martes, 30 de junio de 2015

Ayotitlán aprueba negociación con Peña Colorada



Asamblea ejidal respalda al comisaríado; en caso de que no llegue a un acuerdo, los campesinos nahuas suspenderán las operaciones de la ferrosa más grande del país.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Una mayoría absoluta de la asamblea ordinaria del ejido Ayotitlán, en la región Costa Sur de Jalisco, aprobó este domingo los términos en que se ha comenzado a negociar la vieja deuda histórica que mantiene la minera Peña Colorada con la comunidad nahua de estas montañas, a la cual, a cambio de millones de toneladas de hierro de las entrañas de su suelo, hasta ahora sólo ha pagado con persecución y hostigamiento policiaco, control de la vida interna del ejido a través de corrupción de líderes y algunas migajas para el desarrollo social, según lo señalaron los propios ejidatarios reunidos en el poblado cabecera de sus dominios.

Reunidos más de medio millar de campesinos en la casa ejidal, se leyó y aprobó la propuesta de negociación inicial que se había dado a conocer dos días atrás, en la reunión que se realizó en las oficinas de la Procuraduría Agraria (PA) de Guadalajara, a los representantes del consorcio minero que forma parte de grupo Ternium (MILENIO JALISCO, 27 de junio de 2015), señala el acta manuscrita de la asamblea, con copias en poder de este diario.

Sin embargo, “en caso de que el 6 de julio de 2015 [cuando será la reunión donde la minera responderá a las peticiones del ejido, en la delegación de la PA en Guadalajara] no se llegue a ningún acuerdo con la empresa […] se procederá a hacer efectivo [sic] en su totalidad la suspensión de plano otorgada por el amparo 462/2013 […] en los terrenos pertenecientes al núcleo agrario de Ayotitlán…”.

Es decir, en alrededor de 1,201 hectáreas de superficie ejidal donde opera la mayor parte del proceso de extracción y beneficio de metales, se  deberá suspender cualquier actividad según lo establece el recurso concedido por la autoridad judicial, en tanto se juzga el fondo del asunto: la legítima propiedad de la comunidad sobre sus más de 60 mil ha de dotación y ampliación.

“[…] en caso de llegar a nuevos convenios satisfactorios con la empresa se llegará a aprobar por primera y segunda convocatoria, los nuevos convenios, y como segundo punto, el desistimiento parcial de la suspensión de amparo en los términos de los convenios ya aprobados…” (sic).

Ayotitlán exige el pago de 20 por ciento del valor de cada tonelada de hierro extraída de sus tierras, con un ajuste a los tres años que tiene de interpuesto el juicio de amparo, más apertura para negociar nuevos convenios de ocupación temporal de tierras para verter residuos inertes de la minería, y renta por instalaciones y zona de oficina de la empresa. En la reunión de Ayotitlán se reportaron algunos conatos de violencia interna que no pasaron a mayores, de acuerdo a la versión del asesor legal, Pedro León Corrales.

Profepa no encontró actividades ilegales en el Nevado de Colima



El organismo federal realizó un operativo de inspección en la corta de madera contigua a la brecha El Milanés, pero le documentaron la legalidad del permiso del ejido Huescalapa.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Si bien, es un aprovechamiento que ha sido controvertido por afectar el bosque mesófilo de montaña y los oyametales del Nevado de Colima, con especies protegidas y "de difícil regeneración", el corte de madera que actualmente se realiza en la ladera oriental de la mayor montaña occidental del país está en regla, aseguró ayer la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

La instancia "no detectó actividad de tala ilegal de recursos forestales en los predios aledaños al área natural protegida Parque Nacional Nevado de Colima, tras una inspección realizada al ejido Huescalapa [...] dicha inspección se efectuó con el propósito de verificar el cumplimiento de la ley federal ambiental vigente en materia de aprovechamiento y manejo de recursos forestales, ante la supuesta ejecución de tala ilegal en predios aledaños a la citada área natural protegida. Personal de la Profepa en la entidad acudió al sitio, en donde  observó el derribo y aprovechamiento de ejemplares correspondientes únicamente a la especie Pino (Pinus sp.), no encontrando afectación alguna en individuos del arbolado conocido como oyamel (Abies religiosa) y tilia (Tilia mexicana)", asegura en un comunicado difundido la noche de ayer.

Asimismo, "durante la visita al ejido, se observó a personal realizando el derribo y aprovechamiento legal de arbolado de pino (Pinus sp.) y cargando dos camiones madereros, los cuales serían trasladados a un Centro de Almacenamiento y Transformación de Materias Primas Forestales, ubicado en Ciudad Guzmán. Cabe señalar que el particular presentó la documentación oficial que autoriza el aprovechamiento forestal, emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales".

El ejido citado "cuenta con autorización para el aprovechamiento de recursos forestales maderables de arbolado vivo [...] la Semarnat autorizó en enero del 2015 una modificación al programa de manejo forestal del predio, en la cual se adelanta el plan de corta de los recursos forestales. La modificación consiste en el cambio del ejercicio del aprovechamiento de los rodales correspondientes a la anualidad 2021-2022, para que sean ejercidos en la anualidad 2015, que originalmente se encontraba en receso". Es decir, originalmente en este año no debió hacerse una corta.

"El documento autoriza el aprovechamiento maderable de las especies de oyamel (Abies religiosa), madroño (Arbutus xalapensis),  clethra (Clethra lanata), pino albellano (Pinus douglasiana), pino blanco (Pinus pseudostrobus), encino ancho (Quercus candicans), encino capulincillo (Quercus castanea), encino blanco (Quercus conspersa) y encino amarillo (Quercus magnoliifolia), en el periodo que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015. La autorización fue expedida por la Semarnat en agosto del 2012 y autoriza un ciclo de corta de 10 años, por un volumen total de 5,429 m3 de las especies ya mencionadas, en una superficie a intervenir de 156.68 hectáreas", añade el documento de prensa.

La Profepa anuncia que "realizará en los próximos días la inspección a las áreas de aprovechamiento forestal para los años 2014 y 2015 establecidas en la autorización de aprovechamiento forestal al ejido Huescalapa", para determinar si se han cumplido las condicionantes y el volumen.

Infraestructuras, atraso social e impacto ambiental en AL



Toda la región está inmersa en problemas de gestión social y ambiental de grandes obras, en conflictos para financiarlas, para garantizar su transparencia  y para que el papel regulador del Estado en los servicios públicos no se pierda.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Mark Twain dijo que hay tres clases de mentiras: “las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas”. México integrado a sus socios comerciales de Norteamérica forma parte del mayor mercado del mundo y está en franco camino a la prosperidad, pero cuando se entra en detalles, se advierte la trampa argumental. En realidad, México integrado a América Latina expresa mejor la verdad: es cierto, economía 14 del mundo, pero con 47 millones de pobres, un crecimiento económico mediocre y enormes rezagos en infraestructura y medio ambiente.

La realidad mexicana se comparte mejor con el subcontinente que formó parte de los imperios ibéricos (España y Portugal). Y es justamente esta vasta demarcación que comienza al sur del río Bravo y termina en la Tierra del Fuego, ha sido objeto de la publicación del último informe IDEAL (Infraestructura en el Desarrollo de América Latina), que fue presentado en esta capital en el contexto de la conferencia del mismo nombre que patrocinaron la Corporación Andina de Fomento (que desde la inclusión de México y naciones ajenas a la gran cordillera se denomina Banco de Desarrollo de América Latina) y Nacional Financiera de México (Nafinsa).

Y no es demasiado alentadora; el presidente ejecutivo de CAF, Enrique García, señaló que la región ha pasado de un crecimiento promedio de 6 por ciento anual de su producto interno bruto, apenas 3 por ciento a partir de 2009, con la crisis de la influenza H1N1, y que se acentúa con la desaceleración del crecimiento de China, que pasa de 10 a 7 por ciento anual, por su “efecto duradero” sobre las materias primas que proveía el subcontinente latinoamericano.  Lo cierto es que "la región debe tomar un sendero de crecimiento más alto, de mejor claridad, eficiente, creativo, inclusivo y respetuoso con el medio ambiente”.

Hay expedientes de numerosas obras que generan conflictos sociales y ambientales por no cubrir de modo adecuado los requisitos de resolver los impactos ambientales y de generar una inclusión social que legitime los proyectos y beneficie a las mayorías, añadió. Es decir, casos como la presa El Zapotillo en Jalisco o la hidroeléctrica de Las Cruces en Nayarit, fuertemente cuestionadas por sus efectos colaterales desfavorables para las cuencas de que se alimentan,  no son hechos aislados; tampoco el endeble respeto de las leyes por proyectos de infraestructura como el Macrolibramiento de Guadalajara, que se construye pese a tener su autorización de impacto ambiental “no renovada” desde abril de 2014.

“Los aspectos ambientales y sociales continuaron demostrando ser un factor de la mayor relevancia para la infraestructura, impulsando una mayor conciencia e incorporando su consideración en la agenda del sector. En la región han ocurrido eventos hidrológicos extremos que desafían la provisión de los servicios: inundaciones, derrumbes, sequías en áreas rurales y urbanas. De igual manera ha ido creciendo en la agenda la consideración de la gestión social de los proyectos de infraestructura, impulsada por las dificultades que se encuentran para ejecutar obras –por ejemplo, liberar trazas viales, realizar tendidos de redes eléctricos, montar antenas de telecomunicaciones– si no se las maneja adecuadamente”, apunta al respecto el informe.

José Barbero, consultor del banco y coordinador de IDEAL, destacó que esto ha ocasionado que no se pueda detonar la infraestructura tan necesaria para la región. Actualmente se invierte 3 por ciento del PIB de los países de la zona, pero debería ser al menos de 5 por ciento.  “En otras regiones en desarrollo continúa creciendo a un ritmo mayor; en Asia, por ejemplo, supera 6 por ciento”. Además, se ha llegado al tope de las posibilidades de financiamiento público pero aumentan las posibilidades del financiamiento privado, siempre que no se descuide el principio rector del Estado de los servicios públicos. Sin olvidar el viejo expediente de corrupción que suele ensombrecer la legitimidad de muchas obras.

El documento destaca: “la comparación de la calidad de la infraestructura de América Latina con la de otras regiones del mundo muestra que la brecha sigue siendo significativa (lo que se refleja en la distancia que separa la calidad en nuestra región respecto a los países de mejor desempeño) y que otras regiones mejoran a mayor velocidad (por ejemplo, Europa Oriental y Asia Central). Con las tendencias actuales la expectativa de convergencia es muy lenta: al ritmo presente América Latina tardaría 20 años en alcanzar el nivel de calidad de infraestructura que hoy tienen los países de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE)-sin considerar que ellos pueden mejorar-; por su parte, los denominados países de Asia en desarrollo, que vienen mejorando a un ritmo mayor, tardarían aproximadamente quince”.

Así, “América Latina deberá invertir recursos significativos en el desarrollo de su infraestructura en la próxima década, como una condición ineludible para el avance hacia un nuevo modelo de desarrollo de mayor valor agregado. Los mercados de infraestructura y servicios generados por estas inversiones, ofrecerán también una oportunidad única para fortalecer el desarrollo de las empresas latinoamericanas ya existentes, así como promover el crecimiento de nuevas firmas”. El desafío de la modernización siempre postergada.
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Claves

Cifras y tendencias regionales

América Latina representa 10% de la superficie continental y marítima del globo terrestre, en la que alberga 65% de la diversidad biológica y cultural de la tierra. Según el Banco Mundial, el PIB regional es de 5,657 billones de dólares (2013); la población alcanza 588 millones de personas, el ingreso nacional bruto per capita es de 9.542 dólares por año, su población urbana es de 79%; la esperanza de vida al nacer es de 75 años

La nación más grande es Brasil, con aproximadamente 8.5 millones de kilómetros cuadrados (km2); los países más poblados, Brasil y México, concentran casi 320 millones de personas, esto es, 57 por ciento de la población total. Ambos conforman las economías 7 y 14 del mundo

“Las condiciones macroeconómicas no se presentan tan favorables en la región como en años anteriores; entre las principales causas se encuentran la reducción en el volumen del comercio global, la disminución en los precios de las materias primas, el menor consumo y una mayor incertidumbre en torno a las condiciones financieras internacionales. Un crecimiento más moderado del PIB se ha reflejado en menor incremento en la demanda de servicios, aunque con variaciones muy importantes por tipo de servicio y por país”, destaca el informe IDEAL

Como región predominantemente urbana, el tema de la movilidad “presenta serios problemas, y se va constituyendo en un tema de creciente relevancia en la agenda política. Los tiempos de viaje que afrontan las personas se elevan, debido a la motorización y la expansión urbana, lo cual genera un amplio descontento. Ello a pesar de que ha habido avances importantes en los sistemas de transporte masivos, tanto buses de alta capacidad (ya hay 59 rutas en 19 ciudades) como nuevos metros (Panamá, Quito, Lima) y extensiones de otros existentes”

Otra mala noticia: “El panel mundial que analiza el cambio climático (IPCC) estima que salvo que haya cambios profundos en los patrones de uso, la energía y las emisiones del sector transporte serán en 2030 80% mayor que los niveles actuales. Los vehículos híbridos y eléctricos, que podrían significar un cambio profundo, seguirán teniendo una participación relativamente marginal por varios años”

“Las telecomunicaciones en América Latina muestran un avance continuo en su penetración. La banda ancha fija alcanza a 35,4% de los hogares, con un crecimiento anual del 13% entre 2009 y 2013. Cinco países ya superan el 50% de penetración, y varios alcanzarán una adopción similar en un máximo de tres o cinco años”

Fuentes: BM, IDEAL

lunes, 29 de junio de 2015

Disminuye fauna por la tala en el Nevado de Colima



Las autorizaciones de aprovechamiento que emite Semarnat no consideran la relevancia de mantener hábitat para especies, señala estudio de monitoreo.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los estudios de monitoreo de fauna silvestre que se han realizado en los últimos años en el complejo Volcán de Fuego-Nevado de Colima, demuestra una preocupante disminución en la presencia de diversas especies de aves, murciélagos, mamíferos mayores y reptiles, asociados a zonas donde se están realizando tala de bosque mesófilo de montaña o de bosque de pino y oyamel, sostiene el reporte más reciente en la materia que realizaron investigadores de la Universidad de Guadalajara (Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias).

“La conservación biológica no se concibe aparte o separada de las actividades humanas;  sin embargo para que esto sea posible en esta región se deben endurecer las normas y hacer valer la legislación, detener la corrupción y tráfico de influencias que se han detonado recientemente a favor de la corta de la madera”, subrayan Sonia Navarro Pérez, responsable del programa, y  Emmanuel Guevara Lazcano, autor del informe.

“Se ha reactivado la presión del interés de ajenos a las comunidades locales para convencer a minorías locales en favorecer decisiones para cortar y sobre-explotar especies de árboles, algunas de ellas en peligro de extinción como es el caso del oyamel Abiescolimensis, y de las otras especies del bosque mesófilo como es el caso deCarpinuscaroliniana y Zinowiewiaconcinna, ambas especies de árboles bajo norma oficial por ser especies amenazadas y en peligro de extinción. La vulnerabilidad de estas especies aumenta en la región con las cortas que se licitan por la Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales]  y no se mantiene vigilancia, no se respeta la normativa, con afectaciones importantes tal es el caso de estas especies que son la base que sostiene la entramada biodiversidad local”, añaden.

De este modo, “bajas  y cambios en las capturas del monitoreo con especies indicadoras de casi una década,  es una alarma, el aviso para la actuar y reestablecer las condiciones de equilibrio de la biodiversidad local”, añaden en el informe, entregado en 2014.

El complejo volcánico, muy importante como sitio de conservación y servicios ambientales, ”no obstante los recientes 50 años de corta intensiva de madera a la que se han sometido estos ecosistemas, no se permite la recuperación de los mismos […] ya se dio paso a las cortas y la presión de los recursos forestales”.

El informe alude de modo directo al permiso de corta que se otorgó al ejido de Huescalapa, el cual generó una fuerte polémica desde el año 2012, pero que se ha reactivado debido a la reciente actividad de tala al pie de la brecha principal que conduce al parque nacional, la cual sería, presuntamente, afuera del polígono autorizado, lo que sin embargo, no ha sido frenado por la autoridad federal (ver MILENIO JALISCO, 20 y 28 de junio de 2015).

De manera que “es urgente […] lograr un equilibrio en el uso de los recursos y un enfoque de aprovechamiento sustentable para contar con esta importante diversidad local a largo plazo. La Gobernanza en las áreas bajo protección históricamente ha fallado en esta región, las acciones recientes a favor de la protección de la biodiversidad local han sido incipientes  a partir de que las decisiones de aprovechamientos fuera de norma así como la sobre explotación y actividades ilícitas como la cacería, contaminación, así como la corta de madera que no son reguladas o castigadas para mantener el control”, puntualizan los investigadores.

domingo, 28 de junio de 2015

La tala aún no ha sido detenida en el Nevado de Colima



Profepa realizó un “operativo de inspección” esta semana en la zona que es aprovechada por el ejido Huescalapa, pero no ha publicado ningún resultado.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La denuncia sostenida durante dos semanas por grupos ciudadanos que reclaman la tala presuntamente ilegal de bosques mesófilos de montaña y oyametales en la ladera oriente del Nevado de Colima, no ha sido suficiente para detener el problema.

La delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó a partir del martes 23 de junio, un operativo de inspección en la zona, pero este fin de semana continuaba el descenso de camiones con troncos de oyamel, pino y otras especies. Según dijo a MILENIO JALISCO un funcionario de la estatal Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), la explicación del organismo federal es que el procedimiento no ha sido terminado.

Por su parte, Alejandro del Toro, dueño del predio presuntamente bajo aprovechamiento ilegal, Loma de la Meza, denunció que en el trabajo de la Profepa hay una violación a sus derechos dado que no fue citado para realizar el operativo, pese a detentar la propiedad legal de la zona, por lo cual, aseguró ha interpuesto procedimientos legales ante esa misma instancia, además de un amparo ante un juez de distrito, para impugnar la irregularidad.

La Profepa Jalisco no reconoce haber conocido del asunto sino hasta el pasado martes 23 de junio.

“Fue hasta el día martes […] a las 11:55 horas, que se recibió en Oficialía de Partes de la Delegación Jalisco de la Profepa, una denuncia formulada por el Lic. David Cabrera Hermosillo, procurador estatal de Protección al Ambiente, según oficio número 519/468/15, y en la cual se señala: ‘tala de ejemplares de Abies colimensis y Tilia mexicana, en un área de bosque mesófilo de montaña en el complejo volcánico del Nevado de Colima, en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; señalando que se trata de un aprovechamiento forestal autorizado, pero que se desconoce y no se señala el ecosistema prevaleciente de bosque mesófilo de montaña y a las especies señaladas para su aprovechamiento”.

Asegura la dependencia, en una nota informativa entregada a MILENIO JALISCO, que “previo a dicha denuncia, la Profepa no había recibido ningún tipo de denuncia o reporte, así como evidencias de los hechos referidos, por ningún medio oficial, como se afirma en la nota periodística […] además, en su publicación afirman que esta Procuraduría se comprometió a realizar un operativo de inspección y clausura, hecho totalmente desconocido por los funcionarios de esta delegación”.

Esta afirmación contundente de su presunto desconocimiento del tema, no impide que líneas abajo señalen: “Previo a la recepción de la citada denuncia, la delegación federal de la Profepa en la entidad ya se encontraba realizando las diligencias correspondientes para verificar tales hechos y proceder en consecuencia, con el procedimiento administrativo y medidas de seguridad correspondientes”. Parece que después de todo, los funcionarios sí sabían del problema.

Quien hizo tal tarea fue el delegado estatal de la Semarnat, Sergio Hernández, con quien se habían comprometido a realizar el operativo de inspección y eventual clausura, según la versión que dio el funcionario a este diario el viernes 19 de junio (ver MILENIO JALISCO, 20 de junio de 2015).

La autorización vigente en la zona es del ejido Huescalapa, pero Alejandro del Toro alega que el aprovechamiento denunciado está fuera de las tierras ejidales, lo que ya ha advertido en controversias anteriores. La madera, no obstante, sigue bajando del macizo forestal sin freno aparente, este fin de semana.

sábado, 27 de junio de 2015

Ayotitlán pide 20% del valor mineral de Peña Colorada




Reunión de conciliación en la Procuraduría Agraria, pero los apoderados de la mina niegan un conflicto con la comunidad nahua. La respuesta por la minera se dará el 6 de julio. En la foto, la extracción minera

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

El ejido Ayotitlán pretende un viraje de fondo en sus relaciones históricas con la minera hoy transnacional Benito Juárez-Peña Colorada, que explota un yacimiento ferroso en los límites conflictivos de Jalisco y Colima que da más de cuatro millones de toneladas al año: ayer reclamó 20 por ciento del valor pagado por cada tonelada, nuevos contratos de ocupación temporal de tiraderos de material inerte y respeto a la libertad de tránsito de los nahuas en sus propios territorios.

En una reunión encabezada por el delegado de la Procuraduría Agraria en Jalisco, Gonzalo Moreno Arévalo, y con la asistencia de los representantes de la empresa, Kandice Fajardo Flores –apoderada legal- y Carlos Flores Valadez López; el representante del ejido, Pedro León Corrales, leyó la propuesta que hace el núcleo nahua para resolver el litigio que enfrenta a ambas entidades, y que por ahora, significa una “suspensión de plano” que evita ejercer las concesiones mineras en el territorio del pueblo de la sierra de Manantlán.

El representante, acompañado por los miembros del comisariado ejidal de Ayotitlán y de diversos ejidatarios, destacó que la condición previa indispensable para el arreglo es que “se cumplimente la ejecutoria del 19 de septiembre de 2014, que suspende las concesiones mineras, las concesiones de aguas y descargas y el permiso ambiental en una superficie inicial de 1,201 hectáreas, incluyendo el respeto al libre acceso a los terrenos del ejido”, en el contexto del juicio de amparo 462/2013.

En segundo lugar, “pago por la extracción de material minero [sic] en los terrenos del ejido, con un porcentaje de 20 por ciento por tonelada sobre el precio del fierro”, lo que debería aplicar a partir de la interposición del juicio, en 2013, con la idea de negociar al menos lo que se ha explotado desde 1975. Un tercer aspecto es que les paguen renta por los terrenos donde se ubican las oficinas del consorcio y el terreno donde se ubica el molino, dado que son parte de la dotación de Ayotitlán.

Un cuarto aspecto es que les paguen el uso del terreno para la concesión del agua y las descargas; un quinto aspecto es que la empresa comparta las concesiones mineras para desarrollo futuro del ejido a partes iguales con el ejido. Son nueve tantos el terreno hasta ahora ocupado por la industria: doce mil ha.

Finalmente, desconoce los convenios de renta de terrenos de material inerte y pide se hagan nuevos, pues no fueron aprobados por la asamblea general de ejidatarios.

Los enviados de la minera recibieron la propuesta pero desconocieron el conflicto legal. “No creo que sea el momento ni la plataforma para enfrentarse y discutir cuestiones de fondo y de naturaleza técnica y legal; nuestra postura es venir y escuchar, determinar de qué estamos hablando, la postura de la empresa, es que nosotros no tenemos un conflicto con el ejido”, dijo la apoderada legal, lo que ocasionó irritación entre las autoridades ejidales.

“Atendemos esto por respeto a la institución y a todos ustedes, y nuestra respuesta, la única que podemos dar en este momento, es llevar esta información a la empresa”, reiteró. La cita de respuesta fue fijada el lunes 6 de julio. Los ejidatarios se reunirán a discutir el tema mañana en su comunidad.

El Ahogado también carece de inversión para lluvias



Millón y medio de habitantes en riesgo permanente por 60 puntos de inundación. La Conagua ha recibido muchos de los proyectos ya completos, pero han faltado recursos económicos para ejecutarlos

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Las grandes obras de regulación pluvial del valle de Toluquilla, donde actualmente se da la más fuerte expansión urbana de Guadalajara, carecen hasta ahora de recursos financieros para ser construidas, pese a que desde hace al menos cinco años se estableció la necesidad de contar con al menos 4,200 millones de pesos para construirlas.

De este modo, cerca de 1.5 millones de habitantes de la zona, que forma parte de los municipios de Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque y El Salto, viven durante el temporal en riesgo permanente por al menos 60 puntos de inundación que han sido detectados por una investigación del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial de la UdeG.

“Son obras que se establecieron desde la anterior Administración, y de las que se han ido elaborando proyectos ejecutivos; las hemos entregado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y están en espera de recibir los recursos”, explicó Armando Muñoz Juárez, director de cuencas y sustentabilidad de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

La CEA tiene un amplio diagnóstico de la situación en El Ahogado, con una serie de acciones en cinco grandes rubros, dentro de las cuales, destaca la adquisición y restauración de los canales de riego y las presas de la zona, de manera que recuperen su papel hidrológico y sirvan para desahogar las demasías de agua sin ser acompañadas por las inundaciones desastrosas de cada temporada. Son inversiones que rondaban en 2011 alrededor de 4,200 millones de pesos, y que actualizadas a la inflación, promedian ahora cinco mil millones de pesos.

Así, la ciudad completa, con sus ocho municipios conurbados, ha dejado de recibir inversiones por diez mil millones de pesos que habrían resuelto arriba de 90 por ciento de sus problemas de inundaciones. “Para ser una ciudad que recibe alrededor de un metro de agua por año, no es normal que haya  tantos problemas de inundaciones, estas se deben al modo inadecuado en que se ha dado el desarrollo urbano”, dijo hace dos días en MILENIO RADIO el meteorólogo de la Universidad de Guadalajara, Angel Meulenert.

El valle de Toluquilla, hidrológicamente la cuenca de El Ahogado, es una extensión cercana a 500 kilómetros cuadrados hasta hace un par de décadas de uso predominante agrícola. Las nueve presas y tres vasos menores que allí existen, junto con arroyos y canales, eran un sistema de conducción de agua. Cuando empezaron a abrirse grandes fraccionamientos, a partir de 1990, se debió afrontar el problema de que no fue un sistema diseñado para los problemas de agua urbana.

La CEA elaboró un diagnóstico para resolver por cinco capítulos los grandes problemas hidráulicos de la integración de este amplio valle a la ciudad de Guadalajara. El programa completo da 45 acciones y un financiamiento de 4,200 millones de pesos.

Para resolver el problema de fondo de la cuenca, que incluye la adquisición de vasos —todos son propiedad privada o social—, recuperación de cauces a tamaños indispensables para al menos 100 años de periodo de retorno, resolver los cruces de los arroyos que descargan al canal de Las Pintas, así como los trabajos de desazolve y reforzamiento de bordos. Ese gran paquete fue dividido en cinco capítulos con 45 acciones en total. El primero, “la recuperación de los vasos de nueve presas, tres vasitos y cauces y arroyos más importantes, requiere de 2,600 millones de pesos.

Segundo capítulo, demolición de construcciones que obstruyen el agua: puentes peatonales, bicicleteros o de carros, no cumplen ninguna capacidad hidráulica y entrampan el libre cauce. Se trabajó en los puentes ubicados en El Muey, Mexichen, dos particulares enclavados en la carretera a El Salto, Jardines del Castillo; se retiró otro en Las Pintas, frente a Haciendas del Cuatro, y dos puentes sobre Arroyo de En medio, al que le restan siete más

Tercer capítulo, acciones en el vaso de la presa El Ahogado: recuperar su capacidad de regulación de quince millones de metros cúbicos (hoy está a la mitad). Por ahora sólo se ha reforzado la cortina. Se calcula que desazolvar siete millones de m3 costaría cerca de 20 millones de pesos.

Cuarto. Liberar los cruces sobre el canal de Las Pintas. El SIAPA da mantenimiento pero falta hacer obras definitivas. Quinto, acciones en el río Santiago. La Secretaría de Desarrollo Rural terminó el proyecto ejecutivo del comportamiento del río.

viernes, 26 de junio de 2015

Pérdidas por lluvias, cerca de 5 mil mdp en ocho años



Tan sólo en la zona correspondiente a la gestión del SIAPA. Postergación de inversiones para 56 proyectos de regulación pluvial hacen que el agua sea el elemento de desastre más importante de la ciudad. Buscan 1,654 mdp para 2016

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

En los últimos ochos años, la zona metropolitana de Guadalajara acumula pérdidas por alrededor de 4,800 millones de pesos  por daños al patrimonio de miles de tapatíos, ocasionados por las lluvias intensas, además de un promedio de cinco muertes anuales. Si ese dinero se hubiera invertido en infraestructura para aguas pluviales, se habría reducido en 95 por ciento el impacto de estos desastres.

Sin embargo, no ha habido un solo peso para ejecutar los 56 proyectos que conforman el Programa Integral de Manejo de Aguas Pluviales (Promiap),que publicó el SIAPA en 2007, fruto de un largo y concienzudo trabajo técnico para determinar el modo de resolver 73 puntos de inundación que padece la metrópoli, tan sólo en la zona que es gestionada por el organismo operador, correspondiente a los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan (aunque no en las zonas rurales de estas demarcaciones).

Realizar la totalidad del Promiap para minimizar los perjuicios a la población costaba en 2007 alrededor de cuatro mil millones de pesos; ahora demanda 5,055 millones de pesos, dado el costo inflacionario acumulado.

El pasado 16 de junio, el SIAPA entregó al presidente de la Comisión de Agua Potable  y Saneamiento de la cámara de diputados, Kamel Athié Flores, un oficio en que detalla las necesidades por ocho años pospuestas; la idea es que se apruebe para el ejercicio 2016 una primera remesa con los proyectos más urgentes: 29 obras cuyo costo es de casi 1,654 millones de pesos. No es la primera ocasión en que se plantea.

“Tanto con el presupuesto 2014 como con el 2015 se hizo la misma petición, pero los problemas económicos en el país no permitieron asignar dinero; estamos haciendo el esfuerzo por convencer a los diputados de lo importante que puede ser sacar los primeros proyectos; una estimación muy gruesa es que si se logra hacer ese paquete de obra, habremos reducido en 40 por ciento el problema”, señaló ayer el director técnico del SIAPA, Alejandro Gutiérrez Moreno.

“El Promiap nace como un gran ejercicio con técnicos de todo el mundo, en un planteamiento o un listado para atender los puntos más críticos de inundación, con el tiempo se fue generando la ingeniería básica para proyectos ejecutivos; lo que estamos señalando como prioridad son estos proyectos ya afinados, para dar un primer empujón al asunto. La priorización plantea los puntos más urgentes de atender, que forman parte de la cuenca de Atemajac, la zona de López Mateos y Plaza del Sol, el Deán y la colonia Ferrocarril, la zona de la glorieta del Charro y San Rafael, y lo que son sitios de San Andrés, Oblatos, San Gaspar y Osorio, donde año con año tenemos problemas”, añadió (ver detalle en tabla anexa).

Las obras consisten en construcción de colectores pluviales, tanques reguladores y recuperación de arroyos naturales, de manera que se garantiza la conducción del agua, pues hay momentos en tormentas extremas que pueden acarrear en tan sólo una hora una corriente con 1.2 metros de altura, la cual se acumula en las zonas bajas y llega a generar inundaciones de metro y medio.

Las 90 horas más extremas del año, en promedio, contienen 62 por ciento de la lluvia diaria, lo que hace problemático manejar el enorme volumen de agua. Esto se debe a que la urbanización de la ciudad borró arroyos y ríos naturales, que fueron entubados en colectores de algunos m3 de capacidad, y les tendió pavimento encima. Sin embargo, como dicen los viejo, “el agua siempre reconoce”.

¿Cómo se llega a calcular 4,800 millones de pesos de pérdidas en ocho años? El diagnóstico del Promiap establece que cada año los daños patrimoniales promedian 600 millones de pesos. “Se dan impactos negativos sobre 2,800 viviendas y 650 establecimientos comerciales al año; se pierden 35 automóviles y 440 mil horas-hombre”, destacaba en 2011 el consultor en hidrología Carlos Hernández Solís (MILENIO JALISCO, 11 de junio de 2011). La historia pudo cambiar en estos ocho años. Pero ni la sociedad ni los gobiernos lo consideraron lo más importante para la ciudad.



UNA ASPIRINA DE 17 MDP

Que no haya dinero para financiar 46 obras de infraestructura básica no significa que el SIAPA se deba quedar “de brazos cruzados”. Cada año, sus trabajadores limpian de azolve bocas de tormenta, canales urbanos, y estructura de captación pluvial de los pasos a desnivel, además de los sifones que se ubican bajo la línea 2 del tren eléctrico urbano.

En 2015, para limpiar 16,096 bocas de tormenta (con una extracción de 20,292 metros cúbicos de lodos), 8,459 metros de canales urbanos (con 20,493 m3 de azolve); así como 832 m3 de azolve extraído de los túneles vehiculares y 520.5 m3 de los sifones (estructuras de desvío de los colectores que atraviesan de norte a sur la avenida Javier Mina), se aplicaron 17 millones de pesos, lo que permite enfrentar en mejores condiciones las lluvias extremas.

Estos arrastres se van acumulando a lo largo del año, pero se agravan con el uso como tiraderos de basura de las calles, alcantarillas y canales a cielo abierto, donde incluso elementos tan grandes como partes de automóvil, llantas y colchones llegan, sobre todo en los asentamientos más marginados de la metrópoli, en las periferias de los municipios, destaca el organismo operador.

jueves, 25 de junio de 2015

Constructoras de El Zapotillo reciben “extrañamiento”



Medio centenar de expertos de España cuestionan trasvase a León. Abengoa y FCC, responsables de la construcción de la presa y del acueducto desde Los Altos de Jalisco a León, recibieron ayer carta abierta

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Medio centenar de profesores y representantes de movimientos sociales españoles se solidarizaron ayer, en una carta abierta entregada en las transacionales españolas de la construcción, Abengoa y FCC,  con la lucha de alteños en México contra la construcción de la presa El Zapotillo y el trasvase de agua desde ese embalse a la ciudad de León, en perjuicio de los derechos y el estilo de vida de más de 800 mil habitantes que generan más de 20 por ciento de la proteína de origen animal del país.

Ayer, a las 16:30 horas, tiempo de Madrid, en la sede de Abengoa (Castellana 43 esquina con General Martínez Campos) se entregó la misiva e expertos en la problemática de la gestión de aguas de España, en la que se cuestiona a la multinacional española por su directa responsabilidad en el proyecto, cuya viabilidad económica, social y ambiental ha sido debatida por diversos informes de las universidades mexicanas y del Observatorio Ciudadano del Agua de Jalisco, el cual subraya “transgresiones de derechos humanos” que se han generado a lo largo de la construcción de la represa, incluido un informe crítico del Observador de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación.

“Este proyecto supondrá, además, la privatización del agua del Río Verde, la inundación de los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo,  y, a medio y largo plazo, la ruina del importante tejido ganadero de la región de Altos de Jalisco”, destacan. “Resulta imprudente y técnicamente inaceptable proyectar expectativas de caudales a trasvasar sin tomar en cuenta los fuertes impactos del cambio climático en la región, que la propia Administración mexicana reconoce”. No es la primera vez que la empresa Abengoa se encuentra involucrada en un proyecto social y medioambientalmente conflictivo en América Latina, ya que en 1999 formó parte del consorcio internacional de empresas que impulsaron la privatización del agua en Cochabamba, Bolivia, y que dio lugar a una “guerra del agua”.

En el acto de entrega participaron Juan Guillermo Márquez, presidente del Observatorio Ciudadano del Agua de Jalisco (México); Joan Martínez Alier, catedrático de Economía e Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona; Fermín Villarroya, miembro del Observatorio Ciudadano del Agua de Jalisco, México, y profesor de la Universidad Complutense de Madrid y Pedro Arrojo, miembro del Observatorio Ciudadano del Agua de Jalisco, México, y profesor de la Universidad de Zaragoza

Del asunto ha sido enterado Orencio Vázquez, Coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, al que le fue presentado un completo informe sobre el proyecto en cuestión y las actividades en Jalisco de FCC y Abengoa.

El texto completo de la misiva es el siguiente: "Los abajo firmantes, investigadores, expertos y estudiosos en materias relativas a la gestión de aguas en España, dirigimos esta carta abierta a las empresas españolas Abengoa y FCC. Sobre la base de la información publicada por el Observatorio Ciudadano del Agua de

Jalisco respecto al proyecto de la Presa del Zapotillo–Trasvase a León Guanajuato en México, y desde el respeto a la soberanía del pueblo mexicano y sus instituciones, queremos manifestar nuestra preocupación por la implicación de las empresas españolas Abengoa y FCC en este proyecto, en el que no se está garantizando el respeto a los derechos humanos de las poblaciones afectadas de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, tal y como advirtió el relator de Naciones Unidas, Olivier de Schutter, y con él se está poniendo en riesgo el futuro de la región de Altos de Jalisco. A pesar de la oposición razonada de los pobladores y de muchos grupos sociales y expertos en Guadalajara y en todo México, FCC ha avanzado en la construcción de la presa, mientras Abengoa se dispone a construir el acueducto".

Considerando que, 1 "constituye una grave contradicción declarar excedentaria la cuenca del río Verde y proyectar este trasvase, sin existir estudios serios sobre los acuíferos de la región que,por otra parte, se consideran gravemente sobreexplotados". 2 "Resulta imprudente y técnicamente inaceptable proyectar expectativas de caudales a trasvasar sin tomar en cuenta los fuertes impactos del cambio climático en la región, que la propia Administración Mexicana reconoce". 3, "resulta preocupante que dicho proyecto establezca como prioritario trasvasar caudales hacia la próspera zona metropolitana de León-Guanajuato, ignorando las necesidades y la vulnerabilidad del tejido agropecuario de Altos de Jalisco, una zona semiárida que produce 25 por ciento de la proteína animal de Méjico, bajo el creciente riesgo de fuertes sequías por cambio climático en las próximas décadas". 4, "el proyecto de trasvase impone la privatización del agua del trasvase, que pasa a ser una simple mercancía y un negocio en manos de Abengoa, empresa que ya estuvo implicada en la privatización del agua y en la Guerra del Agua de Cochabamba (Bolivia), desacreditando la imagen de España en América Latina y suscitando viejos fantasmas coloniales".

5, "el hecho de que estas compañías españolas participen activamente en desplazar a la fuerza a los pobladores, afectando a sus derechos humanos, y poniendo en riesgo el futuro de Altos de Jalisco con un trasvase que en Europa sería impensable, resulta contradictorio con esos principios de responsabilidad social y ambiental corporativa que esas empresas pretenden ostentar". Por todo ello, "pedimos a ambas empresas que se retiren de este proyecto, que tanto daña la imagen de nuestro país en América Latina, al tiempo que les instamos a cambiar su estrategia empresarial a nivel internacional, asumiendo un compromiso riguroso con la defensa de los derechos humanos, el respeto a los pueblos y el principio de sostenibilidad en la gestión de ríos y ecosistemas acuáticos desde la perspectiva del cambio climático en curso".


miércoles, 24 de junio de 2015

Los conflictos mexicanos dominan agenda de la CCA



Paolo Solano, consultor jurídico del organismo multinacional, reconoce que 12 de 22 expedientes de hechos son de este país; consultor jurídico señala que podría reflejar la escasa solución de conflictos ambientales por tribunales mexicanos

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Que la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte (CCAAN) tenga predominio de asuntos mexicanos entre sus “expedientes de hechos” -12 de 22 emitidos en dos décadas de existencia del organismo- revela el modo en que se resuelven los conflictos ambientales al interior de cada uno de los tres países firmantes del Tratado de Libre Comercio de la región, considera el oficial jurídico de la Unidad sobre peticiones ciudadanas de la entidad multinacional, Paolo Solano.

“Lo que nosotros hemos visto es que el mecanismo de peticiones está más vivo en México, que en los demás lados [Estados Unidos y Canadá]; hay mucha más confianza aquí que en otras regiones donde tienen tribunales ue les dan acceso a mecanismos jurisdiccionales que les resuelven el problema de manera definitiva; aquí en México, apenas está emergiendo está posibilidad de acudir a un tribunal que les resuelva un asunto de carácter ambiental de forma clara”, señala el funcionario, quien acudió a Guadalajara a la presentación del expediente de hecho Chapala II, concluido en 2012.

¿Los ciudadanos de Estados Unidos y Canadá confían más en su sistema de justicia?

- Sí, confían en que sus jueces les van a resolver […] nosotros no somos jueces, no nos pueden ver como jueces, y no lo pretendemos; pero cuando aquí [en México] les escuchan la petición -el radio de impacto de la CCA es trinacional, en tres idiomas-, el eco es mayor al que hubieran tenido en otro lado, para eso sirve el mecanismo.

México apenas transita a una estructura de tribunales tanto del fuero común como el federal que tomen en cuenta los convenios y tratados internacionales de carácter ambiental y en materia de derechos humanos, a raíz de la reforma constitucional del año 2011, que valida de forma plena el carácter constitucional de esos compromisos del Estado mexicano. A partir de entonces, sobre todo en juicios de amparo, el tema ha adquirido una relevancia superior al que se le otorgaba en el pasado.

Paolo Solano reconoce en entrevista con MILENIO JALISCO las críticas a los “expedientes de hechos” por la cortedad de su alcance. Pero asegura que las cosas cambian: hay un compromiso de que los que se emitan a partir de ahora, tengan garantizado un seguimiento a un año, y no se limiten a su publicación, como sucedió con Chapala. Tampoco se puede demorar tanto un expediente en determinarse: Chapala fue interpuesto en 2003, fue propuesto en 2005 a los ministros ambientales y determinado en 2008. El expediente se publicó en 2012 tras una gran resistencia informativa de las autoridades mexicanas, en especial, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Mucho ayudó a subsanar lagunas informativas el ejercicio ciudadano en materia de transparencia, recuerda el experto.

“Lo del seguimiento es un compromiso que está en la declaración  ministerial, de la reunión de consejo del año pasado; los tres ministros se comprometieron a dar seguimiento a las peticiones que han sido incluidas, en el plazo de un año, y eso no se había dado antes, es inédito […] qué pasó con el asunto, por lo menos ya la parte [el gobierno del país estudiado] tiene que presentarlo, una vez que esté concluido, y establecer qué se ha hecho al respecto. Yo lo que esperaría de parte del público es que sigan insistiendo en el seguimiento de los expedientes”, subraya.

No obstante, el caso de Chapala no se beneficia de ese acuerdo. “Para ser francos, no creo que tengamos un seguimiento, y de hecho, hubo un reporte que se presentó por parte del gobierno de México sobre esta petición; la crítica que se le ha hecho es que no es independiente,  porque no es un órgano independiente, es el propio gobierno que dice: yo les hago una presentación, sobre lo que considera que es pertinente […] lo que nosotros queremos hacer es encauzar ese seguimiento, no reportes sobre otras cosas sino sobre el tema que le interesa al peticionario; si hubo un reporte en el caso de Chapala, no se hizo público, entonces tiene que hacerse público, es importante que la reunión se abra al público, que el reporte se haga sobre temas que aparecen en el expediente, porque el caso que presentó México fue el caso del río Lerma, y las mejoras son en esa zona, pero el caso del Lerma no está en el expediente, no teníamos permitido nosotros entrar al Lerma, entonces hay una falta de conexión entre el expediente y lo que se va a reportar”, explica.<

- ¿Cómo pueden reclamar los ciudadanos que demandaron el expediente, que haya un seguimiento al caso Chapala II?

- […] no tenemos esa ventana de manera institucional o dentro del acuerdo, lo que sí pueden hacer es acercarse a los ministros, y al Comité Consultivo Público Conjunto […] ellos sí tiene la posibilidad de dirigirse directamente al consejo y hacer una recomendación, creo que sería una vía idónea para lograrlo.

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SOLICITARÁN SEGUIMIENTO A CHAPALA II

El Instituto de Derecho Ambiental (Idea) aprovechará la reunión de los tres ministros de medio ambiente en Boston, Estados Unidos,  el 15 de julio próximo, para solicitar un seguimiento especial al caso Chapala II, expediente de hechos que demoró diez años en publicarse en medio de una fuerte opacidad institucional, dijo la presidente del organismo, Raquel Gutiérrez Nájera.

Tras presentar el reporte de la región hidrológica Lerma-Santiago Pacífico, en cuyo corazón está enclavado el mayor lago del país, la doctora en derecho consideró esencial pugnar porque haya respuestas del gobierno mexicano a la demanda de cumplimiento de la legislación ambiental en materia de calidad y cantidad de agua que recibe el embalse natural, fuertemente presionado por los usos productivos de la cuenca del Lerma.

Paolo Solano, enviado de la CCAAN, reconoció las limitaciones institucionales. “No, no nos podemos mandar solos, lo puede hacer si nos llega una petición ciudadana y yo tengo que tramitarla, a tiempo; tengo 30 días para solicitar una respuesta, los tiempos están muy medidos, necesitamos sacar un expediente de hechos,  que nos saldría en un tiempo más razonable, en el transcurso de un año, y no en diez como es el caso de Chapala, que es inaceptable”.

El consultor sobre peticiones ciudadanas señala que incluso no se requiere viajar a Boston, porque la reunión de los ministros ambientales estará en línea, y es posible plantear peticiones y preguntas también en línea, lo cual llega a los responsables de la política ambiental que tienen la facultad de ordenar el seguimiento a la comisión.

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CLAVES

Una historia de opacidad

La Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte es una instancia creada a instancias del tratado comercial de los tres países, en busca de identificar y minimizar los impactos ambientales del libre comercio sobre el patrimonio natural y la salud de la población de la región, y la encabezan los responsables del sector en cada nación: el ministro ambiental de canada, el director de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, y el secretario de Medio Ambiente mexicano

La próxima reunión de los ministros será en Boston, y es una oportunidad para plantear el seguimiento que no se ha hecho del “expediente de hechos” Chapala II, cuya historia significa un importante recuento de la negación de información de entes públicos, en particular, la Comisión Nacional del Agua (Conagua)

a petición original partió de la Fundación Cuenca Lago de Chapala Santiago, en 2003, y fue engrosada con trabajo del Instituto de Derecho Ambiental (Idea); su aceptación demoró al año 2005, y la determinación del consejo del secretariado del organismo trinacional se tomó hasta 2008, para arrancar con los trabajos

El 12 de septiembre de 2008, el Secretariado envió solicitudes de información a diversas entidades gubernamentales en México.  El 1 de diciembre de 2008, “México respondió a la solicitud de información del Secretariado y notificó que la información presentada debía ‘excluirse del expediente de hechos’ debido a su carácter confidencial”

De este modo, “hubo que acudir a sistemas de solicitud de información federal y del estado de Jalisco [Infomex-Federal e InfomexJalisco, respectivamente], un consultor contratado por el Secretariado solicitó información que sirvió para la elaboración de este expediente”.

Así, “la información se obtuvo a partir de los sitios web de Infomex; del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos [consulta realizada el 17 de mayo de 2012], y del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Jalisco [el mismo día]”.

El expediente de hechos Lago de Chapala II, acredita la escasa inversión pública para afrontar el deterioro de la calidad del agua, las omisiones al aplicar la ley a industrias altamente contaminadoras, la casi inexistente plantilla de inspectores y el intermitente monitoreo de la calidad del agua de la región

martes, 23 de junio de 2015

Peña Colorada faltó a la segunda cita de conciliación



Hay una tercera cita para el viernes que entra; los ejidatarios se reservan el derecho de ejecutar la suspensión de plano que les favorece y que impide a la minera extraer y beneficiar hierro de la zona.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

No se realizó la segunda reunión de conciliación entre ejidatarios de Ayotitlán, Costa Sur de Jalisco, y la minera Peña Colorada, la principal productora de hierro del país, con arriba de cuatro millones de toneladas de producción anual que está en riesgo de paralizarse como efecto de la suspensión judicial emanada del juicio de amparo 462/2013 de la comunidad agraria.

No obstante que dicho juicio afecta la mayor parte del yacimiento que explota la empresa, que incluso tiene sus oficinas dentro del polígono de la dotación del ejido nahua, los funcionarios del consorcio aludieron a lo apretado del tiempo entre la invitación y la fecha de la reunión como argumento para no presentarse, lo que generó irritación entre los miembros del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia del ejido.

En el acta de comparecencia de la cita de ayer, a las 12 de la mañana, se señala que los campesinos fueron recibidos por el delegado de la Procuraduría Agraria en Jalisco, Gonzalo Moreno Arévalo, y por la jefa de residencia en Autlán de Navarro, Edith Araceli Pérez Álvarez, además de la comitiva de Ayotitlán, encabezada por , Ernestino Ciprian Ocaranza, Roberto Cobián Gutiérrez y Dionisio Elías de los Santos, presidente, secretario y tesorero de la comunidad, y por su asesor legal, Pedro León Corrales.

El delegado explicó que apenas por la mañana se había recibido la disculpa del consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada “por cuestiones de agenda previamente programada [y] por la poca anticipación [con que] se les notificó [de esta cita]; por lo cual solicita que se difieran las pláticas con los ejidatarios para el día 26 de junio a la hora que les resulte más conveniente”, según señala el acta levantada de la reunión de ayer.

La dirigencia ejidal aceptó el nuevo plazo y quedó firme para las doce horas de esa fecha, pero esperan que los representantes de la minera tengan capacidad de decisión “y [de] establecer los acuerdos necesarios  […] los ejidatarios se guardan el derecho de hacer valer la ejecutoria de amparo para el libre acceso a sus tierras”.

Los campesinos reiteran el método de presión que ha seguido la empresa para suscitar el desistimiento del juicio, pero por lo contrario, se ha dado una ratificación del mismo y el juez IV de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo está obligado a llevarla a cabo, lo que afecta la totalidad de las fases de operación del aprovechamiento ferroso.

domingo, 21 de junio de 2015

Sin transparencia, la contaminación de 741 empresas



Tampoco hay precisión de la enorme contaminación de la agricultura industrial y es igualmente opaco el caso de la actividad minera, destaca informe.

Agustín del Castillo / Guadakajara. MILENIO JALISCO. 

Alrededor de 741 grandes empresas son las principales demandantes de agua en la región hidrológica Lerma-Santiago-Pacífico, en donde está enclavado 99 por ciento del  estado de Jalisco; pero la autoridad no ofrece datos transparentes que permitan saber cuáles de estas tratan sus aguas y con qué clase de procesos, señala el informe sobre la región que elaboraron el Instituto de Derecho Ambiental (Idea) y la Alianza Mundial de Derecho Ambiental.

El documento fue presentado formalmente el pasado 18 de junio en el paraninfo de la UdeG, con el aval del rector de la casa de estudios, Tonatiuh Bravo Padilla; MILENIO JALISCO obtuvo una copia.

En el texto se aborda un amplio diagnóstico del tema agua en la región de 190 mil kilómetros cuadrados (tan grande como Nicaragua, Costa Rica y Belice juntos); si bien, la industria regional sólo consume 3 por ciento del agua que corre en las cuencas de la zona, es potencialmente la que genera efectos de contaminación más fuertes y duraderos, debido a la presencia de metales pesados. El otro giro de usuarios que genera gran contaminación no debidamente determinada es la agricultura, debido al uso de grandes cantidades de agroquímicos en algunos casos altamente peligrosos para la vida humana. Como usuario, se trata del principal: 82 por ciento de toda el agua usada.

Si se pretende saber cómo se usa el 3 por ciento industrial, la información oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señala empresas en los giros de la química, petroquímica, celulosa y papel y alimenticia. Se menciona que la mayor demanda de uso de agua parte del sector alimenticio -bebidas y tabaco- con 30 por ciento; la industria azucarera con 16 por ciento, y la industria de substancias químicas y derivadas de petróleo con 11 por ciento.

Como agregado, “la Secretaría de Economía señala que existen al menos 1,753 empresas instaladas que van del rango de 11 a 50 empleados (mediana empresa) y de 51 en delante  en los ramos de la industria de plástico, textil, papel, bebidas, automotriz, curtidos y piel, cervecería, metalmecánica, alimenticia, materiales pétreos, química, petroquímica y tequilera, además de la minería”, añade el texto.


“El dinamismo industrial de la región no está reflejado en los dos diferentes programas hídricos regionales [que elaboró y publicó la Conagua en 2006 y 2012] para determinar sus aportes en la externalidades relativas a la contaminación de la misma”, lo que constituye un punto oscuro que no permite mejorar el tema de la planeación, señalan los investigadores, coordinados por la presidente del Idea, Raquel Gutiérrez Nájera, y el asesor externo de la Alianza Mundial de Derecho Ambiental, Pedro León Gutiérrez.

El documento destaca que en la región, la actividad minera es muy importante, “existen en el territorio de la región 35 minas en producción, 28 postergadas y 108 en etapa de exploración, predominando el beneficio de oro, cobre, fierro, plata, zinc, plomo, antimonio […] las externalidades de esa actividad tampoco están identificadas, a pesar de las materias y substancias peligrosas que se utilizan en los procesos para obtener metales”, puntualizan.

Industrias de la región

La región Lerma-Santiago Pacífico está integrada por la práctica totalidad territorial de los estados de Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Querétaro y Colima, y amplias porciones de Durango, Michoacán, Zacatecas y México

La gran industria la integran 741 empresas divididas en los siguientes ramos: 90 del plástico, 93 textil, 50 del papel, siete de bebidas gaseosas, 60 automotriz, 95 de curtido y acabado de piel, 17 cerveceras, tres centrales termoeléctricas, 37 del ramo metal-mecánico, 110 de alimentos, 18 de materiales pétreos, 53 de la química, 70 petroquímicas, y una refinadora de petróleo, así como 37 mineras

La industria mediana está dividida del siguiente modo: 256 del plástico, 108 textiles, 53 de papel, 11 de bebidas gaseosas, 27 automotrices, 10 peleteras, dos cerveceras, 58 del ramo metal mecánico, 103 procesadoras de alimentos, 39 de materiales pétreos, 97 de química y 100 petroquímica, para un total de 854 empresas

sábado, 20 de junio de 2015

Talan ilegalmente bosques en el Nevado de Colima



No hay permisos vigentes en la zona de corta, según la Semarnat. La Profepa se comprometió a actuar pero ayer continuaba la extracción; propietario denuncia invasión de su propiedad por talamontes

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

El Nevado de Colima, la montaña más alta del occidente mexicano y poseedora de ricos bosques de oyamel y de niebla, sigue como objeto oscuro del deseo de los talamontes de la región, que ayer saqueaban un predio contigua a la brecha de El Milanés, ruta principal al parque nacional, aproximadamente entre el kilómetro siete y ocho, aparentemente sin autorización.

Lugareños de la zona reportaron a este diario que esta semana el área fue invadida por camiones pesados, grúas y personal con motosierras que derriban árboles de Abies colimensis (una especie de abeto única en el mundo), de Tilia mexicana y de otras especies en peligro de extinción. Los “tocones” (la parte del tronco que queda en pie tras el corte) no tienen marca que denote la responsabilidad de un técnico forestal y mucho menos una autorización legal.

La denuncia fue presentada ya ante la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la que a su vez entregó evidencias a la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), instancia que se comprometió a realizar un operativo de inspección y clausura, el cual no ha sido ejecutado.

“Esperamos que se pongan las pilas los de la Profepa, acá es una bomba de tiempo, los prestadores forestales están fuera de control […] si no actúa pronto, para julio habrán destruido gran parte del bosque mesófilo [llamado también “bosque de niebla”] y los oyametales del Nevado”, repuso un denunciante a MILENIO JALISCO.

Alejandro del Toro, quien posee predios en la zona afectada, dijo a este diario que los taladores le están robando recurso de su propiedad y que prepara una denuncia penal por los hechos; “ya en el pasado he impugnado estas autorizaciones irregulares”, señaló vía telefónica desde Ciudad Guzmán.

Consultado al respecto, el delegado de la Semarnat, Sergio Hernández, aclaró que la zona sólo cuenta con una autorización vigente: la correspondiente al ejido Huescalapa. Hay dos predios más; el primero, de 57 hectáreas, se llama La Loma fracción 1 y fracción A, y está en estudio para un aprovechamiento en fase final de aprobación; el segundo, Loma de La Meza, tenía autorización, pero se venció en diciembre de 2014. En ambos casos no es posible hacer una explotación forestal en la actualidad. Vecino a la zona es el ejido Huescalapa, que tiene permiso vigente a 2022, y que ha sido impugnado por los defensores de la montaña.

Por las características descritas de la extracción, el delegado asume la posibilidad de que se trate de un aprovechamiento clandestino. “Si estuvieran aprovechando a pretexto de que se les dará un permiso, es el mejor camino para garantizar que no se los demos; y preparar denuncias penales y proceso administrativo junto con Profepa”, advirtió a este diario.

El boque mesófilo de montaña es el ecosistema forestal en peligro más crítico de extinción en México. Abarca menos de 2 por ciento del territorio nacional y su riqueza en especies es tan gande como la selva tropical húmeda. En el caso de los bosques de Abies, el descubrimiento de que la especie que prospera exclusivamente en las faldas del Nevado de Colima es el Abies colimensis ha generado un intenso debate sobre la urgencia de proteger esos rodales únicos, los cuales, sin embargo, siguen aprovechados por el sector forestal local, pese a las quejas de ecologistas de la región.

Ayer bajaron cuando menos cuatro camiones de trocería, señalan vecinos.

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable señala que “los bosques mesófilos pertenecen a zonas de conservación y aprovechamiento restringido o prohibido” (artículo 14 del reglamento); una autorización restringida, dice el reglamento (artículo 2, fracción II) es “la que se hace con limitaciones y medidas especiales de precaución sobre volúmenes, especies y productos forestales para evitar poner en riesgo la biodiversidad y servicios ambientales en la zona del aprovechamiento”. Abies colimensis, por ser una especie de difícil regeneración, sólo se puede autorizar con una manifestación de impacto ambiental, según el artículo 73 de la ley.

viernes, 19 de junio de 2015

Talan ilegalmente bosque mesófilo en Nevado de Colima



En peligro especies únicas como el Abies colimensis y la Tilia mexicana; Profepa tiene información pero no ha actuado

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Nevado de Colima es nuevamente sometido a la presión de la tala ilegal; un predio enclavado en el kilómetro nueve de la brecha principal que asciende hacia el parque nacional, ha sido invadido por maquinaria y personal que derriba árboles de Abies colimensis (una especie de abeto única en el mundo), de Tilia mexicana y otras especies en peligro de extinción, sin contar aparentemente con autorizaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Un grupo de ecologistas de Ciudad Guzmán señalaron que los “tocones” (la parte del tronco que queda en pie tras el corte) no tienen marca que denote una autorización legal; trascendió que el predio en cuestión pertenece al pequeño propietario Alejandro del Toro, quien ni siquiera estaría informado del aprovechamiento.

La denuncia fue presentada ya ante la delegación de la Semarnat, la que a su vez entregó evidencias a la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que se comprometió a realizar un operativo de inspección y clausura, el cual no ha sido ejecutado.

“Esperamos que se pongan las pilas los de la Profepa, acá es una bomba de tiempo, los prestadores forestales están fuera de control […] si no actúa pronto, para julio habrán destruido gran parte del bosque mesófilo [llamado también “bosque de niebla”] y los oyametales del nevado”, repuso un denunciante a MILENIO JALISCO.



Consultado al respecto, el delegado de la Semarnat, Sergio Hernández, aclaró que la zona sólo cuenta con una autorización vigente: la correspondiente al ejido Huescalapa. Hay dos predios más; el primero está en estudio en fase final de aprobación; el segundo tenía autorización, pero se venció en diciembre de 2014. Por las características descritas de la extracción, el delegado asume la posibilidad de que se trate de un aprovechamiento clandestino, según lo comentó con este diario.

El boque mesófilo de montaña es el ecosistema forestal en peligro más crítico de extinción en México. Abarca menos de 2 por ciento del territorio nacional y su riqueza en especies es tan gande como la selva tropical húmeda. En el caso de los bosques de Abies, el descubrimiento de que la especie que prospera exclusivamente en las faldas del Nevado de Colima es el Abies colimensis ha generado un intenso debate sobre la urgencia de proteger esos rodales únicos, los cuales, sin embargo, siguen aprovechados por el sector forestal local, pese a las quejas de ecologistas de la región.

El Nevado de Colima es una “fábrica de agua” cuyos bosques recargan manantiales que abastecen a más de 300 mil habitantes de los valles de Zapotlán y Colima.


Jalisco se compromete a reducir la deforestación en un 80%



Se  propuso la meta para corresponder a su papel como cabeza por un año del grupo de 28 gobernadores cuyos territorios albergan un cuarto de las selvas tropicales del planeta.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Jalisco se ha propuesto una meta altamente ambiciosa para corresponder a su papel como cabeza por un año del grupo de 28 gobernadores cuyos territorios albergan un cuarto de las selvas tropicales del planeta:  reducir en un 80 por ciento la deforestación a más tardar en 2020.

Esto significa que, si se toma el último dato oficial de deforestación, que fue medido a finales de la década pasada, con 31,645 hectáreas de pérdida neta por año, en 2020 no se perderán más de 6,329 ha, que de cualquier modo son una superficie de consideración, máxime que la pérdida histórica en el último siglo ronda dos millones de ha.

Ayer fue la última sesión del Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosques (GCF por sus siglas en inglés) en Barcelona, España. Representado por la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Magdalena Ruiz Mejía, el gobierno de Jalisco también formalizó esa presidencia al anunciar la realización en Guadalajara de la reunión del grupo, en junio de 2016.

A través de un video mensaje, el Gobernador del Estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, formalizó la invitación a los representantes de los gobiernos subnacionales que integran el GCF. “En Jalisco reconocemos la importancia de cuidar y usar sustentablemente los bosques, pues sabemos que la reducción de la deforestación es una de las formas más efectivas para combatir el cambio climático […] Participar en este grupo es un orgullo y un logro importante para nosotros, ya que nos brinda la oportunidad de refrendar nuestros compromisos sobre el cuidado de nuestros bosques con una visión a largo plazo”, dijo.

Ruiz Mejía, añadió: “compartimos los escenarios de degradación y deforestación, y por lo tanto la intención de generar estrategias compartidas para revertir estos escenarios frente al cambio climático, reconociendo a nuestros bosques como el lugar de servicios ambientales y mantenimiento de servicios ecosistémicos, de producción y productividad, y lo más importante de generar nuevos modelos de desarrollo rural bajos en carbono […] más del 60 por ciento de la superficie de Jalisco tendría que ser bosques y ser productivas, debería haber cadenas de valor y una economía muy viva que se perdió hace 30 años”.

Ayotitlán refuerza acción legal contra Peña Colorada



Ejido ratifica amparo contra ferrosa; citaron en Procuraduría Agraria para conciliar con la empresa, pero los representantes de esta nunca llegaron

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Tras dos meses de sufrir acoso por parte de funcionarios de la minera Peña Colorada, en busca de que se desistieran del amparo 462/2013, los miembros del comisariado ejidal de Ayotitlán, en Cuautitlán (Costa Sur de Jalisco), decidieron ayer ratificar el asunto judicial, cuya consecuencia inmediata es que el aprovechamiento de hierro más grande del país se encuentra legalmente suspendido.

Con esta arma debidamente calibrada, los dirigentes nahuas -una vez que también ratificaron al frente de su representación legal a Pedro León Corrales y el grupo de abogados del Instituto de Derecho Ambiental (Idea)-, se dispusieron a negociar con el consorcio empresarial que lidera Grupo Ternium. La cita fue ayer a las once de la mañana en el salón de juntas de la delegación Jalisco de la Procuraduría Agraria., donde fueron recibidos amablemente por el delegado, Gonzalo Moreno Arévalo, pero los representantes de la empresa, que habían confirmado su asistencia en la víspera, no llegaron.

Moreno Arévalo exhortó a los líderes ejidales a que establecieran un proyecto de negociación frente a la empresa transnacional que tiene 42 años con la extracción ferrosa en tierras de la comunidad agraria; se comprometió a citar para reunión de conciliación a los empresarios, para el próximo lunes a las doce del día.

Los líderes ejidales, Ernestino Ciprian Ocaranza, Roberto Cobián Gutiérrez y Dionisio Elías de los Santos, se apersonaron temprano en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo para ratificar escrito del 12 de junio pasado, en el que asumen la defensa jurídica contenida en el amparo, en un principio establecido por diez campesinos bajo la figura de “representación sustituta”; de dichos ejidatarios, nueve se habían desistido días atrás del asunto.

“Nos están chantajeando; han suspendido ya la entrega de becas y apoyos y la remesa de dinero que se da como efecto de un convenio que tenemos firmado por el uso de 1200 hectáreas para vertedero de material estéril de la mina; incluso hace tres días le recogieron una camioneta que asignamos para servicios en Mameycito, sin olvidar que están amenazando a la gente que trabaja con ellos, de que podrían dejarlos sin empleo”, se quejaron ante el funcionario agrario.

Pedro León Corrales explicó los alcances de la ejecutoria de la “suspensión de plano” que tiene como obligación el juez. La autorización de impacto ambiental para la extracción y el beneficio de metal ya está suspendida por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); la Dirección de Minas de la Secretaría de Economía no tiene registrado el convenio que estaba vigente, el cual entrega 22 millones de pesos por año a la comunidad por el depósito de material estéril, pero no ha suspendido los títulos de concesión; la Comisión Nacional del Agua (Conagua) debe suspender los permisos de uso y descargas de agua. Es tarea del juez hacerlo cumplir.

“Una vez que se ejecute, se paraliza la mina, pero la voluntad de la asamblea no es perjudicar, es negociar en condiciones de equidad como duelos de la tierra, son ahora 1,200 hectáreas donde incluso tienen el molino y las oficinas, pero su plan de crecimiento afecta doce mil ha del ejido”, añadió.

La suspensión era “sumarísima” y debió aplicarse desde septiembre de 2014, pero mal que bien, han logrado aplicarla de forma gradual. “Los intereses de la empresa y del gobierno de Colima, que funge como su policía, han sido difíciles de enfrentar, pero el derecho está de nuestro lado”, dijo León Corrales.

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Otros datos

La comunidad agraria de Ayotitlán es anterior a la llegada de los españoles; recibió en la colonia títulos virreinales que fueron “extraviados” durante el proceso de titulación hace medio siglo, por lo que se revirtió a ejido

No obstante, la dotación de 50 mil hectáreas fue parcialmente realizada debido a los intereses mineros y madereros; en especial, el bloqueo de la entonces paraestatal Peña Colorada, hoy parte de una poderosa multinacional de capitales chino, indio y canadiense

miércoles, 17 de junio de 2015

Bordo de San Pancho no se puede quitar por un amparo



Harán gestiones para que juez de distrito permita remover muro que estrecha el estero y podría favorecer inundaciones en la zona urbana.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La existencia de una suspensión judicial en el marco de un juicio de amparo promovido por la comunidad agraria de Sayulita contra la construcción del bordo ilegal del estero de San Pancho, en la comunidad de San Francisco, Nayarit, es paradójicamente el obstáculo que arguye la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para no remover la estructura construida en diciembre pasado; la amenaza de inundación por el efecto de dique es creciente ante el paso de huracanes de la temporada, como ‘Carlos’, que se espera pase hoy por la zona.

Este fue el tema de la reunión que se realizó el pasado lunes 15 de junio en el Parque de la Hermandad del poblado, a la que asistieron Adrián Sánchez Estrada, encargado de despacho de la Profepa Nayarit; Sergio Rodríguez, de Zona Federal Marítimo Terrestre de la Semarnat, representantes de la empresa de agua municipal (Oromapas), así como el presidente ejidal Genaro Parra.

El tema fue que el proceso de la Profepa está al tiempo para retirar el muro, pero el amparo lo impide. El líder campesino explicó que la suspensión evita que se mueva el bordo pero también que se den permisos en la zona, por lo que garantiza que no se realice “una medición ventajosa [a favor de los intereses de la inmobiliaria que reclama la zona recuperada al cuerpo de agua]de la zona federal y que se busque se respete el bordo histórico como límite real de la zona federal”, por lo cual defendió no desistirse de la acción legal

Ante una posible lluvia torrencial que podría inundar al pueblo “se abrió la posibilidad de que la autoridad pida al juez una modificación al amparo para que se pueda remover el bordo” sin que pierda vigencia el amparo. El planteamiento quedó como acuerdo y la propia Profepa comenzará a gestionarlo, ante la insistencia de los habitantes en su derecho de salvaguardar su integridad física ante un riesgo que estiman “inminente”.

También se demandó a la Semarnat  que se avance en la definición de la zona federal, que como se sabe, es propiedad de la nación, inalienable e imprescriptible,  “el pueblo requiere que se actúe pronto y efectivamente; después de siete meses hay señales de hartazgo y cansancio ante este proceso de defensa del estero”, comentó el ambientalista Érik Saracho Aguilar, director de Alianza Jaguar Nayarit y morador de la comunidad.

Lo cierto es que desde abril se ordenó el retiro del bordo por la Profepa, pero “no se ha retirado una sola piedra de las toneladas vertidas al arroyo y el estero y siguen los intríngulis legales y la falta de definición de la zona federal”, además de la discusión si es materia de Semarnat o de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Los asistentes también reclamaron la conexión de la nueva planta de tratamiento ante las aguas crudas que están contaminando el cuerpo de agua y el mar. Esto se debe a una planta de tratamiento defectuosa y a la falta de terminación de las tuberías justo por el conflicto del bordo. El tema seguirá en suspenso. Las lluvias arrecian.

Bordo de San Pancho no se puede quitar por un amparo



Harán gestiones para que juez de distrito permita remover muro que estrecha el estero y podría favorecer inundaciones en la zona urbana.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La existencia de una suspensión judicial en el marco de un juicio de amparo promovido por la comunidad agraria de Sayulita contra la construcción del bordo ilegal del estero de San Pancho, en la comunidad de San Francisco, Nayarit, es paradójicamente el obstáculo que arguye la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para no remover la estructura construida en diciembre pasado; la amenaza de inundación por el efecto de dique es creciente ante el paso de huracanes de la temporada, como ‘Carlos’, que se espera pase hoy por la zona.

Este fue el tema de la reunión que se realizó el pasado lunes 15 de junio en el Parque de la Hermandad del poblado, a la que asistieron Adrián Sánchez Estrada, encargado de despacho de la Profepa Nayarit; Sergio Rodríguez, de Zona Federal Marítimo Terrestre de la Semarnat, representantes de la empresa de agua municipal (Oromapas), así como el presidente ejidal Genaro Parra.

El tema fue que el proceso de la Profepa está al tiempo para retirar el muro, pero el amparo lo impide. El líder campesino explicó que la suspensión evita que se mueva el bordo pero también que se den permisos en la zona, por lo que garantiza que no se realice “una medición ventajosa [a favor de los intereses de la inmobiliaria que reclama la zona recuperada al cuerpo de agua]de la zona federal y que se busque se respete el bordo histórico como límite real de la zona federal”, por lo cual defendió no desistirse de la acción legal

Ante una posible lluvia torrencial que podría inundar al pueblo “se abrió la posibilidad de que la autoridad pida al juez una modificación al amparo para que se pueda remover el bordo” sin que pierda vigencia el amparo. El planteamiento quedó como acuerdo y la propia Profepa comenzará a gestionarlo, ante la insistencia de los habitantes en su derecho de salvaguardar su integridad física ante un riesgo que estiman “inminente”.

También se demandó a la Semarnat  que se avance en la definición de la zona federal, que como se sabe, es propiedad de la nación, inalienable e imprescriptible,  “el pueblo requiere que se actúe pronto y efectivamente; después de siete meses hay señales de hartazgo y cansancio ante este proceso de defensa del estero”, comentó el ambientalista Érik Saracho Aguilar, director de Alianza Jaguar Nayarit y morador de la comunidad.

Lo cierto es que desde abril se ordenó el retiro del bordo por la Profepa, pero “no se ha retirado una sola piedra de las toneladas vertidas al arroyo y el estero y siguen los intríngulis legales y la falta de definición de la zona federal”, además de la discusión si es materia de Semarnat o de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Los asistentes también reclamaron la conexión de la nueva planta de tratamiento ante las aguas crudas que están contaminando el cuerpo de agua y el mar. Esto se debe a una planta de tratamiento defectuosa y a la falta de terminación de las tuberías justo por el conflicto del bordo. El tema seguirá en suspenso. Las lluvias arrecian.

Urgen políticas públicas para detener destrucción de selvas



Clarificar la tenencia de la tierra y estímulos a la agricultura y ganadería que no cambien usos de suelo, parte de las claves de una buena gobernanza, destacan en reunión de 28 gobiernos locales en Barcelona.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El triunfo de las acciones para garantizar la contención del deterioro de las selvas tropicales de Jalisco y de otras regiones biodiversas del planeta, obliga a la implementación de políticas públicas que deben ser claras, rotundas y eficaces, señalan los participantes del encuentro de 28 gobernadores que se realiza estos días en Barcelona, España, en el cual Jalisco participa.

La discusión es cómo una plataforma ambiciosa y abarcadora como REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación más proyectos de desarrollo sostenible) puede contar con una base institucional sólida.

“Los flujos sólidos de financiamiento se podrían complementar con políticas de acciones nacionales como las siguientes: disociar el crecimiento agrícola de la expansión de la superficie agrícola (es decir, plantear enfoques de “reserva de tierras”); desarrollar cadenas de suministro agrícola sostenibles que se correspondan con los objetivos de REDD+; reducir la demanda de combustibles de madera en los centros urbanos; mejorar la toma de decisiones sobre el uso de tierra forestal mediante atención a la gobernanza y reducción considerable de la corrupción y el amiguismo; aplicar leyes contra el aprovechamiento ilegal y otras actividades ilícitas que provocan la conversión de tierras con bosques”, señala el documento El reto de implantar REDD+ sobre el terreno; observaciones de 23 iniciativas subnacionales en seis países.

“Las acciones de políticas sobre la tenencia y los aspectos económicos se refuerzan mutuamente. La tenencia forestal clara incrementa la ventaja competitiva de REDD+, al mismo tiempo que reduce el atractivo financiero de las actividades del escenario de referencia relacionadas con REDD+. Si REDD+ captura un flujo mayor de financiamiento, puede motivar el interés del Estado en clarificar más la tenencia [de la tierra]”, agrega.

Los programas de apoyo internacional no han terminado de aterrizar en lo local. “Había expectativas de que esos incentivos finalmente fueran financiados sobre todo a través de un sólido mercado internacional de compensaciones de carbono generadas mediante reducciones verificadas de las emisiones. Desde 2007 se han puesto en marcha cientos de iniciativas subnacionales de REDD+, principalmente en países tropicales en desarrollo. Estas iniciativas incluyen enfoques jurisdiccionales subnacionales (es decir, liderados por estados, provincias, municipios o distritos), así como proyectos REDD+ en sitios concretos. A pesar de los considerables avances, el entusiasmo inicial por REDD+ se ha disipado entre algunos interesados, debido principalmente al fracaso en la consecución de un acuerdo internacional sobre el cambio climático”.

La reunión del grupo de gobiernos provinciales se prolongará todavía hoy y mañana. Jalisco ha recibido la estafeta de presidir la agrupación, con el reto nada menor de demostrar programas exitosos en la materia.

Conagua "no detendrá" el colapso de la Cuenca Lerma Chapala



Presentan informe inédito en México para una nueva organización de la gestión integral de cuenca en la región Lerma-Santiago-Pacífico.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Comisión Nacional del Agua es una simple gerencia de construcción de obras hidráulicas que se ha limitado a financiar proyectos de infraestructura, pero de ningún modo tiene capacidad real  de resolver los problemas del agua tanto en México como en la cuenca Lerma Chapala, advirtió la doctora en derecho y presidente del Instituto de Derecho Ambiental, Raquel Gutiérrez Nájera

Al presentar en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara el informe sobre la Región Hidrológica VIII Lerma-Santiago-Pacífico, intitulado “Elementos para la construcción de una política pública”, la abogada ambientalista destacó la importancia del documento, único en su tipo pero centralizado en México, y que cuenta con el copatrocinio de la casa de estudios y de la Alianza Mundial de Derecho Ambiental.

El planteamiento detalla aspectos del diagnóstico de la crisis hídrica y ambiental de la demarcación de 190 mil kilómetros cuadrados, que va desde el Estado de México hasta Nayarit y desde el sur de Durango hasta los límites de Michoacán con Guerrero.

“Hay un registro de 82 mil concesiones para uso y aprovechamiento del agua, y además que ahí empieza la falta de coincidencia entre el agua que se utiliza y la que se vierte, vamos al hecho de que el sistema de la Conagua no es el más adecuado y se limita esa institución a invertir la mayor parte de su presupuesto en obras, mientras otros papeles fundamentales, como la regulación, la inspección y la vigilancia, no tienen una verdadera dimensión […] Hemos contado que la Conagua solamente tiene tres inspectores para toda esta zona, con lo que les puedo decir con plena seguridad que a los infractores de la Ley de Aguas Nacionales, es más fácil que les caiga a que les caiga un inspector”

Otro aspecto problemático es que el agua implica legislación federal, estatal y municipal las cuales se encuentra en gran medida desconectadas y además son “asimétricas”, pues casi todas las atribuciones en la materia del organismo rector federal.

Los consejos de cuenca que fueron creados para generar participación de los sectores sociales, “son solamente un consejo de intereses, pues tenemos sentados allí  los usuarios de agua para agricultura, ganadería, industria, comercio, centros urbanos, pero el Lago de Chapala que es la zona final de la cuenca Lerma es solamente un elemento distanciado en l discusión”, subrayó.

“El informe detalla experiencias en países como Inglaterra y Argentina que derivaron en el saneamiento y la rehabilitación ambiental de ríos, la enseñanza en estos casos es que hubo una fuerte voluntad política, se generaron instituciones para gestionar el proceso, hubo recursos públicos suficientes, seguimiento, transparencia y normas adecuadas; sin todo esto no podemos hablar de verdaderas políticas públicas”, añadió

En el caso mexicano, desde 2004 se cuenta con la obligación de aplicar el modelo de gestión integrada de cuencas, “pero es un modelo no instrumentado porque se obliga a ligar el agua con el territorio por medio de la planeación; en el país nos hemos limitado  a aplicar los esquemas de demanda-presión que propone la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) , lo cual es insuficiente y no nos va a permitir enfrentar el grave riesgo que crece en la medida en que aumenta el efecto del cambio climático”.

El documento fue presentado por el rector de la casa de estudios, Tonatiuh Bravo Padilla y por el consejero jurídico de la comisión de cooperación ambiental de América del Norte, Paolo Solano y está disponible en la web de la UdeG en los próximos días.