tipo de suelos, [es] un ecosistema sumamente frágil, no solamente por su susceptibilidad a la erosión, sino también por su cercanía a la segunda ciudad más importante del país. En aquel entonces se vio una oportunidad de dotar de racionalidad al crecimiento de la mancha urbana, manteniendo una fuente de servicios ambientales de vital importancia para la salud de la ciudad. Desde esta perspectiva es que debe comprenderse la importancia de mantener al ANP en su estado natural, lo que no quiere decir estático de ninguna manera, que por las características mencionadas, sobre todo por su fragilidad como ecosistema y su contigüidad a una extensa mancha urbana que crece descontroladamente ejerciendo fuertes presiones desde su perímetro, requiere, además de estándares de manejo aplicables a todas las ANP, otros que atiendan con perspectiva sistémica la relación bosque-ciudad, como una de las particularidades específicas…”.

Esto “implica leer el complejo territorial del bosque y su entorno natural y urbano como un socioecosistema; de manera que se analicen los procesos de intercambio que ocurren en él bajo la perspectiva de metabolismo social”.

Bajo esta premisa esencial, “actividades como cambios de uso del suelo, construcción hormiga, incendios forestales, visitación desordenada, extracción de material geológico, el aprovechamiento irracional y clandestino de especies silvestres, introducción de especies exóticas por abandono de animales domésticos y la reproducción a altas tasas de especies ferales [animales domésticos asilvestrados] y actividades productivas que exceden la capacidad de carga del sistema están alterando de manera negativa el hábitat. Además, prolifera el abandono de escombro y basura, el vandalismo, la contaminación de cuerpos de agua, y la contaminación paisajística y lumínica. Son muchos los factores que provocan estrés al bosque y comprometen seriamente su estado de salud. A todo ello hay que agregar intervenciones erróneas en el área al pretender forzar los procesos naturales de sucesión y regeneración del bosque, como ha sido el caso de reforestaciones mal planteadas y por lo tanto fallidas o hasta contraproducentes”.

Esto obliga a la claridad de un diagnóstico donde se identifiquen presiones internas y externas que concilien las distintas e incluso contrapuestas opiniones de los actores “sobre el estado del bosque y su capacidad de carga, así como de la forma en que debe manejarse, lo cual repercute en la falta de una ‘imagen objetivo’ consensuada para el futuro y acuerdos que logren el concierto de los esfuerzos”.

Por ello anterior, “el uso y manejo del territorio que comprende el ANP ha representado y sigue representando un reto que involucra a propietarios, sociedad civil y gobierno para detener y revertir los impactos negativos que provocan el debilitamiento del bosque”, lo que deriva en la necesidad de un Plan Maestro.

La Primavera, agrega, “requiere de un Plan Maestro con una perspectiva regional integral de largo plazo que incluya acciones en la zona de influencia, así como estrategias y políticas más allá del polígono decretado”.

Esto, debido a que un programa o plan de manejo “está restringido al interior del área decretada y acotado por las disposiciones de ley […] y por la valoración de la Cofemer [Comisión Federal de Mejora Regulatoria], en cuanto al impacto regulatorio, lo que limita el ámbito de acción que puede prescribir el plan de manejo. Tales disposiciones responden a una concepción de programas de manejo ya superadas, además de que están alejadas de las especificidades de una ANP como La Primavera, tanto por sus propias características como por su localización contigua a una gran urbe. Desafortunadamente, por lo pronto, es difícil superar tales limitaciones”.

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Claves 

Plan Maestro: lo que está más allá del bosque protegido 

Algunos de los aspectos que rebasan el alcance del plan de manejo pero que deberán considerarse como parte del conjunto de acciones necesarias en un plan maestro:

Detener y revertir los cambios de uso suelo y los asentamientos irregulares en la periferia del ANP con incursiones sin consideración alguna de sus límites

Asegurar conectividad regional mediante corredores biológicos hacia el resto de la región

Regulación de actividades productivas en la periferia

Regulación del crecimiento urbano y de infraestructura en la zona de influencia con impactos directos e indirectos en el ANP Estrategias para la adquisición de tierra para destino voluntario para la conservación

Conformación de “un sujeto social colectivo ciudadano” que sea factor de presión y contrapeso gubernamental, es decir una sociedad organizada e informada participando activamente en un rol equivalente a una contraloría social

Alternativas al uso del fuego en las actividades agropecuarias

Fuente: versión preliminar de plan de manejo de La Primavera