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sábado, 28 de julio de 2018

La CIDH retoma el caso de Ayotitlán contra Peña Colorada


Una larga y tortuosa historia de inaplicación del derecho en la costa de Jalisco ha llegado a la comisión de derechos humanos de la OEA.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha retomado formalmente la denuncia interpuesta por organizaciones de derechos humanos y la comunidad nahua de Ayotitlán (caso 13,249), que denunciaron al gobierno mexicano por la desposesión de miles de hectáreas de sus tierras primordiales para la operación de negocios mineros, en particular, del consorcio minero Peña Colorada, hoy propiedad de las transnacionales ArcelorMittal, de origen indio, y Ternium, de capital ítalo-argentino, lo que incluye prácticas de corrupción, coerción y violencia contra aborígenes. 

Si bien, los quejosos han acudido a la instancia interamericana desde 2006, cuando se agotaron las instancias judiciales nacionales, esta denuncia o caso permaneció sin mayor movimiento por parte del organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA). Fue hasta el pasado 25 de mayo de 2018, cuando notificó a los quejosos de la reactivación del expediente, en una misiva firmada por Mario López Garelli, autorizado por el secretario ejecutivo de la CIDH. 

Esta reactivación trae consigo una actualización de la denuncia original, una petición de respuestas por parte del gobierno mexicano, y el planteamiento de que en los siguientes meses se haga un intento de conciliación en la Ciudad de México que ha sido aceptado por los afectados, informó a MILENIO JALISCO el activista Óscar González Gari, de la Red Jalisciense de Derechos Humanos AC, una de las cuatro ONG denunciantes. 

El luchador de derechos humanos explica que hay una larga historia detrás del expediente, porque en 2006, con la tibieza institucional del gobierno de Jalisco que presidía Francisco Ramírez Acuña, su homólogo de Colima, a través de su bancada en el Senado, promovió una reforma constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no resolviera la controversia constitucional 3/98, interpuesta por el anterior gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez. Como efecto, se congeló un asunto que estaba a punto de sentencia y se evitó aplicar justicia a un tema en el que están en disputa más que sentimientos regionalistas: en realidad, son los indígenas del lado jalisciense las grandes víctimas de los poderes económicos tutelados desde Colima, advierte. 

“No era conducente que eso sucediera, y se violara una garantía, la no retroactividad de la ley en perjuicio de alguien; si la reforma comienza en octubre de 2005, y nuestro caso ya estaba desde 1998 en la Suprema Corte, entonces no era lógico, interpusimos un amparo, nos fuimos a la revisión, y bajo el argumento de que la constitución es política y no jurídica, no nos dieron resultados, y en noviembre de 2006 acudimos a la CIDH; acudimos cuatro organizaciones mexicanas; el gobierno contestó rápidamente en ese periodo, 2007 a 2008, diciendo que el asunto no procedía, que era extemporánea la petición, nosotros conocimos esa respuesta […] nosotros nos manifestamos y dijimos que estábamos en total desacuerdo con esa percepción del gobierno, porque no captaba la importancia de la región, de la cultura, de la reserva de la biosfera de Manantlán que también sería afectada por la minería; que el propio gobierno creó la mina como empresa paraestatal, por lo tanto tenía responsabilidad directa; se señalaron los crímenes más duros que habían ocurrido en la zona, como la matanza de Timbillos en 1920, y en 1950 la masacre de indígenas en Tenamaxtla, un poblado nahua donde estaba un gran líder indígena, Arnulfo Elías Rodríguez; ese poblado desapareció, así se ha operado por los grandes intereses mineros desde hace décadas”. 

La mina empieza a operar formalmente en los años sesenta, tiempo en que se cambia el expediente de restitución de tierras de Ayotitlán a ejido, con lo que se deja a decisión del gobierno mexicano dotarle de tierras a la comunidad ancestral. La dotación de 55 mil hectáreas quedó incompleta, justamente en los terrenos donde Peña Colorada comenzó a explotar el mineral como empresa paraestatal. 

Los denunciantes señalan que los despojos, el uso de la fuerza, la división comunitaria por dinero y el uso faccioso de instituciones del estado mexicano ha garantizado una amplia impunidad, con violaciones de derechos y daño ambiental, a favor de la minera, que extrae alrededor de 40 por ciento del hierro que produce el país. 


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CLAVES  

Los 4 quejosos.  

Red Jalisciense de Derechos Humanos AC. 

Unión de Pueblos de la Sierra de Manantlán. 

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. 

Frente Regional Pro Manantlán y Cuenca del Marabasco AC.

martes, 7 de febrero de 2017

Rechazo a ley indígena, con “tufo” empresarial



Fela Pelayo no encuentra lógica la abstención del PRI a votar una leuy que fortalece los derechos de las comunidades indígenas de Jalisco

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los "intereses empresariales", son la línea a investigar para poder encontrar una explicación lógica a la negativa de los diputados del PRI y del PAN a aprobar la nueva Ley Estatal Indígena que reconocía a los aborígenes como "sujetos de derecho", lo que les permitía terminar su ascenso como ciudadanos "de primera", señaló ayer la diputada emecista, y presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del estado, Fela Pelayo.
"Desde el año pasado, hace siete meses, presenté una iniciativa que vino de parte de las comunidades indígenas que tenemos en nuestro estado; nosotros nos dimos a la tarea hace un año, de visitar a las diferentes comunidades, y a partir de esa visita nosotros, a través de talleres participativos, presentamos en agosto 25, una iniciativa de ley para el reconocimiento de las comunidades indígenas como sujetos de derecho; actualmente las comunidades están bajo la figura de sujetos de interés público, y qué significa esto, que están bajo la tutela del estado, es el estado el que decide por las comunidades, como si fueran menores de edad, y esta iniciativa pretendía reconocerlos como sujetos de derecho, que fueran ellos mismos lo que decidieran sus vías de desarrollo", explicó la legisladora, en entrevista para MILENIO RADIO.}

Fue el pasado viernes 3 de febrero que se dio la votación para la iniciativa, "y fue rechazada por la mayoría de miembros del Congreso del estado; se trata de un acontecimiento que más allá de molestarme de manera personal, me parece un retroceso para los derechos humanos; recordemos que en esta iniciativa no estamos encontrando el hilo negro, esta petición se hace desde hace 22 años, desde los zapatistas; ellos firmaron un acuerdo con el gobierno mexicano [los acuerdos de San Andrés Larráinzar] en donde se reconocería a las comunidades indígenas como comunidades de derecho, y a pesar de que se firmaron esos acuerdos, a pesar que el estado mexicano firmó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo [...] el Congreso de Jalisco da marcha atrás a esta propuesta, dejándonos bastante sorprendidos, ya que a lo largo de esta legislatura se había promovido el respeto a los derechos".

A su juicio, la abstención es "un voto bastante cobarde", dado que el no votar la ley tiene, en los hechos, el efecto de un voto en contra, "solo que cuando te abstienes no se ve tan feo el color rojo", señaló.

- Entiendo que uno de los argumentos del PRI es consultar a la Coparmex; es como si los indígenas fueran consultados para determinar derechos de los empresarios...

- Así es; a mí me llamo mucho la atención que justo el día que se presentó esta iniciativa para votarse, el diputado representante del distrito uno, en su justificación de porqué votarían en contra, menciona que había que escuchar a la Coparmex [...] nosotros nos preguntamos, de manera lógica, qué tiene que ver Coparmex con esta votación relacionada con temas indígenas.

- ¿No tendrá que ver, como fondo, los temas de territorio en los que ya están inmersas las comunidades en dispouta con proyectos mineros o extractivos de toda clase?

- Por supuesto [...] esto nos hace pensar que hay un serie de intereses de fondo: el tema de las reformas energéticas relacionadas con los territorios que tienen las comunidades indígenas, que son un patrimonio ambiental que tenemos todos los mexicanos, así que habrá que estar muy atentos a partir de este rechazo, de las decisiones que se tomen de la iniciativa privada dentro de las comunidades indígenas, para saber qué hay realmente de fondo en el rechazo de esta iniciativa.

La legisladora se compromete a presentar de nuevo, en seis meses, como lo marca la ley, esta iniciativa, "y las veces que sea necesario hasta que culmine mi responsabilidad en esta legislatura".

SRN

viernes, 16 de diciembre de 2016

Unops y Temaca discuten el estudio del río Verde


La agencia de ONU plantea un estudio de balance hídrico, pero los técnicos de Temaca señalan que sólo es útil un trabajo geohidrológico

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO


Tras dos meses de desencuentros, finalmente se reunieron los expertos técnicos que trabajan para el movimiento de preservación de los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, con el grupo técnico que contrató la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) para la elaboración de su estudio de balance hídrico de la cuenca del río Verde. El resultado fue ambiguo: los del movimiento civil no salieron satisfechos, los de la agencia de ONU valoraron como “positivo” el encuentro, más allá de los desacuerdos.

La esencia de la discusión central fue la metodología que emplea la Unops para llegar a conclusiones sobre si existe o no agua para albergar el megaproyectos de El Zapotillo y permitir o no el trasvase a la ciudad de León; los técnicos de Temaca, los doctores Alessia Kachadourian, Rafael Huízar Álvarez y Joel Carrillo Rivera, cuestionaron los alcances del trabajo, que a su juicio, se basa en 90 por ciento en datos generados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua)cuya pertinencia y representatividad es cuestionada incluso por los técnicos del organismo federal, y que no entra en el asunto fundamental: las aguas subterráneas, principal almacenamiento del planeta, y el modo en que funciona la geología y condiciona los movimientos del agua.

De acuerdo a su crítica, lo que se revisa es solamente la cuenca hidrográfica, es decir, la parte superficial, lo que no permite conocer el elemento geológico que explica a cabalidad los flujos del agua; tampoco se asume la precariedad de los datos oficiales, e incluso el lenguaje utilizado es técnicamente rebatible, lo que lleva a confusiones “como considerar que es lo mismo infiltración y recarga”; otros apuntes destacan la limitación del modelo de análisis en temas como la calidad del agua, dado que la fuerte presencia de componentes minerales en Los Altos de Jalisco apuntan a riesgos importantes en la salud de la población.

En resumen, hay agua abundante en el subsuelo de todo el mundo, y lo lógico sería que la ciudad de El Bajío usara la que tiene disponible en su cuenca y no afectar cuencas ajenas que ya tienen derechos establecidos y un esquema social y económico que depende de su propia agua.

El trabajo de la Unops fue defendido por el experto coordinador, Carlos Angelaccio, quien aclaró que no se tiene ni tiempo ni información para un estudio geohidrológico como el solicitado por los expertos de Temaca, pero sí para el balance hídrico que les encargó el gobierno del estado, el cual aseguró cuenta con los elementos necesarios para una toma de decisiones responsable, y que establecerá recomendaciones para un monitoreo a largo plazo del agua, la evotranspiración y los elementos climáticos que permita conocer a fondo cómo funciona el agua del subsuelo en relación con la superficial, y de qué modo se determinarán escenarios futuros, ante la irrupción del cambio climático en la región.

El trabajo de la Unops, dijo, incluye “la realización de trabajos de campo como aforos, batimetrías [conocer la forma del fondo de un embalse], levantamiento de suelos o evaluación de las redes hidrometeorológicas. El análisis también considera la interrelación que existe entre las aguas superficiales y subterráneas, evaluando los procesos de infiltración y percolación [infiltración profunda del agua hacia los acuíferos]”, añadió.

Toda la información “será procesada por un modelo de simulación hidrológica que evaluará diversos escenarios actuales y a futuro. Asimismo, el estudio de balance hídrico de Unops incorpora escenarios de cambio climático que permitirán evaluar los impactos potenciales de este fenómeno sobre la disponibilidad futura del agua en la cuenca y los complementa con nuevos datos referenciales que se obtienen a partir de trabajos de campo desarrollados en la totalidad del territorio de la cuenca”.

La agencia de Naciones Unidas prepara su informe completo para abril de 2017. Los técnicos de Temaca estiman que ni el modelo ni el tiempo darán mucha luz, y por medio de la vocera del Imdec (Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario), María González, criticaron que los términos de referencia hayan sido “tan estrechos”. En consecuencia, “estamos muy escépticos sobre su alcance”, dijo.

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Claves

PROYECTOS “SATÉLITE”

La Unops diseñará en los meses restantes de su contrato dos proyectos “satélite” para comenzar a subsanar la falta de información de la cuenca, y que deberán ser de largo aliento:

1 Medición, evaluación y monitoreo de las aguas subterráneas

2 Evaluación y monitoreo de la calidad del agua de la cuenca

miércoles, 16 de noviembre de 2016

El pragmatismo partidista “traiciona lucha por derechos”



Roberto Blancarte y Roberto Castelán, en un foro convocado por el PRD Jalisco, destacan la aberrante lucha contra la igualdad y el Estado laico del PRI y el Partido Movimiento Ciudadano

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La tendencia mundial a la “derechización” aumenta los riesgos contra el Estado laico en México por el oportunismo y la “doble moral” de partidos políticos supuestamente liberales o de izquierdas, como es el caso del PRI y del Partido Movimiento Ciudadano, cuyos representantes votaron contra la propuesta de matrimonio igualitario promovida por el presidente Enrique Peña Nieto, y dejaron los derechos a la merced de lo que consideran “mayorías” en un pragmático cálculo electorero, señaló esta tarde el experto en temas religiosos del Colegio de México, Roberto Blancarte.

“El problema es que la cerrazón, no nada más en México, sino que es mundial, ante los derechos de las minorías, que la elección de Trump hace muy evidente, nuestra respuesta normalmente debería de ser el tratar de ser distintos -nuestros connacionales están en riesgo de ser discriminados en Estados Unidos-, y por lo tanto, nosotros ser más tolerantes, más abiertos, más respetuosos, puesto que nos estamos quejando justo de eso; sin embargo, exactamente al día siguiente de la victoria de Trump, el pleno de la cámara en la Comisión de Puntos Constitucionales rechazó la iniciativa presidencial para hacer ya generales y legales el matrimonio igualitario, y eso es una muy mala señal , no solo para el Estado laico, sino para nuestra concepción de lo que supuestamente pretendemos que sea México, es decir, un país más abierto, más tolerante, más respetuoso de los derechos de las minorías; y ahí fue muy evidente que los partidos, en particular el PRI y algunos que se dicen que se dicen de izquierda como PMC, votaron como los conservadores PAN y Encuentro Social; simplemente y sencillamente dieron marcha atrás, a pesar de que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya decidió al respecto”, dijo a MILENIO JALISCO tras participar en el foro convocado por el PRD Jalisco: ¿Una batalla política por las libertades?

- ¿Hay vientos de derechismo y conservadurismo a nivel mundial?

- Así es, hay un movimiento de conservadurismo que se refleja en la xenofobia, en el nacionalismo, en el racismo, y en la negación de los derechos de las minorías, aunque es un mundo crecientemente diverso y crecientemente dependiente, y esto no lleva más que a conflictos y a violaciones de derechos.

- ¿Usted podría hablar de fortalezas institucionales que permitan en México mantener el laicismo?

- Tenemos más debilidades que fortalezas; sin embargo, tenemos instituciones que han sido muy sólidas en la protección de estos derechos, y yo pondría en primer lugar a la SCJN, que ha hecho un extraordinario e impecable trabajo en la protección de estos derechos; desafortunadamente hay otros poderes que se han visto titubeantes, y me refiero en particular al poder Ejecutivo y al Legislativo; obviamente el legislativo es un poder complejo, en donde participan fuerzas de todo tipo, lo preocupante es que quienes están ahí no están viendo lo que se viene […] por pragmatismo, por incapacidad política, o por muchas otras razones, creo que es ahí donde los ciudadanos tenemos que poner mucha atención; yo quiero sacar una lista en mi próximo artículo en MILENIO, de quiénes fueron los diputados que se opusieron a la iniciativa presidencial, para señalarlos y decir, estas personas se opusieron a estos derechos, a ver si quieren ustedes votar de nuevo por ellos, hay que señalar a quienes partidariamente o voluntariamente se están oponiendo a estos derechos.

- Pero también hay que asumir que buena parte del electorado es de este mismo tipo de ideas…

- Claro, pero se confunde la cuestión electoral con la cuestión de los derechos humanos, y los derechos humanos no se deben poner a votación, como la Corte sí hizo: se debe respetar, se debe avanzar, y punto; no se puso a ver si gustan o no, son derechos que se deben de respetar.

- La cuestión de los derechos no puede estar a votación.

- Exacto, no están a votación; entonces los partidos están equivocados al reaccionar de manera sectaria, sin pensar en la Nación, pensando en sus propios intereses partidistas, y de eso la misma población está muy cansada.

- ¿No influye tener jerarquías eclesiásticas, no sólo la católica, tan reaccionarias, y tan negadas al cambio?

- Eso pesa, obviamente, tenemos una historia que llevamos arrastrando durante siglos; sin embargo el problema no son, creo yo, la dirigencias religiosas, porque ellos hacen lo que de acuerdo a su doctrina es conveniente; el problema son los políticos que les hacen caso a esas dirigencias, como si fueran representantes de los propios ciudadanos, y muchas veces los feligreses ni siquiera están de acuerdo con sus dirigencias religiosas […]el problema son los políticos que se dejan presionar y empiezan a actuar pragmática y equivocadamente, y justamente lo que queremos es promover el regreso a los principios por los partidos , que haya ideología; a mí no me parece extraño o reprobable que haya partidos de derecha, conservadores, lo que me parece extraño y reprobable es que partidos que se dicen laicos, que se dicen de izquierda, estén traicionando sus propios principios.

JALISCO, DEMOCRACIA TRAICIONADA: CASTELÁN

Asistente al mismo encuentro del perredismo fue el académico de la UdeG, Roberto Castelán Rueda, quien abordó el problema desde la historia reciente de Jalisco.

“Creo que hay tres puntos que debilitan al Estado laico: la paradoja de la libertad como fortaleza-debilidad para la democracia; el consentimiento de los funcionarios públicos que actúan en contra de la Constitución; y las alianzas políticas pragmáticas que buscan la rentabilidad antes que la defensa de la constitución y los derechos humanos”.

Para el primero, está “el ejemplo de Emilio González Márquez, quien llega al gobierno del estado gracias a un proceso democrático, puede ser entre comillas, pero reconocido, y lo usa para entregárselo al cardenal Juan Sandoval”; del segundo aspecto, puso como ejemplo “al director de Construcción de Comunidad del actual Ayuntamiento de Guadalajara y al diputado Augusto Valencia, “quienes un domingo participan en una marcha promotora del odio y la exclusión [la marcha por la Familia] y al día siguiente hablan de inclusión y tolerancia”. Sobre el tercer punto “las alianzas entre el PAN y el PRD, en las cuales este último hace a un lado, deja fuera de la mesa, los principios que protegen los derechos de las minorías y enarbolan ‘banderas comunes’ con un partido que promueve la exclusión. A los tres aspectos los relaciono con la adiaforizacion, término empleado por Zigmunt Bauman para señalar la ceguera moral de quienes consideran como irrelevantes los actos graves que realizan los políticos. La falta de ética y la ausencia de moralidad en el quehacer de los políticos ponen en riesgo la democracia y el estado laico”, advirtió.

MC

jueves, 28 de enero de 2016

Huicholes expulsan a bautistas de Tuxpan


19 adultos y once niños fueron sacados de territorio de Tuxpan de Bolaños y duermen en un albergueen la cabecera de Bolaños desde el martes.

Agustín del Castillo / Guadalajar. MILENIO JALISCO

Por quinta ocasión desde 2009, la pequeña comunidad bautista de Tuxpan de Bolaños ha sido expulsada por la asamblea comunal, al negarse a cumplir ritos religiosos tradicionales y serle rechazada su propuesta de trabajo comunitario.

El pastor de los wixaritari de confesión cristiana protestante, Juan José de la Cruz, dijo a MILENIO JALISCO que la amenaza, que estaba manifiesta desde diciembre pasado, se cumplió el pasado martes 26 de enero a las tres de la tarde, tras un largo desgaste, y no obstante que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) había llamado a conciliar las diferencias.

Los desplazados se encuentran desde ese día en el albergue de la cabecera municipal de Bolaños, donde 19 adultos y once niños duermen y comen en situación precaria; también han tenido oportunidad de comunicar su problema a las autoridades municipales, que piden un plazo de cinco días para poder acudir a la aldea wixárika para que se plantee de nuevo la admisión de los indígenas, “esperamos tener la paciencia”, dijo.

“El 28 de noviembre del año pasado nos reunieron en la comunidad para que dijéramos si volveríamos a tomar cargos en la comunidad, les dijimos que como cristianos no nos compete cooperar en esos asuntos, pero que podíamos cooperar de otras formas, apoyar en la recolección de leña, maíz, contribuciones, ayuda para servicio médico, barriendo […] parecía que nos habían escuchado y se levantó un escrito. El 6 de diciembre hubo asamblea en Barranquilla, un poblado de la comunidad más alejado, pero ya no salió nuestra propuesta, y mintieron: comentaron que nos habíamos burlado, que no queremos cooperar, inventaron muchas cosas y la gente les creyó. Dijeron que no podíamos permanecer en la comunidad…”.

En esas fechas, un misionero bautista y un predicador de Los testigos de Jehová estaban en la zona y fueron detenidos, “los encararon y les dijeron que no tenían derecho a estar allí, y los topiles, que son como los policías del gobernador tradicional, los mantuvieron encerrados, prisioneros”, fueron liberados después de la asamblea.

Antes de que se retiraran, los hicieron firmar “un acta que dice que voluntariamente quisimos salir de la comunidad y que nos iríamos en diez días”. Pero los disidentes regresaron a Tuxpan de Bolaños y no fueron molestados sino hasta el 26 de febrero, que los citaron a una casa de la localidad, “nos dijeron que habíamos desobedecido y que ellos tenían planeado sacarnos de la comunidad. Nos dijeron que a las tres de la tarde irían por nosotros, que empacáramos nuestras cosas […] la verdad no pudimos ni traer ropa, yo tengo una chamarra, todos nos venimos sin nada. Nos dejaron en el crucero del Miguelón, donde están los límites de la comunidad con los ejidos. Allí nos pusimos a buscar señal de celular y cuando pudimos, avisamos a Bolaños y la policía subió por nosotros… en la noche llegamos a la cabecera municipal”.

Los recibió el DIF con unas cuantas cobijas. Un pastor de Colotlán les envió 30 cobertores más. “Hace mucho frío, dormimos en el piso, esperamos que pronto se resuelva esto”.  Es la quinta ocasión en que son sacados de su comunidad originaria, la primera fue en septiembre de 2009. “Ellos dicen que son católicos y no quieren una religión más […] pero nosotros ya cambiamos, nuestra vida ha sido cambiada, Dios nos ha cambiado, ya no peleamos, ya no fumamos, ya no nos emborrachamos y muchas cosas más […] no podemos regresar a lo que antes éramos”.

viernes, 11 de septiembre de 2015

Aristóteles ordena “nueva política de infraestructura”



Medio ambiente y derechos humanos, la base de las obras, asegura al firmar la agenda con la Unops, por 4.6 mdd para destrabar conflicto de El Zapotillo.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Romper paradigmas para establecer "una nueva política de creación de infraestructura" en Jalisco, ordenó ayer el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Magdalena Ruiz Mejía y de la Comisión Estatal del Agua, Felipe Tito Lugo Arias (CEA), tras firmar la agenda del convenio con la Oficina de las Naciones Unidas para el Servicio de Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés), que abrirá el camino para resolver de forma negociada el futuro del río Verde, tras un trabajo de 18 meses y un pago de 4.6 millones de dólares.

"Instruyo a la titular de la Semadet, al director de la CEA y a todo el gabinete para articular una nueva política en la construcción de infraestructura: vamos rompiendo paradigmas; la planeación de obras tendrá que atender, forzosamente, primero a los intereses medio ambientales y los derechos de las personas; los jaliscienses estamos tomando decisiones sin precedente en el país, cambiando las formas de entender el desarrollo, hoy le apostamos y preferimos el diálogo", advirtió en un acto realizado en el patio de los Naranjos de palacio de gobierno.

El mandatario señaló que en el caso de la presa El Zapotillo, "un proyecto heredado", se va a dar todo el poder a la asistencia de la Unops, acompañada por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en busca de generar las bases de un diálogo en el que se prioricen los intereses de los jaliscienses, en especial de los moradores de la región alteña.

No explicó lo que sucederá si eventualmente se reanuda la construcción de la represa, en caso de que el Poder Judicial determinara no conceder suspensiones definitivas en los juicios de amparo que están en diversas fases; tampoco aludió a si se está gestionando un nuevo convenio con el Congreso de Jalisco para destrabar el proyecto de 105 metros de altura, que actualmente está "ilegalizado" por la controversia constitucional 93/2012 (ver MILENIO JALISCO, 1 de septiembre de 2015).

Lo cierto es que se trata de un trabajo que demorará 18 meses, a partir de octubre próximo, es decir, en abril de 2017, lo que contrasta con la intención de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de que la presa entre en operación al menos un semestre antes.

El proyecto que encabezará la Unops se denomina "Asistencia técnica para la sostenibilidad del proceso de planeación de obras de infraestructura en la cuenca del río Verde, Jalisco", e incluye trabajo no solamente en la meseta alteña y los poblados amenazados con la inundación -Temacapulín, Acasico y Palmarejo- , sino también en el área metropolitana de Guadalajara.

Alejandro Rossi, asesor regional de medio ambiente en América Latina y el Caribe para la Unops, aclaró que se revisarán los sistemas urbanos de manera que se generen recomendaciones en el uso del recurso, se eficiente el suministro y se establezcan políticas para preservar las zonas de recarga, ante la evidencia de que Guadalajara "se está comiendo" las zonas de recarga de su acuífero para desarrollos inmobiliarios.

También debe reconstruir los puentes de diálogo tanto con el Observatorio Ciudadano del Agua -que ha perdido la confianza al no tener respuesta positiva a sus recomendaciones- como con movimientos sociales, señaladamente, el de Temacapulín. Ambos impugnan que se usen datos hidrométricos de la Conagua, que a su juicio están manipulados de origen para aprobar obras.

"Parte del trabajo con la información es someterla a un chequeo de consistencia; los datos puestos en una hoja de cálculo, no significan literalmente la realidad; hay un conjunto de métodos orientados a obtener la representatividad de esa información como medir el comportamiento del agua de lluvia, las cantidades de agua que se pueden aforar; no es nada más un estudio de gabinete, es un estudio de campo que se va a desarrollar con aforos testimoniales en distintos puntos de la cuenca, que nos van a permitir tener un set de datos completos y confiables", respondió Alejandro Rossi.

El camino es empinado, pero el gobernador espera que a la vuelta del proceso se haya generado un nuevo modelo. Siempre que la Conagua y los contratistas no se decidan -si se les da el espacio- terminar la cortina de El Zapotillo, detenida desde hace más de un año.

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Claves

Convenio

* La Unops realizará un estudio hidrológico completo
* Se considerarán escenarios futuros por desertificación y cambio climático
* Se escuchará a todos los actores y se les sentará a la mesa con información completa y transparente
* Se privilegiarán enfoques de género, derechos humanos y medio ambiente
* Este trabajo será la base de la decisión del gobierno de Jalisco frente al trasvase a León y otros aspectos de El Zapotillo



sábado, 27 de junio de 2015

Ayotitlán pide 20% del valor mineral de Peña Colorada




Reunión de conciliación en la Procuraduría Agraria, pero los apoderados de la mina niegan un conflicto con la comunidad nahua. La respuesta por la minera se dará el 6 de julio. En la foto, la extracción minera

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

El ejido Ayotitlán pretende un viraje de fondo en sus relaciones históricas con la minera hoy transnacional Benito Juárez-Peña Colorada, que explota un yacimiento ferroso en los límites conflictivos de Jalisco y Colima que da más de cuatro millones de toneladas al año: ayer reclamó 20 por ciento del valor pagado por cada tonelada, nuevos contratos de ocupación temporal de tiraderos de material inerte y respeto a la libertad de tránsito de los nahuas en sus propios territorios.

En una reunión encabezada por el delegado de la Procuraduría Agraria en Jalisco, Gonzalo Moreno Arévalo, y con la asistencia de los representantes de la empresa, Kandice Fajardo Flores -apoderada legal- y Carlos Flores Valadez López; el representante del ejido, Pedro León Corrales, leyó la propuesta que hace el núcleo nahua para resolver el litigio que enfrenta a ambas entidades, y que por ahora, significa una “suspensión de plano” que evita ejercer las concesiones mineras en el territorio del pueblo de la sierra de Manantlán.

El representante, acompañado por los miembros del comisariado ejidal de Ayotitlán y de diversos ejidatarios, destacó que la condición previa indispensable para el arreglo es que “se cumplimente la ejecutoria del 19 de septiembre de 2014, que suspende las concesiones mineras, las concesiones de aguas y descargas y el permiso ambiental en una superficie inicial de 1,201 hectáreas, incluyendo el respeto al libre acceso a los terrenos del ejido”, en el contexto del juicio de amparo 462/2013.

En segundo lugar, “pago por la extracción de material minero [sic] en los terrenos del ejido, con un porcentaje de 20 por ciento por tonelada sobre el precio del fierro”, lo que debería aplicar a partir de la interposición del juicio, en 2013, con la idea de negociar al menos lo que se ha explotado desde 1975. Un tercer aspecto es que les paguen renta por los terrenos donde se ubican las oficinas del consorcio y el terreno donde se ubica el molino, dado que son parte de la dotación de Ayotitlán.

Un cuarto aspecto es que les paguen el uso del terreno para la concesión del agua y las descargas; un quinto aspecto es que la empresa comparta las concesiones mineras para desarrollo futuro del ejido a partes iguales con el ejido. Son nueve tantos el terreno hasta ahora ocupado por la industria: doce mil ha.

Finalmente, desconoce los convenios de renta de terrenos de material inerte y pide se hagan nuevos, pues no fueron aprobados por la asamblea general de ejidatarios.

Los enviados de la minera recibieron la propuesta pero desconocieron el conflicto legal. “No creo que sea el momento ni la plataforma para enfrentarse y discutir cuestiones de fondo y de naturaleza técnica y legal; nuestra postura es venir y escuchar, determinar de qué estamos hablando, la postura de la empresa, es que nosotros no tenemos un conflicto con el ejido”, dijo la apoderada legal, lo que ocasionó irritación entre las autoridades ejidales.

“Atendemos esto por respeto a la institución y a todos ustedes, y nuestra respuesta, la única que podemos dar en este momento, es llevar esta información a la empresa”, reiteró. La cita de respuesta fue fijada el lunes 6 de julio. Los ejidatarios se reunirán a discutir el tema mañana en su comunidad.

jueves, 12 de marzo de 2015

Gobierno de Jalisco combate los amparos de Temacapulín


Gobernador prometió apoyar la causa, pero abogados de la CEA y la SGG buscan impedir suspensiones contra El Zapotillo.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

Las autoridades federales, los constructores y el propio gobierno de Jalisco, han interpuesto al menos 30 recursos en busca de impedir que los jueces y colegiados de distrito otorguen suspensiones en los juicios de amparo promovidos por moradores de Temacapulín en contra de la construcción de la presa El Zapotillo.

El dato es de resaltar porque desde antes de su arribo como gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz se comprometió con los habitantes de la región alteña a que no se permitiría la inundación de su poblado debido al embalse artificial. Cuando tomó posesión, el mandatario reiteró su postura pero dijo que no dependía del estado cancelar la presa, ya que se trataba de una inversión federal y de Guanajuato, y ofreció su apoyo a los quejosos. Hubo mesas de trabajo desde la Secretaría General de Gobierno, con respaldo de la Comisión Estatal del Agua (CEA), e incluso se plantearon propuestas de nuevos sitios de obra que la Conagua rechazó a finales de 2013 por presuntamente “inviables”.

Lo cierto es que de forma paralela a las largas jornadas de discusión con los agentes del gobierno de Jalisco, corrían los diversos juicios de amparo que se han promovido desde el año 2008 por parte de los afectados.

Los defensores de Temaca se encontraron con “piedritas” en el camino: recursos con que se contestaba desde diversas instancias públicas para impedir que se les otorgaran suspensiones que tenían por efecto que la obra no podía continuar, lo que a la postre sucedió: hay cuatro juicios con suspensiones que impiden rebasar 80 metros en la altura de la cortina.

En un análisis de los abogados Guadalupe Espinoza y Claudia Gómez Godoy, asesores de los opositores a la presa en Temacapulín, salen 30 recursos interpuestos en contra de cuatro expedientes de amparo: 1046/2014, 1093/2014, 1045/2014 y 2245/2008. Se trata de sólo una muestra, pero es reveladora.

El 26 de junio de 2014, el subsecretario de asuntos jurídicos de Jalisco interpuso recurso de revisión contra la suspensión definitiva del juicio 1046/2014 (ahora enviado por el Tercer Colegiado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación); el 2 de septiembre siguiente, Aldo García Rodríguez, apoderado general judicial del director de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (también del gobierno del estado), interpone otra revisión contra el mismo juicio.

El 16 y el 24 de junio, las mismas instancias de la CEA y de la Secretaría de Gobierno interponían sendas revisiones contra la suspensión del juicio 1093/2014 (también hoy en manos de la SCJN). El expediente 1045/2014 registra otro proceso de revisión de la Secretaría General de Gobierno.

El único expediente en el que no se registra impugnación del Ejecutivo de Jalisco s el 2245/2008, que sin embargo, fue ampliamente combatido por la Conagua, la Secretaría de Medio Ambiente federal y el agente del Ministerio Público de ese fuero. Otros actores de recursos son las compañías afectadas: La Peninsular y FCC, concesionarias de la megaobra. Hasta ahora no han tenido éxito.

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CLAVES

Los 30 recursos

Expediente 1046/2014

Queja de la Conagua contra prueba de inspección judicial; queja de la Conagua en el incidente de suspensión; recurso de revisión del consejero jurídico del Ejecutivo Federal, del gobierno de Jalisco, de la CEA, del organismo de cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, de la compañía Peninsular y de la Conagua contra la suspensión definitiva

Expediente 1093/2014

Queja de La Peninsular contra garantía por suspensión; recursos de revisión contra suspensión definitiva de la CEA, el gobierno de Jalisco, La Peninsular, agente del MP federal, y tres instancias de la Conagua

Expediente 1045/2014

Dos quejas contra admisión de la demanda de FCC Construcción y La Peninsular; queja contra la negativa de dar trámite a incidente de acumulación de La Peninsular; recursos de revisión contra suspensión definitiva de tres instancias de la Conagua y del gobierno de Jalisco

Expediente 2245/2008

Recurso de revisión contra sentencia de dos instancias de la Conagua y dos de la Semarnat

Fuente: Colectivo de Abogados

jueves, 5 de marzo de 2015

Académicos de la UNAM se suman a repudio a la nueva Ley de Aguas


Violenta el derecho humano al agua, elimina la participación ciudadana, secuestrada por cámaras y sindicatos oficiales, y permite trasvases contra derechos de habitantes de zonas rurales.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Al repudio de académicos, activistas sociales y ambientales, y miembros de la sociedad civil de Jalisco y todo el país a la iniciativa de nueva Ley de Aguas que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pretende aprobar en las siguientes jornadas legislativas del Congreso de la Unión, se sumaron académicos de la UNAM, dado que "viola el derecho humano al agua, criminaliza la investigación científica, legaliza la contaminación del agua, Intensifica conflictos ambientales y elimina la participación ciudadana".

"La iniciativa de Ley General de Aguas propuesta por los diputados Kamel Athié Flores (PRI), presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento; José Antonio Rojo García de Alba (PRI), presidente de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego; Sergio Augusto Chan Lugo (PAN), secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos; y Gerardo Gaudiano Rovirosa (PRD), presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, es una iniciativa que carece del total respaldo científico, es una iniciativa que como académicos no reconocemos. Nos pronunciamos en particular sobre los siguientes elementos y nos solidarizamos con las demandas de la sociedad civil organizada que han sido presentadas en distintas formas, como la Iniciativa Ciudadana", señalaron en un comunicado esta mañana.

"Criminaliza la investigación científica y toda forma de estudio. La propuesta de Ley busca eliminar todo cuestionamiento y crítica que la sociedad civil organizada o de forma individual ha realizado con base en la investigación científica y otras formas de estudio", afirman.

La Iniciativa propone: Artículo 148. Los interesados en realizar obras de exploración, estudio, monitoreo, reinyección y remediación en acuíferos sobreyacentes y subyacentes o en bienes nacionales a que se refiere esta ley deben solicitar permiso a la Comisión en los términos que establezca el Reglamento, así como los criterios técnicos y ambientales que determine la autoridad competente.

Artículo 267. La Comisión sancionará conforme a lo previsto por esta Ley, las conductas siguientes: [...] XXVI. Realizar obras de exploración, estudio, monitoreo, reinyección y remediación sin contar con el permiso correspondiente.

ARTÍCULO 269. Las faltas a que se refiere el artículo 267 de esta ley serán sancionadas administrativamente por la Comisión con multas entre 200 y 50,000 días de salario mínimo general vigente en el DF en el momento en que se cometa la infracción.

"Los verbos de estudio, exploración, monitoreo y remediación, son actividades que son y pueden ser realizadas por el sector académico y la sociedad civil. La Iniciativa no define estudio, exploración y monitoreo, en el caso de remediación la definición no indica a qué personas la actividad, entonces las sanciones propuestas aplican a toda aquella persona que realice cualquier forma de estudio, monitoreo, exploración o remediación, será sancionada sino cuenta con la autorización de la Conagua. Con esto, todas aquellas personas que hemos cuestionado el desempeño histórico de la administración del agua por parte de las instituciones de la administración pública, seremos sancionadas", refieren.

La investigación científica "no sólo hace uso de la información publicada por las instancias de gobierno, también requiere de generar nueva información para actualizar el conocimiento. Los artículos arriba mencionados se contradicen con lo señalado en otros artículos de la misma Iniciativa, como aquellos contenidos en el Título Octavo Conocimiento y protección de los recursos hídrico; Sección Primera.

Ciencia y Tecnología, Sección Segunda. Profesionalización y Certificación o como en la Sección Tercera. Comisión Nacional del Agua.

Además, "la Ley legaliza la contaminación del agua. La actual definición indica que si naturalmente el agua presenta una concentración de "x'' elemento menor a lo señalado en las normas relativas, entonces se puede incorporar. Esto es grave en el contexto de que las actuales normas no incorporan la totalidad de los elementos o sustancias para evaluar correctamente los impactos ambientales.

Además de que para asegurar los ecosistemas se requiere proteger la calidad natural del agua a lo largo de todo el ciclo hidrológico".

La citada iniciativa propone en su artículo 10, XVII. "Contaminación: incorporación al agua de elementos físicos, químicos o biológicos en concentración superiores a las permisibles conforme a las normas relativas a la calidad de las aguas".

Otro aspecto es que viola el Derecho Humano al Agua Constitucional. "La iniciativa señala 50 litros diarios por persona. Esta cantidad pone en riesgo la salud de las personas. De acuerdo con un análisis jurídico realizado por el Centro Mexicano del Derecho Ambiental, la Organización Mundial de Salud, máxima autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas, del cual México forma parte, señala que el acceso óptimo que representa el riesgo más bajo para la salud de las personas es de mínimo 100 litros diarios por persona".

Otro elemento inconstitucional del artículo propuesto, añaden, "es que quieren limitar el Derecho Humano al Agua a sólo aquellas personas que viven en asentamientos humanos, esto significa que muchas localidades rurales e indígenas quedan fuera de tal definición. Con ello, se viola el sentido de la reforma constitucional del artículo 1 y del artículo 4 que una vez más señala que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible".

La iniciativa propone: Artículo 149. El derecho humano al agua comprende la obligación de la autoridad competente de garantizar a los asentamientos humanos, en términos de esta Ley: los derechos de acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, y el mínimo vital, que se otorgará con la periodicidad que permita la dotación equivalente a cincuenta litros diarios por persona.

También Intensifica los conflictos ambientales con los trasvases: "El trasvase es tomar agua de una cuenca incluyendo acuífero a otra cuenca o acuífero. Como ejemplo, el Acueducto VI que de acuerdo con notas periodísticas, Grupo Higa tiene el 50 por ciento de la construcción y operación de este proyecto rechazado por la sociedad. La Iniciativa de Ley justifica los trasvases con la supuesta baja disponibilidad del agua, disponibilidad que el gobierno federal ha determinado a través de la hoy denominada Conagua, ha ido permitiendo que desde 1975 con 32 acuíferos sobreexplotados hayan aumentado a más de 100. Esto ha sido el resultado de la forma ineficiente en como la Conagua ha administrado el agua, de nadie más. Porque la Conagua es quien ha permitido los permisos para extracción y uso del agua".

En particular, "el vocablo recurso debe eliminarse de la Ley de agua y quedar como bien, ya que es así como se establece en la Constitución. La palabra salubre debe cambiarse por potable. El objetivo es que la población la consuma, entonces el agua es o no es potable".

Por si fuera poco, elimina la participación ciudadana. "La participación ciudadana siempre ha estado restringida, en este caso se ratifica tal carencia al remitirse que esta participación será a través de los Consejos de Cuenca, los cuales tipifican que la participación ciudadana a través de las cámaras industriales, de regantes, entre otras (CONCANACO, CONCAMIN, CANACINTRA, etcétera) la iniciativa presenta un capítulo de participación ciudadana escrito de tal forma que la real participación ciudadana, es decir, todas aquellas personas que trabajan por el Derecho Humano al Agua y el desarrollo sustentable, no están representadas justamente en los Consejos de Cuenca. En dichos Consejos de Cuenca se propone que 60 por ciento serán representantes de concesionarios en diferentes usos y Organizaciones Ciudadanas o No Gubernamentales. Sin embargo queda aun menos claro cuando en el Artículo 61 se menciona sin definición al Consejo Consultivo del Agua", puntualizan.

viernes, 27 de febrero de 2015

Avanza “acción colectiva” contra el gobierno mexicano


Se busca hacer responsable a las autoridades de los daños a la salud y al ambiente en la cuenca Lerma-Santiago.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Juzgado V de lo Civil del fuero federal ya integra el expediente de la causa de acción colectiva 310/2014, por medio de la cual, se busca resarcir el derecho a la salud y a un medio ambiente sano de cientos de miles de habitantes de la cuenca Lerma-Santiago, en una estrategia legal que apenas cumple tres años de haberse implementado en la legislación mexicana, y que en caso de ser exitosa, sentaría precedentes respecto a la responsabilidad de los gobiernos en los derechos colectivos o de “tercera generación”.

Una vez emplazadas a juicio la totalidad de las demandada y contestados esos emplazamientos, “el pasado 19 de febrero de 2015 fue certificada y admitida la acción colectiva en sentido difuso promovida por esta asociación civil, en contra de diversas autoridades del ámbito federal, estatal y municipal”, dijo ayer el abogado Virgilio Rincón, director del despacho Rincón y Asociados.

Refirió que se han cumplido los requisitos que plantean los artículos 587 y 588 del Código Federal de Procedimientos Civiles; “en consecuencia, con fundamento en el diverso numeral 591 del Código en cita, se admite a trámite la acción difusa en la vía y forma propuestas”, resolvió el juez.

Las autoridades demandadas comienzan en presidentes municipales y terminan en la presidencia de la república, y “serán enjuiciados por la grave contaminación denunciada; debiendo el Juez de la causa, una vez superadas las etapas procesales respectivas, resolver la procedencia de la acción y condenar en consecuencia a dichas demandadas a la reparación del daño causado a la colectividad actora”, estimó.

“En 2012, presentamos la primera acción colectiva en el país, que fue un mecanismo muy importante de la defensa de los derechos de la sociedad frente a malos servicios que tanto presta el estado como los particulares; de 2012 a la fecha hemos presentado varias acciones colectivas, y una de las más importantes es esta; presentamos también otra por la contaminación del río Sonora, causada por el Grupo México, y también presentamos una más en contra de Pemex, por no entregar las estaciones de servicio a gasolina litro a litro”, puso en relieve.

“Estamos buscando a través de esta acción colectiva es que se condene al Estado mexicano,  a realizar las acciones necesarias para que se corrija la contaminación, para que se genere agua en condiciones de salud, y para que se construyan centros de atención especializada en el área; nos costó mucho trabajo, hubo mucha resistencia […]  pero es un gran y enorme avance, yo espero que pronto tengamos una sentencia condenatoria”, puso en relieve.

lunes, 16 de febrero de 2015

Abre corte expediente para juzgar amparo contra El Zapotillo



La segunda sala de la SCJN aprobó la apertura de la causa 97/2015 que analizará los derechos humanos y ambientales violados por los responsables de la megaobra de agua.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ha abierto el expediente 97/2015 para revisar el fondo del juicio de amparo promovido desde el año 2008 por el ciudadano Lauro Jáuregui Jáuregui, habitante de Temacapulín, quien reclama el despojo de sus bienes y derechos, además de los de la sociedad, con la construcción de la presa El Zapotillo para abastecer de agua a Guadalajara y León.

El juicio original 2246/2008 se intentó en dos ocasiones echar abajo por el Juzgado Cuatro de Distrito en Materias Administrativa y del Trabajo, pero en la primera, el Cuatro Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito ordenó su reposición; en la segunda, pidió a la SCJN ejercer la facultad de atracción ante la trascendencia de los derechos individuales y colectivos en juego.

El 26 de noviembre de 2014, la segunda sala de la SCJN, con una ponencia del ministro José Fernando Franco González Salas votada unánimemente por los cinco miembros, aprobó el ejercicio de la facultad de atracción (545/2014), lo cual ha sido formalizado la semana pasada con la apertura del expediente 97/2015, a cargo de la ministro Margarita Beatriz Luna Ramos.

“Se está en presencia de un asunto de interés y trascendencia cuando el problema jurídico que debe dilucidarse es excepcional, esto es, que por su relevancia, novedad o complejidad se distingue de la generalidad de los amparos en revisión que ordinariamente son del conocimiento de los tribunales colegiados. En estos casos, por la propia naturaleza del problema jurídico, es claro que el criterio que se sustente puede afectar de manera significativa a la sociedad o los actos de gobierno”, señalaron los ministros en la resolución de noviembre.

Así, “en el contexto descrito en párrafos precedentes, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en el presente caso se cumplen los requisitos de interés y trascendencia para ejercer la facultad de atracción a fin de conocer del recurso de revisión […] se expone tal aserto en la medida de que, a partir del análisis de los conceptos de violación propuestos por el quejoso -ahora recurrente la atracción del asunto permitirá:

“a) Determinar alcances y, en su caso, realizar una ponderación entre los derechos fundamentales a la vivienda y a un medio ambiente sano, frente al beneficio o utilidad pública de la realización de una obra de infraestructura de grandes dimensiones, en este caso con la coordinación de los Ejecutivos Federal y de los Estados de Guanajuato y Jalisco.

“b) La interpretación del artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en relación con el derecho de consulta previsto en este numeral, con motivo de la realización de obras que requieran de evaluación de impacto ambiental, es decir, aquéllas que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas.

“c) Evitar la probable emisión de una sentencia que resulte contradictoria con lo determinado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 93/2012, en la que declaró la invalidez del Convenio de coordinación celebrado por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, por sus siglas CONAGUA, y los Ejecutivos de los Estados de Guanajuato y Jalisco, para llevar a cabo un programa especial para los estudios, proyectos, construcción y operación del sistema Presa El Zapotillo y Acueducto El Zapotillo-Altos de Jalisco-León, Guanajuato, suscrito el día dieciséis de octubre de dos mil siete, para el único efecto de que la obra identificada como Presa El Zapotillo y Acueducto El Zapotillo-Los Altos de Jalisco-León, Guanajuato, se llevara a cabo en los términos pactados en el “Acuerdo de coordinación para llevar a cabo un programa especial sobre los usos y distribución de las aguas superficiales de propiedad nacional de la cuenca del Río Verde”, suscrito el uno de septiembre de dos mil cinco, es decir, en función del proyecto original que contemplaba una altura de cortina de ochenta metros y no de ciento cinco metros”, destaca el documento.

“Los anteriores aspectos son de interés y trascendencia porque los problemas jurídicos que presentan son excepcionales, relevantes y novedosos para el sistema jurídico nacional”.

Los ministros que aprobaron la apertura del expediente, integrantes de la Segunda Sala de la SCJN: Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Presidente Luis María Aguilar Morales. Los detalles del expediente enhttp://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=176025

martes, 16 de diciembre de 2014

“Hay campesinos para rato, es la historia de la humanidad”: Paulo Petersen

En tiempos de cambio climático y convulsiones políticas, la recuperación de modelos de vida campesina a escala modesta es una respuesta factible y plausible a estos desafíos. Sin embargo, el cambio implica una revolución política (la recuperación de la autonomía del campesinado) y una económica y ecológica: quitar el poder a las trasnacionales y restaurar los antiguos mercados locales, lo que baja la huella ecológica alimentaria.



Agustín del Castillo / MAGIS.

El campesino es el actor rebelde de la historia. Perseguido por todos los modelos de desarrollo y estigmatizado por todas las ideologías, fue el “pagano” [del latín paganus: “habitante del campo”, “rústico”] denunciado por los cristianos de Roma, impacientes por su resistencia a la evangelización y, luego, paradójicamente, fue el protago

Campesinos son los siervos sometidos por los grandes señores medievales o los kulakssacrificados en la búsqueda del “hombre nuevo soviético”; la carne de cañón de la revolución maoísta o los rancheros libertarios del movimiento zapatista en Morelos; los aborígenes indomables de las llanuras americanas o las tribus en resistencia del África subsahariana.

Casi media humanidad, aún hoy, luego de tres siglos de tentativas de incorporación a los sistemas centralizados y burocráticos, sigue anclada de algún modo en la vida campesina, aunque al calor de políticas paternalistas y clientelares que a cambio de sometimiento le regalan el último escalón en la pirámide social. Dejar de ser campesino es la regla del éxito, parece ser el mensaje.

Pero el campesino se aferra. Paulo Petersen, brasileño, experto en agricultura familiar, estuvo en el ITESO para participar en el Foro de Soberanía Alimentaria, organizado por la Licenciatura en Nutrición, y concedió esta entrevista a MAGIS en la que aborda los entretelones políticos y económicos de este rescate de la figura del hombre del campo, lo que nos hace tocar temas como la autonomía, la autogestión, la seguridad y la soberanía alimentarias, el enfrentamiento a monopolios —las gigantes multinacionales— y el cambio climático.

La FAO designó este 2014 como el año de la Agricultura Familiar. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la agricultura familiar y cuál es su importancia para que este mundo funcione?

Pienso que la declaración de FAO es una gran conquista política por parte de la sociedad civil […] porque es un reconocimiento de que la agricultura familiar tiene especificidades, en relación con la agricultura en general […] no olvidemos que con la agricultura familiar se genera más volumen y se alimenta a muchas más personas que con la agricultura industrial.

¿Cómo están los datos para darnos una idea de todo esto?

Esto es un problema porque es muy difícil definirlo, lo que es y lo que no es la agricultura familiar […] primero se piensa que dos quintas partes de la población mundial son agricultores campesinos —que tienen su agricultura—, por lo menos hablamos de 1.3 mil millones de personas, como 550 millones de unidades familiares y, además, este inciso va en unidades familiares porque muchos campesinos no producen en unidades familiares, hay espacios más colectivos.


Las comunidades indígenas, por supuesto. Es muy difícil ser precisos, pero las grandes cifras estimativas son de 550 millones de establecimientos y dos quintas partes de la población mundial que aún trabajan la tierra; esto es muy significativo porque esas dos quintas partes son responsables de la producción de 60 o 70 por ciento de la alimentación.

¿Con toda la precariedad en la que trabajan?

Exactamente, una de las grandes características que tiene el campesinado es la capacidad de lucha; de luchar en plan micro y luchar en plan macro. Luchar en plan micro es luchar con las fuerzas de segregación, porque siempre todas las teorías socioeconómicas dicen que los campesinados van a desaparecer, porque no tienen la capacidad de sobrevivir en un mundo capitalista, en un mundo de economía de mercado, cuando dos quintas partes de la población están en esa situación y no se ponen a pensar en que sobreviven precariamente porque a eso las someten, no porque ése sea su deseo. Muchas veces no tienen el espacio, no hay espacio físico ni ideológico ni reconocimientos; las políticas públicas en general apoyan a los grandes agronegocios, no a los campesinos.

O sea, “si no son productivos, no los apoyo, aunque sean millones”, dicen los gobiernos…

Exactamente, tenemos el ejemplo de Brasil hace 20 años, cuando empezamos con las políticas de agricultura familiar. Una de las personas que concibieron esto fue el actual presidente de la FAO, que nació en Brasil […] los datos revelaban que el gobierno apoyaba a los agricultores consolidados y a los que estaban en transición para su consolidación, mientras los demás no tenían espacio. Estamos hablando de que en Brasil había cuatro millones y medio de unidades familiares y como 60 por ciento fuera; de hecho, lo que pasó fue que las políticas públicas que en realidad buscaban llevar hacia la agricultura industrial a las unidades en transición, en vez de políticas públicas específicas de agricultura familiar entre 1996 y 2006, hubo un respaldo a poquísima concentración de gente […] Como 60 o 70 por ciento de lo producido por la agricultura familiar proviene de 6 por ciento de las unidades, lo que revela un proceso de concentración, una mala concepción de las políticas. Esto se deriva de la idea de que los agricultores deben participar en los mercados, en los grandes mercados, y no comprenden que los campesinos tienen muchas formas de economías, mercantiles o no mercantiles, incluso no agrícolas, que no forman parte de su presupuesto familiar.

Además de que, en términos económicos, la agricultura tiene cada vez menos valor…

Por supuesto, pero hay que recordar que esta gente tiene una capacidad productiva, por área, muy alta. Es una agricultura que tiene una característica: es artesanal. Es un trabajo donde el trabajador toma la decisión de lo que se hace, trabajo intelectual y trabajo mecánico van juntos; es diferente a una agricultura capitalista, en la que el trabajo intelectual es del que contrata y el trabajo del contratado es sólo mecánico. La agricultura campesina junta las dos cosas y esto permite una característica muy importante en relación con la naturaleza, que es ajustar, ajustes finos, con pequeños cambios de clima, de precios de mercado; tiene capacidad, flexibilidad, maleabilidad.





Cambio climático

Y está el tema ambiental, la agricultura industrial y sus costos…

La economía campesina es un sistema económico y ecológico, porque también la naturaleza trabaja, y el trabajo de la naturaleza y el trabajo del ser humano juntos producen riqueza. Pero para que la naturaleza trabaje para el ser humano, el ser humano le devuelve a la naturaleza, entonces este equilibrio de coproducción es parte de la agricultura. La agricultura industrial no trabaja junto con la naturaleza, porque no está basada en los ciclos, en los flujos, en los energéticos, en los nutrientes que ésta tiene y, como resultado, hay un efecto de desequilibrio. Así, por ejemplo, en el caso de las malezas o las plagas que son nada más síntomas de un desequilibrio; la naturaleza siempre busca el equilibrio y responde con su antídoto, que es la plaga o la maleza, una forma de restablecer la reproducción biológica, pero nosotros lo vemos como un problema y atacamos las plagas con los plaguicidas y de ese modo vamos más al desequilibrio. Entonces se hace una relación de competencia entre el trabajo humano y la naturaleza, lo que no es el trabajo campesino. Dicho de forma más clara: la lógica campesina es una lógica de comprender los sitios, los ciclos, la forma en que la naturaleza trabaja, para tener un ideal de desequilibrio, porque siempre con la agricultura causamos una interferencia: para que los sistemas aumenten su productividad biológica es necesaria la interferencia y provocas un desequilibrio, y buscas mantener ese desequilibrio humano a cierto nivel con el trabajo. Pero si provocas un desequilibrio muy grande, la naturaleza reacciona, es una cosa muy sutil, pero son las capacidades de todas las poblaciones agrícolas de la historia, de encontrar su equilibrio, y las que no encontraron su equilibrio, provocaron colapsos…

Los ganaderos de la Sierra Madre acusan a los campesinos wixaritari [huicholes] de holgazanería por dejar tierras ociosas. ¿No tienen razón?

Eso que hacen los indígenas es rotar las tierras, el barbecho, y es una práctica que siempre debe existir. Lo interesante en la historia es que muchas civilizaciones que trabajaban con este tipo de rotación, en la medida en que la población creció y no fue más posible mantenerla, encontraron otras formas de recuperar la fertilidad. Uno de los esquemas es la integración entre la producción animal y la producción vegetal, que se hagan ciclos de producción entre el organismo, la biomasa, otros que consumen la biomasa, entonces cada vez se va intensificando el uso del espacio de forma sustentada, y muchas poblaciones consiguieron aumentar la población usando los mismos recursos en forma sustentable. Si la presión demográfica es mayor, tienes dos opciones: una, innovación tecnológica para mantener las capacidades sin promover una degradación ambiental, o procurar otras áreas, pero muchas veces no las tienen y deben ajustarse a lo que tienen.

¿La agricultura familiar es un modelo que puede ajustarse para la conservación de bosques y selvas?

Sí, ahí entra el tema de la agroecología. Es posible promover agroecosistemas bastante interesantes; una agricultura sedentaria, sin avanzar más sobre los bosques, porque ya hay área suficiente, abierta, para producir alimentos. Pero muchas veces la agricultura familiar se convierte en una lógica empresarial, y la lógica empresarial tiene una característica, que es la necesidad permanente de aumentar su producción, porque los márgenes de ganancia son cada vez menores. Entonces se obliga a la ola expansiva de la agricultura. No hay que confundir la cantidad de producción con la ganancia, porque en general son agricultores que tienen alta productividad, pero una ganancia muy pequeña porque los costos de producción son cada vez mayores.

Pero cuando el agricultor ve que uno de sus nichos de producción tiene menos rendimiento, busca diversificarse para estar menos expuesto y el bosque es una oportunidad, ¿no?

Así es, por supuesto, y el uso económico de los bosques es parte de la historia de la humanidad en los sistemas agroforestales. Las investigaciones demuestran que, comparando los dos tipos de agricultura, las productividades son muy equivalentes, y que en los países del Tercer Mundo tiende a ser mayor lo que produce la familiar sobre las industriales o la agricultura muy tecnificada con dependencia de insumos químicos. La conclusión es que sí es posible alimentar a nueve mil millones de personas hasta el año 2050 sin necesidad de devastar los bosques. Esto es posible con el conocimiento que se tiene; la cuestión principal es el modo en que el espacio agrario está dividido, porque hay una concentración brutal de activos ambientales en el mundo, y se ve cada vez más, y una lógica empresarial e industrial que necesita de más tierra en un sistema no sustentable depende de devastar los recursos forestales.

En tiempos de cambio climático van a ocurrir cosas con la tierra; es claro que disminuirán las tierras fértiles, un desafío que no habíamos vivido como humanidad…

Y una de las características de la agricultura industrial, precisamente, es su alta vulnerabilidad ante las situaciones climáticas. En cambio, los sistemas campesinos, por su sistema de biodiversidad, tienen más maleabilidad, más flexibilidad, son sistemas que se adaptan a variaciones del clima, del mercado. Los monocultivos tienen el problema de que se trata de plantas condicionadas para alta productividad, en condiciones ambientales óptimas, y si no tienen esas condiciones, la productividad baja. Con la inversión alta en fertilizantes, en semillas, en máquinas, te llega una sequía y entonces, además de no producir, estás endeudado… El fenómeno cada vez más recurrente en la agricultura convencional es un fenómeno económico, ecológico, y el tema del cambio climático es clave hoy para buscar un cambio de modelo.





Autonomía necesaria

¿Cómo convencer al propio campesino de que depender de ese sistema lo hace más frágil, menos capaz de responder adecuadamente al desafío de la supervivencia?

Sí, yo pienso que es un problema. Con los márgenes de maniobra de los campesinos, que son cada vez menos, y las políticas públicas que lo orillan a seguir el camino de la agricultura empresarial, y cuando dejan de funcionar los mercados locales, el campesino tiene que recurrir a mercados lejanos. Es la lógica del agronegocio. No es solamente una decisión del campesino, pues la lógica campesina es la de siempre mantener un grado de autonomía. Ésta es la palabra clave para entender al campesinado.

Una autonomía que es problemática para los políticos, para el Estado; tener gente que piense de forma distinta y que resuelva las cosas sin depender de los grandes poderes.

Sí, la cosa es que tanto los teóricos liberales como los de línea marxista durante mucho tiempo han dicho que los campesinos deben desaparecer, porque no hay espacio en el capitalismo para ellos. O se integra a los mercados o sale. Y eso involucra también una cuestión de poder, porque este nicho de autonomía es una autonomía técnica, política, de vida, al margen del capital, y ahí está el gran pecado del campesinado contra el capitalismo...

Incluso del capitalismo de Estado, porque la historia soviética fue una persecución de campesinos…

Por supuesto, la Unión Soviética destrozó también a su campesinado, fue una gran tontería; donde la gente no tiene autonomía, no tiene capacidad de poner su inteligencia para ejecutar sus proyectos de vida de forma independiente, entonces es cuestión política seria, porque aun cuando el campesinado genera un conjunto de beneficios a la sociedad, parece oponerse a la forma en que funcionan los estados.

¿Mantener la autonomía hubiera sido una buena política para combatir la pobreza, el hambre, en las naciones emergentes?

Así es, este avance de la lógica capitalista en el campo es responsable de este tipo de tragedias que vivimos en las sociedades hoy en día. Muchos de los problemas de nuestra sociedad son de origen rural. Un mundo que tiene un campesinado fuerte, activo culturalmente, tiene una distribución demográfica más equilibrada y una mejor relación con la naturaleza. Estamos hablando de la necesidad de una democratización de los sistemas alimentarios, y para democratizar hay que construir autonomías por encima de los grandes intereses —hay que ver el costo ambiental brutal que tiene no consumir los productos que se generan en el mercado local—, sin olvidar toda esa economía tejida al margen del mercado, que resuelve muchos problemas de las poblaciones.

Entonces, el cambio climático va a colapsar con más facilidad esa economía global, gigante, mecanizada, mientras los modelos campesinos van a seguir existiendo…

Para nuestra suerte. Y promover esos modelos de agricultura campesina termina siendo una buena respuesta de adaptación a los cambios que vienen. Hay campesinos para rato, es la historia del hombre.

sábado, 18 de octubre de 2014

Día de Pobreza: censos, mentiras y clientelas



Más de 30 mil tapatíos y 120 mil en zona conurbada la padecen en extremo.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El lugareño se acercó, y a grito abierto, llorando a raudales como protagonista de tragedia griega, denunció al mundo porque se había quedado sin lavadora tras los efectos desastrosos de la tromba que asoló a Oblatos y otras áreas del oriente tapatío, el último día de septiembre pasado, y no lo habían tomado en cuenta para la reposición de tan esencial artefacto doméstico.
El gobernador Aristóteles Sandoval se incomodó ante la presunta evidencia de que los de Desarrollo Social de Guadalajara no habían hecho bien la chamba de levantar el censo de los daños; “ayúdenlo”, les suplicó mientras trataba de atender los innumerables suplicantes que lo cercaban, cual coro de la homónima representación de Esquilo, el padre en el arte de llorar y sufrir en el tablado, de hace unos 25 siglos.

“Fuimos a la casa del vecino, y nos sorprendimos: la lavadora enterita, de lujo […] el hombre se enfureció cuando fue descubierto, y la tomó con la esposa, que no había hecho su parte para que les creyeran su desgracia”, narra un funcionario tapatío. Queda la anécdota, pero subraya un hecho inquietante: la pobreza extrema es un mal para más de 30 mil habitantes del municipio capital del estado, y arriba de 120 mil de la conurbación. Pero es también un negocio, montado desde un Estado clientelar que se limita al asistencialismo para cosechar en votos la resolución, siempre parcial, de las necesidades de los clientes, que no ciudadanos.

“Hemos insistido en la necesidad de cambiar esa visión, sé que se llevará mucho tiempo, pero se necesitan estrategias integrales para combatir de forma eficaz la pobreza”, señaló el titular de Desarrollo Social del municipio, Pedro de Alba Letichipía.

Este jueves fue el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, y sirvió de marco para un encuentro bajo el patrocinio del Consejo Consultivo de las Organizaciones de la Sociedad Civil y Derechos Humanos en el Municipio de Guadalajara. Se habló de pobres, de política, de cultura y de economía.

“La dinámica es muy simple: a una persona en estado de pobreza se le otorga un apoyo económico o en especie con el cual resuelve una necesidad inmediata. Pero al día siguiente sigue en ese mismo estado y su necesidad es exactamente la misma: sigue teniendo hambre, sigue sin empleo o enfermo. Si continuamos bajo esta dinámica asistencialista, vamos a seguir gastando millones y millones de pesos sin obtener resultado alguno para evitar la perpetuación del círculo de pobreza”, añadió el funcionario.

De Alba Letichipía cree que ese esquema caduco e ineficiente está cambiando; “estamos llevando a cabo un replanteamiento de las políticas sociales en todos los niveles de gobierno para orientar todos los esfuerzos hacia un mismo objetivo a través de la economía de esfuerzos y una transformación profunda de la manera en que se diseñan e implementan estas políticas públicas con el objetivo de que sus beneficios no sólo sean duraderos, sino permanentes”, aseguró.

Pero hay una inercia tremenda, reconoció. La forma de hacer política en esta ciudad y país sigue en lo clientelar, “tal vez necesitemos 20 años para cambiar todo”, aventuró. Coincidió con el otro ponente, Manuel Villagómez Rodríguez, en la necesidad de un cambio que permita a los emprendedores salir adelante con su esfuerzo, con créditos blandos y facilidades en trámites para montar negocios.

“El sistema económico del neoliberalismo,  libre mercado y la globalización de la economía se diseñaron  para concentrar la riqueza y generalizar la pobreza”, dijo Villagómez, exitoso empresario de la tortilla. Los ricos mexicanos son egoístas, añadió, “y se han opuesto al fomento del cooperativismo”, pese a que es el esquema para que todos los mexicanos estén en la formalidad y prosperen. “Estados Unidos y Canadá lo han hecho, pero nosotros, tristemente no”, explicó.

Por eso la persistencia del cliente pasivo, pedigüeño, que extiende la mano, y llora si hace falta, víctima inerme de desastres naturales y políticos oportunista. Pobreza, negocio de subsistencia, espectáculo posmoderno, más cerca de Mad Max y Elysium que de los hombres atormentados de Esquilo.

jueves, 2 de octubre de 2014

La mina no cerrará, asegura la empresa





Dice tener los convenios necesarios para que no se aplique la suspensión judicial. El representante de Ayotitlán deja última palabra al juez; asegura que no hay un convenio específico para operar la concesión minera o de aguas nacionales. En la foto de archivo, operación policiaca de Colima en la zona de Las Pesadas, que se disputan el ejido y la mina

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

El aprovechamiento ferroso de Peña Colorada “continúa operando de manera regular y sin interrupciones”, y asegura tener lo argumentos legales suficientes para impedir que se afecte la explotación mineral con la suspensión de plano que concedió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en el marco de la revisión 231/2013, a favor del ejido Ayotitlán.

“Derivado de las recientes publicaciones en donde se manejó la posible solicitud de suspensión de operaciones por parte de las autoridades derivado de un juicio de amparo, Peña Colorada informa que continúa operando de manera regular y sin interrupciones. El área legal de Peña Colorada da seguimiento puntual a los expedientes que integran dicho proceso. A la fecha no existe ningún fallo que ponga en riesgo las operaciones de Peña Colorada y/o sus activos incluyendo concesiones o propiedades”, asegura la empresa, propiedad de las transnacionales Ternium SA y Arcelor-Mittal.

En un comunicado de prensa enviado a este diario, añade: “Peña Colorada informa que tiene convenios legalmente celebrados con el ejido Ayotitlán, con el cual mantiene una relación de más de 40 años. Dichos convenios fueron aprobados en su momento por mayoría en asamblea ejidal y están debidamente inscritos en el Registro Agrario Nacional”.

Desde 1974 “Peña Colorada ha generado oportunidades de desarrollo económico y profesional, actualmente a 1,200 trabajadores vía empleos directos y tres mil empleos indirectos, beneficiando así a más de 4,000 familias de los estados de Colima y Jalisco”, por lo cual “reitera su compromiso social con las comunidades donde opera mediante sus programas permanente de apoyo […] educación, proyectos productivos, salud, infraestructura, cultura, recreación y deporte. Peña Colorada como parte de la minería responsable opera con estricto apego a la normativa ambiental y a todas las legislaciones aplicables”.

Respecto al comunicado, el asesor del ejido, Pedro León Corrales, cuestionó tanto el “supuesto desarrollo social” -Ayotitlán es una de las comunidades más pobres del Pacífico mexicano- como los convenios a que alude la minera, que “claramente no anulan la suspensión de plano que se nos concede, pues no es su materia las concesiones para extraer mineral o agua, y además, no cubrieron los requisitos de la Ley Agraria, que obliga no sólo a consultar a la asamblea, sino a consultarla de forma expresa y directa y con las formalidades que allí mismo se observan”.

Es decir, hay dos posibilidades: si el juez considera que son convenios válidos, estos no tienen que ver con la materia central de la suspensión, que es la concesión del mineral y su extracción, el uso de aguas nacionales y su descarga, y una manifestación de impácto ambiental “que los ejidatarios ni siquiera conocen”. En el segundo escenario, los convenios no son válidos porque no partieron de un proceso legal: fijar convocatoria públicamente y realizar el encuentro antes de quince días -una asamblea se citó el 3 de junio de 2012 y se realizó el 22 del mismo mes, cuando el margen máximo es quince días-, y que la convocatoria establezca de forma expresa lo que se va a votar. “no son ejercicios serios ni legales”, repuso, y confió en que “el poder Judicial no se dejará presionar por los intereses económicos que han aplastado a los ejidatarios durante décadas”.

miércoles, 20 de agosto de 2014

Tribunal Agrario omite ejecutar trece sentencias



Wixaritari reclaman al presidente Peña Nieto la falta de justicia en la disputa por casi diez mil ha.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Más de cinco años duró la paciencia de los comuneros de Waut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán) en su anexo Tutxipa (Tuxpan de Bolaños), y ante las reiteradas omisiones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y del Tribunal Unitario Agrario número 16, con cabecera en Guadalajara, por ejecutar trece sentencias que les reintegran 3,500 hectáreas arrebatadas por los ganaderos de Huajimic, hace cinco días entregaron una carta en Los Pinos, dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, y hoy marchan por las calles de esta ciudad.

“Nos dirigimos a usted en su carácter de responsable del Ejecutivo Federal y del Estado Mexicano para manifestarle la profunda decepción que nos ha causado la irresponsabilidad mostrada en su gobierno por el titular de la Sedatu, licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín y su cuerpo directivo en el caso que nuestra comunidad enfrenta con posesionarios del poblado de Huajimic, que invaden nuestras tierras, hecho que ha quedado corroborado por las numerosas sentencias que han dictaminado que el derecho nos asiste”, señalan en la misiva, fechada el 15 de agosto pasado.

“El problema radica en que la misma secretaría […] pidió en 2009 al tribunal agrario donde ventilábamos el asunto, detener los procedimientos para dar lugar a su intervención para buscar la solución negociada […] desde los años setenta ha reconocido con estudios de fondo, tanto nuestro derecho como que el conflicto es uno de los más alarmantes del país en cuanto a que se trata de un problema que más allá de lo jurídico es de una alta conflictividad social y que lo más probable es que se desencadene una espiral de violencia cuando se dé la orden de ejecución por los Tribunales Agrarios”.

La intervención de la Secretaría ante el Tribunal 16 “retrasó el desahogo de juicios durante tres años en que se hicieron todo tipo de estudios de campo y documentales, se firmaron acuerdos tanto por nuestra comunidad como por los posesionarios que invaden nuestro territorio ancestral […] inexplicablemente, al llegar la nueva administración, los trabajos fueron abandonados del todo, llegaron a hablarnos de que todos los expedientes estaban perdidos, volvieron a pedir la anuencia de los posesionarios que habían sido entregadas hacía años y finalmente en marzo de este año anunciaron que el caso estaba fuera de la carga de trabajo del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer)”.



Esta manera de actuar “dislocó la dinámica de solución” y “provocó un desfase que no existía entre la autoridad jurisdiccional y el Ejecutivo Federal porque las sentencias comenzaron a emitirse, comenzaron a quedar firmes, pero la Sedatu se retiró, dejando sin el sustento ni la protección debida la parte que ellos mismos reconocieron e impulsaron para evitar la conflictividad social”.

El TUA 16 “ha emitido numerosas excitativas para que la Sedatu actúe coherentemente ante esta realidad, incluyendo el caso en el programa Cosomer para evitar las tragedias que se pueden desencadenar si se actúa únicamente desde la óptica del derecho”. Sin embargo, el tribunal “también ha sido parte en la confusa forma de actuar institucional en que ha incurrido el Estado Mexicano, por no cumplir con sus obligaciones y no ejecutar las sentencias que ya debían habérsenos restituido”.

El trabajo jurídico de la comunidad y sus asesores, (la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas) ha sido titánico. Debieron interponer en el caso de Huajimic, 45 juicios agrarios. Los resultados hasta ahora son: “Existen dos posesionarios sin datos para su localización, diez expedientes se encuentran en fase de ejecución pero con recursos de impugnación interpuestos en contra de la misma -esta superficie representa un aproximado de 2,600 ha-; 22 expedientes aún se encuentran en litigio y representan una superficie aproximada de 3,600 ha; los 13 expedientes restantes se encuentran en estado de ejecución inminente pues se emitieron las sentencias  correspondientes sin que se hubiera recurrido el sentido de la misma por ninguna de las partes; así mismo en todos los expedientes existe constancia por escrito de nuestra comunidad solicitando la entrega inmediata de las tierras comunales que se ordenó restituir en nuestro favor”. Dichos expedientes representan una superficie aproximada de 3,500 ha, precisa un documento anexo a la carta al presidente.

Es una invasión histórica, de al menos medio siglo. La zona ha sido teatro de tragedias personales, incluso asesinatos, contra los moradores huicholes que han sostenido en condiciones precarias la ancestral posesión, dado que sus invasores traían fuerte apoyo a los gobiernos nayaritas, en tanto que los poderes en Jalisco jamás respaldaron las denuncias de la comunidad (ver MILENIO JALISCO, 24 de junio y 9 de julio de 2013).

Como los derechos agrarios son imprescriptibles, los juicios han reconocido el derecho superior de los aborígenes, que no terminan de recibir justicia, y en la sierra deben defenderse solos de los caciques invasores.



Los detalles del conflicto

- La comunidad wixárika de Waut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán) y su anexo Tutxipa (Tuxpan) se ubica en los municipios de Mezquitic y Bolaños, en el norte de Jalisco, y cuenta desde el 15 de julio de 1953 con resolución presidencial que les reconoció y tituló 240,447 hectáreas; el decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de ese año, con base en títulos de reconocimiento de la corona española que datan de 1718

- En la segunda mitad del siglo XX, 45 pobladores de Huajimic, del municipio de La Yesca, Nayarit, alentados por los poderes políticos de Nayarit, se dividieron en 64 lotes una superficie aproximada de 10,000 hectáreas perteneciente a la comunidad aborigen

- A instancias de la Secretaría de la Reforma Agraria (hoy Sedatu), se desaceleraron diversos juicios de restitución para que el caso fuera considerado parte del programa Conflictos en el Medio Rural (Cosomer). En 2009, el caso fue considerado como parte del universo de trabajo del programa; “se solicitaron ante el Tribunal Agrario por lo menos tres suspensiones de procedimientos para el efecto se continuaran con las negociaciones”

- En septiembre del 2012 se informó por parte del GAE “que el conflicto no estaba considerado en el universo de trabajo del programa, argumentando que para su inclusión primero habría que integrar el expediente en la delegación mediante anuencia expresa del posesionario que corresponda”. Desde entonces no han existido mayores avances

- La Sedatu ha informado oficialmente a través del Director General de Concertación Social, mediante oficio de fecha 26 de marzo de 2014, que el caso no es parte del universo de trabajo del programa y que se encuentra en integración en la delegación

- El Tribunal Agrario 16 “insiste en argumentar excusas sin sustento jurídico para justificar su omisión en ejercer sus facultades de ejecución, a las cuales se encuentra obligado en los términos que le ordena la ley, a pesar de las solicitudes expresas de fechas 22 de noviembre del año 2013, 27 de febrero y 29 de abril de 2014

Fuente: Comunidad de Waut+a, AJAGI



sábado, 12 de abril de 2014

La triste historia del puñado de ancianos contra el progreso



Los moradores de Temaca están dolidos porque piensan que el gobernador Aristóteles Sandoval prefirió sacrificarlos a favor de los grandes intereses de un megaproyecto.

Agustín del Castillo / Temacapulín, Cañadas de Obregón. MILENIO JALISCO

En su enfrentamiento de nueve años contra un puñado de ancianos que han defendido, en las condiciones más hostiles, la permanencia del centenario poblado de Temacapulín, el sector oficial del agua parece que esta vez asestó un golpe de nocaut, al dictaminar hace dos días, como si fuera palabra divina, que la presa El Zapotillo se construirá —“para seguridad de los habitantes”— a 105 metros de altura, lo que significa que aún contra la voluntad de los rebeldes, la ley humana reubicará su comunidad y la ley física les inundará este recinto rodeado de imponentes acantilados, de por sí hijos de la paciencia milenaria del agua.

En está versión de la historia, es el adiós a los famosos balnearios de aguas termales y al emblemático Cristo de las Peñas, rinconcitos alteños que sólo sobrevivirán en el inquieto poema del padre Plascencia.

La rudeza de la acción, legitimada en la víspera por un sorpresivo comunicado del gobierno de Jalisco, se advirtió en los rostros cansados y agrios de decenas de moradores que la tarde de ayer, mientras el sol languidecía entre la cantera que será ruinas, se dieron cita en la plaza, a esperar inútilmente a que el gobernador Aristóteles Sandoval —quien alguna vez les prometió, vía Twitter, que Temaca sobreviviría—, abriera un espacio en su apretada agenda, tomara un raudo helicóptero y se presentara por unos minutos, con su traje Hugo Boss, su voz pausada y su peinado engominado, para darles la ansiada explicación, esa verdad que nunca se regatea a los condenados.

En realidad, sabían que no acudiría. Una breve y áspera entrevista entre el mandatario y el vocero de los quejosos, el padre Gabriel Espinoza, por teléfono celular, poco después de las diez de la mañana, frente a la residencia oficial en Guadalajara —esa Casa Jalisco que en días de campaña el candidato prometió que tampoco iba a serlo—, selló el destino. Sandoval les mandó una camioneta e invitó a cuatro de ellos a palacio de gobierno, para platicar, tomarse alguna foto y si los convencía, llevarlos a la rueda de prensa en que explicaría la decisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que debía acatar. El cura se negó porque sus representados, indignados, no quisieron prestarse a una especie de “legitimación” de un diálogo que nunca les pareció más inútil.

En esos hechos matutinos, los manifestantes, acompañados de sus fieles aliados de las organizaciones civiles que los respaldan e inyectan juventud a su lucha desigual, hicieron una especie de clausura de la finca de la colonia Providencia, leyeron un comunicado como agraviados por los votos violentados, y emprendieron el regreso a la tierra donde han nacido hace 50, 60, 80 años; ese pueblo empedrado donde la basílica y las arcadas son de cantera rosada, las calles lucen desiertas, las bardas portan recordatorios para la profanación desarrollista, y los muertos duermen en un cementerio enjuto y parduzco elevado en el horizonte, por encima de las vegas de su río Verde, un río que alguna vez albergó historias felices.

Allí en la plaza, la colección de promesas y de fastidios de nueve años: un ex gobernador Ramírez Acuña que pide la presa para León donde no se perturben poblaciones; un Antonio Iglesias (ex Conagua) que ofrece lanchas para que no se ahoguen o se admira de la vieja iglesia y dice como tapatío que qué esperanzas de que la derriben, o por el contrario, que espera que lo hagan —la frase es, a fuerza de revisarla, oscura—; y estelar, la famosa promesa de Aristóteles, no el de Estagira, sino el de la colonia Independencia: “no vamos a inundar Temacapulín”.

Aunque hay dolor, se echan porras: “Temaca vive, la lucha sigue”; “ríos para la vida, no para la muerte”, canta en primera estrofa doña Abigail Agredano, la presidente del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo —los otros dos poblados que acompañan la tragedia—; el coro termina como en la letanía del rosario, apelan al Señor de las Peñas y a la virgen de los Remedios, como si sólo una taumaturgia fuera remedio y coto eficaz para el negocio del agua que se gesta en estas barrancas, y cuyos alcances rebasan ampliamente este paraje olvidado de Cañadas de Obregón, para atentar contra la salud de toda una región productiva: la meseta semidesértica conocida como Los Altos de Jalisco, que encabeza la producción de proteína animal en todo el país, que es pionera en migración a Estados Unidos y que algunas veces ha encendido rebeliones contra sus opresores.

Los postrados se engallan: lamentan la decisión “unilateral” del gobierno de Jalisco y anuncian acciones enérgicas en el ámbito legal y político a nivel nacional e internacional para reclamar los derechos que les niegan. Dos de los extrañamientos principales: ¿por qué Sandoval Díaz fungió como vocero de la Conagua? ¿Por qué arriesga un desacato ante una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

Hay otra versión posible de la historia, en que su aferramiento a la tierra se impone, las jaculatorias del viernes de Dolores siguen a los peregrinos del Cristo aparecido en las rocas, las aguas telúricas brotan en los sitios de recreo, y el río fluye silencioso debajo del camposanto a donde muchos acudirán para el sueño eterno.

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