lunes, 27 de marzo de 2017

Jalisco y Conagua ceden carreteras y caminos para acueducto a León



Las acciones de los gobiernos federal y estatal fortalecen el acueducto con cesión de bienes públicos de territorio de Jalisco; ejido reclama violación a amparo con ese procedimiento

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno de Jalisco han procedido a entregar superficie territorial del estado, fundamentalmente, el derecho de vía de decenas de kilómetros de caminos vecinales y carreteras, a la empresa Abengoa, para construir su proyecto de acueducto El Zapotillo-León, de 140 kilómetros, de los cuales, alrededor de 100 km son en este estado.

El problema es que se trata de derechos de vía federales o estatales para los que ni se ha acreditado el derecho a hacerlo, ni en el caso de los caminos de jurisdicción estatal, se ha consultado ni mucho menos obtenido autorización de los ayuntamientos respectivos o del Congreso del estado, pese a tratarse de bienes de dominio público.

El gobierno de Jalisco sostiene públicamente su apoyo para la conservación de los pueblos de la cañada del río Verde y apenas el pasado 22 de marzo, convocó a un gran “frente por el agua” para defender los derechos de Jalisco en el tema; pero fue la misma administración estatal en marcha la que entregó bienes territoriales (está documentalmente acreditado en el caso del municipio de Cañadas de Obregón) o no actuó contra las entregas de la Conagua de caminos que conectan a numerosas comunidades y rancherías de los municipios de Cañadas de Obregón, Valle de Guadalupe, San Juan de los Lagos, Jalostotitlán y Unión de San Antonio, las cuales tampoco fueron consultadas.

Pasar el acueducto por derechos de vía públicos es una opción que se construyó a raíz de la fuerte resistencia que el proyecto ha generado entre los agroproductores alteños, que ven en el acueducto un despojo de sus aguas y por ende, un atentado a sus intereses económicos y sociales, pues se trata de una región de lluvia escasa y alta productividad, sobre todo, pecuaria, que sería amenazada por esa escasez inducida.

El 7 de octubre de 2014, se emitió en la ciudad de México el acta de entrega “física y jurídica” de 66 por ciento del “derecho de vía y terrenos, así como ocupación de inmuebles, y que incluye todos los permisos y autorizaciones que el concesionario obtuvo para el uso y goce libre, temporal, pacífico y gratuito de los inmuebles distintos a los inmuebles del municipio de León”, es decir, los correspondientes a Jalisco. En el acto sólo estuvieron presentes la representación de la Conagua, José Elías Chedid Abraham, entonces de director general del organismo de cuenca Lerma Santiago Pacífico; el apoderado general de la empresa denominada Concesionara del Acueducto El Zapotillo SA de CV [filial de la española Abengoa], Joaquín Fernández de Piérola Marín, y dos representantes del consejo de administración del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León: Pedro Arnulfo González García y Óscar Ernesto Garza Romo, respectivamente, presidente y secretario del consejo directivo. Y si bien se trata de territorio de Jalisco, no existe una representación de este estado ni siquiera en calidad de testigo.

El documento está incorporado como prueba en un incidente recién promovido en relación a la posible violación de una suspensión de plano concedida por la justicia federal al ejido Agua de Obispo, que se ubica en San Juan de los Lagos, sobre el mismo asunto.

En esta suspensión se señala la imposibilidad de construir la infraestructura dentro del territorio ejidal. Eso no fue obstáculo para que la Conagua entregara los caminos vecinales de la zona, pese a que están reconocidos como parte de los bienes agrarios, y por tanto, son intocables en este proceso. El caso ya ha derivado en el citado “incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión” (juicio de amparo 1390/2014, Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo), que a juicio de la defensa del ejido, debería derivar en sanción para los servidores públicos inmiscuidos, esencialmente de la Conagua.

En este caso, la acción impugnada se realizó documentalmente tres meses después de que se otorgará la suspensión de plano a Agua de Obispo, la cual dejó claro que no se podía modificar el estado delos bienes en disputa mientras no se alcanzara una sentencia en el juicio de garantías.

Señala el abogado defensor, Alejandro López Aguayo: “… sin considerar la suspensión de plano que fue otorgada al núcleo ejidal quejoso, con fecha 7 de octubre de 2014, el maestro José Elías Chedid Abraham […] indebidamente hizo entrega de bienes inmuebles que son objeto de la medida suspensional otorgada en favor del ejido, pues forman parte de la propiedad del ejido protegida por dicha suspensión, e inclusive la descripción de los bienes afectados se hace conforme a los propios documentos presentados por la autoridad responsable, la Conagua, y en consecuencia se le priva al ejido, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios, inclusive lesionando al régimen jurídico agrario, pues sobre dichos bienes se pretende alojar la construcción del acueducto que llevará agua de la presa El Zapotillo a la ciudad de León, Guanajuato”.

Son terrenos “ubicados en el área de uso común del ejido, son caminos utilizados exclusivamente por los propios ejidatarios, caminos que en realidad son verdaderas servidumbres de paso[…] el ejido quejoso nunca ha dado autorización ni ha suscrito acuerdo alguno, ni firmado documento alguno, ni ha suscrito acto jurídico alguno” para permitir al funcionario de la Conagua decidir el destino de los bienes […] por lo que hasta ahora conocemos, tampoco existe expropiación o procedimiento expropiatorio alguno para poder disponer de dichos bienes, ni federal ni estatal, ni municipal, ni mucho menos concesión y/o permisos otorgados por el gobierno federal y/o el Ejecutivo del estado, para que Conagua dispusiera de dichos bienes y los entregara a la concesionaria…”.

En procedimientos de transparencia, los municipios de Valle de Guadalupe, Jalostotiltlán, Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos, han respondido a la defensa de Agua de Obispo en diversas fechas de febrero pasado, que no sólo desconocen de estas entregas de territorio municipal, sino que carecen de antecedentes documentales de las mismas o siquiera alguna petición expresa hecha por los gobiernos del estado o federal.

Y sin embargo, el gobierno de Aristóteles Sandoval tiene participación activa en la entrega de terrenos en un caso documentado: Cañadas de Obregón. El 1 de junio de 2016, el secretario de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) “otorga permiso para ejecutar trabajos de construcción ajenos al camino dentro del derecho de vía de la carretera estatal número 337 Cañadas de Obregón-Valle de Guadalupe”, según el oficio DCR/DV-013/06-16 firmado por el entonces titular de la cartera, Roberto Dávalos López.

Son obras “con el objeto de incrementar el servicio de agua potable a catorce municipios del estado de Jalisco y a la ciudad de León”, para, dentro del derecho de vía, “la construcción de un acueducto de 13.150 km en la margen izquierda de la carretera”. Así, más allá de los discursos políticos, el acueducto sigue en marcha con anuencia de Jalisco.



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CLAVES

El Verde, la disputa política

*El proyecto El Zapotillo se ha politizado, es decir, se ha convertido en un tema de alta controversia entre los actores políticos de Jalisco, y de discusión corriente entre los ciudadanos. La causa no es menor: se trata de una disputa por agua y territorio, que más allá de discursos localistas, tiene que ver con derechos al desarrollo de regiones completas, en este caso, Los Altos de Jalisco

*Los actores políticos de Guanajuato han sido consistentes en reclamar la parte de concesión de aguas que se le otorgaron a la ciudad de León, que asciende a 119 millones de m3 anuales, a extraer mediante un acueducto desde la presa El Zapotillo, terminada en 80 metros y paralizada legalmente desde 2014

*En Jalisco, están divididos. El gobierno del estado, cuyo titular, Aristóteles Sandoval Díaz, manifestó vía twitter en febrero de 2013 que no permitiría la inundación de Temacapulín efecto de una presa El Zapotillo a 105 metros ; que permitió la conformación de un observatorio ciudadano con fuerte base en la región de Los Altos, y poderes vinculantes; y que contrató una misión internacional que ha sido duramente cuestionada (Unops-Pnuma) y que debe arrojar luces sobre la decisión a tomar, es el mismo que ha combatido con recursos legales juicios de amparo de los defensores de Temaca y de los habitantes de Los Altos, y también ha entregado territorio estatal para la cuestionada obra del trasvase

*El grupo de presidentes municipales del área metropolitana de Guadalajara que lidera el alcalde tapatío Enrique Alfaro Ramírez bajo la sigla del Partido Movimiento Ciudadano, tras fuertes debates, se ha sumado a la exigencia de que el trasvase a León no se concrete, si bien, la falta de definición clara sobre su defensa de Temacapulín ocasionó una reacción desconfiada de los defensores del poblado

*El Grupo UdeG, que preside Raúl Padilla López –cuyos orígenes familiares están en San Juan de los Lagos- ha señalado de forma permanente durante los últimos dos años la inviabilidad del trasvase por los graves efectos que podría tener sobre la región de Los Altos, afectada por escasez crónica de agua y fuertemente amenazada por el cambio climático

MC

sábado, 25 de marzo de 2017

Decreto de ANP de sierra de Vallarta no debe detenerse



Juanita Delgado, investigadora y activista, señala que ejidos de la parte baja apoyan la iniciativa para frenar expansión inmobiliaria.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La oleada de amparos contra la consulta pública del área de protección hidrológica estatal Sierra de El Cuale no debe obligar a frenar el proyecto, pero sí a replantear su socialización de una forma más eficaz, incluida una serie de ofrecimientos concretos que haga que la alta montaña de Vallarta realmente perciba el beneficio de ese esquema, señala la investigadora de la UdeG y activista ambiental de la región, Juanita Delgado.

Participante en la elaboración del estudio técnico justificativo, la experta destaca que no se puede hablar de una rebelión general de las comunidades agrarias, que conforman 70 por ciento del polígono de 111 mil hectáreas a proteger. Se trata de ejidos de la montaña alta que son importantes porque allí nace el agua y es necesario integrarlos; pero los ejidos vallartenses, que de algún modo son los más expuestos a la especulación inmobiliaria del destino turístico, están perfectamente alineados al proceso.

“Yo lo veo preocupante, porque estar en un área natural protegida es una ventaja que no se ha logrado socializar entre todas las personas que son poseedoras de estos recursos […] son ejidos que han venido practicando programas que hasta la fecha, si no han sido un éxito rotundo, al menos sí un buen proceso; el hecho de que se estén amparando creo que es por una debilidad de socializar con ellos el beneficio que trae este tipo de decreto”, señala en entrevista con MILENIO JALISCO.

¿Ponen en riesgo estos amparos la posibilidad de generar un área natural protegida?
No creo que se ponga en riesgo porque hay una cantidad de ejidos que pertenecen a Vallarta, ocho, de la parte baja de la montaña, que están convencidos, que ya tienen años trabajando alternativas a lo que vienen siendo las actividades tradicionales, a las agropecuarias; han empujado proyectos ecoturísticos y la Conanp [Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas] y la Conafor [Comisión Nacional Forestal] los han apoyado con financiamiento, con capacitación, con viajes, incluso se han acreditado y certificado para echar a andar empresas […] con los amparos no se pone esto en riesgo, quizá ya no entrarían todos estos sitios de la montaña alta, que son estratégicos, porque está determinado el polígono con base en la cuenca hidrológica; entonces es fundamental que se siga protegiendo el buen manejo de la parte alta para que un área de protección hidrológica tenga sentido.

Es decir, la amenaza especulativa está abajo, y se logra contener…
Exacto, pero te voy a decir que hay un proyecto para la parte alta de la montaña, que es una amenaza todavía latente, arriba de Puerto Vallarta, pero es lógico que la presión inmobiliaria fuerte sea en los suelos pegados a la mancha urbana, pero los impactos no se reducen a lo inmobiliario: hay muchas empresas que son usuarias del bosque, que organizan recorridos en moto, en bici, en areneros, a caballo, en tour de vehículos, entonces hay mucha dinámica en corto, del uso y aprovechamiento de los recursos; yo he venido manejando la necesidad de que Puerto Vallarta se dé cuenta, sobre todo el sector empresarial, y la sociedad en general, de que sin contar con este recurso de la montaña corremos el riesgo de la disminución del agua y ante el cambio climático […] Vallarta se debe reconocer como el principal beneficiado, y le debe apostar económicamente a la montaña, debemos buscar una figura de soporte, y no solo económica, sino a procesos de capacitación, y de apertura de puntos de venta y posicionamiento de los productos que se elaboran en la parte alta de la montaña, generar un flujo para que esos productos se distribuyan en otras partes del país, mejores ingresos carreteros a la zona, que no queden aisladas en tiempos de lluvia. Es decir, que se liguen con Vallarta.

¿Realmente es ventaja ser parte de un área protegida y no sobrerregulación, como afirman?
Lo de la sobrerregulación es un discurso que han manejado técnicos que trabajan con los ejidos, pero yo no lo creo, empezando porque los permisos de aprovechamiento son federales y esta sería un área protegida estatal; además, la categoría de área de protección hidrológica no es restrictiva, y de hecho, muchos la ven laxa, sin zonas núcleo […] tener área protegida significa poder vigilar que no haya deterioro, y eso no debe preocupar si se hacen las cosas bien; y no sólo no es sobrerregular, estar en una ANP mejora el puntaje para alcanzar apoyos. Pero se debe informar muy bien de esto.

Es decir, es una ventaja verdadera.
Exacto, por eso decía que Puerto Vallarta debe asumir como ciudad este beneficio, a través de un fideicomiso o un fondo, que se recaude tal vez por SEAPAL, o de parte de las empresas que son usuarias, que contribuya para que la actividades que hay en la parte alta de la montaña mantengan el bosque.
Los empresarios, añade, “sí se reconocen como sujetos de beneficio de tener un área protegida de esta naturaleza; obviamente el contar con un decreto facilitaría las condicionantes de crear un fideicomiso o de crear fondos verdes, o algunas de las figuras que ya existen”.

Entonces no se debe detener el proceso de consulta y conformación del ANP.
Yo creo que hay que seguir adelante, junto o pegado a hacer ese proceso de socialización; creo que los ejidos, al saber lo que trae el área protegida podrían buscar desistirse después, o incluso un ejido como El Cuale, donde supuestamente se busca una reserva voluntaria –sorprende que no la logren, es un mecanismo sencillo-, destaco que eso refleja una voluntad de proteger […] creo que aquí ha sido un asunto de discrepancia, de egos, de no haberlos tomado en cuenta a tiempo, porque la Semadet dijo que había tenido talleres, faltó socializar más; no hace falta que comprendan, creo que necesitan terminar de dimensionar el beneficio.

De cualquier modo, añade, “la estrategia de tener el espacio de protección es porque se percibe esta área con mucha importancia, pero también porque tiene amenazas, no sólo proyectos inmobiliarios, sino de malos manejos y de falta de cumplimiento de la ley; ser ANP debe mejorar esas garantías de vigilar un recurso valioso, y puedo comprender que tengan temor, pero eso los va a beneficiar y los va a llevar a hacer las cosas bien".

GPE

viernes, 24 de marzo de 2017

Incendios forestales, ante el desafío del año más caliente



La Semadet alerta por las altas temperaturas, las secuelas de Patricia y los malos manejos de fuego en turismo y sector agropecuario.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El año 2017 pinta complicado climáticamente: se espera que una vez más, se rompa la marca histórica de calor, como ha sucedido a partir de 2014. Y en Jalisco, esa temperatura planetaria al alza, con las secuelas aún abiertas de los daños en selvas y bosques que produjo el huracán Patricia en 2015, y con problemas de control de actividades económicas o de recreación que propician el mal manejo del fuego, podría tener efectos desastrosos, reconoció la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Magdalena Ruiz Mejía.

“Si el sector agropecuario no cambia y ajusta estas prácticas inadecuadas de manejo de fuego, vamos a seguir con esta liberación de gases de efecto invernadero, a seguir deteriorando nuestros suelos, degradar nuestros bosques, y al abrir la frontera agropecuaria a costas de los espacios arbolados, también se generan desastres y riesgos, hay un efecto en cadena muy negativo”, dijo en entrevista con MILENIO JALISCO.

En el área de protección de flora y fauna Sierra de Quila, que abastece de agua a más de 200 mil personas de seis municipios, entre los que destacan Ameca, Tecolotlán y Cocula, la funcionaria acudió a la puesta formal en marcha de la campaña antiincendios, que contó con la presencia del gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, quien alertó sobre los efectos crecientes que presenta el cambio climático en Jalisco.

“En el año 2016, Jalisco registró uno de los años con mayor prolongación del periodo de estiaje, heladas atípicas, vientos con altas velocidades, condiciones que favorecen el desplazamiento explosivo del fuego en la vegetación forestal”, señala la publicación de la Semadet para los medios de comunicación. No es casualidad la estadística creciente desde 2014: se pasó de 442 eventos ese año, a 364 en 2015 y 991 en 2016; en superficie quemada el dato es más revelador: de 7,706 hectáreas de 2014, a 8,018.5 ha en 2015. 2016 multiplicó por más de 8 (es decir, arriba de 700 por ciento más) el dato: 68,264 ha, primer lugar nacional (ver edición del 9 de julio de 2016).

“Para este 2017 se pronostica humedad por debajo del promedio histórico, lo que implica un alto riesgo de incendios forestales. Hasta el 16 de marzo del presente año se han registrado 90 deflagraciones sobre 5,842 ha”. A la misma fecha, 2015 reportaba 74 incendios y 1,459.5 ha afectadas, y 2016, 164 eventos sobre 2,399 ha. La tendencia es superior a 100 por ciento para 2017.

El acto reunió a todo el sector ambiental federal y estatal, y a los municipios involucrados, en especial, Zapopan, que tiene una de las brigadas más modernas del país. La ausencia notable fue la del sector agropecuario, que encabezan la Secretaría de Agricultura y Ganadería (Sagarpa, federal) y la de Desarrollo Rural (estatal), no obstante que las actividades de ese sector pueden generan 45 por ciento de los daños por incendios. Tampoco estuvo el sector turismo, aunque paseantes son causantes de otro 45 por ciento.

Ruiz Mejía recordó que el fuego no se debe satanizar, sino manejar. Existe una norma oficial mexicana para quemas agropecuarias que poco se respeta (la NOM 015), y también una gran impunidad: si quemar un bosque no significa multas ni cárcel, no hay demasiados incentivos para evitarlo.

“Lo que haremos este año, y ya sentamos una mesa de trabajo donde están convocados la Seder y la Sagarpa, es evaluar lo que no funcione en el tema de comunicación en aplicación de esa norma y ver si estamos dando los incentivos correctos para que las actividades agropecuarias minimicen su impacto negativo con el fuego; también estamos sumando fuerzas para mantener lo que se llama la cadena de custodia respecto a la investigación y las evidencias de las causas de incendios, por eso están sumados los delegados de la Semarnat y de la Profepa, hay que fortalecer todo el tema de las denuncias, nos damos cuenta que debe estar con un alto nivel de coordinación institucional, al final el que fortalece esta cadena de custodia es el municipio, el que ratifica la denuncia del propietario
afectado”, agregó.



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ALGUNOS DATOS

Con un presupuesto de 35 millones de pesos que contrasta con el que se recibió en 2013, de apenas 8 millones de pesos, Jalisco pretende hacer frente a los desafíos de la temporada de sequías en bosques y selvas.

Desde noviembre de 2016 a febrero de 2017 se trabajó de manera coordinada con las áreas naturales protegidas en diferentes acciones de prevención: 344 kilómetros de brechas cortafuego y líneas negras; 170 kilómetros de brechas preexistentes con mantenimiento; 95 km de caminos forestales renovados; 20 hectáreas con quemas controladas; 166.5 kilómetros con mantenimiento de derecho de vía.

También: rehabilitación y construcción de diez helipistas; reuniones internas de coordinación, cursos básicos especializados y reuniones de coordinación con el comité Estatal de Manejo del Fuego.

El gobierno de Jalisco, la Conafor y los voluntarios suman 557 brigadistas y torreros forestales capacitados y equipados, distribuidos en 55 brigadas y 18 torres de detección de incendios.

GPE

4 ejidos ya impugnan consulta de ANP de Vallarta exitosamente



Colegiados corrigen una resolución y confirman otra; el gobierno del estado no ha ganado ninguna impugnación.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Sigue la batalla legal por la viabilidad del área de protección hidrológica Sierra de El Cuale, la región montañosa que rodea y provee servicios ambientales a Puerto Vallarta; el gobierno de Jalisco ha perdido hasta ahora todos los frentes de impugnación, contra los ejidos El Cuale y San Andrés, además de que en segunda instancia, se concedió suspensión de plano al ejido Emiliano Zapata de Cabo Corrientes.

De este modo, se han confirmado suspensiones de plano para los ejidos de El Cuale, San Andrés, Zapotán y Emiliano Zapata, lo que significa una merma territorial de unas 30 mil hectáreas, contra un polígono propuesto de 111 mil ha, aproximadamente.

Las novedades judiciales son la determinación del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que resolvió favorable al ejido Emiliano Zapata, de Cabo Corrientes, una queja contra el juez primero de distrito, que había negado la suspensión de plano al núcleo agrario. Por otro lado, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, resolvió contra el gobierno de Jalisco su queja 96/2017 contra la suspensión concedida al ejido San Andrés, de Talpa, en el amparo 791/2017-VII, por el juez séptimo de distrito. Esto significa que todos los frentes han sido victoriosos contra los ejidos rebeldes.

El primer caso es ilustrativo, porque los magistrados plantean dudas sobre la legitimidad del proceso de creación de ANP, aunque reconocen que eso es materia del fondo del juicio.

Es la queja 89/2017 del amparo 882/2017: "...es incuestionable que la declaratoria de dicha área protegida es susceptible de traer como consecuencia una restricción en el uso de las tierras ejidales que a través del amparo solicitado se pretenden defender, en tanto que en las mil quinientas tres punto cuarenta y cuatro hectáreas inmersas en aquélla, de decretarse como parte del área natural protegida, se podrán establecer restricciones de usos de suelo, lo que invariablemente implicará una afectación del disfrute de las mismas".

De ahí "que como los actos reclamados pueden tener como efecto la privación parcial del uso o disfrute de tierras que defiende el comisariado quejoso, se surte la hipótesis que prevé el artículo 126 de la Ley de Amparo para la procedencia de la suspensión de plano del acto reclamado, pues como ya se precisó, para aplicar o decretar dicha medida, basta que del escrito inicial de demanda, así como de las constancias existentes en autos, se desprenda el indicio de que el sujeto colectivo de derecho agrario se encuentra en tal hipótesis normativa para que el juez de constitucionalidad proceda a conceder la medida cautelar de que se trata".

Así, "al no haberlo estimado así, el resolutor [sic] federal incurre en una inexacta interpretación del artículo 126 de la Ley de Amparo, lo que motiva a declarar fundado el presente recurso de queja para el efecto de dejar insubsistente en el auto recurrido la orden de apertura del incidente de suspensión, así como para conceder la suspensión de oficio y de plano a los promoventes del comisariado ejidal quejoso, quienes acreditan su carácter...".

El efecto "de tal medida cautelar es para que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran y, por tanto, no se prive al ejido quejoso, en forma total o parcial, temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios sobre la superficie descrita en la demanda", concluyen.

De este modo, con cuatro ejidos en contra del proceso, la iniciativa de área natural protegida vive momentos dífíciles.

SRN

Cuando el agua ejerce su memoria desastrosa



Las nuevas ciudades perdidas tienen visos de legalidad, pero problemas serios por haber sido enclavadas sobre lechos de arroyos o de presas.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Aurelia está preocupada permanentemente por las pandillas, los robos, la venta de drogas, los cadáveres abandonados en las orillas, las muchachas que son acosadas en las calles de La Noria, en Tlajomulco de Zúñiga.

Pero cada mes de junio, también recuerda al pardo y hosco dios de los Cuatro Cuartetos de Eliott: el agua de lluvia alimenta la corriente de temporal sobre la que se asienta el sórdido caserío, y memoriosa de sus señoríos estacionales, se adueña de todo, mezclada con el drenaje maloliente; penetra en las casas y derrota los desniveles que pretenden burlarla; devora mobiliario, extiende pestilencia y enfermedad. En cuestión de horas arrasa con el patrimonio siempre rudimentario, más útil que valioso. "...siempre al acecho, a la espera, velando", recitaría con improbable pericia la nativa de Cuexcomatitlán, al pie de la laguna de Cajititlán, llegada con el sueño de propiedad y trabajo, mitología bicéfala que se da rudos golpes contra una modernidad averiada.

"Aquí era una tierra de cultivo, se supone que no se inundaba, y yo creo que dejaron al agua sin salida, por eso se la pasan haciendo canales todos los años; una vez se cayó una niña, hace como cuatro años, se electrocutó, andaba descalza, tragó y tragó agua y se quedó flotando, hasta que la sacaron con un palo, por suerte no se murió; pero al año siguiente una señora paso por ahí también y se electrocutó, traía sus chanclas, pero como hay muchas alcantarillas, se asomó porque su esposo no llegaba todavía y estaba preocupada, pero un cable con corriente la jaló, ella sí se murió, andaban por aquí unos tractores, fue algo horrible...".

La mujer de la tienda asiente con la cabeza mientras escucha el testimonio. Es la zona más baja de La Noria, con una terminal de autobuses polvorienta, un sol que cae sofocante, basura en cada esquina. "A veces con una sola lluvia tenemos; todo lo que lleva, y se hace una pestilencia, se va al hoyo, luego se seca, y es pura infección. Han venido dizque a arreglar, pero todo sigue igual".

A Aurelia y su marido Pedro, carpintero de profesión, les tocó perder hace apenas dos años, lo más valioso: el refrigerador. Les dieron un apoyo, pero debieron completar. "Siempre se mete, pero esa vez se metió más agua, atravesó todo esto –señala un bordo de cemento de unos 40 centímetros de alto-, y luego tuvimos que destapar porque no llegaban los bomberos, se atoraron unos tubos [...] ese día se reventó una presa, el agua luego luego se va, dura una o dos horas, pero con tanta agua nomás no se retiraba. Es que hay muchas anormalidades aquí, ojalá nos apoyaran porque esta para llorar, le dicen la tierra del olvido", protesta irónica.

Los fraccionamientos que se ubican sobre lechos de arroyos y ríos, que no respetan partes bajas de cuencas, y que incluso invaden vasos y bordos que usaba la agricultura hoy incosteable y borrada por los millones del boom inmobiliario de Tlajomulco.

Pero son apenas el último capítulo de un modelo de negocios de más de 60 años de data, que ha convertido al área metropolitana en una trampa mortal. Cada año, según cálculos del SIAPA –que sólo abastece a una parte de la mancha urbana- y de los propios ayuntamientos, las pérdidas que se acumulan rondan 100 millones de pesos en muebles y autos, mientras los muertos suelen rebasar diez, como la infeliz mujer de La Noria.

"Las inundaciones o anegamientos actualmente abarcan más superficie, se registran mayores calados (alturas) y velocidad. El aumento de la peligrosidad no solamente se relaciona con la intensidad y la recurrencia [patrón de precipitaciones] sino también con las alteraciones del ciclo del agua por la impermeabilización, las intervenciones y la construcción de infraestructura que pretende sustituir las funciones naturales", explican los investigadores de la UdeG, Luis Valdivia Ornelas y María del Rocío Castillo Aja (Los peligros naturales en Jalisco, estudio histórico de sus impactos territoriales, 2014).

De este modo, "la urbanización del agua [sic] altera las vías naturales del drenaje, contamina los recursos del agua e incrementa la erosión", agregan. Por ejemplo, en la zona de Atemajac-Tesistán, donde se ubica la ciudad consolidada que atiende el SIAPA, la red de colectores se estima que sólo conduce 30 por ciento del agua que llueve, y si a eso se agrega que la recarga al subsuelo es mínima, ello explica porque hay tanta agua en algunos momentos críticos sobre la superficie.

Los asentamientos del boom inmobiliario de Tlajomulco ilustran bien el problema: un par de bordos que formaba parte de la red hidrográfica, El Cuervo y Benito Villaseñor, están en franca desaparición, además de que los arroyos son borrados y se ubica vivienda en partes bajas. Esto explica las tribulaciones frecuentes en La Fortuna, Lomas del Sur y Eucalipto, vecinos de La Noria.

"Llevamos aquí cuatro años y en tres ocasiones se ha inundado; todas las veces se mete a la casa y nos echa a perder los muebles", dice una adolescente tras explicar que su madre Rosario Cienfuegos, no está. "...como que el agua acá hace su centro, pero viene de otros fraccionamientos; cuando fue el huracán Patricia fue más fuerte [...] le dieron una lavadora a mi mamá".

No se vive bien en estas ciudades perdidas, aunque más o menos legales, de la periferia urbana. El acoso de la delincuencia, las narcotienditas, el robo de luminarias, el vandalismo, obliga a vecinos a organizarse. Así hace en La Fortuna don Julio Cruz Gómez, orgulloso de su pequeño parque que riega con devoción en tiempos de sequía, y que tiene el acuerdo de todos sus aledaños. Impulsa el futbol en la colonia, y pide la presencia constante de patrullas, pero desde que Ismael del Toro dejó la alcaldía, se siente abandonado.

Será por eso que a últimas fechas tiran cadáveres en el canal de la orilla, "nomás nos están quemado", dice irritado ante la merma de reputación social este ex vecino de Polanco, en Guadalajara.

En La Noria, no la pasan mejor. Les piden poner denuncias, y no solamente no pasa nada, "sino que después sale por ahí el nombre de quien denunció, imagínese los riesgos que corremos", exclama la señora del tendejón pegado a la glorieta de los camiones, interesada en la pausada conversación de la inefable Aurelia de tez rolliza y ojos calmos.

Entre esas tribulaciones pasan sus vidas, y llegan a olvidar al dios pardo del agua mestiza de las lluvias y las cañerías, que acude a la cita cada verano, "fiel a sus estaciones y sus cóleras, / destructor que recuerda / Cuanto prefieren olvidar los humanos...". (Cuatro cuartetos, TS Elliot).

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Claves

Urbanización desastrosa

Siete datos que explican los problemas de inundación al sur del AMG

1 La cuenca de El Ahogado, de 510 kilómetros cuadrados de superficie, tiene ya urbanizados de forma definitiva 117 km2, pero existe el riesgo de que en pocos años, esa superficie crezca a más del doble, sobre 250 km2, según las autorizaciones que están vigentes en los cinco municipios que la conforman

2 Buena parte de ese desarrollo sería sobre una zona de alto riesgo sobre todo en el tema de inundaciones, lo que obliga a las autoridades a definir densidades adecuadas y obras de infraestructuras que prevengan daños patrimoniales y en vidas humanas que se han padecido en la historia reciente

 3La superficie que ocupa el uso habitacional existente en toda la cuenca es de 14.8 por ciento, pero el autorizado en los planes parciales le da la posibilidad de aumentar a poco más de 28 por ciento. Si se suman los desarrollos y reservas de industria y comercio, y todas las reservas de mediano plazo, el dato se acerca a 50 por ciento de la demarcación

4 La reserva verde existente hoy en toda la cuenca es 61.9 por ciento de la superficie, y se reducirá a 43.1 por ciento en el caso de que todo lo que está previsto en los planes parciales se ejecute

5 En 2005 había en la zona 798,619 habitantes, con un total de 172,680 viviendas; en 2010, se registraron 986 mil habitantes, aunque los pormenores del censo no han sido entregados por el Inegi. Es un crecimiento superior a 22 por ciento en cinco años, aunque varía considerablemente de municipio a municipio

6 La cuenca El Ahogado se ha dividido en trece subcuencas: que a su vez se dividen en diversas microcuencas. Las trece son: Arroyo de Enmedio, Las Juntas, El Maleno, El Cuervo, El Mulato, El Guayabo, La Teja, Arroyo Seco, La Rusia, El Cuervo de Abajo, y tres subcuencas de la presa El Ahogado: directa, propia y Salida de presas

7 Uno de los problemas más serios que debe afrontar el desarrollo urbano de la zona es que sus terrenos tienen pendientes casi nulas, en 60 por ciento de la superficie, lo que lleva a que el agua permanezca mucho tiempo estancada; en le caso de las pendientes altas (al norte y al oeste de la demarcación), el agua que allí cae baja rápidamente a la planicie y la satura durante periodos prolongados.

SRN


Semadet niega información del Verde, acusan



De hecho, el trabajo de la Unops obliga a la entrega parcial de información en dos ocasiones, de las cuales, sólo una se ha cumplido.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los colectivos que apoyan la preservación de los pueblos de la cañada del río Verde, denunciaron la opacidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), al negarse a proporcionar información parcial del trabajo que realiza la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) en esa cuenca alteña.

"El pasado 10 de febrero, la Semadet, en un acto contradictorio al derecho de acceso a la información pública, nos reservó por un año, 'la información que se está generando' respecto a los estudios pagados con recursos públicos, que realiza la UNOPS-PNUMA sobre el agua en la región de la Cuenca del Río Verde. Su fundamento es 'la preocupación' del mal uso, o la mala interpretación que se le pueda dar a la información con fines de terrorismo, rebeldía o atente contra la seguridad de personas, miembros de la UNOPS y del Estado, por tratarse de un estudio no concluido", señalaron en un comunicado emitido en el contexto del Día Mundial del Agua.

"En los alegatos, la Semadet argumenta de un 'Organismo Internacional' que validará el estudio, no es claro y no se menciona este organismo en el acta de reserva original. Nos preocupa que a unas semanas de finalizado el estudio no se esté trasparentando sus avances y sus resultados sea reservar y restringir por el periodo de un año", agregan.

De hecho, el trabajo de la Unops obliga a la entrega parcial de información en dos ocasiones, de las cuales, sólo una se ha cumplido. El próximo mes de abril se espera la entrega de información completa, con base en la cual, el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, se ha comprometido a emitir la postura formal de su gobierno en el tema.

MILENIO JALISCO consultó a la dependencia para que ejerciera su derecho de réplica en el asunto, pero no obtuvo respuesta.

SRN

jueves, 23 de marzo de 2017

Nueva suspensión impide las obras en Ángel Leaño



Suman ya dos suspensiones promovidas por la defensa legal del Comité Salvabosque, el cual denuncia los compromisos inmobiliarios del alcalde zapopano.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Una segunda suspensión judicial ha sido emitida sobre el proyecto de modernización de la avenida Ángel Leaño, en las inmediaciones del bosque El Nixticuil. Se trata del expediente 806/2017, en cuyo contexto, el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo determinó entregar una suspensión provisional, aunque enmarcada en la prevención de los daños al área natural protegida.

"Se concede la medida cautelar para el efecto de que, las autoridades responsables verifiquen que, de continuar el desarrollo de la obra en la multicitada área natural protegida, durante su ejecución, no se realice afectación alguna a la flora y la fauna que habita el lugar, debiendo evitar la tala de árboles y sustraer material geológico; asimismo, se deberán salvaguardar los recursos hidrológicos de la zona, lo que implica abstenerse del uso o explotación de aguas nacionales superficiales o del subsuelo, así como verter cualquier tipo de desecho a dichas cuencas, que se genere con motivo de la obra a desarrollar", señala la resolución, emitida el pasado viernes 17 de marzo.

Este amparo ha sido promovido también a instancias del Comité Salvabosque, que defiende desde 2008 al sitiado bosque del norte de la ciudad, en medio de numerosas proyecciones inmobiliarias que amenazan a largo plazo su conservación.

De este modo, sus efectos se unenn a los que determinó el juez octavo de distrito en Materia Administrativa y del trabajo, que otorgó la primera "suspensión provisional" que impide modificar la zona, de acuerdo al auto emitido el 15 de marzo en el marco del juicio de amparo 820/2017.

La defensa del Nixticuil prepara la eventual queja o recurso de revisión que pudiera interponer el Ayuntamiento de Zapoipan, promotor de la obra, en contra de los dos amparos, pero hasta ayer no se había hecho del conocimiento la interposición de alguna medida de impugnación.

De forma paralela, corren negociaciones entrer algunos grupos opositores al proyecto de cuatro carriles, y la autoridad municipal, pero no del Salvabosque, que mientras mantenga las suspensiones vigentes, mantendrá frenada cualquier posibilidad.

El Salvabosque denunció en la víspera esas negociaciones, un "acuerdo oculto para ampliación de avenida Ángel Leaño a tres carriles. Durante el fin de semana se nos informó sobre una reunión llevada a cabo el viernes diecisiete de marzo en el palacio municipal entre Pablo Lemus y Harold Dutton, en el que el alcalde de Zapopan le presentó un 'nuevo proyecto' [...] en el que se contempla la ampliación a tres carriles con empedrado en el tramo que atraviesa el área natural protegida del bosque El Nixticuil. [...] En la misma reunión, Lemus desestimó la suspensión que nos concedió el juez octavo de distrito, señalando que la 'tumbaría entre el martes y miércoles de esta semana".

Salvabosque aclara: "nuestra organización no respalda tampoco un proyecto de tres carriles, pues este contempla los mismos diecisiete metros de ancho que contemplaba el de cuatro carriles y restringe nuevamente el área de amortiguamiento entre la avenida y el bosque. La única opción viable ecológica y socialmente, es la rehabilitación de los dos carriles existentes. La tendencia mundial para la protección de reservas naturales está dirigida a acrecentar las franjas de amortiguamiento, para reducir los efectos de borde entre la urbanización y los ecosistemas, no a reducirlas como pretende el gobierno de Zapopan".

Finalmente: "repudiamos la postura autoritaria que mantiene el alcalde Pablo Lemus, en la que solo sirve a los intereses inmobiliarios. El gobierno de Lemus no está atendiendo el interés, las necesidades y voces de todos los sectores. El gobierno inmobiliario de Pablo Lemus está imponiendo la agenda de las constructoras como Tierra y Armonía y GIG que pertenecen a familiares y amigos de Enrique Alfaro".

SRN

Nace red en defensa de parques y espacios públicos



Lamentan “agresiones” de ayuntamientos metropolitanos y de SIAPA, con obras públicas, concesiones y proyectos inmobiliarios

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Una red incipiente en defensa de los parques, áreas verdes y el agua en el área metropolitana de Guadalajara, se pronunció contra las políticas “agresivas” de deforestación, contaminación, fragmentación, concesionamiento, pérdida y ventas disfrazadas del espacio público, promovidas por autoridades municipales y estatales, que tienen como consecuencia la reducción acelerada del patrimonio natural y público de la urbe.

Reunidos en un foro, en el contexto del Día Mundial del Agua y de los conflictos recientes por obras del SIAPA y de los ayuntamientos metropolitanos, en el Parque San Rafael –uno de los espacios que actualmente se disputan con el SIAPA y el ayuntamiento tapatío-, se analizaron los casos de Parque Arcos de Guadalupe, Parque Natural de Huentitán, Parque Liberación o Deán, Parque Metropolitano, Cerro del Gachupín, Cerro del Tesoro, Bosque la Primavera, Los Sabinos y el lago de Chapala, además de ser propio espacio del oriente de la ciudad.

“Queremos alertar sobre la deforestación, contaminación, fragmentación, concesionamiento, pérdida y ventas disfrazadas del espacio público consolidado en los parques y áreas verdes de la AMG por los Ayuntamientos metropolitanos y Autoridades Estatales en detrimento del goce y usufructo del derecho a la ciudad, a la salud, a un medio ambiente sano, al agua potable y al saneamiento. Los parques urbanos son bienes escasos y elementos fundamentales para reducir la vulnerabilidad de las poblaciones al cambio climático y a la resiliencia de las ciudades. Los parques, áreas verdes, cerros, bosques, barrancas, arroyos y lagos proveen de servicios ambientales a una población de cuatro millones 641,511 personas según datos del INEGI al 2013”, señala la declaratoria.

“Hoy en día, de manera totalmente irregular, los espacios públicos están perdiendo terrenos, ya sea porque utilizan parte de los mismos como equipamiento urbano para construir vasos reguladores (Parque San Rafael y el Deán), desarrollos urbanos (Arcos de Guadalupe, Huentitán, el Gachupín), vialidades internas para favorecer a desarrollos urbanos (Parque Metropolitano), macrolibramientos viales (la primavera, Los Sabinos) o acuarios como el parque Alcalde”.

Sin embargo, “de acuerdo al artículo 115 constitucional son considerados como servicios públicos y la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Jalisco no establece categorías apropiadas de protección, preservación y restauración ya que las figuras más cercanas a éstos son las establecidas en sus artículos 50 y 51 como parques ecológicos municipales y zonas de preservación ecológica de los centros de población. De igual manera, la evaluación de impacto ambiental es un instrumento que los municipios no tienen establecido como política ambiental preventiva a los impactos de obras y actividades que puedan ocasionar impactos negativos al ambiente”.

No obstante, “ la figura de espacio público y áreas verdes son reconstruidas en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para incorporar la planeación ambiental y sobre ésta la urbana, los principios a observar en la planeación urbana el derecho a la ciudad, de protección y progresividad del espacio público, el rescate, la creación y el mantenimiento de los espacios públicos que podrán ampliarse o mejorarse, pero nunca destruirse o verse disminuidos, la sustentabilidad ambiental, y accesibilidad universal entre otros”.

Por ello, “hacemos un enérgico llamado a las autoridades de los tres Poderes y Órdenes de Gobierno a adecuar las leyes estatales y reglamentos municipales a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que garantiza una nueva gestión de los espacios públicos y áreas verdes. Exigimos la incorporación efectiva de los vecinos y de sus asesores en el diseño, planeación e implementación de obras de desarrollo e infraestructura que impacten espacios públicos”, y “adecuar las categorías de protección que tiene la LEEPA, el Código Urbano porque hoy por hoy, no son suficientes para proteger los espacios públicos en el contexto de la nueva gestión del suelo incorporada en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a través de una consulta ciudadana eficaz e incluyente”.

También demandan “el alto a las agresiones a nuestra ciudad y suspensión de actividades en los parques San Rafael, el Liberación o Deán, el Metropolitano, entre otros”, lo que significa “el respeto absoluto e incondicional a las suspensiones otorgadas por las autoridades del Poder Judicial de Control de Constitucionalidad y de Derechos Humanos como en el caso del Parque San Rafael, el Parque Natural y Mirador de Huentitán, el cerro del Gachupín”.

De este modo, se formaliza “la Red Metropolitana en defensa de los Parques, Áreas Verdes, cerros, arroyos y lagos a efecto de constituir un observatorio ciudadano y metropolitano de vigilancia, manejo y custodia de todos y cada uno de nuestros espacios públicos. Cada espacio público deberá tener su Comité ciudadano que lo proteja”. El consejo técnico asesor de la red lo integrarán los expertos Margarita Anaya, Arturo Gleason, Maite Cortés, Jorge Gastón, Luz María Cueto, Raquel Gutiérrez, Mireya Acosta e Ivonne Álvarez.

MC

miércoles, 22 de marzo de 2017

Alcaldes aprovechan “crisis de agua” para favorecer a negocios inmobiliarios


Colectivos por Temaca le responden a Alfaro: hacer presas no es gestión integral del agua; también demandan transparencia a la Semadet

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Una presa es contradictoria con la gestión integral del agua, y una presa a 80 metros, como se encuentra ahora El Zapotillo, no garantiza la preservación de Temacapulín. Los colectivos que defienden los pueblos de la cañada del río Verde se pronunciaron hoy por la revisión del proyecto a solamente 64 metros de altura, y por revisar con las fuerzas políticas que se han decantado por apoyar, de forma atropellada, la causa que ellos sostienen, los términos de una gestión del recurso que sea realmente justa y respete a la naturaleza.

“Sobre el posicionamiento y propuestas de los alcaldes metropolitanos del Partido Movimiento Ciudadano […] queremos recordarles que la construcción de presas no es una alternativa dentro del modelo de GIA [gestión integral del agua]; demandar y traer el agua de cuencas lejanas sin antes considerar otras alternativas en la ciudad, tampoco es GIA; favorecer el desarrollo inmobiliario afectando las zonas recarga y lo acuíferos de la metrópoli no corresponde a un modelo de GIA, y argumentar una crisis del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara sin estudios a profundidad y un adecuado monitoreo sobre la disponibilidad de agua superficial y subterránea no es GIA”, advirtieron, en voz de la activista del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, María González Valencia.

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“La altura de la cortina para los pueblos significa todo: la vida o la desaparición de nuestra cultura, no es un absurdo debate. Nuestra lucha es por el agua, nuestra lucha es contra de la presa, contra el acueducto, por nuestros derechos. La altura de la cortina de la presa a 80 metros es incierta, en ningún estudio está comprobada la seguridad para Temacapulín. Al lado de expertos nacionales y holandeses (los más especializados en controlar inundaciones) hemos revisado los estudios disponibles y demandado se realicen todos los estudios necesarios y obras complementarias que garanticen la seguridad, la tranquilidad y la certeza de permanencia en nuestro territorio”,añadió el texto leído en la conferencia de prensa de esta mañana.

“Contamos con estudios sobre la altura de cortina óptima que exigimos como pueblos y que presentamos en 2011 a la Conagua y al Gobierno de Jalisco, esa es nuestra posición: una altura de cortina a 64 metros que garantice la vida y la permanencia de nuestro territorio. El agua continúa en Jalisco porque alzamos la voz, la presa está detenida por irregularidades y violación a nuestros derechos, la presa no está terminada”, añadieron.

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También reclamaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial su opacidad: “El pasado 10 de febrero, la Semadet, en un acto contradictorio al derecho de acceso a la información pública, nos reservó por un año, ‘la información que se está generando’ respecto a los estudios pagados con recursos públicos, que realiza la UNOPS-PNUMA sobre el agua en la región de la Cuenca del Río Verde. Su fundamento es “la preocupación” del mal uso, o la mala interpretación que se le pueda dar a la información con fines de terrorismo, rebeldía o atente contra la seguridad de personas, miembros de la UNOPS y del Estado, por tratarse de un estudio no concluido. En los alegatos la Semadet argumenta de un ‘organismo Internacional’ que validará el estudio, no es claro y no se menciona este organismo en el acta de reserva original. Nos preocupa que a unas semanas de finalizado el estudio no se esté trasparentando sus avances y sus resultados sea reservar y restringir por el periodo de un año”.

De este modo, “lamentablemente las autoridades de los tres niveles de gobierno en sus discursos hablan de la Gestión Integral del Agua solo como concepto vacío de contenidos, nos preguntamos si lo incorporan a sus discursos ¿porque está de moda?, o ¿lo copiaron de los movimientos sociales? No obstante, en los hechos las políticas hídricas siguen respondiendo al modelo orientado solo a la construcción de grandes obras de infraestructura, en la lógica de privatización y mercantilización del agua, favoreciendo en todo momento al capital privado en detrimento de los derechos de la gente”.

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Se trata de un documento emitido por el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el Colectivo de Abogados, Acción Colectiva, Plataforma Tómala Ciudad, Colectivo de Organizaciones Ciudadanas por el Agua (Coloca), Frente Amplio en Defensa del Agua y contra su Privatización, Coalición Mexicana de Organizaciones por el Derecho al Agua y Movimiento Mexicano de Afectado por las Presas y En Defensa de los Ríos.

“Jalisco sobresale a nivel nacional por sus conflictos socio ambientales relacionados con el agua. El río Santiago el más contaminado de México se encuentra ocasionando enfermedades en las personas y alteración de los ecosistemas; el lago de Chapala el más grande del país enfrenta sobreexplotación y altos niveles de contaminación; la mayoría de los ríos del estado se encuentran represados y contaminados afectado la especies que en ellos habitan, y los pocos ríos vivos, que aún fluyen libremente como el río Verde en los Altos de Jalisco son disputados para saciar la sed de las grandes ciudades que crecen de manera desordenada y desmedida en favor de grandes desarrollos inmobiliarios como el proyecto de Iconia para la construcción del recinto ferial (Fiestas de octubre), el Santa Anita Hills que atenta contra el bosque de la Primavera o el desarrollo Capital Norte que se expande a un lado del bosque Nixticuil”.

En el Área Metropolitana de Guadalajara, “el funcionamiento del sistema de abastecimiento y la falta de alcantarillado es precario en la mayoría de las colonias de la periferia que no cuentan con acceso al agua, lo que incrementa su marginación y pobreza como sucede en la colonia La Huizachera; el sistema de saneamiento del agua en la metrópoli y de regulación de las descargas de la industria a los cuerpos de agua es deficiente; la mayor parte de los acuíferos del (AMG) se encuentran sobreexplotados o dañados por obras como el paso a desnivel de Plan de San Luis, el estacionamiento de Mexicaltzingo, las obras de tren ligero, el próximo estacionamiento del Teatro Diana, provocando la búsqueda de fuentes de agua cada vez a mayor distancia, lo que ocasiona a su vez construcción de grandes obras de infraestructura, provocando conflictos sociales, despojo de los territorios y del agua de las poblaciones rurales para abastecer a las grandes ciudades, como el caso de la Presa El Zapotillo y su acueducto Zapotillo León”.

Los quejosos demandan: uno, “se abra un espacio de diálogo y trabajo con los Alcaldes Metropolitanos, Diputados Federales y Locales del Partido Movimiento Ciudadano para revisar y profundizar los argumentos aquí expuestos”; dos, “se publiquen los planes y programas de Gestión Integral del Agua de la Comisión Estatal del Agua (CEA) y de los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara”; tres, “se convoque a una reunión de la Junta de Coordinación Metropolitana con participación de especialistas y organizaciones ciudadanas para analizar los planes y programas metropolitanos de Gestión Integral del Agua”.

También, “En mayo de 2015 creamos la Comisión Especial de Gestión Integral del Agua en el Congreso del Estado de Jalisco, a la fecha no se nos ha convocado y desconocemos los avances en el plan de trabajo que diseñamos, por lo que exhortamos a la Comisión reactive de inmediato los trabajos con especialistas y las organizaciones en defensa del Agua”.

Los colectivos aplauden el pronunciamiento de la Universidad de Guadalajara, y exigen a la Conagua, al gobierno de Jalisco y la Semadet “trasparenten de inmediato los resultados del estudio de la UNOPS-PNUMA. Y se transparente la conformación del organismo internacional de seguimiento del estudio”.

Finalmente, una puntualización clara: “nuestra lucha es apartidista, nos deslindamos de cualquier mal uso que se le dé a esta información con fines de legitimarse”.

SRN

Observatorio pide reformas para obligar a gestión integral del agua



El organismo señala aspectos de la grave crisis del agua en la entidad e insiste en la necesidad de que no se exporte agua a León.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, demanda las reformas legales necesarias para que “la gestión del agua sea integral”, en vista de la crisis ambiental, social y económica que ha generado en el territorio estatal la pésima gestión del recurso en los últimos años.

Esto incluye “la cancelación inmediata del proyecto del trasvase (Acueducto) Los Altos-León”, y que “la cortina de la presa El Zapotillo se quede en la altura actual, ya que fue cosa juzgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un juicio de Controversia Constitucional. Y demandamos que se opere su capacidad evitando la inundación de las poblaciones mencionadas”.

En el marco del Día Mundial del Agua, “este Observatorio reitera la recomendación emitida en agosto de 2014 al Gobierno del Estado, en la persona del Titular del Ejecutivo, así como al Congreso del Estado de Jalisco para que hagan las gestiones necesarias ante las autoridades Federales correspondientes, para que no se realice el pretendido trasvase de agua entre cuencas por la alta fragilidad y vulnerabilidad hídrica de la región de Los Altos y por los daños irreversibles que se generarían.

Las 81 recomendaciones emitidas, que pueden consultarse en www.observatorioagua.org.mx, demuestran que “la problemática hídrica en Jalisco es grave y se sigue acrecentando”.

En un desplegado de prensa, el observatorio destaca que “no se ha construido una gobernanza estatal del agua, porque las instancias gubernamentales no han permitido espacios efectivos y eficientes de participación ciudadana. Reconocemos que, a pesar de la falta de respuesta por parte de las autoridades estatales respecto al tema en el Río Verde y su pretendido trasvase, desde hace unos meses ha habido distintas declaraciones de parte de algunos ayuntamientos y diputados locales, apoyando el cumplimiento por el OCGIAEJ”, pero lo cierto es que “en más de dos años - tras 38 sesiones ordinarias y 5 extraordinarias- se han emitido 81 recomendaciones y 6 pronunciamientos que aún no han sido atendidos”.

Los casos de intervención con recomendaciones son “bosque de la Primavera, Área Metropolitana de Guadalajara - Abastecimiento, Acuíferos y Calidad del agua- Chapala, la Presa de Hurtado o Valencia, Loma Larga II, Cuenca del Río Verde en Los Altos de Jalisco presa y acueducto con su pretendido trasvase Zapotillo-León, problemática que motiva la creación del Observatorio Zacoalco y Región Lagunas”, mientras están en proceso de emitir recomendaciones los casos de Cajititlán, cuenca del Río Santiago, Poncitlán, Cuenca del Río Ameca, Cuenca del Río Ayuquila, Cuenca del Río Tamazula, Cuenca del Río Zula.

“La política del agua en Jalisco, por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Comisión Estatal del Agua (CEA) es deficiente, tanto que ha generado conflictos sociales de envergadura regional, nacional e impacto internacional durante los últimos 14 años. Su ‘gestión’ se reduce a múltiples reuniones formales e informales solamente con algunos de los actores sociales interesados y afectados por la política hídrica, reuniones desarticuladas y carentes de un procedimiento de responsabilidad pública, que solo agravan la problemática”, añaden.

Esto deriva de que “no se cuenta con procesos deliberativos profesionales, con metodología, organizados, documentados, sistematizados y transparentes, sujetos al escrutinio y al compromiso público. Ninguna dependencia ha aceptado su responsabilidad en la gestión, tanto en la calidad como en la cantidad del agua, y es fecha aún que no se les han fincado responsabilidades como servidores públicos”.

Así, “no hay gestión democrática del agua en Jalisco y por lo tanto no hay gobernanza. No se siguen las metodologías y procesos comprometidos en los acuerdos internacionales.La brecha entre los expertos gubernamentales que gestionan el agua y los usuarios, la sociedad organizada, y la academia, interesados en participar en la toma de decisiones crece día con día. Los funcionarios gubernamentales no cumplen con la responsabilidad de atender la argumentación pública y su divulgación. Los proyectos hidráulicos no tienen la solidez necesaria, no son consultados ni explicados de manera accesible, se utiliza el lenguaje técnico como barrera al diálogo, no se atienden las dudas razonables de los sectores sociales y se descalifica la opinión social por no pertenecer al grupo de expertos del gobierno, afectando con ello sus derechos fundamentales”, advierte.

El observatorio destaca del conflicto del agua en Los Altos: “con base en la información publicada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en la Región de Los Altos, la gran mayoría de los 17 acuíferos se encuentra abatidos con un porcentaje mayor al 87 por ciento en sus volúmenes almacenados, por lo que ha declarado esta región en veda permanente. Las Fichas Técnicas Hidrológicas Municipales de la Región de Los Altos de Jalisco publicadas por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA Jalisco) señalan que solamente 4 de los 20 municipios, cuentan con disponibilidad limitada de agua”, y por si fuera poco, “la región de Los Altos es vulnerable a la sequía, lo que se agravará conforme avance el presente siglo, de acuerdo a las proyecciones de cambio climático, estudio ya realizado para esta región por la Universidad de Guadalajara”.

La imposición de un proyecto deriva en que “existen violaciones comprobadas a los Derechos Humanos contra los pobladores que serán afectados directos por las obras de construcción de la presa El Zapotillo (inundación de Acasico, Palmarejo y Temacapulín), así como a los productores agropecuarios, pues el trasvase los dejaría sin agua para producir alimentos”.

El trasvase “generaría un grave impacto hídrico, ambiental y social en la región, de acuerdo a los estudios analizados a la fecha así como a los históricos. Hay un incuestionable clamor social en los Altos de Jalisco, debido a la posible construcción del acueducto Los Altos-León, que demanda una urgente atención por parte del Gobierno de Jalisco y del H. Congreso de Jalisco, ya que el conflicto sigue escalando por la inacción de las dependencias responsables.

SRN

Juanacatlán, pasaje a un río moribundo



La contaminación por aguas negras y residuos industriales mató a toda una región hace casi 40 años; el gigantismo urbano no permite esperanzas en el corto plazo.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La nata espesa de un aire enrarecido, nebuloso, flota con pesadez sobre la atmósfera nocturna de El Salto y Juanacatlán, como conteniendo la respiración de un mundo transtornado entre los parpadeos de las luminarias artificiales de poblados y caminos y el sordo rumor de la caída de agua del río Santiago, que colecta miles de kilómetros de líneas de drenaje doméstico del sur de la ciudad y volúmenes tóxicos de esas fábricas cercanas que cambiaron la vida despreocupada de una comunidad, hace más de cuatro décadas.

Pablo García Aceves ha visto emerger esa presencia gaseosa, deriva de procesos de combustión de factorías de los giros más diversos, del manejo del tiradero de basura metropolitano, enclavado apenas un kilómetro de la cabecera municipal de El Salto, pero sin duda, también efecto de la brisa nocturna que se levanta ligera desde el río adulterado.

“Tipo tres de la mañana, cuando nos desvelábamos y nos veníamos caminando por la petroquímica, se veía una nube de contaminacion, casi a diario se pone, por el crucero de El Castillo, hacia El Salto […] y se forma una nata que no se mueve, entonces toda la noche estás respirando, mientras duermes respiras todo eso, te levantas oliendo a huevo podrido…”.

García Aceves, arquitecto de profesión, malogrado bañista y pescador, es testigo de 60 años de historia de un par de cabeceras enclavadas al final del valle de Toluquilla, que alguna vez fueron un sueño lejano y bucólico para una ciudad que se modernizaba. Hoy vive al lado de una cloaca.

Caracterización

El tema de la contaminación del agua y sus efectos sobre la población humana en la cuenca de El Ahogado y el río Santiago, se ha convertido en uno de los expedientes ambientales más famosos y preocupantes de América Latina. En medio del negacionismo cíclico de las autoridades sanitarias locales y federales, la documentación sobre lo que corre en la corriente fluvial, y lo que esto provoca en los habitantes expuestos de forma permanente, es cada vez mayor.

El más reciente de los documentos oficiales, el Programa de manejo integral de la cuenca Río Santiago-Guadalajara, elaborado por el Centro de Investigaciones de Geografía Ambiental de la UNAM por encargo del gobierno de Jalisco (Semadet), confirma ambos temas.
“Se incrementa el problema de contaminación que exhibe, conforme se incrementa la densidad poblacional y la presencia de industrias, lo cual indica que el tratamiento de agua está siendo insuficiente”, señala el documento, entregado en diciembre de 2016 a la autoridad. Señala tres fuentes de contaminación más importantes: el agua negra proveniente de las viviendas, que se produce por encima de la capacidad de manejo de la planta de tratamiento de El Ahogado; “los escurrimientos de las zonas agrícolas que acarrean excesos de fertilizantes nitrogenados y fosforados”, y “los desechos industriales particulares”.
El análisis parte del proceso de monitoreo que ha sostenido la Comisión Estatal del Agua (CEA) desde el año 2009, de forma ininterrumpida, en trece sitios distintos de la cuenca. Por un lado, ese monitoreo demuestra que se produce una carga orgánica tan grande, que incluso con el trabajo de la planta de El Ahogado (que trata alrededor de 2,300 litros por segundo) no puede ser degradado por el río.

“La calidad química del agua en el río Santiago es muy baja, siempre”, es decir, es un dato consistents desde 2009 hasta 2016.Los registros de los trece sitios de monitoreo de ese lapso suman 832 registros totales, que demuestran ese aserto.

En el tema de materia fecal, se rebasa el límite permitido en 722 ocasiones, pese a que de por sí, hay un límite “demasiado flexible”. Es decir: “en los parámetros de la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Ambiental de los Estados Unidos (EPA), los límites de coliformes totales en “número más probable” o NMP son : cero NMP para el agua de beber, y de 250 a 500 NMP para agua de primner contacto humano [nadar]”. Pero el gobierno mexicano permite mil NPM, y el río Santiago ni siquiera suele quedar en ese registro.

Fósforo total, alumninio, nitrógeno amoniacal, sulfuros, demanda química de oxígeno, oxígeno disuelto, mercurio, sustancias activas de azul de metileno, bario y sólidos suspendidos totales incumplen la laxa norma mexicana en más de 400 de los 832 registros.

El panorama desolador tiene una causa clara: la economía. La mayor parte de los componentes peligrosos derivan de más de 150 industrias enclavadas en el corredor industrial de El Salto, pero en realidad, toda la cuenca tributa descargas fabriles de 7,810 industrias del área metropolitana de Guadalajara y 1,472 industrias de la cuenca alta del Santiago y el Zula.

“Este número de empresas se insertan en nueve ramos y numerosos subramos: industria alimenticia, 675 empresas; industria de las bebidas, 1,549; industria de pieles, 657; industria textil, 1,398; industria de productos de celulosa e impresión, 1,663; industria química, 1,097; industria del vidrio, cemento y sus nsubproductos, 686; industria de materiales de la construcción, 1,546; e industria de minería, 11”.

Del total, 516 son grandes empresas, es decir, 5.6 por ciento del total; 443 están en el AMG. En ese sector, predominan la industria química, con 167 empresas; industria de bebidas, con 90; industria alimenticia con 88; celulosa y papel con 53; pieles con 50. “Es decir, se concentran en las principales consumidoras de agua y emisoras de contaminantes, algunos peligrosos para la vida en el caudal del río Santiago”, añade el documento.

Los daños en la salud ya habían sido abordados (2013) por un informe especial de Greenpeace, Un Salto de Vida y la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS):

“Encontramos que en el cuatrienio de 2007 a 2010, se presentó una mayor tasa de mortalidad debido a diarreas y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, enfermedad renal hipertensiva, estado asmático e insuficiencia renal no especificada en el municipio de Juanacatlán, mientras que en el municipio de El Salto se observa un incremento en las tasas de mortalidad a causa de enfermedad renal hipertensiva, insuficiencia renal crónica e insuficiencia renal no especificada” (ver http://www.greenpeace.org/mexico/global/mexico/report/2012/9/informe_toxicos_rio_santiago.pdf).

También “analizamos la mortandad por tumores y malformaciones congénitas en la población de niños menores a 15 años. Encontramos que tanto en El Salto como en Juanacatlán, las tasas de mortandad por tumores malignos del sistema digestivo y marginalmente la leucemia linfoide y cáncer de mama superaron la media estatal. En cuanto a las malformaciones congénitas, algunas de ellas no tienen registro dado que no son letales. Sin embargo, al comparar la suma total de mortandad por malformaciones, los datos muestran que las comunidades de El Salto, Juanacatlán y Ocotlán han presentado tasas mayores que la media estatal”.

Vida y muerte

“El río está agonizando. No tarda en morir”, señala Rubén Ruvalcaba Suárez.

“Nosotros íbamos y nos bañábamos, aprendimos a nadar, bebíamos agua de ahí, comíamos pescado; la fábrica [textil de El Salto] ponía llaves en todas las cuadras para que la gente de ahí se abasteciera, pero eso fue hace más de 50 años”, secunda Pablo García. Llegaban turistas extranjeros al ver el espectáculo del “Niágara mexicano”; los muchachos se tiraban clavados y les regalaban monedas, eran duchos. Y vivían en feliz despreocupación.

Toda la ribera estaba poblada de cultivos de hortalizas, de huertas de mango, guayaba, membrillo, perón, durazno, aguacate criollo. El río bullía de vida: bagres, lisa, tilapias, chacales (camarón de río), cangrejo. Incluso se asomaban las nutrias (perros de agua), el gato montés, y un poco más arriba, los venados.

“No había mucho trabajo en ese tiempo, no había muchas empresas y la gente se alimentaba del río, sacabas el pescado de Juanacatlán y lo vendías en el mercado de El Salto; los padres ganaban seis pesos a la semana, eran familias numerosas con cinco hasta 15 hijos, así que el rio fue fundamental para esa etapa de la vida […] luego se vinieron las fábricas del corredor; la primera fue la petroquímica, la Cipsa, luego textiles; llegaron y dieron empleo, pero contaminaron al río”, agrega.

Los jóvenes Rubén y Pablo se habían habituado, a partir de 1971, a que se soltara ocasionalmente un residuo tóxico, pero fue en 1978 cuando se dieron cuenta que ya no podrían nadar nunca más.

“Vimos a los bagres salir, y esos siempre están en el fondo, en las piedras […] fuimos listos, ya no comimos de ese pescado. Luego, como hubo empleo en las fábricas, nos fuimos a trabajar y ya no pasábamos al río. Nos acostumbramos a verlo contaminado”. Hoy sólo prosperan el resistente lirio, la gallareta un pájaro negro, y algunos patos despistados.

Así fue que se jodieron Juanacatlán y El Salto, piensa Pablo García, esas noches insomnes en que deambula bajo la nata de gases malignos, que invaden las casas, y pillan a los durmientes en insospechadas pesadillas.

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Claves

Algunos datos

El área metropolitana de Guadalajara se encuentra completa en la cuenca del río Santiago; pero mientras su cuenca central, Atemajac, vierte directo al río Santiago, la cuenca del sur, El Ahogado, llega a El Salto de Juanacatlán, sumada al dren principal que proviene de Chapala

La grave contaminación de El Ahogado es el expediente más vistoso de daño ambiental que tiene el país y ha sido observado por la ONU, que ha recomendado al gobierno federal atención prioritaria

Esa cuenca concentra 60 por ciento del crecimiento urbano de Guadalajara desde 1995


martes, 21 de marzo de 2017

Conflictos socioambientales y política incendian el AMG



Ocho casos enfrentan a grupos civiles entre sí, y con las autoridades municipales y estatales; en todos, es denominado la preocupación por el ambiente sano.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Mientras se exacerba la disputa interna en las comunidades enclavadas a lo largo del trazo de la avenida Ángel Leaño, se suceden reuniones internas en el Ayuntamiento de Zapopan, en busca de desatorar la obra con un proyecto que concilie las necesidades viales, actuales y futuras, con la conservación del bosque protegido del Nixticuil.

Pero como en el resto de la mancha urbana, los problemas que ilustran la creciente desconfianza entre gobernados y gobernantes que los primeros atribuyen a la falta de sensibilidad e información de los segundos, y los segundos, a "manipulaciones políticas", no cesan:

Los vecinos del parque San Rafael, que reclaman al Ayuntamiento de Guadalajara y al SIAPA la destrucción de árboles y los daños en una zona de manantiales, pretenden exigir al juez que se procese a los responsables de desacato de la suspensión emitida en el marco del juicio de amparo 613/2017, además de denunciar ante la Fiscalía General del estado "amenazas de muerte".

Un poco más al sur, los vecinos del parque de El Deán o Liberación, mantienen su irritada protesta contra lo que consideran un "ecocidio" –por la muerte masiva de árboles y por el arribo ineludible de más aguas negras que traerá la ampliación del vaso-; incluso se ha puesto en marcha una petición en la red change.org para que se sumen personas de todas partes a detener el "ecodidio" (ver https://www.change.org/p/gobierno-de-guadalajara-ecocio-en-el-parque-liberaci%C3%B3n). El asesor de los quejosos, Arturo Gleason, entregó el trabajo completo realizado con maestros y alumnos del CUAAAD (Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño) de la UdeG, en el que se prioriza el control de aguas en toda la cuenca antes de cambiar el estado del parque y sobre todo, eliminar árboles, en espera de que se reconsidere. No obstante, no han parado las máquinas en este espacio.



En la zona norte de Guadalajara, el movimiento Huentitán Vive, férreo opositor a los proyectos de Iconia, del recinto ferial (para Fiestas de Octubre) y del museo de las artes en terrenos públicos, presentará hoy herramientas de participación ciudadana para que la autoridad no imponga proyectos, informe abiertamente y permita que los ciudadanos decidan. Los vecinos mantienen congeladas estas iniciativas del gobierno municipal y del estado por medio de suspensiones emanadas de tres juicios de amparo.

Otros conflictos entre grupos ciudadanos y autoridades: al este, el cerro de la Reina, en Tonalá, donde no termina de ser cancelado el proyecto Yolkan, visto como una "privatización de facto" de un área verde primordial en uno de los puntos más depauperados de la metrópolis; Santa Anita Hills, al sur, un controversial desarrollo inmobiliario a la puerta del bosque La Primavera, pero sobre encinares no integrados en 1980 al polígono protegido, que ha generado una movilización ciudadana a la que se sumó el ayuntamiento de Tlajomulco, y una demanda de expediente de hechos en curso ante la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, por los presuntos incumplimientos del gobierno mexicano en la protección de los ecosistemas.

Es así como Guadalajara recibió ayer La Primavera: en medio de incendios que hasta ahora son sociales, y quedarán irremediablemente embarrados en la disputa por el poder, que aunque derivará de un proceso electoral en 2018, ya presenta sus primeras escaramuzas.

Nixticuil

Mientras el Comité Salvabosque y el dirigente del Comité de Planeación (Coplademun) de El Tigre II, Anselmo Cruz, se enzarzaron ayer entre acusaciones y reproches mutuos por el papel en la promoción del segundo, o la paralización por los amparos de los primeros, del proyecto de modernización de la avenida Ángel Leaño, trascendieron reuniones encabezadas por las autoridades zapopanas para salvar el proyecto, urgido formalmente como derecho a la movilidad de 14 colonias, pero a largo plazo, una infraestructura clave para garantizar una vía de salida alterna para los desarrollos denominados Capital Norte, que se expanden actualmente al otro lado del bosque del Nixticuil.

"Parece que se propondrá reducir en los 800 metros frente al bosque, a tres carriles, la ampliación o el ensanchamiento de la avenida, y antes y después, que sea a cuatro carriles, como estaba programado, y lo quieren anunciar este martes", comentó un colono de El Tigre II.

No obstante, dependerá de la interpretación del juez, o del Colegiado correspondiente, a la queja o la revisión que interponga el ayuntamiento contra la suspensión concedida al Comité Salvabosque, en el marco del juicio de amparo 820/2017, que con un nuevo plan se pueda avanzar.

Es decir, si se determina que esa suspensión no se circunscribe solamente al polígono del área protegida del Nixticuil (como Zapopan ha argumentado), sino que abarca toda la zona por el efecto de borde de la infraestructura, y sobre todo, porque se invoca un "derecho al medio ambiente" de toda la comunidad (artículo 4 constitucional), será la parte quejosa la única que pueda cambiar las cosas –mediante un improbable desistimiento- mientras se lleve a cabo el juicio.

El Salvabosque emitió un comunicado en el que señaló a Anselmo Cruz Burgos como "personero" del gobierno de Pablo Lemus y " vocero autonombrado" de los promotores de la obra; "ha actuado como provocador del gobierno de Pablo Lemus, malinformando de los supuestos beneficios que la ampliación de la avenida Ángel Leaño, difamando a nuestra organización, amenazando a otros vecinos, acarreando personas y generando espacios de confrontación en nuestras colonias. Esta actitud se ha repetido de manera sistémica durante los últimos meses, usando a los medios de comunicación para difundir una serie de mentiras y promover la obra ecocida de la ampliación de la avenida Ángel Leaño".

Por ejemplo, " ha señalado una y otra vez que la obra tiene que construirse porque la recomendación 05/2014 de la CEDHJ lo dicta, lo cual es totalmente falso. Al igual que la recomendación 28/2010, ésta pide que se analice junto los vecinos la viabilidad de la obra [...] en ningún punto de ambas recomendaciones se hace referencia o se recomienda ampliar la avenida Ángel Leaño a cuatro carriles, mucho menos se habla de una ampliación con concreto, como de manera paralela Cruz Burgos y Lemus Navarro han difundido en medios de comunicación".

También lo señalan de contruir una vivienda con alberca dentro del bosque, "en el que depositó escombro, modificó la topografía y removió vegetación nativa, forma parte de una zona núcleo, subzona de uso restringido del área natural protegida [...] por lo que el señor cometió delitos ambientales de carácter penal, pues se trata de un cambio de uso de suelo dentro de un área natural protegida [...] estos hechos conducen a preguntarnos si el terreno en el que Cruz Burgos construye una vivienda con alberca en plena área natural protegida se trata de una dádiva del gobierno de Pablo Lemus para premiarle su trabajo en la promoción y defensa de la ampliación de la avenida Ángel Leaño. Esto quedará claro dependiendo del actuar del gobierno de Zapopan en las próximas horas, ya sea persiguiendo o encubriendo este delito grave que ha cometido el señor Cruz Burgos contra el patrimonio natural de la ciudad".

Cruz Burgos respondió: "...queda de manifiesto que sólo ellos están autorizados a mentir: se les olvida que existe un plano lotificado donde ese lote pertenece a una manzana, de las cuales conforman la colonia, que vendió Pasto Compañía Inmobiliaria [sic], los mismos que le vendieron a los vecinos de Salvabosque. Pero aún documentándolo, lo van a negar. Lo más importante es que no está en área natural protegida. Al menos que pretendan que los dueños de esos lotes pierdan su patrimonio. Existen testigos vivientes que saben que donde están edificadas las casas de los que hoy se desgarran las vestiduras defendiendo el bosque. Derribaron varios robles. Lo triste de la historia, es que con la bandera de la ecología todos creen sus mentiras". Más información de este debate en http://www.milenio.com/jalisco/.



San Rafael, en desacato

El Instituto de Derecho Ambiental documenta desacato del gobierno municipal de Guadalajara y del SIAPA contra la suspensión 613/2017 concedida a los vecinos del parque San Rafael, señaló la presidente del organismo, Raquel Gutiérrez Nájera.

"El presidente Alfaro públicamente tuvo la copia y dijo que era ridícula; él sabía que hay una suspensión para no escarbar, no mover arboles, y no afectar el acuíferos, y no obstante eso se metieron en la madrugada; si fuera en orden y transparente, por qué no lo hacen cuando la gente está; eso da idea del desprecio al marco jurídico, al estado de derecho, que es a lo único que nos podemos atener los ciudadanos".

En entrevista con MILENIO JALISCO, señaló que tanto del SIAPA como del ayuntamiento "ha habido presiones muy fuertes de los dirigentes, y amenazas de desaparición; la gente estaba muy angustiada, y dijimos, pues hay que meter eso, en ausencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la fiscalía especializada en derechos humanos, porque aquí puede haber hasta un delito ambiental, porque es evidente que ellos no tiene los proyectos ejecutivos vigentes, ni la evaluación de impacto ambiental, y esta obra, por el alcance que tiene ameritaba una evaluación de la Semadet [...] esta es una obra metropolitana, es un programa metropolitano, es obvio que están dañando los acuíferos, y eso obliga a que la autoridad federal intervenga", agregó.

SRN


lunes, 20 de marzo de 2017

Grupos políticos de Jalisco deben definirse sobre el trasvase a León



Espaldarazo de alcaldes de PMC y del Grupo UdeG sólo dejan como dificultad la relación con el gobierno estatal, señala el coordinador del observatorio

Agustín del Castillo /  Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Observatorio Ciudadano para La Gestión Integral del Agua en Jalisco considera que es tiempo de definiciones entre los grupos políticos de la entidad en torno al conflicto del trasvase de agua del río Verde a León. Y encuentra que tanto la Universidad de Guadalajara como los presidentes municipales emanados del Partido Movimiento Ciudadano (PMC) han manifestado públicamente posturas favorables a la conservación del recurso en Jalisco, lo que forma parte de la lucha de ese organismo conformado por el gobierno de Jalisco, con el que mantiene una relación contradictoria.

Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, coordinador del observatorio, destaca la importancia del compromiso público asumido por el grupo político que encabeza Enrique Alfaro Ramírez, y sostiene que para ellos, la conservación de los pueblos amenazados con inundación por la presa El Zapotillo es tan importante como salvar los derechos ambientales de una cuenca como la que atraviesa la mayor parte de Los Altos de Jalisco.

“Sencillamente, es una oportunidad que está tomando un grupo político, para validar de alguna manera al observatorio; esa declaración de que harán cumplir de alguna manera las recomendaciones definitivamente favorece el trabajo;  nosotros hemos insistido y se puntualizará siempre, es que no somos  un órgano partidista, no estaremos ni casados ni peleados con nadie, y definitivamente como autoridades municipales que lo hagan, es bueno, porque es lamentable que siendo el Ejecutivo el que crea este observatorio, haya hecho oídos sordos a nuestro trabajo”, pone en relieve en entrevista con MILENIO JALISCO.

- Habrá que suponer que los alcaldes no sólo quieren agua para Guadalajara, sino el compromiso de manejarla bien el recurso y no nomás traerlo de fuera para la expansión inmobiliaria…

- Definitivamente, y eso abarca lo que ya pusimos en el tercer bloque de recomendaciones, el tema del área metropolitana: la protección de las áreas de recarga de los acuíferos, los estudios para contabilizar el agua que se está extrayendo, conocer verdaderamente el agua subterránea y comenzar a entrar al cuidado del ciclo hidrológico; lo obvio es que eso nos tiene que llevar a voltear hacia el crecimiento desordenado, que se ha seguido teniendo, y ver qué se está planeando para el futuro, en el propio Imeplan [Instituto de Planeación Metropolitana]; es necesario caminar a una gestión integral , no a capricho de grupos especiales;  algo que beneficie a todos y genere equidad, con un peso de gobernanza importante

- Porque una ciudad tan mal gestionada necesitará más y más agua de afuera, y no hay cuenca que ajuste para eso…

- Así es, se tiene de alguna forma gradual llegar a la reutilización de volúmenes, la infiltración, ver los manejos para resolver las inundaciones y que esa agua se vaya al subsuelo […]  hay que trabajar y rescatar las cuencas, cuidarlas, que verdaderamente sea integral.

Márquez Gutiérrez considera esencial recordar que Temacapulín es parte de la agenda prioritaria del observatorio, es decir, que ese poblado no sea inundado bajo ninguna circunstancia. Estima que si se evita el trasvase, están dadas las condiciones para ello.

“Es muy importante, no se le puede poner un valor monetario a toda una cultura y una forma de vida; cancelando el  trasvase, la presa basta con llenarla a unos 60 metros, y eso en definitiva salva a Temacapulín; hay que ver las adecuaciones técnicas de la obra, que ya está terminada, pero el eje es evitar el trasvase a León”, puntualiza.

MC

Anselmo Cruz niega acusaciones del Salvabosque del Nixticuil



El dirigente de Coplademun en El Tigre II, y vocero de 14 colonias de la zona, niega que tenga beneficios del alcalde de Zapopan y señala ser objeto de “calumnias”.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

El dirigente del comité de El Tigre II del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun), Anselmo Cruz, respondió a los señalamientos que le hizo el Comité Salvabosque del Nixticuil, quien lo señala de ser “personero” de los intereses del presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, para sacar adelante la obra de modernización de avenida Ángel Leaño a cuatro carriles, para favorecer a los desarrollos inmobiliarios de Capital Norte, al otro lado del bosque El Nixticuil.

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Primero, el señalamiento personal: “en cuanto a la difamación de que un terreno me lo dio el presidente Lemus, queda de manifiesto que sólo ellos están autorizados a mentir: se les olvida que existe un plano lotificado donde ese lote pertenece a una manzana, de las cuales conforman la colonia, que vendió Pasto Compañía Inmobiliaria [sic], los mismos que le vendieron a los vecinos de Salvabosque. Pero aún documentándolo, lo van a negar. Lo más importante es que no está en área natural protegida. Al menos que pretendan que los dueños de esos lotes pierdan su patrimonio. Existen testigos vivientes que saben que donde están edificadas las casas de los que hoy se desgarran las vestiduras defendiendo el bosque. Derribaron varios robles. Lo triste de la historia, es que con la bandera de la ecología todos creen sus mentiras”, aseguró en un escrito entregado por vía electrónica a MILENIO JALISCO.

En cuanto “a que he amenazado a otros vecinos, es otra más de sus mentiras; jamás he amenazado a nadie, y solo se curan en salud diciendo que acarreo gente. Este 27 del mes en curso [marzo], les vamos a comprobar quiénes acarrean gente, con credencial en mano; vamos a reunirnos en avenida Ángel Leaño para demostrar que el Comité Salvabosque sólo reúne a quince personas de las cuales, cuando mucho diez personas son de la zona; los demás, ya lo dijeron ellos mismos son de colonias que nada tienen que ver y mucho menos saben de nuestros problemas”.

Añadió: “quiero decir que como vocero de las más de catorce colonias aledañas a la zona en conflicto, seguiremos defendiendo la postura, de que esta vía tan importante se rehabilite; no es mi proyecto de que sea a cuatro carriles, esta vialidad está planeada así desde hace más de 40 años, y por tal motivo y por estudios realizados por las autoridades, es que se llegó a la conclusión de que debe ser así. Porque actualmente, en un cálculo conservador somos más de 40 mil habitantes según censo de 2010. De ahí la conclusión de que debe ser de cuatro carriles, además de que en esta vialidad [actualmente] no hay banquetas. Está totalmente devastada”.

Dejó a salvo su derecho de hacer las reclamaciones judiciales por lo que consideró una calumnia del grupo civil. “Quiero manifestar que todas las mentiras vertidas por este grupo serán desmentidas, en su momento ante las autoridades competentes y ojala que se castigue a quienes toda su vida se han dedicado a mentir y a difamar, y luego pretenden hacerse los mártires”, puntualizó.

Insistió en que “no se tocará un solo centímetro de perímetro del bosque, además de las obras que se realizarán para mitigar el impacto que se pueda causar, como son los 10 pozos de absorción, más los 6 pasos para la fauna por debajo de la vialidad”.

GPE