jueves, 30 de junio de 2016

POTmet no está en riesgo, pero debe “armonizarse”



Instalarán mesas de trabajo entre las dos instancias a fin de resolver contradicciones ambientales; Gutiérrez Padilla y Secretaría de Medio Ambiente difieren sobre los alcances.

Agustín del Castillo / MILENIO JALISCO.

Las deficiencias ambientales del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet) son interpretadas de modo distinto por las cabezas de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) de Jalisco, y del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan); la primera instancia no descarta que podría obligar a una revisión y ajustes en el texto vigente; la segunda señala que “armonizar” es un planteamiento que ya habían contemplado, pero que no altera en sustancia el documento.

Las revelaciones de MILENIO JALISCO de un oficio con 22 observaciones al POTmet que entregó el pasado 30 de mayo la Semadet, ocasionaron tempranas aclaraciones del titular del Imeplan, Ricardo Gutiérrez Padilla, quien vía twitter del organismo descalificó su difusión y cuestionó los valores periodísticos de esa divulgación.

Sin embargo, el director general de Planeación y Ordenamiento Territorial de la Semadet, Rodolfo Montaño Salazar, reconoció la vigencia de los señalamientos hechos hace casi un mes.

“Estamos en la revisión del programa del ordenamiento ecológico territorial para que se incorpore al POTmet, está en proceso la reunión; la Semadet será la que haga el vínculo porque es la institución que se encarga del ordenamiento a nivel estado. En el tema agua se va a revisar porque es un recurso estratégico y se debe incorporar en definitiva”, puso en relieve.

- ¿Cómo subsanar las carencias si es un plan aprobado y en vías de publicación?

- Son tres años que se establecen para la revisión, si no es que hubiera técnicamente un elemento suficiente para hacerla ahora, lo que nosotros creemos es factible […] a partir de estas mesas de trabajo se puede pedir la revisión y la modificación, no esperar a los tres años, lo prevé el Código Urbano.

Gutiérrez Padilla lo negó. Fue enfático al decir que el POTmet “está blindado” y citó al gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, como un actor que también garantizó tal solidez.

La explicación es porque éste establece “de modo indicativo” los criterios de uso de suelo, y advierte que la existencia de normativas municipales, estatales o federales pueden anular esa indicación. “Es más que suficiente para parar el caos y contener el desastre y la corrupción de los últimos 25 años, no tengo la menor duda como no la tienen los nueve presidentes municipales ni el propio gobernador […] nadie bloqueará su entrada en vigor”.

A su juicio, el debate con la Semadet fue “contestado, respondido y superado con un acuerdo expreso de un exhorto de mesa de armonización” como expresamente se señaló el día de la sesión ordinaria en el Teatro Degollado, el pasado 27 de junio.

Consideró que la ausencia de la Semadet en el proceso no es imputable al Imeplan, sino a un problema de comunicación de la dependencia con el titular de la subsecretaría de Planeación del ejecutivo, David Gómez Álvarez, quien representó al gobierno en el tema desde febrero de este año; “me parece que hay una cierta descoordinación entre el gobernador, su secretaria de Medio Ambiente y sus áreas técnicas y jurídicas”, expresó irónico cuando conoció que la Semadet insiste en que sus observaciones no están saldadas.

“Hicieron seis observaciones en términos gruesos, dos de ellas son fallas de interpretación de los mapas, lo cual aclaramos; las otras cuatro tienen que ver con precisiones que el equipo jurídico y de planeación hizo pero no corresponden a fallas y deficiencias del POTmet, sino a ausencias y vacíos que han generado en materia de política pública y de ordenamiento en el ámbito de la gestión ambiental, tanto por incapacidad del sistema estatal como falta de cumplimiento de gobiernos municipales, a los instrumentos legales de los tres ámbitos; el POTmet no puede generar un reglamento metropolitano de gestión del ambiente, no es su materia ni atribución ni competencia; lo que sí puede hacer es evidenciar los conflictos [...]”, agregó.

Iconia financiará el plan maestro de Huentitán


El recurso es compensación de la firma internacional que desarrollará vivienda vertical en un inmueble de origen público en Periférico.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Plan Maestro de Huentitán, la nueva versión del proyecto Voltea a la Barranca, será financiado con 688 millones de pesos que aportará la empresa que ha recibido uno de los espacios públicos más amplios del norte de la capital del estado, en el subdistrito Huentitán; con ello se pretende intervenir en el borde de la ciudad en el cañón del río Santiago, afectado por contaminación, inseguridad y degradación del espacio público.

El proyecto “pretende convertir la zona de la barranca de Huentitán en el punto de origen del desarrollo de la capital de Jalisco”, dijo el gobernador Aristóteles Sandoval, acompañado del alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, y del rector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, en un acto en casa Jalisco; la inversión precisa son 688 millones 170 mil pesos del Fondo Iconia y 71 millones 130 mil pesos de fondos municipales, estatales y federales.

Iconia es el último nombre de un proyecto inmobiliario que nació como Puerta Guadalajara en la administración de Alfonso Petersen, sobre superficie pública municipal, y que no obstante intentos de reversión, la administración actual ha decidido pactar compensación para que los constructores realicen los edificios de vivienda que pretenden.

Alfaro explicó que es “el resultado de un largo trabajo de generación de consensos, de socialización, de diálogo, de un trabajo que tiene que ver con la recuperación de una de las zonas sin duda más importantes, más emblemáticas, más representativas en muchos sentidos de la ciudad de Guadalajara”; en la presentación estuvieron vecinos y comerciantes de las colonias de la zona; el plan incluye parques, un planetario, un jardín botánico, un museo, una unidad médica, así como trabajos de infraestructura vial, además del Parque Educreativo.

“Vamos a estar combinando áreas verdes con edificios públicos y privados que provean precisamente la creación de nuevos tejidos, la reconfiguración de comunidades y, sobre todo, actividades culturales que permitan aproximarnos, apropiarnos del espacio público de una manera diferente”, expresó la funcionaria.

La secretaria también habló del decreto estatal para proteger el ecosistema colindante –selva baja caducifolia, encinares, vegetación xerófila, bosque de galería- de las barrancas de los ríos Santiago y Verde. “Estamos promoviendo un estudio técnico justificativo y un programa de manejo; la intención es que 22,500 hectáreas de ocho municipios generen un área protegida estatal, ya pronto saldremos a la consulta pública”, explicó.

“Son muchos años de trabajo; el proceso detona de una recomendación del proyecto antiguo de Arcediano, de ahí sale un proyecto de ANP que ha ido evolucionando […] es una selva baja caducifolia, de las más diversas a nivel nacional; este ecosistema ha generado mucho endemismo, especies exclusivas, y de ahí la gran responsabilidad de protegerlas […] la barranca se defiende casi sola, porque la pendiente que tiene es muy pronunciada, y lo que debemos de proteger es el polígono donde está la ciudad con relación a la barranca, donde puede haber diferentes proyectos inmobiliarios. Hablamos que la barranca es el principal sumidero de carbono de la ciudad y necesita procesos de recuperación y restauración”, ante la ingente contaminación de aguas negras y basura que ha recibido en el último medio siglo.

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Claves

Los proyectos del Plan Maestro de Huentitán

Mejoramiento de barrios: Huentitán el Bajo , Lomas del Paraíso, Dr. Atl y Huentitán el Alto
Parque Mirador diagonal
Museo la Barranca
Área de usos múltiples
Escuela de orquestas comunitarias
Planetario
Pabellón de Exposiciones
Pabellón Ecotécnico
Arena
Parque Botánico
Centro deportivo alto rendimiento
Puerta de la barranca
Sendero
Unidad de Medicina Familiar
Malecón Primera Etapa

miércoles, 29 de junio de 2016

POTmet, “inconsistente” en materia ambiental



El documento no cumple con la zonificación planteada por los ordenamientos ecológicos y no analiza las demandas futuras de agua, advierte la titular de la dependencia, Magdalena Ruiz.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (abreviado POTmet) no está ajustado a lo que establece una norma previa, vigente desde 2001: el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial; tampoco le da la dimensión de tema base a lo ambiental, no pondera demandas futuras de agua, drenaje y otros servicios públicos, y privilegia lo urbano sin asumir la condición de sistema ecológico-territorial que implica toda ciudad.

Estos señalamientos son fruto de un detenido análisis del documento por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), que entregó al Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) el pasado 30 de mayo, en el marco de la consulta pública del documento, que fue ratificado por los nueve ayuntamientos metropolitanos la semana pasada, no obstante que la carencia no fue subsanada.

La decisión de la junta de coordinación metropolitana, tras aprobar el POTmet, fue señalar el exhorto de la autoridad ambiental para hacer los ajustes, al final de la sesión ordinaria del pasado 27 de junio, cuando el texto fue oficialmente declarado el nuevo plan vigente en la ciudad; el titular del Imeplan, Ricardo Gutiérrez Padilla, declaró a los medios que habría una observación rigurosa de lo que señala el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco (POET) de 2001, actualizado en 2006. Lo cierto es que no son omisiones menores.

En el oficio 0729/2016 de la Semadet, la titular de la dependencia, Magdalena Ruiz Mejía, destaca 22 observaciones que le llevan a considerar que el plan es “un ensayo estructurado como instrumento de planeación metropolitana, de alcance general y con elementos metodológicos inconsistentes”.

Agrega: “El marco jurídico no relaciona el conjunto de normas que operan el AMG y la forma de aplicación de éstas, por lo que la propuesta resulta contradictoria con otros instrumentos jurídicos como es el POET de Jalisco, los programas de ordenamiento ecológicos locales de Zapopan y Tlajomulco, así como los planes parciales de desarrollo urbano”.

Siete unidades de gestión ambiental de los municipios metropolitanos (111, 141 y 133, de Zapopan; 143 y 139, del sur de la metrópolis, 135 y 140 de Zapotlanejo) no son observadas en la zonificación del plan territorial, con categorías de manejo ajenas y muchas veces contrarias a lo que dictamina el documento fundamental de la política ecológica estatal.

“No se hicieron proyecciones de las demandas futuras en materia de agua potable, drenaje y otros servicios públicos; tiene una visión limitada de los aspectos ambientales, su descripción es muy general y no existe un modelo de análisis que lo relacione a la problemática socio-territorial; no se consideraron aspectos de equilibrio ambiental, gestión integral de microcuencas, disminución de la vulnerabilidad socio-ambiental, adaptación y mitigación al cambio climático”.

Además, continúa, “se hacen análisis de sobreposición con los polígonos de los diferentes ordenamientos ecológicos pero no se enfatiza el alcance del proyecto metropolitano en el impacto socio-ambiental de la ciudad”.

De este modo, “es un instrumento aislado que responde casi exclusivamente al sector urbano”; que “considera a la gestión ambiental como un componente más del modelo de gestión estratégica, sin que exista un método de ponderación previa de los componentes ambientales”, y que “no contextualiza la problemática del AMG como parte de un proceso en el tiempo”.

Así, “proyecta escenarios en términos de las necesidades de la metrópolis, con soluciones parciales de alcance urbanístico”, pero sin proyectar el tema de los servicios “no obstante que se trata de una visión al año 2042”; además, “deja sin análisis al sector rural y no hace ninguna propuesta al respecto”.

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Otras carencias

Hay omisiones en el análisis del POTmet en el tema de áreas naturales protegidas y no se desarrolla el sistema verde periurbano no obstante el gran valor ambiental que tienen para la ciudad

Las relatorías de los talleres de consultas no se vieron reflejadas en el producto final

Hay propuestas inconsistentes en el componente de estrategias; en materia de vivienda, hace falta actualizar planes de desarrollo urbano para hacer realidad la verticalización

Fuente: La Semadet

martes, 28 de junio de 2016

El AMG ya tiene plan territorial… con lunares



La ciudad se lanza al futuro, aseguran alcalde y gobernador… aunque el documento sólo enuncia el problema del agua y tiene pendiente sus inconsistencias con el ordenamiento ecológico.

Agustín del castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

Con casa llena, el Teatro Degollado lució ayer el esplendor de la clase gobernante que decide hoy los destinos de Guadalajara y Jalisco. Los dos líderes de esta sociedad política, Enrique Alfaro Ramírez, el alcalde, y Aristóteles Sandoval Díaz, el gobernador, señalaron, triunfantes, el “parto de los montes”: la metrópolis ha recuperado su futuro. Guadalajara deberá llegar a 2042 –su quinto centenario– como modelo de “evolución adecuada”.

La historia, aún en tiempos volátiles de redes y de tempranas desmemorias, se sigue decretando: ayer, según estos dos visionarios, los tapatíos tuvieron una cita con ella.

La ocasión se prestaba. Junto con otros ocho presidentes municipales, ha visto la luz el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (abreviado POTMet), que vendrá a sustituir el Plan de Ordenamiento de la Zona Conurbada de Guadalajara, que data de 1982, y que será publicado en el periódico oficial El Estado de Jalisco y que se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad para que esos difusos “intereses particulares” que rigieron de facto los destinos de la ciudad, bien lo sepan: el bien común les ha vuelto a ganar la partida.

¿En qué consiste este plan? Se trata de un instrumento de planeación que establece la zonificación que deberá regir el destino de casi 110 mil hectáreas en que se incluye la ciudad consolidada, la ciudad expandida y las reservas urbanas. El titular del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) y secretario técnico de la junta metropolitana, Ricardo Gutiérrez Padilla, destacó los objetivos: detener el caos, retomar el control del crecimiento y restablecer la prioridad de los intereses generales.

Esto parte de definir con precisión tres tipos de territorios: el urbanizado, el urbanizable y el que jamás se podrá urbanizar. A partir de allí, aplicar políticas de “crecimiento hacia adentro y hacia arriba” tejidas en una red de 25 “centralidades” y 40 “centralidades emergentes”, bajo el esquema de “nuevos entornos urbanos sustentables” (NEUS) y con un respeto estricto a las superficies naturales protegidas que dan posibilidades con sus servicios ambientales a la conurbación metropolitana.

No obstante, este es apenas el primero de cuatro instrumentos rectores de la ciudad, apuntó Gutiérrez Padilla. Falta el Programa de Desarrollo Metropolitano, el Atlas de riesgo y los sistemas de información y gestión de ciudad.

A lo que solamente se aludió de paso fue al problema de los ajustes de esta zonificación con lo que establece el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de Jalisco –al final se dio a conocer el exhorto de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) para “armonizar” ambos instrumentos–; así como la necesidad de que el componente agua, el más crítico para definir el futuro de las ciudades, sea considerado centralmente como condicionante para las aptitudes territoriales, y no solamente de manera enunciativa.

El otro asunto es que el discurso de los dirigentes promete una ciudad en la cual los intereses de los desarrolladores están subordinados a los de la comunidad. Sin embargo, esa frontera gelatinosa de la conurbación, donde se gestan los grandes negocios con la tierra y la vivienda, se vuelve a modificar en casos como Zapopan y El Salto, donde los promotores de proyectos inmobiliarios han logrado “hacerse escuchar” aunque eso signifique la expansión de la ciudad, lo más opuesto a las ideas de verticalidad, redensificación y compactación que elogiaron los mandatarios.

Alfaro Ramírez dijo en su discurso que plan es una culminación de un proceso que le tocó arrancar en 2008, cuando el Congreso local definió el Área Metropolitana de Guadalajara; desde 2009 la Ley de Coordinación Metropolitana obliga a que los nueve municipios se coordinen entre sí para garantizar un uso óptimo de recursos y el mantenimiento de las redes de servicios y comunicación que hacen posible la ciudad. Pero era letra muerta hasta ayer.

Se busca una urbe donde reine la equidad, lo que implica rescatar las zonas marginadas de la metrópolis tanto en infraestructura como en servicios. “Estamos en el camino para que cuando la ciudad alcanza el quinto centenario de su fundación, la hayamos convertido en un paradigma de evolución urbana adecuada”, subrayó.

Por su parte, el gobernador Aristóteles Sandoval, destacó que su gobierno se comprometió desde el principio a proyectos de desarrollo metropolitano como la Línea 3 del Tren Ligero, que este año, el fondo metropolitano financia en más de 70 por ciento proyectos de movilidad no motorizada y que la recuperación de la ciudad abona en la civilidad política porque recuperar a la población dispersa es reintegrarla a la plaza pública donde “se hace ciudad” con las discusiones y la toma de decisiones bajo esquemas de democracia.

Todos sonreían con positividad, incluso los escépticos que se deslindan del culto a la personalidad, y hasta justifican los discursos de empuje “mientras cumplan” lo comprometido. Pero saben que la verdadera historia (del griego, “relato, narración”) siempre se cuenta a posteriori.

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AGUA OPACA

El acceso al agua el tema fundamental para el desarrollo metropolitano y durante décadas, la gestión del recurso se ha concretado a buscar fuentes de abastecimiento y crecer la oferta del recurso en la ciudad, lo que ha tenido un central papel en el deterioro de la calidad de vida y la expansión desorbitada de la metrópolis, que paso de una densidad de 190 habitantes por hectárea en 1990, a 61 habitantes por hectárea en la actualidad. El plan señala la necesidad de que el SIAPA incorpore en un solo sistema a los nueve municipios, pero sin aludir a los riesgos legales y ambientales de depender de fuentes cada vez más lejanas, o el tremendo problema del abatimiento del agua subterránea y de su baja calidad –incluso riesgosa para la salud- en el caso del acuífero de Toluquilla, donde se ha dado la mayor expansión de fraccionamientos en los últimos quince años.

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Claves

Cinco instrumentos

1 Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano. Aprobado en la sesión ordinaria de la junta de coordinación de ayer, establece con precisión el uso que se le puede dar al territorio, lo que incluye aquellas zonas que nunca se deberán urbanizar, sean espacios públicos o áreas naturales protegidas

2 Programa de Desarrollo Metropolitano. Pendiente de emitirse: "Este instrumento contiene la visión estratégica para propiciar la evolución integral, sustentable, progresista y permanente de la población hacia mejores niveles de vida, haciendo del territorio la expresión espacial donde se manifiestan fenómenos socioeconómicos y medioambientales que configuran el hábitat como imagen objetivo de sus habitantes [...] deberá contemplar un diagnóstico integral del área metropolitana, así como la definición de los objetivos y metas para la política metropolitana en por lo menos las siguientes materias: estructura socio-económica, ordenamiento territorial, medio ambiente, servicios públicos, infraestructura urbana, movilidad urbana y mapa de riesgos"

3 Sistema de Información Metropolitano. Pendiente de generarse. "Tiene por objeto constituir una política de información permanente y actualizable, fundada en los sistemas nacional y estatal, así como en la información pública generada por las dependencias y entidades públicas de los municipios y el Gobierno del Estado y la que le allegue la sociedad civil. Su propósito es generar una plataforma capaz de producir sus propios estándares, unidades de medición, indicadores y mecanismos de seguimiento de información, datos y metadatos que sean de utilidad para el diagnóstico, análisis, generación y evaluación del impacto de las instancias e instrumentos de coordinación y planeación metropolitana"

4 Mapa de riesgo metropolitano. Pendiente de concluirse. "Es el instrumento técnico en el que se definen los criterios y lineamientos para la prevención y protección ante la identificación de riesgos naturales y antrópicos en el territorio metropolitano [...] toma en cuenta las amenazas de un accidente o acción susceptible de causar daño o perjuicio a alguien o a algo, y la vulnerabilidad a la que se encuentra expuesta la población del área, derivadas de circunstancias que se pueden prever pero no eludir."

5 Planes sectoriales y proyectos metropolitanos, "son instrumentos que se derivarán de los temas que aborde el Programa de Desarrollo Metropolitano y en los cuales se establecerán las acciones y estrategias gubernamentales a fin de concretarlas mediante convenios específicos". Casos específicos en elaboración: Análisis del entorno urbano y diseño de espacio público en torno a la Línea 3 del Tren Ligero; catálogo de suelo apto intraurbano para el AMG

Fuente: www.imeplan.mx

lunes, 27 de junio de 2016

Aprueba junta metropolitana plan territorial de la ciudad


Reunida la clase política en el teatro Degollado, gobernador y nueve alcaldes señalaron que la ciudad se ha recuperado de los intereses privados que la secuestraron 20 años

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Junta de Coordinación Metropolitana, integrada por los nueves presidentes municipales del área metropolitana de Guadalajara y por el gobernador del estado, aprobó esta mañana la versión definitiva del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTMet), que vendrá a sustituir el Plan de Ordenamiento de loa Zona Conurbada de Guadalajara, que data de 1982.

Se trata de un instrumento de planeación que establece la zonificación que deberá regir el destino de casi 110 mil hectáreas en que se incluye la ciudad consolidada, la ciudad expandida y las reservas urbanas. Ricardo Gutiérrez Padilla, titular del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), destacó que se trata de detener el caos, retomar el control del crecimiento y restablecer la prioridad de los intereses generales sobre los particulares.

El documento será publicado en el periódico oficial El estado de Jalisco –entrará en vigor al día siguiente- y en el Registro Público de la Propiedad, acordaron los integrantes de este cuerpo colegiado, reunidos esta mañana en el Teatro Degollado de esta ciudad, en un acto al que acudió el pleno de la clase política de Jalisco.

La premisa básica es definir con precisión tres tipos de territorios: el urbanizado, el urbanizable, y el que jamás se podrá urbanizar.

A partir de allí, aplicar políticas de “crecimiento hacia adentro y hacia arriba” tejidas en una red de 25 “centralidades” y 40 “centralidades emergentes”, bajo el esquema de “nuevos entornos urbanos sustentables” (NEUS) y con un respeto estricto a las superficies naturales protegidas que dan posibilidades con sus servicios ambientales a la conurbación metropolitana.

Este es apenas el primero de cuatro instrumentos rectores de la ciudad, apuntó Gutiérrez Padilla. Falta el Programa de Desarrollo Metropolitano, el Atlas de riesgo y los sistemas de información y gestión de ciudad.

El presidente de la junta, y alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, consideró que la aprobación del plan es una culminación de un proceso que arrancó en 2008, cuando el Congreso local definió el área metropolitana de Guadalajara; destacó que el documento rector establece la obligación que generó desde 2009 la Ley de Coordinación Metropolitana, de que los nueve municipios se coordinen entre sí para garantizar un uso óptimo de recursos y el mantenimiento de las redes de servicios y comunicación que hacen posible la ciudad. Esto lleva aparejado el esfuerzo por alcanzar la equidad, lo que implica rescatar las zonas marginadas de la metrópolis tanto en infraestructura como en servicios.

“Estamos en el camino para que cuando la ciudad alcanza el quinto centenario de su fundación, la hayamos convertido en un paradigma de evolución urbana adecuada”, subrayó. Insistió en todo momento que lo de hoy en la mañana es “un momento histórico” que simboliza la recuperación de lo público de manos de especuladores privados, que habían secuestrado a la urbe desde los años 90.

Por su parte, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, destacó que su gobierno se comprometió desde el principio a proyectos de desarrollo metropolitano como la Línea 3 del Tren Ligero, que este año, el fondo metropolitano financia en más de 70 por ciento proyectos de movilidad no motorizada y que la recuperación de la ciudad abona en la civilidad política porque recuperar a la población dispersa es reintegrarla a la plaza pública donde “se hace ciudad” con las discusiones y la toma de decisiones bajo esquemas de democracia.

Ipejal, los jubilados crecen al doble de los trabajadores



Se espera que la carga sea más pesada para el sistema alrededor del año 2040, pese a la reforma de 2009 que hizo requisitos más estrictos y aumentó las aportaciones de los trabajadores activos

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El sistema pensionario de los trabajadores del estado, municipios y organismos públicos que opera el Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal), en las condiciones y reglas actuales, podría mantenerse sin necesidades de excedentes financieros -siempre que se cumplan las expectativas de ingresos-, hasta el año 2029.

Pero durante todo ese tiempo acumulará una carga creciente de erogaciones que podría llegar a su punto más crítico alrededor del año 2040, dentro de 24 años, cuando habrá un pensionado por cada dos trabajadores activos (es decir, 100 por ciento de trabajadores y 47 por ciento de pensionados). En la actualidad, la relación es aproximadamente de cinco trabajadores activos por un pensionado (100-22 por ciento). El caso es que cada año se suman unos 1,500 trabajadores nuevos pero se jubilan y pensionan casi tres mil.

“El importe de cuotas y aportaciones se incrementará sistemáticamente hasta alcanzar 32 por ciento del sueldo de los trabajadores activos. Los resultados obtenidos indican que el gasto anual a cargo del Instituto rebase el importe mencionado a partir del año 2017, esperándose que, por el efecto de los intereses, durante el período 2015–2021 el Instituto todavía pueda seguir incrementando su reserva actuarial; posteriormente el Instituto tendrá que hacer uso, primero, de los rendimientos de su reserva para cubrir el gasto corriente; posteriormente tendrá que aplicar su capital a dicha cobertura”. En 2029 habrá que buscar ingresos en otra parte. Ya no alcanzará, señala el análisis actuarial fechado en marzo de 2016, pero publicado este mes por el Ipejal en su página web (www.ipejal.gob.mx).

Lo más negativo para las cuentas del Ipejal es que se siguen jubilando trabajadores conforme con las reglas anteriores de la reforma de 2009, mucho más laxas y que garantizan pensiones de 100 por ciento en relación con los salarios finales. “La Ley fue reformada en 2009. Entre los cambios efectuados destaca el incremento de cuotas y aportaciones, así como los requisitos para tener derecho a la pensión por jubilación, aplicando este último cambio a los trabajadores que ingresen a partir de la reforma”, señala el análisis elaborado por la consultora Farell con datos al cierre de 2014.

Las aportaciones crecientes de los trabajadores activos “representan un incremento del 146 por ciento respecto de las cuotas y aportaciones establecidas antes de la reforma”, que era 13 por ciento del sueldo. De este modo, los trabajadores del gobierno, que antaño eran empleados privilegiados, ahora deben pagar proporcionalmente 25 por ciento más que los afiliados al IMSS y 4 por ciento más que los del Issste, “incluidas las aportaciones correspondientes a vivienda”, añade el documento.

Los sistema pensionarios, una de las creaciones más importantes del llamado “estado de bienestar” que triunfó tras la Segunda Guerra Mundial y que en México se implantó con el viejo régimen priista, han entrado en crisis en los últimos 20 años por el cambio de la estructura de edad de la población. En pocas palabras, el envejecimiento (o achatamiento de la pirámide poblacional) hace que la base se reduzca, aunque es el sustento financiero son los activos, jóvenes y adultos menores de 65 años. En México, esa crisis tardó más por ser un país más joven que las grandes naciones del llamado Primer Mundo, prematuramente envejecidas por el drástico descenso de su natalidad.

La consultora encuentra que del año 2005 al 2014, en el sistema pensionario de Jalisco “el número de trabajadores activos incorporados al Instituto se incrementó en 16 por ciento, lo que equivale a una tasa promedio de incremento de 1.7 por ciento anual”. En cambio, “el número de pensionados se incrementó en 143.5 por ciento, lo que equivale a una tasa promedio de incremento de 10.4 por ciento anual, esto es 6.2 veces la tasa de incremento anual del número de trabajadores activos incorporados al Instituto en el mismo período”.

A partir de 2009, cuando se dieron los cambios en la ley para afrontar la crisis, y a 2014, “se estima que la población del estado de Jalisco se incrementó en 6.8por ciento, lo que equivale a una tasa promedio del 1.3por ciento anual. El número de trabajadores activos incorporados al Instituto se incrementó en el 4.1por ciento, lo que equivale a una tasa promedio de incremento del 0.8 por ciento anual, cifra de menor magnitud a la tasa promedio de incremento anual de la población del Estado”. Sin embargo, el número de pensionados “se incrementó en 66.2 por ciento, lo que equivale a una tasa promedio de incremento de 10.7 por ciento anual, es decir, 13.2 veces la correspondiente a la de los trabajadores activos y 8.1 veces la de la población de Jalisco”.

De este modo, “en 2005, el número de pensionados fue equivalente a 9.4 por ciento del número de trabajadores activos (un pensionado por cada 10.7 trabajadores activos); para el año 2014, el número de pensionados representó 19.7por ciento del número de trabajadores activos (un pensionado por cada 5.1 trabajadores activos)”. En 2016 ronda 22 por ciento. El crecimiento es irreversible



CLAVES

Algunos números

*A diciembre de 2014 el importe de la nómina anualizada de pensionados ascendía a 3,269 millones de pesos
*Se espera que el gasto a cargo del Instituto se incremente a una tasa real de por lo menos el 6% anual durante los siguientes 10 años
*De esta forma, se espera que el gasto total represente 39% de los sueldos en el año 2020,y 53% de los sueldos en 2030 y 2040

domingo, 26 de junio de 2016

No se tienen aún los $900 millones para obras de agua



El recurso es indispensable para cuatro sistemas de macrodistribución previo a la entrada en operaciones de la presa El Purgatorio, en 2018.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El gobierno del estado, a través del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), gestiona la obtención de recursos económicos frescos para poder construir la infraestructura faltante que permitirá recibir el agua de la presa El Purgatorio, que estará en condiciones de entregar agua a la ciudad desde el río Verde, a partir del año 2018.

Se trata de 900 millones de pesos que para que se concluya la infraestructura de macrodistribución, independientemente de que un sistema de ese mismo tipo fue pactado entre un particular y el gobierno federal bajo esquema de inversión público-privado, con dinero del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), mismo que entregará agua en bloque que será pagada según sea el volumen, por el organismo operador.

“Tendremos necesariamente que realizar obras para la macrodistribución necesaria para que esos volúmenes sean conducidos con nuestros acueductos necesarios para tal fin, tal y como se hizo hace más de 20 años cuando se recibió el agua de la primera etapa del Sistema La Zurda-Calderón; en ese entonces, una empresa que ya estaba asignada, ICA, hizo la construcción de la presa, la conducción del acueducto, incluido un sifón por el río Santiago, y la planta potabilizadora, y por su parte, el SIAPA con sus recursos llevo a cabo el acuaférico, que era indispensable para poder conectar esa agua”, dijo el director del SIAPA, Aristeo Mejía Durán, a MILENIO JALISCO.

Lo que no hará el SIAPA sino una empresa es un tramo del acuaférico sur, 34.5 kilómetros “están incluidos en lo que es el Fonadin de El Purgatorio, y por qué lo hicimos así, porque ya iba a haber la posibilidad de aportación federal; entonces allí tenemos una empresa que va a hacerse responsable de todo y que va a tener sobre su control el mantenimiento de todo, y la entrega en bloque (…) hasta donde sabemos, eso lo está coordinando la Comisión Estatal del Agua (CEA) y a nosotros nos van a cobrar ahora que abramos la válvula para la conexión de ese acuaférico, en función de los metros cúbicos que nos entregue”.

Tanto esa obra a cargo de empresarios, como las que realizará el propio SIAPA deben estar listos para ser operados cuando la presa entregue el agua en la potabilizadora de San Gaspar, al borde de la barranca del río Santiago.

En el periodo previo, la ciudad terminará de contar con los pozos que se rehabilitaron para obtener alrededor de 1,200 litros por segundo como paliativo para sus necesidades inmediatas; “ya licitamos un equipamiento de nueve pozos faltantes, de este modo estaremos terminando ese proyecto para estar en condiciones de afrontar los tiempos más secos en 2017 e incluso 2018”. De este modo, Mejía Durán es optimista en relación a que no se deban vivir cortes de agua temporales, pues también se trabaja en mejorar el antiguo sistema de abastecimiento desde el lago de Chapala, por el llamado canal de Atequiza, que también implica un proyecto de ingeniería para rehabilitación y recubrimiento.

Según los datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la presa derivadora que se construye en la parte final del río Verde, a menos de cinco kilómetros de Arcediano, podrá bombear hasta 5.3 m3 por segundo, lo que permitirá eliminar de forma temporal el déficit que de acuerdo a sus cifras se tiene en el Área Metropolitana, de alrededor de tres m3 por segundo.

Se trata de un sistema que en esta etapa no es afectado por la situación jurídica que tiene detenida la edificación de la presa El Zapotillo, pues se abastece de la cuenca baja del río alteño, es decir, la región ubicada aguas abajo de la cortina de ese embalse artificial.

Los cuatro sistemas ya cuentan con infraestructura y se trata de completarlos; en conjunto, suman un área de influencia superior a cinco mil hectáreas, donde viven alrededor de 545 mil personas, fundamentalmente del municipio de Zapopan.

No obstante, no se podrá tener de inmediato acceso a los 5.3 m3, pues hace falta ampliar una planta potabilizadora y construir otra.

sábado, 25 de junio de 2016

Firmarán acuerdo social contra la deforestación



Una inversión en zonas de alta pobreza de la costa es complemento necesario a los proyectos económicos para evitar la destrucción de bosques y selvas

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Menos pobreza lleva a más conservación. Esta es la premisa básica de la coordinación que está a punto de derivar en la firma de un acuerdo de trabajo conjunto entre las secretarías de Desarrollo e Integración Social (Sedis), responsable de atender a los jaliscienses más marginados, y la de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), cuya tarea es preservar el patrimonio natural y que este sea una palanca eficaz de desarrollo.

Ya está armada la estrategia para atender a más de 90 mil jaliscienses de más de 600 localidades marginadas en las cuencas de la costa de Jalisco, entre el río Ameca al norte, y el río Marabasco, al sur, así como la regiones que irrigan los ríos Ayuquila y Coahuayana, en el sur de Jalisco.

La idea es generar proyectos productivos de largo aliento, ante la evidencia de que el éxito de estos deriva en una de las premisas básicas de la sustentabilidad: la equidad social como efecto de una economía justa y un medio sano, destaca la directora de producción y productividad forestal de la Semadet, Carmen Gómez Lozano.

"La Semadet se encarga de articular los apoyos, para que en lugar de que se pulvericen, se concentren en un mismo objetivo, y tener resultados a corto y mediano plazo; el objetivo de detener la deforestación y de degradación nos ha llevado a ver todos los componentes de causas directas y subyacentes; tenemos entre esto un trabajo con la Sedis para concatenar los apoyos, obviamente no es al margen de lo que se hace con Desarrollo Rural y la Comisión Nacional Forestal, sino por el contrario, juntos hacen sentido", explica.

Si con la Seder y la Conafor se atacan las causas directas de la deforestación, con la Sedis se va a causas subyacentes; "se trabaja con grupos vulnerables, principalmente mujeres y con jóvenes; la idea es ofrecer alternativas en la misma área de intervención, en polígonos que tienen inversiones previas de esos actores, y complementarlas con una inversión social, ya con la gente que tiene dificultades para acceder a apoyos porque normalmente las mujeres y los jóvenes avecindados tiene dificultades para demostrar la propiedad de los terrenos, pero no por eso dejan de interactuar con los bosques; por eso buscamos que hagan proyectos productivos relacionados con bosques, pero que tengan un valor agregado y alternativas".

Hay tantos tipos como los recursos y la cultura de las personas lo permiten; "grupos de mujeres que trabajan la grana cochinilla, la miel, flores ornamentales, palma, proyectos con productos no maderables son difíciles de trabajar a veces los no maderables; nos hemos dado cuenta de la relación entre grupos de mujeres y productos no maderables, y lo aprovechamos".

Precisa que el universo de atención con la Sedis son 663 localidades que tienen 95 mil habitantes, particularmente 46 mil mujeres, en estos polígonos [...] en lugar de tener muchos apoyos chiquitos en el estado, tenemos una zona con un objetivo, que es detener la deforestación, y se tiene previamente la integración de cuatro asociaciones intermunicipales, con quienes acordamos que fueran municipios con alta o muy alta marginalidad, está por firmarse el convenio, pero puedo adelantar que hay al menos 17 proyectos en este primer ejercicio".

Pensionados VIP cuestan al Ipejal $60 millones al año



Un total de 36 ex funcionarios cobran pensiones de 101 mil a 192 mil pesos por mes; destacan Ramírez Acuña y Ruiz Orozco.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La jubilaciones que paga el Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal) también tienen su clase privilegiada: solamente 36 ex trabajadores le cuestan, mes con mes, poco más de cinco millones de pesos, para rebasar 60 millones de pesos anuales.

No se trata de cualquier trabajador: la lista, que se reproduce a continuación, se obtiene en la página de transparencia de la institución (www.ipejal.gob.mx), y es ampliamente dominada por antiguos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, quince de los 36; otro segmento nutrido es el de maestros integrados en el pasado a tareas sindicales y de gobierno, con seis casos, y en general, hombres que han sido relevantes en el pasado para la función pública.

Si bien el magistrado Eleuterio Valencia Carranza encabeza la lista con un costo para el Ipejal, mes con mes, de 192,726 pesos (menos impuestos), en cuanto a notoriedad, la lista la debe encabezar el ex gobernador panista Francisco Ramírez Acuña (2001-2007), seguido por el ex presidente municipal de Guadalajara, el priista Eugenio Ruiz Orozco, y el ex secretario de Vialidad en el gobierno de Emilio González Márquez, José Manuel Verdín Díaz, quien sufrió un problema de salud grave que lo obligó al retiro prematuro.

Otros personajes notables de la vida pública en el pasado reciente están en esa lista: el ex diputado y ex síndico tapatío Francisco Javier Hidalgo y Costilla; el actual líder del PRI y con larga trayectoria en cabildos y Congreso, José Socorro Velázquez; el ex regidor y ex diputado priista César Gabriel Alfaro Anguiano; el ex secretario de Finanzas y ex director del propio Ipejal en la era panista, Martín Mendoza López; el reciente ex síndico de Zapopan, Armando Morquecho Ibarra, y el ex diputado, ex regidor y líder de los maestros cuando coexistía el sistema estatal con el federal, Arnoldo Rubio Contreras.

Aparte se debe mencionar al ex director del SIAPA y de la Comisión Estatal del Agua, José Luis Hernández Amaya, quien conserva la actividad pública en la Comisión Nacional del Agua; la actual directora del Colegio de Bachilleres del estado, Idolina Cosío Gaona (parte de una familia política de gran arraigo local), y sin duda, el longevo funcionario en el servicio público, Trinidad López Rivas, quien mantiene un puesto de trabajo en la administración estatal como director de Protección Civil. En estos casos, reciben su pago pensionario al tiempo que mantienen ingresos en puestos de confianza de la administración pública.

La lista de los 36

Eleuterio Valencia Carranza, ex magistrado: $192,726.37

Gregorio Rodríguez Gutiérrez, ex magistrado: $176,630.30

Eugenio Ruiz Orozco, ex alcalde de Guadalajara: $168,161.44

Francisco Ramírez Acuña, ex gobernador: $166,194.80

Francisco Hidalgo y Costilla, ex diputado:$164,734.88

José Verdín Díaz, ex secretario estatal: $163,640.78

Miguel Ángel Estrada Nava, ex magistrado: $160,799.50

Ernesto Garabito García, ex magistrado: $159,981.15

Hugo Olveda Colunga, ex magistrado: $158,284.12

Gustavo Flores Martínez, ex magistrado: $157,409.70

Alfredo González Becerra, ex magistrado: $156,644.90

Jaime Cedeño Coral, ex magistrado: $156,449.89

Joaquín Moreno, ex magistrado: $156,449.89

José María Magallanes Valenzuela, ex magistrado: $156,449.89

Socorro Velázquez Hernández, ex diputado: $155,868.70

Armando Ibarra Nava, ex consejero electoral: $154,874.71

Jesús Francisco Ramírez Estrada, ex magistrado: $148,780.05

José Luis Mata Bracamontes, ex diputado y ex regidor: $147,045.93

Carlos Manuel Barba García, ex magistrado: $136,490.64

Gabriel Gallo Álvarez, ex magistrado electoral: $130,170.20

Ana Bertha Guzmán Alatorre, maestra y ex diputada: $129,332.02

César Gabriel Alfaro Anguiano, ex diputado: $128,606.29

Martín Mendoza López, ex director del Ipejal: $128,506.37

José Luis Hernández Amaya, ex director del SIAPA: $126,009.82

Felícitas Velázquez Serrano, ex magistrada: $125,223.58

Austreberto Andrade Mariscal, ex magistrado: $124,607.31

Arnoldo Rubio Contreras, maestro, ex regidor: $124,313.36

María López Díaz Barriga, ex funcionaria estatal: $124,313.12

Isidoro Gallardo Flores, maestro y ex regidor: $123,339.48

José María Muriá, ex presidente del Colegio de Jalisco: $122,296.78

Héctor Córdova Bermúdez, ex jefe policial: $118,953.55

Armando Morquecho Ibarra, ex síndico zapopano: $113,251.67

Idolina Cosío Gaona, maestra, ex diputada y directora del Colegio de Bachilleres: $111,513.52

José Luis Gutiérrez Gómez, ex funcionario del SIAPA: $111,497.54

Álvaro Valencia Abundis, maestro: $110,311.41

José Trinidad López Rivas, director estatal de protección civil y ex jefe de bomberos tapatío: $101,689.93

Costo mensual total: 5 millones 091,533 pesos

viernes, 24 de junio de 2016

80 mdp al año contra la deforestación



La costa de Jalisco aloja acción temprana para que se combatan en el terreno las causas que han destruido sus bosques y selvas.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Arrancó el tiempo de ejecución de la Iniciativa de Reducción de Emisiones por deforestación en la costa de Jalisco, una de las tres regiones más alteradas del país en los últimos 20 años; la estrategia cuenta con inversiones anuales superiores a 80 millones de pesos que buscan cambiar un modelo económico que resultó altamente depredador.

Y como el tema es el cambio, las cosas también se deben hacer de modo diferente: ya no será con programas asistencialistas, individualistas y de términos fiscales anuales, y que frecuentemente se traslapaban entre sí, o lo que es peor, se oponían (pagar por deforestar para abrir agostaderos; pagar por reforestar para conservar bosques); se trata de que haya un solo espacio institucional de negociación y definición de los recursos, que permita que todos los programas vayan con una intencionalidad claramente marcada en la meta de la política pública: que el crecimiento económico y el desarrollo ya no destruyan bosques y selvas y ya no condenen a la mayor parte de sus habitantes a medrar en la miseria y la marginación.

"Hemos trabajado muy fuerte para lograr que en el caso de Jalisco, las secretarías de Desarrollo Rural [Seder] y de Desarrollo e Integración Social [Sedis] converjan con la de Medio Ambiente y Desarrollo territorial y con la Comisión Nacional Forestal [del ámbito federal] para el mismo fin; las actividades económicas pueden mantenerse y mejorarse, con efectos positivos para el desarrollo social, si se incentiva la conservación de los ecosistemas y sus servicios ambientales", refiere el consultor del Banco Mundial, Sergio Graf Montero.

Es justamente el eje para aplicar la REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación con base en el desarrollo social), estrategia aprobada por los jefes de estado en el marco de la conferencia de partes de las Naciones Unidas para el cambio climático, en Cancún, en 2010, mismo año en que la Conafor documentó que las selvas y los encinares costeros de Jalisco se perdían a tasas superiores al triple de las que prevalecían en el resto del país.

Las cuencas costeras, cuatro demarcaciones que se extienden sobre 2.9 millones de hectáreas --, tienen un historial de consolidación de juntas intermunicipales que nació formalmente hace casi 15 años en el caso del río Ayuquila; son instancias que permiten coordinar esfuerzos de ayuntamientos para controlar su territorio con criterios ambientales sobre el ámbito geográfico de cuenca, y que funcionan como espacios de negociación para programas y presupuestos con dependencias estatales y federales. La junta intermunicipal ha significado un vuelco en las políticas ambientales y regionales de México, lo que ha permitido exportarlas como fórmula de organización a asociaciones de municipios de la península de Yucatán, otra de las áreas más deforestadas y que también es objeto de las acciones tempranas de REDD+.

"La Semadet se encarga de articular los apoyos, en lugar de que se pulvericen; la idea es que los apoyos de las diferentes dependencias se concentren en un mismo objetivo, y tener resultados a corto y mediano plazo; el objetivo ahora es detener la deforestación y de degradación, y para eso nos hemos sentado en una mesa donde tenemos trabajo con la Seder, con la Conafor, con la Sedis; sumando esto, lo que hacemos es identificar las zonas de cuencas costeras, donde hay pago por servicios ambientales vigente; a la vez vemos dónde hay pastizales y una masa de bosques; allí hay hay peligro de que suelten a las vacas y se vayan al monte, por lo cual, tratamos de generar alternativas para que su ganado no tengan que soltarlo en un área de bosque con un alto valor ambiental [...] así se identifican las áreas elegibles hacia las que debemos canalizar los esfuerzos esenciales", explica la directora de producción y productividad forestal de la Semadet, Carmen Gómez Lozano.

También se parte de la premisa de que la pobreza extrema en el campo significa una presión sobre los bienes naturales. Es por eso que se ha definido, en las zonas más frágiles de selva y encinares de estas demarcaciones, un esquema de apoyos para erradicar la miseria en proyectos productivos. Tanto en lo económico como en lo social, se busca recuperar el seguimiento y la asistencia técnica, pues es fundamental el éxito de la estrategia para que Jalisco detenga la destrucción y degradación de sus bosques y pueda expandir los sumideros de carbono que demanda el desafío del cambio climático.

Tras cinco años de trabajos preparatorios e inversiones públicas cada vez más hilvanadas, la atención in situ del problema de la deforestación de la costa de Jalisco ha comenzado. Su primer corte, en otros cinco años, debería significar "cambiarle la cara" a una región cuya riqueza ha sido una suerte de maldición para sus poseedores.



Los presupuestos meta a 5 años


25 millones de pesos proyectos con mujeres

40 millones de pesos anuales pagos de servicios ambientales

28 millones 316,870 pesos aprovechamiento forestal o sustentable

143 millones 520 mil pesos (de Seder y Sagarpa) sistemas silvopastoriles

Claves

Atención contra la deforestación en costa y sur de Jalisco

EL PROBLEMA

- Superficie del área de intervención: 2 millones 927,142 ha (bosques templados: 1 millón 232,362 ha; selvas: 846,307 ha). Regiones Sierra Occidental y Costa Norte, Costa Sur, río Ayuquila, río Coahuayana

- Se trata de la región con más deforestación y degradación en Jalisco desde hace al menos 20 años

- Causas directas deforestación: ganadería extensiva sobre bosques y selvas; agricultura tradicional de ladera en sistema roza-tumba-quema; crecimiento de desarrollos urbanos y turísticos; minería a cielo abierto

- Causas directas degradación: ganadería extensiva y sobrepastoreo, malos manejos forestales o ausencia de manejo; plagas forestales, saqueo de madera y recursos, huracanes, depreciación general de bosques y selvas

- Causas subyacentes: insuficiente alineación de políticas e instrumentos de planeación, falta de acompañamiento y asesoría local, falta de actividades forestales competitivas, deficiente organización comunitaria, pobreza y marginación, debilitamiento del capital social

LAS SOLUCIONES
Los apoyos aprobados

- Sistemas silvopastoriles (7,184 ha de pastizales)

- Concepto presupuestal: "establecimiento de praderas y conservación del medio ambiente"

- Entidades públicas involucradas: Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Comisión Nacional Forestal, juntas intermunicipales de cuencas costeras y del sur de Jalisco

- 50 paquetes de apoyo en el presupuesto 2016 de la Seder por hasta 300 mil pesos cada uno, incluye asesoría técnica del Inifap (Instituto de Investigaciones Forestales, Agropecuarias y Psicícolas), y tiene como condición previa que esos predios estén apoyados en el marco del Programa de Servicios Ambientales de la Conafor

- Proyectos productivos con mujeres y jóvenes avecindados

Entidades públicas involucradas: Secretaría de Desarrollo e Integración Social, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Comisión Nacional Forestal, juntas intermunicipales

- Universo de apoyo: 663 localidades con 95,804 habitantes, de las cuales, 46,151 son mujeres

- Paquetes de apoyo de hasta 400 mil pesos por unidad, en zonas con inversiones previas de Seder o Conafor; grupos "no elegibles" para otros programas de alta y muy alta marginalidad; se trata de proyectos no maderables con acompañamiento técnico de las juntas

- Aprovechamiento forestal sustentable

133,970 ha de bosques templados primarios para introducir manejo forestal sostenible con recursos de la Conafor (Programa Nacional Forestal)

Los apoyos en gestión

- Proyectos de turismo comunitario

- Entidades públicas involucradas: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Secretaría de Turismo, Secretaría de Desarrollo e Integración Social, juntas intermunicipales

- Posibles colaboraciones: articular un programa de turismo comunitario con la Sectur; inventar a los empresarios hoteleros a colaborar en el esquema de un fondo público-privado para proyectos de turismo ligado a las actividades agropecuarias de cada zona


miércoles, 22 de junio de 2016

Desarrollador "reconstruye" bordo en San Pancho



Airada carta de los vecinos al procurador ambiental; la historia del dique artificial en el estero San Francisco no se termina

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El problema del bordo de San Pancho no encuentra término. Si hace dos semanas, los vecinos de la comunidad denunciaron que éste no había sido retirado integralmente, pese a la orden de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), esta semana se ha agregado evidencia de que el dueño de Inmobiliaria San Pancho, el inversionista estadounidense John Hardesty, habría ordenado reconstruirlo, sin permiso oficial.

Es decir, ha entrado maquinaria desde el sábado 18 de junio, no para remover los materiales, sino para volver a formar el dique que se retiró de forma parcial del arroyo Los Izotes, tributario principal del estero de San Francisco. No obstante, versiones del equipo del empresario señalan que “el relleno que se está haciendo es para que puedan entrar la maquinaria pesada hasta el final del muro”, es decir, con la presunta justificación de terminar el retiro de la obstrucción artificial. Pero ello no ha impedido que los vecinos organizados enviaran ayer por la tarde una carta, de tono enérgico, al procurador ambiental Guillermo Haro Velchez, y otras instancias de la Profepa, pero no al delegado en Nayarit, Omar Cánovas, a quien ligan con el desarrollador inmobiliario.

Hardesty “ha quebrantado las leyes mexicanas tanto a nivel federal como estatal y ha vuelto a mandar un ejército de camiones con tierra y piedra a rellenar el arroyo Los Islotes y el Estero de San Pancho”, le escriben al procurador.

“Habiéndose ordenado oficialmente por la Profepa en resolución administrativa del 8 abril de 2015, el retiro total de las obras e instalaciones que conforman el proyecto denominado’ Bordo de protección y conducción de tubería de aguas residuales Arroyo Los Izotes’ […] iniciaron las obras de retiro del bordo hace no más de 8 semanas por parte de la mencionada autoridad previo a la temporada de lluvias. Dicho bordo además de deteriorar aceleradamente la flora y fauna del humedal [área natural protegida federal y santuario ecológico protegido por la ley federal] pone en riesgo la vida y bienes materiales de los pobladores de San Francisco, Nayarit, generando peligrosas inundaciones en el tiempo de lluvias”, justifican.

El desarrollador, añaden, “con este bordo pretende ocasionar la completa definitiva e irremediablemente destrucción del humedal de tal manera que pueda llevar a cabo su proyecto inmobiliario de una marina con componente residencial y comercial del cual tiene el proyecto terminado y en espera desde el 2006 y el cual no pudo llevar a cabo en su momento, pues precisamente se expidieron las leyes de protección a manglares y humedales en todo México. Lo cual le impide hacer uso de toda la zona protegida a pesar de tener la concesión de la zona federal ya que es propietario de una amplia extensión de tierra colindante todo alrededor, la cual por otra parte no tiene acceso más que por la montaña igual que su residencia Villa Vista Mágica”.

Con base en eso, “solicitamos a las autoridades competentes […] su inmediata intervención en el cumplimiento de la ley y la eficiente y definitiva resolución de esta situación que pone en riesgo la vida y bienestar de la población de San Francisco, Nayarit en varios niveles a manos de un empresario cuya codicia e irresponsabilidad no conoce los límites…”.

Los vecinos señalan que “con independencia de la razón por la que están rellenando, deben tener permiso de Profepa”. Y a su juicio, esto es un ladrillo más para una historia de impunidad que se alarga.

Habrá más cambios en uso de suelo en Tlajomulco



El ayuntamiento revisará 18 planes de distrito que están pendientes; se ajustarán a capacidades ambientales del terriorio.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Ayuntamiento de Tlajomulco no ha terminado con la revisión, actualización y adecuación de sus planes parciales de desarrollo urbano conforme a las atribuciones que le da el artículo 115 constitucional. Esto significa que podrían cambiarse usos de suelo en otras superficies, aparte de las 800 que han dejado de tener como destino la vivienda, según información oficial.

El pasado lunes 20 de junio, el alcalde Alberto Uribe Camacho informó que 800 ha de dos de los 20 distritos que están integrados en los planes parciales de desarrollo cambiaban usos y destino: "En la zona Valle, 350 hectáreas cambiarán de uso habitacional (H4) a usos comerciales, industriales y rústicos; mientras que en el área del cerro de Toltotepec, 450 hectáreas se transforman para uso rústico", es decir, no serán urbanizables.

Esto se rige por las políticas vigentes desde 2010 en esta demarcación metropolitana: "el crecimiento urbano debe supeditarse a las limitantes de accesibilidad, equipamiento, infraestructura y servicios urbanos, así como a las condicionantes naturales, rurales y de riesgo. Lograr con ello un ordenamiento en las áreas de reserva urbana habitacional. Debe darse prioridad a la redensificación y consolidación de infraestructura en las áreas urbanas consolidadas con mayor aptitud para ello. Restringir y controlar el crecimiento urbano habitacional y accesibilidad a lo largo de los corredores, nodos y accesos carreteros. Planear el uso del suelo en las áreas de influencia del aeropuerto con la finalidad de eficientar su funcionamiento y dar protección a los usos de suelo particularmente habitacionales", señala el plan municipal de desarrollo urbano.

Otras metas de esta estrategia: "Asegurar un uso eficiente del agua, garantizando su abastecimiento y calidad a la población. Definir los usos del suelo restrictivos al crecimiento urbano en las áreas de protección al medio natural y sus áreas de influencia. Buscar la conectividad de las áreas de reservas naturales, desde La Primavera, pasando por el cerro Totoltepec, hasta el sistema de Cerro Viejo y el sistema de lagunas".

En esa lógica, Toltepec ha recuperado al uso rustico 450 ha. Pero "comenzaremos a evaluar uno por uno los distritos que faltan y que se encuentran dentro de los planes parciales de desarrollo, para implementar esta política en todo el territorio", asegura el municipio. Una de las dudas es si estos cambios no deja en temprana obsolecencia al Programa de Ordenamiento Metropolitano del Imeplan, que está a punto de publicarse.

martes, 21 de junio de 2016

“Pidieron que denunciara al Idea a cambio de recuperar mi libertad”



La familia del litigante detenido recibió la "oferta" de los abogados del gobierno para que abrieran causa penal contra la agrupación que les obstruye en la mina Peña Colorada, en Chalacatepec y en el Macrolibramiento.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El contacto fue unas semanas después de la trifulca en el ingreso a la minera Peña Colorada, en la que Eduardo Mosqueda Sánchez fue el primer detenido -después, lo acompañarían por unos pocos días 33 nahuas de Ayotitlán- , y el único que permaneció en el Centro de Readaptación social de ese estado a la vuelta del año siguiente. El pasante rumiaba su desesperación en la zona de “máxima seguridad”, al lado de homicidas y asaltantes, mientras sus padres tocaban puertas en la capital de Jalisco.

El abogado Efraín Palacios Morquecho, de la Secretaría General de Gobierno, fue encargado de hacer una oferta formal, explica Mosqueda.

- ¿Qué te propusieron?

- Él ofreció liberarme mediante un proceso más rápido, pero tenía que desistirme del amparo y denunciar a mi despacho, denunciar penalmente al Instituto de Derecho Ambiental (Idea); pero mi madre ya me conoce, y dijo, esto no lo va a aceptar Eduardo; cuando me lo contó, créeme que fue de lo que me hizo sentir bien en medio del mal que yo estaba viviendo…

Liberado el 13 de mayo pasado, a diez días de cumplir diez meses preso, el joven litigante asume que su decisión significó muchos meses más a la sombra, pero no se arrepiente ni un poco; “no tenía aún la sentencia del amparo, que fue favorable en octubre, pero se alargó por argucias de los gobiernos y el sometimiento del juez penal”, dice a MILENIO JALISCO.

Es decir, una detención con un barniz judicial, pero profundamente política, contra el despacho que encabeza la abogada Raquel Gutiérrez Nájera, que ha sido dolor de cabeza de los dos gobiernos y sus intereses en megaproyectos que entrañan muchos millones de pesos.

La estadía en el centro penitenciario ha sido una dura lección, pero de la que saca las mejores enseñanzas: la convivencia y empatía con algunos presos, la reflexión sobre la precariedad de su condición (en este sistema no existe la “presunción de inocencia”), y el enorme vacío de tiempo, que se llena con sueño, deslices hacia la depresión o las esperanzas súbitas, y el acceso a obras maestras, insospechadamente liberadoras, de la biblioteca del sitio.

- ¿Qué te encontraste y qué leíste?

- El Gargantúa y Pantagruel de Rabelais; Zadig (Voltaire), Historia de dos Ciudades (Dickens) -. “¿Qué es lo que lees? Vidas complicadas y sentencias injustas; una mazmorra del siglo XVII, La Bastilla, la torre de Londres, frente a las que una celda moderna, pese a las violaciones tácitas, parece un lujo...

Su versión

El 23 de julio de 2015, más de 600 ejidatarios de Ayotitlán, Jalisco, buscaron retomar la posesión de tierras de su dotación presidencial que están en poder de Peña Colorada, la mayor explotación ferrosa del país. Llevaban bajo el brazo la suspensión concedida en el expediente de revisión 231/2013 (juicio de amparo 462/2013), que el juez de distrito había reclamado de ejecutar de forma tibia y gradual. Eduardo Mosqueda era el único miembro del Idea que los acompañaba.

- Ustedes llegaron al patio de ingreso de las instalaciones, ¿qué sucedió?

- Los líderes del ejido le reclamaron al representante legal de la empresa, David Cárdenas, su negativa a pagar lo que estaban en los acuerdos de ocupación temporal de algunos predios, los cuales habían condicionado a que se desistieran del amparo […] Cárdenas aseguró que no tenía problemas con la comunidad, y prometió pagar de inmediato. Pero hubo que esperar hasta las cinco de la tarde, operaron todo para el pago, e inclusive imprimieron el documento de acuse de recibo, que firmó el representante legal de la empresa junto al comisariado ejidal. Luego, ellos avisaron que se retiraban por su propia decisión, pues jamás fueron violentados ni obligados.

- Si se habían retirado en paz, ¿cómo fue que llegó la policía y se dio la refriega?

-Eso fue después, casi a las siete de la noche; empezó a gritar la gente de la comunidad: ¡ahí vienen los guachos!; a mi me tocó hacer frente como representante legal y en dos ocasiones expliqué a los policías que se trataba de una acción legal, y ellos asentían, parecían comprender. La segunda vez, frente a una persona que dijo ser el procurador Marcos Santana Montes, quise volver a explicar pero esa persona dijo que nos teníamos que retirar o nos iban a llevar presos […] que el amparo no sirve, y ordena mi detención: policías y granaderos se vinieron sobre mí y me empezaron a golpear para poderme someter, […] me suben a una patrulla, arrancan enseguida, y es cuando escucho a lo lejos que comienza la agresión contra la gente…

En las horas siguientes a la refriega frente a la mina, los abogados de Jalisco y dos líderes nahuas, Gaudencio Mancilla y Eusebio Jacobo “se presentaron para decir que iban a obtener las actas de libertad, pero se debían desistir del amparo contra los intereses de la mina; ellos, que se vendieron a la empresa, me acusaron de estar con los malos; les respondí que en realidad yo estaba con los derechos del ejido y ya no hicieron más por sacarme […]”.

Allí comenzó la cuenta hasta el 13 de mayo de 2016: cuatro meses en área de alta peligrosidad, seis meses en “el pueblo”; comida de mala calidad, lecturas, incidentes entre los internos, plagas y epidemias entre los edificios sobrepoblados. Acusado primero de secuestro, luego de privación ilegal de la libertad y de robo calificado (proceso penal 142/2015). “Cinco veces el juez penal tomó decisiones que violaban lo que le ordenaban el juez de distrito y el Colegiado [expediente 1190/2015] para replantear la resolución en el caso de Eduardo; por tres faltas se destituye a un juez, pero este era un papel a modo de los intereses de Colima”, subraya la presidente del Idea, Raquel Gutiérrez Nájera.

Eduardo Mosqueda Sánchez es de nuevo hombre libre; parece que no guarda rencores, sonríe con facilidad.

- ¿Se puede no tener coraje después de diez meses a la sombra, en un proceso que el amparo lo demuestra ha sido violatorio?

- Para serte sincero, yo lo tomé como aprendizaje, un duro aprendizaje, pero tenía la opción de verlo como algo positivo. Creo en Dios y me parece que era una prueba. Y lo mejor es vivir en carne propia que la justicia mexicana es como un monstruo, y que como abogado debo contribuir a cambiarla.

Lo que no cambia es la causa que lo llevó al encierro: llevar la justicia al depauperado ejido nahua de Ayotitlán; esos naturales que no logran convertir en ventaja habitar montañas sobre una zona rica en biodiversidad, en madera y en metales.

Los expedientes

El 22 de julio de 2015 fue aprehendido Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez junto con 33 nahuas de Ayotitlán, en una acción de policías estatales de Colima en las instalaciones de la minera Peña Colorada

En el expediente 142/2015 ante el juez 1 de lo penal de Colima, se dictó el 30 de julio de 2015, auto de libertad con reservas de ley, en favor de 33 nahuas, liberándolos de responsabilidad penal de lesiones, daño en las cosas, robo calificado, privación ilegal de la libertad (antes secuestro); mientras quedaban sujetos al procedimiento por el delito de despojo que denunció el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada. "En tal virtud, los 33 nahuas ocurren a firmar los viernes últimos de cada mes"

En contraposición y en el mismo expediente, con los mismos elementos de prueba, a Eduardo Mosqueda asesor legal, le dictan auto de formal prisión, sin acceder a libertad bajo caución, por los delitos de robo calificado, privación ilegal de la libertad y despojo

En contra del auto de formal prisión se promovió la demanda de amparo 1173/2015. Respecto a los 33 nahuas se promovió amparo en contra del Auto de Formal Prisión por el delito de Despojo 1202/2015

El amparo indirecto 1173/2015 "se otorga en forma lisa y llana, debido a que no existen elementos de prueba para presumir la responsabilidad de Eduardo Mosqueda, respecto de los delitos"; esta sentencia está fechada en el Juzgado 1 de Distrito de Colima, el 7 de Octubre de 2015, pero la impugna Peña Colorada en revisión, el cual es entregado al IV Tribunal Colegiado Auxiliar con sede en Coahuila, que determina la libertad inmediata de Mosqueda el 13 de mayo de 2016 (expediente 1190/2016)

Peña Colorada arrecia presión para que el amparo se retire


Dinero y amenazas, denuncia la directora del Instituto de Derecho Ambiental Raquel Gutiérrez Nájera

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La empresa minera Peña Colorada, actualmente propiedad de un conglomerado internacional (Ternium-Ispat y Mittal Steel), ha buscado mantener en el limbo los derechos del ejido nahua de Ayotitlán, y busca generar que el amparo que pone en riesgo la propiedad que le otorgó el gobierno colimense, sobre la zona en conflicto de Jalisco y Colima, sea echado abajo, denuncia la presidente del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), Raquel Gutiérrez Nájera.

“El 12 de Septiembre de 2015, compareció la representante legal del consorcio minero para otorgar el perdón a los 33 nahuas [que habían sido liberados semanas atrás, tras la refriega del 22 de julio]; ellos en su gran mayoría fueron presionados para que acudieran al juzgado para aceptar el perdón y a cambio les entregarían las catorce camionetas que les fueron retenidas. De igual manera, a decir de los nahuas procesados, el presidente del Comisariado ejidal, Ernestino Ciprián Ocaranza, fue casa por casa a presionarlos para que aceptaran el perdón de la empresa, ofreciéndoles dinero y liberar las camionetas”, señala en una nota entregada a MILENIO JALISCO.

En la actualidad, “son quince nahuas los que aún no aceptan el perdón porque ellos están conscientes de que no cometieron ningún despojo en contra de la empresa, su intención de estar en terrenos de su propiedad rentados a la empresa era exigir pagos pendientes y además el acceso les fue permitido por los mismos empleados de Peña Colorada. Por su parte Eduardo Mosqueda, al conocer del perdón que también lo beneficiaba a él, aunque Peña Colorada a él no se lo otorgó, no lo aceptó, ya que ello implica el reconocimiento tácito de un delito que nunca cometió”.

A decir de la abogada, la ofensiva de la empresa, asociada a los gobiernos de Jalisco y Colima, ha sido insuficiente para echar abajo el amparo (revisión 231/2013 del juicio 462/2013). Pero lo cierto es que la disputa por las tierras donde la minera explota desde hace casi cinco décadas el mayor yacimiento ferroso del país, en la porosa frontera de Jalisco y Colima, ha descarrilado con frecuencia la estabilidad comunitaria de los poblados nahuas de la sierra, que reclaman los derechos legítimos sobre ese territorio, no obstante el extravío de sus títulos primordiales; esos derechos no cambiarían incluso si, como pretende el gobierno de Colima, esa zona estuviera dentro de la soberanía de esta entidad.

La doctora en derecho señala que se exigirá la inhabilitación del juez 1 de lo penal de Colima, dado que demostró a lo largo de los juicios, ser un “juez de consignas” operado desde la secretaría de Gobierno de Colima, pues en cinco ocasiones no dio cumplimiento cabal a lo que planteaba el amparo para liberar al litigante Eduardo Mosqueda Sánchez.

“Ellos, a través de este juez logran una resolución a su medida, que buscaba golpear directamente al Instituto de Derecho Ambiental […] jamás se acredita algún elemento que haga probable la responsabilidad de Eduardo Mosqueda, ni en despojo, ni en privación ilegal de la libertad, y mucho menos secuestro con pago de rescate, como fue al acusación que le imputaron originalmente; hay antecedentes de otros activistas sociales que también han sido criminalizados de este modo”, señala por su parte el responsable agrario del Idea, Pedro León Corrales.

domingo, 19 de junio de 2016

Verificación “dice de qué te vas a morir”, pero no cura



Investigadores de la UdeG solicitan un proyecto integral que vaya ligado a la mejora de combustibles, a una transición energética, a movilidad eficiente y creación de una cultura vial.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Un grupo de investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG) consideran que la propuesta para mejorar la calidad del aire del Área Metropolitana de Guadalajara por el gobierno del estado se queda corta; si no incluye aspectos como mejorar la calidad del combustible, migrar gradualmente a combustibles no fósiles, eficientar la circulación de automotores y ofrecer “con seriedad” alternativas a la movilidad motorizada, terminará como un simple modelo recaudatorio.

“La apuesta por la verificación es muy limitada, genera solo 2 por ciento de baja de contaminación; es como saber de qué estás enfermo, de que te vas a morir, pero sin curarte”, señala irónico Antonio Gómez Reina, investigador del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI).

“El problema es que tenemos muchos motores, y la mayoría son modelos antiguos que no pasarían el sistema que ahora se propone, de verificación dinámica, porque muchos son motores de carburador y ni siquiera se les puede adaptar uno […] La contaminación del aire en Guadalajara tiene que ver con la velocidad del vehículo, no te da el mismo gasto el vehículo en carretera que en ciudad, allá es una velocidad constante, pero la ciudad tiene topes, tiene semáforos mal sincronizados, tiene baches; cuántos vehículos están casi parados y por cuántas horas, eso nos obliga a pensar en una solución desde diversos ángulos y disciplinas”, agrega.

De manera que “deberíamos estar trabajando con la Secretaría de Economía, que tiene que meterle dinero para hacer una transición energética, cambiar los hidrocarburos o combinarlos con otro tipo de combustibles como hidrógeno –ya hay un modelo que se llama water energy, entra 20 o 30 por ciento de hidrógeno y eso elimina el mismo porcentaje de hidrocarburos- , lo cual no es poca cosa si consideramos que la eficiencia de un motor es muy baja, apenas de 20 por ciento del combustible que pasa por el proceso de combustión y el resto se va crudo a la atmósfera”, refiere.

Paralelamente se debe caminar a hidrocarburos de mejor calidad, “mientras tengas un combustible malo, el resultado es esa alta contaminación”; y a incentivar el mantenimiento de los autos, pues estos harán mejor los procesos de combustión. De ahí lo importante que es afinar.

Esto se debe integrar además a un sistema de transporte adecuado, “un sistema de vialidad correcto y con cumplimiento de los reglamentos a través de intensas campañas de información; si alguien se estaciona en línea amarilla, que llegue la grúa y se lo lleve, que el automovilista asuma su responsabilidad […] la ciudad ha reducido la velocidad, y si reducimos la velocidad aumentamos la contaminación, entonces se debe pensar cómo vas a densificar si las calles no ajustan para los carros que ya hay; también pensar en el tema de los horarios, por ejemplo, las escuelas y el comercio; también ver lo del uso de bicicletas, que sigue sin ser un medio seguro e idóneo porque no se le dan las condiciones adecuadas”.

Va aparejado con hacer una semaforización de verdad inteligente, por mejorar el piso de las calles, por respetar los límites de velocidad y no detenerse en doble fila, por eliminar los topes. Es toda una cultura ciudadana que está pendiente de hacerse realidad.

Y si bien no descarta la necesidad de la verificación, señala que la condición previa es un sistema de monitoreo atmosférico adecuado, y que se habilite tecnología de punta para detectar autos contaminantes en circulación y no en centros de verificación, lo que elimina la posibilidad del autoengaño.

“La nueva ley, sencillamente está diseñada para un sistema recaudatorio, y causará problemas sociales porque una mayoría de autos no pasarán esas pruebas”.

- ¿Entonces Pemex tendría que estar trabajando para mejorar sus gasolinas?

- Pues sí, ¿pero quién hace los estudios para soportar el nuevo modelo de verificación? El Instituto Mexicano del Petróleo, ellos mismos, pues es a su gusto y a sus intereses porque no traen prisa en esta transición energética.

Paquete de la Semadet

La secretaría ambiental del estado ha solicitado diversas reformas y la generación de un decreto para un nuevo modelo de verificación que pretende estará blindado en el tema de corrupción y obligará a mejorar la tecnología anticontaminante en los autos de la ciudad

Aparejadamente, propone un programa de transporte escolar, que significa en la actualidad 17 por ciento de los viajes diarios, y un programa de control de emisiones de ladrilleras

Los recursos de concesiones, hologramas y multas irían a un fondo verde que financiaría proyectos para mejorar la calidad ambiental de las ciudades

viernes, 17 de junio de 2016

SIAPA rescata obras para aguas pluviales



El organismo ha debido reestructurar sus deudas para absorber un nuevo préstamo por 800 mdp, que es la base de la primera etapa comprometida.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) rescatará la primera etapa del programa de inversión para manejo de aguas pluviales, que se quedó sin inversión federal en este 2016; para el efecto, ha debido reestructurar su deuda de 12 a 20 años, y podrá absorber un nuevo crédito de 800 millones de pesos, que está en vías de licitarse, dijo el director del organismo operador, Aristeo Mejía Durán.

El funcionario dijo a MILENIO JALISCO que se trata de un programa que ya está comprometido entre los ayuntamientos metropolitanos y el gobierno de Jalisco, de acuerdo al anuncio que hicieron conjuntamente el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, y los representantes de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, el pasado 3 de marzo en Casa Jalisco.

El objetivo original era que fueran recursos federales vía Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero como no estaban previstos para ejercer en el Presupuesto de Egresos de 2016, el organismo se vio obligado a generar un esquema de financiamiento alterno, para lo cual aprovecha la creciente mejoría de su salud financiera, “la idea es no afectar a los usuarios, por eso se reestructuró la deuda y se cambió el plazo, para que no se modifique el pago por el servicio anual”, destacó el director de finanzas del organismo, Lorenzo Héctor Ruiz López.

“Se buscaba dar el inicio de estos trabajos antes del temporal; sin embargo, ha habido un pequeño retraso debido a las acciones que requiere un crédito de esta naturaleza, pues debemos garantizar que contamos con recursos suficientes […] primero tuvimos que licitar con el fin de poder ampliar el tiempo de pago que teníamos, de 12 años, sin la necesidad de hacer pagos adicionales, y nos coordinamos con la Sepaf [Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas]; es un crédito que va a absorber totalmente el SIAPA”, precisó Mejía Durán.

El SIAPA tiene deudas por dos grandes créditos, uno con Banobras y otro con Interacciones, “la idea del nuevo crédito es no cargarle la mano al usuario a través de las cuotas, por eso se reestructura de manera que podamos alargar el esquema de pago, mejorar la tasa; eso nos va a permitir afectar en menor medida las participaciones federales del gobierno del estado, que es nuestro aval solidario […] con esto sale un fideicomiso de pago para pagar todos los adeudos, va a ser una sola fuente de pago, sin afectar a los usuarios”.

¿Y cómo mejora la tasa? “Teníamos un TIIE + 1.10 [TIIE: tasa de interés interbancario de equilibrio, usualmente la más baja del mercado] y quedó en TIIE + .90, sin calificar el crédito; si lo calificamos tenemos la posibilidad a una tasa TIIE +.85”, explica el responsable de finanzas. La reestructuración del crédito fue adjudicada en licitación a Banorte; está pendiente la licitación del nuevo préstamo de 800 millones, precisó.

¿Qué se va a hacer con ese nuevo préstamo? “Se trata de una primera etapa donde estaremos generando la mitigación de la zona uno: si tenemos inundaciones mayores a un metro hasta 1.5 metros, tienen que ver con la cuenca de Atemajac, en los límites entre Zapopan y Guadalajara; con la cuenca de río Blanco, donde está la zona de Aviación; con la cuenca de San Andrés, y otras como El Deán, para que no se nos genere la situación de inundaciones en zonas aledañas, como la colonia Ferrocarril, y también San Rafael para las colonias de Oblatos”, dijo el 3 de marzo el presidente del consejo del SIAPA, Francisco Ayón López.

Mejía Durán dice que aunque no se tiene aún el dinero, ya empezaron los trabajos en el caso de El Deán, y que la ventaja de ser un recurso propio es que se podrá manejar con más holgura en sus términos, pues un financiamiento federal sí obliga a cumplir plazos dentro del año fiscal. El otro lado positivo es que aunque no derivó en dinero de inmediato, el trabajo ante Hacienda para hacer de la atención de riesgos por lluvias en Guadalajara una prioridad del gobierno federal, se esperaría que los años subsecuentes haya dinero federal disponible. Sólo en la zona que atiende el SIAPA, la inversión global rebasa cinco mil millones de pesos.

Claves

La explicación

- El proyecto de atención de lluvias se determinó desde 2008, pero no hubo subsidio federal ante las fuertes inversiones que demanda; por eso se apostó a convertirlo en prioridad del gobierno de la república, como sucede con la Línea 3 del Tren Ligero

- Para ello hubo que elaborar un estudio de factibilidad técnica de las obras, un plan integral de manejo de los municipios del AMG, estudios socioeconómicos, manifestación del impacto ambiental de las obras, un dictamen externo sobre las factibilidades técnica, económica y ambiental, y los proyectos ejecutivos necesarios

- Sin embargo, en este primer año el dinero para obras no fluyó pese al compromiso, lo que ha obligado al SIAPA a financiar la primera etapa.



Comienza rescate social de San Pedro Itzicán



Buscan respuestas sobre la prevalencia de males renales, pero descartan el agua como único factor

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El gobierno del estado y el Ayuntamiento de Poncitlán comienzan hoy a mediodía el rescate integral de la comunidad de San Pedro Itzicán, enclavada en la ribera del lago de Chapala, poblado sumido en la extrema pobreza y que ha alcanzado notoriedad por la alta incidencia de padecimientos renales entre sus moradores.

Con la presencia de los secretarios de Salud, Educación, Desarrollo e Integración Social y Desarrollo Rural, todos del gabinete del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, se dará banderazo a diversas acciones de regeneración urbana que van desde el tema de la calidad del agua hasta las escuelas y los proyectos productivos, aseguró en visita a MILENIO JALISCO el titular de Salud, Antonio Cruces Mada.

El funcionario subrayó que de modo paralelo, mientras se mejora sustancialmente la calidad de vida, serán atendidos la totalidad de los enfermos de la población de ocho mil habitantes, y se detallarán los estudios para determinar con mayor precisión la causa de la elevada incidencia de problemas renales.

Consideró que el agua, aunque sea termal, no es por sí sola una explicación satisfactoria. La dependencia a su cargo, la Comisión Estatal del Agua (CEA) y el ayuntamiento local han levantado muestras y han analizado en laboratorios certificados la calidad del líquido, el cual presenta problemas de temperatura y olores que se ha resuelto satisfactoriamente con la torre de enfriamiento que existe en el sitio. El único componente con ligera incidencia por encima de lo normal es el fluor, pero este no explica los problemas renales, sino el deterioro de las dentaduras. “En la región de Los Altos tenemos presencia de flúor hasta diez tantos más, y el problema nunca es renal sino de daños a las dentaduras de muchos habitantes”, explicó el responsable de la CEA, Luis Aceves.

No se descartan dentro del coctel de factores desde situaciones genéticas (por endogamia) hasta desnutrición y costumbres inadecuadas, “por ejemplo, a veces desconectan la enfriadora para tener agua caliente, y eso es algo que no se ha podido resolver”, dijo Cruces Mada.

También tendría que ver el uso indiscriminado de leña y plásticos como combustible, en cocinas que no cuentan con respiradero y hace que toda la familia quede expuesta a este tipo de emisiones.

“Queremos dejar claro que vamos a trabajar para resolver los problemas y dar con las respuestas; como un primer ejemplo, ya está funcionando la planta de tratamiento, la rehabilitamos y la echamos a andar, porque nos preocupa que mejore su vida”, dijo el alcalde de Poncitlán, Juan Carlos Montes Johnston.

jueves, 16 de junio de 2016

No es un hecho el cambio de trazo en carretera costera



“Serán tomadas en cuenta todas las voces”, asegura el funcionario federal, Ruiz Esparza; la secretaria Ruiz Mejía señala que el proceso no está concluido.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Tener una autorización de impacto ambiental para cambiar el trazo en los nueve kilómetros más codiciados de la carretera federal 200, en la costa de Jalisco, no hace ineludible que la obra se vaya a ejecutar, aseguraron ayer, por separado, el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) del gobierno de la república, Gerardo Ruiz Esparza, y la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco (Semadet), Magdalena Ruiz Mejía.

En relación al escándalo por la posible privatización de facto de la ruta pavimentada en la parte sur de la bahía de Chamela, justo frente a los desarrollos inmobiliarios y hoteleros más exclusivos de esta zona del país, Ruiz Esparza, de gira ayer por Guadalajara, aseguró que antes de decidir “se tomará la opinión de todos”.

“Estamos en el análisis. En un momento dado, si el trazo debe de tener una adecuación o no, se está analizando; hay que escuchar también a las diversas voces que se ven afectadas por la obra (…) Está en análisis. Estamos viendo qué es lo mejor y no se ha tomado una definición todavía”. Respecto a la posible privatización, añadió: “Esto de que se entregue a alguien no tengo conocimiento, es una propiedad federal, que necesariamente tiene que seguir bajo la jurisdicción federal. Lo que sí, es que se está analizando qué es lo mejor”.

Por su parte, Ruiz Mejía aseguró: “Nosotros no pudiéramos concluir, ni la propia Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente federal, la instancia que autorizó la manifestación de impacto ambiental de la obra] podría, que está autorizado un cambio de uso de suelo, todavía falta ese procedimiento y se debe requerir en él a la Semadet y al Consejo Estatal Forestal y de Suelos, y si bien no es un proceso vinculante, nos tienen que escuchar, tenemos una selva baja caducifolia y varias unidades de gestión ambiental con un alto nivel de fragilidad ambiental, de características de área natural protegida, con especies en peligro de extinción”.

Sin explicar por qué no intervino la dependencia en el proceso de la MIA [Manifestación de Impacto Ambiental], consideró que el estudio técnico justificativo es “el trámite más fuerte de la Federación, donde nosotros estaremos tomando todos estos elementos […] ya le hicimos del conocimiento de la Federación un trámite posterior [la ruta completa del km 0 al 87] justamente que son unidades de gestión ambiental con características de conservación; allí le pedimos a la Semarnat no interrumpir los corredores biológicos, solicitamos estudios especializados para puntos críticos, así como todas las medidas de alto nivel de mitigación, condicionantes y supervisión ambiental”, sin aceptar un cambio de trazo, aclaró.

Por ello, en los trámites posteriores, “de entrada estaremos al pendiente […] Esto no es nada más de sentido común; en el trazo que nos presentó la Semarnat hay contradicciones, tenemos dos instrumentos, uno pequeño [el de los 9.2 km] y el general; nosotros en el general le hacemos esta serie de recomendaciones, que no son tomadas en cuenta en el pequeño cambio de trazo, entonces la contradicción la tiene que resolver la Semarnat, y en ese inter todavía falta el cambio de uso de suelo, y en ese, estaremos siempre en la postura de salvaguardar los ecosistemas y los lugares de alta diversidad biológica”.

Del tema de la privatización de un bien público, la obra que construyó en 1973 el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, “es una situación que no estaría en mis manos […] se debe de resolver con un alto nivel de transparencia, hablamos de uno de los polígonos de más alto nivel de conservación, a la par de la fragilidad, y uno de los más conocidos e inventariados, no solo en el estado sino a nivel nacional; así que vale la pena que Jalisco junto a la Federación resuelva de manera positiva como se deben de hacer bien las cosas, en relación al tema del manejo del territorio, así que nosotros estaremos actuando en consecuencia”.