lunes, 31 de octubre de 2016

Jalisco, por completar sus programas de acción climática



La Semadet establece las directrices de la entidad para culminar en 2018 los programas de 125 municipios, actualizar ordenamiento ecológico e integrar al AMG a “ciudades resilientes

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) se ha comprometido a cubrir todo el territorio de Jalisco con 125 programas municipales de acción ante el cambio climático a más tardar en 2018, como sustento frente a los desafíos ambientales que se deben afrontar tanto en la zona rural como en las ciudades, dijo la titular de la dependencia, Magdalena Ruiz Mejía

“Las acciones para la agenda urbana de los próximos años están enfocadas a reducir la vulnerabilidad y aumentar la capacidad adaptativa ante el cambio climático de regiones, ecosistemas naturales, ecosistemas agropecuarios, ecosistemas urbanos, equipamientos e infraestructura, sectores productivos y grupos sociales”, refirió

La funcionaria entregó a MILENIO JALISCO un recuento de las presentaciones realizadas en el marco de Hábitat III; en el capítulo de cambio climático, señaló que desde 2015 se elaboraron 35 programas municipales y cuatro regionales que ahora están en consulta; en 2016 se han elaborado ya 28 programas municipales y dos regionales, con el respaldo del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc), la guía técnica de Gobiernos Locales por la Sustentabilidad y el financiamiento de la embajada Británica

De modo concomitante, la Semadet trabaja la actualización del ordenamiento ecológico territorial, un programa que establece los grandes lineamientos del uso del territorio, es decir, el tipo de políticas a generar con base en su estado y su vocación: aprovechamiento, conservación, protección, restauración. Los ordenamientos regionales terminados son los correspondientes a las regiones Norte, Los Altos Norte, Los Altos Sur, Junta Intermunicipal del Río Ayuquila y Junta Intermunicipal del Río Coahuayana

Las metas comprometidas por el estado incluyen buscar 100 por ciento de uso de energía renovable a nivel gubernamental, reducir gases de efecto invernadero en 80 por ciento o dos toneladas per capita anual en 2050; reducir la deforestación en 80 por ciento para el año 2020 y diseñar leyes locales para alcanzar esos compromisos

En cuanto a ciudades, la funcionaria abundó que el AMG está inmersa en el Desafío delas 100 Ciudades Resilientes de la Fundación Rockefeller, lo que llevará a aplicar un plan de resiliencia “de enfoque inclusivo y transversal”. Resiliencia es la capacidad de respuesta de una comunidad frente a un desastre o un cambio drástico, es decir, de reconstituir su tejido social y su estructura económica y política, y seguir adelante con los ajustes pertinentes

“El cambio climático es una realidad contundente y en Jalisco sus primeros efectos se han dejado sentir con gran intensidad; el Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático, en desarrollo, se conforma de dos ejes principales, uno para la adaptación y otro para la mitigación […] el eje de la adaptación define acciones encaminadas a reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia […] el eje de mitigación aborda las ciudades sustentables como base de acción”, explicó.

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ONG discuten Hábitat III hoy

Tras la adopción de la Nueva Agenda Urbana (NAU) por parte de los países miembro de la Organización de las Naciones Unidas, entre los que se encuentra México, “es nuestro interés que se asuman compromisos de todos los sectores sociales para enfrentar de manera conjunta los importantes y urgentes retos que ha generado el crecimiento urbano en las últimas décadas”, señala la convocatoria entregada a este diario sobre una discusión que se realizará hoy por la tarde

“Para abrir la discusión local, hemos convocado a jaliscienses que participaron en los eventos realizados en Quito durante la semana pasada [Conferencia Hábitat III, Foro Social, Hábitat 3 Alternativo y Femicity], para compartir sus reflexiones sobre lo que debería ocurrir en nuestro contexto, a la luz de lo que se presentó en dichos eventos. El diálogo se abrirá  al público interesado con la idea avanzar en la identificación de temas clave para la construcción de una Agenda Local del Hábitat”, señalan los organizadores

El encuentro se llevará a cabo de 18:00 a 20:00 horas en La Fábrica de Chocolate (Privada Andrés Terán No. 33, entre Justo Sierra y Juan Manuel, Col. Americana), el día de hoy

sábado, 29 de octubre de 2016

Derecho ambiental mexicano, atrapado en criterios estrechos



La investigadora Carla Aceves destaca la importancia de madurar esta especialidad porque los conflictos ambientales van al alza, como sucede con la presa El Zapotillo y el acueducto a León

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.


Hace falta madurar al derecho ambiental mexicano; como está, padece su falta de vinculación a los derechos humanos, los criterios de su aplicación suelen ser estrechos y conservadores, y cuesta trabajo a los jueces y magistrados la generación mecanismos precautorios en las controversias sobre el tema, señaló la catedrática de la Universidad de Guadalajara, Carla Aceves Ávila.

Al participar como ponente en la semana del Campus sustentable, promovida por el Centro Universitario de Los Altos (CUAltos) de la UdeG, que ayer terminó en Tepatitlán, la abogada destacó el papel del derecho como regulador de las conductas sociales para lograr una mejor convivencia y una mayor equidad social, y en el caso de la especialidad, "el derecho y la justicia ambiental promueven condiciones adecuadas de vida a través del acceso al ambiente sano y del derecho al acceso al agua, es 'guardagujas social' porque puede inducir y fortalecer conductas sociales más adecuadas", puso en relieve.

Sin embargo, su aplicación en México "presenta una obsoleta visión de los derechos ambientales y su vinculación con los derechos humanos; omite considerar a los elementos ambientales como parte de una integralidad, padece de una enorme timidez posible ignorancia del administrador de justicia al no operar activamente mecanismos precautorios sobre objetos ambientales, y es muy conservador, al no atreverse a proponer mecanismos diferentes a los observados en otras ramas del derecho".

La doctora en Derecho dijo a su público que "el derecho al ambiente sano debería considerar la activa vinculación que tiene con el derecho a la vida; en razón de ello, el ambiente y sus elementos deberían representar un valor supremo: el aire y el agua de calidad son indispensables para la vida. La tierra de calidad también lo es para la seguridad alimentaria. Los elementos y servicios ambientales deberían tasarse adecuadamente como el patrimonio social que son y establecer medidas precautorias ante un posible menoscabo o pérdida [...] las generaciones presentes le deben respeto a las generaciones futuras si deseamos un futuro de la humanidad".

La urgencia por desarrollar esa rama del derecho se advierte si se repasan problemas ambientales concretos: "vulnerabilidad climática, que amenaza la seguridad humana en diversos aspectos, como seguridad física [exposición a desastres], alimentaria, y seguridad ambiental; uso del suelo y cambio de uso de suelo, que amenaza la estabilidad de los sistemas naturales; estrés hídrico- escasez en razón de la vulnerabilidad climática agravada por la inadecuada gestión del agua que contribuye a la escasez, además de la contaminación del líquido; residuos derivados de agricultura y ganadería industrial". En Los Altos, el expediente más notorio es la construcción de la presa El Zapotillo y el trasvase a través del acueducto hacia la ciudad de León, a lo largo de 140 kilómetros.

Como el derecho ambiental contribuye "al cambio de paradigma social", los litigantes, juzgadores - jueces, magistrados, ministros, procuradores-, funcionarios públicos de diversos niveles, politólogos, investigadores de política pública "requieren de conocimiento interdisciplinario y de espíritu innovador" para llevarlo a la realidad, puntualizó

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Reconocimiento a defensores de Temaca

El Consejo de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos entregó el pasado 21 de octubre un reconocimiento a los abogados Claudia Gómez Godoy y Guadalupe Espinoza Sauceda, integrantes del Colectivo de Abogados, por ser activos "defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas". Los casos exitosos de ese despacho son una serie de juicios de amparo que impiden edificar a más de 80 metros la presa El Zapotillo, en Los Altos de Jalisco, así como una exitosa defensa legal de indígenas en Zacualpan, Colima, contra intereses mineros.
Esta asociación, fundada por el famoso jurista Emilio Krieger, en 1991, se distingue por su promoción de la defensa de la justicia social en todo el país.

viernes, 28 de octubre de 2016

Un megaproyecto autorizado sin el conocimiento esencial



Un procedimiento de impacto ambiental defectuoso no permite prever el daño que puede traer la extracción de agua del río Verde hacia León, apunta Magaña Virgen.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Uno de los problemas más serios del proyecto El Zapotillo-León de abastecimiento de agua, es que el procedimiento de impacto ambiental sólo se hizo para la construcción de la presa enclavada sobre el río Verde, pero no en relación al acueducto, a la planta potabilizadora, ni mucho menos para el elemento más importante: el trasvase de cuencas.

Miguel Magaña Virgen, investigador de la Universidad de Guadalajara y miembro del Observatorio Ciudadano del Agua en Jalisco, dijo en el marco de la semana del Campus Sustentable del CUAltos (Centro Universitario de Los Altos), con sede en Tepatitlán, que este procedimiento de ley deja mucha insatisfacción porque se utiliza como requisito para un trámite y no como un modo de prevenir daños e impactos de un gran proyecto de infraestructura.

A su juicio, el ordenamiento territorial, en particular de carácter hídrico, para toda la cuenca del río Verde, es el producto necesario para poder determinar con seriedad lo que va a suceder en la meseta alteña cuando se lleven cada año 120 millones de metros cúbicos de agua del río Verde.

Los componentes de un estudio serio incluye estudiar la disponibilidad de agua en la cuenca del río Verde, es decir, un balance hídrico; analizar la condición territorial que hace posible la disponibilidad hidrológica, lo que lleva al ordenamiento ecológico, y una propuesta de gestión del agua con estrategias para el ordenamiento hídrico. Sólo después se debió dictaminar el impacto ambiental. Por ello, en busca de subsanar los graves defectos de la autorización de la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), el observatorio solicitó al gobierno federal la elaboración de un ordenamiento hídrico de la cuenca y su área de influencia en escala 1:50,000 hectáreas conforme a la metodología para la elaboración del Ordenamiento Ecológico del Territorio (OET).

"Un ordenamiento territorial es colocar cada cosa en su lugar. Es una concepción de desarrollo armónico, geográficamente equilibrado y desconcentrado, de manera de hacer más eficiente la oferta territorial a la recepción del gasto del Estado y de la inversión privada. Implica un diálogo permanente entre administración y administrados. Es un instrumento de política ambiental cuyo objetivo es regular o inducir el uso de suelo y las actividades productivas con el fin de lograr la protección del medio ambiente, la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos", explicó el académico que tiene entre sus títulos haber promovido la creación de la primera secretaría ambiental en Jalisco.

Un instrumento de este tipo debe ser "holístico e integrador, sistémico, democrático y flexible"; el ordenamiento hídrico, "es un instrumento de planificación que permite, intervenir de manera sistémica en la disponibilidad de agua para garantizar las condiciones de calidad y cantidad requeridas para el sostenimiento de los ecosistemas acuáticos y los usos actuales y potenciales de dichos cuerpos de agua". En el caso del río Verde debería incluir "caracterizar, cuantificar y optimizar la demanda de agua Mejorar la calidad y minimizar la contaminación del agua, fortalecer la gobernanza para la gestión integral del agua, otorgar seguridad y sustentabilidad hídrica a Los Altos de Jalisco". En las condiciones actuales del proyecto El Zapotillo, nada de estas condiciones están siquiera esbozadas, por lo que es urgente determinarlo antes de que se defina el destino del agua, subrayó Magaña Virgen.

SRN

El AMG ya estableció un plan de vivienda social



Presenta Alfaro a Sedatu un “primer borrador” para aprovechar corredores de movilidad para vivienda digna; busca evitar recorte a Fondo Metropolita

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

Los nueve presidentes municipales del área metropolitana de Guadalajara, representado por el presidente de la junta metropolitana, Enrique Alfaro Ramírez, le presentaron ayer a la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, y al gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, una propuesta de vivienda de carácter social que busca canalizar la densificación de casa y departamentos populares en los grandes corredores de movilidad de la conurbación.

La idea es que converjan en el tema los tres niveles de gobierno, las instituciones públicas especializadas como el Infonavit, y los empresarios integrados a la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), para establecer las bases sólidas para que sea posible dotar de suelo y condiciones preferentes a la construcción y comercialización en esos corredores hoy subutilizados, como son las zonas aledañas a las tres líneas de tren ligero y a la única línea de transporte articulado, el macrobús.

"Nosotros lo que queremos es que las reservas urbanas donde se van a construir estas viviendas sean terrenos ubicados cerca de donde la gente trabaja, que tengan transporte cerca de donde están las casas, que tengan infraestructura básica, que alrededor de ellos estén los parques públicos más bonitos de la ciudad; queremos que la gente que tiene menos posibilidades económicas viva en los lugares que creemos van a ser de más potencial de desarrollo", afirmó el alcalde tapatío tras la mesa de diálogo que presidió Robles Berlanga en Casa Jalisco.

Existen ya planes maestros que incluyen este componente dentro del proceso de renovación urbana integral; incluye la zona de La Normal, al norte del centro tapatío; el Parque Morelos con la Ciudad Creativa Digital, la zona de Huentitán con un controvertido plan que aseguró está en vías de destrabar, y el corredor Mariano Otero, incluso el mercado de Abastos, cuya vocación migraría a vivienda y áreas públicas y se generarían centros de abasto distintos en la conurbación.

Alfaro Ramírez también pidió a la titular de la Sedatu que se haga lo posible por evitar el recorte al Fondo Metropolitano porque esto podría ocasionar serios problemas al desarrollo de proyectos de la ciudad. Recordó que el gobierno del estado y la Junta de Gobierno Metropolitano buscarán hacer trabajo político para evitar el recorte de recursos para la ciudad, que podría ascender a mil millones de pesos.

"Está el jefe de gabinete en este momento en México en este tema; estuve yo la semana pasada, vamos a estar estos días defendiendo con todo el Fondo Metropolitano de nuestra ciudad; quedé con el gobernador de que íbamos a ir juntos a dar la batalla, vamos a tratar de que a Guadalajara se le dé el trato que merece, como la segunda ciudad más grande de México".

La idea es que el fondo cuente con al menos 2,300 millones de pesos. El gobernador Aristóteles Sandoval convocó desde el pasado 19 de septiembre a presionar políticamente al Congreso federal para mantener los recursos previstos.

Ciudades, visión de Estado

La ciudad privatizada debe quedar en el pasado, porque hacer ciudad es un tema de interés público y requiere visión de Estado, advirtió la titular de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga.

Dijo que en el tema de las grandes ciudades, la metropolización es discusión pendiente y que deberá derivar en algún momento en reformas constitucionales; pero se ha generado ya legislación renovada, como la Nueva Ley de Asentamiento Humanos, que establece mecanismos de coordinación vinculatorios, y recuperar la lógica de planeación que permite concebir las ciudades en el largo plazo, fortalecer la inclusión de todos sus habitantes y caminar hacia la "ciudad próspera" acordada en Quito en el marco de Hábitat III.

"Hemos construido ciudades profundamente desiguales, ciudades que no toman en cuenta la diversidad de quienes las habitamos [...] requerimos aquí recuperar una visión de Estado que se perdió en el camino, pero también generar la gobernanza con base en la participación democrática; sin participación ciudadana no se puede ejercer el derecho a la ciudad", advirtió.

jueves, 27 de octubre de 2016

Agua para León, un negocio de 66 mil mdp



Megaproyecto es meganegocio; con pérdidas superiores a 40%, y el agua más cara del país, el trasvase a León tiene razones de muchos pesos, señalan.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

No es que se pida que las empresas privadas sean “damas de la caridad” y regalen su trabajo; es lógico que busquen ganancias razonables en cualquier emprendimiento. Lo que ya no es tan “comprensible” es el tamaño de negocio: el trasvase de agua de El Zapotillo a León, durante 25 años, con las cuotas de agua doméstica más altas del país en la ciudad de El Bajío, le garantizan a la concesionaria Abengoa y el Sistema de Agua Potable de León (SAPAL), un volumen de negocio, a precios actuales, de unos 66 mil millones de pesos.

Estos cálculos los obtuvieron dos de los investigadores más serios en el tema en esta región del país: Daniel Tagle Zamora, de la Universidad de Guanajuato, y Susana López Funes, de la Universidad Autónoma de Querétaro, quienes hace un par de días presentaron el caso –con la asistencia de la segunda- en el foro convocado por el Centro Universitario de Los Altos (CUAltos), de la UdeG, en Tepatitlán, y el Observatorio Ciudadano del Agua de Jalisco.

¿Qué cifras es necesario considerar en este negocio? Primero, que la mayor parte del capital de inversión lo aportan los gobiernos federal y del estado de Guanajuato (en el caso del proyecto de la cortina de El Zapotillo a 80 metros de altura). La Comisión Nacional del Agua (Conagua) señala que a estas fechas, el proyecto completo vale más de 16 mil millones de pesos, la mitad del cual es el vaso artificial, financiado completamente con recursos públicos; en el caso del acueducto de 140 kilómetros, que incluye además la potabilizadora y el macrocircuito de distribución, 58.7 por ciento es financiamiento privado y 41.3 por ciento lo aporta el gobierno federal vía Finfra (Fideicomiso de Infraestructura).

Si se considera esta inversión inicial, alrededor de un peso de cada cuatro es el capital que arriesgan los inversionistas privados. Evidentemente, operará este esquema generará costos en bombeo eléctrico, en la conducción de 140 km, en la potabilización y en la entrega en el macrocircuito. Sin que exista claridad del punto en que el SAPAL recibe el agua en bloque, la tarifa mínima de 22 pesos por m3 (la más elevada de todo México) puede estimar al menos el impacto en el consumidor final, bajo el supuesto de que todos los días se enviarán desde El Zapotillo y se entregarán en las casas de León 328 mil m3: siete millones 216 mil pesos al día.

Claro, si buena parte de esa agua se pierde en las fugas o no se logra cobrar, habrá que hacer la resta correspondiente. Suponiendo 33 por ciento de pérdidas que el SAPAL reconoce en 2015, el ingreso baja a “solo” cuatro millones 834 mil pesos diarios. Si con esto se asume además un costo de 5 pesos por m3 en todo el proceso de extracción desde la presa hasta la potabilización y la entrega domiciliaria, son un millón 640 mil pesos menos al día. Para quedar en tres millones 196 mil pesos al día. Pero se asume que este proyecto trae consigo una reducción en pérdidas y mayor eficiencia de cobranza, lo que deberá considerarse en el análisis. También hay que agregar que cada año, el SAPAL incrementa tarifas por encima de la inflación.

En cifras gruesas, un negocio que se amortiza en menos de seis años para la inversión total, pero apenas en dos para los inversionistas privados. ¿Estas cuentas explican el marcado interés de gobierno y empresas en hacer grandes proyectos de infraestructura?, se preguntaban los investigadores y sus receptores en el foro alteño.

Y a final de cuenta, ¿es lo único que se podía hacer por mejorar el sector agua en León, enclavado en uno de los valles donde el agua más se ha sobreexplotado en el país? Hay otra información que sugiere otro tipo de oportunidades: las pérdidas en red y el agua no cobrada ascendió en 2014 a más de 26.3 millones de m3, es decir, León en realidad vive con 53.5 millones de m3 al año, menos de la mitad de lo que se pretende llevar desde el río Verde.

Si se va al acuífero, solamente 15 por ciento de los pozos extraen agua para la ciudad, y en volumen, de una extracción de 303 millones de mse consumen efectivamente uno de cada seis litros en las casas leonesas. Los desperdicios del sector agrícola y pecuario, el dominante en la zona, se acercan a 60 por ciento del agua extraída.

¿De verdad sólo existía la opción de un trasvase que condena a la ciudad a depender de una cuenca ajena, de la volatilidad del costo de la energía y de la inestabilidad social en la cuenca productora, Los Altos, una de las principales aportadoras al producto interno bruto del sector primario en México? Dudas que se multiplican.



El negocio perfecto

El concesionario –Abengoa– solo aporta 51 por ciento del costo del acueducto financiado con bonos de deuda, es decir, no desembolsa recursos, lo que explica el riesgo en que incurrióel Instituto de Pensiones de Jalisco al comprar parte de esos bonos pese a la quiebra que amenaza a la transnacional andaluza. Por otro lado, este mismo concesionario no asume pérdidas, medirían el agua a la entrada del acuaférico. Éstas quedarían para el SAPAL.

Renta del agua de El Zapotillo

Volumen diario: 328 mil m3

Precio por m3: $22

Extracción de renta del agua de la cuenca vecina: 7.2 millones de pesos/día

$5/m3 = 1.6 millones de pesos/día

66 mil millones en 25 años ($22)

15 mil millones en 25 años ($5)

Las tarifas se van ajustando por encima de la inflación

Beneficiarios: Abengoa-SAPAL

…Y Los Altos no obtienen ningún beneficio del trasvase

La meseta de Los Altos de Jalisco, principal región productora de alimentos de origen animal en México y por sí sola, aportadora de 1.42 por ciento del producto interno bruto del país (por arriba de lo que genera el valle de León), no tiene nada qué ganar con el trasvase del río Verde a la ciudad de El Bajío. Y se pone en riesgo su estabilidad económica, social y ambiental, advirtió ayer el coordinador del Observatorio Ciudadano del Agua de Jalisco, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez.

Con datos que levantaron ámpula entre los asistentes al XII Foto Avances y Perspectivas Ambientales de Jalisco, realizado ayer en la sede de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, el también presidente de la asociación civil Conredes (Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable) destacó la importancia económica de la meseta, donde se genera 61 por ciento de la leche del estado de Jalisco, 88 por ciento del huevo, 23 por ciento del PIB del estado, 20 por ciento de la proteína de origen animal del país, 17 por ciento de la leche que se consume en el país, uno de cada dos huevos que llega a las mesas de los mexicanos.

A esa región se le quiere sacrificar para que León tenga excesos de agua. “La disponibilidad de agua en la región alteña se ha reducido mientras que aumentó la demanda de agua, por incremento población y demanda alimentos en la cuenca del río Verde”.

Así, “la producción agropecuaria de la región de los Altos de Jalisco será la más afectada por el aumento de la temperatura, debido al cambio climático; conforme avancemos a 2050, tendremos temperaturas con aumento entre 4 y 4.5 grados junto con una baja en la humedad y precipitaciones causando sequías prolongadas, según lo ha documentado el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG”.

¿A quién beneficia el trasvase?, se preguntó. “Los Altos no tienen nada que ganar, pues les generará pérdida de competitividad y desaparición de pequeñas y medianas unidades productivas, y para Jalisco, pérdida de soberanía y renuncia a su recurso natural más valioso; hay que agregar que desaparecen por inundación tres poblaciones –Temacapulín, Acasico y Palmarejo-, que hay pérdida de empleos y aumento de delincuencia, así como desertización acelerada provocada por el trasvase; todo esto coloca en un estado de mayor vulnerabilidad frente al cambio climático”.

Por si fuera poco, “Chapala tampoco gana: las aguas residuales de León son reutilizadas en gran medida en la agricultura y en la industria el resto, es agua de pésima calidad que se descarga al Río Turbio. Guanajuato incumple el Convenio del Lerma; aunque sus presas rebasan el 80 por ciento de su capacidad no dejan que pase el agua al lago”, y según el título de concesión, León solo descargaría 84 millones de metros cúbicos al río Turbio, de los 120 millones potabilizados que reciben del Verde, pero no se garantiza cómo y cuánto llegue a Chapala”.




miércoles, 26 de octubre de 2016

León tiene el agua necesaria… pero en su propia cuenca



Investigadora de la Universidad Autónoma de Querétaro pone el dedo en la llaga respecto a intereses económicos que patrocinan el proyecto El Zapotillo.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La ciudad de León no necesita del agua del río Verde: su consumo anual rebasa 80 millones de metros cúbicos, pero con un manejo adecuado, puede abastecerse desde la Sierra de Lobos, un área natural protegida enclavada al norte de la urbe de El Bajío que provee de agua a todo el valle y debería estar bajo un manejo de restauración para recuperar su capacidad de recarga, consideró ayer la investigadora de la Universidad Autónoma de Querétaro, especialista en el tema, Susana López Funes.

Presente en el foro de El Zapotillo convocado por el Centro Universitario de Los Altos, con sede en Tepatitlán, de la Universidad de Guadalajara, la académica destacó la “construcción social del conflicto por el agua” entre Los Altos y El Bajío, como eje de la legitimación de megaproyectos como es el trasvase del río Verde a León a través de un acueducto de 140 kilómetros. En realidad, se trata de un proceso similar al de Guadalajara: como en León, las autoridades locales tampoco cuestionan los patrones de consumo, no resuelven los problemas de una red con fugas superiores a 35 por ciento y no establecen la prioridad de conservar las zonas de alta recarga de agua, que en ambas ciudades están en proceso de urbanización.

“El Bajío mexicano es un claro ejemplo de la construcción económica regional a los intereses del mercado internacional; se navega bajo la bandera del crecimiento económico como sinónimo de modernidad y progreso para justificar la atracción de nuevas inversiones, sin hacer el correcto diagnóstico de la capacidad medio ambiental del territorio para sostener dicha forma de crecimiento”, afirmó.

López Funes se preguntó si ante un escenario de escasez, el reto hídrico constituye amenaza u oportunidad, y en todo caso, para qué, para quién y cómo. “¿Qué estrategias emplear ante el reto hídrico en León, Guanajuato?” Las posibles respuestas: gestionar la demanda, restaurar la red primaria de distribución (llena de pérdidas por fugas), recuperar ambientalmente la sierra de Lobos para recarga del acuífero, frenar la dinámica de crecimiento, aprovechar las aguas de lluvia, y generar una nueva cultura del agua en la cuenca. Hasta el final sería construir una presa para traer agua desde otra cuenca.

El megaproyecto, tasado en unos 16 mil millones de pesos, tendría que discutirse si es de interés general. Nueva escalada de preguntas: “¿Estrategia para enfrentar la crisis hídrica orientada a garantizar prioridades fundamentales (sociedad-medioambiente)? ¿Continuidad al modelo de crecimiento ilimitado? ¿Estrategia para la extracción de la renta del agua en beneficio del sector empresarial?”. Parece ser que las preguntas correctas son las dos últimas. Esto explica “lo que nos dicen las autoridades sobre el Zapotillo: agua para abastecimiento, empleo, crecimiento económico, sustentabilidad, modernidad, progreso”, sin olvidarla alusión al agua “como recurso nacional”, es decir, los habitantes de la cuenca (los alteños) no tienen el derecho por encima de una gran ciudad, dice ese discurso.

Pero está también “lo que no dicen las autoridades: los despojos, los desalojos, la situación financiera de la empresa Abengoa [concesionaria del acueducto], la demanda del agua asociada al sector productivo, el deterioro ambientalque eso genera, los beneficiarios del proyecto en términos económicos, los costos transferidos a usuarios de León”.

Consideró esencial preguntarse cuál será el costo transferido a los usuarios del agua de León, que actualmente pagan alrededor de22 pesos mensuales como tarifa mínima (contra 37 pesos en Guadalajara), por proveerse de un agua lejana, de una cuenca distinta. Además, si la sierra de Lobos sigue sin restauración, los problemas asociados a desastre por inundación y deslizamientos serán cada vez más costosos. ¿Quién gana con eso?

Alternativas de León

Gestionar la demanda (inducir un consumo más racional y mejores tecnologías de uso del agua)

Restauración de la red primaria de distribución

Recuperar la sierra de Lobos, zona principal de recarga del acuífero

Frenar la dinámica de crecimiento

Aprovechar las aguas de lluvia

Detonar una nueva cultura del agua en la cuenca local

martes, 25 de octubre de 2016

De cómo el AMG buscará reconstruirse



Urbanistas tapatíos asistentes a la cumbre Hábitat III de Quito, Ecuador, la semana pasada señalan de qué modo Guadalajara debe asumir los compromisos para reinventarse como ciudad.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Si Guadalajara tiene futuro, no podrá llegarse a él desde los callejones sin salida a los que arribó tras 25 años de políticas de nulo control del uso del territorio, lo que generó una ciudad dispersa, desigual, con bienes públicos privatizados, con alto costo ambiental y baja calidad de vida.

La cumbre Hábitat III de Quito representa una oportunidad de replanteamiento, pero a condición de que se haga una autocrítica real y profunda por parte de los poderes públicos y los fácticos que han definido la ruta de la urbe en ese periodo, y aún hoy ostentan, a través de los poderes municipales, ese control. Si los ciudadanos no participan el porvenir es aciago, coinciden cuatro especialistas tapatíos que asistieron a la cita en la capital ecuatoriana.

“Hábitat III ha generado la posibilidad de diálogos impostergables para tratar la ciudad desde una visión mucho más amplia, multidisciplinaria […] la ciudad ha crecido en los últimos 20 años de una forma desequilibrada, no planificada, porque se ha dejado que la toma de decisiones esté en los desarrolladores, que son los dueños de la tierra, y los que tienen el dinero, con muy poco involucramiento y gestión de los gobiernos locales, de los ciudadanos y de los especialistas”, destaca el urbanista Alfredo Hidalgo.

Pero no es privativo de Guadalajara, sino de gran parte de las urbes del mundo. “La gestión es una responsabilidad compartida […] la nueva agenda identifica el pilar que tiene que ver con la planeación y la responsabilidad, con escenarios a largo plazo; implica también involucrar la condición económico-financiera en el crecimiento de la ciudad, pero también la revisión de los instrumentos normativos, legislativos y legales, que apoyen la gestión sustentable y adecuada del territorio”, añade.

Así, “son diálogos impostergables entre los actores de la ciudad, con una responsabilidad muy grande entre los gobiernos locales, que tienen que romper el proceso de inercias negativas […] ha habido una discusión fuerte en el sentido de las tomas de decisiones de los gobiernos locales; hay implicaciones de sustentabilidad, de desigualdad, obviamente evidentes, pero poco se habla de las capacidades técnicas o acuerdos en la planeación urbana para avanzar adecuadamente; esto es, no solo es un tema de recursos, es un tema de capacidades técnicas, de organización y de la coordinación que se ponga en los próximos años”.

- La gente no participa en las decisiones, esto debe preocupar mucho, ¿no?

- Sí, porque la participación tiene que ver con todas las escalas de decisión; con la posibilidad de creer y fortalecer las instituciones, que se hacen fuertes y creíbles a partir de la participación ciudadana; y solamente se puede atisbar un escenario de mejoras a partir de un involucramiento de todas las partes. Hábitat III se da cuenta que la construcción de las ciudades es un ejercicio colectivo.

El nuevo comienzo

Los acuerdos internacionales “varían considerablemente en su grado de implementación [en el mejor de los casos de manera parcial], aunque también es cierto que tras la cumbre de Estambul 1996 no se tuvo claridad suficiente para intentar monitorear la gestión urbana en la escala global.  Debemos partir de reconocer las marcadas disparidades” entre las ciudades, explica Alberto Orozco Ochoa, ex director del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan).

“Esperemos que a partir de esta nuevo comienzo, emprendamos con mayor dosis de pragmatismo y objetividad, a través de metodologías medibles que permitan comprender los avances o retrocesos que vamos a enfrentar. Finalmente, lo que no se mide, difícilmente se comprende en términos de mejora. Actualmente hay más de cuatro mil ciudades con más de 100 mil habitantes en el mundo. Por lo que toca ir muy claros en términos de indicadores y metodologías”, añade.

Otro reto determinante “será promover nuevas alternativas de financiamiento para los gobiernos locales”. Esto incluye como deseable “una actitud distinta que permita aprender a identificar y ordenar las necesidades prioritarias y que éstas las mantengan en demanda, en lugar de dejarse llevar solamente por la oferta política disponible”.

Además, “los principios establecidos en la Nueva Agenda Urbana, requieren que los ciudadanos retomen su rol principal indispensable para construir el diálogo para la toma de decisiones que reflejen buena gobernanza y mayor prosperidad. En este sentido, se advierte ‘la confianza’ como elemento necesario para legitimar ‘la voz’ en tanto se deben promover acciones para el desarrollo de un ejercicio de ciudadanía responsable y proactivo ante este impostergable  cambio de paradigma. Siguen los grandes acuerdos públicos que se plasmen en acciones que impacten significativamente como desarrollo urbano sostenible e incluyente. Cuando el ciudadano se involucra se produce evolución social, desarrollo de conocimiento público y transformación positiva en la ciudad”.

El derecho a la ciudad

El “derecho a la ciudad”,  es “el nuevo articulador que no debe quedarse en un concepto teórico, lo importante es buscar los mecanismos de exigibilidad y de responsabilidad […] la nueva agenda urbana tendría que poner en el centro el tema de los equilibrios […] nunca hemos sabido tanto como hoy; sin embargo, estamos más desiguales que nunca, y ese es el sentido de urgencia con que se toman los temas en Hábitat III; como se señaló en el foro social, tenemos diez años para tomar las decisiones correctas, pero para diez años se prevé un problema muy fuerte de carácter social, si no hacemos algo de inmediato”, considera el consultor Héctor Castañón.

Así, “vemos que no se puede abstraer el tema urbano de la realidad ambiental y social, en estas decisiones debería empezarse por el tema de la inclusión, para que eventualmente se reflejara en el territorio y se redujera la desigualdad”.

- Pero en México parece que el gobierno federal no quiere retomar la rectoría del asunto y que los municipios no hacen la autocrítica necesaria para cambiar…

- En realidad las cosas no están pasando como deberían pasar; el mayor peligro que tiene esta conferencia es que solamente sirva para renovar discursos, el discurso correcto para mantenerse en el poder, ese es el gran riesgo […]  el hecho de que en la nueva Ley de Asentamientos Humanos esté reconocido el derecho a la ciudad, puede ser un reflejo de la buena legislación que ha tenido México, pero de una escasísima implementación, lo hemos visto cuando esta una ley que no es exigible, cuando no están los dispositivos normativos para hacerlo; México necesita un renovado compromiso para abordar el tema de las ciudades de una manera incluyente, sistémica, donde lo social, lo ambiental y lo económico vayan en equilibrio, y no vemos todavía las piezas acomodadas hacia allá.

Ciudad y medio ambiente

Para Jorge Fernández Acosta, académico de la UdeG, la gran pregunta va por el compromiso, “qué es lo que vamos a hacer como autoridad, como sociedad, como ciudadanos, para que esto aplique en acciones concretas, directas, que realmente apunten a la prosperidad; prosperidad que tiene que ver con la felicidad, con la productividad, y con una adecuada planeación en términos de tiempo y de lugar…”.

El papel del ciudadano debe ser, añade, no sólo para debatir y opinar, sino que se organice para construir indicadores que hagan más fiables las mediciones de los problemas y los resultados de las nuevas políticas.

“Esta es la base de la gobernanza, sino no hay gobernanza,  hay gobernación e imposición de gobierno, cuando el ciudadano despierta y actúa podemos pensar en la posibilidad que de él emanen las condiciones legales que permitan crear comunidad y hacer política. En pocas palabras, “Hay que demandar al Estado que ponga las condiciones para que los ciudadanos podamos participar con ellos […] ahora en Jalisco y Guadalajara, la participación ciudadana está controlada, está cooptada por los intereses, y debemos liberar ese proceso para que se efectiva…”

Nuevas premisas

Extender la participación ciudadana informada en espacios y tiempos, pues el ciudadano es el eje de la ciudad

Incluir a los sectores económico, político y social bajo la rectoría del aparato del estado

Redefinir el papel del gobierno federal como garante de procesos de interés público

Reconocer que lo ambiental es la base de la sostenibilidad de las ciudades: no hay ciudades sin territorio y territorio es historia natural, bienes y servicios ambientales

La planeación debe ser de largo plazo, con un entramado legal que la haga obligatoria más allá de cambios de gobierno; también se debe reforzar la metropolización

lunes, 24 de octubre de 2016

Decálogo para Guadalajara tras Hábitat III



Después de la aprobación de la declaración de Quito, MILENIO JALISCO hace un ejercicio con base en lo señalado por los expertos que discuten la ciudad.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Una ciudad compacta, eficiente, justa, equitativa y de baja huella ecológica, es un futuro posible para el área metropolitana de Guadalajara (AMG) si se adhiere en la realidad a los principios de la declaración de Quito de Hábitat III, la reunión mundial más importante en desarrollo urbano y vivienda.

Esto implica un golpe de timón en el modo en que la ciudad ha sido gestionada desde los años 90 del siglo XX, cuando a raíz de las reformas al artículo 115 constitucional, los municipios tomaron el control del proceso que durante décadas había regulado el gobierno federal.

Con las políticas de vivienda de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, el problema se exacerbó: a pretexto de resolver las necesidades mayoritaria de la población, la ciudad se extendió en superficie construida más no en infraestructura. Como resultado, se tiene una ciudad socialmente más fragmentada y desigual que la existente hace diez años.

Si los principios de Quito van a ser aplicados en el AMG, las autoridades locales tendrían que comenzar por hacer una cirugía mayor al Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet), y después, un replanteamiento político del desarrollo, de acuerdo a lo que los diversos actores han discutido no solamente en la reunión mundial, sino a lo largo de los últimos tres años, tiempo en que se detonó la primera generación de instrumentos e instituciones públicas para una metropolización eficiente, justa y resiliente (es decir, con capacidad de respuesta a desafíos económicos, sociales y ambientales) de la ciudad.

Diez cosas por hacer

1. Dentro del esquema de las “centralidades emergentes”, deben eliminarse las que fueron definidas fuera de la propia metodología, por simple exigencia de los presidentes municipales de Zapopan y Zapotlanejo. El POTmet señala que “como excepción a este método, por petición específica de los municipios correspondientes” se incluyen cuatro centralidades emergentes: Colotlán y La Azucena, en Zapopan; y las delegaciones de Matatlán y de La Purísima, en Zapotlanejo. En ambos casos, hay intereses inmobiliarios de vieja cuña que generan una expansión de la ciudad a zonas sin infraestructura, que han sido aceptados como inevitables por parte de las respectivas presidencias municipales, pero rompen con la intención de la ciudad contenida, compacta y densa que busca el propio plan. También el plan se debe ajustar a las zonificaciones del Programa de Ordenamiento Ecológico estatal y los municipales existentes, dado que la base de todo el desarrollo es el llamado “capital natural”.

2. Se deben incorporar al desarrollo urbano al menos seis mil ha de lotes baldíos existentes al interior del periférico; esa superficie sería útil para resolver durante décadas las necesidades de vivienda y resolver el déficit de la ciudad en materia de áreas verdes.

3. Se debe recuperar el esquema de crecimiento por plusvalías; es decir, la ciudad construye y mejora infraestructura con los recursos recabados entre los beneficiados por las obras, lo que permite fortalecer el capital y los bienes comunes y no como ahora, que se privatiza el beneficio y se construye con recursos fiscales y deuda pública. Este esquema se utilizó hasta mediados de los años 80 y uno de sus más notables productos es la calzada Lázaro Cárdenas, la más amplia de la ciudad. Pero la “ciudad neoliberal” lo canceló para maximizar la ganancia privada.

4. Se debe reorientar, con las capacidades coercitivas del Estado, la construcción intensiva de vivienda en zonas que tengan las condiciones para alojarla, comenzando con el tema de la proximidad de transporte masivo (líneas de tren y macrobús), y con la capacidad plena de la infraestructura de agua, alcantarillado, electricidad, luminarias, recolección de residuos, áreas verdes, áreas de estacionamiento y seguridad.

5. Se debe caminar de la clasificación de aptitud urbana del suelo a una rigurosa política en la que toda zona de riesgo (al menos de la mitad de las reservas actuales) no sea utilizada para construcción permanente, y que esta abra la oportunidad de establecer nuevas áreas verdes públicas, pues la ciudad debe pasar de mil ha actuales a al menos 4 mil ha, si no creciera un metro más (cosa por demás poco posible).

6. Se debe construir una ciudad donde la movilidad sea prioridad para sistemas de transporte masivo de bajas emisiones de carbono y para transporte alternativo, es decir, bicicletas y traslados peatonales, y que los dueños de los autos particulares deban contribuir para financiar la “ciudad verde”, dado que la baja eficiencia de los motores de combustión interna hace que tres cuartas partes del combustible se emitan crudos a la atmósfera.

7.  Deben establecerse reglamentos vecinales bajo el esquema de derechos y obligaciones, de manera que la posibilidad de mejorar calidad de vida en los espacios más densificados sea posible; esto significa normas estrictas de respecto a los derechos de tercero en temas de estacionamiento, basura, ruido, uso del auto y cuidado de las áreas comunes.

8. Se debe construir un esquema de planeación participativa serio y de largo plazo; esto parte de redefinir desde las leyes de planeación federal y locales, hasta el propio estatuto metropolitano, para no dejar a criterio de la autoridad la calidad y el tiempo de las consultas públicas. A la par, estas deben estar sustentadas en campañas de información sólidas y de fácil acceso a todos los estratos sociales. No se puede seguir tomando decisiones entre grupos de poder y dejar al ciudadano la tarea de “legitimación” con consultas de bajo perfil, y en las cuales, las observaciones de poco a nada se reflejan en un cambio de decisiones. Tampoco se puede pretender “cambiar” el futuro de la ciudad cada que hay un cambio de grupo político al frente del gobierno.

9. El espacio público es el más importante para mantener el ejercicio del “derecho a la ciudad”; la autoridad debe respetar rigurosamente su vocación, mejorar sus condiciones y ampliar y fortalecer este patrimonio común. También se debe caminar a hacer que las áreas naturales protegidas que dan “vida” a la ciudad por sus servicios ambientales, como La Primavera, la barranca del río Santiago, el Cerro Viejo y el lago de Chapala, sean efectivamente protegidas y descontaminadas, porque son la reserva vital para el futuro del AMG.

10. Los políticos deben avanzar en la transparencia y la rendición de cuentas: es importante que los electores conozcan no solamente sus fortunas y sus ingresos, sino a quién o quiénes le deben por haber patrocinado sus campañas políticas. En Estados Unidos los “lobbys” son instancias transparentes de los grupos de presión y permiten a los votantes saber a qué atenerse en caso de sufragar por tal o cual candidato. Si se considera que el sector de la vivienda aporta al menos 6 por ciento del PIB nacional, y la industria automotriz, otro tanto, el ciudadano tiene derecho a saber si estos grupos están financiando campañas políticas y a cambio de qué (se infiere que la aplicación de presupuestos masivos a movilidad particular y expansión urbana podría ser la respuesta). También aplica para sectores empresariales más locales, e incluso en el caso de iglesias.

Quito dice qué pero no cómo

La declaración final de Hábitat III de las Naciones Unidas, realizada en Quito, Ecuador, la pasada semana, señala principios de acción, pero deja a cada conurbación definir los cómos para lograrlo, aclara el consultor en desarrollo urbano, Alberto Orozco Ochoa.

“No me parece que esto deba calificarse como desacierto o falla. Las ciudades son distintas y están conformadas por sociedades distintas. Por ello, la relevancia en distinguir entre ‘mismos problemas’ de los ‘problemas comunes’, pues existe diferencia […] es decir, en esto no existen las ‘balas de plata’ que aseguren resolver los problemas de una misma manera - tal vez lo contrario a una vacuna-. Los patrones del carácter urbano y las peculiaridades de la conformación social cuentan”, explicó el director fundador del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) a este diario.

“Debemos reconocer este imperante esfuerzo coordinado desde ONU-Hábitat para lograr la operación de la Nueva Agenda Urbana, que si bien es cierto es tan solo una serie de principios para gestionar las ciudades para las próximas dos décadas, es importante; lo trascendental recae ahora en la forma de implementar estos principios. En este sentido la gobernanza será un componente fundamental y por otro lado la innovación y tecnología para lograr un monitoreo más efectivo que nos permita corroborar si en el tiempo seguimos en la dirección que ahora se pretende”.

viernes, 21 de octubre de 2016

El modelo de ciudad neoliberal ya colapsó



Que los ciudadanos recuperen la ciudad y ejerzan a plenitud sus derechos es el gran desafío planteado por la Nueva Agenda Urbana en la Declaración de Quito, ayer.

Agustín del Castillo / Quito, Ecuador. MILENIO JALISCO. 

La declaración de Quito, formalizada ayer en la clausura de Hábitat III, plantea la búsqueda de "ciudades prósperas", y eso significa que los ciudadanos ejercerán a plenitud sus derechos y no se les impondrán proyectos políticos y económicos de corto plazo que colapsaron los entornos urbanos a pretexto de resolver la necesidad de vivienda. Ha llegado el momento de "sepultar" a la ciudad neoliberal, sostiene el consultor de ONU Hábitat, Eduardo López Moreno.

En la jornada final del encuentro más importante en materia de vivienda y desarrollo urbano a nivel de las Naciones Unidas, que se realiza cada 20 años, el experto formado en la Universidad de Guadalajara y que ha elaborado trabajos decisivos sobre el tema de la inequidad de las ciudades del mundo, sostiene que no queda otro camino que cambiar, porque el modelo vigente no resistirá.

"Esta no es un conferencia, es la definición de una política que va a afectar el destino de las ciudades en los próximos 20 años, que va a cambiar el destino o el acceso o no de oportunidades, de ciudades más accesibles, más habitables, más sustentables [...] el análisis que hicimos hace 20 años nos dice que el proceso de urbanización, a pesar de las ventajas que la urbanización tiene como agente transformador, ha sido insostenible; las ciudades crecieron y se desparramaron en periferias, en forma especulativa y descontrolada, con poca o ninguna planeación urbana; el habitante de a pie es el que sufre eso, es el que va a vivir en una periferia sin servicios, es el que va a pagar 15 por ciento más de transporte, es el que va a pasar por zonas donde se verá afectado en su seguridad personal; las ciudades se tienen que transformar en lugares de prosperidad para todos, y si no tienes una política, si no tienes acciones claras que te permitan definir y crear un marco regulatorio, crear compromisos y planes de acciones a futuro, entonces a dónde vas; y además tenemos que crear los mecanismos necesarios para monitorear que los procesos se den", dijo a MILENIO JALISCO.

- Entonces, al menos en este asunto, ¿la conferencia de Estambul de 1996 falló?

- Sí, falló, porque si bien tuvo ciertas ventajas: fue la primera vez que la sociedad civil y las sociedades locales tuvieron mayor presencia, fue la primera vez que se habló de base de datos, del observatorio mundial del derecho a la vivienda, en forma más clara [...] la agenda de Hábitat que se aprobó en Estambul tenía 220 recomendaciones sectoriales; dónde están estas, era una locura, era una lista de buenas intenciones [...] hoy en día, ya que se aplique la agenda, lo que tenemos que hacer como medios de comunicación y como sociedad civil, es discutir de forma clara, y no permitir que los gobiernos implementen estas políticas por ellos solos; tiene que ser la distribución de prioridades, de recursos, la medición de esas políticas en el sitio donde se implementaron, y tiene que hacerse con una participación incluyente y abierta, eso sería un proceso transformador.



- En Guadalajara uno advierte que hay un discurso abierto a los ciudadanos, pero también muchas resistencias a este cambio de parte de los gobiernos.

- Sí, si hay resistencias es porque muchos de los gobiernos locales todavía están funcionando con un modelo de gestión y un modelo de gobernanza muy vertical, poco articulado a la noción de persona, poco articulado a la noción de servicio, y sobre todo sin una claridad en la rendición de cuentas; por eso necesitamos sistemas que nos permitan crear mecanismos donde la acción pública y la política sean rendidas con cuentas claras; y que el voto y la decisión popular estén vinculados a esta rendición de cuentas, no a situaciones carismáticas o de movilización de partidos; tenemos que salir de esa lógica para considerar que las ciudades salgan de esa misma.

- ¿Y este encuentro ayudará a cambiar con este modelo económico que se detecta como el origen de que todo este desastre?

- Sí, totalmente; una de las conclusiones fundamentales de estos 20 años es que la urbanización careció de visión de largo plazo, fue en corto plazo y a beneficios cortos y rápidos; entonces la visión de inversión de largo plazo, de bien público, estuvo ausente del discurso y estuvo ausente de la realidad; el cambio tiene que ver con una mudanza clara de la visión de política y la noción de planeación, y doy un ejemplo: hace 25 años, 50 o 60 por ciento de las extensiones urbanas, incluyendo México, se planeaban; hoy en día es de 30 a 40 por ciento según nuestras bases de datos, y cómo te puedes explicar que con mayor presencia de la sociedad civil, con mayores instituciones, más sólidas, con más tecnología y capacidades, haya menos planeación; porque la planeación se puso al servicio de los desarrolladores urbanos, de los viviendistas y promotores, y no como el bien público fundamental que debió haber sido. La agenda urbana tiene que acomodarse en la lógica que las ciudades, con un objetivo claro de largo plazo.

- Es decir, ¿la ciudad neoliberal debe pasar a la historia ya?

- Debe de ser sepultada, y mostrar que lo que ocasionó fue grandes diferencias, fue emanado de políticas neoliberales, y produjo que en estos últimos años, 75 por ciento de las ciudades del mundo sean más desiguales que hace 25 años.

- Y un deterioro de la confianza ciudadana en sus autoridades.

- Sí, totalmente, la autoridad municipal abusó de los mecanismos, de ciertos beneficios colectivos, y de ciertas relaciones, donde utilizabas la norma local, para derogar o captura beneficios que obtuvieron actores muy claros; hay que reconstruir una nueva legitimidad local, hay que reconstruir un nuevo pacto local, donde se invite a crear nuevos mecanismos, con participación ciudadana; los mecanismos actuales son obsoletos, benefician a grupos encumbrados, esconden poderes, y no permiten una participación real, entonces creo que con la llegada de la Nueva Agenda Urbana sería un buen momento para discutir todas estas nuevas alianzas para un nuevo pacto social claramente establecido.



Claves

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Propuestas

Para la implementación de la Nueva Agenda Urbana se necesita:

• Construir sistemas geográficos integrados y disponibles a la sociedad

• Construir y adoptar indicadores homogéneos entre ciudades, no sólo de un país, para medir el cumplimento y el avance en la aplicación de la Nueva Agenda Urbana (Índice de Prosperidad Urbana)

• Aplicar esquemas novedosos de financiamiento que resuelvan la escasez de recursos públicos y que ofrezcan espacios a la participación del capital privado en la construcción de la ciudad

• Adoptar legislaciones que estructuren un nuevo marco institucional y normativo como políticas de Estado alejadas de los vaivenes político-electorales

• Desarrollar capacidades técnicas a nivel local donde está ocurriendo la toma de decisiones que conforman la ciudad. El rol de redes nacionales, subnacionales y de gobiernos locales para capacitar los recursos humanos

• Diseñar esquemas de gobernanza multinivel que permitan la concurrencia ordenada y eficiente de las atribuciones, capacidades y recursos de las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la gestión del territorio, especialmente en territorios donde coinciden en una sola ciudad

• Evaluación del impacto y eficacia de todas las políticas públicas a la luz de su carácter inclusivo no sólo en temas de género, sino también de los grupos vulnerables de la sociedad como los niños, los adultos mayores, los discapacitados y los indígenas

Fuente: discusión del Borrador Cero de la Declaración de Quito de la Conferencia Hábitat III


La declaración de Quito - Hábitat III

Ayer concluyó Hábitat III, Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible con la Declaración de Quito sobre ciudades sostenibles, basada en la Nueva Agenda Urbana, que tiene 175 párrafos para los 193 estados miembros de la ONU en temas urbanos con tres principios: equidad e igualdad, economías urbanas sostenibles e inclusivas y sostenibilidad ambiental. No es una declaración vinculante

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Así, se buscará:

• Ciudades que sean para todos y donde se aplique el concepto de Derecho a la ciudad

• Ciudades que sean incluyentes y libres de discriminación

• Ciudades que promuevan y aseguren el derecho a una vivienda adecuada

• Ciudades que sean resilientes frente a desastres naturales u ocasionados por el hombre

• Ciudades que protejan su medio ambiente

• Ciudades que generen sentido de pertenencia

• Ciudades donde las mujeres puedan empoderarse

• Ciudades capaces de afrontar los desafíos del crecimiento urbano

• Ciudades que cumplan con la función social del suelo

• Ciudades que sean un motor económico y productivo

• Ciudades que apuesten por la planificación urbana

• Ciudades que promocionen sistemas de movilidad urbana sostenible

ONU HÁBITAT

miércoles, 19 de octubre de 2016

Premian a Zapopan por estrategia que ha ignorado



El equipo multidisciplinario de CITA entregó una estrategia de ordenamiento territorial en el marco de “ciudades prósperas”, que el municipio no aplica; ese trabajo ha sido premiado en Hábitat III.

Agustín del Castillo / Quito, Ecuador. MILENIO JALISCO.

El equipo que elaboró la Estrategia para la prosperidad urbana Zapopan 2030, integrado por profesionales de la arquitectura, el urbanismo, las disciplinas ambientales, económicas y sociales, quienes laboran fundamentalmente en Jalisco, fue reconocido ayer en el XI Foro Global de Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles en Quito, Ecuador, en el marco de Hábitat III de ONU.

Y si bien, el ayuntamiento local no ha aplicado esta estrategia territorial, el presidente municipal, Pablo Lemus Navarro - quien acudió a recibir el premio-, se comprometió a hacerlo, aunque algunas de sus consideraciones más importantes contradicen el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet), sobre todo en el tema de las "centralidades emergentes" de la meseta de Copala (carretera a Colotlán), las cuales incluyó el propio alcalde a pretexto de la falta de servicios de los 120 mil habitantes que allí existen, aunque a los desarrolladores inmobiliarios les ofreció la zona para crecerla a casi medio millón de habitantes (ver "Zapopan impone Colotlán en el POTmet", en MILENIO JALISCO, 4 de julio de 2016).

TE RECOMENDAMOS: Zapopan ocupa el tercer lugar en prosperidad urbana: ONU-Hábitat

¿Cuáles son las premisas básicas para que la estrategia territorial sea aplicada? "Uno, dejar de urbanizar los sistemas naturales que proveen servicios ambientales; dos, integrar las redes territoriales y reducir la fragmentación; tres, revertir la segregación socioeconómica y los desequilibrios territoriales; y cuatro, desarrollar plataformas para la gobernanza territorial, estas son la premisas de la estrategia que recibió el premio global de asentamientos humanos y sustentabilidad en la categoría de diseño y planeación. Nada hecho; todo por hacer. Para lo único que se espera que sirva, es para comprometer a autoridades y profesionales a tomar medidas concretas para hacer realidad estos cuatro puntos", dijo a este diario Héctor Castañón, integrante del Centro de Infotectura y Tecnología Aplicada a las Ciudades (CITA), del que forma parte el equipo del proyecto reconocido en Quito.

"El municipio de Zapopan, en Jalisco, México, crece rápidamente al ofrecer grandes oportunidades de formación e inversión, y un entorno privilegiado rodeado de áreas naturales protegidas y recursos estratégicos para el futuro; sin embargo, es también un territorio de contrastes donde persiste la desigualdad y se agudiza la segregación espacial, al tiempo que el crecimiento expansivo de la mancha urbana amenaza su patrimonio natural y cultural. Su reto principal es el de lograr un desarrollo balanceado. Tomando como punto de partida el Índice de Prosperidad Urbana, el equipo multidisciplinario y multisectorial diseñó un proceso de trabajo para diagnosticar y analizar el territorio de forma compleja, llegando a la definición de una Estrategia para la Prosperidad Urbana, y estableciendo con ello un modelo de trabajo innovador e integrador que podrá ser recuperado por las más de 400 ciudades alrededor del mundo que son parte de la Iniciativa de Ciudades Prósperas", señala la presentación del proyecto ganador hecha por Cita.

Para lograr el objetivo, "una de las herramientas que proporciona este proyecto es la metodología denominada como ZOOM, la cual fomenta el diálogo entre distintos enfoques disciplinarios y sectoriales relacionados con el desarrollo urbano y territorial al cambiar el ángulo de visión del análisis y al moverse a través de diferentes escalas. Esto facilita el diálogo entre las comunidades en los niveles micro, meso y macro, lo que permite el flujo de información desde abajo hacia arriba y hacia abajo de nuevo, la movilización de las capacidades, los recursos y la participación de diferentes niveles para un desarrollo próspero. Se espera que este reconocimiento permita crear un compromiso por parte de las autoridades para discutir e implementar lo expuesto", añade.

Porque hasta ahora, si bien Zapopan asegura haber renovado convenios con ONU Hábitat para el proyecto de ciudad próspera, las acciones y declaraciones del presidente municipal han sido contradictorias, pues asegura no buscar más la dispersión urbana pero obliga a abrir el POTmet al tema de las "centralidades emergentes" en una zona marcada como "no apta" para la urbanización. Su explicación es que la infraestructura es una obligación de su gobierno, aunque una cosa es consolidar asentamientos ya habitados y otra establecer servicios en zonas que hoy están en breña, y a cinco o diez kilómetros del límite de la ciudad, como ocurre en ese caso.

Dice la página 48 de la estrategia premiada: "Es palpable una segregación espacial por usos, niveles socioeconómicos y tipologías. La actividad inmobiliaria está generando desarrollos suburbanos aislados [formales e informales] y sin calidad urbanística, lo que agudiza las desigualdades manifiestas en el territorio. La normatividad no ha sido capaz de llevar a cabo una conducción de los procesos de ocupación del territorio [...] el espacio público ha venido perdiendo relevancia y acceso universal, en muchos casos se ha privatizado y ha aumentado la dependencia del automóvil para el desplazamiento".

Además, "ante la rápida y poderosa promoción inmobiliaria, soportada por los fondos de los trabajadores y el propio Gobierno Federal, el municipio ha contado con muy limitados instrumentos de conducción del desarrollo. Destaca la falta de una visión de largo plazo, la ausencia de una visión de conjunto y la insuficiencia de elementos de análisis cuantitativo para los retos actuales de Zapopan, la falta de profesionalización en el servicio público, la discontinuidad en las políticas públicas y limitados instrumentos legales de control sobre el suelo y la propiedad privada" (documento completo en http://www.zapopan.gob.mx/estrategia-territorial-para-la-prosperidad-zapopan-2030/).

SRN

martes, 18 de octubre de 2016

Ciudades secuestradas, el gran debate de Hábitat III



Conurbaciones dispersas y fragmentadas, poder político que oye pero no escucha, élites que controlan las decisiones, un cuadro común a las urbes de Latinoamérica

Agustín del Castillo / Quito, Ecuador. MILENIO JALISCO. 

La ciudad latinoamericana en la era del neoliberalismo triunfante desconcierta: los ciudadanos no encuentran en su crecimiento desbocado, sus servicios deficientes y los feudos acotados de sus clases altas y medias la huella de su imaginario y la respuesta a sus necesidades; los políticos realizan consultas públicas para mero registro de decisiones ya tomadas de antemano con los poderes económicos; el espacio público se acorta, la inseguridad crece y la desconfianza es un aire que flota y fulmina cualquier posibilidad de diálogo y solidaridad.

¿Retrato tremendista o atisbo de realidad? Los instrumentos de consulta de percepción ciudadana que se realizan periódicamente confirman que, equivocados o no, esa es la idea de la inmensa mayoría de los latinoamericanos, que se sienten divorciados de sus élites que ven la ciudad como negocio y mantienen sus vidas privilegiadas al margen de la población y de los efectos de las decisiones equivocadas. Pero los académicos también lo ven de ese modo, y Hábitat III de Ecuador es un buen laboratorio de este debate.

Jordi Borja hizo eco de este debate en un texto preparado para la inauguración del foro Hábitat III Alternativo: “Las conferencias internacionales nos advierten retóricamente que el territorio no puede soportar el calentamiento del planeta, la contaminación del aire, el despilfarro del agua, del suelo y de las energías no renovables, la destrucción o la banalización de los paisajes […]como los tribunos de la plebe denuncian incluso pero sin criticar las causas y mecanismos que crean estas situaciones, sin concretar los actores responsables que por acción y por omisión hacen de la ciudad un lugar de desposesión y exclusión. La urbanización extensiva y especulativa es la disolución de la ciudad y la ciudadanía”, advierte el célebre urbanista catalán.

“Las ciudades compactas y complejas devienen centros gentrificados, reductos selectivos de grupos privilegiados. O, lo que fueron espacios populares, de poblaciones mezcladas o marcados por grandes infraestructuras (puertos, aeropuertos, gran industria) se reconvierten en enclaves, de oficinas, comercios y ‘gente bien’. A veces mal llamados grandes proyectos urbanos […] pero es en las periferias que se desarrolla la no-ciudad, la urbanización sin ciudad. Es la urbanización difusa y fragmentada, segregadora, rompedora de los lazos sociales y culturales. La mixtura propia de la ciudad es substituida por la guetización. La cultura ciudadana deviene tribu o individuos atomizados. Son los territorios de la especulación, de los conjuntos más o menos ricos encerrados como en una fortaleza. O conjuntos sociales o informales excluidos de la ciudad”.

¿Quiénes pierden con esta destrucción del sentido de ciudad? “Son los pobres, las poblaciones de bajos ingresos, los que más necesitan de la ciudad. Ni espacio ni interlocutor tienen para reivindicar y negociar”, subraya.

Esto ha derivado en cuestionar la posibilidad verdadera que se tiene para grandes conferencias internacionales. Pero las alcaldesas de Barcelona y de Madrid, Ada Colau y Manuela Carmena, alertan sobre no caer en la tentación de renunciar a esa presencia. “Las instituciones, los gobiernos, son de los ciudadanos, o para qué se pagan impuestos. Es un error no acudir porque si bien sabemos que hay limitaciones, esto es una lucha que termina dando frutos […] no podemos dejar ese espacio que es de los ciudadanos, en eso consiste la democracia, en participar, y no sólo votar”, señala la dirigente madrileña, reconocida como catalizadora de un proceso de rescate urbano de la capital española.

La urbanista mexicana Estefanía Chávez de Ortega, maestra de muchas generaciones y experimentada observadora del fenómeno urbano en más de 40 años, reconoce el problema, pero culpa a los ciudadanos por su tibieza. “Si las ciudades están controladas por unos cuantos es porque los ciudadanos nos hemos dejado, no queremos participar e intervenir”, dice a MILENIO JALISCO al final de una de las muchas discusiones sobre el tema.

Es ilustrador lo que comentaba Agustín Escobar Latapí, del CIESAS Occidente(México), al presentar la encuesta de percepción “La desigualdad en diez ciudades latinoamericanas”, levantada en los centros urbanos de Guadalajara, Montevideo, Bogotá, Quito, Asunción, Córdoba, Lima, Santa Cruz, Sao Paulo y Valparaíso.

“La mayoría de los latinoamericanos percibimos ciertas cosas en común: en nuestras ciudades hay una desigualdad que consideramos excesiva, en donde la estructura social tiende a ser percibida como encabezada por un grupo pequeño extremadamente distante de los otros […] el crecimiento del poder y la riqueza de unos cuantos ha sido evidente. Es imposible reflejar a este pequeño grupo en las encuestas de hogares, pero ellos son ampliamente percibidos por el resto de los ciudadanos como beneficiarios de condiciones y privilegios especiales que les han ayudado a acumular riqueza, privilegio y poder, subyugando, comprando o seduciendo con frecuencia a sus gobiernos”, refería.

A la pregunta: “En términos generales, ¿diría usted que su ciudad está gobernada por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio, o que está gobernada para el bien de todo el pueblo?”, la encuesta señala, sintéticamente:

“Sumando las respuestas de todas las ciudades, 77.4 por ciento de los encuestados señaló que su ciudad estaba gobernada por grupos poderosos en su propio beneficio, y solo 18.6 por ciento señaló que a favor de todo el pueblo. Lo que señala una percepción extendida en la región: que existen grupos locales de poder que pesan de manera notable en las decisiones de los gobiernos por sobre la mayoría”.

La ciudad neoliberal, ciudad de todos pero sólo para unos cuántos. Un dato objetivo es que un análisis de 180 conurbaciones latinoamericanas por ONU Hábitat, publicado en 2014, revela que la desigualdad citadina es mayor que la rural en el subcontinente. Y como la desconfianza es una niebla que se respira y nubla la visibilidad, la apremiante resolución al problema no se atisba cerca.

MC


lunes, 17 de octubre de 2016

Jalisco “invade” la reunión mundial sobre metrópolis



Con presencia de líderes mundiales, se destaca una nutrida delegación de jaliscienses preocupados por el futuro de la ciudad que ahora se discute.

Agustín del Castillo / Quito, Ecuador. MILENIO JALISCO. 

Guadalajara, una ciudad en “construcción” como área metropolitana de nueve municipios, con fuertes polémicas en torno a los modos de la participación ciudadana en el proceso de planeación, y acerca de la calidad y pertinencia de sus instituciones metropolitanas y de sus planes y programas emanados recientemente para mejorar el uso del territorio y la subordinación efectiva de los intereses privados a los públicos, tiene fuerte presencia en la reunión Hábitat III de la ONU que se realiza a partir de hoy, en la capital de Ecuador, al pie de la cordillera de los Andes.

Se trata del encuentro más importante del año en la materia, por lo que notables líderes de ciudades del planeta se han reunido en busca de las claves para generar ciudades bajas en carbono, verdes y resilientes (es decir, con capacidad de respuesta ante los desafíos como el cambio climático); la inauguración, esta mañana, será presidida por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon.

El interés de Jalisco, tanto por instancias de gobierno municipal y estatal como de los responsables y profesionales del urbanismo y la planeación, crece al ser 2016 un año en que se han generado dos instrumentos fuertemente debatidos: el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet), y el Programa de Desarrollo Metropolitano, en proceso, pero del que se pretende mostrar adelantos por parte del director del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), Ricardo Gutiérrez Padilla.

En ambos casos, las críticas van por la endeble participación de la población, lo que parte de un problema de origen: las leyes mexicanas y estatales en la materia son imprecisas y vagas respecto a los modos de ese concurso ciudadano. De manera que un documento que en casos de ciudades exitosas, como Amsterdam (Holanda), Madrid (España) y Copenhague (Dinamarca) se llevan años de consulta, en Guadalajara salieron con talleres participativos en unos cuantos meses.

El otro problema deriva de críticas a la calidad de los diagnósticos y la falta de contundencia del POTmet respecto a la posibilidad de que se retome la rectoría de lo público sobre lo privado, en una ciudad donde los empresarios de la vivienda, los constructores de infraestructura y los fabricantes de autos marcan la pauta del crecimiento desde hace tres décadas.

La secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Magdalena Ruiz Mejía, ha acudido con la representación del gobernador del estado; destaca también la presencia del presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, quien recibirá un premio en categoría de diseño y planeación al equipo técnico que armó la estrategia territorial de Zapopan, por parte del Foro Global de Asentamientos Humanos (integrado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ONU-hábitat, Cities Alliance y una organización civil llamada global Human Settlements).

Esa estrategia la trabajaron como consultores para ONU: Héctor Castañón, Javier Clausen, Roberto Arias, Luis Fernando Álvarez, Alejandro Echeverri, Karen Gutiérrez y Rossana Valdivia, entre otros especialistas de Jalisco. “El punto es que nomás es una ruta, la buena noticia sería su implementación luego de una mayor discusión sobre su pertinencia. Espero que este elemento del premio sirva para eso”, dijo Castañón, quien se encuentra en Quito, a MILENIO JALISCO.

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Tres foros

Se trata en realidad de tres encuentros simultáneos: la Conferencia Habitat III de las Naciones Unidas (HIII), el Foro Habitat III Alterno (H3A) – convocado por academia y organizaciones de la sociedad civil -, y el foro académico del Flacso (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales).

En la conferencia oficial, “se refleja el peso que tendrá el borrador de la Nueva Agenda Urbana que busca suscribirse por los gobiernos nacionales, y cuyo principal reto es el de la promoción e implementación […] en términos de enfoque se mantiene la búsqueda del desarrollo sustentable como principio de actuación, y aparecen con mayor peso los temas de inclusión, equidad y diversos actores sociales que deberían conformar un nuevo esquema de gobernanza basada en el involucramiento y participación de la sociedad civil”, explicó Héctor Castañón.

El foro alterno “da un mayor peso a la perspectiva de derechos, comunidad, justicia, equidad, con un mayor énfasis en lo social y lo local, destacando de manera sustantiva la dimensión de género […] destaca también la referencia a la necesidad de generar información y planificación gubernamental de forma compleja e integral, poniendo en el centro los aspectos sociales”, puntualiza.

(AC/Quito, Ecuador)

La dispersión urbana de la AMG aumentó desigualdad



En desigualdad, el tamaño sí importa: Guadalajara, Quito –sede de ONU-Hábitat III– y casi todas las ciudades latinoamericanas que crecieron desmedidamente (más del doble en los últimos 25 años), se hicieron más desiguales.

Agustín del Castillo / Quito, Ecuador. MILENIO JALISCO. 

Ambas urbes están situadas al pie de volcanes –el volcán Pichincha con sus nieves aún dotadas de la pátina de eternidad, no obstante el calentamiento global, justo a la mitad del mundo; y la caldera del supervolcán dormido de La Primavera, con mayor diversidad biológica que países completos como Islandia o Irlanda–; las dos se ubican en el rango de entre dos y cinco millones de habitantes -es decir, son ciudades populosas-;  y también comparten la característica de que sus conurbaciones se expandieron físicamente más del doble en los últimos 25 años.

Quito y Guadalajara son ciudades latinoamericanas típicas, dentro de la región planetaria cuyas sociedades han sido las más desiguales de la historia, al menos desde que el barón de Humboldt lo documentó en sus célebres viajes a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX.

Y si bien, el comportamiento de la desigualdad debe preocupar más a los ecuatorianos que a los mexicanos, es necesario destacar que mientras Quito se ha mantenido desde 1990 en alrededor de 0.500 del coeficiente de Gini (la medida estadística de la desigualdad); Guadalajara pasó de 0.522 en 1989 a 0.399 en 2005… para después perder buena parte de lo ganado: en 2010 volvió a subir en desigualdad, a 0.421.

Esto es parte del gran tema que aborda el investigador tapatío Eduardo López Moreno, quien recientemente ha publicado para ONU Hábitat el estudio ‘Construcción de ciudades más equitativas, políticas públicas para la inclusión en América Latina’, cuyas resonancias suenan en la cumbre Hábitat III, arrancada ayer. El documento revisa una amplia base de datos, de más de 180 ciudades del subcontinente, y destaca victorias y derrotas en la lucha contra la desigualdad social: cómo los ricos tienen demasiado y los pobres demasiado poco. Y el fenómeno de la expansión, que en Guadalajara llevó a la ciudad de 30 mil hectáreas en 1992 a casi 73 mil ha en 2015, con una “huella de ciudad” cercana a 100 mil ha, es también causa de la nueva desigualdad.

“[…] la dispersión y expansión de las ciudades a las periferias, [las hace] cada vez más remotas e incomunicadas. En los últimos 20 años, las ciudades latinoamericanas se expandieron físicamente, en promedio, de dos a tres veces más de lo que requerían para responder a su crecimiento demográfico. Con muy bajas densidades residenciales y económicas, y con usos de suelo que limitan el desarrollo de las actividades productivas, la expansión urbana no es propensa a consolidar economías de aglomeración y crear empleos, lo que a su vez puede generar nuevas desigualdades”, señala.

Por si fuera poco, “con la tendencia creciente a la dispersión y expansión de las ciudades, resulta más costosa la construcción y el mantenimiento de la infraestructura urbana. Y si estas inversiones no se realizan de manera adecuada pueden profundizar las desigualdades”. Por ello, ONU Hábitat “postula que con un diseño urbano eficiente, junto a una legislación y políticas de tierra adecuadas, es posible reducir el costo de la infraestructura”.

El asunto es tan preocupante, que en la región, “la desigualdad en las zonas urbanas ha aumentado más que en las áreas rurales”.

El estudio demuestra “una relación directa entre el tamaño de las ciudades y la desigualdad del ingreso […] el coeficiente de Gini para las megaciudades [más de diez millones de habitantes] y muy grandes [más de cinco millones] es en promedio de 0.553 en el periodo 1990 y 2010, el cual corresponde al grupo cinco de ‘muy alta desigualdad’. Las ciudades pequeñas [entre 100 y 500 mil habitantes] tienen un índice de desigualdad promedio de 0.460 en los mismos años, índice que las ubica en el grupo cuatro ‘alta desigualdad. Un gradiente´ descendente se observa en las ciudades grandes [una a cinco millones de habitantes] y las secundarias [500 mil a un millón], cuyo Gini promedio para los mismos años de referencia baja de 0.499 a 0.481, respectivamente, tasas que las ubica también en el rango de ‘alta desigualdad”.

Así, “a medida que las ciudades crecen, la distribución en el ingreso es afectada por los cambios en la estructura laboral y por una mayor dispersión de los ingresos. A estos factores habría que agregar que las economías de escala incrementan la competencia y diversifican los salarios, y las economías de aglomeración incrementan la productividad laboral y generan diferenciales en el ingreso. Tal contexto tiene efectos en la desigualdad debido  a un incremento más rápido de la productividad de la mano de obra calificada sobre la no calificada. Por tanto, las economías de aglomeración generan excedentes elevados, recursos que se concentran en unas pocas personas”.

Y uno de los aspectos más delicados en este tema es la pérdida de la movilidad. “La participación del transporte público se ha reducido en varias ciudades, tales como Buenos Aires, Río de Janeiro, Santiago, Guadalajara y Montevideo, entre otras […]  las características geográficas de las ciudades, así como su vertiginoso y poco planificado crecimiento urbano resultan poco propicios para la introducción del transporte público, sobre todo en las áreas apartadas de la ciudad. Sin embargo, generalmente, las periferias urbanas son ocupadas por grupos de personas de bajos ingresos y con una alta dependencia al transporte colectivo para sus desplazamientos cotidianos”.

Se trata de un espacio ocupado “sin planeación ni control, con un sistema de transporte desregulado y poco controlado, y con una infraestructura vial ineficiente, se reducen las posibilidades de movilidad para los habitantes de estas zonas. A las ya de por sí importantes externalidades negativas del transporte que afectan principalmente a los pobres, tales como la congestión, la contaminación y los accidentes de tráfico, se agregan otras desigualdades asociadas a los costos a los tiempos de espera y al desplazamiento. Queda comprobado entonces que una movilidad deficiente genera y reproduce nuevas desigualdades”.

En consecuencia, “los sectores pobres suelen tener menos acceso a servicios como hospitales, centros educativos y otros, lo cual dificulta el disfrute de sus derechos básicos como ciudadanos […] también tienen disminuidas sus posibilidades de integrarse al mercado laboral, ya que con condiciones económicas limitadas deberán reducir sus desplazamientos en busca de empleo. Es también usual que se vean forzados a restringir los traslados al jefe de la familia o a otro miembro de la misma, lo que acaba por limitar las oportunidades de las mujeres, jóvenes y ancianos […] implica un agravamiento de los niveles de pobreza, desigualdad y exclusión”.

Esto, sin aludir otros problemas asociados, como la invasión de arroyos y zonas forestales que proveen valiosos servicios ambientales para las propias ciudades, y cuya ocupación urbanística potencia los riesgos. ¿Es casual el problema severo de inundaciones periódicas y deslizamientos en 143 puntos de la ciudad andina y 300 puntos en la mexicana? Es parte de la historia y circunstancia de dos ciudades desiguales que crecieron al pie de volcanes milenarios.

Élites poderosas y poca ciudadanía

El trabajo de Eduardo López Moreno saca a colación otro ejercicio: La desigualdad en diez ciudades latinoamericanas, una encuesta de percepción en la que participó el observatorio Jalisco Cómo Vamos. Uno de los aspectos que más desazón genera el ejercicio, es que los ciudadanos de a pie consideran que sus ciudades están secuestradas por las élites (ver MILENIO JALISCO, 21 de abril de 2015).

“Casi ocho de cada diez entrevistados consideraban que su ciudad estaba gobernada por grupos poderosos en su propio beneficio. Se trata de una opinión generalizada que indica que las oportunidades están repartidas de forma desigual y que terminan por beneficiar a los ricos”.

También en el Latinobarómetro, “68 por ciento de los encuestados respondió afirmativamente a esta pregunta. Es de notar que el porcentaje de quienes diagnostican un funcionamiento oligárquico de los gobiernos es consistentemente mayor en las urbes latinoamericanas que en el conjunto de los países considerados en la encuesta nacional. Esta distancia podría explicarse por una mayor propensión de los habitantes urbanos a percibir que los gobiernos locales favorecen ciertas élites políticas que los habitantes a nivel del país”.

Qué es coeficiente Gini<

La medida más utilizada para medir desigualdad en ingreso y consumo es el coeficiente de Gini. “Se trata de un índice que resume la información de la distribución de los ingresos/consumos de la población analizada en un valor único por medio de un puntaje”. Uno es completa desigualdad, cero es ninguna desigualdad.


La dispersión urbana de la AMG aumentó desigualdad



En desigualdad, el tamaño sí importa: Guadalajara, Quito –sede de ONU-Hábitat III– y casi todas las ciudades latinoamericanas que crecieron desmedidamente (más del doble en los últimos 25 años), se hicieron más desiguales.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Ambas urbes están situadas al pie de volcanes –el volcán Pichincha con sus nieves aún dotadas de la pátina de eternidad, no obstante el calentamiento global, justo a la mitad del mundo; y la caldera del supervolcán dormido de La Primavera, con mayor diversidad biológica que países completos como Islandia o Irlanda–; las dos se ubican en el rango de entre dos y cinco millones de habitantes -es decir, son ciudades populosas-;  y también comparten la característica de que sus conurbaciones se expandieron físicamente más del doble en los últimos 25 años.

Quito y Guadalajara son ciudades latinoamericanas típicas, dentro de la región planetaria cuyas sociedades han sido las más desiguales de la historia, al menos desde que el barón de Humboldt lo documentó en sus célebres viajes a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX.

Y si bien, el comportamiento de la desigualdad debe preocupar más a los ecuatorianos que a los mexicanos, es necesario destacar que mientras Quito se ha mantenido desde 1990 en alrededor de 0.500 del coeficiente de Gini (la medida estadística de la desigualdad); Guadalajara pasó de 0.522 en 1989 a 0.399 en 2005… para después perder buena parte de lo ganado: en 2010 volvió a subir en desigualdad, a 0.421.

Esto es parte del gran tema que aborda el investigador tapatío Eduardo López Moreno, quien recientemente ha publicado para ONU Hábitat el estudio ‘Construcción de ciudades más equitativas, políticas públicas para la inclusión en América Latina’, cuyas resonancias suenan en la cumbre Hábitat III, arrancada ayer. El documento revisa una amplia base de datos, de más de 180 ciudades del subcontinente, y destaca victorias y derrotas en la lucha contra la desigualdad social: cómo los ricos tienen demasiado y los pobres demasiado poco. Y el fenómeno de la expansión, que en Guadalajara llevó a la ciudad de 30 mil hectáreas en 1992 a casi 73 mil ha en 2015, con una “huella de ciudad” cercana a 100 mil ha, es también causa de la nueva desigualdad.

“[…] la dispersión y expansión de las ciudades a las periferias, [las hace] cada vez más remotas e incomunicadas. En los últimos 20 años, las ciudades latinoamericanas se expandieron físicamente, en promedio, de dos a tres veces más de lo que requerían para responder a su crecimiento demográfico. Con muy bajas densidades residenciales y económicas, y con usos de suelo que limitan el desarrollo de las actividades productivas, la expansión urbana no es propensa a consolidar economías de aglomeración y crear empleos, lo que a su vez puede generar nuevas desigualdades”, señala.

Por si fuera poco, “con la tendencia creciente a la dispersión y expansión de las ciudades, resulta más costosa la construcción y el mantenimiento de la infraestructura urbana. Y si estas inversiones no se realizan de manera adecuada pueden profundizar las desigualdades”. Por ello, ONU Hábitat “postula que con un diseño urbano eficiente, junto a una legislación y políticas de tierra adecuadas, es posible reducir el costo de la infraestructura”.

El asunto es tan preocupante, que en la región, “la desigualdad en las zonas urbanas ha aumentado más que en las áreas rurales”.

El estudio demuestra “una relación directa entre el tamaño de las ciudades y la desigualdad del ingreso […] el coeficiente de Gini para las megaciudades [más de diez millones de habitantes] y muy grandes [más de cinco millones] es en promedio de 0.553 en el periodo 1990 y 2010, el cual corresponde al grupo cinco de ‘muy alta desigualdad’. Las ciudades pequeñas [entre 100 y 500 mil habitantes] tienen un índice de desigualdad promedio de 0.460 en los mismos años, índice que las ubica en el grupo cuatro ‘alta desigualdad. Un gradiente´ descendente se observa en las ciudades grandes [una a cinco millones de habitantes] y las secundarias [500 mil a un millón], cuyo Gini promedio para los mismos años de referencia baja de 0.499 a 0.481, respectivamente, tasas que las ubica también en el rango de ‘alta desigualdad”.

Así, “a medida que las ciudades crecen, la distribución en el ingreso es afectada por los cambios en la estructura laboral y por una mayor dispersión de los ingresos. A estos factores habría que agregar que las economías de escala incrementan la competencia y diversifican los salarios, y las economías de aglomeración incrementan la productividad laboral y generan diferenciales en el ingreso. Tal contexto tiene efectos en la desigualdad debido  a un incremento más rápido de la productividad de la mano de obra calificada sobre la no calificada. Por tanto, las economías de aglomeración generan excedentes elevados, recursos que se concentran en unas pocas personas”.

Y uno de los aspectos más delicados en este tema es la pérdida de la movilidad. “La participación del transporte público se ha reducido en varias ciudades, tales como Buenos Aires, Río de Janeiro, Santiago, Guadalajara y Montevideo, entre otras […]  las características geográficas de las ciudades, así como su vertiginoso y poco planificado crecimiento urbano resultan poco propicios para la introducción del transporte público, sobre todo en las áreas apartadas de la ciudad. Sin embargo, generalmente, las periferias urbanas son ocupadas por grupos de personas de bajos ingresos y con una alta dependencia al transporte colectivo para sus desplazamientos cotidianos”.

Se trata de un espacio ocupado “sin planeación ni control, con un sistema de transporte desregulado y poco controlado, y con una infraestructura vial ineficiente, se reducen las posibilidades de movilidad para los habitantes de estas zonas. A las ya de por sí importantes externalidades negativas del transporte que afectan principalmente a los pobres, tales como la congestión, la contaminación y los accidentes de tráfico, se agregan otras desigualdades asociadas a los costos a los tiempos de espera y al desplazamiento. Queda comprobado entonces que una movilidad deficiente genera y reproduce nuevas desigualdades”.

En consecuencia, “los sectores pobres suelen tener menos acceso a servicios como hospitales, centros educativos y otros, lo cual dificulta el disfrute de sus derechos básicos como ciudadanos […] también tienen disminuidas sus posibilidades de integrarse al mercado laboral, ya que con condiciones económicas limitadas deberán reducir sus desplazamientos en busca de empleo. Es también usual que se vean forzados a restringir los traslados al jefe de la familia o a otro miembro de la misma, lo que acaba por limitar las oportunidades de las mujeres, jóvenes y ancianos […] implica un agravamiento de los niveles de pobreza, desigualdad y exclusión”.

Esto, sin aludir otros problemas asociados, como la invasión de arroyos y zonas forestales que proveen valiosos servicios ambientales para las propias ciudades, y cuya ocupación urbanística potencia los riesgos. ¿Es casual el problema severo de inundaciones periódicas y deslizamientos en 143 puntos de la ciudad andina y 300 puntos en la mexicana? Es parte de la historia y circunstancia de dos ciudades desiguales que crecieron al pie de volcanes milenarios.

Élites poderosas y poca ciudadanía

El trabajo de Eduardo López Moreno saca a colación otro ejercicio: La desigualdad en diez ciudades latinoamericanas, una encuesta de percepción en la que participó el observatorio Jalisco Cómo Vamos. Uno de los aspectos que más desazón genera el ejercicio, es que los ciudadanos de a pie consideran que sus ciudades están secuestradas por las élites (ver MILENIO JALISCO, 21 de abril de 2015).

“Casi ocho de cada diez entrevistados consideraban que su ciudad estaba gobernada por grupos poderosos en su propio beneficio. Se trata de una opinión generalizada que indica que las oportunidades están repartidas de forma desigual y que terminan por beneficiar a los ricos”.

También en el Latinobarómetro, “68 por ciento de los encuestados respondió afirmativamente a esta pregunta. Es de notar que el porcentaje de quienes diagnostican un funcionamiento oligárquico de los gobiernos es consistentemente mayor en las urbes latinoamericanas que en el conjunto de los países considerados en la encuesta nacional. Esta distancia podría explicarse por una mayor propensión de los habitantes urbanos a percibir que los gobiernos locales favorecen ciertas élites políticas que los habitantes a nivel del país”.

Qué es coeficiente Gini<

La medida más utilizada para medir desigualdad en ingreso y consumo es el coeficiente de Gini. “Se trata de un índice que resume la información de la distribución de los ingresos/consumos de la población analizada en un valor único por medio de un puntaje”. Uno es completa desigualdad, cero es ninguna desigualdad.