martes, 31 de enero de 2017

Tuapurie exige no parar restauración del camino-jardín



La comunidad recibió este fin de semana a una delegación de la SIOP; convinieron en la importancia del proyecto de "camino-jardín" para reparar el daño ocasionado entre 2007 y 2008

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Nueve años después de los sucesos que detuvieron en Tuapurie (Santa Catarina Cuexcomatitlán) los trabajos de construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla –entre acusaciones de abuso de autoridad, falsificación de documentos comunales y daño ambiental ocasionado por el gobierno del estado -, las autoridades comunales de ese núcleo huichol de la Sierra Madre Occidental, piden a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, no detener ya la restauración del camino-jardín emanado de la sentencia judicial que quedó firme e inatacable en mayo de 2014.

Esta manifestación fue hecha el pasado sábado 28 de enero, en el contexto de la ceremonia de la llegada de los peregrinos a Wirikuta al Paso del Oso, el sitio sagrado cuya destrucción más irritó a los comuneros en esos años de pésima relación con el gobierno que encabezada Emilio González Márquez. Los wixaritari recibieron como invitados especiales a un grupo de funcionarios de la SIOP, dependencia que aunque no tiene que ver con el desastre, sí recibe por herencia institucional la obligación de repararlo.

"Tenemos toda la voluntad de seguir adelante, contamos con 10 millones de pesos más que servirán para licitar y adjudicar otros dos kilómetros, y contamos con que el primer tramo nos lo entregan terminado a más tardar en abril; queremos que no se detengan ya los trabajos, pero hemos sido claros respecto a nuestra dependencia del tema presupuestal, las gestiones continúan y no las dejaremos, esperando que se logren", dijo la directora del jurídico de la SIOP, Julieta Parra García, quien encabezaba la misión gubernamental.

El ex presidente del comisariado de bienes comunales –se acaban de renovar los cargos de autoridades agrarias internas – Minjarez Valdez Bautista, destacó: "Partimos del cumplimiento de la ejecutoria que emite el juez a favor de la comunidad, y ha sido un trabajo tedioso hacerlo cumplir; la propuesta al gobierno del estado fue aceptada, este nuevo modelo de cómo quiere realmente la comunidad que se reparen los daños, basadas en usos y costumbres, en nuestras experiencias, en nuestras deidades [...] se empezó con la restauración en el Paso del Oso, ya se hizo el puente, se rescataron los monolitos, se hicieron los altares; desde luego no está como era originalmente, pero ya las gentes usan esas rutas históricas de peregrinación, es el lugar más importante desde Teacata [el centro del mundo en la cosmogonía wixárika] a Real de Catorce [Wirikuta, el extremo oriental, donde empezó la creación]; pasaron los peregrinos de Las Lajas, utilizando este acceso ya reparado, y ha habido un entendimiento", subrayó.

Con la SIOP, añadió, "se han tratado algunas cuestiones administrativas, como les llaman ellos; nosotros seguimos con esa firmeza de que se cumpla con hechos, ya está firmado, ya está esto integrado a la sentencia del juez, y estamos en que se cumpla a la letra".

El ex presidente, a quien le ha tocado negociar en sus tres años de gestión los detalles del acuerdo, dijo que el gobierno de Jalisco se demoró. "Hay como mucha pérdida de tiempo; anuncian una fecha y no se lleva a cabo nada, eso nos ha causado desconfianza, porque en un momento dado puede que se detenga; a nivel nacional se dice que no hay recursos presupuestales, eso lo entendemos como un pretexto o como lo quieran llamar [...] debemos recordarles que esta es una sentencia; el gobierno está obligado a gestionar y a tocar puertas para cumplir, porque nosotros no nos cansaremos, no nos vamos a bajar del lugar, de nuestra postura de pedir que se reparen todos los daños, tal como lo emite la ejecución".

Por su parte, José García López, presidente del consejo de vigilancia de Tuapurie, apuntó: "le hicimos una invitación a la SIOP, mediante un acuerdo de la asamblea, para que tomen en cuenta que los peregrinos pasan año con año por ahí, y también acordamos que el trabajo, lo que falta por hacer, se cumpla; así quedó el acuerdo, así que nosotros como comunidad y como autoridades esperamos que ese compromiso se cumpla".

- ¿Hay algún plazo para cumplir con ese acuerdo?
- Bueno, la obra que se inició en dos kilómetros se va a terminar en unos meses; cuando se termine veremos que siga, estamos exigiendo porque el gobierno tiene la obligación de cumplir [...] como autoridades tenemos una presión de los comuneros para que ya se haga, porque ya está acordado, se han hecho varias reuniones con la secretaría, en algunas cosas ha cumplido, pero en la mayor parte no ha cumplido, a decir verdad.

El dirigente destacó que una obra en el estado en que se encuentra el camino, perjudica a los comuneros porque hay erosión, se dañaron corrientes de agua, se destruyó flora y fauna y se obstruye el paso fluido de los vecinos y el comercio.

La funcionaria de la SIOP reconoció que el mensaje que dejaron en el contexto de la ceremonia de los peregrinos, será entregado a la asamblea comunitaria, que es la máxima autoridad en Tuapurie y en todos los núcleos aborígenes de la región. También existe la vigilancia obligatoria del juzgado de que la sentencia emitida el 31 de enero de 2012, que fue combatida por el gobierno estatal con un recurso de revisión, pero confirmada el 14 de mayo de 2014 por el Cuarto Tribunal Colegiado de Distrito en materia Administrativa, que dejó la sentencia firme: esta obliga a reparar el daño a la hoy SIOP del estado.



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Claves

Obligaciones

La sentencia judicial (amparo 596/2008, expediente de queja 165/2013) establñece seis aspectos capitales de reparación:

1 "Se concedió el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que la autoridad responsable Sedeur del estado de Jalisco deje insubsistente todos los actos inherentes a la ejecución del proyecto carretero Bolaños –Huejuquilla El Alto, específicamente del kilómetro 70 más 400 [metros] al 89 más 580, que afecten la propiedad de la parte quejosa, aclarando que se entenderá como debidamente cumplida la ejecutoria del presente juicio de amparo, hasta que la autoridad responsable deje las cosas en el estado que guardaban antes de la violación decretada"

2 Se debe "restablecer las condiciones originales de la superficie afectada que se sitúa en el tramo carretero [...] es decir, efectuar las acciones conducentes a fin de que sea repuesto el cauce del camino original, tomando como referencia el plano realizado por la perito oficial [...] en el entendido de que las condiciones originales del camino eran de 'camino de terracería' que contaba con un ancho de corona promedio de siete metros..."

3 Además, "realizar labores de reforestación en una zona de 31.9 hectáreas, utilizando la vegetación prevalecienciente en la zona, la cual quedó descrita de manera pormenorizada en los dictámenes..."

4 También "realizar la infraestructura necesaria para conducir y encauzar de manera adecuada los escurrimientos [de agua] que intersectan con el camino trazado" (para lo cual señala las coordenadas geográficas)

5 "Realizar las acciones de búsqueda y localización de los monolitos [piedras] que se situaban en El Paso del Oso, a fin de que se puedan recuperar las condiciones en que se encontraba ese sitio sagrado, tan importante culturalmente para la comunidad wixárika"

6 En el caso de actos que causaron daños irreparables a la comunidad, se ´plantea "cumplimiento sustituto": la extracción de material pétreo por 195,022 metros cúbicos; la extracción de 1,338 metros cúbicos de madera de pino y 534 m3 de Quercus (encino); la erosión del suelo por el desvío de cauces, por cinco millones 800,288 toneladas entre 2008 y 2012


Juez amenaza con destituir a funcionario de Conagua



El titular del organismo de cuenca se ha negado por dos años a ejecutar un amparo favorable a dos habitantes de Temaca y Acasico; la Ley de Amparo prevé separarlo y responsabilizarlo.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La dirección del organismo de cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), corre el riesgo de ser descabezada en los próximos días, pues se ha negado por más de dos años a ejecutar la sentencia del juicio de amparo 2245/2008, que concedió el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el marco del conflicto por la presa El Zapotillo a favor de dos moradores de la zona, y eso es causal de remoción de cargo y de denuncia penal, advirtió un oficio emitido el pasado 20 de enero por ese mismo tribunal.

"Se le otorga por última vez una prórroga de diez días, con fundamento en los artículos 192, 194, 195 y tercero transitorio, de la Ley de Amparo vigente, al director general del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua; y una vez transcurrido dicho plazo dentro de los tres días siguientes a estos, dé cumplimiento a la resolución de mérito, esto es, ciñéndose a los efectos de la sentencia de amparo deberá informar a este juzgado de Distrito si ya les concedió a los quejosos la garantía de audiencia permitiéndoles ejercer la defensa de sus derechos de propiedad y posesión respecto de los inmuebles defendidos en la presente instancia constitucional", señala la síntesis del resolutivo, publicada en la página del Poder Judicial de la Federación (http://www.dgepj.cjf.gob.mx/), mismo que fue notificado apenas el pasado 23 de enero.

Esto se deberá demostrar "mediante el ofrecimiento de pruebas y alegatos, dentro del procedimiento administrativo que resuelva si con el proyecto El Zapotillo se afecta o no, los bienes inmuebles de propiedad o en su posesión de los quejosos que han sido materia del presente juicio, así como de su resolución, remitiendo constancia fehaciente de ello, bajo apercibimiento", añade el documento.

De este modo, el titular del organismo, Jorge Malagón Díaz, deberá acreditar el cumplimiento o exponerse a lo que señala la Ley de Amparo, para proteger los derechos de María Consuelo Carbajal Espinoza de Temacapulín y Luis Villegas Ruiz de Acasico (cuyo expediente, el 2262/2008, fue acumulado al primero).

El 30 de mayo de 2014, el juzgado mencionado concedió el amparo y protección de la justicia federal, "en caso de llegar a determinar que procede privar a los quejosos de sus propiedades y posesiones, emitan una resolución en la que se funde y motive de manera reforzada, por implicar afectación a derechos fundamentales como vivienda y medio ambiente acorde a los principios de admisibilidad, necesidad y proporcionalidad". Los recursos de revisión presentados, fueron resueltos en el sentido de confirmar la Sentencia de Amparo, señala el representante de los quejosos, Guadalupe Espinoza, del Colectivo de Abogados.

Desde el 12 de diciembre de 2015, la autoridad responsable, había venido informando al Juzgado de Distrito "que se encontraba tramitando expediente de expropiación, nuevamente sin respetar garantía de audiencia de los quejosos. Ante las constantes peticiones de cumplimiento, tanto del Juzgado, como de parte de los quejosos, la autoridad responsable ha cambiado de información y ahora dice no van a expropiar, debido a que la presa se encuentra suspendida y por lo tanto no hay afectación de derechos y se debería de tener a la autoridad cumpliendo la sentencia".

Pero el juzgado no lo ve de ese modo. Por ello, el pasado 11 de enero de 2017, pidió: "...previo a hacer efectivos los apercibimientos decretados en el citado proveído y con el ánimo de continuar procurando el cumplimiento a la ejecutoria de amparo", que el director general del organismo de Conagua "dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la resolución de mérito, remitiendo constancia fehaciente de ello, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa".

Tras ese incumplimiento, se dio el nuevo, y aparentemente último requerimiento, el 20 de enero (arriba descrito). ¿Cuáles son las consecuencias de que pueda volver a acreditarse omisión? El artículo 192 de la Ley de Amparo lo dice claramente. Ese funcionario responsable pasará de multa a responsabilidad penal, y ello significa la remoción.

"Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación [...]".

AC / Guadalajara

Legisladora alerta por posible violencia en la frontera de Jalisco y Nayarit

presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del  Congreso de Jalisco, señala que ni los gobiernos estatales ni la Sedatu han sido responsables en el tema de las restituciones de Huajimic

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La decisión de las autoridades huicholas de San Sebastián Teponahuaxtlán de establecer un sistema de autodefensas para protegerse de las posibles agresiones de los ganaderos de Huajimic, es altamente peligrosa porque puede derivar en violencias y muertes, advirtió la legisladora de Movimiento Ciudadano y presidente de las Comisión de Asuntos Indígenas del  Congreso del Estado, Fela Pelayo.

La legisladora recordó que hace cuatro meses cuando fueron los eventos del 22 de septiembre del 2016, en que un grupo de ganaderos privó de sus libertad durante más de cinco horas al personal del tribunal Unitario Agrario 56 de Tepic, que había acudido a ejecutar un expediente de posesión sobre 188 hectáreas de las 10 mil que están en disputa, además de impedir el paso de vehículos de los medios de comunicación que acudieron a dar fe de los hechos, el legislativo del estado emitió un exhorto hacia  la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que preside Rosario Robles Berlanga, en busca de que incorporara el tema dentro del programa Conflictos sociales en medio rural (Cosomer). Nunca ocurrió nada, reconoció la diputada.

"Es una situación muy delicada y nosotros esperamos que abandonen su posición de no intervención el gobierno de Jalisco, puesto que  más de que el tema limítrofe no este resuelto, se trata de personas y vidas humanas; en cualquiera de los dos casos, que sean las autodefensas o que los ganaderos de Huajimic intervengan también con medios violentos, se puede desatar un conflicto grave y puede derivar en graves violaciones y pérdidas humanas", destacó.

Indicó que el exhorto no fue respondido nunca, y por lo que conoce, tampoco Sedatu hizo caso a las gestiones ni de los gobiernos de los estados ni de los indígenas y los ganaderos para abrir el expediente de compensación, el cual se justifica dado que se trata de un conflicto de 70 a 100 años desatado por medidas del estado mexicano a favor de los ganaderos y en contra de  recursos patrimoniales de la comunidad indígena; en 1953 fue reconocida por el gobierno de la república los derechos de  restitución de San Sebastián Teponahuaxtlan, por medio de los cuales se ha estado dando el proceso de restituciones, que afecta a pequeñas propiedades y ejidos de las colindancias de comunidad, lo cual demuestra que hay acciones del estado mexicano que deben ser resarcidas.
Fela Pelayo dijo que espera que las partes se conduzcan con prudencia, pero sobre todo que la autoridad cumpla con su obligación de preservar la paz en ese rincón de los límites de Jalisco y Nayarit.

SRN

lunes, 30 de enero de 2017

Huicholes crean autodefensas para restituciones en Huajimic



Ante la tibieza o indiferencia gubernamental, una vez que han roto pláticas con los posesionarios, los wixaritari optan por protegerse

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los comuneros de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan (Wuaut+a – Tutsipa) no están dispuestos a permitir que los gobiernos federal y de los estados de Nayarit y Jalisco sigan “administrando” su conflicto por las tierras de Huajimic, y dado que la justicia agraria les dio la razón desde hace años, están preparando la ejecución de trece expedientes más con una presencia novedosa: una milicia propia, denominada por ahora “la autodefensa wixárika”.

La tregua con los posesionarios, que se oponen a las restituciones a menos que se les den compensaciones por un promedio de medio siglo de usufructo de 10 mil hectáreas, con el apoyo y la sanción de las autoridades nayaritas y federales, duró cuatro meses, sin ningún resultado, pues no hubo eco en los gobiernos. El pasado jueves 26 de enero, fue la última conversación en esta ciudad.

“En la última asamblea discutimos el surgimiento de la autodefensa wixárika, crear un grupo de comuneros decididos a defender las tierras, y cuidar la integridad física de los comuneros, porque el gobierno mexicano no nos garantiza seguridad y la comunidad tiene derecho a defenderse; tenemos ejemplos claros como los de los compañeros de Cherán y Ostula, en Michoacán; cómo ellos enfrentaron ese desafío y resistieron, y creo que el pueblo wixárika está listo para hacerlo; no una autodefensa que desafíe al ejército, sino que cuando el ejército no esté en la zona, el grupo de autodefensa haga los rondines, porque ya no vamos a permitir que un wixárika salga lastimado, que sea detenido o que sea secuestrado, en eso la comunidad está trabajando”, advierte el secretario de bienes comunales, Ubaldo Valdez Castañeda.

El planteamiento nace de las lecciones que les dejó la primera restitución, el pasado 22 de septiembre: aunque el Tribunal Unitario Agrario 56 de Tepic pidió apoyo de fuerza pública al gobierno federal y al del estado de Nayarit, éste nunca llegó, lo que derivó en una exitosa pero tensa ejecución, y posteriormente, el bloqueo del camino por los posesionarios de Huajimic, que impidieron pasar al personal judicial y a los vehículos de los medios de comunicación por más de cinco horas en una de las zonas más aisladas del occidente del país (ver MILENIO JALISCO, 23 de septiembre a 1 de octubre de 2016).

Durante el evento, el personal policiaco de La Yesca y patrullas de la Fiscalía Estatal de Nayarit permanecieron como espectadores, hasta que arribó el fiscal general de ese estado, Édgar Veytia, cuya presencia ocasionó la automática apertura del bloqueo.

La actuación de ese personaje nayarita genera suspicacias en las autoridades de Wuaut+a. “Tenemos informes de que se estuvo reuniendo con los posesionarios, con algunos de ellos, y que les dio ideas para sembrarnos delitos; primero, de acusarnos de robo de ganado, luego, les dijo: ‘ustedes siembren amapola en sus tierras y acusan a los huicholes de narcotráfico’ […] nosotros queremos que se investigue la actuación de Veytia, porque quiere criminalizarnos”, coincide Valdez Castañeda con el presidente de la comunidad, Miguel Vázquez Torres.

“Yo solicito que se reserven los nombres de los posesionarios que nos lo dijeron, pero a ellos les dijo: ‘ustedes tranquilamente siembren amapola, siembren marihuana, y nosotros ya entramos, y acusamos a los indígenas’; estamos alertas ante eso”, agrega Valdez Castañeda.

SIN CONFLICTO

Los aborígenes de la Sierra Madre Occidental no pretenden entrar en conflicto con las instituciones del Estado mexicano, pero destacan que los tres asentamientos en la zona de Huajimic, viven bajo un virtual estado de sitio: se les impide el libre tránsito, se les niega la venta de alimentos y existe la amenaza de que sean retenidos, como sucedió los días 23 y 24 de septiembre con dos comuneros que acudieron a comprar víveres a una tienda de la población nayarita.

Todo eso, bajo la presunta complacencia del Ayuntamiento de La Yesca y del gobierno nayarita, mientras Jalisco escuda su omisión a intervenir en que no está dentro de sus linderos la tierra en conflicto, destacan los dirigentes. Independientemente del caso de límites, la jurisdicción agraria es federal, y numerosas comunidades indígenas y ejidos mexicanos tienen tierras de forma perfectamente legal entre dos estados. Es decir, no es un asunto inusual.

“Pero con la lógica de invasores de Jalisco, tratan de pervertir el asunto; la realidad es que nuestros ancestros ya tenían esa superficie antes de que existieran los estados de Jalisco y Nayarit, y por si hiciera falta, tenemos nuestros títulos virreinales”, que datan de la primera mitad del siglo XVIII.

- ¿El punto de atención de la autodefensa será Huajimic?

- Así es, es el punto de atención, inicialmente. Pero es una propuesta de largo plazo. Nace a raíz de este movimiento agrario, tiene que salvaguardar la integridad a nivel comunal, pero tenemos también problemas de abigeato, de robos, y creo que el Estado mexicano no hace lo que le corresponde, no nos atiende; van, hacen nomás su caravana y se salen, pero los problemas ahí se nos quedan, por eso hemos considerado trabajar con esta nueva propuesta de trabajo, no somos criminales, tenemos derecho a defendernos.

- ¿Y estarán armados?

- Nos vamos a armar con todo, con machetes, con hacha, con lo que sea. No hemos tenido pláticas con el gobierno estatal ahora, pero cuando entramos como autoridades tuvimos varias entrevistas con gente de la fiscalía, cuando estaba el señor Luis Carlos Nájera. Él nos hizo una propuesta que acabo en nada. Que los propios wixaritaris mandáramos elementos a fiscalía para que fueran capacitados y se desempeñaran en la propia fiscalía, y luego se iban a ir a la zona norte para cuidar a las comunidades. La verdad, fueron cinco pero nomás los tenía de porteros.

Otra petición fue poner una base en la zona de Tuxpan-Mesa del Tirador. “Pero Alejandro Solorio nos contestó que no había presupuesto…”.
Ahora, siguen los dirigentes, “no le vamos a pedir permiso a la autoridad para portar machetes o lo que haga falta, y de forma completamente autónoma […] es lo que hemos valorado, porque a nosotros después del 22 de septiembre nos han criminalizado, que Miguel y yo estamos secuestrando, que ya andamos con los carteles; pero la verdad es que nuestra lucha tiene nombre; nos vamos a defender, no vamos a permitir que un solo comunero ni un solo indígena sea abusado o maltratado, y no vamos a detener las restituciones, son tierras de nosotros”.

SEDATU omisa

Los esfuerzos entre los representantes de los posesionarios de Huajimic y las autoridades comunales de San Sebastián-Tuxpan por lograr una entrega pacífica de los predios restituidos quedaron en nada. Se trabajó con los gobiernos de Nayarit y Jalisco, pero los dirigentes de Wuaut+a-Tutsipa tienen la impresión de que sólo hubo verborrea y afán de ganar tiempo.

“El planteamiento conjunto era muy simple y claro: que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano [Sedatu] reconociera la conflictividad social del problema e interviniera con el Cosomer [Conflictos Sociales en Medio Rural] para buscar indemnizar a los particulares; nosotros arrastramos las consecuencias de sdta hostilidad, pero no vamos a estar dispuestos a ceder porque son tierras de la comunidad”, explica Ubaldo Valdez.

De las alrededor de 10 mil hectáreas que deben ser reintegradas, apenas han regresado 190. “Pero fue el principio y para nosotros era muy importante comenzar. Ya no vamos a parar”.

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CLAVES

*La Sierra Madre Occidental, la cadena montañosa más larga de México, ha sido refugio histórico de pueblos indios tras los procesos de conquista. La conquista de El Nayar, la gran provincia indígena dominada por los náyeris o coras, el "hermano mayor" de tepehuanos (O'dam) y huicholes (wixaritari), en la segunda década del siglo XVIII, derivó en la ocupación del núcleo central de esa civilización, y políticas de amenaza y distensión con sus vecinos. San Sebastián (Wuaut+a) fue reconocido y recibió títulos virreinales en 1718

*El decreto presidencial en 1953 a favor de San Sebastián Teponahuaxtlán (Wuaut+a), es la base de las reclamaciones de la tierra que en su momento el rey español había titulado, y les fueron arrebatadas entre el siglo XIX y el periodo previo a la revolución de 1910

*Waut+a ha podido recuperar judicialmente más de 200 de 320 Km2 invadidos. La fortaleza jurídica es el principio elemental de que “el primero en tiempo es primero en derecho”, y además, que en México, los derechos agrarios no prescriben

*Los derechos de los posesionarios datan de una escritura del año 1906, y han sido siempre alentados por el gobierno nayarita. Esto explica el conflicto del pasado 22 de septiembre de 2016, y las advertencias al personal del tribunal y a los defensores de los comuneros de que no regresen a nuevas restituciones

MC

domingo, 29 de enero de 2017

Deterioro de infraestructura, riesgo silencioso del AMG



Es el principal desafío del Área Metropolitana de Guadalajara, advierte el director de 100 Ciudades Resilientes; la falta de mantenimiento puede llevar al colapso

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Área Metropolitana de Guadalajara tiene importantes tareas a desarrollar para alcanzar la resiliencia. Una de las principales es hacer frente a uno de sus riesgos más graves – por “silencioso” y, literalmente, invisible-: el progresivo deterioro de su infraestructura. Miles de kilómetros de redes de agua, alcantarillado, desagües, electricidad, sistemas viales, parques públicos, transitan hacia la obsolescencia y puede ocasionar un serio colapso, advierte el director del proyecto 100 Ciudades Resilientes de Fundación Rockefeller, para América Latina, Eugene Zapata Garesché.

“Este ejercicio nos va a permitir acercarnos a los grandes temas, que no han sido debidamente atendidos, porque están lejos, no inmediatos, o no son considerados urgentes; los gobiernos locales están desbordados en sus capacidades por el día a día […] es el momento de pensar los grandes desafíos de Guadalajara, nosotros pensamos en una metodología que parte de dos principios: primero, cuáles son los grandes shots, los grandes impactos a los que puede estar sujeta Guadalajara, que no son solamente riesgos naturales o derivados del cambio climático; evidentemente hay el tema de las inundaciones, de la cercanía con el volcán, pero también puede haber un apagón, está el tema de la insuficiencia energética, incluso la posibilidad de brotes de violencia”, dice en entrevista con MILENIO JALISCO.

No obstante, “aquí anticipamos los proceso que pudieran ser más graves o dañinos que un terremoto, porque son silenciosos o invisibles, y que difícilmente estamos viendo y atendiendo, como es el deterioro urbano: están envejeciendo los puentes, las tuberías de agua, las redes eléctricas, y los gobiernos locales, ante la escasez presupuestal que los caracteriza, no tienen ni la capacidad ni los fondos suficientes para remodelar o reestablecer una infraestructura”, explica.

Señala que la infraestructura urbana debe incorporarse “para al menos 30 o 50 años más, con visión a futuro, no algo que se repara se repara y se repara; y luego qué va a pasar después, se van a acabar […] si usted ve los impactos que llegan y sacuden a una ciudad, como la inundaciones que hubo en Santa Fe, Argentina, o como el volcán de Colima cuyas cenizas podrían llegar en 48 horas a Guadalajara, eso hay que verlo, pero también lo que pasa silenciosamente, cuáles son las enfermedades o riesgos crónicos que tiene la ciudad, y no solamente sus problemas agudos...”.

Justamente de eso trata la resiliencia, añade, “un padecimiento crónico requiere atención preventiva y acompañamiento; y si seguimos con el símil con un ser vivo, la gran mayoría de los padecimientos crónicos están relacionados con el organismo en su conjunto, aunque sus síntomas sean específicos; del mismo modo, la atención es sistémica”.

El experto es el responsable de generar los procesos que llevarán a conformar la “oficina de resiliencia” a nivel metropolitano. Es una nueva instancia de planeación “del más alto nivel”, justamente porque se trata de incidir en los proyectos que se desarrollan y que impactan la calidad de vida urbana.

- Esta ciudad resiliente es una ciudad que ya resolvió sus viejos conflictos con la zona rural, históricamente depredada de sus recursos a favor de los habitantes urbanos, ¿una reconciliación?

- Reconciliación es una buena palabra para describirlo, porque alguien puede no estar interesado en la dicotomía o en las diferencias entre lo urbano y las ciudades, pero todo es parte del todo, incluso que la propia ciudad recupere algo de ese viejo mundo rural […] hablaba yo con gente de Tlajomulco, y les explicaba que ciudades densas como Nueva York [Manhattan] evolucionan en ese sentido: una isla totalmente urbanizada, está recuperando huertas urbanas en lotes baldíos, terrenos donde podrían construir una torre de 50 pisos, que tendrían una plusvalía brutal para los desarrolladores inmobiliarios, y sin embargo se recuperan terrenos, los vecinos siembran calabazas y las consumen, hacia allá va la ciudad del futuro: no vamos a detener la urbanización, pero no va a haber urbanización si no está sustentada en un equilibrio con la naturaleza…”.

POTmet sigue en corrección

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) no ha cerrado las mesas de “armonización” del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet) porque no se ha logrado aterrizar del modo debido el tema ambiental, señaló la titular de la dependencia, Magdalena Ruiz Mejía. “Será hasta que se encuentre debidamente reflejado todo el tema de los ordenamientos ecológicos a nivel de la Ugas [unidades de gestión ambiental], y todas las políticas de desarrollo debidamente insertadas en la base natural de los recursos ecosistémicos”, advirtió.

MC

sábado, 28 de enero de 2017

Los Altos vivirá un cambio climático más intenso



El investigador Hermes Ulises Ramírez alerta que el alza de temperaturas podría llegar a 4 grados, el doble de lo que se quiere lograr a nivel planetario.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La región de Los Altos de Jalisco presenta condiciones para futuro por cambio climático que podrían significar el doble de la temperatura promedio que se espera, si se detiene el aumento de emisiones a la atmósfera, para todo el planeta.

El especialista en meteorología por la Universidad de Guadalajara (UdeG), Hermes Ulises Ramírez Sánchez, destacó ayer que esto puede tener consecuencias imprevistas en la estructura económica, social y cultural de la región, dado que podría disminuir el agua disponible y acentuarse los procesos de desertificación. Y con un proyecto del tamaño de la presa El Zapotillo, que exportará agua a una cuenca vecina, habría una carga extra de factores que pueden dañar seriamente la importancia productiva de la meseta de 800 mil habitantes, con más de 20 por ciento de la producción de alimentos de origen animal en el país.

"En la zona, la proyección de cambio climático es de aumentos de temperatura que pueden llegar a cuatro grados centígrados", dijo a MILENIO JALISCO, luego de hablar en el foro del agua que fue convocado por el Centro Universitario de Lagos y por el Observatorio Ciudadano para la Gestión del Agua de Jalisco.

Ese aumento de temperatura significa "disminución de precipitaciones de manera muy importante, disminución de la humedad de los suelos para producción agropecuaria, aumento en la temperatura de los suelos y también disminución de las velocidades de precipitación, lo que en este caso, no asegura que haya la cantidad de agua suficiente para seguir con las actividades productivas, y mucho menos para poder llenar una presa de las dimensiones de El Zapotillo", sintetizó el científico, quien colaboró en la elaboración del Plan estatal de acción para el cambio climático (PEACC) del gobierno de Jalisco, con el componente de meteorología.

"Evaluando las tendencias de incremento [...] la tendencia lineal a 100 años evaluada entre 1906-2005, es de 0,74 grados centígrados [°C] o entre 0,56°C y 0,92°C], superior a la correspondiente entre 1901-2000 que era de 0,6 °C [entre 0,4 °C y 0,8 °C. Este aumento de temperatura está distribuido por todo el planeta y es más acentuado en las latitudes septentrionales superiores. Los continentes se han calentado más aprisa que los océanos", dijo en la conferencia.

En el caso específico de México, "los resultados de algunos estudios es muy probable que la temperatura promedio de México sea entre 2 y 4°C más elevada para el periodo 2020–2080. En la parte norte se esperan los mayores aumentos". En Jalisco, abundó en detalles a nivel región e incluso municipios. Una de las zonas de impacto mayor es justamente la región alteña.

El PEACC destaca, al hablar de la actividad económica más importante de Los Altos, la ganadería, que estará condicionada a un fuerte "estrés térmico, disminución de productividad y capacidad de reproducción. Para 2080, desaparición de zonas ganaderas, falta de disponibilidad de agua y alimentos. Pérdida de liderazgo en productos lácteos y de carne".

También se abordó el tema del ordenamiento de la región como base para decidir sobre el uso de sus recursos. "Me parece muy importante el hecho de que si no es bien ordenado el territorio, no está bien caracterizado, no hay un diagnóstico, un pronóstico y una propuesta de cómo usarlo y de todos los recursos, difícilmente vamos a llegar la sustentabilidad; es muy importante entender que la cuenca del río Verde debe ser ordenada territorialmente bajo un criterio de ordenamiento hídrico, que nos indique el uso del agua, la gestión del agua, en qué condiciones se va a aprovechar, cuál es el límite, cuál es el umbral y cuáles son las necesidades que se deben realizar para evitar que haya un proceso de degradación ambiental", señaló el investigador del Cucba, Miguel Magaña Virgen.

Preocupaciones

Propósito del foro: "poner en evidencia el riesgo que para la sociedad alteña implica la escasez del agua, el foro también busca concientizar sobre la necesidad de un cambio en los hábitos de consumo del líquido; es decir, hacer un uso responsable del recurso"

Casos analizados: "la presa El Zapotillo, por la que se pretende inundar a las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo; el saneamiento de la cuenca del río Verde, a la que corresponden los ríos que atraviesan ciudades como Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos; así como la recuperación de la laguna del pueblo de San Juan Bautista de la Laguna en Lagos de Moreno"

viernes, 27 de enero de 2017

Destrucción en el Parque Central del cerro del Cuatro



En el corazón de una zona densamente poblada de humanos, pero no de árboles, un gran proyecto se deteriora.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La historia del Parque Metropolitano Cerro del Cuatro, o Parque Central, en Tlaquepaque, es fiel retrato de la fortuna de las colonias populares del área metropolitana de Guadalajara (AMG): un ambicioso proyecto de 55 hectáreas en la parte superior de la mayor elevación orográfica de la metrópolis, especialmente importante por la falta de espacios abiertos públicos en el sur de la ciudad, que es la zona donde se registran los más altos niveles de contaminación, está ahora en el abandono.

La presidente municipal de la Tlaquepaque, María Elena Limón, ante la primera intervención de mantenimiento por los vecinos, "con lágrimas en los ojos nos prometió en abril pasado [2016] que ese parque tendría diez empleados permanentes y vigilancia las 24 horas. Ante el Diputado Víctor Sanchez se comprometió a destinar 200 mil pesos mensuales para su mantenimiento. Después de abril llevamos a cabo una segunda intervención y después una tercera en donde instalamos cerca de 1,200 árboles [...] de ésta última cuando menos 90 por ciento están muertos; los baños destrozados, vandalizados, se robaron algunas puertas, juegos que ahí estaban, y en general duele que a pesar de esforzarnos los colonos, unos pocos vándalos y la negligencia de la policía - robaron cuando el agente asignado dormía-, pero sobre todo del regidor Marco Fuentes, hayan permitido que ni los diez empleados que en la radio nos prometió la presidente, ni la vigilancia, exista en el parque", señaló en un escrito para MILENIO JALISCO el colectivo Colonias Unidas por el Cerro del Cuatro.

Los quejosos exhibieron fotos tomadas apenas ayer, donde se acreditan los daños. "Duele porque lo pregonaron como salvadores del parque, se tomaron sus fotos a subir selfies y se fueron".



Las jornadas de trabajo de los vecinos en 2016: "la primera fue el 13 de febrero, convocada por colonos; la segunda fue el 9 de abril, también por colonos; la tercera el 9 de mayo, a la que asistieron alumnos de la escuela vocacional a instalar más de 60 árboles; la última fue el 2 de julio, se instalaron cerca de 1,300 árboles, aunque gobierno de Tlaquepaque sostuvo que fueron más de 1,700, de los cuales estamos arriba por mucho de la tasa promedio de mortalidad de árboles, que es de 20 a 30 por ciento, pues tenemos casi de 90 por ciento de esos árboles muertos", mientras la mayor parte de los plantados en otras jornadas sí sobrevivieron.

La promesa a las gestiones fueron los diez trabajadores y dos policías municipales, compromiso que la alcaldesa hizo en una estación de radio. Sólo enviaron a un gendarme, que por estar dormido no pudo evitar el robo de herramienta; "después sólo enviaban jornaleros por tres horas y ahora desde hace unos meses a nadie; por eso se encuentra completamente vandalizado, al no haber vigilancia. Los amigos de soccer de mujeres se encargan de la limpieza, algunos corredores hacen limpieza de circuitos por donde pasan por que está peligroso correr entre la maleza, y además ha habido algunos robos por la falta de vigilancia".

La zona sur de la ciudad ha presentado este arranque de año, casi a diario, niveles de contaminación por encima de 100 puntos Imeca. La zona, con más de un millón de habitantes en ambos lados del cerro, sólo tiene otra área verde grande en el Parque Montenegro, de menos de 20 hectáreas, a unos ocho km de esta montaña densamente poblada.


jueves, 26 de enero de 2017

Semadet prepara plan de urgencia por contaminación



Crecen 33% días con precontingencia en este invierno, en comparación con el periodo previo

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

El invierno no ha sido un periodo vacacional para la contaminación atmosférica: la reiteración de días con mala calidad del aire es casi ininterrumpida, mientras los registros de precontingencia y contingencia en fase uno rebasan ya al invierno previo en 33 por ciento. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) reconoce que hay que tomar acciones urgentes.

Ayer, la titular de la dependencia, Magdalena Ruiz Mejía, anunció que se está elaborando un planteamiento emergente que se hará público en una semana, con el reconocimiento de que el problema se agrava en la conurbación tapatía ante la realización de actividades de riesgo (incendios, movimiento de materiales, obras públicas que obstruyen rutas de movilidad), y la resistencia de los automovilistas de afinar y verificar, que es obligación de ley desde 2007, y promedia un cumplimiento no mayor.

"Yo he reconocido que Guadalajara es de las ciudades más vulnerables en el tema [...] tenemos la vigencia de una obligatoriedad de la verificación vehicular, es algo que todos los ciudadanos tienen que cumplir

[...] todavía este tema no lo tengo resuelto a detalle, porque queremos encontrar como gobierno del estado, la fórmula para tener una buena y privilegiada calidad del aire; estamos aplicando otros instrumentos, como el programa de movilidad escolar; estamos aplicando el trabajo con los sectores estratégicos, como los ladrilleros, y estamos acompañando a los municipios, para desdoblar la norma municipal y sus procesos de vigilancia [...] yo ya estaría lista la próxima semana para presentar las conclusiones de cómo vamos", señaló la funcionaria.

- ¿No se necesitan acciones más contundentes ante la evidencia de que se agrava el problema aunque se cuenta con un programa de invierno?

- Sí, estamos con los municipios todo el tiempo manejando el Plan de Contingencias Ambientales, tenemos instalado de manera permanente el sistema, y lo que estamos evaluando es el paso dos; estábamos hablando ayer con Zapopan y Tlajomulco sobre suspender la posibilidad de cualquier uso de fuego porque puede derivar a incendio, alrededor del área metropolitana, y eso es parte del plan.

- Hay también un problema serio por la cantidad de frentes de obra pública que complican la movilidad y ocasionan más emisiones de los autos, sin olvidar la gran cantidad de camiones con materiales...

- De acuerdo, eso también es parte de la evaluación, vamos a ver cómo lo solucionamos, es parte de lo que debemos terminar.

La Semadet señala que está pendiente de aplicar el programa de la nueva verificación, pero se buscará la mejor estrategia para hacerlo posible, ya que juzga es un instrumento más eficiente para incentivar la mejora de la atmósfera. Dicho programa es un paquete de reformas que aprobó el Congreso de Jalisco en octubre pasado, y fue suspendido en su aplicación ante la coyuntura desfavorable del aumento a las gasolinas, por el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz.

Un día antes, el secretario de Medio Ambiente del gobierno federal, Rafael Pacciano Alamán, tras reunirse con miembros del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), reconoció la preocupación por los casos de Jalisco y Nuevo León.

"El año pasado tuvimos niveles de contaminación que no habíamos tenido en lo que va del siglo. Esto nos llevó a repensar y a retomar la política que se había abandonado durante muchos años para poder tener una mejor calidad del aire en el Valle de México, pero hay otros estados como Jalisco y Nuevo León, en donde ya hay problemas serios [...] hace apenas unos días hubo una contingencia por partículas [PM10]; en Nuevo León también hubo una contingencia, nosotros en la Ciudad de México también tuvimos una [...] hemos visto lo que está pasando en otras partes del mundo, en Mongolia, en China, o sea, de verdad sí necesitamos acciones mucho más fuertes", declaró.

miércoles, 25 de enero de 2017

Jalisco cumplirá sentencia para reparar camino en zona huichol


Se invierten hasta ahora casi 20 millones de pesos y el costo final es de 100 mdp; "mantendremos gestiones" para no detener proyecto, aseguran en la SIOP estatal.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

Nueve años después de que las obras ilegales de la carretera Bolaños-Huejuquilla fueron detenidas por los moradores de Tuapurie (Santa Catarina Cuexcomatitlán), y a tres de que una sentencia de amparo quedó firme y obligó al gobierno de Jalisco a la restauración del área, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) asegura que el proyecto pactado de camino-jardín y las diversas compensaciones, no se detendrán.

"Los 39 millones de pesos que se mencionaron son de un recurso que gestionamos con la federación, para hacer 7.5 kilómetros [de un total de 19.2 km]; pero la obra completa andará por 100 millones de pesos. Ese recurso no llegó, por los recortes, pero estamos activos en busca del dinero, muy conscientes de que esa sentencia nos obliga, lo cual hemos comunicado a los dirigentes de la comunidad", dijo la directora general del jurídico de la SIOP, Elisa Julieta Parra García.

La funcionaria destacó que han aceptado la invitación de la comunidad para acudir el próximo sábado 28 de enero, en que se realizará una ceremonia en el Paso del Oso para despedir a los peregrinos que van al oriente, a Wirikuta; dijo que además de presentar sus respetos a la comunidad wixárika (huichola) y de abordar sus dudas sobre el proyecto, supervisarán el camino, pues en la actualidad se realizan dos kilómetros del camino, mediante un contrato con constructora Madison SA.

Descartó que haya anomalías, pues se trata de un proyecto en ejecución "y es hasta que se entrega" cuando se podría ver si no se cumplió lo acordado. Reconoció que hicieron falta los "alerones" de un puente en Paso del Oso y ubicar todos los monolitos (ver fotografía anexa) pero es algo que se va a incorporar antes de que entreguen los trabajos. Ese contrato cuesta alrededor de 14 millones 300 mil pesos, aunque la restauración del sitio sagrado es aparte.

"Hacemos las cosas en la medida de nuestras posibilidades presupuestales; no vamos a aflojar en nuestras gestiones ante la Secretaría de Hacienda para obtener dinero", y se buscarán alternativas en caso de que esas gestiones se demoren, en busca de no detener el proyecto.

En ese sentido, el director de Infraestructura Rural de la SIOP, José Antonio Ampudia Torres, destacó que mientras el recurso a Madison por dos kilómetros rebasa 14 millones, hay alrededor de seis millones más invertidos: 1.4 millones en Paso del Oso, y 4.6 millones en los proyectos previos: el estudio de restauración de ese sitio, la manifestación de impacto ambiental (MIA) y el estudio técnico justificativo (ETJ).



ACUERDOS TRUNCOS
La reparación del daño se acordó entre la SIOP y los comuneros bajo las siguientes reglas: incorporar a la UdeG para realizar y supervisar la MIA , el ETJ, la restauración y la construcción del camino; sumar a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en el proceso; establecer criterios especiales para generar por parte de la misma Semadet un "camino certificado", ideal para zonas rurales y que preserve valores ambientales; la determinación del trazo se dio bajo la base de que no habría cambios de uso de suelo de consideración y se establecería un "camino-jardín": piedra "ahogada" en huellas de concreto con un paisaje totalmente restaurado; esto incluye que haya infraestructura para captar agua para jagüeyes (bordos), con cercado, con pasos de ganado; relocalizar una casa y establecer "señalética ecológico-cultural bilingüe".

Abarca además la restauración del sitio sagrado que se ubica en el ejido vecino de Tenzompa; el rediseño de camino en colindancia con el Cerro de la Puerta. Todo esto obliga a la generación de los permisos en las áreas ambientales del gobierno federal y del estado.

El problema es que todo esto se ha realizado con mucha lentitud, lo que exaspera a los representantes del pueblo aborigen. El recuento:

Entre octubre de 2014 y enero de 2015 se realizó el levantamiento topográfico del camino y se trabajaron las propuestas para el rescate del sitio sagrado. Ese levantamiento debió rectificarse en mayo de 2015 por defectos graves: no se habían incorporado las modificaciones en las curvas ni el cambio de uso de suelo. Del 27 de febrero al 1 de marzo de 2015 se realizó el "caminamiento conjunto entre comunidad y autoridades"; el 12 de marzo se celebró un taller para elaborar "la ruta crítica" en la ejecución de la sentencia, todo lo cual fue aprobado por la asamblea general de comuneros, máxima autoridad agraria en Tuapurie, el 13 de marzo de 2015, lo que se hizo del conocimiento del juez.

Pero siguieron los retrasos: el anteproyecto ejecutivo se entregó 17 meses después, el 10 de agosto de 2016. El 10 de octubre siguiente, la Semadet otorgó autorización condicionada de impacto ambiental a la SIOP. Fue hasta el 14 de noviembre, hace poco más de dos meses, que se celebró reunión formal para arrancar obras.

Los huicholes y sus asesores han hecho saber al titular de la SIOP, Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, sus quejas sobre todo este proceso: además de los retrasos, la restauración del Paso del Oso violó los acuerdos que tiene el juzgado y la dependencia debió rectificar; el levantamiento topográfico fue incorrecto pues "no consideraba las modificaciones en las curvas del paraje Ciénega de los Caballos ni en la zona denominada La Batalla"; el proyecto ejecutivo, además de tarde fue de "muy pobre calidad técnica" e incompleto –por ejemplo, se cambió el empedrado ahogado con huellas de concreto a un empedrado sencillo; además, el camino no fue estacado en zonas de curvas, lo que retrasó aún más los trabajos.

Todos estos detalles han colmado la paciencia de los comuneros. Como gesto de buena voluntad, esperan que este sábado haya un diálogo y compromisos sólidos para que finalmente la pesadilla de un camino destruido, nueve años después, se termine.

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Claves

Derechos huicholes, una cronología

1989
México firma el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo "sobre pueblos indígenas y tribales", hasta ahora el máximo reconocimiento internacional hacia los derechos territoriales, ambientales y de identidad de los pueblos indígenas del mundo

1998
La Organización Internacional del Trabajo toma el conflicto de Bancos de San Hipólito –lucha por restitución de una comunidad huichola arrancada a San Andrés Cohamiata en el sur de Durango, y reconvertida a ejido con predominio mestizo- como caso paradigmático

2000-2016
Restituciones de la comunidad de San Sebastián en territorio nayarita invadido por ganaderos mestizos, juicios agrarios que recuperan más de 25 mil ha

2008
Santa Catarina Cuexcomatitlán decide detener la imposición de la carretera Bolaños-Huejuquilla e interpone juicios de amparo y penal contra el gobierno del estado.

2009
La OIT acumula tres recomendaciones al gobierno mexicano en busca de reconocer el derecho al territorio del pueblo Wixárika y asienta la jurisprudencia internacional de cómo se interpreta el convenio 169 con respecto a la retroactividad

2012
Los pueblos huicholes de la Sierra Madre Occidental logran victorias jurídicas para proteger su sitio sagrado de Wirikuta, San Luis Potosí, con la suspensión de 72 concesiones mineras "ante la posible violación del derecho al consentimiento libre previo e informado" en un territorio que no poseen ni son propietarios pero es esencial en su cosmovisión

2014
Queda firme sentencia a favor de Santa Catarina por el caso de la carretera ilegal; en mayo, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo emite sentencia (amparo 596/2008) que confirma la obligación del gobierno de Jalisco de pagar y reparar los daños causados a la comunidad por la carretera impuesta por el gobierno de Emilio González Márquez.


martes, 24 de enero de 2017

SIOP debe reparar el daño a carretera



Es una sentencia firme la que obliga a invertir en la restauración de 19.2 km de la ruta Bolaños-Huejuquilla.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El incumplimiento por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) del proyecto de restauración del camino de 19.2 kilómetros de la comunidad de Tuapurie, eslabón esencial en la carretera Bolaños-Huejuquilla, no es opción, ante la firmeza de la sentencia del juicio de amparo 596/2008, la cual se quiso echar debajo de forma estéril por parte del jurídico de esta misma dependencia, de acuerdo a documentos del litigio en poder de MILENIO JALISCO.

Así, fue en mayo de 2014 cuando el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo emitió sentencia que confirmó la obligación del gobierno de Estado a pagar y reparar los daños causados a la comunidad, incluidos la recuperación de Paso del Oso, que se encuentra fuera de su territorio pero es sitio sagrado.

Tras ello, se abocó a una manifestación de impacto ambiental considerada “sin precedentes” por sus alcances, pues se buscaba dar certeza a Santa Catarina Cuexcomatitlán de que la nueva modalidad partiría de un diálogo intercultural entre un pueblo aborigen, la Universidad de Guadalajara y un gobierno que heredó un conflicto grave.

La imposición inicial de la carretera, por el gobierno de Emilio González Márquez y bajo la responsabilidad y gestión de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur), hoy SIOP, incluyó la falsificación de un acta de asamblea y sus firmas, el intento de soborno a autoridades comunitarias, la represión a activistas comunitarios y la ocultación de información sobre el daño ambiental y la perturbación del paisaje, incluidos daños a lienzos, viviendas, conductos de agua y automotores de la comunidad que se negaron a restituir, como documentó ampliamente desde finales de 2007 este diario.

Por si fuera poco, combatieron las acciones de defensa de la comunidad hasta sus últimas instancias legales. Cuando entró el gobierno de Aristóteles Sandoval, se abrió el diálogo, pero los autos demuestran que la nueva dependencia también trataba de impedir la sentencia condenatoria en los tribunales, lo que dificultó alcanzar acuerdos hasta que la sentencia se emitió en forma definitiva, la cual quedó firme el 13 de mayo de 2014.

Dicha sentencia obliga a “restablecer las condiciones originales de la superficie afectada que se sitúa en el tramo carretero comprometido dentro de los kilómetros 70+400 al 89+580”, lo que incluye la reforestación en una zona de 31-89-90 hectáreas, “utilizando la vegetación prevaleciente en la zona”, la cual fue descrita de manera pormenorizada en los dictámenes en materia de “externalidades y recursos materiales”, rendidos por el perito de la parte quejosa oficial, lo que obliga además a el mantenimiento del arbolado plantado.

También se obliga a realizar la infraestructura necesaria “para conducir y encauzar, de manera adecuada, los escurrimientos que intersectan con el camino trazado”. Otra obligación es buscar los monolitos destruidos del Paso del Oso, pues se debe restituir ese daño a un sitio de ese simbolismo.

También obliga a un “cumplimiento sustituto” por los daños causados a la comunidad “que por su naturaleza ya no pueden ser reintegrado”; es decir: extracción de material pétreo por 95 mil metros cúbicos; tala ilegal de 1,388 metros cúbicos de madera en rollo de pino y 534 m3 en rollo de encino; el cambio de los patrones hidrológicos y la erosión de cinco millones 800,288.60 m3 de suelo.

lunes, 23 de enero de 2017

Carretera en Tuapurie, nueve años de un daño no reparado



La SIOP amenaza con no dar presupuesto a la obra de restauración de sitios sagrados y camino-jardín, pese a que fue condenado el gobierno por un juez federal a reparar los daños

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

La destrucción de 19 kilómetros del viejo camino de Bolaños a Huejuquilla, incluidos sitios sagrados, en territorio comunal de Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tuapurie), fue detenida por la comunidad aborigen desde los primeros días de 2008. Nueve años después, el daño generado por el gobierno de Jalisco no se ha reparado.

Esto, no obstante que un largo juicio de garantías fue ganado en todas las instancias por los wixaritari, lo que no hace opcional sino obligatoria la inversión del gobierno estatal para restaurar la zona – si bien la tropelía se cometió durante la administración de Emilio González Márquez (no había permisos dela comunidad ni autorización de impacto ambiental), la responsabilidad es institucional-, y realizar un camino de características ecológicas y culturalmente aceptables para ellos.

Aunque la administración de Aristóteles Sandoval Díaz ha aceptado plenamente la sentencia, y ya existen proyectos de la obra y las restauraciones, esto se ha tropezado en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) con problemas presupuestales, que ponen en riesgo que este año se cuente con recursos, de acuerdo a lo que informó la dependencia a una comitiva de comuneros que asistió a reunión esta misma semana.

Son 39 millones de pesos el costo del camino, de acuerdo a información de los asesores de los huicholes. Un costo relativamente menor si se considera que un paso a desnivel en el área metropolitana de Guadalajara se lleva de 200 a 300 millones de pesos. El compromiso, tras casi siete horas de trabajo en la sede de la SIOP la tarde del 17 de enero, fue definir a finales de este mes si se pudo “priorizar” presupuesto, ambigüedad que irrita a los huicholes, según señalaron fuentes oficiosas a MILENIO JALISCO.

Los comuneros realizarán el próximo 28 de enero una ceremonia en el Paso del Oso, el principal sitio que fue afectado por los contratistas de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano, hoy SIOP. La ceremonia es para despedir a los peregrinos que se encaminan con rumbo al oriente, a Wirikuta, enclavado en el cerro El Quemado, San Luis Potosí, la zona sagrada más simbólica de su cosmovisión. Para el efecto, han invitado personalmente al titular de la SIOP, Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, con la idea de que tome de forma directa el pulso del problema. La falta de un camino en condiciones óptimas genera mayores dificultades en las comunicaciones para los moradores de la sierra, que de por afrontan la marginación histórica más amplia y mejor documentada del estado de Jalisco.

El énfasis de la urgencia de los comuneros tiene tres aspectos esenciales: se trata de una sentencia ya incombatible de un juzgado de distrito, ratificada por un colegiado, y que no puede dejarse de ejecutar; están de por medio además la amplia gama de derechos indígenas que el gobierno mexicano ha reconocido en tratados internacionales como el convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y SIOP representa en última instancia una responsabilidad del gobernador en turno, que tiene “en bandeja” la oportunidad de demostrar que los indígenas no sólo le importan, sino que son prioridad.



LA HISTORIA
En noviembre de 2007, la asamblea de Tuapurie acuerda el rechazo a las obras que ya realizaba la Sedeur. En febrero de 2008, los afectados establecieron un plantón permanente en el paraje conocido como la Ciénega de los Caballos, y detuvieron las obras. En ese contexto, la Sedeur mostró a MILENIO JALISCO actas de asamblea donde se demostraría que los indígenas habían votado a favor de la carretera, pero se trataba de un documento falsificado en las oficinas de la dependencia con firmas de la autoridad comunal a la que se anexaron firmas de asistencia (edición del 16 y 20 de febrero de 2008).

Eso los llevó a reclamar justicia por dos vías: el juicio de amparo y una denuncia penal. En el primer caso, fue hasta el 4 de junio de 2011 que el Tercer Juzgado Auxiliar de Culiacán, que apoyó al juez primero de Guadalajara para aliviar la carga procesal, “emitió sentencia mediante la cual amparó y protegió a la comunidad para el efecto que la Sedeur cancelara efectivamente la carretera en tanto no consultara a la comunidad; asimismo estableció que no se considerará cumplida la sentencia en tanto no regrese todo al estado en el que estaba antes de la violación”.

Tras la sentencia en contra, la todavía Sedeur intentó desconocer los daños que ocasionó a la comunidad; en respuesta, Tuapurie aportó la certificación de daños. El 2 de mayo de 2012 se presentó la solicitud formal al juez de un incidente para determinar los requerimientos técnicos para dar cumplimiento a la sentencia.

El 10 de mayo de 2012 se ofrecieron pruebas testimoniales, documentales, periciales en materia de topografía, antropología y recursos naturales y externalidades, así como la prueba de inspección judicial. El 28 de mayo del 2012 se desahogaron las pruebas testimoniales y el 12 de junio la inspección judicial. El 22 de agosto del 2012 se presentó el peritaje en materia de antropología. El 24 de agosto del 2012 se presentaron y ratificaron las pruebas periciales en materia de topografía y en materia de recursos naturales y externalidades. La Sedeur realizó manifestaciones sobre los peritajes negando competencia al juzgado y alegando “subjetividad” en los reclamos.

No obstante, el 31 de enero de 2012 quedó firme la sentencia de amparo. 20 meses después, el 19 de septiembre de 2013, se determinó cómo será ejecutada. Contra ello, el gobierno de Jalisco ya bajo la responsabilidad de Sandoval Díaz, interpuso un recurso de queja, el 8 de octubre de 2013 ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Distrito en materia Administrativa. Ese tribunal determinó, el 14 de mayo de 2014, que no procede la queja, lo que deja la sentencia firme y obliga a reparar el daño a la hoy SIOP del estado.

El 14 de agosto de 2015, se terminó el conflicto. En una ceremonia en el mismo Paso del Oso, las autoridades comunales y la SIOP acordaron retomar un proyecto de camino ecológico muy distinto a la obra que quiso ser impuesta por el gobierno de González Márquez.

“Hemos logrado llegar ya al acuerdo del cumplimiento sustituto de la sentencia 596/2008, que desde el 4 de junio de 2011 condenó a la secretaría a reparar los daños ocasionados por las obras; hubo mucha voluntad de las partes, logramos recuperar la confianza de los comuneros, y el pasado 13 de marzo, en el poblado Pochotita, la asamblea general aprobó de forma unánime el acuerdo de reconstruir los 19 kilómetros con un camino ecológico en piedra ahogada y con huella de concreto en dos franjas que facilitará el tránsito de vehículos; también hemos dado preferencia a dar empleo a personas de la propia comunidad […] la ceremonia es para pedir perdón a la madre Naturaleza, al tiempo de también obtener su permiso para hacer los trabajos, de lo que ellos han llamado un camino-jardín”, dijo ese día la responsable jurídica de la SIOP, Julieta Parra.

Pero a partir de entonces, todo comenzó a retrasarse. La idea era que los trabajos de restauración permitieran reconstruir el Paso del Oso en los siguientes tres meses, y después el trazo completo de la carretera. Han pasado más de 18 meses, y sólo se ha avanzado sobre 1.5 kilómetros, con bastantes problemas en la fidelidad al proyecto aprobado. Ahora les dicen que quizás no haya dinero para terminar con el compromiso.

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CLAVES

Entresijos jurídicos

Amparo, el mandato judicial: “se concedió el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que la autoridad responsable Sedeur del estado de Jalisco deje insubsistente todos los actos inherentes a la ejecución del proyecto carretero Bolaños –Huejuquilla El Alto, específicamente del kilómetro 70 más 400 [metros] al 89 más 580, que afecten la propiedad de la parte quejosa…”, dijo el juez I de Distrito de esta ciudad el 26 de mayo de 2014

Delitos cometidos por funcionarios de la Sedeur por alterar actas comunales. Para el agente del Ministerio Público Federal responsable de combatir los delitos ambientales, en la averiguación previa 2982/2011 no se encontraron evidencias de conductas activas u omisas que acrediten delitos en el tema de la construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla, lo que generó malestar en los comuneros de Tuapurie

Fuente: archivo de MILENIO JALISCO

jueves, 19 de enero de 2017

Arranca consulta de ANP de El Cuale



La Semadet confía en que los ejidatarios y pequeños propietarios se convenzan de las enormes ventajas del esquema.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

No obstante que ejidos de Cabo Corrientes y de la parte sur de Puerto Vallarta - Emiliano Zapata, Juntas y Veranos, Boca de Tomatlán, Mismaloya y Pedro Moreno-, han manifestado su oposición a la nueva área natural protegida de El Cuale, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Magdalena Ruiz Mejía, espera que la adhesión mayoritaria de otros ejidos y de pequeñas propiedades, así como grupos ecologistas y ciudadanos, permita cimentar el proyecto de protección con legislación estatal más ambicioso de la historia de Jalisco.

Porque la sierra de El Cuale no es cualquier sitio. Es el grupo de montañas que rodea a la bahía de Banderas en su parte sur y da sustento con sus servicios ambientales al emporio turístico de Puerto Vallarta, que ocupa entre el segundo y tercer lugar nacional como generador de divisas por turismo. La “venta” de paisaje, de biodiversidad, de aventura, de clima y de agua son parte del paquete que el visitante nacional y extranjero busca en el antiguo Puerto Las Peñas. Y justamente la contemplación de esos acantilados y el disfrute de esa selva y esos arroyos que bajan de la sierra, son la inevitable exigencia de los visitantes. Es decir, la funcionaria piensa que es al destino turístico, con su poderosa economía, al primero que le debería importar mantener el área, y en lógica llana, debería tener razón.

Pero hay un grupo tradicional de usuarios de bosques que no ven las cosas igual, si bien, hay un extenso trabajo previo de consulta y convencimiento que el responsable de la gestión del proyecto, Antonio Ordorica Hermosillo, confía sea un fundamento sólido. Los ejidos que manifestaron su oposición se ubican en el lindero sur del polígono, y su superficie afectada es menor en relación con las 111,633 hectáreas a proteger. No obstante, se seguirá trabajando con ellos, “queremos que entiendan que no se cancelan sus aprovechamientos y que por el contrario, ser parte de un área natural protegida y contribuir a conservarla con actividades productivas es una marca que pueden explotar, además de las prioridades en programas de pagos de servicios ambientales y proyectos productivos de que gozarán por estar en un área protegida”, sostiene.

Hoy, en la ciudad costera, la secretaria y su equipo presentaron el proyecto y animaron a participar en la consulta pública, que incluirá foros en los que se puede participar in situ o vía el sitio de Internet.

El Gobierno de Jalisco destinará este año cuatro millones de pesos a la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos de la sierra, es decir, la demarcación protegida nace con presupuesto y con programa de conservación y manejo.

“El proceso de consulta pública tendrá una duración de 60 días naturales y permitirá que todos los actores involucrados en el tema entre ellos propietarios y poseedores de predios dentro del polígono propuesto como ANP, conozcan el proyecto de conservación y emitan sus opiniones y recomendaciones sobre el tema”, añadió.

Las opciones para participar “son vía telefónica al 30 30 82 65; en la página jalisco.gob.mx/elcuale; al correo electrónico conservemossierraelcuale@jalisco.gob.mx”, o las oficinas de la Semadet en Guadalajara o en Puerto Vallarta. Ésta última se ubica en avenida de los Grandes Lagos 236, colonia Fluvial Vallarta (código postal 48312 y teléfono 01 32 22 23 18 01).

Del 10 de enero al 11 de marzo se llevarán a cabo mesas de trabajo con organizaciones civiles, ejidos y pequeños propietarios para socializar detalles del proyecto. El 9 de febrero se realizará el Panel de Análisis Socioambiental para la Conservación y Manejo de la Sierra El Cuale, en el Auditorio del Centro Universitario de la Costa, de la Universidad de Guadalajara; otros foros de consulta son el 10 de febrero en la Casa de la Cultura de Talpa de Allende, el 16 de febrero en la Casa de La Cultura del municipio de Mascota y el 17 de febrero en la Unidad Municipal Administrativa de Puerto Vallarta.

La figura legal es de área estatal de protección hidrológica y el polígono a proteger son 111,633.74 ha en los municipios de Cabo Corrientes, Mascota, Talpa de Allende y Puerto Vallarta.

“La creación de esta ANP representa una oportunidad para mantener comunicación entre los ecosistemas presentes en las sierras y el área marítima, contribuyendo así a que esta área se convierta en una zona que no sólo preserve sus recursos naturales, sino que permita revertir los efectos más graves de las perturbaciones y las amenazas que actualmente enfrentan sus ecosistemas, al tiempo de promover y fortalecer proyectos productivos alternativos y de desarrollo forestal sustentable. Es uno de los sitios prioritarios para la conservación no solamente a nivel estatal, nacional, sino declarados como prioritarios a nivel continental y por lo tanto entonces también planetario”, explicó Ruiz Mejía, acompañada del presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos.

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CLAVES

Inventarios

9 tipos de vegetación: bosque tropical subcaducifolio, bosque tropical caducifolio, bosque de Pinus, bosque de Quercus, bosque de Pinus y Quercus, bosque mesófilo de montaña, matorral xerófilo (acantilados), bosque de Byrsonima, Curatella o Crescentia (pastizal-sabana), bosque de galería

403 especies de fauna, tanto de especies marinas y terrestres: 41 de peces dulceacuícolas, 31 de anfibios, 80 de reptiles, 314 de aves, y 20 de mamíferos

Certificarán contaminación en arroyo de San Pancho



Vecinos documentan daño ambiental y a la salud por omisiones del gobierno de Nayarit y del Ayuntamiento de Bahía de Banderas.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El laboratorio certificado del Seapal (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado) de Puerto Vallarta ha sido contratado por los vecinos de San Francisco, Nayarit, para ponerle cifras y rigor científico al grave problema de las descargas no tratadas que se vierten en el arroyo de Los Izotes, tributario de su estero.

Esta información será la base de las denuncias que la comunidad pretende hacer valer en las instancias oficiales del gobierno del estado de Nayarit y del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, pues existe un planta de tratamiento que está debidamente conectada, pero que tanto la Comisión Estatal del Agua como el Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (Oromapas) se han negado a echar a andar, arguyendo que no es prioridad.

"Tenemos un problema muy serio de contaminación en toda la zona, aunque no es época de calor ya hay brotes de lirio y a la primera lluvia se va a llenar esto de mosquitos; en el pueblo hay problemas con el dengue, es un asunto de salud pública que está provocando esta omisión", dijeron vecinos a MILENIO JALISCO.

Los afectados han acudido tanto a la cabecera municipal como a la capital del estado, en busca de que se reactive la operación de la planta, luego que se ha podido realizar la conexión que impedía que llegaran las aguas residuales y estas se vertían crudas a la corriente. En ambos casos, les han dado largas. "En la CEA nos contestaron que tienen más de 100 peticiones en distintos pueblos, y que todas son importantes", un modo de decirles que deberán esperar a que llegue el turno y haya presupuesto, ironizaron.

Los quejosos consideran que hay elementos legales suficientes para responsabilizar a las autoridades. Los servicios de agua y saneamiento son obligación de los municipios de acuerdo al artículo 115 constitucional y la Ley de Aguas Nacionales. Además, hay un evidente incumplimiento de la norma oficial mexicana NOM 001 SEMARNAT 1996, que "establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales vertidas a aguas y bienes nacionales, con el objeto de proteger su calidad y posibilitar sus usos, y es de observancia obligatoria para los responsables de dichas descargas".

Dicha norma precisa: "el responsable de la descarga de aguas residuales: 1) que cuente con planta de tratamiento de aguas residuales, está obligado a operar y mantener dicha infraestructura de saneamiento, cuando su descarga no cumpla con los límites máximos permisibles de esta Norma. Puede optar por cumplir con los límites máximos permisibles establecidos en esta Norma Oficial Mexicana, o los establecidos en sus condiciones particulares de descarga, previa notificación a la Comisión Nacional del Agua", añade.

Al problema de la calidad del agua se agrega el de la alteración del arroyo por la invasión de un fraccionamiento que pretendió desecar parte de la corriente con un bordo. En ese caso, sigue pendiente el proyecto de remediación para regresar el cauce a su estado previo.

miércoles, 18 de enero de 2017

Fue conformada una “comisión de verdad” del caso 22 de abril



La Red Jalisciense de Derechos Humanos ya tiene seis personas que han aceptado integrarse; se busca identificar “verdaderos responsables” de tragedia.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Red Jalisciense de Derechos Humanos ha conformado ya una "comisión de verdad" que, tras 25 años de los acontecimientos trágicos que mataron a más de 200 personas por el estallido de los colectores del sector Reforma, que se cumplen el próximo 22 de abril, defina de forma correcta y documentada los hechos y las responsabilidades, de acuerdo al informe anual de la agrupación, emitido en diciembre pasado.

"Durante la conmemoración del 24 aniversario [...] nos reunimos con un grupo de líderes de la zona siniestrada del Sector Reforma, encabezados por los ciudadanos David Méndez, Ricardo Villarroel, Sonia del Carmen Solórzano y J. Fernando Acosta; nos reunimos y acordamos para la celebración, en abril de 2017, realizar una conmemoración digna y diferente a las anteriores –'amnésicas'-", lo que derivó en reuniones mensuales en el kiosko del templo de San Sebastián de Analco.

El 21 de mayo y 25 de junio se dieron primeras reuniones de trabajo, se instaló un comité organizador "a fin de integrar una Comisión de Verdad que actuando como un comité ciudadano y de conciencia, pudiera esclarecer las causas y responsables de la tragedia provocada por Pemex-SIAPA-Sedue [Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, federal]-Bomberos Guadalajara, señalando la responsabilidad inocultable del Estado mexicano en su criminogénesis".

Para el efecto, se lanzó convocatoria a una docena de jaliscienses, que conocieran del tema y que tuvieran trayectoria de lucha por derechos humanos. Los convocados: Rosana Reguillo Cruz, Jorge Rocha Quintero y Miguel Baszdrech Parada, del Iteso; Jorge Regalado y Jaime Preciado Coronado, de la UdeG; Raquel Gutiérrez Nájera, presidente del Instituto de Derecho Ambiental (Idea); Manuel Villagómez Rodríguez de la Fundación Lerma Chapala Santiago; el presbítero católico Ignacio Virgen Buenrostro, de las comunidades eclesiales de base; Guadalupe Morfín Otero, ex titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Manuel Falcón Morales, periodista, y los ciudadanos Martín Márquez Carpio y Juan Lanzagorta Vallín.

"Hasta la fecha de la realización de este informe contamos con la aceptación de seis convocados [no precisa cuáles]. En el próximo aniversario, presentaremos en asamblea pública o popular a los integrantes de la comisión, protestarán el cargo, y trabajarán en la investigación del caso hasta integrar un veredicto final, que se publicará como libro" en 2018.

La red también integró una comisión de derechos humanos en el seno del Consejo de Abogados del estado de Jalisco; enfrentó problemas políticos internos en la Red Mexicana de Afectados Ambientales (REMA) – de la que fue excluida por influencia "del cacicazgo colimote" que trata de sacar adelante los proyectos mineros en la zona indígena de Manantlán- y se articuló dentro del Grupo de Amigos de Fray Antonio Alcalde, "para impulsar la causa de canonización del actual siervo de Dios, en la óptica dela tradición iberoamericana de derechos humanos".

Otra actividad esencial fue la gira anual que realizan miembros de la agrupación en la zona de los límites en conflicto entre Jalisco y Colima. "La mayor novedad de los brigadistas fue constatar [...] ante la presencia de 1,700 nahuasy líderes de la comunidad, el consenso alcanzado para desactivar el ejido cenecista, creado en agosto de 1963 por el presidente Adolfo López Mateos, con los obvios auspicios del general Marcelino García Barragán y su cacicazgo regional [PRI-Gobierno], a fin de regresar o reconstituir el régimen de usos y costumbres de la comunidad indígena originaria".

Claves

La tragedia del 22 de abril de 1992 no sólo es el mayor desastre registrado en la historia de Guadalajara, sino el parteaguas de cambios políticos decisivos
Si bien, el gobierno federal reconoció tácitamente la responsabilidad de la paraestatal Pemex, y de instancias estatales, nunca se formalizó judicialmente

Los sobrevivientes señalan que los sucesivos gobiernos estatales escatiman recursos pese a que les dejó daños de por vida que los imposibilita laboral y económicamente

martes, 17 de enero de 2017

Auge de cotos demuestra la incapacidad gubernamental



Seguridad y servicios se mantienen como renglones de baja calidad en los municipios; los vecinos apuestan por remediarlo en núcleos cerrados.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El auge explosivo del fenómeno de los desarrollos urbanos cerrados, o "cotos", deriva de la falta de regulación por parte del Estado, y de la explotación por el sector inmobiliario de la búsqueda primaria de seguridad de los ciudadanos, una preocupación tan creciente, que ha derivado en que muchas de esas urbanizaciones ya no existan solamente en las zonas más pudientes de la metrópolis, sino incluso en zonas socialmente deprimidas, como Tonalá, sostiene el geógrafo Bernd Pfannenstein, catedrático e investigador en la escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

El especialista presentó la tarde de ayer una ponencia sobre el tema, fruto de un trabajo a detalle a nivel de planos para determinar los sitios de los aproximadamente 2,500 fraccionamientos de esas características que se ubican en el área metropolitana de Guadalajara, más de la mitad de los cuales están en Zapopan.

"Como otros municipios del AMG, Zapopan se encuentra en el camino a una ciudad fortificada, además, el grado de marginación muestra un patrón de ciudad socialmente desigual, polarizado y fragmentado, esto como consecuencia de la división territorial y las implicaciones que tiene la interacción social en el mismo [...] se requiere llevar a cabo una regularización del crecimiento de las urbanizaciones cerradas residenciales y un fortalecimiento del concepto de la ciudad abierta pues, la presencia de uno y la ausencia del otro, desarticulan la ciudad oponiéndose a los objetivos de funcionalidad e inclusión que los países latinoamericanos buscan lograr. Las políticas neoliberales que rigen la fase de urbanización actual están impactando en la forma como se ha venido construyendo la ciudad [...] la realidad urbanística que significan no ha sido incluida en el marco normativo", dijo a MILENIO JALISCO en un resumen del trabajo, que también fue presentado en octubre de 2016 en la ciudad de Madrid, España.

Si bien, se trata del análisis más actual del fenómeno, y no abundan estudios de ese tipo, una década y media atrás, los investigadores Luis Felipe Cabrales Barajas, del departamento de Geografía y Ordenación Territorial de la Universidad de Guadalajara, y Elia Canosa Zamora, del Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid, hicieron un estudio pionero.

"Independientemente del grado de legalidad, el modelo de los fraccionamientos cerrados puede resultar legítimo para los promotores y usuarios de esos espacios. También es perfectamente entendible que resuelva problemas que el Estado no puede enfrentar y por lo tanto se magnifiquen sus beneficios. Los organismos de planeación urbana y la propia ciudadanía deberían hacer un ejercicio de evaluación de costos y beneficios que esta modalidad urbana supone para la ciudad en su conjunto. Se puede argumentar, por ejemplo, que genera espacios de alta calidad ambiental que permiten la infiltración de agua e incrementan la masa forestal, lo cual genera beneficios indirectos para toda la ciudad. Pero al mismo tiempo dificultan la circulación vehicular puesto que los largos muros cerrados entorpecen la fluidez vial y obligan a realizar trayectos más largos con el consiguiente gasto en tiempo y combustible", lo que contribuye a una peor calidad del aire, destacaban.

El análisis se titula "Segregación residencial y heterogeneidad urbana: los fraccionamientos cerrados en Guadalajara". Añaden un aspecto que puede ser medular: "no cabe duda que la expansión de este tipo de espacios puede resultar cómoda para el Estado desde el momento en que se desentiende de una parte de la ciudad, pero también se necesita evaluar sus efectos sobre la fiscalidad municipal [...] aunque esto forma parte de las libres fuerzas del mercado y aun reconociendo que es difícil de corregir, sería pertinente conocer su lógica de funcionamiento".

En 2017, se mantiene como un fenómeno urbano extendido sobre cerca de 10 mil hectáreas citadina, pero precariamente reflejado en la ley y las acciones públicas.

La otra cara

"No dudo que haya casos de cotos mal planeados o que privaticen espacios púbicos, pero creo que hay muchos lugares comunes en torno a este asunto. Por ejemplo, el coto donde vivimos es propiedad privada en condominio, hay seguridad, buena vecindad, un centro comunitario, alberca y jardines para los niños, servicios de limpieza y otros. Es propiedad privada —como la de una escuela, un hospital, un edificio— donde hay 'comunidad', por decirlo en los términos que les gustan a los académicos. No se obstruye ninguna avenida; hay ciclistas dentro y fuera del coto y la mayoría de los vecino nos llevamos bien, hay juntas periódicas para tratar problemas, como la poca ayuda del ayuntamiento de Tlajomulco para mantener camellones y banquetas. Hace falta reflejar la visión de los habitantes de estos lugares [...] creo que estos espacios, si se construyen con acuerdo con la ley y ofrecen ventajas a sus habitantes, son una opción muy válida para enfrentar una ciudad hostil, insegura. Creo que estos académicos exageran cuando dicen que la ciudad se fragmenta, como si fuera un todo orgánico y armonioso". Testimonio de un morador de fraccionamiento Nueva Galicia.

lunes, 16 de enero de 2017

La Guadalajara amurallada domina 14% de la ciudad



Especialista de la Universidad de Passau, Alemania, analiza en particular el caso de Zapopan, donde están más de la mitad de 2500 cotos o “urbanizaciones cerradas” del AMG

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los castillos del señor feudal ofrecían a sus moradores, incluso a los más precarios, los siervos que habitaban en torno a la muralla, una posibilidad perdida en la larga noche medieval: la seguridad. Bajo esta premisa, una extraña Edad Media se abre paso y domina cada vez más el imaginario de los moradores del área metropolitana de Guadalajara (AMG): los casi 2,500 “cotos” o urbanizaciones cerradas se extienden sobre 14 por ciento de las 65 mil hectáreas de “ciudad construida”, y van al alza.

Es un especialista migrado del mismo corazón de la vieja Europa, el doctorante en geografía por la Universidad de Passau, Bernd Pfannenstein, catedrático en la escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), quien se ha propuesto medir palmo a palmo del territorio de los nueves municipios metropolitanos, para constatar este fenómeno, pero sobre todo, llamar la atención sobre lo que significa para la viabilidad de un proyecto de ciudad.

“En el AMG se están desarrollando comunidades aisladas que están fragmentando el territorio. Dicho proceso espacial se convierte en una evidencia para entender cómo se segregan los grupos sociales dentro del espacio urbano de nuestra metrópolis”, señala en conversación con este diario.

Su tarea más detallada ha sido el caso de Zapopan, que conoce bien porque trabajó en las áreas de planeación municipales. “El crecimiento expansivo en superficie y en cantidad absoluta de urbanizaciones cerradas residenciales bajo el concepto de vivienda cerrada y de acceso exclusivo en este municipio es la mayor de la ciudad, y creo que es cuestionable cuando se intenta vislumbrar su futuro en el corto y largo plazo, por la falta de instrumentos de planeación territorial que consideren el impacto que dicho modelo trae consigo, sobre todo en el tema de segregación”, apunta. La referencia de estos datos está en el documento “Zapopan 2030: Estrategia Territorial”, el cual fue reconocido como instrumento –pendiente de aplicación- en la pasada reunión internacional de Naciones Unidas Hábitat III, en Quito, Ecuador (MILENIO JALISCO, “premian a Zapopan por estrategia que ha ignorado”, 19 de octubre de 2016).

“Existe un vínculo directo entre el aislamiento de grandes fragmentos de la mancha urbana para la vivienda de acceso limitado y la pérdida del sentido de la ciudad como bien común, así como en la denigración de los espacios de interacción social, o espacios públicos, situación que implica el rompimiento de los valores propios del concepto de ciudad. Este tipo de auto-segregación residencial parece surgir como respuesta a las necesidades de la misma sociedad pues percibe una mejora en su calidad de vida al habitar dentro de una fortaleza, pues les garantiza seguridad y bienestar; esta decisión implica una desconexión de la ciudad, propiciando el surgimiento de islas urbanas", agrega.

Es decir, el miedo prevaleciente en los grandes conglomerados urbanos y la debilidad del Estado democrático (Umberto Eco, ver recuadro) se convierte en un poderoso motor de especulación inmobiliaria, junto con otros aspectos también atávicos, como el pretendido estatus social que da habitar un espacio al margen de lo público.

La autosegregación incluye dos conceptos: el aislamiento o fragmentación, y la concentración (polarización o marginación). “Ambos fenómenos son capaces de transformar el entorno urbano construido y los procesos de ocupación del suelo, razón por la cual se debe alcanzar una comprensión profunda de ellos con el fin adquirir el conocimiento que permita desarrollar e implementar políticas públicas dirigidas a la inclusión de los diferentes sectores de la población, alcanzando así una planeación integrar del territorio urbano para mitigar los riesgos sociales que implica la expulsión y segregación de la población”.

Actualmente “20 por ciento de la superficie urbana de Zapopan está construida mediante el concepto de ‘ciudad amurallada y cerrada’, una proporción que aumentó 30 por ciento solo en los últimos diez años [ver mapa anexo], resaltando la trascendencia que adquiere el tema dentro del ámbito espacial y social, sobre todo por tratarse de un momento en el que todavía existen posibilidades de buscar soluciones que puedan gestionar el territorio de manera integral”, advierte Pfannenstein.

Así, “el fenómeno requiere que pasemos del discurso académico a la implementación de políticas públicas para la administración eficaz de la ciudad pues, seguir con la privatización de espacio público y la construcción de muros, será un camino del que pronto no encontraremos la salida [..] el AMG estará de camino a la ciudad fortificada, una ciudad cerrada de uso exclusivo e interrumpida de manera significativa e irreversible, por lo tanto, es necesario cuestionar y reflexionar los impactos en temas de espacio público, movilidad y accesibilidad, morfología urbana, ordenamiento territorial y procesos de exclusión”.

De este modo, “se debe apostar a la actualización de los instrumentos de planeación territorial para que contemplen este tipo de evolución y disminuyan la desigualdad y fragmentación”. Y se pregunta: “¿Queremos construir nuestra ciudad como esa red de convivencia de la que todos somos parte, o buscamos crear vivienda desconectada del entorno urbano? […] Hay que comenzar a buscar las causas que dan origen a estos fenómenos para actuar sobre ellas y no intentar resolver los efectos que producen”. Porque “construir vivienda aislada no es construir ciudad. Construir muros no es hacer comunidad”.


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Zapopan, estudio de caso

“Conocido en Estados Unidos como ‘gated communities’ (Thullier, 2005), el concepto de vivienda norteamericano arriba al Área Metropolitana bajo las premisas de lujo y exclusividad con el fin de satisfacer la demanda de espacios habitacionales del sector poblacional de altos recursos económicos, llegando a cubrir en la década de 1990 hasta 10% del entramado urbano donde se albergaba apenas a 2% de la población; ya en una etapa posterior, logró consolidarse como el producto inmobiliario más exitoso de los últimos tiempos”

Este modelo “se convierte en el esquema por excelencia gracias a la re-transformación que tiene en sus fundamentos de ostentosidad para permitirse incluir a nuevas clases sociales en la práctica del autoaislamiento, logrando que en Zapopan hasta 2015 se produjeran un total de 1,267 unidades residenciales cerradas en sus diversas clasificaciones con una extensión de 39.67 km2 de superficie”, lo que equivale a 19.07% del territorio municipal urbanizado

El patrón de segregación espacial “se fortaleció con el discurso del miedo y del incremento de la violencia […] por lo que es bajo el ideal de garantizar ‘seguridad’ dentro de este contexto de desigualdades económicas con realidades territoriales compartidas que se desarrolla uno de los efectos de mayor impacto en el sistema de ciudad, pues se comienza con el proceso de privatización de parques y calles, obligando a estos componentes urbanos de bien colectivo a dejar de lado su propiedad multifuncional de socialización…”

Fuente: Bernd Pfannenstein, Edgar Eduardo Anacleto Herrera y Salvador Sevilla Villalobos, “El impacto y la expansión territorial de las urbanizaciones cerradas residenciales en el área metropolitana de Guadalajara (México)”; Contested Cities, Madrid, 2016. Hoy a las 18:00 horas en el Aula Magna de la UAG, el autor impartirá una conferencia sobre el mismo tema

>CLAVES II

Cotos y Edad Media

“La otra Edad Media estaba estrechamente ligada a la disminución de población, abandono de la ciudad y penuria del campo, dificultad de comunicación, deterioro de las vías y correos romanos y crisis del control central, hoy parece que ocurra (respecto a la crisis de los poderes centrales) el fenómeno opuesto: el exceso de población interactúa con el exceso de comunicaciones y transportes y hace inhabitable la ciudad, no por destrucción y abandono, sino por un paroxismo de actividad”

“La hiedra que corroía las grandes construcciones ruinosas es sustituida ahora por la contaminación atmosférica y por la acumulación de basuras que desfiguran y vuelven irrespirables las áreas habitadas. La ciudad se llena de inmigrantes y se vacía de sus antiguos habitantes, que sólo acuden a ella para trabajar y correr después a los suburbios (cada vez más fortificados) […] Manhattan va camino de ser habitado sólo por negros. Turín por meridionales, mientras que en las colinas y llanos circundantes surgen nobles construcciones, ligadas a etiquetas de buena vecindad, desconfianza recíproca y grandes ocasiones ceremoniales de encuentro”

En la Edad Media, “se vagaba de noche por los bosques sintiéndolos poblados de presencias maléficas, nadie se aventuraba fácilmente fuera de los lugares habitados, se iba armado; condiciones a las que se encamina el habitante de Nueva York, que después de las cinco de la tarde no pone el pie en Central Park, o se cuida muy mucho de coger equivocadamente un metro que lo deje en Harlem o evita utilizar este medio de transporte después de medianoche si no va acompañado…”

Fuente: Umberto Eco, La Nueva Edad Media.
(Disponible en http://andrescapelan.blogspot.mx/2008/11/99umberto-eco-la-nueva-edad-media.html)