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jueves, 26 de julio de 2018

Ganaderos y ejidatarios de Los Altos interponen nuevo amparo


Los decretos presidenciales de levantamiento de vedas han provocado reacción en una de las zonas más importantes de producción de alimentos en el país.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Asociación Ganadera local de San Juan de los Lagos, y el ejido Agua de Obispo, del mismo municipio, han ido jurídicamente más lejos que otros grupos en la impugnación del decreto de levantamiento de vedas del río Santiago, emitido por el presidente de la república el pasado 6 de junio: no solamente contra ese acto, sino contra todo el sustento legal del mismo, que emana de ordenamientos emitidos en 2004 y 2016, y que en su consideración, violenta sus derechos constitucionales.

Bajo las premisas de que el derecho humano al agua y a la alimentación son superiores a otros derechos económicos, y de la aplicación del “principio precautorio” por la reducción de existencias de agua en la zona, ante el efecto de cambio climático, que podría ser de 662 millones de metros cúbicos en relación con los años 90 del siglo XX, los quejosos sostienen que ese decreto debe ser suspendido porque amenaza con generar un colapso económico y social, a la par de reducir alimentos necesarios para los mexicanos, pues la zona aporta 20 por ciento de la proteína de origen animal del país y 1.64 por ciento del producto interno bruto nacional (el triple de lo que aporta todo el sector forestal del país, por citar una comparación).

El pasado 17 de julio interpusieron demanda, 2090/2018, que será ventilada en el Juzgado Séptimo de Distrito en materia administrativa y de trabajo de Jalisco. Los quejosos van contra “la inconstitucionalidad de los artículos 7 fracciones iv y vi, 7 bis fracción viii, 13 bis-3 fracción ii, artículo 14 bis-5, fracción xxii, artículo 20, artículo 22 párrafo tercero, artículo 38, artículo 41, fracción i, y artículo décimo quinto transitorio, de la Ley de Aguas Nacionales, que contravienen los artículos 1, 4, 6, 14, 16, 17, 26 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, que a su vez es fundamento del decreto de levantamiento de vedas en el río Santiago, cuya subcuenca río Verde es la que ha dado vida a sus actividades productivas por más de cuatro siglos.

“Se reclama la promulgación, publicación y ejecución del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 de Abril de 2004, por el que se modifica la Ley de Aguas Nacionales […] así como el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de marzo de 2016”, especifica el documento.

Todo ese entramado legal cuestionado, que deriva en el decreto del 6 de junio, “provoca que el agua disponible quede concesionada o asignada, sin que se asegure que su uso, explotación o aprovechamiento sea sustentable, y en la especie, además de que se ignora y prescinde de sectores como el nuestro, esto es, el sector pecuario y agrícola; o bien, porque ocasionan que la misma sea concesionada bajo el principio de prelación en el tiempo, es decir, a quien primero la pida, violando así que su acceso y uso sean equitativos”.

Los ganaderos y ejidatarios reclaman su papel como productores de alimentos, labor que demanda agua. “En el artículo cuarto constitucional se reconoce el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, y también reconoce el derecho a la alimentación; en ese mismo precepto constitucional, se establece también que el acceso y uso de los recursos hídricos debe ser equitativo y sustentable […] la definición que la ley de la materia pueda adoptar al respecto debe tener por fin desarrollar ambos derechos y de ningún modo puede restringirlos más allá de los casos y condiciones que el propio texto constitucional señala expresamente”, explican.

Para que el acceso y uso del agua resulten equitativos, “se tiene que dar prioridad o preponderancia a las personas o comunidades que más la necesiten o como en la especie, seamos copartícipes en la producción de alimentos y por ende corresponsables en la seguridad y soberanías alimentarias; para que resulten sustentables, se tiene que respetar además el derecho a un medio ambiente sano y asegurar que tales acceso y uso no contaminen el agua o lo hagan en la menor medida posible, siendo prevalentes los usos que la preserven mejor en calidad y cantidad, y previo a ello, que en verdad exista disponibilidad de este recurso vital, vulnerable y finito, lo que en la especie no ocurre en virtud de la propia información oficial presentada por la Comisión Nacional del Agua”, argumentan.

Contrario a esos parámetros constitucionales,” los actos reclamados -tanto el precepto legal como los artículos del Decreto cuestionados-, conceden acceso y uso del agua a quienes primero lo soliciten, sea porque la misma ya fue concesionada o asignada con anterioridad a la vigencia del decreto aludido bajo ese criterio, o bien porque los volúmenes disponibles no comprometidos por las reservas parciales fijadas, se podrán explotar, usar o aprovechar por concesión o asignación, bajo la lógica de la primacía del orden de presentación de las solicitudes; es en ese escenario que resultan inconstitucionales por la violación a los artículos primero y cuarto de la Constitución”.

La primacía se define por la pertenencia a algún sector y no la prelación. Al producir alimentos “y por ende hacer efectivo el derecho a la alimentación y a la garantía alimentaria”, se debe reconocer la primacía de “la garantía alimentaria en un contexto de seguridad y soberanías alimentarias, ponderando con ello el derecho humano al agua en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.

martes, 26 de junio de 2018

El FNI señala que proyecto del acueducto no es viable


Banobras ha comunicado a la banca que opera los recursos públicos de la obra que no hay condiciones para un “proyecto viable”.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Uno de los hechos jurídicos-financieros que orillaron a la concesionaria del acueducto El Zapotillo-León, subsidiaria de la transnacional andaluza Abengoa, a buscar la “renuncia sin responsabilidad” es la postura asumida por el Fondo Nacional de Infraestructura (FNI), que aporta 48.3 por ciento del costo de la obra: el 8 de agosto de 2017, apoyado en el operador fiduciario, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, advirtió al Banco del Bajío, que no era viable autorizar recursos al proyecto.

En alusión a una transferencia electrónica del 31 de julio de 2017, cuyo monto no fue revelado a pretexto de la protección de datos (pese a tratarse de recursos públicos), “el importe antes mencionado será restituido por este Fiduciario a esa institución de banca múltiple, considerando las manifestaciones formuladas tanto por el Banobras, institución fiduciaria en el fideicomiso público número 1936 denominado Fondo Nacional de Infraestructura [Fondo] mediante oficio DAEMA/403000/136/2017 de fecha 4 de agosto de 2017, en el sentido de pronunciar su no conformidad respecto a cualquier autorización para disponer recursos del Fondo en el proyecto en comento, por considerar que no existen condiciones que permitan asegurar la viabilidad del proyecto, así como por aquellas expresadas por la concesionaria” (sic), señala el oficio DADF/GFANPR/153300/503/2017).

Dicha circunstancia, agrega, “impide el cumplimiento de las obligaciones a cargo de este fiduiciario en los términos del contrato de fideicomiso irrevocable de inversión, administración y fuente de pago número 2,197, en relación con la aplicación de los recursos recibidos con motivo de la ejecución de la carta de crédito de que se trata…”.

El documento es parte de la información obtenida vía transparencia por Alejandro López Aguayo, abogado de los ganaderos de San Juan de los Lagos y del ejido Agua de Obispó, afectados por la obra, pues reclaman que se trata de una infraestructura que los despojará del agua para sus actividades económicas y su propio consumo.

El funcionario firmante del documento, Isaías Espitia Delgado es “gerente de la Gerencia Fiduciaria de Administración de Negocios Privados de Banobras.

¿Qué dice el título de concesión de estos recursos? El documento emanado el 14 de octubre de 2011 parte de un costo de proyecto “conforme a todos los términos y condiciones incluidas en este título de concesión, [que] asciende a 6,866 millones 872,228 pesos, a valores de mayo de 2011, más el IVA, para totalizar 7,073 millones 281 ,875 pesos. Si se considera un incremento hasta 2016 de 22 por ciento, dado a conocer por fuentes oficiales a la prensa de Guanajuato esa cantidad rebasa ya 8,500 millones de pesos.

Estos recursos se distribuyen, según el título de concesión, del siguiente modo: capital de riesgo, 25 por ciento; crédito, 26.66 por ciento y FNI, 48.34 por ciento.

“La diferencia entre el costo del proyecto y el monto total de la inversión lo financiará el concesionario con capital de riesgo y crédito. El FNI aportará […] al Fideicomiso de Administración, única y exclusivamente para ser utilizados en ejecución de la infraestructura contemplada en el costo del proyecto, hasta por 48.34 por ciento o la cantidad de 3,319 millones 647,174 pesos a precios de mayo de 2011”.

Por su parte, el concesionario “está obligado a constituir el Fideicomiso de Administración en una institución fiduciaria, a satisfacción de la Conagua y el FNI”.

¿Cuánto reclama Abengoa por la obra no construida? Si bien, los ocho conceptos reclamados no están precisados en la información pública, pese a tratarse de dinero fiscal, funcionarios de Guanajuato señalaron que se le ofrecía mil millones de pesos a la transnacional, que reclamaría, extraoficialmente, dos mil millones de pesos. En contraste, fuentes de los productores de Los Altos de Jalisco aseguran que el reclamo supera cinco mil millones de pesos.

miércoles, 23 de mayo de 2018

Exigen a la Conagua cancelar explotaciones de arena


Movimiento por Temaca destaca irregularidades en las concesiones.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

Las concesiones que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgó para explotar material pétreo del lecho del río Verde, tienen notables irregularidades que obligaría a cancelarlas, aseguraron ayer los voceros del movimiento civil contra la presa El Zapotillo.

"La Conagua entrega una concesión para la extracción, rapaz, por 30 años [2003-2033], sin ningún tipo de regulación que evite o controle la depredación salvaje causada por el concesionario. Existen otras cuatro concesiones vigentes otorgadas por 10 y 15 años que no cuentan con fecha de inicio y término de autorización, lo que representa un grave 'error' ya que pueden rebasar los tiempos permitidos para la extracción sin consecuencias. Las autoridades municipales son extremadamente permisivas con los areneros ya que les han permitido durante años operar sin licencias municipales, por lo que además no cuentan con permiso de Semarnat ni manifestaciones de impacto ambiental como lo exige la Ley", resumió el integrante de Colectivo de Abogados, Guadalupe Espinoza Sauceda.

En conferencia de prensa, convocada además por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) y los diputados Augusto Valencia y Candelaria Ochoa, los quejosos señalaron que "a pesar de que ya se dictó la clausura total temporal de obras de dragado y extracción de material pétreo, debido a que durante la inspección, la Profepa constató cambios adversos en el ecosistema del río, y de que existe un Reglamento de Tránsito y Vialidad para Cañadas, donde se especifica [artículo 48] que deben contar con un permiso del municipio para transitar por Temacapulín, los camiones han continuado circulando por la comunidad sin que las autoridades hagan algo para hacer valer la ley".

Por su parte, la diputada Candelaria Ochoa señaló que la fracción parlamentaria a la que está adscrita interpuso una denuncia en la Profepa que derivó en la cancelación de uno de estos puntos: "la Conagua debe suspender cualquier permiso de extracción de arena, pues hasta ahora solo se ha clausurado 1 punto de 23. Por lo que se debe ordenar la suspensión a lo largo de todos los kilómetros en donde hay excavaciones".

Añadió que pese a que no existen permisos de explotación y ante una suspensión por falta de estudios de impacto ambiental, la Conagua "sigue otorgado permisos a los concesionarios para la explotación de la arena. Además, la circulación de los camiones no está permitida en la zona. La responsabilidad es de la Conagua, pues debe cancelar los permisos debido a que la presa el Zapotillo está suspendida y por lo tanto no se justifica la extracción".

sábado, 12 de mayo de 2018

Alteños impugnan legalmente el trasvase del río Verde a León


El AMG depende en 66% de alimentos de origen animal de Los Altos, pero es tibio en defender la región del despojo de agua, se queja

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La tibieza con que Jalisco defiende los derechos de los alteños en el tema del agua, es contradictoria con la gran dependencia que el área metropolitana de Guadalajara respecto a los alimentos producidos en esta zona: 66 por ciento del consumo de los tapatíos en carne, huevo y lácteos proviene de la meseta.

Paloma Macías Muñoz, quien preside la Alianza Cívica Alteña, encabezó ayer una conferencia en el poblado de San Nicolás, un paisaje dominado por un río Verde de aguas mermadas, que a su juicio, demuestra la insensatez del proyecto de trasvase a León, informó de las acciones legales y los exhortos a los actores políticos nacionales y locales para que se posicionen en torno al asunto.

“Lo que sucede -o suceda- en la región de Los Altos de Jalisco tiene gran trascendencia en nuestro estado y a nivel nacional, sobretodo en el escenario actual debido a la poca disponibilidad hídrica en la cuenca del Río Verde, pues a pesar de que gran parte de su territorio es semidesértico, gracias a la laboriosidad de su gente y a su ganadería, es la principal región productora de proteína de origen animal en México, con más de 23 por ciento del producto nacional. Es también la principal proveedora de alimentos de este tipo para la capital del estado, y aporta casi una cuarta parte del producto interno bruto (PIB) estatal”, explicó.

La falta de energía de los actores políticos de la entidades ha llevado a los propios alteños a integrarse en el Alcada y a entablar juicios de garantías vías el ejido Agua de Obsipo y las asociaciones ganaderas locales, además de una queja que ya está en fase de integración por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“Debido a la pretensión de despojar a los agroproductores de su derecho al agua para su consumo y la producción de alimentos, se acelerará el conflicto social ya presente y que puede alcanzar grandes proporciones. Actualmente se encuentra en proceso la queja CNDH 2/2018/2713/Q en la Segunda Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por la presunta violación de varios derechos de los productores alteños. También han impugnado ya en tribunales el Título de Asignación de Agua para la ciudad de León, No. 08JAL155604/12HBOC15”, refirió.

También impugnarán la “renuncia sin responsabilidad a la Concesión No. OCLSP-DAPDS-01-11” presentada por la concesionaria Abengoa a la Comisión Nacional del Agua el 25 de agosto de 2017, expediente que estaremos recibiendo completo próximamente, abre una gran ventana de oportunidad para realizar los ajustes necesarios a dicho proyecto, en los que se respeten los derechos de todos los usuarios de la cuenca y no sólo se privilegie al público urbano, mientras que las aguas superficiales de la cuenca del río Lerma en el estado de Guanajuato se mantienen preferentemente para uso agrícola, generando con ello una condición de desigualdad para nuestra región”.

La abogada no encontró justificación en una sobreexplotación del acuífero del Valle de León (ver Evaluación Socioeconómica de la Construcción del Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable Zapotillo para la Ciudad de León, Guanajuato) y en que la cuenca del río Verde tendría disponibilidad. “Esta condición ha cambiado drásticamente, ya que la gran mayoría de los acuíferos de Los Altos se encuentran sobreexplotados y este nuevo escenario obliga a realizar ajustes drásticos al proyecto, ya que en estas condiciones no es posible realizar trasvase alguno.

Añadió: “se ha mantenido y alimentado la falsa percepción de que los problemas derivados de esta obra, repercuten sólo en la inundación de tres poblaciones -Temacapulín, Acasico y Palmarejo- ya de por sí grave; el principal problema es para la región de Los Altos, que se quedaría sin más agua en el campo para producir alimentos, con repercusiones desde gran pérdida de empleos en la región y el incremento en el costo de los alimentos de origen animal no sólo para el AMG, sino para todo el país, además de incrementos sustanciales en la inseguridad”.

MC

viernes, 6 de abril de 2018

No hay agua en Los Altos, aclaran informes de la CEA


Las pérdidas de agua subterránea anual equivalen a más de dos años de abastecimiento del AMG; todos los ríos, vedados o sin agua disponible

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Las regiones Los Altos Norte y Los Altos Sur no tienen disponibilidad de agua tanto en sus cuencas superficiales como en las subterráneas, advierten las fichas técnicas hidrológicas que elaboró, a nivel de cada municipio, la Comisión Estatal del Agua (CEA).

El análisis corresponde a ocho municipios de Los Altos Norte y doce municipios de Los Altos Sur, y fueron publicados en el año 2016 por el organismo de Jalisco. Municipio por municipio, detalla datos como temperatura media anual, precipitación media anual (lluvias), evaporación media anual, clima, disponibilidad de agua por cuencas superficiales y por acuíferos (mantos de agua subterránea), usos del agua, y nivel de saneamiento de esas aguas.

En resumen, toda el agua superficial está en veda o sin disponibilidad en las 20 demarcaciones, mientras las pérdidas anuales de agua subterránea son de 713.63 millones de m3, agua equivalente a la presa El Zapotillo a 80 metros, más las presas El Salto y Calderón juntas, y cuyo volumen permitiría más de dos años de abastecimiento total del área metropolitana de Guadalajara.

Por otro lado, si toda el agua superficial excedente se pudiera reunir y aprovechar (lo que es complejo y costoso debido a que se ubica dispersa en todas las subcuencas regionales), se contaría con 226.44 millones de m3, que apenas constituyen 25 por ciento de lo que se pretende almacenar en El Zapotillo a 105 metros, o poco más de la mitad de lo que habría en la presa a 80 m. En Ojuelos se marca una disponibilidad superficial de 102.9 millones de m3 más, pero la cuenca denominada Presa San Pablo no corresponde a la cuenca de El Verde, sino a la del río Salado, de la región Cuencas Centrales del Norte.

LOS ALTOS SUR



El detalle para Acatic, el primer municipio de Los Altos Sur: llueven 900 milímetros anuales y evapora 700 milímetros; tiene 16 aprovechamientos de agua superficial, doce agrícolas y cuatro de uso público urbano; y 148 aprovechamientos de agua subterránea, 113 de uso agrícola, 23 de uso ganadero, diez de uso público urbano y dos de “uso doméstico” (sic). La disponibilidad de agua superficial está en veda (69.6 millones de m3 en río Santiago y 9.05 millones de m3 en río Verde); la del agua subterránea se clasifica “sin disponibilidad” (menos 10.34 millones de m3 en acuífero Altos de Jalisco y menos 4.49 millones de m3 en acuífero Tepatitlán; esto significa que cada año, el almacenamiento se reduce en ese volumen). En saneamiento, una cobertura de 64.7 por ciento. Ese es el modelo de datos que se ofrece en cada ficha.

Para efecto del tema de la baja o nula disponibilidad de agua, los datos siguen así en cada ficha de esa región:

Arandas, no hay disponibilidad de agua superficial (es decir, cero m3) y tampoco en agua subterránea (sus acuíferos pierden 16.3 millones de m3 anuales). Jalostotiltán, el agua superficial está en veda (hay excedentes de 11.89 millones de m3); el agua subterránea no tiene disponibilidad (pierden 39.06 millones de m3 anuales). Jesús María, el agua superficial no tiene disponibilidad y el agua subterránea tampoco (pierde 25.68 millones de m3).

Mexticacán, veda para aprovechamientos de agua superficial (9.05 millones de m3 de excedentes), tres acuíferos sin agua subterránea (pierden 62.77 millones de m3 anuales) y uno, el de Yahualica, tiene disponibilidad por 3.94 millones de m3. San Ignacio Cerro Gordo, vedado el río del Valle (0.34 millones de m3 excedentes), sin disponibilidad el río Zula; sin disponibilidad su agua subterránea (pierden 14.13 millones de m3 al año). San Julián, sin agua en río Turbio, en veda río Lagos (1.71 millones de m3 disponibles). Sin disponibilidad de aguas subterráneas (pierden 32.66 millones de m3 anuales).

San Miguel el Alto, vedado en tres ríos (excedentes por 3 millones de m3), sin disponibilidad en el cuarto y acuíferos sin disponibilidad (pérdidas de 54.13 millones de m3). Tepatitlán, tres ríos vedados (excedentes de 15 millones de m3), uno sin agua disponible, y acuíferos sin disponibilidad (pierden 28.96 millones de m3). Valle de Guadalupe, tres ríos vedados (10.52 millones de m3 excedentes), acuíferos sin disponibilidad (pérdidas de 13.19 millones de m3). Yahualica de González Gallo, tres ríos Vedados (37.06 millones de m3 excedentes) y dos acuíferos disponibles (5.96 millones de m3).
LOS ALTOS NORTE



El detalle de la región Los Altos Norte: Encarnación de Díaz, vedados tres ríos (con excedentes de 5.41 millones de m3), sin disponibilidad en su acuífero (pérdidas de 49.58 millones de m3); Lagos de Moreno, vedadas tres cuencas superficiales (con 3.58 millones de m3 excedentes) y sin disponibilidad una más; dos acuíferos subterráneos con disponibilidad por 23.83 millones de m3 en dos acuíferos y con pérdidas de 82.37 millones de m3 en cuatro más.

Ojuelos de Jalisco, disponibilidad en un río con 102.93 millones de m3 y veda en tres más con 2.3 millones de m3 de excedente; tres acuíferos subterráneos con disponibilidad por 26.81 millones de m3 y dos sin disponibilidad, con pérdidas de 79.6 millones de m3. San Diego de Alejandría, un río vedado (con 1.71 millones de m3 excedentes) y un río sin disponibilidad; dos acuíferos subterráneos sin disponibilidad, que pierden 32.66 millones de m3. San Juan de los Lagos, tres ríos con veda (6.24 millones de m3 excedentes) y tres acuíferos sin disponibilidad (pierden 89.54 millones de m3).

Teocaltiche, cuatro cuencas superficiales vedadas (14.67 millones de m3 de excedentes) y un solo acuífero, sin disponibilidad (pérdidas de 49.58 millones de m3). Unión de San Antonio, un río sin disponibilidad, otro río con veda (1.71 millones de m3); dos acuíferos subterráneos sin disponibilidad (32.66 millones de m3 de pérdida). Villa Hidalgo, tres cuencas superficiales vedadas (13.21 millones de m3 excedentes) y su único acuífero, sin disponibilidad, que pierde 49.58 millones de m3 al año.

Esta información estuvo disponible en el sitio web https://www.ceajalisco.gob.mx/, pro ayer, una búsqueda realizada por MILENIO JALISCO no permitió localizar las fichas en el portal. Sus datos son aportados por el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco como prueba de que el proyecto de El Zapotillo, y en particular, la exportación de aguas hacia la ciudad de León, no tienen el sustento técnico y pueden poner en riesgo una de las región agropecuarias más productivas del país.

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CLAVES

Breve glosario

Disponibilidad de agua. Es el volumen de agua existente en un río, presa o acuífero, que no tiene un uso asignado y puede darse a un nuevo usuario

Excedente. Es el agua que sobra de las cuentas de extracciones, pero no necesariamente es agua disponible, pues se suele omitir el uso del propio ecosistema, o bien, su uso no es viable por costos económicos o ambientales

Veda. Política del sector público en el manejo del agua, que evita asignar nuevos usos en busca de recuperar el equilibrio de la cuenca o el acuífero

MC

viernes, 30 de marzo de 2018

Presa El Zapotillo puede funcionar a 60 metros


Para el organismo ciudadano que preside Márquez Gutiérrez, lo esencial es que el agua sea solo de la AMG.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La apertura de la "llave" por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que canceló la posibilidad de un proyecto a 105 metros de la presa El Zapotillo y reconoció que se puede dejar operable a 80 m, "muestra la facilidad que tienen los que son juez y parte en el tema del agua, para abrir y cerrar el flujo del líquido y hacer sentir su escasez o abundancia, y sumado a la disparidad de las cifras que manejan las dependencias -Conagua, CEA Jalisco, SIAPA- hacen menos confiables sus aseveraciones en el tema del agua en el área metropolitana de Guadalajara y en nuestro estado, en cuanto a cantidad y calidad", advirtió el presidente del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez.

"La presente Administración Federal 'renuncia' a una altura de cortina de 105 m y la entregará a 80 m. Esto derrumba la aseveración de que la presa sólo podría funcionar a 105 m. Y si se puede acondicionar a 80 m, también se puede operar y acondicionar a 60 m para evitar la inundación de Temacapulín, como lo hemos expuesto en reiteradas ocasiones", explicó.

"Esta condición puede cambiar si el Congreso de Jalisco avala la firma del Convenio de 2007 o si se firmara uno nuevo con su aval, entonces pudieran continuar el proyecto a 105 m", y es donde justamente se verá el compromiso real de las representaciones políticas con los moradores de la cañada y de todos Los Altos de Jalisco.

"Para el AMG, con una altura de cortina a 105 m se contempla un gasto de 3 metros cúbicos por segundo, y según la curva áreas-capacidades para presa baja y alta -de El Zapotillo, elaborada por Conagua, que se puede ver en la imagen anexa-, con una cortina a 60 m se almacenarían 145.96 millones de m³, lo que representaría 51 por ciento más agua para Guadalajara y los municipios conurbados".

Para esto, es indispensable "la cancelación del trasvase a la ciudad de León, Guanajuato. A los 14 municipios alteños, que pretenden 'beneficiar' vendiéndoles su agua desde el pretendido acueducto, no les conviene dejar correr el agua hasta El Zapotillo, comprarla, pagar el bombeo de regreso y construir el ramal hasta su cabecera municipal". En este escenario de operación de la presa a 60 m, el agua almacenada sería para el AMG y cada municipio resolvería con proyectos propios sus necesidades en la meseta.

"El Purgatorio, por ser una presa derivadora, requiere de El Zapotillo para poder dotar de agua al AMG de manera sostenida, y no alcanzará los volúmenes asignados de 5.6 m3 por segundo si no se cancela el pretendido trasvase a León. Eso debe quedar muy claro, pues el río Verde no tiene capacidad para abastecer a las tres regiones: AMG, Los Altos y Valle de León", precisó.

No obstante, el camino no está allanado. "Existe una gran resistencia de los promotores y los responsables del proyecto El Zapotillo a reconocer y evaluar la problemática generada por el pretendido trasvase a León -que es el origen de todos los males que se ocasionarían a Jalisco y al país- ya que solo reconocen las afectaciones directas por la construcción de la presa: la inundación de Acasico, Palmarejo y Temacapulín y las tierras de cultivo. No se han valorado las afectaciones ambientales, sociales, económicas, etcétera, de la construcción del pretendido acueducto a León con un diámetro de 2.40 m de diámetro -que sería una barrera física- en el corazón de Los Altos; ni los impactos por el trasvase, que serían de grandes proporciones y de alcance nacional e inclusive internacional, pues destruiría el tejido social asociado a la producción de alimentos y dispararía el precio de los alimentos".

También "desataría una terrible lucha campo-ciudad por el agua e incrementaría de manera sustantiva la migración a las ciudades, teniendo de igual manera sus efectos negativos en la cuestión de seguridad. Afecta además los derechos humanos al agua, a la alimentación, al desarrollo, entre otros. Es imprescindible una solución de ganar-ganar, como la que planteamos", concluye el presidente del Observatorio.

Rebasa la expectativa

La presa de El Zapotillo, a 60 metros de altura, garantiza aportes importantes de agua.

Altura de cortina Almacenamiento
60m 145.96 Millones de metros cúbicos de agua
80m 411.60 Millones de metros cúbicos de agua
100m 910.75 Millones de metros cúbicos de agua

Fuente: Conagua-Semarnat

SRN

viernes, 16 de marzo de 2018

Ganaderos reclaman violación de sus derechos


Los líderes de las asociaciones ganaderas denunciaron la presunta complicidad de algunos funcionarios para comprar leche barata

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Ganaderos de Los Altos de Jalisco consideran que el gobierno mexicano, a pretexto de la libertad comercial, ha hundido a su sector en una profunda crisis en el tema de leche y lácteos, lo cual entraña violaciones a derechos humanos básicos como la libertad de asociación y trabajo, el derecho al agua y a la alimentación, y la prohibición de prácticas desleales con que los industriales incentivan un precio bajo y han llevado al quebranto a miles de productores.

En conferencia de prensa en San Julián, los líderes de las asociaciones ganaderas denunciaron la presunta complicidad de algunos funcionarios de la empresa paraestatal Leche Industrializada Conasupo (Liconsa) para que introductores intermediarios compren leche barata, en juego con la desesperación de los lecheros, y luego se les reciba al pago fijado por la propia empresa. Esto les permite ganancias en ocasiones superiores a 100 por ciento.

La asociación ganadera local de San Diego de Alejandría, entregó una carta a la delegada de la Secretaría de Desarrollo Social en Jalisco, Gloria Judith Rojas Maldonado. “…a pesar que los últimos cuatro años, la inflación acumulada es de casi 20 por ciento de acuerdo con los datos del INEGI y la variación del tipo de cambio, que ha tenido una fluctuación aproximada de 50 por cento, Liconsa no ha modificado su política de pagos al productor mexicano […] esto ha incrementado notablemente los costos de producción, provocando la desaparición de una gran cantidad de establos y poniendo en riesgos de desaparecer a miles más que son base de sustento para muchas familias, lo que afecta en especial a pequeños y medianos productores cuya actividad es de tipo familiar”, le dicen a la funcionaria.

Le solicitan que incida para que Liconsa actualice conforma a la realidad económica sus políticas de compra de leche. Le recuerdan que al arranque del gobierno federal en funciones, Liconsa se comprometió a comprar 100 por ciento de la leche a productores mexicanos, sin embargo, no ha sucedido así “ni Sedesol ha sido sensible a las peticiones de miles de familias que han sido dejadas en situación de pobreza”.

SRN

jueves, 15 de marzo de 2018

Sistema provoca creciente estancamiento en Los Altos


Dirigentes sociales y religiosos de la zona lamentan la falta de una verdadera apuesta de desarrollo.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los Altos de Jalisco pueden colapsar si los gobiernos estatal y federal insisten en solamente paliar la crisis ambiental, social y económica en que, de forma cada vez menos silenciosa, están inmersos: lecheros que abandonan una actividad en la que subsidian a la industria, fortunas que crecen mientras la pobreza se expande; vertidos sólidos descontrolados, erosión y disputa por el agua, un recurso cada vez más escaso.

En el contexto del aniversario 10 del Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable (Conredes), activistas, académicos, productores, líderes religiosos y un par de diputados, se dieron cita en el auditorio del Club de Leones de San Juan de los Lagos.

"Desafortunadamente nos hemos acostumbrado a ser dependientes del subsidio gubernamental tanto las personas como las grandes corporaciones económicas, así como las pequeñas instituciones; todos se molestan cuando se les evalúa y se les quita ese subsidio [...] los subsidios deben ser pasajeros, transitorios, circunstanciales, y en esto vale la pena llamar la atención a quienes por sus intereses tramitan grandes fortunas cuando no lo necesitan mientras otras personas por desconocimiento o falta de recursos no pueden tener acceso. Pero, esos potentados adquieren subsidios a costa del erario, que proviene de nuestros impuestos", dijo el sacerdote José Luis Aceves González, miembro de la asociación.

Su comentario hizo eco en uno de los problemas más apremiantes que enfrenta la región hoy: los bajos ingresos de los productores de leche, sobre todo medianos y pequeños, en una región que genera alrededor de 18 por ciento de los lácteos del país. Decenas de ganaderos cubrieron los cupos del auditorio, pues esperaban la llegada del gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, quien canceló unas horas antes. Se quedaron con las ganas de reclamar al mandatario tanto su tibieza ante la crisis del sector, como que hubiera llamado "revoltosos" a quienes desde hace mes y medio toman carreteras y casetas de peaje en reclamo porque no se cierren los cupos de leche en Liconsa y que se obligue a la industria privada a dejar de abusar de su control de mercado para comprar el producto a precios irrisorios.

El diputado Felipe Pulido le puso cifras a la crisis: de 17 mil productores de leche que se habían identificado en el pasado, ahora se estima quedan quince mil. "Estamos generando una economía de dinero en pocas manos, de ricos inmensamente ricos, en el país y en la región", mientras una importante masa de población es desplazada de las oportunidades económicas.

La nota ambiental la pusieron los investigadores Antonio Gómez Reina y Miguel Magaña Virgen, de la UdeG. El primero destacó la escasez de agua que marca la historia y el destino de la meseta alteña, los tremendos problemas de salud pública que ocasiona su mal estado, y el futuro incierto derivado de un manejo inadecuado de los yacimientos del subsuelo, así como la exportación de aguas hacia la cuenca del río Turbio. No hay agua de sobra, subrayó, al igual que los otros expositores del foro.

Magaña Virgen señaló que el instrumento de la manifestación de impacto ambiental es usado sólo como cubrimiento de requisitos para sacar adelante megaproyectos, pero en realidad, El Zapotillo y el acueducto a León nunca tuvieron un balance de impactos que puedan medir lo que sucederá con la meseta por verse privada de 119 millones de metros cúbicos de agua anual. Enfatizó la urgencia de habilitar el ordenamiento hídrico -propuesta recomendada desde hace dos años por el Observatorio Ciudadano del Agua- y de que se haga realidad una recomendación más reciente: el extensionismo ambiental. Esto obliga a modificar los sistemas de gestiones verticales en el tema de uso de agua y territorio que hoy prevalecen.

Por el Congreso del estado asistió el diputado Augusto Valencia, quien destacó los compromisos de la bancada del Partido Movimiento Ciudadano para evitar el trasvase y la inundación de los pueblos de la cañada del río Verde. No se supo cómo lo opera ese grupo legislativo: hasta ayer, todos los esfuerzos legales para impedir el trasvase lo hacen los abogados de Conredes, de los ganaderos y del movimiento Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Tanto el gobierno estatal como la mayoría legislativa local no tienen actuaciones legales para cerrar paso a ese sombrío futuro que en San Juan de los Lagos, ayer, fue referido.

SRN

jueves, 22 de febrero de 2018

El Observatorio demanda transparencia en río Turbio


El organismo ciudadano sobre gestión del agua señala que no hay garantías de que León entregue agua pactada en calidad y cantidad.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El gran tema del agua en Jalisco en términos de controversia política es el proyecto del trasvase del río Verde a la ciudad de León. Los colectivos alteños, y el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua, señalan que el acuerdo de compensación que el gobierno de Guanajuato ha signado con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno de Jalisco, no tiene visos de cumplimiento: ni siquiera habría condiciones para entregar 80 millones de metros cúbicos comprometidos a cambio de los casi 120 millones que la ciudad de El Bajío quiere importar de Los Altos, aseguran.

"Se recomienda al Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco solicitar a la Comisión Nacional del Agua y hacer del conocimiento público de forma inmediata el Inventario de Plantas de Tratamiento de aguas residuales cuyas descargas van al río Turbio, ubicado en el Estado de Guanajuato, así como sus condiciones actuales de operación", es una de las últimas recomendaciones sobre el asunto.

Una segunda recomendación en el tema fue "solicitar a la Conagua y hacer del conocimiento público, de forma inmediata el inventario de las descargas municipales industriales, así como el tipo de contaminantes establecidos en las condiciones particulares de descarga fijadas a los procesos industriales y de servicio que descargan actualmente en el Río Turbio, ubicado en el estado de Guanajuato".

Dos recomendaciones más: solicitar al mismo organismo "y hacer del conocimiento público las características ambientales y tipos de contaminantes que contiene el río Turbio en su desembocadura actual en el río Lerma en el estado de Michoacán"; así como "hacer del conocimiento público los sitios autorizados para la estabilización de los lodos productos del tratamiento de las aguas residuales autorizadas para descargarse en el río Turbio, así como los medidas de tratamiento y disposición final de estos".

Según los datos oficiales, el río Turbio tiene un escurrimiento medio anual de 163.4 millones de metros cúbicos pero se le extraen 145.8 millones de m³. De ese volumen, 22.4 millones de m³ se evaporan en los 215 kilómetros del afluente. Los "compromisos" de agua abajo ascienden a 18.9 millones de m³. Es decir, el río Turbio casi desaparece, o como se dice en lenguaje técnico, tiene "déficit" (Estudio técnico de los recursos hídricos del área geográfica Lerma-Chapala, Semarnat, Diario Oficial de la Federación, 24 de julio de 2006).

Buscan bonos del agua

El Observatorio considera que hay discriminación a los productores de alimentos aunque es un derecho tan importante como el del acceso al agua. "El manejo integral del agua no solamente comprende la construcción de obras hidráulicas para la concentración de agua, la distribución local y regional y el aprovechamiento regulado por la autoridad, sino que dentro de las múltiples acciones vinculadas que requieren establecerse y normalizar, bajo el marco de la sustentabilidad, está la prevención, protección y manejo de las características territoriales que hacen posible la infiltración, escurrimiento y evapotranspiración natural en favor del equilibrio del ambiente, esto es, el ciclo natural del agua. Es por ello que se recomienda al poder ejecutivo de Jalisco, que diseñe, establezca y promueva, la conformación y establecimiento de una estrategia Estatal en avance comunitario hacia la sustentabilidad, fincada en la emisión de Bonos del Agua como una medida compensatoria a las acciones y actividades que los productores agropecuarios realicen en sus propiedades, para provocar, e incrementar los procesos de infiltración y recarga de aguas subterráneas en cantidad y calidad, como una medida compensatoria en la obtención de los derechos de explotación uso y aprovechamiento de las aguas nacionales en beneficio comunitario para la producción del sector primario, particularmente para aquellas zonas cuyo estrés hídrico las hace más vulnerables al cambio climático".

SRN

sábado, 20 de enero de 2018

Alteños exigen a SCT dar marcha atrás a privatización de carretera


Se reúnen en San Juan de los Lagos; muestran evidencias de que la autopista privada serviría de paso al acueducto El Zapotillo-León.

Agustín  del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los alteños movilizados desde hace una semana no están dispuestos a ceder en relación a la pretensión de que se privaticen 27.5 km de la carretera entre El Disparate y Lagos de Moreno, por lo que ayer, se reunieron en San Juan de los Lagos para discutir las acciones que se tomarán en caso de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) insista en que se aplique la concesión a favor de la Red Carretera de Occidente.

En presencia de la diputada federal Soraya Flores, de los diputados locales Felipe Romo y Hugo René Ruiz Esparza, y del presidente municipal de San Juan de los Lagos, Alejandro de Anda, el creciente movimiento de oposición reclamó ayer por la mañana a sus representantes que se lleve su queja a los ámbitos de decisión, y además, se nombró una comisión que asistirá, la próxima semana, a una cita con el Centro Jalisco de la SCT, en Guadalajara.

La preocupación, como en 2010, es que se pretenda privatizar una ruta que fue construida con dinero público y que jamás formó parte de la autopista de cuota que se construyó a comienzos de los años 90. Pero hay un elemento extra que aumenta la preocupación de los movilizados: los videos que difunde el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, donde se ilustra el paso del acueducto El Zapotillo-León justo por el derecho de vía de la carretera en disputa.

Y aunque el alcalde de San Juan de los Lagos pidió no mezclar los asuntos, los lugareños los ven entrelazados. “Es el SAPAL el que lo hace al difundir en presentaciones justamente esa expectativa de utilizar el espacio público para un proyecto que también rechazamos”, dijo Juan Manuel Segoviano, del ejido Agua de Obispo, núcleo agrario que sostiene una suspensión en el marco de un juicio de amparo para impedir el paso por sus tierras de la tubería del proyecto de transportación de agua.

La cita estaba convocada para discutir el asunto con la SCT, pero la dependencia pidió una reunión en sus oficinas y la presencia de solamente tres representantes de los afectados, más los funcionarios públicos ya señalados. Al final, se sumaron además el presidente del Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable (Conredes), Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, y el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en San Juan, Javier Ruiz. Los representantes de los afectados son el mismo Juan Manuel Segoviano, Efraín González González y Juan Pablo Jiménez.

“Pusimos sobre la mesa el tema de que la punta de lanza de esta afectación es bloquear el acceso de los predios y negocios y carretera, pero lo que viene detrás es la intención de instalar el tubo del acueducto por el derecho de vía, y esa lectura no la provocamos nosotros, es clara, y está levantando gran indignación; la gente ve con preocupación cómo se da de forma gradual la pérdida progresiva de sus derechos sobre bienes públicos, como el agua y la libertad de tránsito”, subrayó Márquez Gutiérrez.

El mensaje es claro: no permitir que el proyecto de privatización culmine. “Es clara la misión que lleva el grupo en la cita con SCT”, añadió.



De acuerdo con las concesiones hechas por el gobierno federal a este corporativo, en la zona del Bajío cuentacon diversos tramos, varios de ellos de los más transitados en la región, como autopistas. La vía en conflictoactualmente corresponde a un tramo de la carretera conocida como El Desperdicio-Lagos de Moreno.

SRN

jueves, 28 de diciembre de 2017

'Temaca' emplaza a alcalde de Cañadas a cumplir promesa


En compañía de hijos ausentes, esperan se revoque en enero acuerdo de cabildo de septiembre pasado.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los vecinos de Temacapulín señalan al presidente municipal de Cañadas de Obregón, Jaime Gustavo Casillas Vázquez (PRI), por "prestarse" a los intereses del gobierno de Jalisco, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de las empresas que pretenden sacar adelante el proyecto de la presa El Zapotillo, al permitir la posible reapertura del Nuevo Temaca en Talicoyunque, en violación del Código Urbano y de la Ley General de Asentamientos Humanos.

"Hay un acta del 26 de septiembre de este año, donde la cabildo autoriza legalizar Talicoyunque, al reponer el procedimiento de nuevo centro de población y de su plan parcial que había anulado el Tribunal Administrativo del estado [TAE]; el acuerdo tomado en esa sesión es que se repone el procedimiento y se hace una nueva consulta para un proyecto de programa del plan de desarrollo urbano, que en realidad es la reubicación", explicó el abogado de los quejosos, Guadalupe Espinoza Sauceda.

Por ello, diversos vecinos de Temaca, entre ellos, el delegado municipal, elaboraron un escrito, lo firmaron y lo hicieron llegar al alcalde, y está debidamente firmado y sellado, "hoy hace ocho días se entregó a la presidencia de Cañadas de Obregón; el padre Gabriel Espinoza, vocero del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, nos dijo que el presidente municipal acordó en la próxima sesión de ayuntamiento, invitar a Temacapulín para revocar ese acuerdo, aunque hay que aclarar que nosotros no le creemos, porque el presidente ha sido muy doble en su actuar, dice una cosa y hace otra".

La sesión ordinaria siguiente sería en el mes de enero, y coincidiría con las fiestas de Temaca, a las que acuden buena parte de los hijos ausentes de Estados Unidos y de otras partes del país; "como mucho de ellos son paleteros, en este tiempo no hay venta, es frío, empiezan a trabajar a finales de febrero o principios de marzo, así que se la pasan en el pueblo, y Temaca celebra sus fiestas patronales a principios de año, del 6 al 8 de enero".

Y como recelan de lo que haga el alcalde, los lugareños de Temaca le han advertido por escrito que abrir un nuevo proceso de revisión de planes urbanos es violatorio de las leyes en la materia.

"En ese escrito dijimos al presidente municipal que no podía hacer la reubicación, primero, porque la revisión de los planes urbanos es en el primer año, no el tercero, de gobierno; el presidente municipal ya está por salir, y es causa de nulidad porque está contraviniendo el Código Urbano, y también la Ley General de Asentamientos Humanos , que es una ley federal; allí se dice que la creación y desaparición de poblados es facultad del Congreso, no del municipio; el municipio puede proponer, y no estamos en ese supuesto porque Temacapulín todavía existe, no se ha anulado, no se ha desaparecido, por lo tanto habría violación de leyes, y está advertido de su responsabilidad".

Temaca ha echado abajo en dos ocasiones previas por la vía judicial, las tentativas municipales de desplazarlos, en 2009 y en 2011, recordó Espinoza Sauceda.

SRN

viernes, 15 de diciembre de 2017

El Zapotillo “cuesta 19 millones” al mes



Se teme que este proyecto de infraestructura hidráulica llegue a costar 50 mil millones de pesos al erario, antes de entrar en operaciones.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El entreveramiento de intereses de privatización con el uso de recursos públicos en el tema agua lleva a aberraciones, considera la activista María González Valencia: la integrante del Instituto Mexicano para el desarrollo Comunitario (Imdec), asegura que el proyecto El Zapotillo, por ejemplo, cuesta 19 millones de pesos al mes, aún sin terminarse y mucho menos operar.

La ex directora de ese organismo ha presidido el Foro Agua, privatización y corrupción, en el Museo de la Ciudad. Ha contado con Félix Hernández Gamundí, especialista en agua, medio ambiente y energía; con Miguel Ángel Montoya, asesor parlamentario, y una ponencia de la propia González Valencia, donde da a conocer sus hallazgos sobre el proyecto de infraestructura hidráulica más importante del occidente de México, el cual, teme llegue a costar 50 mil millones de pesos al erario, antes de entrar en operaciones.

Puso en relieve que los consejos consultivos de agua son organismos que representan los intereses de la gran empresa, y por ende, están lejos de ser sociales. En el caso específico del CCA, cuyo capítulo Jalisco es presidido por el empresario y ex secretario de agricultura, Francisco Mayorga Castañeda, un repaso de su nómina demuestra el peso de esos intereses.

Pero además, incorpora a un ejecutivo de la transnacional Nestlé, Marcelo Mechior; de la cervecera Femsa, el ex gobernador zacatecano por el PRI, Genaro Borrego Estrada; de Grupo Carso, el hombre más rico de Latinoamérica, Carlos Slim Helú, y de grupo cementero Cemex, Juan Pablo García. Se trata de claros intereses empresariales por el agua.

Un ejemplo que demuestra cómo operan esos intereses es la presa El Zapotillo, que se construye en las cañadas del río Verde y amenaza con inundar los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Sus cifras indican que el embalse artificial ha pasado de 10 mil millones de pesos a 27 mil millones, pues la paralización de los trabajos no ha impedido que las constructoras FCC, La Peninsular, Hermés y Abengoa, concesionarias de la obra de cabecera y del acueducto a León, a pesar de que desde hace cuatro años que está parada la obra, les significa 19 millones de pesos mensuales.

Por adjudicaciones e indemnizaciones “Abengoa recibió 1,600 millones de pesos, y a La Peninsular y a Hermes les dieron 1,436 millones de pesos”. Abengoa recibió fondos de las pensiones de los trabajadores de Jalisco, que suman 604 millones de pesos, mientras que el gobierno federal pagaba 200 millones de pesos, y el de Guanajuato, 100 millones de pesos más.

SRN

viernes, 24 de noviembre de 2017

Alteños exhiben los apoyos públicos a CCA



Denuncian que agrupación que preside Mayorga Castañeda en Jalisco representa los intereses empresariles en el negocio del agua, y no a la sociedad.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El presidente del Capítulo Jalisco del Consejo Consultivo del Agua (CCA), Francisco Mayorga Castañeda, aseguró el pasado jueves ante los miembros de la Comisión Especial del Agua del Congreso de Jalisco, que encabeza una agrupación de origen empresarial que "no recibe donativos ni recursos públicos tanto a nivel federal como a nivel del estado". Pero la Alianza Cívica Alteña por la Defensa del Agua (Alcada) exhibió documentos que prueban, al menos en el caso nacional, lo contrario.

La agrupación que defiende a la meseta alteña del trasvase a León, señala que los puntos de vista del ex secretario de agricultura en los gobiernos de Fox y Calderón, están desinformados, pero además, recela del papel del grupo empresarial que tiene legalmente la calidad de consultor de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Y recela porque ve poca imparcialidad en los comentarios del empresario jalisciense.

Esa condición "privilegiada" del CCA le ha costado al erario. Por medio de una solicitud de transparencia, la subdirección general de administración entregó el pasado 14 de agosto de 2017, un memorando (folio Infomex 1610100171817) con una "relación de apoyos, préstamos, donativos, créditos, subsidios y/u otro tipo de apoyos recibidos por el Consejo Consultivo del Agua AC de 2010 a 2017". En 2010, se registra un donativo de tres millones de pesos; en 2011, otro donativo de un millón 323,944 pesos, y en 2012, un tercer donativo por un millón 165,071 pesos. En el año 2013, la Conagua asignó al CCA por adjudicación directa el contrato CNA-SGAPDS-CONV-004/2013 para "diseñar una metodología relacionada con el desempeño y la prestación de servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento y el desarrollo de estrategias y acciones que promuevan el desarrollo de capacidades, la participación ciudadana y la difusión de información en materia de agua".

Se debe señalar que ninguno de esos contratos o donativos se dieron desde 2014 hasta la fecha, al menos en el caso de la Conagua, según la solicitud de información aludida.

El CCA "es una asociación civil, plural, e independiente, integrada por personas de reconocido prestigio y organizaciones de los sectores social, académico, económico, y por grandes usuarios del agua en México, todos sensibles a los problemas relacionados con este recurso y a la necesidad de resolverlos", señala su portal www.aguas.org.mx.

Agrega: "Al ser una donataria autorizada, las aportaciones de sus Consejeros son deducibles de impuestos. Con esas aportaciones se sostienen sus actividades, además de apoyar el desarrollo de proyectos específicos". El CCA fue creado en 2000, al final del gobierno de Ernesto Zedillo, y es consultor de la Conagua. Lo justifica por "su visión ciudadana", y "tener una opinión independiente, propositiva, objetiva y especializada", la "pluralidad y representatividad de su integración" y las "alianzas forjadas e interlocución con actores clave del sector hídrico". En contraste, la Alcada señala que representa el interés de los grandes grupos empresariales que se han incorporado al negocio del agua.

SRN

jueves, 23 de noviembre de 2017

León no tiene condiciones para mandar agua a Chapala



Jalisco "compró" el trasvase de El Zapotillo a cambio de una devolución de agua de la urbe de El Bajío al lago de Chapala, que León no puede cumplir ni en volumen ni en calidad.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La presunta "moneda de cambio" del trasvase de 119 millones de metros cúbicos de aguas del río Verde, en Los Altos de Jalisco, hacia la ciudad de León, Guanajuato: el "retorno" de 80 millones de m³ de agua tratada de primera calidad para el lago de Chapala, es, al menos al día de hoy, una meta imposible.

Ni en volumen, ni en calidad. Descargar a lo largo de un año 80 millones de metros cúbicos desde la ciudad guanajuatense significa dos problemas técnicos: esa agua debe recorrer más de 400 kilómetros para llegar al lago de Chapala. La evaporación elimina en promedio 40 por ciento del agua líquida en los cuerpos de agua de la región Lerma, según la "Estrategia general para el rescate ambiental y sustentabilidad de la cuenca Lerma-Chapala", página 36, elaborado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).

El segundo tema es el uso de esa agua. Según los datos oficiales, el río Turbio tiene un escurrimiento medio anual de 163.4 millones de metros cúbicos pero se le extraen 145.8 millones de m³. De ese volumen, 22.4 millones de m³ se evaporan en los 215 kilómetros del afluente. Los "compromisos" de agua abajo ascienden a 18.9 millones de m³. Es decir, Es decir, el río Turbio casi desaparece, o como se dice en lenguaje técnico, tiene "déficit" (datos contenidos en el Estudio técnico de los recursos hídricos del área geográfica Lerma-Chapala, Semarnat, Diario Oficial de la Federación, 24 de julio de 2006).



"Está medio complicado; una vez que entra el agua a León ahí se consume; tienen el proyecto de dos plantas armadoras de vehículos, y cada vehículo mediano requiere de más de medio millón de litros de agua; normalmente la armadoras se hacen en la costa y no en zonas áridas, como León, hay que investigar en esa línea de los proyectos que promueve Vicente Fox", señala al respecto el director del Instituto de Limnología de la UdeG, Manuel Guzmán Arroyo.

- Se está planteando certificar esa agua desde las plantas de tratamiento de León.
- Pues en ese recorrido todo mundo toma agua, hay concesiones pero también la gente toma agua con bombas caseras, son cientos o miles de bombitas que se trasforman en un acueducto gigante; habría que hacer un recorrido a detalle y ver la necesidades que tiene la gente de agua, no se les puede quitar pero sí regularizar [...] de acuerdo a la información que tengo y los mapas está en chino esto, porque es pensar que se respeten los acuerdos, lo que es el llenado de las presas; y eso que los últimos tiempos no han sido malos en lluvia, pero si viene una temporada de malos años se refleja en esto.

La mala calidad
Peor aún es la mala calidad del agua que sale de las zonas industriales de León, Abasolo, Irapuato Pénjamo o Purísima del Rincón y que alimenta los 215 km de la corriente superficial, no obstante a que el tratamiento de aguas residuales municipales rebasa 90 por ciento en la ciudad principal, un logro no exento de problemas (en 2016, el diario AM detectó que se dejaba ir cruda parte del agua que llegaba a la más grandes de las instalaciones de saneamiento de León).

"La mayor parte de los metales pesados de origen antropogénico que han entrado al sistema del río Turbio, lo han hecho desde la década de los 50, cuando se inició la industrialización de León, San Francisco del Rincón y Purísima de Bustos. Las obras de ingeniería que se han llevado a cabo en la cuenca del río Turbio han modificado sustancialmente los procesos de sedimentación, al controlar parcialmente el destino de los metales pesados en el sistema [...] la remoción de los materiales y de los metales pesados se torna más activa; como consecuencia de ello, el área que recibe estos sedimentos ve incrementar sus contenidos de metales pesados", señala el Monitoreo de contaminantes en las cuencas de los ríos Guanajuato, San Juan de Otates y Turbio y su impacto en el río Lerma, estado de Guanajuato, México, editado por la UNAM en 2005.

Diez años después, en 2015, los investigadores Daniel Tagle Zamora, Alex Ricardo Caldera Ortega y Virginia Villalpando Vázquez, señalaban: "Los problemas relacionados con las descargas de aguas residuales del sector industrial curtidor de la ciudad de León, Guanajuato tienen implicaciones multidimensionales sobre la cuenca del río Turbio, amenazando seriamente el tema de la salud y la sustentabilidad de la misma. Los acuerdos generados por las autoridades responsables de la gestión del agua han sido insuficientes para crear un escenario de gobernanza del agua en la región. Por el contrario, predomina un constante conflicto social que impide el saneamiento, por lo que ponen en riesgo la vulnerabilidad de la cuenca..." ('Negociaciones fallidas en la cuenca del río Turbio 1987-2014: el caso de la industria curtidora y el deterioro del bien común', revista Argumentos, Universidad Autónoma Metropolitana, enero-abril 2015).

Ha avanzado lento el tema de meter en orden a los curtidores, una industria en la que la ciudad ocupa el primer lugar nacional en ingresos. Pero el problema deriva de muchos sectores económicos: por ejemplo, el gobierno de esa entidad denunció ante la Profepa, apenas en abril pasado, a la paraestatal Petróleos Mexicanos por vertidos contaminados al río Turbio desde instalaciones de su refinería en Salamanca.



No es casual, entonces, que el Programa estatal hidráulico de Guanajuato reconozca: "de acuerdo con la información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua, en el Estado se cuenta con 3 de los ríos más contaminados del país: Río Turbio, Río Temascatío y Río Lerma. Aún cuando se han efectuado numerosos proyectos y campañas para mitigar el daño derivado de la contaminación no se ha visto una mejora sustancial en la calidad del agua de estas importantes corrientes".

Estos datos no permiten ser optimista en relación a que, si se lograra superar el obstáculo del volumen de agua en un río con muchas concesiones y usos clandestinos del agua, y el problema físico de la pérdida por evaporación, el agua que llegue no será la que demanda un embalse natural cuyo uso primordial es el público urbano de la ciudad de Guadalajara.

"Hay manga ancha para los industriales, para evitar que pongan todas las plantas que deban de poner, porque son sumamente costosas, aumentan su costo de producción, y afecta al mercado; es más baratito que se muera la gente. Ése es el problema que tenemos, no cubrimos las normas internacionales en materia ambiental", añade Guzmán Arroyo. Y de ahí "el atole con veneno" que el activista ambiental de Los Altos, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, espera llegue como pesadilla de un acuerdo de "compensación" que -piensa- nadie ha creído jamás que se vaya a cumplir.

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Alteños "no tolerarán" negocios de agua a sus espaldas

La Alianza Cívica Alteña para la Defensa del Agua (Alcada), principal asociación vertebradora de los esfuerzos de la región para evitar el trasvase de El Zapotillo a León, reclamó ayer las negociaciones "a espalda de los alteños" que realizan autoridades federales, estatales, y los lobbys empresariales que ven detrás del Consejo Consultivo del Agua (CCA) que preside el ex secretario de agricultura, Francisco Mayorga Castañeda.

"Los Alteños -y agroproductores- hemos sido ignorados en todo el proceso de disposición de agua de la cuenca del río Verde, desde los 'estudios justificativos', los decretos de 1995 y 1997 y el proyecto presa y acueducto El Zapotillo, situación que no toleraremos más. Con estos decretos y proyecto, se están vulnerando nuestros derechos más elementales como al agua, a la alimentación, al desarrollo, al trabajo, a ser escuchados y representados por nuestro Congreso del estado de Jalisco y qué decir de nuestras autoridades estatales y municipales", señalan en un posicionamiento entregado a este diario la tarde de ayer.

"No permitiremos que nos conviertan en 'moneda de cambio' para favorecer el comercio y la privatización del agua arruinando nuestro desarrollo y comprometiendo nuestro futuro, despojándonos del agua a la que como mexicanos tenemos derecho. Siempre hemos procurado la mejora continua de nuestros procesos y además, en distintas ocasiones hemos solicitado el apoyo de las dependencias relacionadas con nuestro sector y medio ambiente y hemos sido ignorados", añaden.

Como prueba "tenemos el Plan para la recuperación ambiental de la cuenca alta del río Verde en el estado de Jalisco que presentamos el 2 de abril de 2009 al gobernador del Estado. Hemos publicado en la prensa diversos llamados y posicionamientos dirigidos, entre otros, al titular del Ejecutivo y al Congreso del estado, mismos que han sido menospreciados o no atendidos".

El posicionamiento incluye rechazar "enérgicamente las declaraciones vertidas y publicadas el día 21 de este mes en Milenio Jalisco por el ex funcionario estatal y federal Francisco Mayorga Castañeda, en el sentido de que no perderemos si nos despojan del agua y que solo nos oponemos al proyecto sin justificación ni propuestas. Rechazamos de manera tajante la mercantilización y privatización del agua que propone. Exigimos que pruebe de manera fehaciente y documentada sus afirmaciones, ya que no permitiremos que nos conviertan en villanos, siendo víctimas".

Le piden a la presidente de la Comisión Especial del Agua en el Congreso, Mónica Almeida López, "que cumpla las peticiones que hemos hecho al Congreso en diferentes fechas y que no sea de doble cara, ya que su interés no es del Estado sino de un nuevo puesto. Y se le reitera de nueva cuenta que acepte las recomendaciones del Observatorio Ciudadano del Agua, en especial las del no al trasvase (en donde las Universidades UdeG e ITESO ya lo han señalado públicamente) y la del ordenamiento hídrico, ya que su carácter de vinculante y obligada consideración así lo demandan".

Es una guerra por el agua, puntualizan, y "no estamos dispuestos a perderla".


jueves, 2 de noviembre de 2017

El Zapotillo, la presa que nunca fue para 80 metros



Sorprende a los académicos de ITESO, UdeG, UTJ y UP el doble discurso de la Conagua y sus omisiones frente a la ley.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Un aspecto que llama la atención de los integrantes del Consejo Académico del Agua, grupo consultivo convocado por la comisión especial del agua del Congreso local, para abordar la problemática de la presa El Zapotillo, es el papel de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), frecuentemente al margen de la legalidad y escasamente comprometida con la transparencia en el caso analizado.
resa a una altura de 80 metros no es operativamente viable y no puede abastecer de agua potable a la zona metropolitana de Guadalajara. Por lo tanto, la decisión de terminar y poner en marcha la Presa El Zapotillo a 105 metros y la consecuente inundación de los poblados de Acasico, Palmarejo y Temacapulín es inevitable. El titular de la CEA sostiene que, desde el punto de vista técnico, el diseño y avance de la construcción actual de la presa hacen inviable un ajuste a una altura menor a la que fue proyectada, es decir, de 105 a 80 metros. El hacerlo conllevaría a riesgos de escurrimiento, erosión y, en casos extremos, colapso de la estructura", destaca el documento del grupo, denominado "Alternativas para la Gestión Integral y Sustentable del Agua en Jalisco, en el contexto del proyecto de la Presa El Zapotillo".

Que no se pueda ajustar demuestra varias inconsistencias: una, que no se pretendía respetar el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de dejar la cortina en 80 metros, que nunca tuvo un proyecto ejecutivo el convenio de 2005 y que por ello, no había escenario alterno a los 105 m para la Conagua, añaden.

"Durante todo este proceso, la socialización, consulta y estrategia de información sobre el proyecto El Zapotillo -entre otros proyectos hidráulicos y acciones complementarias para el manejo del agua en Jalisco- ha sido incompleta y poco clara. El cambio en el diseño del proyecto, así como las omisiones y descuidos del proceso de gestión del proyecto han implicado un aumento de costos a lo largo de tres administraciones: procesos jurídicos y demandas judiciales, realización de nuevos estudios técnicos [diques, balance hidrológico, ramales, entre otros], suspensión de obras, pago de indemnizaciones a empresas y, más recientemente, la posible demanda por incumplimiento de contrato referente al acueducto El Zapotillo-León", precisan.

"En el proceso de búsqueda de información no pudo encontrarse ningún proyecto de construcción de una presa a 80 metros de altura, incluso la inexistencia de tal proyecto ha sido afirmado por oficio por parte de la Conagua, por lo que se asume que el único proyecto es el correspondiente al de la presa de 105 metros, y de acuerdo a las conclusiones del titular de la CEA es inviable la modificación del proyecto actual de la presa para dejarla a 80 metros de altura ya que correría riesgos estructurales. ¿Existe un peritaje independiente de ingeniería que certifique la imposibilidad de modificar la presa actual para conservar una altura final de 80 metros?", preguntan.

"A pesar de que el congreso del Estado de Jalisco presentó desde 2012 la controversia constitucional, la Conagua continuó con el proceso de construcción de la presa el Zapotillo bajo un proyecto para una cortina de 105 metros, con el conocimiento de las dificultades técnicas y económicas que implicaría la modificación del proyecto de construcción para adaptarla a 80 metros de altura, en caso de que la resolución de la Corte no les favoreciera. Nos preguntamos si existe alguna responsabilidad de los funcionarios federales en relación a los costos generados por los retrasos en la construcción de la presa o por los costos de modificación de la estructura (si fuera posible) por no esperar la resolución final de la Corte", sugieren.

SRN

viernes, 27 de octubre de 2017

Ejecutivo usó a la Unops para legitimar proyecto



El ejecutivo estatal no ha hecho un análisis integral para decidir el futuro del río Verde, y apuesta por un modelo tradicional no sostenible.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Quedó a deber el uso que dio el gobierno del estado al costoso trabajo que contrató a la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés), pues en la decisión de apoyar la presa El Zapotillo con 105 metros de altura, y las comparecencias posteriores de los secretarios ante el Congreso del estado, evidencian pobreza de conceptos y la apuesta por un modelo tradicional y "economicista" de corto plazo, señalan expertos de cuatro universidades en "Alternativas para la gestión integral y sustentable del agua en Jalisco, en el contexto del proyecto de la Presa El Zapotillo", un informe elaborado para el poder legislativo.

"El gobierno estatal, ante la incertidumbre percibida en la sociedad y la falta de credibilidad o conocimiento parcial del proyecto presentado por la Conagua, solicitó los servicios de la ONU a través de la Unops [...] el informe de la Unops acredita con claridad que hay menos agua disponible de la originalmente contabilizada en la cuenca en el caudal del río Verde, y una mayor demanda de la originalmente documentada para la misma cuenca. A pesar de ello, se sostiene por parte de los funcionarios que la única opción para abastecer de agua a la zona metropolitana de Guadalajara y a la ciudad de León es la de una presa con una cortina a 105 metros y un trasvase de cuencas que derive agua a León, Guanajuato".

Quedó evidenciada "la toma de decisiones desde un modelo técnico-administrativo, burocrático y excluyente de gestión del agua que no considera los elementales principios de realidad y de subsidiariedad en la toma de decisiones que son esenciales para el derecho y la política ambientales y que se encuentran integrados en el marco normativo del agua en México. Frases vertidas durante la comparecencia [de funcionarios estatales ante el Congreso] como la de que 'el agua no se aprovecha' cuando no se utiliza para consumo humano y que si culmina en el mar 'se desperdicia', reflejan el paradigma de modelos de gestión tradicionales basados en el comando y control y de la oferta, sin considerar factores socio-ambientales de manera integral".

A esto hay que agregar "la falta de información y la falta de estudios, como el de un Ordenamiento Ecológico Territorial, son un problema en la toma de decisiones con perspectiva sustentable y ambiental. También es un problema no contar con una estrategia definida para atender a las poblaciones y respetar plenamente sus derechos humanos, sociales y colectivos".

El escenario de Unops aceptado por el gobierno de Jalisco, "no tomó en cuenta lo relativo al cambio climático. En la comparecencia se recordó que la variable de cambio climático sólo se tomó en cuenta en uno de los escenarios [escenario cuatro] planteados por la Unops: 'solo se tomó en cuenta en el escenario más radical', mencionó la secretaria de Medio Ambiente, Magdalena Ruiz. Puede entonces lanzarse la pregunta: ¿por qué el poder Ejecutivo estatal toma una decisión pública tan relevante basándose en un escenario que omite la variable de cambio climático en el diseño y operación del proyecto El Zapotillo? Se debe tomar en cuenta que existen estudios consistentes donde se evidencia que el cambio climático tendrá impactos severos, específicamente en la región alteña, alterando indiscutiblemente el ciclo hidrológico en la cuenca".

El cambio climático "debe ser una variable fundamental a tomar en cuenta, en este caso y por la vulnerabilidad de la zona, debe incorporarse plenamente a una perspectiva integral para la construcción de un modelo de gestión integral del agua en la cuenca. Evidentemente el factor cambio climático no está incorporado en el escenario que retoma y asume el gobernador de Jalisco en relación al trabajo realizado por la Unops. No deben admitirse proyectos o escenarios en donde no se tome en cuenta en forma clara y explícita la variable cambio climático", advierten los expertos de ITESO, UdeG, Utej y UP.

SRN

jueves, 26 de octubre de 2017

'Temaca' sí se salva... con una presa a 87 metros



Uno de los consultores más experimentados de Jalisco revela que es posible la ecuación de salvar Temacapulín, hacer una presa de 600 millones de metros cúbicos y abastecer con 10 metros cúbicos a la ciudad.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El destino de Temacapulín estaba aparentemente definido desde que el gobierno de Jalisco emitió, el 11 de abril de 2014, el comunicado en que avalaba un dictamen de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que advertía que siete años atrás, el propio organismo federal les había mentido: una cortina a 80 metros de altura en el río Verde no salvaba de las aguas al viejo poblado, los diques propuestos de hasta 20 metros de altura no garantizaban que no hubiera inundación, y por el contrario, amenazaban la vida y los bienes de Temaca.

La postura fue repetida tres años después, tras ofrecer un compás de espera que alimentó precarias esperanzas en el puñado de pobladores aferrados a su viejo asentamiento, con base en un a la postre discutido trabajo de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), contratado por el gobierno estatal, y que reiteró la vieja postura apenas el 29 de junio pasado: es inviable salvar Temaca con 80 m de cortina, y lo sensato es que se eleve a 105 m y los habitantes se vayan a la más elevadas vecindades de la cañada que fue asiento de sus ancestros por al menos seis siglos.

No obstante, Porfirio Ruvalcaba, uno de los ingenieros hidráulicos más experimentados de Jalisco, pretende quitar la razón al gobernador Aristóteles Sandoval y a todo el aparato de técnicos que dirige desde su oficina su principal asesor, Enrique Dau Flores: Temaca no sólo se salva con cortina a 80 metros. Se salva con una cortina a 87 metros y tres metros más de margen.

¿Acaso se pueden reinventar la geografía y replantear las leyes de la física? No tanto. Pero sí.

"Temacapulín no debe quedar inundado, y esto se logra eliminando el cauce del río Verde, hacia el norte, haciendo un bordo, una especie de dique, y una cortadura en la falda de un cerro, a una longitud de 940 metros, para el desvío del cauce del río; con esta solución se le quita una curva al río como de de 2,500 metros, y Temaca se queda con una zona interior más amplia, el viejo cauce se transforma en un estanque para criadero de peces, y desde luego alejamos considerablemente la presa, a más de un kilómetro y medio, haciendo los bordos bien cimentados y amplios, de unos 100 metros desde la base y una altura como de 25 metros, que es más seguro que cualquiera de los diques que dijeron", explica el consultor, en entrevista con MILENIO JALISCO.

Y no solamente se trata de desviar el río. Temacapulín deja de recibir las aguas de la cuenca alta que vierte en la cañada, la cual se desvía por un canal de más de cuatro kilómetros, aguas abajo, más cerca de la cortina de El Zapotillo. Entonces, sólo se drenaría a los estanques del antiguo río cercenado, la modesta cuenca propia. Los dos bordos de 500 metros de longitud, equivalen a verdaderas cortinas de materiales graduados de una represa, lo que las hace una sólida frontera para el agua, y además, les da flexibilidad en el caso de cualquier fenómeno geológico.

El diseño de ingeniería que ha elaborado el consultor, incluye el desvío de la carretera que va de Cañadas de Obregón a Mexticacán, y ese rediseño incluye que el primero de los bordos sea utilizado para el paso de la ruta pavimentada, además de un puente sobre el río, en la zona del corte, con una longitud de unos 30 metros.

De este modo, se alcanza un proyecto de corona de presa de 90 metros, y el vertedor de la presa, que es el que define su altura, puede ser de 86 o de 87, y dejar un bordo libre de tres a cuatro metros", añade.

Además de salvar Temacapulín, ¿cuál es la ganancia neta de este rediseño del vaso artificial? Porfirio Ruvalcaba recuerda que con un vertedero de 80 metros, la capacidad del vaso es de 436 millones 450 mil metros cúbicos; y si se eleva seis metros, la capacidad da 596 millones 190 mil m3, "o sea, un aumento de 160 millones 140 mil m3". Si se optara por el vertedor en 87 metros, son 620 millones de m3, casi un tercio más de capacidad, y sin afectar al poblado.

Zapotillo - El Salto

Bajo la hipótesis, que en estos momentos no se ha fortalecido ante la escasa acción legal de los grupos políticos opuestos al trasvase de agua a la ciudad de León (ver MILENIO JALISCO, 24 y 25 de octubre de 2017), de que se modificaría el acuerdo de distribución y los decretos presidenciales vigentes en el río Verde, y se alcanzaría a eliminar el trasvase al estado de El Bajío, el ingeniero aventura un uso de esa gran presa a favor de Los Altos y de la ciudad de Guadalajara... pero su propuesta significa abandonar la construcción de la presa derivadora de El Purgatorio, que implica un bombeo de más de 5 m3 por segundo desde 600 metros abajo de la ciudad.
etros y una conducción de 18 kilómetros lo lleva a la presa El Salto, y de ahí, alrededor de 50 kilómetros más, por gravedad, hasta la presa Calderón (Elías González Chavez), con una pendiente de 90 metros y la posibilidad de generar electricidad equivalente a 20 por ciento del costo del primer bombeo, pues previo a Calderón hay un declive cercano a 50 metros de altura.

La presa Elías González Chávez recupera así su papel de derivadora y reguladora de caudales: su capacidad de conducción se incrementa por arriba de 10 metros cúbicos por segundo, y se resuelve en definitiva el abasto de Guadalajara... sin necesidad de regresar a la presa de Arcediano, como es el propósito de los técnicos que asesoran al gobernador de Jalisco. Es como el proyecto que en los años 90 impulsó el gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez, conocido como "crédito japonés", pero potenciado por una presa de amplios caudales como es El Zapotillo reformado.

Una ventaja no menor de esta propuesta es que su gasto en energía de bombeo es apenas de 42 por ciento en relación con el que tendrá El Purgatorio, pero aún menor, si se considera que generará el sistema algo de electricidad: rondará 35 por ciento. "Y si consideramos que es para siempre, no es menor el ahorro, son costos de operación mucho más bajos aunque la inversión inicial sea fuerte".

¿Por qué no regresar a Arcediano? El consultor destaca la imposibilidad de garantizar una calidad del agua adecuada en ese vaso, incluso con las plantas de tratamiento del oriente de la ciudad en operación al tope. Esto, porque ha sido evidente el fracaso en controlar y posteriormente eliminar el agua de las industrias del sur de la metrópolis, y a eso habría que sumar el problema de los residuos provenientes del campo y de las agroindustrias del corredor que nace en Ocotlán y la carga que arrastra el principal tributario del río Santiago, que es el río Zula, sostiene el experto.

Los costos no serían menores, pero considera que El Purgatorio ya consumió arriba de 2 mil millones de pesos y tenderá a costar siete mil millones, y sólo es una solución provisional: cuando la pretendida presa Arcediano entre en operación, el bordo de 40 metros de El Purgatorio se inundará. La operación del sistema que él plantea, en cambio, sería más barata a la larga. Pero "necesitamos que se cancele el trasvase a León, para que todo este escenario realmente beneficie a Jalisco", puntualiza.

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Claves

Numeralia de la propuesta

942 metros de corte de terrenos para desviar el cauce del río Verde y alejarlo 1.5 km de Temacapulín

500 metros aproximados de cada uno de los dos bordos a construir, con una altura de 25 metros y una anchura cercana a 100 metros

4.2 km de canal de desvío de cuenca alta de Temaca para conducir esa agua a la presa

18.5 km de conducción desde El Zapotillo hasta El Salto, con 250 metros de desnivel

50 km desde la presa de El Salto, con un túnel en el km 30 en el cerro de La Campana, hasta la caída de 50 metros para generar electricidad

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Claves

Datos jurídicos

La presa El Zapotillo sólo puede estar en 80 metros de altura, hasta ahora. El proyecto original fue concebido solamente para entregar agua a la ciudad de León, Guanajuato, y a poblaciones de Los Altos de Jalisco; el gobierno de Emilio González Márquez optó por ampliar el proyecto y estableció un nuevo convenio para llevar la cortina a 105 metros de altura, pero no consultó sus términos al Congreso de Jalisco

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la controversia constitucional 93/2012 a favor del Congreso de Jalisco, y estableció que el convenio que establecía la cortina a 105 metros era ilegal

Además, tres suspensiones de amparo confirman esta condición: 1093/2014, promovido por un grupo de quejosos denominado "hijos ausentes de Temacapulín en Guadalajara"; 1045/2014, promovido por 84 moradores de Temaca, y 1046/2014, promovido por la asociación civil Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, todos bajo la asesoría del Colectivo de Abogados

El acueducto a León cuenta con una suspensión judicial en contra, promovida por el ejido Agua de Obispo, de San Juan de los Lagos (1390/2014)

Hasta la fecha, no existe ningún expediente judicial que trate de combatir los derechos de la ciudad de León, que se soportan en el título de concesión de 2015, los decretos presidenciales de 1995 y 1997, el estudio de distribución de 1994 y el convenio con Jalisco y el gobierno federal en 2005

Fuente: archivo de MILENIO JALISCO


martes, 24 de octubre de 2017

El Zapotillo: legalmente, la única agua segura es la de Guanajuato



El proyecto fue estructurado jurídicamente para blindar el agua de Guanajuato; nunca han sido combatidas las bases de esa cesión, ni el deficiente manifiesto de impacto ambiental.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Pocas cosas son suficientemente claras en lo legal con el proyecto de la presa El Zapotillo y el acueducto de poco más de 140 kilómetros a la ciudad de León, Guanajuato: la más contundente revela que bajo el escenario de cortina que se plantee el embalse artificial, de 80 o de 105 metros, los intereses de la ciudad de León están salvados, en contraste con el debate político que actualmente domina en Jalisco y con la pretensión -en el discurso- de que esa agua quede exclusivamente para el abasto de Los Altos y Guadalajara.

Esto es la parte esencial del trabajo que han realizado los miembros del Comité Académico integrado por el ITESO, la Universidad Tecnológica de Jalisco, Universidad Panamericana y Universidad de Guadalajara, como órgano asesor de la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua en el Estado, que preside la diputada perredista Mónica Almeida.

Un documento de análisis realizado por el grupo, que fue convocado originalmente por la propia legisladora, denominado "Alternativas para la Gestión Integral y Sustentable del Agua en Jalisco, en el contexto del proyecto de la Presa El Zapotillo", entregado hace unos días a la propia comisión, y del cual, MILENIO JALISCO posee copia, plantea las contradicciones y los entresijos jurídicos de un proyecto que no ha sido eficazmente combatido en sus cimientos: el decreto de distribución de 1994, confirmado en decreto presidencial de reserva de aguas nacionales en 1995, y ligeramente modificado en 1997, y el acuerdo de coordinación de 2005, que es la base del proyecto de abastecimiento. Estos cuatro elementos son sustantivos y vigentes. Y en el cuarto se reconoce que El Zapotillo es una presa destinada fundamentalmente al abastecimiento de León.

Por otro lado, la muy deficiente manifestación de impacto ambiental, sobre todo en su versión para una presa de 105 metros de altura, tampoco ha sido cuestionada eficazmente.

"El convenio de 2007 que establece el aumento de la altura de la cortina de la presa El Zapotillo de 80 a 105 metros se da en el contexto de una fuerte oposición social y política en torno a la construcción de la presa de Arcediano que se materializa con la cancelación de su construcción en 2009. Se puede interpretar que la decisión de Jalisco para sumarse a la construcción de la presa el Zapotillo y lograr un mayor almacenamiento de agua obedece al riesgo de que la presa de Arcediano no fuera construida. La manifestación de impacto ambiental de 2006 para la presa el Zapotillo fue ajustada y aprobada en 2009 estableciendo que no se requería una nueva manifestación de impacto ambiental con motivo de la elevación de la cortina a 105 metros (a pesar de que la superficie a inundar aumenta a más del doble de lo originalmente planteado y establecido en la manifestación de impacto ambiental), puede afirmarse que dichos impactos adicionales no fueron medidos, ni compensados o mitigados".



La sobrelevación de El Zapotillo sí fue combatida. "La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2013 solo anula el convenio signado en 2007, restableciendo las condiciones del convenio previo signado en 2005 y señala la altura de la cortina a 80 metros. Esta condición se resarciría con la firma de un nuevo convenio y su aprobación por el Congreso del Estado, o con diversos actos jurídicos que tendieran al mismo objetivo. La pregunta es: si el Congreso del Estado no logra un acuerdo al respecto, ¿la Federación tiene entre sus atribuciones en materia de aguas nacionales la facultad de decidir por sí misma la terminación de la construcción de la presa como establece el proyecto actual a 105 metros?".

La SCJN "sobreseyó las demandas presentadas por pobladores de Temacapulín ya que no hay ningún indicio de que la presa está siendo construida más allá de los 80 metros y a esa altura no debe inundarse esas poblaciones según la información de la Comisión Nacional del Agua [Conagua]". Sin embargo, una nueva contradicción: "las resoluciones de la Conagua a la solicitud del gobierno de Jalisco para proteger mediante diques al poblado de Temacapulín fueron rechazadas por el inminente riesgo de inundación incluso con una cortina de 80 metros".

Por si fuera poco, en realidad nunca se trabajó en un proyecto de presa a 80 m, porque el acuerdo de 2007 para 105 m fue pronto y se subestimó la posibilidad legal de revocarlo.

"En el proceso de búsqueda de información no pudo encontrarse ningún proyecto de construcción de una presa a 80 metros de altura, incluso la inexistencia de tal proyecto ha sido afirmado por oficio por parte de la Conagua, por lo que se asume que el único proyecto es el correspondiente al de la presa de 105 metros, y de acuerdo a las conclusiones del titular de la CEA [Comisión Estatal del Agua de Jalisco] es inviable la modificación del proyecto actual de la presa para dejarla a 80 metros de altura ya que correría riesgos estructurales. ¿Existe un peritaje independiente de ingeniería que certifique la imposibilidad de modificar la presa actual para conservar una altura final de 80 metros?".

Es decir, "a pesar de que el Congreso de Jalisco presentó desde 2012 la controversia constitucional, la Conagua continuó con el proceso de construcción de la presa El Zapotillo bajo un proyecto para una cortina de 105 metros, con el conocimiento de las dificultades técnicas y económicas que implicaría la modificación del proyecto de construcción para adaptarla a 80 metros de altura, en caso de que la resolución de la Corte no les favoreciera. Nos preguntamos si existe alguna responsabilidad de los funcionarios federales en relación a los costos generados por los retrasos en la construcción de la presa o por los costos de modificación de la estructura (si fuera posible) por no esperar la resolución final de la Corte".

Y por si faltara otro elemento a la ecuación: "dado que León, Guanajuato, cuenta ya con el título de concesión desde el año 2015 sobre las aguas reservadas del Río Verde y dado que la Conagua y Guanajuato tienen un convenio válido y vinculante [el de 2005] que establece el porcentaje de distribución del agua que se llegue a embalsar en la presa el Zapotillo, ¿qué posibilidades reales de negociación tiene el estado de Jalisco para modificar los porcentajes de distribución al tener Guanajuato un derecho consolidado



Ante los hechos, "es evidente que la construcción de la presa se encuentra en un impasse de difícil solución. Si lo señalado por el titular de CEA en la comparecencia ante la Comisión Especial de Agua del Congreso es correcto y no existe solución técnica posible para sostener el convenio de coordinación de 2005 entre la Federación y los estados de Jalisco y Guanajuato para mantener la presa a una altura de 80 metros, entonces se entiende el interés del estado de Jalisco por promover la presa a 105 metros; por un lado permitiría embalsar cierto volumen para su aprovechamiento futuro para la Zona Metropolitana de Guadalajara y, por otro, evitaría los riesgos legales de pagar indemnizaciones a Conagua y Guanajuato ante el escenario de prácticamente rehacer el proyecto".

Sin embargo, "es evidente que cualquier opción que decidieran la Conagua y el estado de Jalisco implementar para elevar la cortina de la presa más allá de los 80 metros será objeto de múltiples impugnaciones tanto de los actores políticos como de la ciudadanía, esto con mayor razón ahora que las deficiencias de todo el proceso son bien conocidas y están documentadas", concluye.

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Claves

Algunos datos esenciales

Desde 2007, el documento legal que ha sido combatido por los defensores de Temaca y por otros actores políticos de Jalisco ha sido el convenio para sobreelevar la cortina a 105 m. Solamente, a partir de 2013, movimientos sociales alteños, hoy estructurados en el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, han señalado la necesidad de combatir los derechos de Guanajuato, pero sin que se procediera judicialmente a cuestionar decretos y convenios anteriores, que lo sustentan, o el título de concesión de 2015 a favor de la ciudad de León

La resolución a la Controversia Constitucional 93/2012 que ganó el Congreso de Jalisco, emitida por parte de la segunda sala de la SCJN, nunca cuestiona el convenio de 2005 o los decretos de 1994, 1995 y 1997

"La Segunda Sala determina entrar al fondo del asunto sin considerar válidas las causales de improcedencia planteadas. No entra al estudio de las cuestiones relativas a la existencia o no de una especie de derechos adquiridos fundados en el Decreto Presidencial de 1997, y si estos supuestos derechos fueron conculcados o no con motivo del acuerdo de 2007 (el acto reclamado). Concede la razón al Congreso del Estado de Jalisco en el sentido de que el acuerdo reclamado es ilegal porque resulta probado que tiene efectos más allá del periodo constitucional del Ejecutivo que lo suscribió y que, por tanto, resulta ilegal al haberse omitido la autorización del Congreso"

Así, los efectos del fallo se limitan a la declaratoria de invalidez del Convenio de Coordinación celebrado por el Ejecutivo Federal, a través de la Semarnat, por conducto de la Conagua, y los ejecutivos de los estados de Guanajuato y Jalisco, "para llevar a cabo un programa especial para los estudios, proyectos, construcción y operación del sistema Presa El Zapotillo y acueducto El Zapotillo - Altos de Jalisco - León, Guanajuato", suscrito el 16 de octubre de 2007

Es decir, "no implica en forma alguna detener la construcción de la obra identificada como presa El Zapotillo y Acueducto El Zapotillo - Los Altos de Jalisco - León, Guanajuato, sino únicamente que se lleve a cabo en los términos pactados por las partes en el acuerdo [...] suscrito el 1 de septiembre de 2005, esto es, en función del proyecto original que contemplaba una altura de cortina de 80 m"

En síntesis, "esta resolución declara ilegal e invalida el Convenio del 2007, permite que se lleve a cabo la construcción de la presa a 80 metros conforme al acuerdo de 2005, el cual no contrempla agua para la ZMG y no entorpece de forma alguna el trasvase"

En 2015 la segunda Sala de la SCJN resuelve sobre diversos asuntos: "amparo en revisión 97/2015 e Inconformidad 302/2015. La corte sobresee diversos amparos en revisión que interpusieron algunos pobladores de Temacapulín por el temor de ser inundados. El argumento para sobreseerlos es que a) no hay ningún indicio de que la presa está siendo construida más allá de los 80 metros y a esa altura no debe inundarse esas poblaciones según la información de Conagua y b) la sentencia de la controversia constitucional 93/2012 indica que se debe construir la presa conforme al convenio de 2005 es decir, a 80 metros"

Fuente: documento de comité académico, octubre de 2017

SRN
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