jueves, 9 de marzo de 2017

Gobierno pierde primer round por ANP de Vallarta

Se desecha recurso de queja contra suspensión de plano concedida al ejido de Talpa, que reclama riesgos de desposesión sobre casi 20 mil ha.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La primera batalla legal por conservar la integridad de las casi 111 mil hectáreas que propone el gobierno de Jalisco para establecer un área estatal de protección hidrológica en la Sierra del Cuale, ha sido perdida por la autoridad.

El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de esta ciudad, consideró que el recurso de queja 86/2017, interpuesto por el gobierno en busca de que se revocara la “suspensión de plano” concedida al ejido El Cuale (expediente 628/2017-IV, juzgado VII de distrito), “es infundado”, y por lo tanto, confirmó la suspensión. Esto permite a la comunidad agraria mantenerse al margen del proceso de consulta que derivará, posteriormente, en un decreto estatal para una nueva área natural protegida (ANP).

“Son inoperantes los agravios formulados por la autoridad recurrente”, señala la resolución del Colegiado. El gobierno sostenía “que no se actualizaba el supuesto a que alude el tercer párrafo del artículo 126 de la Ley de Amparo, por lo que no era procedente conceder la suspensión de plano en favor del ejido quejoso, debido a que el procedimiento administrativo de creación del área natural protegida de competencia estatal denominada Sierra del Cuale, se encuentra en la etapa de consulta pública, es decir, en proyecto de declaratoria, así como del Estudio Técnico Justificativo que la sustenta, a la concurrencia de dueños, poseedores y habitantes del área en estudio, aclarando, y que a la fecha no existe una declaratoria […] no se encuentra concluido dicho procedimiento, y que aun, emitiéndose la declaratoria en cita, ésta no tendrá como efecto privar en forma temporal o definitiva, la propiedad, posesión o disfrute de los derechos agrarios del ejido quejoso, ya que únicamente se estaría asegurando que la parte quejosa ejerciera sus derechos mediante una modalidad de aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus elementos”.

No obstante, señalan los magistrados, “lo inoperante de esos argumentos, radica en que todos esos aspectos deben de ser materia del estudio de fondo que se realice en el dictado de la sentencia definitiva que se emita en el juicio constitucional, con respecto a los actos reclamados por el ejido quejoso a las autoridades responsables, según se advierte de la lectura del escrito de demanda; por lo tanto, esas circunstancias no son factibles de ser analizadas en el incidente de suspensión”.

Añade: “las resoluciones de suspensión no deben de prejuzgar en forma alguna, las cuestiones sobre las que ha de versar la sentencia que se dicte en el fondo del juicio de garantías, ya que ésta en su momento abarcará los elementos aportados por las partes a dicho juicio, para concluir si, en efecto, los actos reclamados afectan derechos de la parte quejosa, e implican alguna violación de garantías”.

Como consecuencia, la suspensión impide realizar el procedimiento pendiente en las casi 20 mil hectáreas de la superficie del ejido en cuestión, el cual invoca su derecho a mantener sus procesos productivos que han permitido conservar su bosque por más de 30 años, así como su propia reserva voluntaria de más de ocho mil ha, autorizadas por la asamblea ejidal y que formarán, una vez consolidadas ante la secretaría federal del ambiente, parte del sistema nacional de ANP.

Reservas voluntarias, opción

La lección de las ANP que se topan con resistencias lleva a la necesidad de “buscar esquemas novedosos de conservación. Como es el caso de las áreas de conservación voluntaria que las comunidades y ejidos pueden definir de acuerdo a sus asambleas y ellos tener el control de sus bosques y selvas. Y así se pueden impulsar que los servicios ambientales de mantengan, y con recursos públicos que vayan directamente a las comunidades”, dice el consultor forestal y miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), Salvador Anta Fonseca, a propósito del caso de El Cuale.

SRN