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miércoles, 15 de agosto de 2018

Juicios por Villas Panamericanas, “detenidos por constructores”


Alejandro Cárdenas señala que los recursos interpuestos para evitar la justicia atoraron juicios en el TAE, la fiscalía, la PGR y juzgados de distrito.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La trabazón en que se encuentran las Villas Panamericanas, con cuatro juicios en tribunales administrativos, dos denuncias penales y dos amparos ante la justicia federal, se debe a que la interposición de recursos por parte de los constructores y del propio Ayuntamiento de Zapopan han provocado que no puedan desahogarse los procesos judiciales, advirtió el presidente del Parlamento de Colonias, Alejandro Cárdenas Ochoa.

El dirigente ciudadano señaló que el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, no puede hacer gestiones para ofrecer un bien inmueble cuyo destino jurídico no está determinado, para alojar a una dependencia federal. Insiste que las diversas acciones judiciales del parlamento, de Conciencia Cívica y de diversas representaciones de colonos de la zona buscan “que entren al fondo del asunto y que se declaran nulas las licencias y consecuentemente su demolición, eso es lo que hemos pedido, no pedimos más y también en el tema de desvío de recursos, lo que estamos pidiendo es que se castigue a quienes hayan desviado los recursos de forma abusiva 750 millones de pesos del Iprovipe [Instituto Promotor de Vivienda Popular del estado] y 380 millones de pesos de Pensiones del Estado”.

Añadió: “antes de tomar cualquier tipo de decisión tendrían que agotarse, hasta sus últimas instancias, esos juicios; no hay la posibilidad legal porque hay suspensiones de habitabilidad del inmueble, y se están cuestionando las licencias, para que se anulen, por dos situaciones, porque violaban la legislación urbana, tanto planes parciales y ordenamientos, y la otra es porque afectaba la zona de recarga hidrológica y el bosque La Primavera; por eso interpusimos los juicios de nulidad contra las licencias, y si no se ha llegado al resolutivo, es porque ellos una serie de recursos para no llegar a fondo del asunto; sin eso, ya estaríamos en sentencia y sabríamos la suerte del inmueble”.

El Tribunal Administrativo del estado (TAE) tiene tres juicios en que se pide la nulidad de las licencias y uno más para anular el convenio de Iprovipe e Ipejal con los constructores. Contra esto, los constructores interpusieron “como diez recursos de reclamación, que están en trámite, que no han avanzado; en los cuales piden que desechen la suspensión y una serie de cuestiones de forma; a esto hay que agregar juicios de amparo interpuestos por los desarrolladores, porque les han desechado algunos recursos; es decir, son ellos los que han enredado esto”.

Y además están las denuncias por el tema penal, una ante la hoy Fiscalía General del estado y otra ante la Procuraduría General de la República. “Ellos interpusieron una serie de amparos para que no fueran llamados a declarar; perdieron los amparos y ahorita están en revisión, y eso también ha hecho que se detenga el procedimiento en el tema del desvío de dinero, por el hecho de haber formado ahí ese fideicomiso, que es lo que hemos señalado”.

Por si no fuera suficiente, “hay una tercera instancia, la mercantil, donde los desarrolladores ya perdieron; ellos querían dar por terminado el fideicomiso y cobrarse, y eso se los anuló un juez mercantil […] están perdiendo muchas instancias y estamos esperando que esto camine, ellos ponen trabas y obstáculos porque creo que buscan hacer tiempo para que la justicia no los alcance”.

De este modo, “en todos los juicios no hemos podido entrar a fondo por esta serie de situaciones, no hemos podido desahogar periciales, desahogar pruebas, hay muchas cosas que deben aportar las autoridades, y como están suspendidos los juicios, tampoco ha operado la caducidad de la instancia”.

En específico, Zapopan “está demandado y es parte del juicio; creo que en vez de estar haciendo propuestas que no tienen ni pies ni cabeza, ellos deberían respetar al Poder Judicial y las instancias de los juicios, pero prefieren violentar el estado de derecho con este tipo de confrontaciones y no acudir a los juicios, como les corresponde”.

El presidente de Zapopan, Pablo Lemus, asegura que hay denuncias contra ustedes por extorsión.

Realmente no hay denuncias de nada, no se ha incurrido en ninguna falta; acudimos a tribunales porque es lo que la ley nos permite hacer, y ahí estamos; no nos hemos sentado con ninguna persona a tratar de arreglar, y el que acusa tiene la carga de la prueba; que nos lo demuestre el señor Lemus y deje de usar a los medios para atacarnos; también sería bueno que los mismos medios empezaran a pedirle pruebas al señor…

¿Ustedes lo demandarían por daño moral?

Estamos analizando todas las posibilidades, pero nuestro interés primero es que estos juicios ya lleguen a sentencia y se haga justicia.

martes, 14 de agosto de 2018

Dos torres causan malestar a vecinos de Jardines del Bosque


Comité de vecinos Jardines del Bosque Centro alerta por otorgamiento de licencias que presiona su infraestructura.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los vecinos de Jardines del Bosque celebran la suspensión judicial otorgada por la justicia federal al Parlamento de Colonias, pues esperan que eso congele el dolor de cabeza que tienen ahora: dos torres que se edifican sobre avenida Niños Héroes, a una cuadra de la glorieta de este legendario núcleo habitacional ideado por el arquitecto Luis Barragán hace más de seis décadas.

“Hace años que estábamos alarmados, porque nos llenaron esto de oficinas, pero no nos imaginábamos lo que se iba a venir”, señala la presidente del consejo social de la junta vecinal de la sección centro, María Magdalena Martínez de la Torre.

“Nosotros tuvimos una reunión hace aproximadamente dos meses con los titulares de Obras públicas, Ordenamiento Territorial, Vialidad, y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara, y sus responsables nos informaron que las licencias y permisos de tales edificios estaban en regla y que habían sido otorgadas con antelación a los planes parciales del 2018, situación que desde luego nosotros consideramos completamente irregular. Lo que nosotros queremos es dar inicio a una campaña de denuncia contra estas constructoras y contra las autoridades, exhibiendo las irregularidades y los abusos con que se otorgaron dichas licencias de construcción; por ejemplo, nos gustaría iniciar haciendo saber a los potenciales clientes de los departamentos que se pretende construir, que comprar uno de estos no es una buena idea, porque aunque ya arrancaron la preventa aún no tienen el certificado de habitabilidad, y por los juicios que se han venido interponiendo tal parece que no se los van a otorgar”, sostiene la dirigente, quien convoca a un grupo de habitantes para mostrar a MILENIO JALISCO las afectaciones.




Las más directas: las casas contiguas a los desarrollos Vive Torre del Bosque y Cauda Residence, separados por apenas media cuadra sobre la avenida Niños Héroes, pero que involucran, por sus grandes dimensiones, las calles anexas. En ese caso, se trata de fincas de casi seis décadas que están dañadas por la profundidad de las excavaciones, lo que ha obligado a migrar a sus antiguos dueños.

“En el caso de Vive Torre del Bosque nos dijeron que la licencia se expidió bajo la autoridad del cabildo, y no en función de los planes parciales de desarrollo, yéndose por encima de la legislación que existe; no sabemos si fue adquirida de manera irregular, en una licencia tan grande no se les puede otorgar una licencia de habitabilidad, porque ellos están infringiendo la ley, porque pueden afectar a los mantos freáticos, basta que usted vea lo profundo de las excavaciones […] no se hacen partícipes de ese daño que puede ser tremendo, además, cómo compras un departamento sin la certeza de que vas a tener todos los servicios, porque se va a presionar la infraestructura, en un espacio pequeño meter 90 departamentos cuando antes había dos o tres casas”, añade la dirigente.

Otra vecina, Margarita Josefina Zavala, añade: “todos sabemos que esta colonia la diseñó el arquitecto Barragán, por lo tanto tiene un valor arquitectónico importante; la finca que estaba aquí al lado [apunta a Cauda Residence, donde antes hubo una gran finca llamada Lancaster-Jones] la derrumbaron clandestinamente, y era una finca maravillosa que debería haber sido protegida […] ya tenemos un conflicto urbano espantoso, sobre todo a las horas pico, y vialidad no es ni para mandar a un solo agente para organizar; yo me pregunto, cuando estos edificios ya estén habitados, con 25 pisos, con 90 departamentos, con uno o dos carros por departamento, serian ya 180 carros, ¿por dónde van a transitar?”.



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Claves 

Las dos torres 

Vive Torre del Bosque, Niños Héroes 2571 (http://www.vivetorredelbosque.com/)

Aproximadamente de 25 pisos, con comercio a nivel de calle. Licencia de construcción para demoliciones número M-0570-2017. Dictamen de Trazos, Usos y Destinos Específicos, no ha sido obtenido, pero al aplicar nuevos planes parciales de desarrollo, sí permite la altura que se pretende y el uso mixto

Cauda Residences, Niños Héroes 2603 (http://nireainmobiliaria.com/cauda/index.html)

Aproximadamente de 10 pisos, y comercio a nivel de calle con comercio. Licencia de Construcción presentada el 4 de enero del 2018; licencia de construcción, para edificación y demoliciones número M-0004-2018. Dictamen de trazo, usos y destinos específicos realizado conforme a los planes parciales de 2003, aunque esos planes sólo permiten tres niveles y no el uso mixto

Fuente: vecinos de Jardines del Bosque y Parlamento de Colonias

sábado, 11 de agosto de 2018

Zapopan ampliará tiempo para analizar observaciones el POEL


El comité de ordenamiento ecológico extiende plazo de revisión de observaciones y abre una mesa especial para resolver 1,243 dudas de la Semadet

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La andanada de observaciones que hizo la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) al Programa de Ordenamiento Ecológico local de Zapopan, llevó ayer al comité de la materia a decidir ampliar el tiempo de análisis para esas y otras puntualizaciones que le fueron hechas, en busca de consolidar un documento aplicable que le dé certidumbre al desarrollo social y económico, y la conservación de bienes naturales en el largo plazo.

No obstante, asistentes a la sesión señalaron que no solamente es la Semadet la que presentó señalamientos; hubo señalamiento de otras dependencias, de empresarios y ciudadanos, lo que llevará a establecer mesas de trabajo para determinar lo viable y emitir un documento definitivo que sea pertinente.

El Ayuntamiento de Zapopan hizo públicas sus observaciones, en especial por la difusión que hizo en la víspera la autoridad estatal de sus observaciones al proceso: “Pese a observaciones, sus representantes ante el comité de dicho instrumento han avalado todos los trabajos técnicos y el proceso de consulta del mismo”; por ejemplo, “sus representantes votaron a favor de que el documento a presentarse en los foros fuese el resumen ejecutivo, y que el documento completo estaría siempre disponible en el sitio web http://portal.zapopan.gob.mx/GIC/index.html”.

En la sesión de ayer, el director general de planeación y ordenamiento territorial de la Semadet, Rodolfo Montaño, “felicitó al Municipio por la elaboración del documento que su dependencia criticó la víspera. ‘En nombre de la bióloga Magdalena Ruiz Mejía, queremos felicitar por el gran esfuerzo que se ha hecho para la elaboración de este instrumento”, de acuerdo a la versión zapopana.

“Queremos proponer las mesas de trabajo que sean necesarias con el equipo técnico para la revisión de las mil 200 observaciones que se presentaron, de las que muchas de ellas son de forma y algunas otras son de fondo”, agregó. Zapopan sostiene que la Semadet “es una de las 23 instituciones que integran el comité para la elaboración del POEL de Zapopan, pero durante todo el proceso previo a la consulta no hizo públicas las objeciones que ahora difundió en un comunicado. De hecho, el comité abrió mesas de trabajo entre sus integrantes para recibir observaciones antes de someter el programa a consulta y, en ese momento, la Semadet hizo sólo 23 puntualizaciones”, señala.

Un día antes del cierre de la consulta del programa, la dependencia estatal hizo llegar más de mil 200 observaciones. “De una revisión preliminar del documento enviado por Semadet, se aprecia que en su mayoría son observaciones que se repiten textualmente diez o quince veces, sin que se explique con claridad lo que las motiva; deberá ser el comité el que revise y evalúe la pertinencia de todas observaciones recibidas”.

En contraste, “otras instituciones que integran el comité, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) o el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), sólo realizaron aportaciones técnicas durante el proceso de revisión”.

Lo cierto es que en la sesión de trabajo de ayer, el Comité de Ordenamiento Ecológico de Zapopan “aprobó ampliar el análisis de las observaciones que la Semadet realizó a la propuesta de actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio, entre otras.  El director de Medio Ambiente en Zapopan, Alfredo Martín Ochoa, señaló que el esquema de trabajo para la evaluación y actualización del ordenamiento ecológico en el municipio ha sido consistente, congruente y apegado a la normatividad”.

A juicio del funcionario, “dicho ejercicio se ha apegado tanto al marco normativo como a la Ley de Equilibrio Ecológico, a su reglamento en materia de ordenamiento, a la normatividad aplicable, así como una observación rigurosa a los marcos municipal y estatal”.

viernes, 10 de agosto de 2018

La Semadet emitió 1,243 observaciones a Zapopan


En Bosques Los Colomos, acuífero de Tesistán, tiraderos de Copala y cambios de uso de suelo, las principales inconsistencias detectadas.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La propuesta del ordenamiento ecológico local de Zapopan, uno de los más importantes del área metropolitana de Guadalajara por los bienes naturales y los servicios ambientales que debe proteger, ha sido examinada acuciosamente por la autoridad ambiental estatal, que entregó un listado de 1,243 observaciones por diversas omisiones, algunas tan serias como la protección del polígono del parque estatal Los Colomos.

La participación de la Semadet se da en el contexto de la consulta pública del llamado formalmente Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del municipio de Zapopan. La consulta arrancó el pasado 2 de julio.

“Estas observaciones se ingresaron el pasado 1 de agosto, por lo que el municipio deberá de seguir todas y cada una de las reglas y formalidades que se establecen para la expedición de los ordenamientos ecológicos en el reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente”, dijo la dependencia estatal la tarde de ayer.

Un listado de los principales problemas detectados: a promoción de cambio de uso de suelo por parte del municipio en catorce Unidades de Gestión Ambiental (UGA, la unidad mínima territorial del análisis), “sin justificar las implicaciones ecológicas que se puedan presentar”. En referencia a la declaratoria del Área Estatal de Protección Hidrológica Bosque Colomos-La Campana, “se observa que no está siendo contemplado el polígono de protección, por lo que se solicita se incorpore en la modificación del programa”. En cuanto al polígono de Protección Ambiental Especial Hasar´s-Picachos (área de los rellenos sanitarios privados y públicos de la meseta de Copala-San Juan), se define con una extensión de 120.85 hectáreas, “sin embargo este polígono debe ser más extenso debido a las superficies que abarcan los rellenos sanitarios” en los registros de la dependencia, que es la competente en el tema.

Además, señala la necesidad de “un mapa en el que se muestren las zonas de mayor potencial de recarga de acuíferos, destacando el valle de Tesistán y las zonas de crecimiento urbano proyectadas, esto con la finalidad de poder identificar y aislar dichas superficies de cualquier posibilidad de construcción que no sea la relacionada con aumentar la infiltración de estas zonas”. Es justamente el valle de Tesistán el que cumple el papel más importante en la recarga del acuífero metropolitano, según los datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). No existen modalidad de áreas protegidas para agua subterránea en la legislación mexicana, salvo las vedas y reservas, pero no atienden el tema de la recarga.

Otras observaciones generales, “no se describe con base en qué metodología fue realizada la evaluación y elaboración de este programa, además tampoco se presenta una correlación con: ecosistemas terrestres, aptitud sectorial, riesgos ambientales, usos compatibles y conflictos ambientales”; se pretende “incorporar un corredor ecológico, que según el documento que presentó el municipio tiene como objetivo asegurar la conservación de las ANP ya decretadas e incrementar las superficies de conservación, pero hace falta armonizar las políticas de conservación y urbanización de su propuesta de ordenamiento”.

El documento “establece los llamados polígonos de protección ambiental especial (PPAE), pero a estos polígonos no se les incluyeron criterios de regulación ambiental que son la base de las propuestas de las estrategias que establecen para que marquen acciones concretas para la restauración o restricción de cualquier tipo de crecimiento que haga que dichas condiciones empeoren”; también “hace falta información en algunas fichas, hace falta describir la parte de la construcción de criterios de regulación ecológica y contemplar un listado general de los mismos, también falta incluir una justificación del cambio de superficie del municipio en el POE vigente y la modificación propuesta”.

Hoy responde Zapopan 

Respecto al Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de Zapopan, en la consulta solamente se presentó un resumen ejecutivo, advierte la Semadet. El Ayuntamiento de Zapopan tiene hasta el viernes 10 de agosto “para solventar las 1,243 observaciones presentadas dentro del periodo de consulta pública, antes de ser aprobadas en el Comité de Ordenamiento Ecológico del mismo municipio”.

martes, 31 de julio de 2018

Sigue el desorden con bancos de materiales en La Primavera


43 extracciones en torno al ANP, algunas de las cuales son clandestinas y “muerden” el polígono, constituyen un reto de control no cumplido.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La actividad minera a cielo abierto más agresiva que se realiza en los alrededores del bosque La Primavera, la antigua zona de amortiguamiento que jamás fue reconocida por gobiernos locales y federales, es la de los bancos de material geológico para la construcción. Los datos más actualizados señalan 43 extracciones enclavadas en torno a las montañas protegidas, e incluso hasta 2015, cinco de estas tenían problemas de invasión del polígono protegido. 

El expansionista mercado inmobiliario de Guadalajara, que ha duplicado el tamaño de la ciudad en menos de 20 años, ha sido el cliente seguro y persistente de los “areneros”. Ese mismo espacio de tiempo ha sido en el que se ha pretendido aplicar legislación estatal -este tipo de bancos son regulados por la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente- tanto por entidades del gobierno del estado como de los ayuntamientos involucrados. Y el historial es de éxitos y fracasos, como reconoce el director de gestión ambiental, cambio climático y sustentabilidad del Ayuntamiento de Tlajomulco, Miguel León Corrales.

Es la parte sur del bosque, en territorio de ese municipio, y en el poniente, en el vecino de Tala, donde se dan las mayores explotaciones de arena. León Corrales destaca que en 2015 reinaba una anarquía en el tema.

“En la zona de La Primavera había diez bancos, pero solamente dos estaban regulares; hemos logrado regularizar el resto, pero tres que no tenían ningún permiso, y que han sido reiteradamente clausurados, cuando hay requerimiento de materiales entran en acción, son reabiertos y no son frenados; son los bancos Hermano Sol, Los Carnalitos y Pontevedra, la clausura se viola, y no sabemos por qué, la Fiscalía Ambiental de Tlajomulco no ha intervenido, si le hemos dado todos los elementos. Es obvio que reabrir un banco clausurado es constitutivo de delito”, señala a MILENIO JALISCO.

En la elaboración del diagnóstico sobre el área natural protegida, se consultó con ejidatarios de San Agustín, pues ese núcleo agrario es el propietario de la zona de La Cuchilla, donde inciden la mayor parte de las explotaciones. “Sobre los bancos de material, los ejidatarios de San Agustín explican que las autoridades los autorizaron de palabra y se salieron de control pues perforaron muy hondo y hay demasiado escombro. Siguen sacando material por las noches. A pesar de esta situación, los ejidatarios afirman no tener una mala relación con aquellos que sacan material pues ambas partes están conscientes que fue el Ayuntamiento quien provocó este desorden”, señala el informe final de ese trabajo (Diagnóstico estratégico para la gestión del bosque La Primavera, 2016).

El investigador de la Universidad de Guadalajara, y ex responsable de impacto ambiental y de gestión en la dependencia que pasó de llamarse Comisión Estatal de Ecología a Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semades, hoy Semadet), Miguel Magaña Virgen, conoce a fondo el problema.

“En la cuestión del suelo del bosque, es muy deleznable, lo cual quiere decir que es muy frágil, que fácilmente se desmorona, es de jal, de arena volcánica; cuando extraes material geológico no sólo afectas áreas de flora y fauna, sino que afectas al mismo suelo, que es lo más importante, ya que si no hay suelo no tenemos nada […] ante esas evidencias, sacamos en los años 90 todos los bancos de material de adentro del área natural protegida; de ahí surgió la gestión ordenada de los bancos de material, los regulamos, fueron las primeras unidades que presentaron estudios de impacto ambiental en la historia del estado, en lo que era la Coese […] lo que hicimos fue proteger el suelo, las condicionantes eran que ese suelo retirado fuera regresado; de ahí nació el desarrollo sustentable de los recursos geológicos: podías sacar el material geológico, sin dañar la propiedad, y más porque el suelo regresaba a su lugar de origen”, refiere el académico del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias

Pero ese esfuerzo se perdió con el paso de los años, añade. La secretaría en la actualidad ejerce poco control, pues los municipios lo han asumido y hay resultados variables, normalmente malos.

“Pudimos sacar adelante una norma ambiental estatal en de bancos de material, donde ya se dice cómo se debe explotar, y establece que las dependencias vigilaran el cumplimiento, pero qué tenemos ahorita: si te das una vuelta por lo que es la carretera a Nogales [prolongación avenida Vallarta], por donde está el CUCBA, enfrente del bosque, verás los grande paredones que evidentemente están fuera de norma; hay paredones de 25 metros en los que no están respetando nada, donde jamás se ha presentado un inspector, y el terreno queda expuestos a un desprendimiento, a un deslizamiento, y es a la vista de todo mundo, no están escondidos, están por la carretera”, agrega.

A su juicio, el control se perdió en las confusiones burocráticas sobre las competencias. “Se dio la situación donde había confusiones; se decía que la ley en los artículos transitorios señalaba que le correspondía por tantos meses al municipio, hasta que tuviera su Dirección de Ecología; los municipios tuvieron sus direcciones y se estaban echando la bolita; pero además, en la secretaría se hicieron de los estudios de impacto ambiental, un proceso administrativo y ya no técnico, así que me parece que los bancos de material y la estructura para extraer material geológico está prácticamente igual que antes de que la interviniéramos”.

Por alguna razón, “tanto a la secretaría como a los municipios dejó de interesarles el tema desde el punto de vista ambiental; hay un interés administrativo y hay una serie de abusos, empleados que tienen por fuera sus consultorías y ayudan a los banqueros a arreglar los permisos administrativamente, para que salgan aprobados”.

La intención original “era de detener el empuje de la zona urbana; hoy, yo no sé si siga habiendo extracción de material geológico de forma clandestina en el bosque, pero el problema no es solo La Primavera, sino que en esa área de amortiguamiento, que está externa al área protegida; quedarse sin suelo, implica no vegetación, no fauna, cambio en el microclima, y entonces están generando una cantidad importante de polvos, que vienen a aumentar las lecturas, los pocos monitoreos que hacen, de partículas suspendidas totales; las zonas están siendo explotadas y abandonadas sin el cuidado, y les quitan un suelo que va a tardar mínimo 300 o 400 años en regresar, es decir, ni siquiera queda para un uso de suelo urbano, y todo eso es muy grave…”.

León Corrales reconoce que ese panorama desolador se encontró cuando asumió el cargo en 2015, y que salvo por los meses que estuvo fuera, se había alcanzado un alto nivel de control.

 “Solamente dos bancos estaban regulares en 2015, con sus licencias actualizadas, así que nos dimos a la tarea de buscar ordenar esto; cuatro bancos que eran irregulares pasaron a ser regulares, y cuál es la ventaja, tiene un dictamen de factibilidad ambiental, así que nosotros como dependencia visitamos una vez al mes los bancos de material, y si están dejando de cumplir con algunas de las condicionantes, les quitamos la factibilidad”, advierte.

El banco de Palo Blanco es el ejemplo de lo que se puede lograr con gestión integral del problema: “cumpliendo con las reglas de una abandono sustentable, hemos logrado esto Palo Blanco, que ya está abandonado, y la tierra va a quedar en condiciones de ser sembrada; una vez que eso quede bien, nosotros les vamos a regresar su fianza, porque esa es la clave de que trabajen bien, que entreguen una fianza que garantice la restitución de las condiciones del terreno”.

¿Cuál es la condición jurídica que aplica Tlajomulco? En el municipio “se tienen operando bancos de material desde la década de los setenta; el estado cede los derechos al municipio aproximadamente en el año de 1998 para regularlos”. De los bancos se extrae principalmente arena de rio, jal, tezontle, tepetate, balastre, basalto.

En 2016 se tenían, para toda la demarcación municipal, ocho bancos regulares, 20 irregulares y siete clandestinos. “Por tal motivo se canalizan los esfuerzos en disminuir esa calidad de estatus en esos bancos y se inicia con una fase de seguimiento a cada uno de ellos exhortándolos en que deben de estar al corriente con la normatividad vigente y elementos técnicos en las áreas de extracción”.

Como producto de la implementación de la estrategia, se logró en 2017 “quince bancos regularizados, cinco irregulares, cuatro clandestinos [tres al borde de La Primavera], tres que siguen inactivos por decisión propia a pesar de que tienen toda su documentación en orden, cinco que se dieron de baja por no tener o alguna otra condición, y tres bancos de material rehabilitados”, listos para reintegrarse a los procesos agrícolas.

Pero Tlajomulco no es Tala, donde la dirección del bosque registra la mayor superficie dedicada a extraer material geológico con hasta 21 explotaciones. Se calcula que 255 hectáreas conforman las extracciones totales del anillo que rodea a la sierra. En buena parte de ellos, sin garantías de que se hagan las cosas como la ley manda.

La norma ambiental estatal

La NAE-SEMADES-002/2003 establece los lineamientos, criterios y especificaciones técnicas con que se debe llevar a cabo la preparación del sitio, la operación y el abandono productivo de los bancos de material de acuerdo al material que se extrae, con la finalidad de mitigar y reducir los impactos ambientales negativos. Esto incluye criterios de seguridad, franjas de amortiguamiento, estabilización de bancales y taludes, la obligatoriedad de conservar en el predio el material de despalme (cobertura vegetal), la superficie máxima a explotar (10 hectáreas), presentar la evaluación de impacto ambiental y sus condicionantes como requisito indispensable para una autorización.

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Claves 

Cuatro acciones para regularizar bancos de materiales en Tlajomulco 

1. Proceder con los bancos de material clandestinos. “Derivado del Diagnóstico de Bancos de Materiales en el Municipio, se efectuaron las siguientes líneas de acción. Se le proporciono a la Fiscalía Ambiental, el diagnostico con la finalidad de que actuara con los bancos clandestinos, que personal de Gestión Ambiental detecto en recorridos de campo, se proporcionó un mapa en donde están ubicados todos los bancos del municipio en coordenadas UTM, con la finalidad de contar con una localización exacta”.

2. De forma inmediata, “notificarles que se pongan al corriente con sus refrendos los irregulares. Se efectuaron visitas y se les notifico de manera verbal y mediante oficio a todos los bancos irregulares de sus faltantes administrativos y en campo”.

3. Taller de capacitación dirigido a los propietarios, promotores y técnicos responsables de los bancos de material regulares con la finalidad de exhortarlos a dar cabal cumplimiento a la normatividad vigente (septiembre de 2016). “Como parte del Taller que se efectuó se acordó que personal de Gestión Ambiental, a partir de octubre del 2016, realizarían visitas mensuales a cada uno de los bancos de material con la finalidad de proporcionar asesoría y señalar las áreas de oportunidad y mejora en los bancos visitados”.

4. En la periferia de los bancos de material se promueve la reforestación con especies nativas y que de esta manera funcionen como cortinas rompevientos y proporcionen belleza escénica, en 2017 se reforestaron en la periferia de algunos bancos más de 2000 árboles.

Fuente: Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad


miércoles, 25 de julio de 2018

El Tepopote, ANP que no termina de llegar


Un estudio técnico establecía allí hace un año la primera zona de recuperación ambiental, pero Zapopan propuso un área protegida que no ha sido declarada.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El polígono del cerro de El Tepopote, enclavado al norte de la caldera volcánica de La Primavera y que geológicamente no está integrado al súper volcán, tiene un papel biológico indiscutible como amortiguador de los impactos sobre la también reserva mundial de la biosfera del programa El hombre y la biosfera de la Unesco. Pero además, por allí pasa el principal corredor de especies que le queda al bosque hacia ese punto cardinal, lo que significa un flujo constante con las sierras de Tesistán y San Esteban, y por medio de estas, a la barranca del río Santiago.

Incendiadas alrededor de mil hectáreas de sus encinares los días 1 y 2 de abril de 2017, se activó un movimiento social en Guadalajara para impedir que se den procesos de cambio de uso de suelo. Todo comenzó con la aplicación de la propia legislación federal: el artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que en cualquier superficie de bosque o selva que se queme, sea por causas dolosas, imprudenciales o accidentales, no deberá ser objeto de alguna autorización de cambio de uso de suelo. Bajo esa premisa, si un fraccionador quema un bosque para construir, en realidad atenta contra sus propios intereses.

A partir de allí, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial estableció una agenda de trabajo para construir un estudio técnico justificativo (ETJ) que permitiera consolidar un decreto de restauración similar al que se hizo para la zona de El Tajo. Pero en medio de ese proceso, el Ayuntamiento de Zapopan hizo pública su disposición de hacer de esa montaña un área natural protegida de carácter municipal.

“Fue por eso que el trabajo, que ya estaba avanzado, fue puesto a disposición de Zapopan, pues una ANP no contradice en nada las intenciones que estábamos fundamentando. Esperamos que con el proceso del Programa de Ordenamiento Ecológico local, que se está realizando, se sienten las bases, y se termine de consolidar con la revisión de los planes parciales, que será posterior”, dijo a MILENIO JALISCO el director general de Conservación y Biodiversidad de la Semadet, Antonio Ordorica Hermosillo.

Pero un año después, la declaratoria zapopana no llega. Por su parte, los intereses de urbanización siguen presentes: como propietario de 400 hectáreas, el Instituto de Pensiones de Jalisco mantiene abierta una negociación para no ver cancelados sus derechos de desarrollar un asentamiento humano en la zona. Fuentes extraoficiales señalan que ese podría ser un obstáculo que ha impedido cristalizar la promesa municipal. Lo cierto es que una etapa decisiva se da ahora con la consulta pública del Programa de Ordenamiento Ecológico de Zapopan: el texto en consulta considera como política dominante la restauración, “uso predominante área natural, uso compatible agrícola”, condicionados, la industria, la infraestructura, la minería, el turismo. Al margen de ese instrumento, el aún vigente y el plan parcial también en vigor son contradictorios (ver mapa anexo). Será necesario hacer un ajuste para armonizarlo.

La historia reciente de El Tepopte con pocas cifras: “el área de estudio presenta notorias modificaciones y pérdidas la vegetación natural por cobertura urbana, de infraestructura y sobresale el crecimiento por áreas con suelo desnudo al pasar de casi 10 por ciento en 1990, a casi 15 por ciento en 2017. Estos cambios de cobertura muestran la dinámica en un tiempo relativamente corto. Se muestra que en los últimos 27 años existe una pérdida de cobertura de Bosque, que en el año 1990 ocupaba 42.41 por ciento y pasó a tener solo el 28.8 por ciento del territorio”, es decir, 13.6 por ciento menos del polígono total, de alrededor de 1,400 ha.

“Es evidente que el principal problema en la actualidad sobre la zona han sido los incendios forestales que se han incrementado en superficie, los estudios realizados demostraron que de las zonas afectadas por incendios en 2014 y 2017, la severidad del fuego fue en mayor proporción en niveles medios y bajos, lo cual denota de conocer a mayor detalle cada una de estas zonas, ya que esto permitirá aplicar las medidas necesarias de rehabilitación, priorizando las que presenten severidad alta”, añade el ETJ.

En los últimos años “y derivado principalmente de la ocurrencia de dos grandes incendios en 2014 y 2017, el primero con una afectación de 254 ha y el segundo con 904.8 ha, se han reforzado las investigaciones de causas, por lo que se encuentran en medios electrónicos notas relacionadas con investigaciones penales para identificar posibles responsables de provocar los incendios. Visto desde la perspectiva de la prevención, el conocimiento de los agentes de perturbación de la zona permitiría fortalecer los trabajos de restauración, protección y manejo de la zona”. “Perversa”, la ausencia de la Conanp en La Primavera

La Primavera padece el efecto de malas decisiones históricas que no protegieron las 40 mil hectáreas de la caldera volcánica, en aras de negocios particulares de corto plazo, pero en lo posterior, la acción del gobierno federal tampoco es la esperada cuando es el nivel de gobierno que tutela el decreto, advierte el presidente de la Sociedad de Estadística y Geografía de Jalisco, e investigador de la UdeG, Arturo Curiel Ballesteros.

“Hay desinterés y perversión cuando una autoridad que en vez de cumplir lo que le mandata el interés público, se hace de un lado; a mí me dolió lo de Santa Ana Tepetitlán [el juicio de amparo que hizo perder entre 580 y 640 hectáreas del bosque hace diez años] porque ubica a La Primavera como un caso único a nivel nacional; no había hasta ese momento un caso donde se le quitara a un área natural protegida superficie; los mexicanos creemos que no hay nada por encima de la constitución, y que esta dicta el interés, y las áreas protegidas se basan en este principio, pero que aquí se haya permitido quitar el decreto me parece algo perverso, al igual que el cercenamiento de la superficie original no obstante que estaban cobijadas bajo el interés público; eso sólo se explica por perversidad, no hallo otra forma de decirlo”, sostiene.

Esas malas decisiones obligaban a plantear un área de amortiguamiento sobre los polígonos “descobijados”, pero se gastaron miles de horas de discusiones y nunca se llegó a nada. Hasta que llegó el decreto de área de restauración del gobernador Aristóteles Sandoval, en la zona de El Tajo.

“Me vienen dos cosas a la mente; uno de la lectura del decreto, y otro, lo que han hecho en otros lados para establecer un área de amortiguamiento. En lo segundo, lo que han hecho en la historia de las áreas protegidas, de los parques nacionales, en zonas de interés federal en Estados Unidos, ha sido muy interesante: por un lado decretan el polígono, pero decretan áreas de protección estatales a los lados, entonces se conservan valores nacionales que tienen relevancia, y se van haciendo réplicas de los decretos de protección en las áreas colindantes al área protegida principal; esa es la mejor manera en términos políticos. Cuando salió en 1989 la propuesta de un programa de manejo, era un momento muy oportuno para establecer este tipo de cosas”.

Al norte del bosque, por ejemplo, con áreas agrícolas “que uno suponía que a Zapopan le interesaba proteger, pues era famoso el método zapopano de creación de maíz que le dio mucha fama en los años cincuenta a esta área, en el contexto de producción de alimentos [la zona de Tesistán fue mucho tiempo primer lugar nacional en producción de ese grano]; eran cosas fáciles de establecer y que permitirían amortiguar la presión por el norte, pero, ¿ahora qué tenemos? Una invasión de fraccionamientos y un corte de corredores biológicos…”.

Otro punto donde todo se hizo mal es El Bajío del Arenal, donde el decreto de protección nunca llegó, y ahora los intereses se han posesionado de esa superficie, detonada por el estadio de Chivas y las Villas Panamericanas. Y finalmente, con la derrota del decreto por el amparo de Santa Ana Tepetitlán, que cercena hasta 640 hectáreas, y la Conanp promete actuar para reintegrarlas. Diez años después, la invasión hormiga de esa zona amenaza a todo el bosque, pues ninguna negociación prosperó, si es que se hizo alguna (MILENIO JALISCO, 16 y 17 de julio de 2018).

Así se llega al decreto del 28 de enero de 2018. “Todos los esfuerzos que mantengan el interés público son valiosos; me parece necesario para mantener este patrimonio de carácter natural, y manda un mensaje positivo a la sociedad: el interés público debe estar por encima del interés privado. De ahí paso a preguntarme si este decreto garantiza la efectividad de la acción; uno debe irse a la parte de mayor efectividad, y no son las formas más efectivas […] voy a decir algo políticamente incorrecto: lo que yo vi en el decreto, la justificación esencial para decretar un área con este nombre, es para una realidad que no existe; si lo proteges con esta categoría, es porque te das cuenta de los niveles de biodiversidad que hay en el bosque, son tan vastos, que hay que tener algo que detenga la presión, y dejar que el ecosistema se recupere […] cualquier persona que tenga el mínimo conocimiento de biodiversidad, debe pararse arriba del cerro de El Tajo y decir, esta realidad no es; lejos de tener problemas de biodiversidad, el bosque se las ha arreglado para mantener la vida ahí, se puede demostrar que ahí la vida es abundante, por lo tanto, la justificación de decreto no existe, entonces hace frágil su defensa legal”.

A su juicio, era mejor reconocer la biodiversidad y resaltar el interés público de conservarla. “Señores: esta zona se decreta como zona estatal de protección, por el valor que tiene en término de sus funciones, el valor de sus servicios a la población circundante, y eso es suficiente para decretarlo como área natural protegida, y sería más sólido, más permanente, hasta más correcto en término de una decisión política de estado”, concluye Curiel Ballesteros.

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Claves

Juicios de amparo contra decreto de El Tajo

513/2018, Juzgado Sexto de Distrito Fraccionadora Vistas del Valle SA. Contra el decreto DIGELAG DEC 001/2018, publicado el 28 de enero de 2018, “por el que se establece la aprobación la zona de recuperación ambiental Cerro El Tajo, con una superficie de 1,684.3 hectáreas”. Se niega suspensión definitiva. Afectada interpone queja contra suspensión. Juzgado sobresee el juicio. Afectada interpone revisión, aceptada el 11 de julio por el Tercer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, ahora en proceso

576/2018, Juzgado Cuarto de Distrito

Banco Invex, grupo financiero e Inmobiliaria Rincón del Palomar SA. “Contra la emisión, refrendo y promulgación por sí o por conducto de sus subordinados del decreto DIGELAG DEC 001/2018, la omisión de publicar el Programa de Recuperación Ambiental Cerro El Tajo a que se refiere el artículo quinto del decreto DIGELAG DEC 001/2018. Todas y cada una de las consecuencias de hecho y de derecho del acto reclamado […] la aplicación por primera vez- en perjuicio de las aquí quejosas, de los preceptos y ordenamiento que se indica en el inciso b) de este apartado, es decir de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Jalisco, ello en el decreto DIGELAG DEC 001/2018 […] que viene a restringir los derechos de uso, goce y propiedad de la superficie inmobiliaria y derechos que estas quejosas ostentan en términos del capítulo de hechos de esta demanda”. Demanda en fase de ampliación

540/2018-4, Juzgado Noveno de Distrito

Ejido San Agustín, de Tlajomulco de Zúñiga. “contra el decreto DIGELAG DEC 001/2018 por el que se establece la aprobación la zona de recuperación ambiental Cerro El Tajo”. Se concede suspensión de plano “para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de realizar algún acto que tenga por efecto privar total o parcialmente, de forma temporal o definitiva, de los bienes agrarios". Quejas interpuestas por Semadet y Unión de Colonos de la Puerta Sur AC se declaran “infundadas”. Juicio en proceso

542/2018. Juzgado Sexto de Distrito

Estructuras Residenciales SA de CV. Contra el “programa de recuperación ambiental de El Cerro de El Tajo”. En proceso, sin suspensión vigente

541/2018. Juzgado Segundo de Distrito

Desarrolladora Lemar de Jalisco SA de CV. Contra el “programa de recuperación ambiental de El Cerro de El Tajo”. En proceso, sin suspensión vigente

544/2018. Juzgado Tercero de Distrito

Bosques de Zapopan SA de CV. Contra el “programa de recuperación ambiental de El Cerro de El Tajo”. En proceso, sin suspensión vigente

Fuente: Semadet Jalisco



Suspenden obra en San Rafael,pero nadie quedó conforme


Un estudio técnico establecía allí hace un año la primera zona de recuperación ambiental, pero Zapopan propuso un área protegida que no ha sido declarada.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Finalmente, el Ayuntamiento de Guadalajara procedió a hacer válida la suspensión decretada por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, en resolución del 17 de julio de 2018, “notificado a esta autoridad el pasado viernes 20 de julio”, en el marco del juicio de amparo 198/2018.

A las 13:45 horas del pasado lunes 23 de julio, “el Gobierno de Guadalajara procedió a suspender la obra ubicada en la avenida Historiadores números 3180 y 3182, colonia San Rafael, en Guadalajara […] reiteramos que esta administración ha cumplido y seguirá cumpliendo con las resoluciones de orden judicial”, señaló el escueto comunicado emitido por la dirección de comunicación social.

Los vecinos quejosos, por medio de su vocera, Gabriela Cervantes, señalaron ayer: “en respuesta al comunicado de prensa del ayuntamiento de Guadalajara, les comentamos que la suspensión de la obra es una simulación ya que solo se puso un sello en la puerta de la calle Manuel M Ponce 595 y en las puertas de Historiadores 3180 y 3280 que es donde está la oficina de preventa y estacionamiento y es donde entra y sale maquinaria, no fue clausuradas y los vecinos de Jardines de la Paz seguimos observando la entrada y salida de trabajadores y vehículos dentro del predio”.

Por lo cual “requerimos que el ayuntamiento cumpla en su totalidad la suspensión clausurado las puertas que les marca la suspensión que son las de Historiadores y no cuentan con ningún sello de clausura”. 

Grupo San Carlos, que es el que realiza el proyecto de nueve torres en el antiguo club Chivas San Rafael, aclaró a MILENIO JALISCO escuetamente: “La empresa cuenta con una suspensión de un tribunal para evitar la clausura que es anterior a la orden que está cumplimentado el municipio, y la cual no fue valorada adecuadamente por la juez en el amparo de los quejosos […]”.

Sin embargo, “Gran San Rafael es un proyecto de vivienda vertical totalmente alineado con las políticas y visión de ciudad que apuesta por un desarrollo urbano ordenado, además de que ha cumplido estrictamente con toda la normatividad vigente. Grupo San Carlos es una empresa tapatía responsable que en 53 años ha demostrado con hechos su interés en el desarrollo ordenado de Guadalajara. El objetivo del proyecto es proporcionar una solución de vivienda a precio justo en una zona donde ya no hay espacio para vivienda horizontal asequible, con la finalidad que los habitantes de la zona puedan seguir viviendo cerca de sus familiares y donde les gusta vivir, cercanos a los servicios, equipamiento y transporte”. Niegan afectar al acuífero y al loro de corona lila, en peligro de extinción, pues “no se va a remover un solo árbol”.

jueves, 19 de julio de 2018

Juzgado de distrito dio ultimátum a Guadalajara sobre San Rafael


Mañana deberá haber sido paralizada la construcción de edificios en el predio contiguo al parque.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo, ha dado tres días, que comienzan a contar a partir de ayer, para que el Ayuntamiento de Guadalajara acate la suspensión provisional concedida a favor de un grupo de vecinos de San Rafael, en el oriente de la ciudad, y proceda a paralizar “la edificación autorizada mediante la licencia M-0129-2016 expedida por el Director de Obras Públicas y el Director del Área de licencias y permisos de construcción del Ayuntamiento de Guadalajara, en favor de Desarrolladora Kigali, SA”.

La suspensión es relativa a la construcción de una obra plurifamiliar vertical en avenida de los Historiadores números 3180 y 3280, Colonia San Rafael, y que, de acuerdo a la determinación del Quinto Tribunal Colegiado de Distrito del Tercer Circuito (queja 232/2018, derivada del juicio de amparo 198/2018), afecta derechos a la salud y ambientales de la población, e incluso, las posibilidades de al menos una especie de psitácido en peligro de extinción, el loro cabeza lila, cuyo nombre científico es Amazona finschi.

La Dirección General Jurídica del Ayuntamiento de Guadalajara, “manifiesta la imposibilidad en que se encuentran las autoridades responsables adscritas al citado ayuntamiento, para dar observancia a la medida cautelar otorgada, en virtud de que manifiesta que en el recurso de reclamación 1151/2017, derivado del juicio de nulidad 714/2017, del índice de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, fue concedida la suspensión a la aquí tercera interesada Desarrolladora Kigali, Sociedad Anónima de Capital Variable, para que se le permita seguir con la ejecución de las obras llevadas a cabo en los inmuebles materia de la litis”, destaca la resolución.

Sin embargo, advierte: “dígasele que las autoridades responsables se encuentran obligadas a dar cumplimiento a la suspensión provisional otorgada en el presente incidente de suspensión, desde el momento en que ésta fue dictada, toda vez que de conformidad con los artículos 136 y 139 de la Ley de Amparo, y por la propia naturaleza que como medida precautoria tiene la suspensión del acto reclamado dentro del juicio de amparo, surte sus efectos de manera inmediata”.

De este modo, “al considerarse de orden público que la medida cautelar de referencia sea cumplida en sus términos, y toda vez que el artículo 158 de la Ley de Amparo, permite a este órgano jurisdiccional hacer cumplir la resolución suspensional y/o tomar las medidas necesarias para su cumplimiento, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días, de conformidad con lo establecido en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, acrediten con constancias fehacientes haber dado cabal observancia a la suspensión provisional concedida …”.

El problema es que el posible incumplimiento de la legalidad solamente le acarrea al ayuntamiento, por lo pronto una posible multa de 4,030 pesos, al margen del descrédito ante la opinión pública. Pero pueden pasar más cosas.

El artículo 193 de la Ley de Amparo señala que una vez presentadas las evidencias de cumplimiento, el juez “dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay incumplimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos”.

Colonos y asesores señalan que la alcaldesa de Tlaquepaque podría ser destituida.


Colonos y asesores señalan que la alcaldesa de Tlaquepaque podría ser destituida.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La presidente municipal de Tlaquepaque, María Elena Limón, fue requerida por el juez sexto de distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, para demostrar el cumplimiento de una suspensión definitiva concedida a colonos del Cerro del Gachupín o El Tesoro, en el marco de un incidente de suspensión del juicio de amparo 1071/2016. En caso de no acreditarlo, la sanción podría derivar en su destitución.

Esto lo señalaron ayer vecinos de la zona, encabezados por Milagros González Díaz, representante de la Asociación Civil Cerro Guardián del Agua, e integrante de la Red Metropolitana en Defensa de las áreas Verdes, y los representantes del Instituto de Derecho Ambiental, Pedro León Corrales y Eduardo Mosqueda Sánchez, en conferencia de prensa. El pasado lunes 16 de julio, la munícipe recibió la orden judicial para informar sobre qué acciones ha realizado para acatar la suspensión, que fue concedida el 22 de septiembre de 2016 y confirmada mediante recurso de revisión 99/2017 por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

“Es procedente conceder la suspensión definitiva, respecto a los efectos y consecuencias inmediatas que pudiera sufrir el impacto ambiental, en el Cerro del Gachupín, es decir, las autoridades responsables no deben de afectar la flora y la fauna que ahí habita, así como el deterioro de recursos hidrológicos, que se traducen en una afectación ecológica y al medio ambiente, lo cual constituyen elementos del orden público e interés social”, señala el juez.

“Las autoridades deberán cuidar que la obra que se desarrolla en el Cerro del Gachupín, se realice sin alguna afectación a la flora y fauna que habita el lugar, debiendo evitar la tala de árboles, y sustraer material geológico; asimismo, se deberán salvaguardar los recursos hidrológicos de la zona, lo que implica, el abstenerse del uso o explotación de aguas nacionales superficiales o del subsuelo, así como verter cualquier tipo de desecho a dichas cuencas, que se genere con motivo de la obra a desarrollar […] la medida cautelar no tiene por efecto paralizar construcciónes que ya estén realizando bajo el amparo de permisos o autorizaciones otorgadas por las autoridades administrativas, pues la materia de preservación es el medio ambiente natural que se localiza en la zona relativa”, añade.

El 18 de enero de 2017 “la quejosa denuncia el incumplimiento de la suspensión definitiva, por parte de la autoridad responsable, Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, que en su informe negó haber incurrido en incumplimiento a la medida suspensional. El Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa resolvió, en la audiencia, que el incidente planteado por la quejosa es esencialmente fundado. La consecuencia natural del fallo que concede la suspensión, es que el acto reclamado no se ejecute y que las autoridades responsables se abstengan de continuar los procedimientos, que tiendan a ejecutarlo, y si no lo hacen, sus actos constituyen un desobedecimiento a la suspensión”, refirió Mosqueda Sánchez. “La gravedad de la desobediencia a la medida cautelar es clara y manifiesta, porque pudiera suceder que por no obedecer el auto de suspensión, el mandato inconstitucional se plasme en forma irreparable”, agregó.

Aseguró que ha habido reiteración en incumplir, y la alcaldesa “se va a poder ser acreedora de una de las sanciones que prevé la fracción tercera del Artículo 262 de la Ley de Amparo, imposición de una pena de tres a nueve años de prisión, una multa equivalente a 50 unidades de medida y actualización y la destitución e inhabilitación del cargo”.

Los vecinos de Pinar de la Calma, Colinas de Las Águilas y Mirador del Tesoro señalan el grave perjuicio que les trae desde 2012 la edificación de viviendas en la parte alta del cerro, pues esto derivó en inundaciones e incluso daños estructurales a fincas de existencia previa, además de la pérdida de un área verde valiosa. La constructora es Inver Desarrollos SA de CV, que edifica en 120 hectáreas que reclama la comunidad agraria de Santa María Tequepexpan.

martes, 17 de julio de 2018

Detienen a vecinas de Atacco por bloquear tiradero



Hartos de que no se cierre el basurero, miembros del Consejo Ciudadano de Atacco decidieron bloquearlo.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Cansados de las prórrogas que se han prolongado durante toda la administración actual de Tapalpa, que llega a su fin en octubre próximo, los vecinos del Consejo Ciudadano de Atacco decidieron tomar la mañana de ayer el vertedero que ha dañado su calidad de vida por más de quince años. Pero los líderes fueron aprehendidos.

“Alrededor de las 8 am de hoy, la comunidad, encabezada por sus mujeres, han decidido tomar el vertedero municipal, ante el incumplimiento del municipio, de la Proepa [procuraduría Estatal de Protección al Ambiente] de la Semadet [Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial] y la CEDHJ [Comisión Estatal de Derechos Humanos] de hacer respetar sus derechos a la salud, al medio ambiente sano […] se han firmado convenios ante notario, acuerdos con el municipio, medidas cautelares dictadas por la CEDHJ, sanciones de la Proepa, y más de cinco procedimientos administrativos en contra del Ayuntamiento de Tapalpa y poco han valido, por eso hoy su gente decide cerrar de manera indefinida dicho basurero”, dijo temprano el abogado de los quejosos, Guadalupe Espinoza Sauceda.

Tras el hecho, acudieron unidades de la policía local, en busca de impedir el bloqueo porque los camiones de recolección comenzaban a arribar.

A media mañana, el abogado notificó que “se han llevado detenidas por la Policía Municipal de Tapalpa a las señoras del Consejo Ciudadano Atacco, Celina Trinidad y Félix Espíritu Parra, por oponerse a que siga operando el basurero municipal con la consecuente contaminación de la comunidad, así como daños a la salud y el medio ambiente”.

Las detenidas fueron bajadas a Zapotlán el Grande con el propósito de entregarlas al agente del Ministerio Público del estado, y abrir un procedimiento por presuntos delitos como allanamiento y resistencia a la autoridad. Un amplio grupo de vecinos las acompañaron en caravana para hacer valer sus quejas y exigir la liberación de las detenidas.

Espinoza Sauceda dijo que los vecinos están desesperados porque no hay más que largas al cierre del vertedero, para lo que se aducen problemas de presupuesto, la falta de entrega plena del predio de la estación de transferencia, en La Frontera, y que se cayó la posibilidad de que la basura de Tapalpa fuera recibida en un relleno sanitario intermunicipal en el municipio de Gómez Farías.

Ante los hechos, el Consejo Ciudadano de Atacco interpuso queja ante la CEDHJ, una más, pues apenas el pasado 12 de enero, el ombudsman emitió medidas cautelares para Tapalpa, la Proepa y la Semadet, lo cual evidentemente no se cumplió.

sábado, 14 de julio de 2018

Defensores de Arboledas Sur se apuntan nuevo triunfo


Juez de distrito resuelve como improcedente petición de inmobiliaria para modificar suspensión.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La crisis generada por la decisión del juez tercero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo en la disputa por el área verde de Arboledas Sur, primero de reconocer como tercero perjudicado a la inmobiliaria de Diez SA de CV, después, de aceptar un incidente de “modificación de suspensión” en busca de reanudar el trabajo que hace para el Ayuntamiento de Guadalajara en el área verde de la zona, se ha solventado esta semana, con un triunfo parcial para los comuneros y vecinos que frenaron los cambios con el juicio de amparo 1545/2018, pues ese incidente ha sido declarado “improcedente” por el propio juez.

El pasado lunes 9 de julio, el juez fue denunciado penalmente por “delito de amparo” ante la Procuraduría General de la República, y posteriormente, el 10 de julio, se le pidió “recusación”, es decir, que dejara de conocer el caso, al considerar los quejosos que dilata la justicia y actúa a favor de su contraparte, el Ayuntamiento de Guadalajara, y a través de este, de la empresa inmobiliaria.

El conflicto es por una superficie de aproximadamente 7.6 hectáreas de bosque urbano que ha estado por décadas en posesión de los vecinos, pero que la actual administración municipal -con base en supuestos errores cometidos por administraciones previas- asegura se vio obligada a reconocer parcialmente a la empresa inmobiliaria que presenta escrituras de un predio denominado La Cuyucuata, de historia dudosa.

Guadalajara ostentaba escrituras de terrenos adquiridos entre 1982 y 1992, como base de su mejor derecho, pero un convenio judicial de junio de 2017 ha legitimado las aspiraciones de los empresarios. Sin embargo, un tercer actor que no entró en ese convenio es la comunidad indígena de hecho de Santa María Tequepexpan, que reclama los predios como parte de su superficie primordial. La justicia federal ha dado la razón, de momento, a los comuneros, pero no directamente por el juez recusado, sino por procedimientos hechos valer ante sus superiores, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en la queja 185/2018.

La “suspensión definitiva” otorgada a los comuneros impide que los acuerdos entre la inmobiliaria y Guadalajara sigan adelante. De ahí la urgencia de modificarlos, situación que no prosperó aunque el juez permitió el incidente. El miércoles 11 de julio, determinó que era “improcedente”.

El juez “dio trámite a la recusación y resolvió el incidente de modificación a la suspensión declarándolo improcedente. Se mantiene vigente la suspensión de plano, lo que quiere decir que por ahora el tráfico de influencias ha sido frenado”, dijo el representante legal de los quejosos, Pedro León Corrales, del Instituto de Derecho Ambiental (Idea). Queda pendiente saber si el juzgado será recusado, lo que implica que el juicio se deberá desahogar en otro juzgado. La suspensión de plano estará vigente hasta que el amparo derive en sentencia, lo que impide que se pueda modificar el estado del terreno en disputa.

martes, 10 de julio de 2018

Comuneros recusan a juez de distrito para salvar Arboledas


Han interpuesto denuncia en la PGR contra juez tercero de distrito por "delito de amparo" y le han solicitado que abandone el caso por su presunta parcialidad

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los comuneros de Santa María Tequepexpan, cuyos territorios se ubican en Tlaquepaque y Guadalajara, buscan hacer a un lado al juez tercero de Distrito en Materia Administrativa, porque a su juicio, ha pactado con el Ayuntamiento de Guadalajara la entrega de las tierras del bosque urbano de Arboledas Sur a la inmobiliaria que fue beneficiada con el desistimiento, por parte del municipio, de un juicio civil en que reclamaba el inmueble.

Para eso, los abogados de los comuneros han jugado en dos bandas: ayer 9 de julio, interpusieron denuncia en la Procuraduría General de la República (PGR) en contra el juez Óscar Arturo Murguía Mesina, en la que lo acusan de “delito de amparo”. Este es el argumento:

 “denuncia por delito de amparo, previsto en el artículo 265 fracción II de la Ley de Amparo, en virtud de que la procedencia de la suspensión de plano es notoria y sin embargo el juez tercero de distrito en Materia Administrativa y del Trabajo en el estado de Jalisco, negó la suspensión a la comunidad indígena de hecho quejosa [juicio 1545/2018], por lo que se actualiza lo dispuesto en el artículo 265 fracción II de la Ley de Amparo, que a la letra dice: Se impondrá pena de dos a seis años de presión, multa de treinta a trescientos día, destitución e inhabilitación de dos a seis años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al juez de distrito que conozca de un juicio de amparo o del incidente respectivo, cuando dolosamente: […] II. No concediere la suspensión, siendo notoria su procedencia”.

La negativa de la suspensión por parte del juez, “tiene como consecuencia que la autoridad responsable ejecutó los actos reclamados del 28 de mayo al 13 de Junio de 2018 ocasionando daños al bosque de Arboledas del Sur, derivados de la obra del bosque urbano promovida por el Ayuntamiento de Guadalajara, daños realizados en agravio de la comunidad indígena de hecho, quejosa, y los vecinos de Arboledas del Sur”. La decisión del juez fue remediada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en la queja 185/2018, la cual ordenó al juez otorgar la medida cautelar negada. Pero eso no impidió los daños al entorno, pues la maquinaria contó con quince días para hacer movimientos de tierras en la zona. 

El segundo movimiento es que, con base en esa denuncia penal, considerada “inédita” por el integrante del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), y representante de la comunidad quejosa, Pedro León Corrales, sea recusado el juez de este amparo, lo que se ha realizado esta mañana. “Se promovió la recusación del juez con el objeto de garantizar la imparcialidad en el caso que se cuestiona y se pone en duda. Estas acciones no tienen precedente y se hacen en el contexto de la transición por cambio de gobierno y de combate a la impunidad y tráfico de influencias, que vemos ejercen el Ayuntamiento de Guadalajara y el gobierno del estado con los jueces de distrito. Lo urgente del caso es que mañana [hoy] hay audiencia incidental de modificación a la suspensión de plano, y aunque no procede modificarla, existe el riesgo de un acuerdo arbitrario y por eso es fundamental”, dijo a MILENIO JALISCO.

La recusación fue entregada al propio juez impugnado, al que señalan que, “además de la negativa de la suspensión […] ha emitido diversos acuerdos en el amparo 1545/ 2018, que violan el procedimiento en agravio de la parte quejosa, que estimamos puede implicar una actuación parcial del juzgador en contra de la quejosa, que favorecen a las autoridades responsables y a la tercero Interesada [la inmobiliaria]

” Entre ellos: “tramitar el incidente de suspensión sin que la quejosa lo hubiera solicitado y pronunciarse sobre la suspensión provisional en sentido negativo, omitiendo pronunciarse sobre la suspensión de plano solicitada”; dos, “tener como tercero interesado a la Empresa Inmobiliaria de Diez SA de CV, a pesar de que pretende acreditar su interés jurídico y legitimación y ese carácter como propietario del predio La Cuyucuata, terreno distinto a la materia del amparo”; tres, “ admitir a trámite el incidente de modificación a la suspensión de plano, promovido por la tercero interesado a pesar de que la promoción del incidente fue de modificación a la suspensión provisional”, esto último es considerado muy grave por León Corrales: demostraría una “suplencia de queja” que es violatoria, porque solamente existe para las comunidades agrarias y no favorece a particulares.

De ahí, se desgranan negativas a suspender el pronunciamiento sobre el incidente de modificación a la suspensión de plano mientras estaba la queja en el Colegiado, así como el expediente principal hasta que se resuelva la queja en contra del auto que tiene como tercero interesado a la inmobiliaria. Además, “al presentarse la denuncia penal en contra del titular de este juzgado por la parte quejosa, existe un procedimiento en el cual la quejosa es contraparte del Juez de Distrito y viceversa”. Con base en esto, la audiencia para modificar la suspensión de plano, considera León Corrales, debe ser suspendida.

miércoles, 4 de julio de 2018

60% del bosque urbano de Arboledas Sur ya es privado


Amparo de comunidad detiene la ejecución de obras; el convenio judicial se alcanzó a 4 meses que el ayuntamiento demandó.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Ayuntamiento de Guadalajara reconoció 60 por ciento del predio a la empresa Desarrollo Inmobiliarios de 10 SA de CV, mediante un convenio judicial de junio de 2017, para poner fin a un breve litigio civil ordinario instaurado cuatro meses antes.

De acuerdo a ese documento, en poder de MILENIO JALISCO, la inmobiliaria recupera la mayor parte del terreno a cambio de ceder aproximadamente 40 por ciento para un parque en el que invierte como compensación 24 millones de pesos, lo que le da otra contraprestación: condonación de pago de licencias por 12 millones de pesos, cuando se decida a urbanizar la zona que se le reconoció.

El pasado 11 de junio, en medio de la crisis generada por una suspensión judicial que impide las obras, el gobierno que encabeza Enrique Ibarra aseguró que “logró recuperar 64.67 por ciento” del terreno, una cifra que al menos ese documento legal no acredita.

Pero hay otros datos en ese convenio: primero, la empresa Desarrollos Inmobiliarios de 10 SA de CV, fue creada quince días antes de la elección de 2015. Su primera inscripción en el Registro Público de la Propiedad es del 25 de junio de 2015. Entre sus socios están el ex alcalde de Guadalajara Fernando Garza Martínez (10 por ciento de las acciones), Jorge Luis Ruiz Velazco Verdín (12 por ciento) y Gabriel Urrea García Rulfo (14 por ciento), además de tres personas morales: Espacio Urbano 2012 SA de CV (24 por ciento); Grupo Corporativo Mezara SA de CV (20 por ciento) y Comercializadora Cantábrica SA de CV (20 por ciento).

Esa empresa es compradora, el 14 de julio de 2015, del predio La Cuyucuata (cuyo historial de escrituras privadas fue “legalizado” mediante la notaría 60 de Guadalajara en escritura del 12 de noviembre de 1998), que el ayuntamiento encuentra traslapado a una serie de predios propiedad municipal enclavados en el sur de la ciudad, adquiridos en su mayor parte por el gobierno de Arnulfo Villaseñor Saavedra, y algunos de sus sucesores, entre 1982 y 1994.

La demanda civil de febrero se concilia y deriva en un convenio publicado en la Gaceta Municipal (decreto D69/50/17) con aprobación del cabildo. Allí se establece que se escritura a favor de la inmobiliaria, 44 mil m², es decir, 60 por ciento del total del terreno, lo que cercena al bosque urbano de Arboledas del Sur.

La inmobiliaria se obliga a construir por concepto de infraestructura, el equivalente a un monto de 24 millones de pesos y se obliga en contraparte al Ayuntamiento condonar licencias de construcción por hasta 12 millones de pesos. No se da licencia de construcción sobre 60 por ciento del predio reconocido, pero se le concede el cambio de uso de suelo en el nuevo plan parcial de la zona.

El acuerdo se había allanado, pero surgió un tercer actor: la comunidad indígena “de hecho” de Santa María Tequepexpan, que reclamó derechos sobre el inmueble y logró una suspensión de plano en el marco del juicio de amparo 1545/2018 ante el Juzgado Tercero de Distrito (el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa otorga la suspensión en la queja185/2018). Esto ha dejado congelado el conflicto., solo de momento.

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Claves 

Historia 

2 de Febrero de 2017
El Ayuntamiento de Guadalajara presenta denuncia contra la empresa Desarrollos Inmobiliarios de 10 SA de CV por la posesión y propiedad del predio donde se ubica el bosque de Arboledas del Sur

11 de abril de 2017 Desarrollos Inmobiliarios de 10 S.A. de CV responde la demanda y explica al juez que es dueño de un terreno de distinto nombre, La Cuyucuata, cuya escritura de compra-venta es del 14 de julio de 2015

7 de agosto de 2017 El ayuntamiento aprueba convenio con la inmobiliaria para dividirse el predio. Se publica en la Gaceta Municipal el 8 de agosto

14 de agosto de 2017 Se registra el Convenio Judicial ante el Juzgado y se da fin al conflicto

viernes, 29 de junio de 2018

Tribunal corrige nuevamente a juez por caso Mexicaltzingo


Tribunal Colegiado ordena a Juez Quinto de Distrito otorgar suspensión definitiva contra donación de Guadalajara a la UdeG

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los vecinos de Mexicaltzingo celebran una nueva resolución judicial que suspende, mientras está en desahogo el juicio de amparo 279/2017 en el juzgado quinto de distrito, las autorizaciones y obras para la construcción del estacionamiento subterráneo en su área verde, pues en la revisión incidental 32/2018, el Quinto Tribunal Colegiado de Distrito en Materia Administrativa del Tercer Circuito, les acaba de dar la razón.

Por segunda ocasión en año y medio, el Juzgado Quinto de Distrito es corregido por sus superiores en sus determinaciones sobre el tema que enfrenta a los vecinos con el ayuntamiento de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara. “La parte quejosa en la demanda de amparo reclamó el acto atribuido al Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara y otras autoridades, consistente en el decreto emitido por el Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, en el que se autoriza la donación onerosa a favor de la Universidad de Guadalajara, de una superficie de 5,128.44 metros cuadrados, para la construcción de un estacionamiento en Plaza Mexicaltzingo. En dicha demanda de amparo solicitó la suspensión para que: “…se suspendan los efectos y consecuencias de los actos reclamados para el efecto de que permanezcan las cosas en el estado que actualmente guardan y no se modifique el cambio de uso del suelo, la remoción de la cubierta vegetal, ni se derribe el arbolado existente en este sitio y no se destruya el jardín, parque o plaza de Mexicaltzingo…”.

La historia. El 25 de abril de 2017, el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en el incidente de suspensión “negó la suspensión provisional, solicitó a las autoridades señaladas como responsables sus informes previos y señaló fecha para la celebración de la audiencia incidental”.

Inconforme con dicha resolución, “la parte quejosa interpuso recurso de queja”, resuelto por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (toca de queja 171/2017), “la cual se resolvió en sesión de 12 de mayo de 2017, en donde se declaró fundado dicho recurso de queja y se ordenó revocar la negativa de suspensión provisional para concederla en los términos establecidos en dicha resolución”.

El 21 de junio de 2017 “se celebró la audiencia incidental y, entre otras cosas, se dictó la resolución interlocutoria en la que se negó la suspensión definitiva solicitada respecto los actos reclamados, pues el juez dio por buenas las negativas de los actos reclamados por las autoridades demandadas, además consideró que los actos son “futuros e inciertos”. También negó que se hubiera acreditado el “interés legítimo” por parte de los demandados.

De este modo, sus superiores le vuelven a enmendar la plana al juez: “…la parte quejosa y recurrente tiene razón, ya que los efectos y consecuencias de los actos reclamados, contrario a lo que consideró el juzgador de distrito, no son futuros e inciertos, sino futuros e inminentes […] De las constancias de autos, se advierte que la parte quejosa ofreció como medios de convicción y que obran en el expediente del incidente de suspensión del juicio de amparo, las pruebas descritas en la sentencia interlocutoria en la hoja 31 a 34, los que en obvio de innecesarias repeticiones se tiene por reproducidos en esta ejecutoria”.

Para los magistrados, las obras anunciadas “puede asegurarse que se ejecutarán en breve, precisamente para cumplir con el objeto de tal donación, insístase, la construcción de un estacionamiento en el jardín o plaza citada, y que en el propio decreto reclamado, aparece que la delimitación de la superficie donada, deberá someterse a la aprobación de la Dirección de Obras Públicas de Guadalajara, una vez que se inicie el proyecto de construcción de la obra descrita, se instruyó a la Dirección de lo Jurídico Consultivo de la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, para que formalizara el contrato de donación onerosa, lo que ya aconteció, se remitió copia certificada de dicho decreto, así como del acta de sesión ordinaria de Ayuntamiento en la que se aprobó, al Congreso del Estado de Jalisco, para los efectos de la revisión y fiscalización de la cuenta pública respectiva…”.

Consideran esencial otorgar la suspensión porque la presunta “violación al derecho humano a un ambiente sano, sin duda constituye un aspecto medular del juicio de amparo, en razón de que el decreto de donación reclamado, tiene por objeto la donación de la plaza o jardín Mexicaltzingo, para la construcción de un estacionamiento, lo que implicará como se destacó, la afectación dichas áreas verdes, tal como lo aduce la parte quejosa en sus planteamientos, dirigidos concretamente a la alteración al medio ambiente con motivo de la construcción del estacionamiento respectivo…”.

La medida es inatacable durante el tiempo que demore el juicio de garantías.

miércoles, 13 de junio de 2018

Areas verdes de Guadalajara


La renuncia fijar usos de suelo

Agustín del Castillo/ Guadalajara. DIA CERO.

Si el gobierno federal actuara como el de Guadalajara, en el caso de la determinación de los usos de suelo, las áreas naturales protegidas no podrían existir más que en los escasos terrenos nacionales o de uso público que existen en las zonas montañosas que resguardan la mayor riqueza biológica del país. Y la preservación de esta sería más un relato de fantasía que los fantasmas de Pedro Páramo.

Afortunadamente no es así. El bosque La Primavera, por ejemplo, solamente tiene alrededor de 5,736 hectáreas de propiedad pública, pero el decreto protector del presidente José López Portillo se extiende sobre 30,500 ha, y eso afecta a otros 420 propietarios privados y de tenencia social. Éstos no pueden argüir sus derechos de propiedad para evitar que estén cancelados los usos comerciales, fundamentalmente inmobiliarios. El artículo 27 constitucional señala que la Nación establece modalidades en el uso de suelo cuando se trata del bien público. Y los servicios ambientales que provee La Primavera son más importantes que los derechos de un particular a abrir un fraccionamiento. Lógicamente, la imposición de esta política de protección abate usos de suelo especulativos, lo que baja el valor comercial de las tierras del bosque.

En el caso de parques y predios de uso público heredados sobre espacios privados o disputados por intereses particulares, el proceder del Ayuntamiento de Guadalajara en la administración de Enrique Alfaro fue opuesto: la justicación de cancelar usos de suelo fijados antes, por ejemplo, de área verde o de equipamiento, fue que se ubicaban en predios de tenencia privada o que en los hechos habían tenido usos distintos.

Es el caso de decenas de equipamientos institucionales cancelados en los planes parciales en el distrito uno, que abarca el centro de la ciudad y la zona de Chapultepec, pero también, del famoso predio de El Deán, contiguo al parque homónimo y establecido desde hace años como área verde, que fue cambiada para cederle la zona a un viejo “socio” de la ciudad, la recolectora de basura Caabsa Eagle; o los predios públicos cedidos a Puerta Guadalajara, hoy Iconia, en el norte de la ciudad, en los que se intentó revertir una concesión y después se prefirió negociar con los empresarios; sin olvidar el asunto recientemente más polémico del bosque urbano de Arboledas del Sur, en la frontera del Cerro Santa María, pegado a Tlaquepaque, cercenado en 35 por ciento de su superficie, porque judicialmente se habría perdido la propiedad por negligencia de anteriores gobiernos municipales.

Vale la pena detenerse en el caso de Arboledas Sur porque reúne un historial sorprendente de corrupción que fue detectado por las instituciones desde el lejano 1994, y que involucra a gobiernos del PAN, del PRI y ahora del PMC en su “legalización”. Pero independientemente de que sea verdad que legalmente los gobiernos de Fernando Garza (2001-2004) y de Ramiro Hernández (2013-2015) hubieran hecho actos u omisiones tendientes a legitimar una escritura de origen espurio, la famosa Cuyucuata, la administración de Enrique Alfaro opta por la vía civil para recuperar el terreno de casi 7.5 hectáreas (los predios públicos “de dominio público”, un legalismo interesante, jamás prescriben y no pueden ser vendidos ni embargados) pero decide no ir al fondo, pues se convence de que no lo ganará, justamente por los antecedentes de Garza y Hernández. Entonces hace la negociación, y “le saca” a los constructores casi 65 por ciento del terreno (de acuerdo a la versión del ayuntamiento, publicada el 11 de junio de 2018 en un comunicado de prensa), más 24 millones de pesos para mejorar la zona pública.

Los vecinos están molestos y deciden impedir las alteraciones de su bosque. Y les ayuda un actor coetáneo, también de vida azarosa: la comunidad indígena “de hecho” de Santa María Tequepexpan, que acaba de obtener, a través de una queja ante el tercer Tribunal Colegiado de Distrito, una “suspensión de plano” para impedir la culminación de la privatización de alrededor de 2.5 ha donde se quieren sembrar, para variar, miles de casas, fruto de la “densificación urbana” que es doctrina de la actual administración pública (queja 185/2018 derivada del amparo 1545/2018). Esto detiene el proceso privatizador, de momento.

¿Guadalajara tenía en estos casos caminos distintos? Sin duda: pudo mantener el uso de suelo de área verde o de equipamiento, pues es atribución del cabildo fijarlos o modificarlos, y de este modo, inducir a la conservación, tal como hace el gobierno federal en el caso de La Primavera. Los vecinos de Arboledas del Sur piensan que el cambio de uso de suelo revela la contribución de la actual administración a los negocios inmobiliarios, como prioridad, por encima de los intereses de la ciudad.

sábado, 9 de junio de 2018

Arboledas del sur, la disputa por un predio “legalizado”


Una escritura espuria y una cadena de omisiones garantizan un negocio inmobiliario en un bosque urbano; amparo lo detiene, de momento.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Continúa la disputa legal entre vecinos, el Ayuntamiento de Guadalajara y una inmobiliaria, por una fracción de 2.5 hectáreas del bosque urbano de Arboledas Sur, al pie del cerro de Santa María, al sur de la demarcación, una de las zonas más desprovistas de áreas verdes de la metrópolis.

El Ayuntamiento sostiene que debió negociar su entrega a los particulares porque se había quedado sin margen legal para recuperarlo, pues los gobiernos de Ramiro Hernández (2013-2015) y de Fernando Garza (2001-2004) habían legitimado un reclamo basado en escrituras de origen espurio de un predio inventado por notarios en los años setenta y ochenta del siglo XX, la famosa Cuyucuata. Por eso, ayer, en un comunicado, la comuna considera un triunfo haber mantenido 65 por ciento de la superficie (aproximadamente 4.8 ha) como área verde, y destaca la importancia de la inversión de 24 millones de pesos (dinero que pone la constructora beneficiada con el acuerdo) para modernizarla.

Eso no ha evitado dos jornadas ríspidas entre la policía municipal y una fracción vecinal opuesta a ver cercenado su bosque urbano, de casi ocho ha. El grupo de vecinos se ha visto fortalecido por la resolución judicial del Primer Tribunal Colegiado de Distrito en Materia Administrativa, que en la queja 185/2018 (derivada del amparo 1545/2018) ordenó apenas el pasado 7 de junio, conceder una “suspensión de plano” a favor de la comunidad indígena de Santa María Tequepexpan, que reclama los predios como suyos, bajo la premisa de que su derecho viene de la colonia y que una superficie comunal no se puede vender y ninguna posesión sobre ella prescribe, así sea por décadas, como es el caso.

“Lo que procede es conceder la suspensión de plano para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de realizar actos encaminados a afectar los predios el Cerro Santa María (43-00-00 hectáreas), y Agua de los Coyotes (8-70-00 hectáreas), con las medidas y colindancias descritas en la demanda de amparo”, señala la resolución, dada a conocer de forma completa ayer. Esto significa que no solamente no podrán modificar el predio los propietarios, sino que el ayuntamiento podría verse en problemas para hacer su intervención de mejoras en la zona no afectada.

¿Fraude legalizado? 

La escritura con la que los particulares reclamaron su derecho al ayuntamiento es de origen espurio, se llama La Cuyucuata, y ya había sido impugnada por los gobiernos federal y del estado desde el lejano 1994.

El 24 de febrero de 1994, el diario Siglo 21 reportaba un documento de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), donde se hacían observaciones puntuales sobre el conflicto. “Tiene una larga historia de fraudes, engaños y conflictos: muertos, heridos, apedreados. Asesinaron al presidente en turno de la comunidad indígena [de Santa María Tequepexpan], muchos fueron apedreados… se obtenían terrenos desde 60, 100, 500 mil pesos hasta en tres millones [de viejos pesos] según la ubicación del terreno. Se consolidó un grupo amparado por dirigentes del municipio de Tlaquepaque […] este grupo empieza a vender constancias en 30 mil, 100 mil o tres millones de pesos… el predio Nueva Santa María lo dividieron en ocho mil lotes que se dividieron entre conquistas, cenecistas y del sector popular…”.

Según el documento de la Sedesol, los supuestos dueños de La Cuyucuata eran en ese entonces el Fonhapo [Fondo Nacional de Habitaciones Populares], el ex gobernador Enrique Álvarez del Castillo [quien negó la atribución unos días después al mismo diario], José Pérez Luna y Antonio Torres. La propuesta de la agencia federal era realizar una amplia expropiación de un terreno cuyos límites ni siquiera eran precisos.

Ya avanzada la investigación, la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, que presidía José Luis Leal Sanabria, encomendó a Gorgonio Ponce Rodríguez, director de orientación y apoyo a los municipios, a realizar negociaciones. Encontró en el camino 39 presuntos propietarios, además de la entidad de vivienda federal hoy extinta. La expropiación no se realizó.

La Cuyucuata fue “echa valer” por Garza Martínez, pues su administración no se defendió de una diligencia de apeo y deslinde. El ayuntamiento señala que el ex alcalde panista sería miembro de la empresa Desarrollos Inmobiliarios 10, que se benefició con la omisión. El segundo golpe fue cuando el gobierno de Ramiro Hernández aceptó una donación de superficie del predio fantasma.

Guadalajara retiró en 2016 un juicio civil para impugnar la escritura y en la revisión de planes parciales de 2017, retiró la condición de área verde a la superficie reconocida a la inmobiliaria. Si no se hubiera hecho ese cambio de uso de suelo, los empresarios, por más escrituras que ostentaran, no podrían construir: la determinación de usos es atribución exclusiva del ayuntamiento en el caso de las zonas urbanas. Para los vecinos, esa fue la contribución de la actual administración del municipio a un negocio inmobiliario que nunca debió prosperar.



Izquierda, plan parcial anterior con el área destinada a jardines; derecha, nuevo plan, con menos área verde.

miércoles, 30 de mayo de 2018

Guadalajara impugna la suspensión a planes parciales


El ayuntamiento asegura que la Semadet no observó los 53 planes y que los vecinos opuestos tienen "argumentos endebles".

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Ayuntamiento de Guadalajara advirtió que “la suspensión otorgada respecto del distrito 2 es provisional, y ya fue recurrida por el Ayuntamiento”.

“La elaboración de los 53 Planes Parciales fue apegada a derecho y no existe afectación a los quejosos, ni al resto de la ciudadanía. Cada uno de los planes fue sometido a su evaluación de impacto ambiental, por lo que los argumentos del Parlamento Colonias resultan falsos. Los planes parciales fueron remitidos a Semadet [Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial] quien ya dio concluida su participación, sin mayores observaciones a las realizadas en el proceso de consulta”, agrega en un comunicado de prensa emitido por la tarde.

“Es importante resaltar que únicamente cuatro asociaciones vecinales y diez vecinos son quienes promueven el referido amparo paralizando todo el Distrito 2, cuando existen asociaciones que se han pronunciado públicamente en contra de la suspensión y que reconocen la necesidad de tener normas urbanas actualizadas y ordenadas. La demanda de amparo, y su suspensión, se sostienen en afirmaciones hipotéticas sin sustento técnico alguno, por ejemplo, señalando afectación a áreas verdes y parques que ni siquiera se encuentran ubicados dentro del Distrito 2”, asegura.

Por otra parte, “se aclara que respecto de la suspensión que menciona el Parlamento de Colonias del Distrito 2, Subdistrito 2 Colomos Providencia, fue revocada por unanimidad de los magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, y no como lo manifiesta el Parlamento de Colonias que únicamente dice que la suspensión quedó sin efectos porque no pudieron pagar la fianza”.

Guadalajara señala que “es falso que se haya aumentado densidades e impactos al interior de las colonias, pues estos se establecieron en las avenidas principales bajo el modelo de desarrollo orientando al transporte público. Se insiste que el Ayuntamiento no otorgará ninguna licencia de edificación o giro u otro acto administrativo, que no cumpla con la normativa urbana vigente en el Municipio, y satisfaga en su totalidad con los estudios, dictámenes y factibilidades que requiere la reglamentación municipal”.

Finalmente, “este municipio reitera que la elaboración de los 53 planes parciales fue apegada a derecho y con una visión de ciudad alineada con el POTMet [Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano] y las políticas de redensificación impulsadas desde la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Infonavit”.
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