jueves, 30 de marzo de 2017

Sierra de Manantlán, una protección de 3 décadas



El saldo: positivo en la recuperación de uno de los patrimonios naturales más importantes de México, pero negativo en otros aspectos.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Las montañas de la región Costa Sur de Jalisco, que han puesto un pie permanente en la historia de la imaginación gracias a una novela emblemática de Agustín Yáñez, La tierra pródiga, están también firmemente ligadas a la realidad de la conservación biológica y cultural de México a través de un proyecto ambicioso que cumple sus primeros 30 años: la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán.

Fue el presidente Miguel de la Madrid Hurtado quien estampó su firma en el decreto de creación, el 5 de marzo de 1987, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo siguiente: "Se declara la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán como área que requiere la protección, conservación, mejoramiento, preservación y restauración de sus condiciones ambientales, con una superficie de 139,577-12-50 hectáreas, ubicadas en los municipios de Autlán, Cuautitlán, Casimiro Castillo, Tolimán y Tuxcacuesco en el estado de Jalisco, y Minatitlán y Comala en el estado de Colima".

La justificación estadística es clara: en estas antiguas sierras madereras, morada de pueblos indios aún más antiguos que esa actividad, se han registrado cerca de tres mil especies de plantas vasculares y 560 especies de vertebrados, lo que la hace una de las demarcaciones protegidas más importantes de México. Esto explica su inmediata inclusión en el programa El Hombre y la Biosfera de la Unesco, lo que le dio tempranamente la categoría de reserva mundial de la biosfera.

El motor fundamental de esta generación de instituciones y de conocimiento, sin duda alguna, ha sido la Universidad de Guadalajara (UdeG), la gestora gubernamental más importante, cuya labor coincidió con la presencia de un gobernador que fue altamente sensible al proyecto: Enrique Álvarez del Castillo, quien asumió personalmente la tarea de convencer al presidente de la relevancia del decreto, y asumió un costo personal al enfrentar a los empresarios taladores que usufructuaban la zona como si jamás se fueran acabar los recursos, que les parecían inagotables.

Al proteger, había dos objetivos principales: frenar la deforestación y degradación de los bosques, y sacar de la marginalidad a sus pobladores, indígenas y mestizos. Del primero, los resultados son patentes.

"Estudios desarrollados en la región muestran que la reserva de la biosfera ha sido efectiva para lograr la contención de procesos de deforestación, aunque no los ha eliminado por completo. En 1972 —fecha inicial de la que se dispone de datos— 96 por ciento de la superficie de las zonas núcleo de la reserva estaba cubierta de bosques, disminuyendo a 90 por ciento al tiempo del decreto de la reserva; para el año 2000 era una cobertura de 94 por ciento, y se ha mantenido prácticamente estable desde entonces, con un ligero aumento", refiere en un trabajo de hace un lustro el investigador y hoy director del Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad (Imecbio-UdeG), Enrique Jardel Peláez.

"En contraste, en la zona de amortiguamiento ha continuado cierta tendencia de deforestación: la superficie forestal pasó de 82 por ciento en 1972 a 77 por ciento en 2000 y 75 por ciento en 2009. En los alrededores de la reserva, la deforestación ha sido mucho más alta que dentro de la zona de amortiguamiento: en 1972 la cubierta forestal era de un 66 por ciento; y en 2009, de 54 por ciento", agregaba.

Así, "la tasa de deforestación anual del periodo 2003-2009 en la parte norte de la región de influencia de la reserva fue de 0.7 por ciento anual para los bosques y de 2.4 por ciento para las selvas [lo que representa una pérdida anual de 740 hectáreas de bosque y 2,350 hectáreas de selva]. En contraste, dentro de la reserva, las tasas de deforestación fueron más bajas: -0.1 por ciento en bosques [unas 40 hectáreas al año] y menos 0.5 por ciento en selvas [260 hectáreas por año]".

MILENIO JALISCO le preguntó hace unos días al mismo científico qué habría pasado si Manantlán no hubiera tenido protección institucional."Si la Sierra de Manantlán no hubiera sido decretada como reserva de la biosfera, lo más probable es que siguiera siendo una de tantas áreas forestales olvidadas de la atención gubernamental y de las organizaciones conservacionistas. Sin duda hubieran continuado los procesos de sobreexplotación y degradación de los bosques por la extracción de madera bajo prácticas de manejo deficientes y la deforestación de las selvas para expandir la superficie de cultivos agrícolas y de pastizales para mantener una ganadería precaria. Es posible también que se ampliara la explotación minera. Así mismo es posible que se recrudecieran los conflictos sociales relacionados con la explotación de la madera, los recursos minerales y el agua", contestó el científico.

Tanto el decreto como la inclusión en la red de la Unesco, "puso a la Sierra de Manantlán a la vista de la sociedad; se canalizaron recursos de organizaciones conservacionistas y de apoyo al desarrollo rural y se logró tener una atención gubernamental que aportara recursos para la población local y para la conservación, en lugar de solo aparecer eventualmente para mantener relaciones clientelares en periodos electorales o para reprimir movilizaciones campesinas en defensa de los recursos naturales de las comunidades agrarias", agregó.

La reserva "fue también un detonador del reconocimiento del patrimonio natural del occidente de México y de la necesidad de conservarlo y, a la larga, ha tenido un impacto positivo e importante en el surgimiento de iniciativas locales y regionales de manejo sustentable de recursos naturales y gestión ambiental, como es el caso de las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente y varios proyectos de conservación en la región y en los estados de Jalisco y Colima". El objetivo social ha sido más complejo, lleno de clarosucuros. Pero más allá de la posición política del observador, no se pueden negar dos cosas: primero, que hay mejores servicios y comunicaciones que en el pasado; segundo, que la zona permanece como uno de los rincones más pobres y atrasados del occidente mexicano.

Manantlán alguna vez alojó a talamontes que oprimían campesinos y arrasaban los bosques. Los Tiburcio Lemus, que como Atila, donde pisaban "no volvía a crecer una brizna de hierba" (La tierra pródiga), fueron desterrados. Pero a tres décadas, con el arribo de bandas criminales, la debilidad del estado mexicano, y los nuevos intereses corporativos, asoman lo que los sociólogos han dado por llamar "los neoextractivistas": los caciques de la globalización.

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Claves

Cronología del proyecto

1977. Descubrimiento del Zea diploperennis, maíz silvestre pariente de la especie domesticada, por investigadores de la Universidad de Guadalajara, en la Sierra de Manantlán.

1978. Investigadores de las universidades de Wisconsin (Hugh Iltis, John Doebley ) y la Universidad de Guadalajara (Luz María Villarreal de Puga, Rafael Guzmán, Antonio Vázquez) realizan prospección biológica en la Sierra de Manantlán e identifican la sierra como un área de alta biodiversidad.

1984. El gobierno de Jalisco compra tres predios que conforman una superficie de 1,245 hectáreas que son actualmente el laboratorio natural de Las Joyas. A fines de diciembre se publica el decreto en el cual se conforma la estación y se entregan en comodato 100 ha a la Universidad de Guadalajara para proteger el Zea diploperennis y el bosque mesófilo de montaña.

1985. La UdeG crea el Laboratorio Natural Las Joyas el 15 de marzo para "realizar funciones de investigación científica básica y aplicada en el campo de la biología, cultivos y plantaciones forestales, la formación de recursos humanos para la protección ecológica, la capacitación rural, así como el intercambio y la difusión de experiencias en el ámbito nacional e internacional.

1986. Se designa Las Joyas como estación científica y se definen sus objetivos. El gobernador de Jalisco, Enrique Álvarez del Castillo, da su apoyo al proyecto Manantlán para conformar un área protegida.

1987. Creación de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán por el presidente Miguel de la Madrid, decreto firmado el 23 de marzo de 1987, con una superficie de 139,577 hectáreas. Se suma a la Red Internacional de Reservas de la Biosfera del Programa MAB – UNESCO de las Naciones Unidas. El Laboratorio Natural Las Joyas se mueve de Guadalajara a El Grullo.

1989. Taller para evaluar la problemática de contaminación del río Ayuquila, en donde se definió la estrategia de investigación y educación ambiental que dieron origen al proyecto actual de gestión de recursos naturales.

1992. Transformación del Laboratorio Natural Las Joyas en Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad.

1993. Se crea la dirección de la reserva bajo la intervención del Instituto Nacional de Ecología (INE). Mención honorífica al Imecbio dentro del Premio al Mérito Ecológico 1993.

1995. Creación de la red universitaria de la UdeG y el Centro Universitario de la Costa Sur. El Imecbio se conforma como Departamento de Ecología y Recursos Naturales (DERN Imecbio) y cambia sede a Autlán.

1998. El ingenio Melchor Ocampo provoca un siniestro ambiental de gran magnitud en el río Ayuquila. Este evento será parte aguas para la solución del conflicto de contaminación del río Ayuquila que tenía más de 30 años.

2000. Se publica el Plan Manejo Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán elaborado por investigadores del departamento.

2001. Gobiernos municipales, el Imecbio y la reserva de la biosfera formalizan el fideicomiso ambiental de la cuenca del Ayuquila.

2002. Imecbio concursa y gana entre varias universidades a nivel internacional en Latinoamérica la oferta del diplomado internacional en Educación para la Conservación de Recursos Naturales. Inicia el Programa de Manejo de Fuego en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, impulsado por el departamento. Crisis en relación UdeG-Conanp limita colaboración

2005. Junta intermunicipal recibe el premio Gobierno y gestión local otorgado por el CIDE y la Fundación Ford, de manos del presidente Vicente Fox.

2007. Se decreta la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila (JIRA), organismo público descentralizado único en México.

2008. DERN Imecbio es reconocido por la Universidad de las Naciones Unidas como Centro de Experiencias en Educación para el Desarrollo Sustentable siendo el segundo centro en América Latina.

2010. La JIRA recibe de la Semarnat el Premio al Mérito Ecológico 2010. El gobierno de Jalisco entrega el Premio Jalisco al Compromiso Ambiental categoría de "sustentabilidad" a la JIRA.

SRN


miércoles, 29 de marzo de 2017

El Consejo de Atacco anuncia que no se concederá prórroga a cierre de vertedero


El presidente municipal asegura que la comunidad cambió de representantes ante la “cerrazón” del grupo que encabeza Francisco Villa

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El consejo Ciudadano de Atacco, enclavado en la comunidad homónima de Tapalpa, anunció formalmente que no concederá prórroga al gobierno municipal de la demarcación, ni a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), para que se conceda prórroga al cierre del vertedero enclavado a un costado de la población, proceso que está comprometido ante Notario Público para cumplirse el próximo mes de abril.

“Rechazamos cualquier intento del Presidente Municipal de Tapalpa, Antonio Morales Díaz, por anular el Convenio del 23 de julio de 2016, firmado con la comunidad de Atacco y ratificado ante Notario Público. Otra vez la misma cantaleta, dirán algunos funcionarios del Ayuntamiento de Tapalpa si es que llegan a leer este manifiesto, pero es que esta es la única forma de hacernos oír y entender por nuestras autoridades y de mantener informado al pueblo con relación a la problemática del vertedero municipal de Tapalpa que está en nuestra comunidad indígena de Atacco y contra el cual hemos venido luchado por su cancelación desde el año pasado”, señala el manifiesto, entregado por esa agrupación a MILENIO JALISCO.

El vertedero enclavado en la zona ha sido un foco creciente de contaminación, pues está desbordado. El alcalde asegura tener plena voluntad, y por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) señala que hay un plan serio de reubicación y abandono, pero se necesita más tiempo para poderlo instrumentar. La titular de la dependencia, Magdalena Ruiz Mejía, pidió personalmente la concesión de la prórroga. Para el consejo que preside el ciudadano Francisco Villa, esta es la respuesta.

“Hartos de la informalidad, intransigencia ante su ineptitud del presidente municipal para dar una solución al problema del vertedero, y habiendo malgastado el plazo de nueve meses que se le otorgó. Mal informando e incumpliendo con todo lo pactado, todo esto ante la tibia actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) a pesar de nuestras quejas y reclamos ante esa comisión desde el 26 de mayo del 2016, que se caracteriza más por la inacción, negligencia y complacencia ante el poder. Como hace dos meses, cuando vino un funcionario de dicha comisión, a quien paseó el presidente municipal, invitándolo a comer borrego al pastor y con eso se fue muy satisfecho, sin tener la dignidad dicho funcionario de pasar con los quejosos y autoridad de la comunidad de Atacco para informar del motivo de su visita”, añade el documento.

También acusan al primer edil de pasarla “amenazando y reprimiendo a los miembros de este consejo y a la gente del pueblo que se opone al vertedero; intentando sobornar también a los miembros del Comité Directivo del Consejo ofreciéndoles trabajo de barrenderos el 30 de enero del que transcurre”, y “haciendo campaña de desinformación repartiendo apoyos y prometiendo obras a cambio de la anulación del convenio del 23 de julio del 2016 que ratificamos ante Notario Público”.

La estrategia del munícipe, añaden, incluye generar enfrentamientos “con la gente del pueblo y sus acarreados amparados y protegidos por los elementos de la Seguridad Pública, como fue el 20 de febrero de este año”.

Como respuesta, el alcalde desestimó el comunicado, pues aseguró que los quejosos ya no tienen representación de Atacco. “Te informó que ya no son los representantes de la comunidad , esta ha designado a otros representantes […] Quienes no piensan como ellos, están en contra de ellos”, comentó escuetamente, vía whatsapp. También señaló que no seguiría con “la guerra de lodo” en los medios, y que respetaría todos los puntos de vista.

SRN

El gobierno de Jalisco defiende trasvase contra amparo alteño



En Juicio de garantías interpuesto por ejido Agua de Obispo y ganaderos de San Juan, perito estatal defiende la conveniencia del proyecto para Los Altos de Jalisco.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El ejido Agua de Obispo y los ganaderos de San Juan de los Lagos han combatido legalmente desde el año 2014 la exportación de aguas de su cuenca, el río Verde, hacia la ciudad de León, Guanajuato, en la cuenca del río Turbio. Y han debido enfrentar los intereses del estado vecino, los de la concesionaria –la filial mexicana de Abengoa- ... pero además, las impugnaciones de gobierno de su propio estado, Jalisco.

Como botón de muestra, el peritaje rendido por el perito designado por el gobierno, y funcionario de la Comisión Estatal del Agua, Carlos Hernández Solís, en el marco del amparo indirecto 1390/2014, quien defiende la pertinencia del proyecto de trasvase a León bajo la luz de las autorizaciones que ya tiene y los datos existentes en el sector oficial sobre los presuntos excedentes del río Verde.

Una de las preguntas fundamentales del peritaje: "Dirá el perito [...] si el trasvase de agua tendrá beneficios netos para Los Altos de Jalisco, haciendo hincapié en San Juan de los Lagos".

Respuesta: "El proyecto integral considera además de La Presa Zapotillo, el acueducto Zapotillo – Los Altos - León y acueductos ramales para abastecimiento de localidades de Los Altos de Jalisco. Podrá dotar de agua potable además de a la ciudad de León, Guanajuato, a 15 localidades de Los Altos de Jalisco y en su caso al Área Metropolitana de Guadalajara. Para el caso específico del municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, se ha previsto un acueducto ramal que parte del acueducto principal Zapotillo -Altos - unión a la cabecera municipal de San Juan de los Lagos y otro acueducto ramal para suministrar agua potable a la comunidad de Agua de Obispo".

Pregunta: "Dirá el perito, tomando en cuenta todos y cada uno de los documentos anteriores, cuál será la situación que generará el Proyecto en Los Altos de Jalisco, haciendo hincapié en San Juan de los Lagos, con respecto a los usos de agua".

Respuesta: "...por sentido común si aceptamos lo que la ley de la gravedad impone, obviamente todos los aprovechamientos de aguas superficiales, por cierto localizados aguas arriba del sitio Zapotilio, no se afectan ya que primeramente, en función de los escurrimientos que de forma natural produce la cuenca, tales presas existentes captarían los escurrimientos de los cauces antes que la presa Zapotillo, en construcción, y solo una vez llenas derramarían excedentes, si así fuera el caso [...] se debe tener claro que aguas abajo de la presa Zapotillo, en construcción, no existe ninguna presa para uso de agricultores o productores. Las que existen se ubican después de la confluencia del río Verde con el río Santiago y estas son para generación de energía eléctrica [...] en razón de esto la inquietud respecto a que el sector agropecuario no podrá disponer del agua que usualmente captan sus presas o bordos para su actividad, carece de fundamento. Además como ya se citó se tiene una reserva para los productores jaliscienses de la cuenca, de 12.6 hectómetros cúbicos [millones de metros cúbicos] que pueden ser aprovechados con nuevos almacenamientos autorizables en función de tal reserva".

Una tercera: "Que diga el perito, si es sostenible y justificable técnica y científicamente que en una misma región hidrológica, en particular en la Cuenca del río Verde, existan simultáneamente vedas y reservas de agua".

La respuesta: "el marco jurídico del agua en México tiene su fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo artículo 27 se señala qué las aguas son propiedad de la Nación y le confiere a ésta el derecho de transmitir su dominio a los particulares. En el párrafo quinto de su Artículo 27 establece que 'las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas, pero cuando lo exija el interés úblico o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y aun establecer zonas vedadas'; con base en tal disposición [...] se han promulgado vedas de aguas subterráneas; esencialmente, el texto de los decretos de veda es muy similar [...] en este mismo contexto se aplica el criterio para el control de las aguas superficiales; debe entenderse que las vedas implican la posibilidad de establecen un control administrativo legal: que fundamentalmente busca la protección de la una afectación a derechos establecidos, respetando siempre el principio de primero en tiempo primero en derecho...".

Por otro lado, "las reservas buscan prever, respetando los derechos establecidos y las demandas prioritaria que se presentan en una región o zona hidrológica, en su caso apegándose a una prelación de usos".

Otra inquietud central: "Dirá el perito [...] cómo se procedería en los periodos en que el proyecto no pueda cumplir con los volúmenes de agua comprometidos durante periodos de escasez de agua".

Respuesta: "los documentos no lo establecen. Lo que en su caso procede es elaborar reglas de distribución de aguas del sistema de presas existentes o por construir para lograr el aprovechamiento de las aguas reservadas por decreto 1995 y 1997".

En la extensa pericial a cuestionario de las partes, pero ofrecida por el gobierno de Jalisco, se señala una autocrítica ante el fracaso en los puentes de comunicación y conciliación. "Se percibe la necesidad de provocar el acercamiento ineludible entre afectados, beneficiados o Interesados en, o, por el proyecto para que se pueda transmitir en términos entendibles a gente ajena a la especialidad o que no tenga el perfil para analizar y juzgar el proyecto; cada uno de los soportes del proyecto sea de calidad, o cantidad de agua, desde el punto de vista funcional, ambiental y económico, o de lo contrario se mantendrá un estado de desinformación, prejuicios o reacciones sociales manipulables".

Prueba de fuego

El gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz, que ayer señaló su compromiso con el combarte al cambio climático, deberá afrontar una prueba apenas en el siguiente mes de abril, cuando reciba los resultados de los estudios contratados con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés), respecto al río Verde. El mandatario ha dicho que esa será la base de la toma de decisiones, y que siempre antepone los intereses de Jalisco. El Programa Estatal de Cambio Climático señala a la región alteña como un laboratorio del fenómeno de calentamiento, y que estará expuesta a una creciente presión por el recurso hoy disputado: el agua.

SRN

Gobernador pide resistir al negacionismo climático



Sandoval Díaz inauguró la reunión 45 del IPCC en esta ciudad; aseguró que su gobierno da pasos para “reverdecer” la economía de la entidad.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, convocó ayer a establecer un “frente de resistencia climática desde lo local”, que se oponga firmemente a la “maquinaria de negación del cambio climático” sustentada en intereses económicos e ideológicos de corto plazo, en particular, con una clara referencia a las políticas antiambientales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Al inaugurar la 45 reunión del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), el mandatario advirtió que está poniendo las bases del cambio que requiere la entidad. “En Jalisco no daremos un paso atrás en la defensa de la especie humana y la defensa de nuestro planeta, la esperanza del planeta se teje aquí, y por eso quiero convocar a que hagamos resistencia climática desde lo local que se oponga con firmeza a la maquinaria de negación, que sea resistencia de ignorancia, a la sinrazón, a la improvisación, y por qué no decirlo de otro modo, a la estupidez”, señaló en la plenaria que arrancó casi a mediodía. El mandatario había hecho alusión a las pretensiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de salirse del acuerdo de París y reactivar el crecimiento de la industria de combustibles fósiles.

“Sabemos que hoy firma la orden ejecutiva que prácticamente anula las normas aplicadas para combatir el calentamiento global, y con esto da un primer paso para retroceder en uno de los acuerdos fundamentales, más significativos de la historia universal, los acuerdos de la COP 21 en París; y más aun como sabemos su proyecto de presupuesto ha considerado un gasto militar, de energías impulsadas por carbono, lo cual representa una gran estupidez, un retroceso, y un enorme contrasentido en el mundo, como ya lo mencionó Patricia Espinoza hace unas cuantas semanas […] la historia del cambio climático es delicada, es sumamente grave que los políticos no entiendan el avance de la ciencia, la cooperación internacional, inclinándose hacia políticas aislacionistas, basadas en la sinrazón, para combatir el reto más importante en política pública que enfrentamos como especie; lo que necesitamos es que prevalezca la razón y la cooperación, dada la gravedad del aumento de la temperatura en el mundo; por eso a partir de hoy, a partir de este momento, Jalisco no solo respaldará las acciones que recomiende este panel, sino que estaremos para respaldar la resistencia de los gobiernos subnacionales, buscando liderar a favor de esta causa, y dar todo el apoyo a la comunidad académica y científica”.

Previamente, destacó la importancia de acciones territoriales que su gobierno ha lanzado; por el ejemplo, el programa piloto de Redd (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación) en la costa de Jalisco, una de las regiones más destruidas del país en los últimos 25 años, “el paso de Patricia, el huracán más intenso en toda la historia occidental que jamás se haya registrado, nos demuestra la importancia de esas zonas que nos brindan servicios ambientales estratégicos como la protección de fenómenos hidrometeorológicos y la captura de carbono”.

Reflexionó que “es tiempo de pasar del modelo de desarrollo en combustibles fósiles a uno más justo y equitativo basado en el ambiente, pero estamos conscientes de que enfrentamos una inercia económica de siglos […] no es momento de ignorar a la ciencia, sino de hacerle caso […] los líderes subnacionales reconocemos la necesidad de proteger el medio ambiente como uno de los principales bienes públicos globales, no solo un tema de soberanía; no podemos perder de vista la enorme responsabilidad de gobiernos locales para agilizar políticas nacionales…”.

La inauguración contó con la presencia del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, quien reiteró el compromiso del gobierno federal en reducir emisiones a mayor celeridad que la que plantea el compromiso mundial.

“Necesitamos la ciencia más que nunca para ayudarnos a entender los efectos del cambio climático, sus riesgos y opciones para dirigirse a ella”, declaró previamente el presidente del IPCC, Hoesung Lee. Los trabajos de la 45 reunión se prolongarán hasta el viernes.

Claves

Los retos de Jalisco

La entidad se ubica en la franja intertropical del mundo, la más expuesta a huracanes y fenómenos intensos como sequías

Su área metropolitana ha crecido de forma caótica, ha invadido zonas de recarga de agua y las ha pavimentado, ha entubado ríos, ha crecido sobre zonas de riesgo. Los daños por ese defectuoso crecimiento rebasan mil millones de pesos anuales

Sus ecosistemas están entre los más ricos del mundo, pero tienen alta fragilidad porque no son continuos, porque están presionados por la expansión agropecuaria o turística, y porque nalgunos podrían ser borrados con el aumento del calor

MC/SRN

martes, 28 de marzo de 2017

La Conagua entregó 109 derechos de vía para obras de acueducto



Reporta también la adquisición de 29 predios y el interés en decenas más para alcanzar la totalidad del trazo buscado hacia León.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Desde 2014, el organismo de cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha generado cinco actas de entrega de bienes inmuebles para la realización del proyecto de acueducto El Zapotillo-León a la concesionaria de la obra y operación, la filial mexicana de la andaluza Abengoa. Esto incluye 109 cesiones de derechos de vías federales y estatales, incluso cruces de arroyos, pero además, la entrega de 29 predios de diversas dimensiones, conforme con la quinta acta, que data del 8 de noviembre de 2016.

El documento se levanta “para hacer constar la entrega recepción parcial de los terrenos ubicados en los municipios de Cañadas de Obregón, Valle de Guadalupe, Jalostotitlán y Unión de San Antonio, así como la delimitación de zonas federales de ríos y arroyos de los estados de Guanajuato y Jalisco, así como derechos de vía de la carretera libre de peaje San Luis Potosí-Guadalajara, tramo San Juan de los Lagos-entronque ramal a Yahualica 77.85 a 82.08 [km]”.

Esos terrenos, precisa, son para la construcción “de parte de la línea de conducción en los tramos de impulsión y por gravedad; la planta de bombeo número uno, de la infraestructura del acueducto …”.

En el texto, se hace referencia a la entrega previa, el 24 de agosto de 2016, en el marco de la tercera acta, “del tramo de la carretera estatal 337 Cañadas de Obregón-Valle de Guadalupe, comprendido en el kilómetro.3.11 al 16.25 mediante el acuerdo del secretario de Infraestructura y Obra Pública del estado de Jalisco, Ing. Roberto Dávalos López, contenido en el oficio DCR/DV-03/06-16, de fecha 01 de junio de 2016 y la relación de planos respectiva” (MILENIO JALISCO, 27 de marzo de 2017).

Y se enlista, ya como parte de las entregas del acta específica, “29 escrituras públicas y originales de los planos, correspondientes a 29 terrenos pendientes, adquiridos por el gobierno federal a través del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Conagua, para la construcción de línea de impulsión y línea de conducción”. Son 14 escrituras en el municipio de Cañadas de Obregón; dos en el de Valle de Guadalupe; diez en Jalostotitlán y tres en Unión de San Antonio.

La Conagua alude que los derechos de vía federales de los tramos carreteros los recibió de los respectivos centros estatales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

El oficio confirma que en paralelo a los discursos políticos en defensa de los derechos de los alteños, tanto los moradores de los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo como los productores pecuarios de la meseta, se han dado actos jurídicos y financieros que contradicen ese propósito: primero, está la inversión de 600 millones de pesos del fondo de pensiones del Ipejal, institución estatal, para financiar a la concesionaria Abengoa (que ya enfrentaba problemas de liquidez severa que la pusieron al borde de la quiebra), lo que significa una apuesta al éxito del acueducto, y por ende, del trasvase del río Verde a León.

Segundo, los diversos juicios contra la presa El Zapotillo y el acueducto, que han llevado particulares y ejidos que se sienten afectados con las infraestructuras, en los que se apersona el gobierno de Jalisco como parte de la defensa gubernamental para defender el proyecto, es decir, en busca de evitar los amparos que a la postre detuvieron esas obras.

Tercero, la entrega de derechos de vía estatales para la apertura del acueducto, cuando Abengoa y la Conagua manifestaban dificultades para adquirir tierras ante la resistencia de rancheros de los municipios por donde atravesaría la tubería.

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Claves

Los derechos de vía de Jalisco entregados a Abengoa


Cañadas de Obregón
Cruces de arroyo, carretera estatal y caminos vecinales en Zula, La Joya, Buena Vista, La Campanita, La Paleta, Capellanía, El Aventurero, Catachime y Terrazas

Valle de Guadalupe
Caminos vecinales, zonas federales y carretera estatal en La Colmena, San Gabriel, El Rosario, San José y El Bajío

Jalostotilán
Caminos, cruces y carretera estatal en ejido Jalos, La Laja de Arriba, Providencia de San Antonio, La Soledad, El Peñón y Labor de Jiménez

San Juan de los Lagos
Cruces, carreteras municipal y estatal, arroyos y caminos vecinales en Corral de Piedra, El Sauz Amarillo, El Duarte, Mezquitic, El Terrero, El Desperdicio, El Rincón, Agua de Obispo [ejido con amparo vigente en contra de la obra], Sauz de los Ibarra y Santo Domingo

Lagos de Moreno
Cruces de río y caminos vecinales en Santo Domingo, Rancho Alegre, San José del Potrero, Ceja de Bolitas, Casas Blancas y La Trinidad

Unión de San Antonio
Cruces de arroyo, caminos vecinales y carretera estatal en La Torre, El Jaralito, El Zapote, Ejido Santa Teresa, La Tapona, Casas Blancas, Loma de Santa Gertrudis, Cañada de Mena, Ejido Carreón y Mamey

SRN

El cambio climático es un problema económico



"El periodismo ambiental es de ciencia económica... o es inútil", aseguró Javier Cruz.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El físico de formación y divulgador de la ciencia por la UNAM, Javier Cruz, retó ayer a los periodistas a generar una narrativa económica de los problemas del cambio climático, pues no sólo se trata de uno de los efectos esenciales del aceleramiento del calentamiento del planeta, sino que permite involucrar a la sociedad en su conjunto, de forma que el oficio periodístico se asume como herramienta de cambio.

"El periodismo ambiental es de ciencia económica... o es inútil", advirtió al participar en el taller preparatorio de la reunión del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el grupo científico de los gobiernos de Naciones Unidas que atiende este problema universal, cuya realización comienza esta mañana en Guadalajara.

Javier Cruz también destacó que el periodismo mexicano es un periodismo ligado a la política partidista, y que eso ha impedido desarrollar un área tan importante como la ambiental, que además, es un tipo de periodismo más caro y acucioso, es decir, "no se puede hacer con puras declaraciones" como los conflictos entre los políticos.

Del mismo modo, consideró que la precariedad del oficio en un momento de decadencia del modelo de negocios que hizo posible a los grandes medios de comunicación del pasado, abona muy poco: periodistas "con sueldos de ocho mil pesos", que deben entregar "hasta siete notas diarias" que en buena parte son efímeras y banales, y cuya capacitación ha sido abandonada, no pueden estar preparados para afrontar el formidable desafío.

"La clave no es construir una noticia con entrecomillados de lo que aquí se dijo", sino leer, investigar, interpretar, acudir al lugar de los hechos, añadió. Los asistentes habían recibido una idea general del trabajo del IPCC, de la crisis de cambio climático mexicana y local, y de las bases físicas que demuestran que este fenómeno ha sido potenciado por las actividades humanas a partir de la revolución industrial.

"México por sus condiciones, es un país altamente vulnerable a los efecto del cambio climático. Los impactos que se han observado son: eventos de sequía extrema, lluvias intensas, inundaciones, altos niveles de contaminación, extinción de algunas especies. Entre los sectores más vulnerables son las comunidades en extrema pobreza, sin embargo, todos los grupos y estratos sociales se ven afectados directa o indirectamente", había dicho la directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), Amparo Martínez Arroyo.

Subrayó que la tarea de la institución es servir de eje vertebrador de conocimiento y generación de políticas públicas que incluyen "impulso al uso de energías limpias, acciones para lograr un mayor eficiencia energética, acciones para la reducción de contaminantes climáticos de vida corta, como medida complementaria a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; protección de bosques y restauración de ecosistemas", y sobre todo, incentivos a la participación social con base en información y toma responsable de decisiones.

La titular de Medio Ambiente en Jalisco, Magdalena Ruiz Mejía, apuntó la singularidad de Jalisco como síntesis biocultural del país. Esto lo hace afrontar graves riesgos ante el cambio de clima. Y si la sociedad no se informa por un periodismo ambiental profundo y con datos económicos, puede retrasarse de forma peligrosa en cambiar. El encuentro del IPCC comienza esta mañana en el hotel Fiesta Americana.

SRN

Zapopan pierde su queja contra suspensión en Nixticuil



Este viernes, el juez define si la suspensión provisional se convierte en definitiva en el plano del juicio de amparo

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El gobierno de Zapopan no logró echar abajo la suspensión provisional que concedió el juez VIII de distrito a favor del comité Salvabosque, y permanecerá vigente el impedimento para arrancar las obras de la modernización de la avenida Ángel Leaño, en las inmediaciones del área natural protegida Bosque del Nixticuil, al menos hasta que se celebre la audiencia del incidente, que está prevista para este viernes 31 de marzo.

La queja interpuesta por el ayuntamiento fue analizada por el I Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, bajo el toca 115/2017, que en la página electrónica del poder judicial se limita a señalar "se conforma auto" en relación a la determinación de suspender que asumió el juez (sise.cjf.gob.mx/SiseIternet/Actuaria/VerAcuerdo.aspx?listaAcOrd=2&listaCatOrg=118&listaNeun=20645039&listaAsuld=1&listaExped=115/2017&listaFAuto=23/032017&l); y si bien, no es derrota completa para el ayuntamiento, la defensa de los quejosos considera que puede ser indicio de que se confirmaría este viernes la suspensión definitiva.

La impugnación se dio en el marco del juicio de amparo 820/2017. "Por encontrarse reunidos los presupuestos necesarios, se conceda a la parte quejosa, la suspensión provisional de los actos reclamados, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan y en la zona conocida como Bosque El Nixticuil-San Esteban-El Diente, ubicada en el municipio de Zapopan, Jalisco, no se ejecute el proyecto de ampliación o modificación de la vialidad Doctor Ángel Leaño, hasta en tanto se resuelva en definitiva sobre la medida suspensional", señala el acuerdo, que fue dado a conocer el pasado 15 de marzo.

"Lo anterior, atendiendo a que los promoventes aducen contar con interés legítimo para instar esta sede constitucional, por tener su domicilio en la zona limítrofe del Bosque Nixticuil, en el municipio de Zapopan, Jalisco, lo cual acreditan a través de la copia certificada de las credenciales para votar expedidas por el Instituto Nacional Electoral"; además, "la parte quejosa acreditó de forma indiciaria el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se negara la suspensión provisional; dado que, aun en el supuesto de considerar que los árboles se trasplantaran, lo cierto es que los mismos serían retirados del lugar en el que actualmente se encuentran, en contravención a los intereses de los peticionarios de la medida cautelar".

Esta suspensión, aclara el juez, no implica "modificar, restringir, ni constituir derechos adquiridos antes de la presentación de la demanda; por el contrario, dicha medida busca preservar la materia del juicio de amparo, evitando que los actos reclamados sean ejecutados de forma irreparable, asegurando la situación jurídica de que se trata, protegiendo así los intereses de los impetrantes del amparo, en tanto se dicta la suspensión definitiva de los actos reclamados".

La suspensión tiene sentido "siempre que la obra pública que se pretende paralizar se esté ejecutando en áreas protegidas o en zonas destinadas al beneficio de la colectividad o del medio ambiente conforme algún ordenamiento de carácter general que impida su afectación, como lo son: las declaratorias de áreas naturales protegidas, los planes de desarrollo urbano o cualquier otro análogo".

La demanda fue presentada el pasado 8 de marzo, y en ella, los quejosos, integrantes de agrupaciones civiles que defienden el Bosque del Nixticuil, reclamaron "la orden de emitir la licencia municipal para la ampliación y modificación del proyecto denominado avenida y/o vialidad doctor Ángel Leaño", fruto de un proceso de consulta que a juicio de las partes fue ajeno a la población, inducido a sólo dos opciones altamente impactantes de la zona, y que marginó las posibilidades de infraestructura que permitiera menos autos en la contigüidad del bosque, como en su momento reclamaron.

SRN

lunes, 27 de marzo de 2017

Jalisco y Conagua ceden carreteras y caminos para acueducto a León



Las acciones de los gobiernos federal y estatal fortalecen el acueducto con cesión de bienes públicos de territorio de Jalisco; ejido reclama violación a amparo con ese procedimiento

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno de Jalisco han procedido a entregar superficie territorial del estado, fundamentalmente, el derecho de vía de decenas de kilómetros de caminos vecinales y carreteras, a la empresa Abengoa, para construir su proyecto de acueducto El Zapotillo-León, de 140 kilómetros, de los cuales, alrededor de 100 km son en este estado.

El problema es que se trata de derechos de vía federales o estatales para los que ni se ha acreditado el derecho a hacerlo, ni en el caso de los caminos de jurisdicción estatal, se ha consultado ni mucho menos obtenido autorización de los ayuntamientos respectivos o del Congreso del estado, pese a tratarse de bienes de dominio público.

El gobierno de Jalisco sostiene públicamente su apoyo para la conservación de los pueblos de la cañada del río Verde y apenas el pasado 22 de marzo, convocó a un gran “frente por el agua” para defender los derechos de Jalisco en el tema; pero fue la misma administración estatal en marcha la que entregó bienes territoriales (está documentalmente acreditado en el caso del municipio de Cañadas de Obregón) o no actuó contra las entregas de la Conagua de caminos que conectan a numerosas comunidades y rancherías de los municipios de Cañadas de Obregón, Valle de Guadalupe, San Juan de los Lagos, Jalostotitlán y Unión de San Antonio, las cuales tampoco fueron consultadas.

Pasar el acueducto por derechos de vía públicos es una opción que se construyó a raíz de la fuerte resistencia que el proyecto ha generado entre los agroproductores alteños, que ven en el acueducto un despojo de sus aguas y por ende, un atentado a sus intereses económicos y sociales, pues se trata de una región de lluvia escasa y alta productividad, sobre todo, pecuaria, que sería amenazada por esa escasez inducida.

El 7 de octubre de 2014, se emitió en la ciudad de México el acta de entrega “física y jurídica” de 66 por ciento del “derecho de vía y terrenos, así como ocupación de inmuebles, y que incluye todos los permisos y autorizaciones que el concesionario obtuvo para el uso y goce libre, temporal, pacífico y gratuito de los inmuebles distintos a los inmuebles del municipio de León”, es decir, los correspondientes a Jalisco. En el acto sólo estuvieron presentes la representación de la Conagua, José Elías Chedid Abraham, entonces de director general del organismo de cuenca Lerma Santiago Pacífico; el apoderado general de la empresa denominada Concesionara del Acueducto El Zapotillo SA de CV [filial de la española Abengoa], Joaquín Fernández de Piérola Marín, y dos representantes del consejo de administración del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León: Pedro Arnulfo González García y Óscar Ernesto Garza Romo, respectivamente, presidente y secretario del consejo directivo. Y si bien se trata de territorio de Jalisco, no existe una representación de este estado ni siquiera en calidad de testigo.

El documento está incorporado como prueba en un incidente recién promovido en relación a la posible violación de una suspensión de plano concedida por la justicia federal al ejido Agua de Obispo, que se ubica en San Juan de los Lagos, sobre el mismo asunto.

En esta suspensión se señala la imposibilidad de construir la infraestructura dentro del territorio ejidal. Eso no fue obstáculo para que la Conagua entregara los caminos vecinales de la zona, pese a que están reconocidos como parte de los bienes agrarios, y por tanto, son intocables en este proceso. El caso ya ha derivado en el citado “incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión” (juicio de amparo 1390/2014, Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo), que a juicio de la defensa del ejido, debería derivar en sanción para los servidores públicos inmiscuidos, esencialmente de la Conagua.

En este caso, la acción impugnada se realizó documentalmente tres meses después de que se otorgará la suspensión de plano a Agua de Obispo, la cual dejó claro que no se podía modificar el estado delos bienes en disputa mientras no se alcanzara una sentencia en el juicio de garantías.

Señala el abogado defensor, Alejandro López Aguayo: “… sin considerar la suspensión de plano que fue otorgada al núcleo ejidal quejoso, con fecha 7 de octubre de 2014, el maestro José Elías Chedid Abraham […] indebidamente hizo entrega de bienes inmuebles que son objeto de la medida suspensional otorgada en favor del ejido, pues forman parte de la propiedad del ejido protegida por dicha suspensión, e inclusive la descripción de los bienes afectados se hace conforme a los propios documentos presentados por la autoridad responsable, la Conagua, y en consecuencia se le priva al ejido, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios, inclusive lesionando al régimen jurídico agrario, pues sobre dichos bienes se pretende alojar la construcción del acueducto que llevará agua de la presa El Zapotillo a la ciudad de León, Guanajuato”.

Son terrenos “ubicados en el área de uso común del ejido, son caminos utilizados exclusivamente por los propios ejidatarios, caminos que en realidad son verdaderas servidumbres de paso[…] el ejido quejoso nunca ha dado autorización ni ha suscrito acuerdo alguno, ni firmado documento alguno, ni ha suscrito acto jurídico alguno” para permitir al funcionario de la Conagua decidir el destino de los bienes […] por lo que hasta ahora conocemos, tampoco existe expropiación o procedimiento expropiatorio alguno para poder disponer de dichos bienes, ni federal ni estatal, ni municipal, ni mucho menos concesión y/o permisos otorgados por el gobierno federal y/o el Ejecutivo del estado, para que Conagua dispusiera de dichos bienes y los entregara a la concesionaria…”.

En procedimientos de transparencia, los municipios de Valle de Guadalupe, Jalostotiltlán, Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos, han respondido a la defensa de Agua de Obispo en diversas fechas de febrero pasado, que no sólo desconocen de estas entregas de territorio municipal, sino que carecen de antecedentes documentales de las mismas o siquiera alguna petición expresa hecha por los gobiernos del estado o federal.

Y sin embargo, el gobierno de Aristóteles Sandoval tiene participación activa en la entrega de terrenos en un caso documentado: Cañadas de Obregón. El 1 de junio de 2016, el secretario de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) “otorga permiso para ejecutar trabajos de construcción ajenos al camino dentro del derecho de vía de la carretera estatal número 337 Cañadas de Obregón-Valle de Guadalupe”, según el oficio DCR/DV-013/06-16 firmado por el entonces titular de la cartera, Roberto Dávalos López.

Son obras “con el objeto de incrementar el servicio de agua potable a catorce municipios del estado de Jalisco y a la ciudad de León”, para, dentro del derecho de vía, “la construcción de un acueducto de 13.150 km en la margen izquierda de la carretera”. Así, más allá de los discursos políticos, el acueducto sigue en marcha con anuencia de Jalisco.



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CLAVES

El Verde, la disputa política

*El proyecto El Zapotillo se ha politizado, es decir, se ha convertido en un tema de alta controversia entre los actores políticos de Jalisco, y de discusión corriente entre los ciudadanos. La causa no es menor: se trata de una disputa por agua y territorio, que más allá de discursos localistas, tiene que ver con derechos al desarrollo de regiones completas, en este caso, Los Altos de Jalisco

*Los actores políticos de Guanajuato han sido consistentes en reclamar la parte de concesión de aguas que se le otorgaron a la ciudad de León, que asciende a 119 millones de m3 anuales, a extraer mediante un acueducto desde la presa El Zapotillo, terminada en 80 metros y paralizada legalmente desde 2014

*En Jalisco, están divididos. El gobierno del estado, cuyo titular, Aristóteles Sandoval Díaz, manifestó vía twitter en febrero de 2013 que no permitiría la inundación de Temacapulín efecto de una presa El Zapotillo a 105 metros ; que permitió la conformación de un observatorio ciudadano con fuerte base en la región de Los Altos, y poderes vinculantes; y que contrató una misión internacional que ha sido duramente cuestionada (Unops-Pnuma) y que debe arrojar luces sobre la decisión a tomar, es el mismo que ha combatido con recursos legales juicios de amparo de los defensores de Temaca y de los habitantes de Los Altos, y también ha entregado territorio estatal para la cuestionada obra del trasvase

*El grupo de presidentes municipales del área metropolitana de Guadalajara que lidera el alcalde tapatío Enrique Alfaro Ramírez bajo la sigla del Partido Movimiento Ciudadano, tras fuertes debates, se ha sumado a la exigencia de que el trasvase a León no se concrete, si bien, la falta de definición clara sobre su defensa de Temacapulín ocasionó una reacción desconfiada de los defensores del poblado

*El Grupo UdeG, que preside Raúl Padilla López –cuyos orígenes familiares están en San Juan de los Lagos- ha señalado de forma permanente durante los últimos dos años la inviabilidad del trasvase por los graves efectos que podría tener sobre la región de Los Altos, afectada por escasez crónica de agua y fuertemente amenazada por el cambio climático

MC

sábado, 25 de marzo de 2017

Decreto de ANP de sierra de Vallarta no debe detenerse



Juanita Delgado, investigadora y activista, señala que ejidos de la parte baja apoyan la iniciativa para frenar expansión inmobiliaria.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La oleada de amparos contra la consulta pública del área de protección hidrológica estatal Sierra de El Cuale no debe obligar a frenar el proyecto, pero sí a replantear su socialización de una forma más eficaz, incluida una serie de ofrecimientos concretos que haga que la alta montaña de Vallarta realmente perciba el beneficio de ese esquema, señala la investigadora de la UdeG y activista ambiental de la región, Juanita Delgado.

Participante en la elaboración del estudio técnico justificativo, la experta destaca que no se puede hablar de una rebelión general de las comunidades agrarias, que conforman 70 por ciento del polígono de 111 mil hectáreas a proteger. Se trata de ejidos de la montaña alta que son importantes porque allí nace el agua y es necesario integrarlos; pero los ejidos vallartenses, que de algún modo son los más expuestos a la especulación inmobiliaria del destino turístico, están perfectamente alineados al proceso.

“Yo lo veo preocupante, porque estar en un área natural protegida es una ventaja que no se ha logrado socializar entre todas las personas que son poseedoras de estos recursos […] son ejidos que han venido practicando programas que hasta la fecha, si no han sido un éxito rotundo, al menos sí un buen proceso; el hecho de que se estén amparando creo que es por una debilidad de socializar con ellos el beneficio que trae este tipo de decreto”, señala en entrevista con MILENIO JALISCO.

¿Ponen en riesgo estos amparos la posibilidad de generar un área natural protegida?
No creo que se ponga en riesgo porque hay una cantidad de ejidos que pertenecen a Vallarta, ocho, de la parte baja de la montaña, que están convencidos, que ya tienen años trabajando alternativas a lo que vienen siendo las actividades tradicionales, a las agropecuarias; han empujado proyectos ecoturísticos y la Conanp [Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas] y la Conafor [Comisión Nacional Forestal] los han apoyado con financiamiento, con capacitación, con viajes, incluso se han acreditado y certificado para echar a andar empresas […] con los amparos no se pone esto en riesgo, quizá ya no entrarían todos estos sitios de la montaña alta, que son estratégicos, porque está determinado el polígono con base en la cuenca hidrológica; entonces es fundamental que se siga protegiendo el buen manejo de la parte alta para que un área de protección hidrológica tenga sentido.

Es decir, la amenaza especulativa está abajo, y se logra contener…
Exacto, pero te voy a decir que hay un proyecto para la parte alta de la montaña, que es una amenaza todavía latente, arriba de Puerto Vallarta, pero es lógico que la presión inmobiliaria fuerte sea en los suelos pegados a la mancha urbana, pero los impactos no se reducen a lo inmobiliario: hay muchas empresas que son usuarias del bosque, que organizan recorridos en moto, en bici, en areneros, a caballo, en tour de vehículos, entonces hay mucha dinámica en corto, del uso y aprovechamiento de los recursos; yo he venido manejando la necesidad de que Puerto Vallarta se dé cuenta, sobre todo el sector empresarial, y la sociedad en general, de que sin contar con este recurso de la montaña corremos el riesgo de la disminución del agua y ante el cambio climático […] Vallarta se debe reconocer como el principal beneficiado, y le debe apostar económicamente a la montaña, debemos buscar una figura de soporte, y no solo económica, sino a procesos de capacitación, y de apertura de puntos de venta y posicionamiento de los productos que se elaboran en la parte alta de la montaña, generar un flujo para que esos productos se distribuyan en otras partes del país, mejores ingresos carreteros a la zona, que no queden aisladas en tiempos de lluvia. Es decir, que se liguen con Vallarta.

¿Realmente es ventaja ser parte de un área protegida y no sobrerregulación, como afirman?
Lo de la sobrerregulación es un discurso que han manejado técnicos que trabajan con los ejidos, pero yo no lo creo, empezando porque los permisos de aprovechamiento son federales y esta sería un área protegida estatal; además, la categoría de área de protección hidrológica no es restrictiva, y de hecho, muchos la ven laxa, sin zonas núcleo […] tener área protegida significa poder vigilar que no haya deterioro, y eso no debe preocupar si se hacen las cosas bien; y no sólo no es sobrerregular, estar en una ANP mejora el puntaje para alcanzar apoyos. Pero se debe informar muy bien de esto.

Es decir, es una ventaja verdadera.
Exacto, por eso decía que Puerto Vallarta debe asumir como ciudad este beneficio, a través de un fideicomiso o un fondo, que se recaude tal vez por SEAPAL, o de parte de las empresas que son usuarias, que contribuya para que la actividades que hay en la parte alta de la montaña mantengan el bosque.
Los empresarios, añade, “sí se reconocen como sujetos de beneficio de tener un área protegida de esta naturaleza; obviamente el contar con un decreto facilitaría las condicionantes de crear un fideicomiso o de crear fondos verdes, o algunas de las figuras que ya existen”.

Entonces no se debe detener el proceso de consulta y conformación del ANP.
Yo creo que hay que seguir adelante, junto o pegado a hacer ese proceso de socialización; creo que los ejidos, al saber lo que trae el área protegida podrían buscar desistirse después, o incluso un ejido como El Cuale, donde supuestamente se busca una reserva voluntaria –sorprende que no la logren, es un mecanismo sencillo-, destaco que eso refleja una voluntad de proteger […] creo que aquí ha sido un asunto de discrepancia, de egos, de no haberlos tomado en cuenta a tiempo, porque la Semadet dijo que había tenido talleres, faltó socializar más; no hace falta que comprendan, creo que necesitan terminar de dimensionar el beneficio.

De cualquier modo, añade, “la estrategia de tener el espacio de protección es porque se percibe esta área con mucha importancia, pero también porque tiene amenazas, no sólo proyectos inmobiliarios, sino de malos manejos y de falta de cumplimiento de la ley; ser ANP debe mejorar esas garantías de vigilar un recurso valioso, y puedo comprender que tengan temor, pero eso los va a beneficiar y los va a llevar a hacer las cosas bien".

GPE

viernes, 24 de marzo de 2017

Incendios forestales, ante el desafío del año más caliente



La Semadet alerta por las altas temperaturas, las secuelas de Patricia y los malos manejos de fuego en turismo y sector agropecuario.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El año 2017 pinta complicado climáticamente: se espera que una vez más, se rompa la marca histórica de calor, como ha sucedido a partir de 2014. Y en Jalisco, esa temperatura planetaria al alza, con las secuelas aún abiertas de los daños en selvas y bosques que produjo el huracán Patricia en 2015, y con problemas de control de actividades económicas o de recreación que propician el mal manejo del fuego, podría tener efectos desastrosos, reconoció la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Magdalena Ruiz Mejía.

“Si el sector agropecuario no cambia y ajusta estas prácticas inadecuadas de manejo de fuego, vamos a seguir con esta liberación de gases de efecto invernadero, a seguir deteriorando nuestros suelos, degradar nuestros bosques, y al abrir la frontera agropecuaria a costas de los espacios arbolados, también se generan desastres y riesgos, hay un efecto en cadena muy negativo”, dijo en entrevista con MILENIO JALISCO.

En el área de protección de flora y fauna Sierra de Quila, que abastece de agua a más de 200 mil personas de seis municipios, entre los que destacan Ameca, Tecolotlán y Cocula, la funcionaria acudió a la puesta formal en marcha de la campaña antiincendios, que contó con la presencia del gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, quien alertó sobre los efectos crecientes que presenta el cambio climático en Jalisco.

“En el año 2016, Jalisco registró uno de los años con mayor prolongación del periodo de estiaje, heladas atípicas, vientos con altas velocidades, condiciones que favorecen el desplazamiento explosivo del fuego en la vegetación forestal”, señala la publicación de la Semadet para los medios de comunicación. No es casualidad la estadística creciente desde 2014: se pasó de 442 eventos ese año, a 364 en 2015 y 991 en 2016; en superficie quemada el dato es más revelador: de 7,706 hectáreas de 2014, a 8,018.5 ha en 2015. 2016 multiplicó por más de 8 (es decir, arriba de 700 por ciento más) el dato: 68,264 ha, primer lugar nacional (ver edición del 9 de julio de 2016).

“Para este 2017 se pronostica humedad por debajo del promedio histórico, lo que implica un alto riesgo de incendios forestales. Hasta el 16 de marzo del presente año se han registrado 90 deflagraciones sobre 5,842 ha”. A la misma fecha, 2015 reportaba 74 incendios y 1,459.5 ha afectadas, y 2016, 164 eventos sobre 2,399 ha. La tendencia es superior a 100 por ciento para 2017.

El acto reunió a todo el sector ambiental federal y estatal, y a los municipios involucrados, en especial, Zapopan, que tiene una de las brigadas más modernas del país. La ausencia notable fue la del sector agropecuario, que encabezan la Secretaría de Agricultura y Ganadería (Sagarpa, federal) y la de Desarrollo Rural (estatal), no obstante que las actividades de ese sector pueden generan 45 por ciento de los daños por incendios. Tampoco estuvo el sector turismo, aunque paseantes son causantes de otro 45 por ciento.

Ruiz Mejía recordó que el fuego no se debe satanizar, sino manejar. Existe una norma oficial mexicana para quemas agropecuarias que poco se respeta (la NOM 015), y también una gran impunidad: si quemar un bosque no significa multas ni cárcel, no hay demasiados incentivos para evitarlo.

“Lo que haremos este año, y ya sentamos una mesa de trabajo donde están convocados la Seder y la Sagarpa, es evaluar lo que no funcione en el tema de comunicación en aplicación de esa norma y ver si estamos dando los incentivos correctos para que las actividades agropecuarias minimicen su impacto negativo con el fuego; también estamos sumando fuerzas para mantener lo que se llama la cadena de custodia respecto a la investigación y las evidencias de las causas de incendios, por eso están sumados los delegados de la Semarnat y de la Profepa, hay que fortalecer todo el tema de las denuncias, nos damos cuenta que debe estar con un alto nivel de coordinación institucional, al final el que fortalece esta cadena de custodia es el municipio, el que ratifica la denuncia del propietario
afectado”, agregó.



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ALGUNOS DATOS

Con un presupuesto de 35 millones de pesos que contrasta con el que se recibió en 2013, de apenas 8 millones de pesos, Jalisco pretende hacer frente a los desafíos de la temporada de sequías en bosques y selvas.

Desde noviembre de 2016 a febrero de 2017 se trabajó de manera coordinada con las áreas naturales protegidas en diferentes acciones de prevención: 344 kilómetros de brechas cortafuego y líneas negras; 170 kilómetros de brechas preexistentes con mantenimiento; 95 km de caminos forestales renovados; 20 hectáreas con quemas controladas; 166.5 kilómetros con mantenimiento de derecho de vía.

También: rehabilitación y construcción de diez helipistas; reuniones internas de coordinación, cursos básicos especializados y reuniones de coordinación con el comité Estatal de Manejo del Fuego.

El gobierno de Jalisco, la Conafor y los voluntarios suman 557 brigadistas y torreros forestales capacitados y equipados, distribuidos en 55 brigadas y 18 torres de detección de incendios.

GPE

4 ejidos ya impugnan consulta de ANP de Vallarta exitosamente



Colegiados corrigen una resolución y confirman otra; el gobierno del estado no ha ganado ninguna impugnación.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Sigue la batalla legal por la viabilidad del área de protección hidrológica Sierra de El Cuale, la región montañosa que rodea y provee servicios ambientales a Puerto Vallarta; el gobierno de Jalisco ha perdido hasta ahora todos los frentes de impugnación, contra los ejidos El Cuale y San Andrés, además de que en segunda instancia, se concedió suspensión de plano al ejido Emiliano Zapata de Cabo Corrientes.

De este modo, se han confirmado suspensiones de plano para los ejidos de El Cuale, San Andrés, Zapotán y Emiliano Zapata, lo que significa una merma territorial de unas 30 mil hectáreas, contra un polígono propuesto de 111 mil ha, aproximadamente.

Las novedades judiciales son la determinación del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que resolvió favorable al ejido Emiliano Zapata, de Cabo Corrientes, una queja contra el juez primero de distrito, que había negado la suspensión de plano al núcleo agrario. Por otro lado, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, resolvió contra el gobierno de Jalisco su queja 96/2017 contra la suspensión concedida al ejido San Andrés, de Talpa, en el amparo 791/2017-VII, por el juez séptimo de distrito. Esto significa que todos los frentes han sido victoriosos contra los ejidos rebeldes.

El primer caso es ilustrativo, porque los magistrados plantean dudas sobre la legitimidad del proceso de creación de ANP, aunque reconocen que eso es materia del fondo del juicio.

Es la queja 89/2017 del amparo 882/2017: "...es incuestionable que la declaratoria de dicha área protegida es susceptible de traer como consecuencia una restricción en el uso de las tierras ejidales que a través del amparo solicitado se pretenden defender, en tanto que en las mil quinientas tres punto cuarenta y cuatro hectáreas inmersas en aquélla, de decretarse como parte del área natural protegida, se podrán establecer restricciones de usos de suelo, lo que invariablemente implicará una afectación del disfrute de las mismas".

De ahí "que como los actos reclamados pueden tener como efecto la privación parcial del uso o disfrute de tierras que defiende el comisariado quejoso, se surte la hipótesis que prevé el artículo 126 de la Ley de Amparo para la procedencia de la suspensión de plano del acto reclamado, pues como ya se precisó, para aplicar o decretar dicha medida, basta que del escrito inicial de demanda, así como de las constancias existentes en autos, se desprenda el indicio de que el sujeto colectivo de derecho agrario se encuentra en tal hipótesis normativa para que el juez de constitucionalidad proceda a conceder la medida cautelar de que se trata".

Así, "al no haberlo estimado así, el resolutor [sic] federal incurre en una inexacta interpretación del artículo 126 de la Ley de Amparo, lo que motiva a declarar fundado el presente recurso de queja para el efecto de dejar insubsistente en el auto recurrido la orden de apertura del incidente de suspensión, así como para conceder la suspensión de oficio y de plano a los promoventes del comisariado ejidal quejoso, quienes acreditan su carácter...".

El efecto "de tal medida cautelar es para que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran y, por tanto, no se prive al ejido quejoso, en forma total o parcial, temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios sobre la superficie descrita en la demanda", concluyen.

De este modo, con cuatro ejidos en contra del proceso, la iniciativa de área natural protegida vive momentos dífíciles.

SRN

Cuando el agua ejerce su memoria desastrosa



Las nuevas ciudades perdidas tienen visos de legalidad, pero problemas serios por haber sido enclavadas sobre lechos de arroyos o de presas.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Aurelia está preocupada permanentemente por las pandillas, los robos, la venta de drogas, los cadáveres abandonados en las orillas, las muchachas que son acosadas en las calles de La Noria, en Tlajomulco de Zúñiga.

Pero cada mes de junio, también recuerda al pardo y hosco dios de los Cuatro Cuartetos de Eliott: el agua de lluvia alimenta la corriente de temporal sobre la que se asienta el sórdido caserío, y memoriosa de sus señoríos estacionales, se adueña de todo, mezclada con el drenaje maloliente; penetra en las casas y derrota los desniveles que pretenden burlarla; devora mobiliario, extiende pestilencia y enfermedad. En cuestión de horas arrasa con el patrimonio siempre rudimentario, más útil que valioso. "...siempre al acecho, a la espera, velando", recitaría con improbable pericia la nativa de Cuexcomatitlán, al pie de la laguna de Cajititlán, llegada con el sueño de propiedad y trabajo, mitología bicéfala que se da rudos golpes contra una modernidad averiada.

"Aquí era una tierra de cultivo, se supone que no se inundaba, y yo creo que dejaron al agua sin salida, por eso se la pasan haciendo canales todos los años; una vez se cayó una niña, hace como cuatro años, se electrocutó, andaba descalza, tragó y tragó agua y se quedó flotando, hasta que la sacaron con un palo, por suerte no se murió; pero al año siguiente una señora paso por ahí también y se electrocutó, traía sus chanclas, pero como hay muchas alcantarillas, se asomó porque su esposo no llegaba todavía y estaba preocupada, pero un cable con corriente la jaló, ella sí se murió, andaban por aquí unos tractores, fue algo horrible...".

La mujer de la tienda asiente con la cabeza mientras escucha el testimonio. Es la zona más baja de La Noria, con una terminal de autobuses polvorienta, un sol que cae sofocante, basura en cada esquina. "A veces con una sola lluvia tenemos; todo lo que lleva, y se hace una pestilencia, se va al hoyo, luego se seca, y es pura infección. Han venido dizque a arreglar, pero todo sigue igual".

A Aurelia y su marido Pedro, carpintero de profesión, les tocó perder hace apenas dos años, lo más valioso: el refrigerador. Les dieron un apoyo, pero debieron completar. "Siempre se mete, pero esa vez se metió más agua, atravesó todo esto –señala un bordo de cemento de unos 40 centímetros de alto-, y luego tuvimos que destapar porque no llegaban los bomberos, se atoraron unos tubos [...] ese día se reventó una presa, el agua luego luego se va, dura una o dos horas, pero con tanta agua nomás no se retiraba. Es que hay muchas anormalidades aquí, ojalá nos apoyaran porque esta para llorar, le dicen la tierra del olvido", protesta irónica.

Los fraccionamientos que se ubican sobre lechos de arroyos y ríos, que no respetan partes bajas de cuencas, y que incluso invaden vasos y bordos que usaba la agricultura hoy incosteable y borrada por los millones del boom inmobiliario de Tlajomulco.

Pero son apenas el último capítulo de un modelo de negocios de más de 60 años de data, que ha convertido al área metropolitana en una trampa mortal. Cada año, según cálculos del SIAPA –que sólo abastece a una parte de la mancha urbana- y de los propios ayuntamientos, las pérdidas que se acumulan rondan 100 millones de pesos en muebles y autos, mientras los muertos suelen rebasar diez, como la infeliz mujer de La Noria.

"Las inundaciones o anegamientos actualmente abarcan más superficie, se registran mayores calados (alturas) y velocidad. El aumento de la peligrosidad no solamente se relaciona con la intensidad y la recurrencia [patrón de precipitaciones] sino también con las alteraciones del ciclo del agua por la impermeabilización, las intervenciones y la construcción de infraestructura que pretende sustituir las funciones naturales", explican los investigadores de la UdeG, Luis Valdivia Ornelas y María del Rocío Castillo Aja (Los peligros naturales en Jalisco, estudio histórico de sus impactos territoriales, 2014).

De este modo, "la urbanización del agua [sic] altera las vías naturales del drenaje, contamina los recursos del agua e incrementa la erosión", agregan. Por ejemplo, en la zona de Atemajac-Tesistán, donde se ubica la ciudad consolidada que atiende el SIAPA, la red de colectores se estima que sólo conduce 30 por ciento del agua que llueve, y si a eso se agrega que la recarga al subsuelo es mínima, ello explica porque hay tanta agua en algunos momentos críticos sobre la superficie.

Los asentamientos del boom inmobiliario de Tlajomulco ilustran bien el problema: un par de bordos que formaba parte de la red hidrográfica, El Cuervo y Benito Villaseñor, están en franca desaparición, además de que los arroyos son borrados y se ubica vivienda en partes bajas. Esto explica las tribulaciones frecuentes en La Fortuna, Lomas del Sur y Eucalipto, vecinos de La Noria.

"Llevamos aquí cuatro años y en tres ocasiones se ha inundado; todas las veces se mete a la casa y nos echa a perder los muebles", dice una adolescente tras explicar que su madre Rosario Cienfuegos, no está. "...como que el agua acá hace su centro, pero viene de otros fraccionamientos; cuando fue el huracán Patricia fue más fuerte [...] le dieron una lavadora a mi mamá".

No se vive bien en estas ciudades perdidas, aunque más o menos legales, de la periferia urbana. El acoso de la delincuencia, las narcotienditas, el robo de luminarias, el vandalismo, obliga a vecinos a organizarse. Así hace en La Fortuna don Julio Cruz Gómez, orgulloso de su pequeño parque que riega con devoción en tiempos de sequía, y que tiene el acuerdo de todos sus aledaños. Impulsa el futbol en la colonia, y pide la presencia constante de patrullas, pero desde que Ismael del Toro dejó la alcaldía, se siente abandonado.

Será por eso que a últimas fechas tiran cadáveres en el canal de la orilla, "nomás nos están quemado", dice irritado ante la merma de reputación social este ex vecino de Polanco, en Guadalajara.

En La Noria, no la pasan mejor. Les piden poner denuncias, y no solamente no pasa nada, "sino que después sale por ahí el nombre de quien denunció, imagínese los riesgos que corremos", exclama la señora del tendejón pegado a la glorieta de los camiones, interesada en la pausada conversación de la inefable Aurelia de tez rolliza y ojos calmos.

Entre esas tribulaciones pasan sus vidas, y llegan a olvidar al dios pardo del agua mestiza de las lluvias y las cañerías, que acude a la cita cada verano, "fiel a sus estaciones y sus cóleras, / destructor que recuerda / Cuanto prefieren olvidar los humanos...". (Cuatro cuartetos, TS Elliot).

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Claves

Urbanización desastrosa

Siete datos que explican los problemas de inundación al sur del AMG

1 La cuenca de El Ahogado, de 510 kilómetros cuadrados de superficie, tiene ya urbanizados de forma definitiva 117 km2, pero existe el riesgo de que en pocos años, esa superficie crezca a más del doble, sobre 250 km2, según las autorizaciones que están vigentes en los cinco municipios que la conforman

2 Buena parte de ese desarrollo sería sobre una zona de alto riesgo sobre todo en el tema de inundaciones, lo que obliga a las autoridades a definir densidades adecuadas y obras de infraestructuras que prevengan daños patrimoniales y en vidas humanas que se han padecido en la historia reciente

 3La superficie que ocupa el uso habitacional existente en toda la cuenca es de 14.8 por ciento, pero el autorizado en los planes parciales le da la posibilidad de aumentar a poco más de 28 por ciento. Si se suman los desarrollos y reservas de industria y comercio, y todas las reservas de mediano plazo, el dato se acerca a 50 por ciento de la demarcación

4 La reserva verde existente hoy en toda la cuenca es 61.9 por ciento de la superficie, y se reducirá a 43.1 por ciento en el caso de que todo lo que está previsto en los planes parciales se ejecute

5 En 2005 había en la zona 798,619 habitantes, con un total de 172,680 viviendas; en 2010, se registraron 986 mil habitantes, aunque los pormenores del censo no han sido entregados por el Inegi. Es un crecimiento superior a 22 por ciento en cinco años, aunque varía considerablemente de municipio a municipio

6 La cuenca El Ahogado se ha dividido en trece subcuencas: que a su vez se dividen en diversas microcuencas. Las trece son: Arroyo de Enmedio, Las Juntas, El Maleno, El Cuervo, El Mulato, El Guayabo, La Teja, Arroyo Seco, La Rusia, El Cuervo de Abajo, y tres subcuencas de la presa El Ahogado: directa, propia y Salida de presas

7 Uno de los problemas más serios que debe afrontar el desarrollo urbano de la zona es que sus terrenos tienen pendientes casi nulas, en 60 por ciento de la superficie, lo que lleva a que el agua permanezca mucho tiempo estancada; en le caso de las pendientes altas (al norte y al oeste de la demarcación), el agua que allí cae baja rápidamente a la planicie y la satura durante periodos prolongados.

SRN


Semadet niega información del Verde, acusan



De hecho, el trabajo de la Unops obliga a la entrega parcial de información en dos ocasiones, de las cuales, sólo una se ha cumplido.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los colectivos que apoyan la preservación de los pueblos de la cañada del río Verde, denunciaron la opacidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), al negarse a proporcionar información parcial del trabajo que realiza la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) en esa cuenca alteña.

"El pasado 10 de febrero, la Semadet, en un acto contradictorio al derecho de acceso a la información pública, nos reservó por un año, 'la información que se está generando' respecto a los estudios pagados con recursos públicos, que realiza la UNOPS-PNUMA sobre el agua en la región de la Cuenca del Río Verde. Su fundamento es 'la preocupación' del mal uso, o la mala interpretación que se le pueda dar a la información con fines de terrorismo, rebeldía o atente contra la seguridad de personas, miembros de la UNOPS y del Estado, por tratarse de un estudio no concluido", señalaron en un comunicado emitido en el contexto del Día Mundial del Agua.

"En los alegatos, la Semadet argumenta de un 'Organismo Internacional' que validará el estudio, no es claro y no se menciona este organismo en el acta de reserva original. Nos preocupa que a unas semanas de finalizado el estudio no se esté trasparentando sus avances y sus resultados sea reservar y restringir por el periodo de un año", agregan.

De hecho, el trabajo de la Unops obliga a la entrega parcial de información en dos ocasiones, de las cuales, sólo una se ha cumplido. El próximo mes de abril se espera la entrega de información completa, con base en la cual, el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, se ha comprometido a emitir la postura formal de su gobierno en el tema.

MILENIO JALISCO consultó a la dependencia para que ejerciera su derecho de réplica en el asunto, pero no obtuvo respuesta.

SRN

jueves, 23 de marzo de 2017

Nueva suspensión impide las obras en Ángel Leaño



Suman ya dos suspensiones promovidas por la defensa legal del Comité Salvabosque, el cual denuncia los compromisos inmobiliarios del alcalde zapopano.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Una segunda suspensión judicial ha sido emitida sobre el proyecto de modernización de la avenida Ángel Leaño, en las inmediaciones del bosque El Nixticuil. Se trata del expediente 806/2017, en cuyo contexto, el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo determinó entregar una suspensión provisional, aunque enmarcada en la prevención de los daños al área natural protegida.

"Se concede la medida cautelar para el efecto de que, las autoridades responsables verifiquen que, de continuar el desarrollo de la obra en la multicitada área natural protegida, durante su ejecución, no se realice afectación alguna a la flora y la fauna que habita el lugar, debiendo evitar la tala de árboles y sustraer material geológico; asimismo, se deberán salvaguardar los recursos hidrológicos de la zona, lo que implica abstenerse del uso o explotación de aguas nacionales superficiales o del subsuelo, así como verter cualquier tipo de desecho a dichas cuencas, que se genere con motivo de la obra a desarrollar", señala la resolución, emitida el pasado viernes 17 de marzo.

Este amparo ha sido promovido también a instancias del Comité Salvabosque, que defiende desde 2008 al sitiado bosque del norte de la ciudad, en medio de numerosas proyecciones inmobiliarias que amenazan a largo plazo su conservación.

De este modo, sus efectos se unenn a los que determinó el juez octavo de distrito en Materia Administrativa y del trabajo, que otorgó la primera "suspensión provisional" que impide modificar la zona, de acuerdo al auto emitido el 15 de marzo en el marco del juicio de amparo 820/2017.

La defensa del Nixticuil prepara la eventual queja o recurso de revisión que pudiera interponer el Ayuntamiento de Zapoipan, promotor de la obra, en contra de los dos amparos, pero hasta ayer no se había hecho del conocimiento la interposición de alguna medida de impugnación.

De forma paralela, corren negociaciones entrer algunos grupos opositores al proyecto de cuatro carriles, y la autoridad municipal, pero no del Salvabosque, que mientras mantenga las suspensiones vigentes, mantendrá frenada cualquier posibilidad.

El Salvabosque denunció en la víspera esas negociaciones, un "acuerdo oculto para ampliación de avenida Ángel Leaño a tres carriles. Durante el fin de semana se nos informó sobre una reunión llevada a cabo el viernes diecisiete de marzo en el palacio municipal entre Pablo Lemus y Harold Dutton, en el que el alcalde de Zapopan le presentó un 'nuevo proyecto' [...] en el que se contempla la ampliación a tres carriles con empedrado en el tramo que atraviesa el área natural protegida del bosque El Nixticuil. [...] En la misma reunión, Lemus desestimó la suspensión que nos concedió el juez octavo de distrito, señalando que la 'tumbaría entre el martes y miércoles de esta semana".

Salvabosque aclara: "nuestra organización no respalda tampoco un proyecto de tres carriles, pues este contempla los mismos diecisiete metros de ancho que contemplaba el de cuatro carriles y restringe nuevamente el área de amortiguamiento entre la avenida y el bosque. La única opción viable ecológica y socialmente, es la rehabilitación de los dos carriles existentes. La tendencia mundial para la protección de reservas naturales está dirigida a acrecentar las franjas de amortiguamiento, para reducir los efectos de borde entre la urbanización y los ecosistemas, no a reducirlas como pretende el gobierno de Zapopan".

Finalmente: "repudiamos la postura autoritaria que mantiene el alcalde Pablo Lemus, en la que solo sirve a los intereses inmobiliarios. El gobierno de Lemus no está atendiendo el interés, las necesidades y voces de todos los sectores. El gobierno inmobiliario de Pablo Lemus está imponiendo la agenda de las constructoras como Tierra y Armonía y GIG que pertenecen a familiares y amigos de Enrique Alfaro".

SRN

Nace red en defensa de parques y espacios públicos



Lamentan “agresiones” de ayuntamientos metropolitanos y de SIAPA, con obras públicas, concesiones y proyectos inmobiliarios

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Una red incipiente en defensa de los parques, áreas verdes y el agua en el área metropolitana de Guadalajara, se pronunció contra las políticas “agresivas” de deforestación, contaminación, fragmentación, concesionamiento, pérdida y ventas disfrazadas del espacio público, promovidas por autoridades municipales y estatales, que tienen como consecuencia la reducción acelerada del patrimonio natural y público de la urbe.

Reunidos en un foro, en el contexto del Día Mundial del Agua y de los conflictos recientes por obras del SIAPA y de los ayuntamientos metropolitanos, en el Parque San Rafael –uno de los espacios que actualmente se disputan con el SIAPA y el ayuntamiento tapatío-, se analizaron los casos de Parque Arcos de Guadalupe, Parque Natural de Huentitán, Parque Liberación o Deán, Parque Metropolitano, Cerro del Gachupín, Cerro del Tesoro, Bosque la Primavera, Los Sabinos y el lago de Chapala, además de ser propio espacio del oriente de la ciudad.

“Queremos alertar sobre la deforestación, contaminación, fragmentación, concesionamiento, pérdida y ventas disfrazadas del espacio público consolidado en los parques y áreas verdes de la AMG por los Ayuntamientos metropolitanos y Autoridades Estatales en detrimento del goce y usufructo del derecho a la ciudad, a la salud, a un medio ambiente sano, al agua potable y al saneamiento. Los parques urbanos son bienes escasos y elementos fundamentales para reducir la vulnerabilidad de las poblaciones al cambio climático y a la resiliencia de las ciudades. Los parques, áreas verdes, cerros, bosques, barrancas, arroyos y lagos proveen de servicios ambientales a una población de cuatro millones 641,511 personas según datos del INEGI al 2013”, señala la declaratoria.

“Hoy en día, de manera totalmente irregular, los espacios públicos están perdiendo terrenos, ya sea porque utilizan parte de los mismos como equipamiento urbano para construir vasos reguladores (Parque San Rafael y el Deán), desarrollos urbanos (Arcos de Guadalupe, Huentitán, el Gachupín), vialidades internas para favorecer a desarrollos urbanos (Parque Metropolitano), macrolibramientos viales (la primavera, Los Sabinos) o acuarios como el parque Alcalde”.

Sin embargo, “de acuerdo al artículo 115 constitucional son considerados como servicios públicos y la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Jalisco no establece categorías apropiadas de protección, preservación y restauración ya que las figuras más cercanas a éstos son las establecidas en sus artículos 50 y 51 como parques ecológicos municipales y zonas de preservación ecológica de los centros de población. De igual manera, la evaluación de impacto ambiental es un instrumento que los municipios no tienen establecido como política ambiental preventiva a los impactos de obras y actividades que puedan ocasionar impactos negativos al ambiente”.

No obstante, “ la figura de espacio público y áreas verdes son reconstruidas en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para incorporar la planeación ambiental y sobre ésta la urbana, los principios a observar en la planeación urbana el derecho a la ciudad, de protección y progresividad del espacio público, el rescate, la creación y el mantenimiento de los espacios públicos que podrán ampliarse o mejorarse, pero nunca destruirse o verse disminuidos, la sustentabilidad ambiental, y accesibilidad universal entre otros”.

Por ello, “hacemos un enérgico llamado a las autoridades de los tres Poderes y Órdenes de Gobierno a adecuar las leyes estatales y reglamentos municipales a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que garantiza una nueva gestión de los espacios públicos y áreas verdes. Exigimos la incorporación efectiva de los vecinos y de sus asesores en el diseño, planeación e implementación de obras de desarrollo e infraestructura que impacten espacios públicos”, y “adecuar las categorías de protección que tiene la LEEPA, el Código Urbano porque hoy por hoy, no son suficientes para proteger los espacios públicos en el contexto de la nueva gestión del suelo incorporada en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a través de una consulta ciudadana eficaz e incluyente”.

También demandan “el alto a las agresiones a nuestra ciudad y suspensión de actividades en los parques San Rafael, el Liberación o Deán, el Metropolitano, entre otros”, lo que significa “el respeto absoluto e incondicional a las suspensiones otorgadas por las autoridades del Poder Judicial de Control de Constitucionalidad y de Derechos Humanos como en el caso del Parque San Rafael, el Parque Natural y Mirador de Huentitán, el cerro del Gachupín”.

De este modo, se formaliza “la Red Metropolitana en defensa de los Parques, Áreas Verdes, cerros, arroyos y lagos a efecto de constituir un observatorio ciudadano y metropolitano de vigilancia, manejo y custodia de todos y cada uno de nuestros espacios públicos. Cada espacio público deberá tener su Comité ciudadano que lo proteja”. El consejo técnico asesor de la red lo integrarán los expertos Margarita Anaya, Arturo Gleason, Maite Cortés, Jorge Gastón, Luz María Cueto, Raquel Gutiérrez, Mireya Acosta e Ivonne Álvarez.

MC

miércoles, 22 de marzo de 2017

Alcaldes aprovechan “crisis de agua” para favorecer a negocios inmobiliarios


Colectivos por Temaca le responden a Alfaro: hacer presas no es gestión integral del agua; también demandan transparencia a la Semadet

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Una presa es contradictoria con la gestión integral del agua, y una presa a 80 metros, como se encuentra ahora El Zapotillo, no garantiza la preservación de Temacapulín. Los colectivos que defienden los pueblos de la cañada del río Verde se pronunciaron hoy por la revisión del proyecto a solamente 64 metros de altura, y por revisar con las fuerzas políticas que se han decantado por apoyar, de forma atropellada, la causa que ellos sostienen, los términos de una gestión del recurso que sea realmente justa y respete a la naturaleza.

“Sobre el posicionamiento y propuestas de los alcaldes metropolitanos del Partido Movimiento Ciudadano […] queremos recordarles que la construcción de presas no es una alternativa dentro del modelo de GIA [gestión integral del agua]; demandar y traer el agua de cuencas lejanas sin antes considerar otras alternativas en la ciudad, tampoco es GIA; favorecer el desarrollo inmobiliario afectando las zonas recarga y lo acuíferos de la metrópoli no corresponde a un modelo de GIA, y argumentar una crisis del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara sin estudios a profundidad y un adecuado monitoreo sobre la disponibilidad de agua superficial y subterránea no es GIA”, advirtieron, en voz de la activista del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, María González Valencia.

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“La altura de la cortina para los pueblos significa todo: la vida o la desaparición de nuestra cultura, no es un absurdo debate. Nuestra lucha es por el agua, nuestra lucha es contra de la presa, contra el acueducto, por nuestros derechos. La altura de la cortina de la presa a 80 metros es incierta, en ningún estudio está comprobada la seguridad para Temacapulín. Al lado de expertos nacionales y holandeses (los más especializados en controlar inundaciones) hemos revisado los estudios disponibles y demandado se realicen todos los estudios necesarios y obras complementarias que garanticen la seguridad, la tranquilidad y la certeza de permanencia en nuestro territorio”,añadió el texto leído en la conferencia de prensa de esta mañana.

“Contamos con estudios sobre la altura de cortina óptima que exigimos como pueblos y que presentamos en 2011 a la Conagua y al Gobierno de Jalisco, esa es nuestra posición: una altura de cortina a 64 metros que garantice la vida y la permanencia de nuestro territorio. El agua continúa en Jalisco porque alzamos la voz, la presa está detenida por irregularidades y violación a nuestros derechos, la presa no está terminada”, añadieron.

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También reclamaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial su opacidad: “El pasado 10 de febrero, la Semadet, en un acto contradictorio al derecho de acceso a la información pública, nos reservó por un año, ‘la información que se está generando’ respecto a los estudios pagados con recursos públicos, que realiza la UNOPS-PNUMA sobre el agua en la región de la Cuenca del Río Verde. Su fundamento es “la preocupación” del mal uso, o la mala interpretación que se le pueda dar a la información con fines de terrorismo, rebeldía o atente contra la seguridad de personas, miembros de la UNOPS y del Estado, por tratarse de un estudio no concluido. En los alegatos la Semadet argumenta de un ‘organismo Internacional’ que validará el estudio, no es claro y no se menciona este organismo en el acta de reserva original. Nos preocupa que a unas semanas de finalizado el estudio no se esté trasparentando sus avances y sus resultados sea reservar y restringir por el periodo de un año”.

De este modo, “lamentablemente las autoridades de los tres niveles de gobierno en sus discursos hablan de la Gestión Integral del Agua solo como concepto vacío de contenidos, nos preguntamos si lo incorporan a sus discursos ¿porque está de moda?, o ¿lo copiaron de los movimientos sociales? No obstante, en los hechos las políticas hídricas siguen respondiendo al modelo orientado solo a la construcción de grandes obras de infraestructura, en la lógica de privatización y mercantilización del agua, favoreciendo en todo momento al capital privado en detrimento de los derechos de la gente”.

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Se trata de un documento emitido por el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el Colectivo de Abogados, Acción Colectiva, Plataforma Tómala Ciudad, Colectivo de Organizaciones Ciudadanas por el Agua (Coloca), Frente Amplio en Defensa del Agua y contra su Privatización, Coalición Mexicana de Organizaciones por el Derecho al Agua y Movimiento Mexicano de Afectado por las Presas y En Defensa de los Ríos.

“Jalisco sobresale a nivel nacional por sus conflictos socio ambientales relacionados con el agua. El río Santiago el más contaminado de México se encuentra ocasionando enfermedades en las personas y alteración de los ecosistemas; el lago de Chapala el más grande del país enfrenta sobreexplotación y altos niveles de contaminación; la mayoría de los ríos del estado se encuentran represados y contaminados afectado la especies que en ellos habitan, y los pocos ríos vivos, que aún fluyen libremente como el río Verde en los Altos de Jalisco son disputados para saciar la sed de las grandes ciudades que crecen de manera desordenada y desmedida en favor de grandes desarrollos inmobiliarios como el proyecto de Iconia para la construcción del recinto ferial (Fiestas de octubre), el Santa Anita Hills que atenta contra el bosque de la Primavera o el desarrollo Capital Norte que se expande a un lado del bosque Nixticuil”.

En el Área Metropolitana de Guadalajara, “el funcionamiento del sistema de abastecimiento y la falta de alcantarillado es precario en la mayoría de las colonias de la periferia que no cuentan con acceso al agua, lo que incrementa su marginación y pobreza como sucede en la colonia La Huizachera; el sistema de saneamiento del agua en la metrópoli y de regulación de las descargas de la industria a los cuerpos de agua es deficiente; la mayor parte de los acuíferos del (AMG) se encuentran sobreexplotados o dañados por obras como el paso a desnivel de Plan de San Luis, el estacionamiento de Mexicaltzingo, las obras de tren ligero, el próximo estacionamiento del Teatro Diana, provocando la búsqueda de fuentes de agua cada vez a mayor distancia, lo que ocasiona a su vez construcción de grandes obras de infraestructura, provocando conflictos sociales, despojo de los territorios y del agua de las poblaciones rurales para abastecer a las grandes ciudades, como el caso de la Presa El Zapotillo y su acueducto Zapotillo León”.

Los quejosos demandan: uno, “se abra un espacio de diálogo y trabajo con los Alcaldes Metropolitanos, Diputados Federales y Locales del Partido Movimiento Ciudadano para revisar y profundizar los argumentos aquí expuestos”; dos, “se publiquen los planes y programas de Gestión Integral del Agua de la Comisión Estatal del Agua (CEA) y de los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara”; tres, “se convoque a una reunión de la Junta de Coordinación Metropolitana con participación de especialistas y organizaciones ciudadanas para analizar los planes y programas metropolitanos de Gestión Integral del Agua”.

También, “En mayo de 2015 creamos la Comisión Especial de Gestión Integral del Agua en el Congreso del Estado de Jalisco, a la fecha no se nos ha convocado y desconocemos los avances en el plan de trabajo que diseñamos, por lo que exhortamos a la Comisión reactive de inmediato los trabajos con especialistas y las organizaciones en defensa del Agua”.

Los colectivos aplauden el pronunciamiento de la Universidad de Guadalajara, y exigen a la Conagua, al gobierno de Jalisco y la Semadet “trasparenten de inmediato los resultados del estudio de la UNOPS-PNUMA. Y se transparente la conformación del organismo internacional de seguimiento del estudio”.

Finalmente, una puntualización clara: “nuestra lucha es apartidista, nos deslindamos de cualquier mal uso que se le dé a esta información con fines de legitimarse”.

SRN