viernes, 30 de septiembre de 2016

Cosomer, obligado a entrar a Huajimic




Las reglas de operación del programa obligan a que intervenga en la tensión entre ganaderos y huicholes por un proceso de restitución de 10 mil ha

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ha evitado a toda costa intervenir para pacificar el creciente conflicto entre parvifundistas de Huajimic indígenas de Waut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán), en La Yesca, Nayarit, tras el comienzo del proceso de restitución de más de 10 mil hectáreas que corresponden al título virreinal de los aborígenes, y que les reconoció el gobierno mexicano en 1953.

Pero los lineamiento de su propio Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer) no le permiten evitarlo; datan apenas del 26 de febrero pasado, fueron firmados por la titular de la secretaría, Rosario Robles Berlanga (se pueden consultar en http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/72086/Lineamientos_COSOMER_2016.pdf), y entre otras cosas, la dependencia está obligada a promoverlo en las zonas rurales del país.

Los objetivos general y específico establecen la necesidad de privilegiar la conciliación de intereses y la conciliación, con la idea de “poner fin a las controversias que han enfrentado a los núcleos agrarios entre sí, y/o con posesionarios, comunidades o pequeños propietarios; por la propiedad y/o posesión de la tierra. Lo anterior, no obstante que las mismas hayan sido dirimidas en el ámbito jurisdiccional, pero la problemática social persista”.

Respecto a su cobertura, es aplicable en el país, pero sobre todo, “se enfocará principalmente en la atención de los Cosomer que requieran de resolución inmediata, debido al riesgo inminente que representen para contribuir a la estabilidad, seguridad y la paz social en la región […] asimismo, se aplicará en los asuntos que sean catalogados como Cosomer que por su naturaleza devienen de una controversia que ha enfrentado los núcleos agrarios entre sí y/o con posesionarios, comunidades o pequeños propietarios, por la propiedad y/o la posesión de la tierra y que hayan sido resueltos jurídicamente por sentencia ejecutoriada del órgano jurisdiccional competente, pero que pese a ello, el conflicto social persista”. Todo lo cual se ajusta al caso de la disputa por Huajimic.

El Cosomer puede no prosperar si se demuestra que la tensión y la violencia son generados de forma artificial para alcanzar esos recursos; pero el historial de enfrentamiento entre Huajimic y Wuaut+a demuestra que está lejos de ser un conflicto artificial, pues incluso se han cobrado vidas de algunos wixaritari sin recibir hasta la fecha justicia (ver MILENIO JALISCO, 24 de junio de 2013, “Ganaderos contra huicholes, una vida en estado de sitio”).

Por si fuera poco, la propia Sedatu está obligada a promover el programa en las zonas de conflicto. “La promoción del programa respecto de la atención de los Cosomer se realizará en los ejidos, comunidades y colonias agrícolas y ganaderas que presenten conflicto por la propiedad y/o la posesión de la tierra y se ajusten a los lineamientos, invitándolos a resolverlo a través de la conciliación como vía preferente, y con la aplicación de recursos en aquellos casos en que se justifique”.

¿Por qué, si es tan clara la pertinencia del Cosomer en la zona de Huajimic, no ha habido intervención? Los abogados de las partes señalan que se han abierto expedientes pero misteriosamente se extravían en la delegación de la Sedatu en Tepic. Una respuesta de la propia autoridad es que los parvifundistas se han resistido a entregar las tierras pese a que al menos 13 juicios están para ejecución, ganados por los huicholes, y otra treintena están por fallarse. Lo cierto es que la violencia asoma ya en los caminos polvosos dela Sierra Madre Occidental.

CLAVES

Justificación

Cosomer debe ser aplicado en la zona de Huajimic porque el conflicto por las tierras tiene casi un siglo, sobre todo, a partir de 1953, cuando la comunidad de Wuaut+a fue reconocida

Los propietarios poseen escrituras o títulos ejidales que derivan de actos de autoridad o sancionados por ésta, lo que hace corresponsables a los gobiernos municipal, estatal de Nayarit y federal

Se pueden documentar homicidios y violaciones a los derechos humanos en la disputa por estas tierras

jueves, 29 de septiembre de 2016

Conflicto alcanza a Guadalupe Ocotán



La incomunicación también afecta a la comunidad wixárika reconocida por Nayarit; piden alimentos y medicinas para los huicholes afectados

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La protesta de los ganaderos de Huajimic contra la política de restituciones agrarias del gobierno de la república sube de escala a una semana de la primera ejecución judicial a favor de sus adversarios, la comunidad de Wuat+a (San Sebastián Teponahuaxtlán): el cierre de caminos, en busca de dejar aislados a los comuneros en los predios restituidos y sus asentamientos de La Mesa de Huanacaxtle y La Azalea, ya afecta el abasto del poblado wixárika más importante de Nayarit: Guadalupe Ocotán.

La Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit (FEUAN) integrada por escolares mestizos e indígenas en Tepic, publicó en redes un breve comunicado en solicitud de apoyo de la sociedad: “debido al conflicto agrario que actualmente se tiene entre hermanos wixaritari del estado de Jalisco y ganaderos del poblado de Huajimic, las comunidades de Guadalupe Ocotán y Mesa de Chapalilla, ambas del municipio de La Yesca, se encuentran incomunicadas dado que sus accesos vía terrestre han sido cerrados”.

Por ello, “en estos momentos, dichas comunidades se encuentran en crisis por falta de alimentos; esto sin duda afecta a las familias de nuestros estudiantes provenientes de esas comunidades. Es por ello que hacemos la invitación a la comunidad universitaria para apoyar con alimentos no perecederos”. De forma paralela, el Frente Regional Wixárica lanzó una petición análoga de apoyos a la comunidad nayarita para mantener la posesión de los predios de Waut+a.

Lo cierto es que de este modo, ocurre una alineación histórica de los actores de la sierra para enfrentar viejos conflictos agrarios: las políticas de expansión ganadera de los gobiernos de Nayarit a partir de los años 20 del siglo XX impulsaron la ocupación de vieja superficie comunal en la Sierra Madre Occidental, proceso en el que quedaron involucrados derechos de San Sebastián y de Guadalupe Ocotán, ambos de identidad wixárika.

Mientras con la comunidad de Jalisco se trató de una ocupación directa, en el caso de Guadalupe Ocotán fue un trabajo político que convirtió a muchos ganaderos de Huajimic en comuneros, pues lograron gestionar el reconocimiento y titulación de las tierras en 1961 y separarlas de su poblado madre, San Andrés Cohamiata (Tateikie), de acuerdo a la investigación realizada por el historiador Víctor Manuel Téllez Lozano.

Así, Guadalupe Ocotán (Xatsitsarie), antiguo anexo de Tateikie, fue constituido en 1961 con 24,775 hectáreas como comunidad indígena independiente bajo el control de los ganaderos de Huajimic, pero retomada por los wixaritari locales en 1985, que a cambio del reconocimiento nayarita a su lucha interna terminan aceptando su adscripción en el municipio de La Yesca (ver MILENIO JALISCO, 9 de julio de 2013: “Huajimic contra Tateikie, la otra conquista serrana”).

“Esta historia sigue generando conflictos; en el momento que hacía mi tesis doctoral había un proyecto que llevaban el comisario de bienes comunales, los delegados municipales y las autoridades tradicionales, estaban cohesionados, para pelear en conjunto por los derechos territoriales”, comentaba el historiador, en entrevista con este diario.

En redes sociales, los habitantes de Huajimic han defendido su postura como pacífica y aseguran que son víctimas de una política populista del gobierno federal. También respondieron a los señalamientos sobre la privación temporal de la libertad de dos wixárikas, el pasado 23 de septiembre. La ciudadana Jeanette del Real escribió al reportero: “quiero aclararle específicamente, que no se privó de la libertad a ningún wixárica, como usted lo pone en su nota, donde hasta menciona nombre y apellido del responsable, quiero decirle que eso es una gran irresponsabilidad”, señaló. Entrevistados en Guadalajara, las autoridades comunales confirmaron la historia y agradecieron al ejército su intervención para liberar a los comuneros.

HUICHOLES ARRASAN POBLADO… HUICHOL

El canal nayarita de noticias Nayaritenlinea.mx, aseguró en una publicación ayer, que diez familias de wixaritari habían huido en las últimas horas de Mesa de Huanacaxtle porque fueron presuntamente secuestrados por comuneros de Wuaut+a, amarrados e incomunicados por doce horas. El título de la noticia es “Huicholes de Jalisco arrasan con pequeño pueblo huichol de Nayarit”. Los testimonios de los presuntos agraviados se ofrecieron durante el plantón de caminos que realizan los ganaderos, y de hecho, uno de sus líderes, Gabriel Muñoz de la Peña, atestiguaba la entrevista. El citado poblado es en realidad un asentamiento de Waut+a que se sostuvo en la zona durante décadas pese a la hostilidad ganadera, y tiene al único funcionario público de Jalisco en el área: una profesora de primaria. La controversia por las tierras comunales no tiene que ver con ningún tema de límites, que son leyes de otro orden.

MC

Presenta Semadet manual para certificar “eventos sustentables”



Los costos ambientales de conciertos, partidos de futbol o encuentros académicos multiplican por tres consumos de agua, por cuatro producción de basura y hasta por 25 la generación de CO2

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

“Evento”, originalmente “hecho imprevisto”, es un vocablo de aplicación equívoca que tuvo tal éxito en su errada acepción de “suceso importante y programado” en el español, que ha sido aceptada por el diccionario de la Real Academia de la Lengua.

Y esto quizás se debe a lo importante de un “evento” como hecho económico y social, al grado que hoy la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) de Jalisco dio a conocer un manual para reducir los impactos ambientales que generan “eventos” como presentaciones de bandas de rock, partidos de futbol, procesiones religiosas y encuentros académicos o políticos más selectos.

El documento destaca que un asistente a un congreso de tres días, por ejemplo, gasta el triple de agua que en su vida cotidiana, genera casi cinco tantos más basura y residuos y las emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo por el transporte, pueden multiplicarse por 25. Esto demuestra que más allá de la controversia lingüística, lo ambiental es un asunto tan relevante que es fundamental tratar de regularlo.

“Uno de los campos donde se denota una fuerte ausencia de sostenibilidad, es dentro de los eventos y reuniones de cualquier índole (sociales, de negocio, familiares, deportivo, culturales), los cuales, son grandes fuentes de despilfarro de energía, agua, residuos y combustibles […] un evento verde es aquél que está diseñado, organizado y montado de acuerdo con los principios de sostenibilidad, centrándose especialmente en las cuestiones medioambientales, sanitarias y sociales, con el objetivo de reducir el consumo de recursos naturales al mínimo; además, se asegura de que todos los aspectos (sede, servicios alimenticios, transportación y provisión de materiales) sean adquiridos con la finalidad de reducir su impacto ambiental”.

A partir de lo anterior, “se ha identificado la oportunidad de rediseño del concepto y forma en que este tipo de eventos sociales se entiende, planifica, ejecuta y verifica dentro de las esferas sociales preestablecidas. Uno de los obstáculos que se ha observado, es que los eventos en México siguen una tendencia hacia la derrama económica, cosa que integra un gran número de sectores económicos, no tomando en cuenta enfoques en aspectos ecológicos. Ante este panorama, es importante destacarle a la industria de los eventos, los motivos por los cuales les es conveniente incorporarse a la tendencia internacional en este rubro”, pues con ello se otorga mejor imagen pública, se ajusta el marketing para adopción de una tendencia mundial, hay responsabilidad ambiental y social y ahorros económicos.

El manual identifica áreas de oportunidad identificadas en “la industria de los eventos”: ahorro de energía eléctrica (iluminación natural y minimizar el aire acondicionado), mejor gestión de residuos (uso de productos desechables biodegradables y reutilización de los materiales usados, disminuyendo al máximo posible el uso de plástico desechable); uso de material reciclado para la distribución de publicidad (papel y lonas recicladas); reducción del uso del agua y utilizar detergentes biodegradables; minimizar la contaminación atmosférica y las emisiones de gases de efecto invernadero (al utilizar transporte colectivo y autos compartidos); consumo de productos y servicios sustentables, preferentemente regionales y locales; “culturización ambiental” en los asistentes y todos los involucrados; motivar y respetar los hoteles con políticas y programas sustentables (para eventos de dos o más días), dándolos a conocer como opción.

El “Manual para la certificación de eventos sustentables” no resuelve la querella de la invasión de un anglicismo a una lengua que tiene muchos equivalentes (suceso programado, encuentro, cita, concierto, espectáculo), pero en la vida real, la gente difícilmente visualiza la imagen de un huracán o una inesperada helada como parte de los significados de “evento”. Pero abre una posibilidad de reducir su costo ambiental e internalizarlo en los organizadores, que normalmente pasan a la atmósfera los saldos de sus ganancias. Se puede consultar en http://semadet.jalisco.gob.mx/sites/semadet.jalisco.gob.mx/files/tr_eventos_sustentables.pdf.

MC

miércoles, 28 de septiembre de 2016

Piden ayuda alimentaria para huicholes en plantón



Frente Regional Wixárica convoca a sociedad para que se entreguen alimentos, ropa y medicinas a más de medio millar de comuneros ubicados en el valle de Huajimic

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Frente Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta convocó “a nombre de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán-Waut+a y Tuxpan-Kuruxi Manuwe de los municipios de Mezquitic y Bolaños”, una colecta de alimentos, medicinas y diversos enseres domésticos para poder afrontar el desafío de la ocupación de los predios recién restituidos en el valle de Huajimic.

“Solicitamos su ayuda alimentaria, haciendo público que la comunidad Wixárika de de Xatsitsarie-Guadalupe Ocotán y el Campamento de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan están sufriendo las consecuencias directas posteriores a la Restitución de Tierras del pasado 22 de septiembre a la Comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán-Waut+a y Tuxpán Kurixi-Manuwe”, señala un comunicado urgente del organismo.

“Ganaderos del poblado de Huajimic tienen bloqueada la carretera (Guadalupe Ocotán-Huajimic-Tepic), impidiendo el paso de vehículos y por consiguiente proveedores de alimentos, causando que la comunidad de Guadalupe Ocotán se quede sin alimentación. El objetivo de estas acciones de represalias es que el campamento conformado por alrededor de 600 personas en el área restituida, no compre alimentos en la Comunidad de Guadalupe Ocotán, municipio de La Yesca, Nayarit, y de este modo se retire”, añade.

Se solicita que se entreguen alimentos no perecederos que no estén contenidos en envases de cristal, y que tengan fecha de caducidad vigente. Pero también hay déficit de medicinas y de equipos de primeros auxilios, de cobijas y de artículos para vestir. El centro de acopio se ha instalado en la calle Zapata 225, entre las calles León y Querétaro, en la zona centro de la ciudad de Tepic, Nayarit, aunque se prevé pronto abrir un centro de acopio en Guadalajara y en la misma zona serrana donde habitan los aborígenes.

El horario es de 9 a 2 y de 4 a 8 pm; el listado de no perecederos incluye leche en polvo, harina, Maseca (masa de maíz para tortillas), arroz, frijol; productos enlatados diversos; pastas, avena, aceite, azúcar, sal, café, vegetales enlatados, galletas, cereal y lentejas.

Este bloqueo se da pese a que existe diálogo entre los ganaderos y las autoridades huicholas desde el pasado domingo 25 de septiembre.

Presupuesto 2017 condena a los bosques



Un sector forestal sin recursos hará fracasar las metas de París, pues se prevé un recorte de 62% a bosques y de 25% a la Conanp, señala el Consejo Civil Mexicano de Silvicultura Sostenible

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Lo que se avizora para el cumplimiento de metas del Acuerdo de París en materia de cambio climático es un fracaso, advierte el Consejo Civil Mexicano de Silvicultura Sostenible (CCMSS). “El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, presentado por la Presidencia de la República al Congreso el 3 de septiembre pasado, ha sido cuestionado por los inmensos recortes en rubros sustantivos” como agricultura, educación y salud, pero el sector bosques no la pasará mejor, con 3,674 millones de pesos menos que en 2016.

“En el tema ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como cabeza del sector, en su conjunto sufrió un recorte de 19,791.6 millones de pesos, 35.5 por ciento menos que lo que tenía en 2016. En cuanto a los recursos para adaptación y mitigación al cambio climático, el presupuesto se redujo en 44 por ciento, de 16,631 millones a 9,247 millones. Es en este rubro donde está la mayor parte de recursos para el medio ambiente y los bosques. Mientras que en el rubro de 'servicios personales' para la Semarnat hay un incremento de 6.7 por ciento, en el de subsidios hay un recorte del 63.6 por ciento”, apunta una nota informativa entregada por el organismo.

“Es interesante resaltar que no todos las dependencias y los programas dentro de la Semarnat sufrieron recortes, En cuanto a organismos desconcentrados de la Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tuvo un ligero aumento cercano al dos por ciento, al igual que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, mientras que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua aumentó en 6 por ciento. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas sufrió un descalabro de 25 por ciento”.

A la Comisión Nacional del Agua “se le redujo un sorprendente 36 por ciento. En cuanto a programas, algunos permanecieron exactamente iguales, como el de Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre, a cargo de la propia Semarnat, que se queda con 188.6 millones, y el llamado Procodes (Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible), a cargo de la Conanp, que se mantiene sin recortes, con 234.9 millones. Mención aparte merece la recientemente creada Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, instancia creada ex profeso para atender los asuntos ambientales relacionados con la reforma energética. Ahí sí hubo un incremento sustancial, es el único organismo del sector ambiental que recibe un aumento significativo, de 25 por ciento [la misma proporción que se le redujo a la Conanp]”.

Así, “es poco claro para qué se requiere actualmente un incremento sustancial en para este rubro, cuando dicha Agencia Nacional está destinada a atender un tema que apenas está en etapa temprana de licitación (las famosas 'rondas') y cuando existe una Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que con base a la ley debe realizar esas funciones”.

Por otro lado, “el recorte más drástico al presupuesto de los organismos descentralizados de la Semarnat, es el que sufre la Conafor, cuyo programa de subsidios para el desarrollo forestal sustentable fue recortado en 62 por ciento, al pasar de 5,175 millones que le fueron asignados en el 2016, a 2,000 millones en el 2017”.

A diferencia de otros programas orientados al otorgamiento de subsidios pasivos (es decir, que no son inversiones en rubros productivos), “uno de los principales objetivos del programa de manejo forestal sustentable es (era) contribuir a fortalecer las capacidades, infraestructura y financiamiento para el establecimiento, manejo y desarrollo de empresas forestales comunitarias. Algunos de los principales compromisos en materia forestal establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 consisten precisamente en implementar modelos silvícolas sustentables y ambiciosos, que permitirían incrementar la biomasa de los bosques, y su captura de carbono, a la vez que incrementarían la productividad de productos maderables, mejorarían la competitividad del sector forestal comunitario, y generarían empleos permanentes. Estos son los objetivos de la Estrategia Nacional de Producción y Productividad (Enaipros)”.

El consejo “considera que con los recortes previos y este nuevo recorte a la Conafor y particularmente a los recursos para el manejo forestal sustentable, se sufre un grave riesgo de que la Comisión Nacional Forestal fracase en el logro de sus objetivos y sus metas. El incremento en la producción maderable ha sido de 12 por ciento en los últimos cuatro años, según se reporta en el Cuarto Informe Presidencial. Este aumento, si bien está por debajo de la meta original, es una buena noticia para las empresas forestales comunitarias de México, y muestra que la inversión en el manejo forestal sustentable rinde frutos”.

Pero, “con el fuerte recorte al presupuesto, es difícil que se mantenga el incremento logrado hasta hoy en relación con esta meta, y lo más probable es que ocurra un decremento, al menos si se juzga por dos hechos muy significativos: La reducción de más de 60 por ciento en los recursos y el hecho de que desde hace un año ha mermado la capacidad operativa y se han cerrado las gerencias de la Conafor relacionadas con esas actividades (particularmente las gerencias de Cadenas Productivas y la de Silvicultura Comunitaria). Este recorte significa tirar por la borda uno de los programas que efectivamente está rindiendo frutos en términos ambientales, sociales y económicos”.

Otra de las metas “que se ve severamente amenazada con el recorte a los subsidios de la Conafor, es la de la contribución del sector forestal a la reducción de emisiones de gases de efecto de invernadero y al incremento de los acervos de carbono, como se establece en el Acuerdo de París, recientemente ratificado por el Senado mexicano. Para contribuir a lograr la meta de reducción de emisiones, la Conafor ha desarrollado la Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal, la ENAREDD+, que se suma a la Enaipros en el objetivo de incrementar los acervos de carbono a través del buen manejo forestal”.

Sin manejo forestal, “sin desarrollo de emprendimientos forestales, sin inversión en el desarrollo de un modelo económico sustentable para el sector forestal, y con base sólo en subsidios del tipo de empleo temporal y servicios ambientales, la contribución de este sector será marginal y de corto plazo, y al no generar opciones productivas carece de un elemento central de la sustentabilidad, que es la viabilidad económica. La ENAREDD+ y toda la política de mitigación de gases de efecto de invernadero, bajo estas condiciones, sin apoyo al manejo forestal, está destinada al fracaso y en consecuencia será muy difícil cumplir con las contribuciones nacionalmente determinadas (NDC) y lograr el cumplimiento del Acuerdo de París”, advierte.

Añade: “Tal vez lo más preocupante de todos estos recortes es que se pone en evidencia el nivel de prioridad que tienen los bosques en la agenda del ejecutivo, cuando de los bosques no sólo dependen sus habitantes y los propios ecosistemas forestales, sino la infiltración de acuíferos, la conservación de los suelos y la biodiversidad, y el mantenimiento del clima, indispensables para toda la vida humana. Con esta situación es previsible además que aumente significativamente la vulnerabilidad ante fenómenos climáticos extremos”. Paradójicamente en el proyecto de presupuesto desaparece por completo el Programa Nacional de Desastres.

“No son claros los motivos por los que el ejecutivo castiga tan severamente a la Conafor, y sobre todo a su programa de subsidios para el Desarrollo Forestal Sustentable, pero el poder legislativo tiene en este momento la oportunidad de corregir esta situación, revisando los motivos que la justifican, si es que existen”, plantea el consejo.

MC

Huajimic permanece con sus caminos bloqueados



La zona sigue sin intervención policiaca y con rutas cerradas por moradores del pueblo, aunque sus representantes negocian con los huicholes

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

En el conflicto por el valle de Huajimic hay dos frentes opuestos: el primero, una guerra de baja intensidad que realizan los moradores del poblado nayarita, que desde el pasado 22 de septiembre han cerrado de forma sistemática caminos rurales en busca de evitar el movimiento de los wixaritari, que permanecen en los predios restituidos por mandato del Tribunal Unitario Agrario 56, de Tepic; el segundo, los acuerdos entre seis representantes de los ganaderos y las autoridades comunales, que van juntos en su exigencia de que el gobierno federal intervenga.

La contradicción la explica el secretario de bienes comunales de San Sebastián Teponahuaxtlán (Wuaut+a), Ubaldo Valdez Castañeda: “estamos en acuerdo, en buenos términos […] pero nos dicen que la comunidad de Huajimic ya los rebasó…”.

Entrevistado tras acudir a una audiencia judicial en esta ciudad, agrega que no hay vigilancia policiaca permanente en la zona, que dos de sus compañeros fueron bloqueados temporalmente el viernes 23 de septiembre, y una vez que los liberó el ejército –institución que también ha ayudado con medicina a los aborígenes que permanecen en los predios Bola Negra y Piedra Bola, recientemente restituidos-, ya no se han arriesgado a caminar la zona. En realidad, los bloqueos perjudican a quienes recorren el camino a Guadalupe Ocotán, entre ellos, mucho de los mismos rancheros de Huajimic.

“Yo le comentaba a uno de los posesionarios que eso ni en las guerras se ve, vamos a tratar de hacer la gestión que se debe para que hoy [ayer] o a más tardar mañana se libere el camino…”.

- Entonces, ¿entre los acuerdos de la reunión del domingo en Puente de Camotlán con los pequeños propietarios, estuvo que los caminos estuvieran liberados?

- Claro, nosotros nunca cerramos caminos, porque ahí en la posición en que estamos, esa carretera conduce a varios ranchos de ellos, y solamente por las noches ponemos piedras, y lo hicimos porque el primer y segundo día anduvo uno [de los ganaderos adversarios] en cuatrimoto en la noche como queriendo atropellar a la gente que estaba en el campamento, así que decidimos que se pusieran las piedras para que no hubiera accidentes; por las mañanas rápidamente se libera el acceso y todo mundo puede acudir a sus predios; incluso platicamos con algunos vecinos nuestros, porque ya son nuestros vecinos, e hicimos un pacto de caballeros, un pacto de civilidad: vamos a respetar los lienzos, no vamos a obstruir los pasos, tenemos puntos de vigilancia, pero es normal, quienes vigilan tienen la clara instrucción de no bloquear ni caer en alguna provocación.

El líder indígena reconoce que los pequeños propietarios de la comisión han sido francos y respetuosos con ellos, pero que el problema ya los rebasó; “quienes están bloqueando son los habitantes, no los afectados directos, como que se hizo una solidaridad colectiva […] en la reunión que tuvimos el domingo ella los exhortaba, pero se salió de control […] creo que no hay garantías en este momento”.

Ayer, acudió a la zona por vía aérea el secretario de Desarrollo e Integración Social de Jalisco, Miguel Castro Reynoso, como despensas y medicinas para los comuneros instalados. También recibió un pliego de peticiones de insumos diversos: suero antialacrán, botiquín de primeros auxilios, tinacos, mangueras, carpas, rollos de alambre, techos y demás insumos para comenzar a instalar su colonia, y la ansiada libertad de tránsito que no les permiten ahora.

Castro Reynoso se comprometió a mantener el respaldo del gobierno de Jalisco… aunque se trate de una zona controlada por Nayarit.

MC

La Primavera tiene ya 49 pares de ojos para vigilarla



La Profepa acreditó ayer como vigilantes ambientales a 49 funcionarios de la procuraduría estatal, los guardabosques del área protegida e inspectores del Ayuntamiento de Zapopan

Agustín del Csstillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Uno de los principales déficits en la gestión del área de protección de flora y fauna La Primavera es la inspección y vigilancia, fuertemente acotada por la falta de elementos para hacerla posible no obstante la gran superficie, y sobre todo, las enormes presiones urbanas que recibe la zona. En la lógica de una atención coordinada para fortalecer el esquema, la delegación Jalisco de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) habilitó ayer 49 personas para realizar un proceso más integral en el tema.

En un acto realizado antes de mediodía en el predio estatal de Agua Brava, la delegada de la dependencia, Xóchitl Yin Hernández, entregó acreditaciones correspondientes a 20 inspectores de Procuraduría Estatal de Protección del Ambiente (Proepa), 18 del Ayuntamiento de Zapopan, y 11 del cuerpo guardabosque del organismo público descentralizado (OPD) Bosque La Primavera, con la presencia de la titular estatal de Medio Ambiente, Magdalena Ruiz Mejía, del delegado federal de la Semarnat, Sergio Hernández, y del titular del OPD, Marciano Valtierra Azotla.

El programa de vigilantes ambientales “es un mecanismo de participación con el cual la autoridad municipal y estatal colaborará con la federación proporcionando información sobre las infracciones ambientales que sean de su conocimiento”, según un comunicado emitido por la Semadet. Esto significa que no pueden ejecutar procedimientos, pero sí informar de las anomalías presenciadas para abrir expedientes y generar efectos reales en el cuidado de los recursos naturales.

“Este va a ser un mecanismo que nos va a permitir a todos y cada uno de nosotros esa posibilidad de hacer un poquito más de lo que hacemos normalmente y optimar más los recursos humanos y los recursos materiales”, destacó la delegada de la Profepa.

La acreditación de vigilantes ambientales “permite fortalecer el vínculo formal entre el estado y la Federación para atender las diversas problemáticas que aquejan al bosque y robusteciendo la relación coordinada de la actual administración”, dijo por su parte Ruiz Mejía. “El municipio tiene labores, el estado tiene labores, la federación tiene responsabilidades, lo que hicimos con ustedes en esta primera generación es darle la potencia para que hagan de manera coordinada lo que el municipio, el estado y la federación, (hacen) por diferentes caminos, lo hagamos con la fortaleza de un solo camino […] ustedes son la primera generación de los inspectores que van a estar acreditados para que el municipio se comunique con el estado y la federación de manera acreditada, y que entonces el valor de sus ojos y sus manos tenga la potencia de los tres niveles que estamos aquí sentados”, destacó la funcionaria.

Los vigilantes ambientales “podrán formular y promover la denuncia ambiental como un instrumento legal para prevenir y/o detener, o en su caso, sancionar por parte de la Profepa, los ilícitos ambientales o en materia de recursos naturales que puedan provocar o hayan provocado un desequilibrio ecológico. La Profepa, en el ámbito de su competencia realizará los actos de autoridad que se requieran para frenar y/o detener aquellas actividades irregulares o ilícitas que fueran detectadas por los vigilantes ambientales; para tal fin se coordinarán acciones con las autoridades civiles y militares”.

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CLAVES

*Dónde denunciar

Profepa Jalisco, 38246508 y 38246582 extensión 18670
Proepa, teléfonos 30 30 82 60 y 11 99 75 50 extensiones 56241 y 56242 (denuncias.semadet@jalisco.gob.mx) y http://semadet.jalisco.gob.mx/acerca/proepa/denuncia-popular
OPD Bosque La Primavera, teléfono 31 10 09 17

MC

martes, 27 de septiembre de 2016

Titular de Sedis visita zona de conflicto



Entrega víveres y medicinas a los huicholes que permanecen en los predios Piedra Bola y Bola Negra desde el pasado 22 de septiembre.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El secretario de Desarrollo Social, Miguel Castro Reynoso, acudió esta mañana a la comunidad de Huanacaxtle enclavada en el corazón del conflicto de Huajimic, con un mensaje de apoyo del gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz y la entrega de diversos productos como víveres y medicinas para los cientos de wixárikas que permanecen en campamento en el predio recién restituido de Piedra Bola y Bola Negra, donde comenzaron los hechos el pasado 22 de septiembre en la zona.

El funcionario recibió la instrucción del mandatario, que está de gira en Japón, y por eso acudió por vía aérea para tratar de evitar cualquier lectura controversial, dado que se trata de una zona donde los límites de Jalisco y Nayarit no están completamente definidos, sobre todo porque el estado de Jalisco ha sido omiso en tratar de llevar este tema a los tribunales. Sin embargo el asunto agrario no tiene que ver con el asunto limítrofe y las comunidades huicholas de forma ancestral se extendían por la zona cuando toda esa pertenecía al Cantón de Colotlán, el cual nos ha afectado cuando el Cantón de Tepic se separó del estado tras la gran intervención francesa y fue elegido posteriormente el estado en el año 1917.

El secretario fue acompañado por el director de asuntos indígenas del gobierno del estado Óscar Hernández, señaló que permanecerán otorgando despensas y material médico para que puedan permanecer sin ser hostigados los indígenas que tienen el predio el posesión desde hace 5 días.

GPE

Jalisco retrocede en indicadores de justicia



Hoy se presenta informe de México Evalúa sobre siete indicadores de justicia penal; Jalisco retrocede al promedio nacional

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Jalisco, Estado de México y Distrito Federal, tres de las cuatro economías más importantes por su aportación al producto interno bruto nacional y tres de los cuatro estados más poblados del país, tienen un desempeño mediocre y a la baja en el área de justicia en los últimos cinco años, en contraste con el estado de Nuevo León, integrante del mismo grupo económico, o de estados que tenían las tasas de violencia más elevadas, como Chihuahua.

Esto es parte del análisis de siete indicadores que revisa el informe Justicia a la medida, del centro de análisis de políticas públicas México Evalúa, emitido apenas en junio pasado (informe completo en http://mexicoevalua.org/2016/06/21/justicia-a-la-medida/).

Los datos de Jalisco son especialmente preocupantes en aspectos como homicidios, índice de confianza, denuncia, trato satisfactorio a víctimas de delitos o cárcel digna y segura, donde en general, empeoró sus cifras entre 2013 y 2015, para ubicarse en el promedio nacional, cuando apenas un quinquenio antes eran ostensiblemente superiores al promedio.

Los registros históricos permiten ver, por ejemplo, que en asesinatos por cada 100 mil habitantes, la tasa más baja fue en 2006, con apenas seis casos; que alrededor de 2010 se regresó a la tasa que se registraba en 1990 (14 casos), que el pico máximo se alcanzó en 2012 (20.4 casos) y que desde entonces, hay un relativo descenso muy cerca de las tasas nacionales promedio, con 15.5 casos en 2015.

El índice de confianza tuvo su mejor momento en 2014, con 4.9 puntos positivos en una escala de 12 (más/ menos), pero se desplomó a -2.9, muy cerca del nivel de descrédito promedio, que alcanzó ese año -3.2 (ver gráfica anexa). Este dato es revelador porque el promedio nacional siempre ha sido negativo (viene de un -11.7 en 2011) y Jalisco tuvo dos años positivos, 2013 y 2014. No es tan extraño entonces que se denuncien menos delitos: los jaliscienses confían menos en sus autoridades, y si denunciaban 26 de cada 100 infracciones a la ley en 2011, ahora sólo lo hacen con 17.6 por ciento, medio punto por arriba del promedio del país.

Layda Negrete, coordinadora del programa de calidad de justicia de México Evalúa, y Leslie Solís, investigadora, coautoras del informe en mención, destacaron que en Jalisco "las procuradurías no se han reformado a la velocidad que se debe; las víctimas siguen relativamente insatisfechas, y la denuncia en si misma va a la baja, esto no es muy diferente de lo que sucede a nivel nacional, pero Jalisco nos preocupa porque tiene los recursos presupuestales e institucionales para estar a la cabeza en las transformaciones del sistema de justicia penal. Estados como Chihuahua y Nuevo León, que tienen clima de violencia más agudo, puntean a los primeros lugares, mientras que Jalisco está realmente en el promedio", señalaron

El ejemplo del gigante del Norte es alentador, añadió Layda Negrete: "Ellos empezaron a reformar sus procuradurías en un clima de homicidios que era a niveles casi de guerra, no se esperaron; ahora es el lugar del país donde las víctimas salen más satisfechas de ser atendidas, y también donde más se denuncia, lo que revela confianza en las instituciones [...] debemos apuntar que no es un bloque el país, hay grandes diferencias; Yucatán tiene bajos índices delictivos, pero ha aprovechado ese clima para reformar sus instituciones; el Estado de México y la capital del país se ubican en los últimos lugares que evaluamos sistemáticamente del tema de justicia penal, es decir, las soluciones no están llegando del centro".

Medios críticos, fundamental

Son las respuestas locales las que están resolviendo los desafíos, pero ¿qué precondiciones se dan en esos estados exitosos?

- Lo que hemos encontrado es que los estados que más avanzan son los que tienen medios de comunicación más críticos e independientes, y donde la sociedad civil está más movilizada –apunta Layda Negrete-; es decir, el marco legal ya cambió para todo el país, pero está concentrado en un Código de Procedimientos Penales que es cómo se procesa a nivel de los juzgados; lo que no está dado y depende de los estados es cómo vamos a cambiar y que papel vamos a dar al Ministerio Público, a las fiscalías, cómo haremos que existan detectives y se dediquen a investigar delitos complejos y violentos, y lo que es el delito sencillo se maneje de otro modo, sencilla , rápida y digna; esa transformación a nivel de MP y de policías es la que está pendiente a la mayoría de los estados, pero algunos nos han dado la sorpresa.


CNDH recibirá queja por hechos en Huajimic



Los indígenas huicholes reclaman que no hubo apoyo policiaco para ejecutar sentencia del tribunal.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha sido llamada a intervenir en la investigación de la anómala actuación de los gobiernos federal y de Nayarit en el proceso de ejecución de la sentencia 769/2012 ordenada por el Tribunal Unitario Agrario 56, de Tepic.

Durante el proceso, realizado el pasado 22 de septiembre, pese a que se pidió resguardo de seguridad a ambos gobiernos, estos no respondieron (existen los oficios que lo demuestran, emitidos por el tribunal) y dejaron a los actuarios y el ingeniero realizar su labor en presencia de medio millar de integrantes de la comunidad beneficiada, Wuaut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán) y de un grupo de ganaderos; si bien, los incidentes durante la ejecución fueron menores, a la salida del acto, los funcionarios judiciales y sus acompañantes (abogados y periodistas) fueron retenidos en una brecha en la ruta hacia el poblado de Huajimic, bloqueo que se prolongó casi cinco horas.

Después de que se liberó el paso, las autoridades comunales interpusieron por vía telefónica la queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDH), la cual fue ratificada el pasado domingo 25 de septiembre por Santos de la Cruz Carrillo, abogado de los aborígenes, quien aportó elementos para responsabilizar de omisión a las autoridades federales, al gobierno de Nayarit y al propio Ayuntamiento de la Yesca, Nayarit, todos los cuales estaban previamente informados de la diligencia, si bien, después negaron ante los medios de información lo0cales tal conocimiento.

Por ejemplo, el alcalde la Yesca, Yahir de Jesús Paredes Castañeda, fue encontrado por la caravana de ejecución media hora antes de que esta se llevara a cabo, en la plaza principal de La Yesca, donde el funcionario se acercó a los actuarios e intercambió breves palabras, y luego fue entrevistado por MILENIO JALISCO, al cual le aseguró que estaba presente en la zona para buscar que el procedimiento se llevara en paz.

En el caso del gobierno estatal, hay oficios y testimonios de que todavía la noche anterior (21 de septiembre), en la Secretaría General de Gobierno tenían los datos de la ejecución judicial además de la petición de apoyo policiaco.

"La comisión estatal de Jalisco ha determinado que por la naturaleza de la denuncia, corresponde a la CNDH recibir la queja y canalizarla a una posible recomendación, y estamos a la espera de que nos den número de expediente para que siga el proceso, y la preocupación es que se le dé canalización inmediata, pues nos preocupa que haya mejores condiciones para realizar las siguientes ejecuciones", añadió el abogado.

Este fin de semana, el gobernador nayarita, Roberto Sandoval, dijo que no permitirá que ningún morador de Huajimic pierda su casa o sus bienes, y exhortó "al hermano estado de Jalisco" a ir juntos al gobierno federal para resolver el conflicto que enfrentan indígenas y mestizos en la zona.

lunes, 26 de septiembre de 2016

Arrancó ayer una difícil negociación en la sierra



Los wixaritari de Wuaut+a y los ganaderos de Huajimic buscan el modo de no pelear, sino obligar al gobierno federal a intervenir en el pleito de sus tierras

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Audelina Villagrana, viuda y pequeña propietaria de Huajimic, es un personaje que sintetiza las contradicciones de esta comunidad ranchera a la que le tocó afrontar la conquista serrana para el naciente estado de Nayarit, hace 80 años, con apoyo de su gobierno y la bendición de jure y de facto de la entonces remota administración federal.

Hoy, que los tribunales agrarios restituyen las tierras del título virreinal de Wuaut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán) que ocuparon a los wixaritari sus ancestros ganaderos, los afectados exigen que sean esas autoridades las que les garanticen los derechos adquiridos, mientras el gobierno federal ha tratado de evitar a toda costa asumir esa responsabilidad, advierte la parvifundista, cuyo rancho de 35 hectáreas se ubica frente al que fue restituido en la agitada jornada del pasado jueves 22 de septiembre a los comuneros.

“Nada nos es favorable; el programa Cosomer [Conflictos Sociales en Medio Rural] dice que no entramos, y cómo que no entramos al programa si tenemos firmada de una por una las solicitudes; la querían agarrar en paquete, y no señor, de una por una […] después dice, es que no entra en paquete, no, las demandas son individuales, es decir, nos cambian las reglas; y luego nos dicen que cuando los trasladaban de Guadalajara a México, los expedientes se perdieron, y hemos ido cuatro veces al programa Cosomer, pero los papeles se pierden las cuatro veces”, señala irritada, cuando atiende a los periodistas durante el retén del pasado 22 de septiembre.

Asegura que son más de tres años de desgaste; piensa que es absurdo el argumento de que se pierden expedientes, y considera que no se puede negociar en las condiciones en que los ha dejado la ejecución del Tribunal Unitario Agrario 56, pues al entregar dos predios a la comunidad wixárika, tienen cientos de indígenas habitando el valle, lo que estima inseguro.

“Si los señores van a llegar a un acuerdo, que se retiren, porque nosotros no nos sentimos seguros aquí con gente armada”, advierte, pues le ha llegado la versión de que algunas horas antes de la ejecución judicial, deambulaban hombres armados con rifles de alto poder (R-15 y AK-47) en la propiedad restituida a sus vecinos aborígenes. Sus compañeros de lucha han expresado con énfasis la denuncia ante los medios, pero sólo han mostrado una fotografía de un hombre no identificado, con escopeta.

Para Audelina, integrante de la comisión negociadora, es una verdad evidente.

La parvifundista narra que las escrituras de los ganaderos derivan de una propiedad de “un señor Muñoz” y que datan de 1906, quien vendió pedazo por pedazo. “Nosotros vivíamos tranquilos y en paz, yo no culpo a los huicholes, porque los huicholes vienen y trabajan conmigo, semanas o meses, yo los ocupo, yo le pago bien y comen en mi mesa, duermen donde yo duermo, nunca los discriminamos ni nada […] yo culpo al gobierno, es el que está provocando todo, porque ni los huicholes son los responsables ni tampoco nosotros, porque cuando ellos pidieron que se les ampliara la comunidad, deberían haber venido a ver, antes de darles, aunque hay un decreto presidencial que dice que todas las pequeñas propiedades que estén enclavadas en el perímetro de la comunidad serán excluidas, no nos quieren hacer valer la exclusión […] tenemos papeles escritos de hace muchos años, y no nos los hacen válidos, por eso nos hacen enojar; y te aseguro que los huicholitos no vienen armados, son otra gente, porque ellos no son agresivos…”.

La propietaria mandó emisarios al día siguiente para garantizar a los comuneros que no tendrían problema en proveerse víveres en Huajimic el tiempo que lo necesitaran, como muestra de buena fe, ante las negociaciones que comenzaron ayer, domingo, en Puente de Camotlán, donde tanto los dirigentes comunales como la comisión de los ganaderos acordarían el modo de presionar al gobierno federal y a los estatales de Nayarit y Jalisco para que asuman culpas, pues han cobrado impuestos, han generado actos legales al dotar ejidos y comunidades traslapados, han sancionado escrituras y sobre todo, han sido omisos.

Pero no hubo respeto a la tregua. Dos naturales que compraron alimentos fueron retenidos por moradores de Huajimic, de acuerdo a la versión del secretario de bienes comunales, Ubaldo Valdez. Y Audelina no fue ajena a ese proceder, de acuerdo a las versiones de los wixaritari.

Debió intervenir personal del ejército para que los dejaran regresar a su puesto en los predios Piedra Bola y Bola Negra, que hasta el jueves eran posesión de doña Enriqueta Montoya. Pero como puede presentarse una prolongada lucha de resistencia entre los adversarios, han abierto la comunicación con remudas a poblados más lejanos pero seguros: Ocota de la Sierra en Mezquitic, y Santa Rosa Peyotán en Nayarit, para que su hambre no dependa del enemigo con el que, por otra parte, se negocia.

Al caer la noche en Puente de Camotlán, sede del primer encuentro de distensión entre wixaritari y posesionarios, no habían trascendido resultados. Pero se espera que la única salida razonable que se avizora a este conflicto, se ponga en marcha hoy.

MC

domingo, 25 de septiembre de 2016

Se reúnen huicholes y ganaderos en Puente de Camotlán



Se busca distender el conflicto por las restituciones de Huajimic, y exigir que el gobierno federal atienda el problema a través de Cosomer.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

En estos momentos, los integrantes del comisariado de bienes comunales de San Sebastián Teponahuaxtlán (Wuaut+a) acuden a la localidad de Puente de Camotlán, en los límites de ejercicio político del estado de Nayarit con Jalisco, para la reunión acordada con la comisión especial de ganaderos de Huajimic, en busca de distender el problema social por las ejecuciones de resoluciones judiciales que restituyen a los indígenas de superficie que les tituló el rey de España en el siglo XVIII, y que está en manos de particulares desde hace alrededor de un siglo.

Esto lo confirmó a MILENIO JALISCO por vía telefónica el secretario de bienes comunales, Ubaldo Valdez, quien señaló que se ha tratado de sortear los problemas de convivencia a raíz de que se les entregó en una primera resolución un par de predios de apenas 184 hectáreas, una fracción menor si se considera que la superficie global a restituir supera 10 mil hectáreas.

El problema más agudo se dio porque la dueña de una abarrotera de Huajimic le mandó avisar a los comuneros, que en número superior a medio millar están resguardando la superficie recién restituida, que no habría problema y que podían acudir a proveerse de víveres al poblado mestizo, pese a ser adversarios en el tema de las tierras.

Los hechos se dieron el viernes 23 de septiembre; se envió por la tarde a dos wixaritari, pero tras realizar la compra, fueron detenidos y se les impidió salir del poblado. De acuerdo a la versión que le comentaron al abogado de la comunidad, Rubén Ávila Tena, debieron intervenir elementos del ejército que han sido desplegados en la zona, para que se liberara a los aborígenes, quienes se pudieron llevar completos sus alimentos adquiridos.

Sin embargo, la comunidad ha debido implementar estrategias nuevas: en remudas (caravanas de mulas cargadas de alimentos) se están abasteciendo de modo más complicado pero más seguro, desde los poblados huicholes de Ocota de la Sierra, en Jalisco, y San Juan Peyotán, en Nayarit.

Se realiza la reunión en Puente de Camotlán como resultado de un acuerdo alcanzado durante el retén que los ganaderos hicieron a autoridades judiciales y representantes de la comunidad, el pasado 22 de septiembre: la idea es presionar a los gobiernos estatales y al federal para que se incorpore el asunto al programa de Conflictos Sociales en Medio Rural (Cosomer), de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), instancia que se ha negado a abrir expediente, pues desestima los riesgos de violencia que están claros a raíz de la primera ejecución.

Se espera que en las siguientes horas se alcancen los primeros acuerdos y se pueda disminuir la conflictividad en el área.

GPE

Jalisco desestima su conflicto con Nayarit



2,700 km2 en manos nayaritas, según la carta geográfica de Jalisco; esto no afecta los derechos agrarios, pero propicia inseguridad y violencia.

Agustín del Castillo  Huajimic, Sierra Madre Occidental. MILENIO JALISCO.

Del “es un asunto del estado de Nayarit” del secretario de Gobierno, Roberto López Lara, al grito de los rancheros de Huajimic de “esto es una invasión del estado de Jalisco”, pasa una historia de conflictividad local en los linderos de ambos estados que han preferido ignorar, no obstante sus consecuencias sociales, políticas y económicas, los gobernadores en funciones, Roberto Sandoval y Aristóteles Sandoval.

Hace casi 20 años, una investigación de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco arrojaba una superficie de 2,700 kilómetros cuadrados que estarían invadidas en el norte del estado por la entidad vecina. Desde entonces, ninguno de los mandatarios se atrevió a afrontar el problema, lo que por otro lado, no significa un cambio en el caso de los gobernadores anteriores. Ya relataba Fernando Benítez en Los indios de México (1989), los avatares de su primer viaje a la región huichola durante los años del gobierno de Agustín Yáñez, que este estado había abandonado a sus indios, y ese era un poderoso motor de indiferencia que provocó los despojos y la fragmentación del territorio huichol original hacia tres entidades vecinas: Durango, Zacatecas, y el propio Nayarit.

La carta oficial del estado de Jalisco establece un corredor de 46 kilómetros de largo por 25 kilómetros de ancho, aproximadamente, que une la región Valles de Jalisco, esto es, el municipio de Tequila, con la región Norte, el municipio de San Martín de Bolaños. Sin embargo, en el terreno, el estado de Nayarit administra gobierno en más 2,700 kilómetros cuadrados de la zona, lo que lo hace colindar de facto con Zacatecas.

El caso de Huajimic es parte de ese proceso. Los linderos de la comunidad de Wuaut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán) llegan hasta los linderos del poblado. Los conquistadores de la sierra a comienzos del siglo XX encontraron grandes extensiones ociosas y las reclamaron como terrenos nacionales, para lo cual, encontraron eco en la administración del territorio de federal de Tepic, elevado a estado apenas en 1917. De ahí datan los procesos de escrituración que fueron validados por notarios de la capital de la naciente entidad. En el caso de que los comuneros protestaran, se llegó a convenios de arrendamiento para el uso de potreros (esto fue más común en Puente de Camotlán que en el propio Huajimic). El problema de este juego de legalización de las ocupaciones de facto, es que los naturales de la sierra poseían títulos emitidos por el rey Felipe V en 1718, y con la nueva constitución de 1917 decidieron hacerlos valer.

Así, mientras los gobiernos de Jalisco se retiraban del cuidado de sus fronteras, los indígenas comenzaban sus reclamaciones, que culminaron con el decreto presidencial de Adolfo Ruiz Cortines (1953), que les reconocía y titulaba más de 240 mil hectáreas, 10 mil de ellas en las colindancias de Huajimic.

Los ganaderos de esa localidad tenían su historial de conflictos también con otra comunidad wixárika de Jalisco, San Andrés Cohamiata. El historiador Víctor Manuel Téllez Lozano ha documentado cómo Guadalupe Ocotán (Xatsitsarie), antiguo anexo de la comunidad de Tateikie (San Andrés Cohamiata), fue constituido en 1961 como comunidad indígena independiente bajo el control de los ganaderos de Huajimic; pero retomada por los wixaritari locales en 1985, estos negocian su reasunción política a cambio de aceptar su pertenencia al estado de Nayarit.

De este modo, originalmente son tres grandes comunidades wixaritari: San Andrés Cohamiata (Tateikie), Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tuapurie) y San Sebastián Teponahuaxtlán (Wuaut+a). San Andrés tenía un “anexo” en Xatsitsaire (hoy Guadalupe Ocotán) y San Sebastián lo mantiene aún en Tutsipa (Tuxpan de Bolaños). La indiferencia del gobierno de Jalisco no les quita sus derechos agrarios, que no tienen que ver con los mapas de fronteras políticas (numerosas comunidades indígenas tienen territorios en dos o más estados), pero si ello se suma a la parcialidad evidente del gobierno nayarita, hace difíciles los procesos, y propicia arbitrariedades y violencia. Como ahora, con el proceso de restitución de 47 predios a Waut+a: los ganaderos amotinados la tarde del 22 de septiembre le advirtieron al abogado de la comunidad, Rubén Ávila Tena, que si regresaba a una nueva ejecución agraria a la zona, era posible que ya no saliera.

sábado, 24 de septiembre de 2016

Gobierno federal, el gran ausente en Huajimic



Colonos y wixaritari acuerdan hacer frente común para exigir a la Sedatu que active el Cosomer, ante el riesgo de que la violencia se desborde.Fotografía cortesía de Abraham Pérez / Mexfoto

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El alud humano se precipitó desde los parteaguas de la Sierra de Los Pajaritos alrededor de las 10 de la mañana del jueves 22 de septiembre: unos 500 aborígenes huicholes, herederos de los viejos señores de las montañas, se hundían como quieta marea en el valle de Huajimic, en busca de obtener su justicia histórica. Los expectantes propietarios, que les sucedieron en el dominio de estas tierras, lo observaban preocupados, como signo ominoso.

Fue el comienzo de la acción restitutoria más temida por los ganaderos: apenas 184 hectáreas propiedad de doña Enriqueta Montoya, fueron entregadas por el Tribunal Unitario Agrario 56, de Tepic, a los aborígenes, pero que es la primera de 47 restituciones posibles. Todo sin fuerza pública, pues tanto el gobierno estatal de Nayarit como el federal, ignoraron la petición del magistrado de ser respaldado para prevenir acciones de violencia.

“No intervendremos con Cosomer [Conflictos Sociales en Medio Rural] a menos que haya sangre o violencia”, dijo a los abogados de los huicholes, Rubén Ávila Tena, el subsecretario de Desarrollo Agrario de la Sedatu, Gustavo Cárdenas Monroy. Las comunidades han insistido desde que se instauraron los juicios, en que se resarzan los derechos de sus oponentes, en busca de garantizar la paz social. Lo cierto es que el proceso de restitución de la finca al patrimonio de la comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán (Wuaut+a) como resultado del juicio agrario 769/2012, culminó unas cinco horas después.

Los ganaderos afectados, que temen un efecto dominó en la emisión de sentencias favorables a sus vecinos, presenciaban con creciente impaciencia el acto que encabezaban los actuarios del tribunal, Nereida Ceja y Enrique Ramírez. Entre la burocracia de Sedatu y el desinterés de los afectados, motivado por la postura del gobierno de Nayarit de “no permitir” los “despojos”, han pasado cuatro años. El gobierno federal se mantiene al margen. Ha comenzado la etapa más riesgosa, sin un cobijo institucional que permita conciliarla.

Los ganaderos arguyen el derecho que les da una posesión de décadas, la existencia de escrituras y de decretos de ejidos emitidos por los gobiernos locales y el federal, y su capacidad de trabajo. Los wixaritari se cobijan en el derecho agrario mexicano, que hace imprescriptible, inalienable e inembargable el patrimonio comunal, y el principio básico de que “el primero en tiempo es primero en derecho”. Todavía esperan la restitución de 16 mil ha, diez mil ha de ellas en Huajimic.

La audiencia se completó tras cinco horas; se geoposicionó el terreno y se hizo un recuento del ganado. Los wixaritari se quedaron a la custodia. Avisaron que durante los siguientes meses, la totalidad de los 3,600 miembros de la comunidad cumplirán responsabilidad de vigilancia para evitar se perturbe la posesión. Los ganaderos comenzaron a retirarse, y tras ellos, los funcionarios del tribunal, los reporteros y los defensores de los huicholes.

La sorpresa los esperaba unos cuatro kilómetros abajo, rumbo al poblado. En un cruce de caminos, y había camionetas apostadas para impedir el paso. El vehículo con los funcionarios fue detenido y se quiso bajar a sus ocupantes; luego llegó el primer grupo de periodistas y reinó la confusión. Familias completas de Huajimic estaban presentes. Querían mostrar su irritación por la ejecución de la sentencia, que ven como injusticia histórica. Allí se quedarían todos, entre las 4.45 y las 9.50 PM. Patrullas estatales y de La Yesca estaban unos metros atrás, pero los gendarmes sólo miraban.

El accidentado diálogo llegó a acuerdos: este domingo se reunirán en Puente de Camotlán una comisión comunal y una de los ganaderos, para juntos, presionar al gobierno federal para que se evite que corra la sangre. “De otro modo, es imposible continuar las ejecuciones”, aseguraba Ávila Tena. El plantón se levantó cerca de las diez de la noche. Pero dos días después, las tensiones permanecen.

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Indígenas privados de la libertad

La comunidad de Wuaut+a denunció ayer que la postura de los más radicales entre los propietarios de Huajimic llevó a privar de la libertad a un grupo de indígenas que acudió al poblado a adquirir víveres. Señalaron como responsable a la propietaria de un negocio de abarrotes de la delegación,Audelina Villagran. Al cierre de esta edición, se gestionaba por el gobierno de Jalisco la liberación de los afectados.

viernes, 23 de septiembre de 2016

Huajimic, el relato de un enfrentamiento ineludible




17 horas de una audiencia judicial que enfrentó al mundo indio de la Sierra Madre Occidental con los colonos mestizos que pretenden legitimar sus posesiones con la cultura del trabajo. Fotografías, cortesía de Abraham Pérez/ Mexfoto

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

“No intervendremos con Cosomer [Conflictos Sociales en Medio Rural] a menos que haya sangre o violencia”. La declaración del subsecretario de Desarrollo Agrario de la Sedatu, Gustavo Cárdenas Monroy, resonaba entre los mezquites, zapotes y tepehuajes que coronan la finca de aguas de los predios Bola Negra y Piedra Bola, en la cercanía de Huajimic, que este jueves fueron reintegrados al patrimonio de la comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán (Wuaut+a) como resultado del juicio agrario 769/2012 sentenciado por el Tribunal Unitario Agrario 56, de Tepic.

Los ganaderos afectados, que temen un efecto domino en la emisión de sentencias favorables a sus vecinos, escuchaban con creciente impaciencia. Quien daba el testimonio era el abogado de los comuneros, Rubén Ávila Tena, ante unos 500 wixaritari (huicholes), y hacía alusión a las entrevistas sostenidas en los últimos meses con ese funcionario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), reacio a reconocer la responsabilidad histórica del gobierno federal en este, uno de los conflictos por la tierra más viejos y riesgosos de la geografía nacional.

Ávila Tena dio fe de la buena intención del comisariado de bienes comunales de Wuaut+a, que en diversas audiencias ha insistido en la necesidad de indemnizar a sus adversarios en los juicios, quienes tienen de tres a cinco generaciones habitando este valle intermontano donde han hecho prosperar la ganadería, con siete mil cabezas anuales a la venta. Entre la burocracia de Sedatu y el desinterés de los afectados, motivado por la postura del gobierno de Nayarit de “no permitir” los “despojos”, han pasado cuatro años. El título “madre” de los parvifundistas data de 1906, cuando estaban vigentes las Leyes de Reformas y las tierras “ociosas” eran “denunciadas” en un proceso legal que permitió cercenar “bienes de manos muertas” (es decir comunales y eclesiásticos); pero esta formalidad fue ilegalizada por el artículo 27 de la Constitución emanada de la revolución Mexicana, en 1917.

La constitución vigente desde hace 99 años ha permitido reconformar el patrimonio de cientos de comunidades en el país, pero la burocracia, el abandono y la lejanía demoraron 36 años en derivar en un decreto presidencial para Wuaut+a. Y al día de hoy, unas 16 mil hectáreas siguen sin serles restituidas, dijo el presidente del comisariado, Miguel Vázquez Torres. Lo cierto que la justicia tardía llega al gran predio de Huajimic, una centenaria localidad conformada por ganaderos mestizos, que arguyen el derecho que les da una posesión de décadas, la existencia de escrituras y de decretos de ejidos emitidas por los gobiernos locales y el federal, y su capacidad de trabajo.

“Son una plaga”, dijo agresivamente, acerca de los aborígenes, Alejandro Quintanilla Barajas, uno de los grandes propietarios que podrían ser perjudicados; “no somos posesionarios sino pequeños propietarios, con una posesión de más de un siglo, y para que les dieran escrituras a nuestros antepasados es porque justificaron que tenían por lo menos 50 años de posesión […] cómo es posible que porque los wixarika están pobres creen que dándoles más tierra lo van a resolver; les pueden dar todo el planeta y ellos estarán en la misma circunstancia, con hambre, porque el trabajo es el que hace producir, y no estar echado en una hamaca descansando”, dijo. Otras posturas eran más moderadas, y muchas se decantaron por cambiar la dimensión del conflicto hacia la esfera política: “Esto es una invasión muy fuerte del estado de Jalisco, acabarán esta zona ganadera; es importante que el gobierno federal tome cartas en el asunto, es urgente, estamos en una situación peligrosa, ahorita viene del gobierno de Nayarit y del ejército a apoyarnos”, comentaba al comienzo del acto judicial el ganadero Gabriel Muñoz de la Peña.



La audiencia se realizó en términos generales en paz, aunque el grupo de propietarios quiso “reventarla” con la acusación de que unas horas antes del acto, habrían pasado individuos con vestimenta militar y armas de uso exclusivo del ejército (AK-47 y R-15). Dijeron tener pruebas, pero a los medios sólo le exhibieron la foto de un individuo no identificado que tenía una escopeta. También se habría amenazado a un par de ganaderos. El delegado municipal de Huajimic, Manuel González Rodríguez, encaró a las autoridades comunales pero Miguel Vázquez, reprimiendo su molestia, lo negó. La actuaria a cargo, Nereida Ceja, exigió orden y le pidió al funcionario municipal que procediera en su esfera, bajo la advertencia de no permitir que nadie exhibiera algún arma durante el proceso.

La medición del predio demoró algunas horas; también se hizo un recuento del ganado presente, que sumó alrededor de 80 reses. Tras casi seis horas, la funcionaria judicial entregó formalmente la posesión. Los wixaritari se quedaron a la custodia. Avisaron que durante los siguientes meses, la totalidad de los 3,600 miembros de la comunidad cumplirán responsabilidad de vigilancia para evitar se perturbe la posesión. Los ganaderos comenzaron a retirarse, y tras ellos, los funcionarios del tribunal, los reporteros y los defensores de los huicholes.

La sorpresa los esperaba unos cuatro kilómetros abajo, rumbo al poblado. En un cruce de caminos, ya había camionetas apostadas para impedir el paso. El vehículo con los funcionarios fue detenido y se quiso bajar a sus ocupantes; luego llegó el primer grupo de periodistas y reinó la confusión. Familias completas de Huajimic estaban presentes. Querían mostrar su irritación por la ejecución de la sentencia, que a su juicio, significa una injusticia histórica. Hubo enfrentamientos verbales con los periodistas, se bajó el aire de las llantas del auto oficial, y los más extremistas gritaron imprecaciones contra los naturales de la sierra. Pero la prudencia prevaleció: “no golpeen, ni siquiera los toquen, eso también es agresión”, decía imperativo un moreno manifestante, que sólo pedía firmeza en el sostenimiento del retén.

Allí se quedarían todos atorados, entre las 4:45 y las 9:50 PM. Patrullas estatales y de La Yesca estaban unos metros atrás, pero los gendarmes sólo miraban. A ratos se activaban las discusiones; se recriminaba a los periodistas “apoyar a los huicholes”; se exigía que presentaran al magistrado del tribunal, a la gente del gobierno estatal o federal, o que se desalojara el predio recién entregado, como condiciones para mover las “trocas”. Otros momentos se podía incluso confraternizar; venían las confesiones, las revelaciones, la invitación a una coca cola o a una cerveza, el relato de aventuras juveniles o de cómo los padres y los abuelos formaron con sudor el patrimonio.

El grupo de quejosos no tenía preocupaciones uniformes; algunos de los mayores mostraron prudencia e incluso respeto por los moradores de las montañas. “Mi padre les daba trabajo y siempre trabajó muy bien con ellos […] ellos son muy organizados y respetuosos de sus instituciones, en una ocasión a mi padre se le adeudaba un dinero, y como se nos escondía el huicholito, fuimos al gobernador tradicional, y lo mandó arrestar aunque se trataba de un soldado que incluso iba armado… el señor nos pagó”, contó don Buenaventura Montoya, quien está radicado en California desde 1979, pero llegó en la semana porque estaba interesado en ver el desarrollo de los acontecimientos que afectarán en algún momento a sus hermanos y sobrinos.

Otros, jóvenes y belicosos, posiblemente muy expresivos porque la cerveza tiene fama aflojar la lengua, lanzaban amenazas sombrías o fabricaban conspiraciones para expulsar “a esos indios” de sus tierras.

Hubo varios momentos de negociación. El abogado Rubén Ávila Tena ofreció establecer mesas de diálogo para que juntos, ganaderos y wixaritaris presionen al gobierno federal para que no se deba dar la condición del funcionario de Sedatu de que corra la sangre, e intervengan, como hace más de una década sucedió con los predios de Puente de Camotlán. Dos veces se frustró el levantamiento del bloqueo porque los más beligerantes exigían que la posesión del rancho de Doña Enriqueta Montoya –ausente en toda la jornada, por enfermedad- se revirtiera. Estaba oscurecido cuando arribó un alto funcionario de la fiscalía de Nayarit –los medios de Tepic lo identificaron al día siguiente como el fiscal general, Édgar Veytia-, y como por arte de magia se venció la última resistencia. El funcionario sólo se disculpó con los actuarios, y ordenó mover las camionetas.

Eran las diez de la noche y los vehículos cuyo tránsito había sido interrumpido por la tarde, remontaban la brecha que sube hacia la sierra desde el feraz valle, objeto de disputas prolongadas y teatro de emociones primarias, básicas. Humano, demasiado humano.

La ruta de los empleados del tribunal, los reporteros y los abogados había comenzado 17 horas antes en los llanos de Tepic cuando la luna todavía dominaba entre nubes y el sol apenas asomaba desde el océano; había alcanzado su culminación cinco horas después, casi a las diez de la mañana, hora del Pacífico, en una vereda polvosa y frente a un lienzo de alambre de púas: en ese momento, desde los parteaguas de la Sierra de los Pajaritos se precipitó un alud humano: aborígenes que bajaban como una lenta marea para sumergirse en el valle que sus ancestros ya cultivaban desde antes de la conquista.

Cerca de la medianoche, se asomaba el enorme vaso de la presa el Cajón, frontera entre la sociedad rural aferrada a los valores agrarios, y el México urbanizado y supercomunicado por autopistas. La noche no era en absoluto sombría, y la lluvia se precipitó como música pacificadora de pasiones, entre grandes caravanas de transporte en las rutas internacionales de un México próspero que ha olvidado a los hijos de la tierra.

jueves, 22 de septiembre de 2016

Vidanta defiende su proyecto de acusaciones ecologistas


El grupo empresarial señala que posee todos los permisos; que tiene escriturados todos los terrenos del proyecto y que protege playa y tortuga marina.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Grupo Vidanta asegura no violentar derechos ambientales y humanos de los nayaritas en la edificación de sus desarrollos en la desembocadura del río Ameca; los quejosos entregaron al Grupo de trabajo de ONU Empresa y Derechos Humanos “diversas afirmaciones erróneas y sin fundamento”, asegura en una misiva el apoderado legal del desarrollo Marina Vallarta SA de CV, Edmundo Olivares Dufoo.

Sus observaciones respecto a la denuncia de los ecologistas, publicada por MILENIO JALISCO en su edición del 5 de septiembre de 2016: la empresa presentó al mismo grupo de trabajo “los expedientes que demuestran que se cuenta con todos los permisos y autorizaciones necesarias para el proyecto, expediente que documentalmente comprueba que los señalamientos en su contra son absolutamente falsos”.

Desde su llegada a Bahía de Banderas, la empresa “ha contribuido al cuidado del medio ambiente, realizando entre otras actividades, la reforestación de cientos de hectáreas que en el pasado habían sido afectadas por el pastoreo de ganado, así como el cuidado y la preservación de la Isla de los Pájaros [propiedad federal], la cual se encuentra dada en concesión al grupo, con el único objeto de su preservación y cuidado” (sic).

Agrega el apoderado que sostiene el grupo que representa un campamento tortuguero desde hace seis años, con recolección anual de 272 mil huevos de golfinas; “cuenta con los permisos y autorizaciones necesarias para realizar cualquier trabajo, tal como el desazolve del río Ameca, en cuya margen derecha se construyó un bordo de protección que evita inundaciones en la población de Jarretaderas y edificaciones vecinas”; además, “como parte de las medidas preventivas contra las inundaciones provocadas del río Ameca, de manera previa a cada temporal […] pagando por la extracción de materiales los derechos que establece la ley en la materia”.

También argumentan tener escrituras “que acreditan la legal procedencia de todos y cada uno delos predios de su propiedad, mismos que incluyen los terrenos y áreas de construcción y expansión del proyecto. La instalación de “bolardos” (poste de pequeña altura para evitar el acceso de vehículos) en el camino de acceso al río Ameca tiene a evitar la contaminación de la playa con el paso de vehículos de motor y el daño de nidos de tortugas, “pero el acceso de los pobladores y pescadores está garantizado plenamente”.

La queja de ecologistas y activistas señala la apropiación de ecosistemas por parte de la corporación empresarial; “calles y avenidas públicas privatizadas o desaparecidas, accesos al mar bloqueados, obstaculización del ingreso al río Ameca, salida natural de la población; extracción descontrolada de material pétreo del río Ameca, riberas alineadas a su conveniencia, apropiación de bienes nacionales como la isla de Los Pájaros en la desembocadura del río Ameca; destrucción del manglar, desplazamiento de la fauna”, le indicaron a los enviados de ONU.

SRN


Detonan los automóviles exposición a manganeso y trastornos infantiles



Vivir en 28 corredores de intenso tráfico de la ciudad puede ocasionar niños con padecimiento de hiperactividad y más muertes de cáncer, revelan investigaciones pioneras.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Si usted y su familia viven a menos de 600 metros de una avenida de alta densidad vehicular, es decir, con más de diez mil automotores por día, y tiene infantes menores a doce años con el muy popular síndrome del “niño hiperactivo”, no culpe del todo al azar o a ese tío extravagante que la abuela corrió porque se robaba sus monederos o se la pasaba enamorando a las vecinas.

La realidad es que este tipo de trastorno de conducta infantil tiene también una vinculación con la exposición a la contaminación ambiental, de modo específico, al manganeso, un  metal de existencia libre en la naturaleza, pero que se utiliza como fijador en el combustible “libre de plomo” que utilizan los automotores, lo que ha incrementado su presencia en las zonas urbanas de intensa circulación vehicular.

De este modo, una ciudad diseñada para el automóvil, genera costos a sus habitantes que la ciencia médica está documentando. En este caso, es un estudio pionero que realizó para titularse como maestra en ciencias de la salud ambiental por la UdeG, la químicofarmacobiologa Claudia Iliana Limón Aguirre, bajo la dirección del responsable dela maestría por la UdeG, Arturo Curiel Ballesteros.

“Las concentraciones de manganeso encontradas en las muestras dentales infantiles constituyen evidencia de exposición a este metal en la Zona Metropolitana de Guadalajara […] uno de cada cuatro niños del total diagnosticados con comportamientos hiperactivos vive en la proximidad al periférico Manuel Gómez Morín, que presenta una afluencia vehicular mayor a 50 mil automóviles por día”, señala el documento académico.

Además, “los valores medios de las concentraciones de manganeso en las muestras dentales infantiles, tanto en los niños con comportamientos hiperactivos como en el grupo de población control se encontraron con niveles identificables de manganeso y fueron superiores las concentraciones reportados por investigaciones similares, lo cual indica que existe una mayor exposición a manganeso en la población infantil” de la ciudad.

Los estudios que se realicen en el futuro sobre exposición a manganeso “deberán considerar diversas fuentes como las instalaciones industriales así como otras vías de exposición ambiental a este metal, tales como el agua y los alimentos”, apunta, porque “es necesario realizar otros estudios que evalúen exposición a manganeso en conjunto con otros metales y/o tóxicos ambientales como el plomo, los cuales generan sinergia y aumentan el potencial de daño y/o afectación a nivel del neurodesarrollo infantil”.

Lo cierto es que el análisis con la vinculación a los automotores es inquietante. La gráfica anexa demuestra que a mayor cercanía de una ruta de circulación intensa, hay más casos de niños que deben ser atendidos por esos trastornos (la investigación acudió al DIF Jalisco y revisó los expedientes de sus pacientes infantiles, es decir, son casos reales, y les extrajo la muestra dental que comparó con una población de control, es decir, niños sin el síndrome); “se muestra una discreta disminución en la concentración de manganeso en las muestras dentales infantiles conforme aumenta la distancia de los domicilios de los niños a la vía de alto flujo vehicular más próxima”, es decir, “los valores medios de la concentración de manganeso en las muestras dentales en las categorías comprendidas a menor distancia de los 600 m. de las vías de alto flujo vehicular fueron superiores a las encontradas en las categorías que van de 800.01 a 2,800 m”.

Curiel Ballesteros lo contextualiza: “este tema de los estudios por el efecto de la contaminación del aire se han ido diversificando; antes eran problemas de carácter respiratorio, y ahora son trabajos de investigación que amplían su radio de afectaciones locales, por ejemplo, su vínculo con nacimientos con bajo peso, su papel en los primeros cinco a siete años como un factor de obesidad en niños, porque lo interesante es que no sólo tiene que ver con los alimentos, sino la exposición a contaminantes del aire; la literatura a nivel mundial ya lo ha confirmado, lo que estamos haciendo es confirmar a nivel local”.

El científico destaca el aporte de otra investigación, de Leticia Nayeli Soltero Rodríguez: Cáncer: factores de riesgo en trabajadores de centros metropolitanos, UdeG 1994 – 2014; esa tesis publicada en 2015 determina los factores ambientales como posibles causas de la incidencia de enfermedades del personal académico y administrativos.

“Las personas que trabajan en los Centros Universitarios Temáticos de la Universidad de Guadalajara (ubicados en la Zona Metropolitana de Guadalajara), viven y se recrean también en la ciudad, estando expuestas diariamente a contaminantes atmosféricos, sustancias químicas y agentes físicos como radiaciones no ionizantes. Estos contaminantes tienen efectos en la salud de las personas cuando se ven expuestos a ellos y a múltiples agentes ambientales (biológicos, químicos, físicos y mixtos). Así pues, estas exposiciones aumentan el riesgo de padecer patologías como el cáncer, que es una de las enfermedades que cobra más vidas a nivel mundial”, destaca ese texto.

Añade: “La Organización Mundial de la Salud considera que 19 por ciento de [los casos de] cáncer son atribuibles al medio ambiente. Para algunos tipos en específico, como cáncer de pulmón o de colon, investigadores concuerdan que el 90 al 95 por ciento de los casos son atribuibles al medio ambiente; y estilos de vida, dentro de este último se incluyen patrones de comportamiento como el hábito de fumar, hábitos alimenticios, sedentarismo, y agentes de exposición físicos, químicos y biológicos”.

Las emisiones de vehículos motorizados (diésel y gasolina) “se consideran cancerígenas para el ser humano por la IARC desde 1989 (IARC 2013), por su parte las emisiones diesel son reconocidas como carcinogénicas por el NTP desde 1998 (NTP 2014) […] Los tipos de cáncer asociados a las emisiones de vehículos motorizados son: Cáncer de pulmón, para los tipos de cáncer de la vejiga urinaria, laringe y colon la IARC (2013) establece que la evidencia de la relación entre la exposición a emisiones de vehículos motorizados y estos tipos de cáncer es sugestiva pero no suficiente para inferir una relación causal”. Lo cierto es que esta investigación señala que los centros universitarios enclavados en medio de la zona más densamente urbanizada y con tránsito de vehículos (contiguas a menos de 500 metros de Calzada Independencia, Alcalde, Federalismo y Circunvalación), que son los de Ciencias de la Salud (CUCS) y de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), registran 188 de 403 muertes de cáncer, mientras el resto (215 casos) se reparte en cuatro centros temáticos más.

Las rutas del riesgo

Avenidas más transitadas del AMG, con flujo diario mayor a diez mil autos, con mayor exposición de manganeso

1 Periférico Manuel Gómez Morín, 51,397 autos por día

2 Carretera a Chapala (altura de San José del 15), 48,654

3 Lázaro Cárdenas, 38,273

4 Federalismo (Guadalajara) 37,198

5 Carretera a Zapotlanejo (Km 1.5), 36,816

6 Av. Colón (Tlaquepaque) 35,004

7 Av. Juan Gil Preciado (Zapopan), 34,890

8 Av. González Gallo, 33,993

9 Av. Ávila Camacho, 33,425

10 Av. Patria, 30,080

11 Av. Javier Mina, 26,674

12 Av. Ocho de Julio, 24,907

13 Av. Circunvalación Oblatos, 23,259

14 Av. Alcalde, 17,448

15 Av. Revolución, 15,694

16 Av. Aviación (San Juan de Ocotán), 14,722

17 Calzada Independencia, 14,671

18 Av. República, 13,843

19 Av. Juan de Dios Robledo, 13,749

20 Carretera a Saltillo (Km. 2.5), 11,926

21 Av. Belisario Domínguez, 11,833

22 Av. Enrique Díaz de León, 11,487

23 Av. Artesanos, 11,421

24 Calle Mota Padilla, 11,352

25 Av.  Jesús Reyes Heroles, 11,216

26 Av. Plutarco Elías Calles, 10,503

27 Av. Juan Pablo II, 10,279

28 Av. Río Nilo, 10,182

*Levantamiento de datos hecho por la investigadora

VERIFICACIÓN, SÍ PERO...

Según los datos oficiales, la verificación de vehículos no reducirá en más de 7 por ciento las emisiones de los autos de la ciudad, responsables de más de 90 por ciento de la contaminación atmosférica, señala el director de la Maestría en Ciencias de Salud Ambiental de la UdeG, Arturo Curiel Ballesteros. El gobierno, añade, debería atender las causas profunas de ese deterioro, que son la existencia de miles de automotores obsoletos que aun pasando la verificación, contaminan de ocho a 20 veces más que modelos recientes; la baja velocidad de la circulación citadina, que potencia la contaminación, y la falta de una política pública para crear áreas verdes de más de 40 hectáreas como verdaderos amortiguadores de la polución. "No veo que se trabaje a fondo sobre eso", advierte.

AC . Guadalajara

La Primavera, de 33 a 0.3 por ciento de hectáreas quemadas



Una reducción drástica en el impacto del fuego sobre la reserva protegida es uno de los mejores resultados de dos años de gestión del OPD en la zona.

Agustín del Castillo / Guaalajara. MILENIO JALISCO. 

La cercanía a la segunda área metropolitana, por superficie y población, del país, ha sido históricamente una desventaja para el bosque La Primavera, que es objeto de una presión extraordinaria ante los intereses políticos y económicos. Pero la excesiva exposición también se traduce en ventajas: el área forestal es la que recibe más presupuesto, y ante la sensibilidad de la opinión pública por el tema de incendios, ha logrado montar un sistema ejemplar para el país en prevención y combate.

“Históricamente, los incendios, en su gran mayoría de origen antrópico, han sido una de las principales amenazas para la integridad de La Primavera. Sin embargo, hoy podemos decir, basado en datos confiables, que La Primavera cuenta con, quizás, uno de los modelos de atención a incendios más robusto y mejor coordinado de todas las áreas naturales protegidas del país, con 17 brigadas y 200 elementos en campo, incluyendo vehículos, equipamiento especializado en algunas brigadas, y la disponibilidad de dos helicópteros en caso de ser necesario, lo cual se ha traducido en una atención más expedita y la reducción significativa de arbolado afectado durante los últimos años, correspondientes a la presente administración”, señala un informe de la dirección del organismo público descentralizado.

De hecho, el último ciclo (2016) es el más revelador de todos porque se rompió claramente con una inercia histórica: si en Jalisco se quemaba mucho o poco bosque, los registros desde los años 90 demuestran que una de cada tres hectáreas (ha) siniestradas las aportaba esta reserva forestal (MILENIO JALISCO, 15 de febrero de 2013), lo que considerando su tamaño (el ANP conserva menos de 1 por ciento del bosque existente en la entidad), resulta desmesurado. En este año con más de 50 mil ha que recibieron fuego en el estado, la estadística de La Primavera apenas aportó 160 ha, es decir,  alrededor de 0.3 por ciento de la estadística global.

Estos resultados “se derivan de una nueva estrategia que se compone de cuatro elementos: un diagnóstico de zonas críticas de incidencia de incendios para la planeación estratégica, una fuerte apuesta a acciones de prevención –como brechas cortafuego, líneas negras, manejo de combustible–, capacitación de los cuadros locales, y el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional con los tres niveles de gobierno y a nivel comunitario”.

La estadística de la evolución del fenómeno es reveladora. Durante el periodo que va de 2008 a 2016 se registró una superficie  de 13,197.8 hectáreas por que fueron en algún momento parte de procesos de combustión en el polígono del área natural protegida, lo que significa arriba de 40 por ciento de su superficie.

Sin embargo, 94 por ciento, es decir, 12,423.48 ha, corresponden al período de 2008 al 2012, y si se es aún más específico, el año 2012, con el megaincendio de abril, el más grande que se haya registrado, se “come” unas 8,300 ha, con dos periodos previos (2011 y 2008), con más de mil y de dos mil ha, respectivamente. Los años posteriores fueron con registros menores. Solamente 6 por ciento de la cifra total corresponde a esos cuatro ciclos, que coinciden con la actual Administración estatal y la entrada en funciones del OPD.

“Del total de esas 774 ha, 85.3 ha corresponden a arbolado afectado, lo cual representa 11 por ciento de la superficie total afectada durante el período respectivo y 0.2 por ciento de la superficie total del área protegida”. Esta disminución en la superficie afectada es un reflejo de la capacidad institucional y operativa que se ha podido generar bajo el nuevo esquema, que apuesta a una gobernanza que incluye a los dueños, a los gobiernos locales y a los usuarios del bosque.

miércoles, 21 de septiembre de 2016

La Primavera es un ensayo sobresaliente



Propietarios, académicos y científicos avalan la gestión del Organismo Público Descentralizado en sus primeros dos años y piden seriedad a gobiernos estatal y municipales para ratificar a sus responsables.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Tal vez la mejor noticia de estos dos últimos años en el bosque La Primavera, es que pese a la existencia de demandas judiciales promovidas por algunos dueños del bosque contra el organismo público descentralizado que administra el área de protección de flora y fauna, los

“Estamos realmente avanzando como nunca en esa tarea, sin el apoyo del director [Marciano Valtierra Azotla] no habríamos podido sentarnos con la Conanp [Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas] ni con la unión de ciclistas, para resolver el grave problema del acceso al bosque; a muchos no les gusta el orden, pero el orden es primordial y creo que con ese tema 5 mil personas, entre dueños y usuarios, hemos ganado mucho”, señala convencido el parvifundista Juan Diego Covarrubias, en su momento, uno de los más aguerridos opositores a la creación del Organismo público Descentralizado (OPD).

El bosque La Primavera es el área natural protegida más asediada de México, dada su ubicación a las puertas de la segunda conurbación; si se compara con los casos de Monterrey y la Ciudad de México, es la única reserva que ha salido avante, pese a los embates de intereses privados y gubernamentales: su superficie forestal está casi igual a la protegida por el decreto de 1980, y más bien, su gran desafío es afrontar los intereses inmobiliarios y de infraestructura que corren al otro lado de sus linderos: fraccionamientos residenciales y “espontáneos”; invasión agrícola y ganadera;  apertura de corredores industriales, de ductos de gas y de carreteras.

El caso del pequeño propietario –que no es menor porque es uno de los promotores del Consejo Regulador de la Primavera, una instancia de propietarios que pretende incidir en el destino dela reserva-, está lejos de ser aislado. Los trece ejidos que tienen más de 37 por ciento de la superficie boscosa también interpusieron juicios, pero eso no ha impedido que ejidos como Huaxtla, San Agustín o La Primavera colaboren en las tareas del OPD.

Arturo Curiel Ballesteros, investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) y cabeza del comité científico del OPD, destaca: “una de las ventajas que se le puede reconocer es que es menos discrecional en la parte de las decisiones, que en otro tipo de figuras […] tiene la posibilidad de operar bajo esquemas de gobernanza, no bajo línea política, y en estos dos años que me ha tocado vivir dentro del comité científico, puedo decir que se ha venido aprovechando esta figura; he visto que además del director, los miembros que constituyen el OPD tienen la gran posibilidad de actuar a favor de la conservación como tal, y reducir los grados de orientación de un jefe político”.

Esto significa que corren ideas en las diferentes instancias de discusión, “he visto al director y a todos los demás arriesgarse a hacer planteamientos que son lógicos y eso redunda en una mejor toma de decisiones […] por ejemplo, cuando la Conanp trató de imponer los indicadores de evaluación con que deben tratar al bosque, y con los mismos construir el plan de manejo, la gran mayoría dijo no, eso no se ajusta a este bosque, no está asegurando la parte del objetivos del cumplimiento de conservación; y eso a mí me alienta mucho, porque genera una posibilidad diferente a la de seguir una línea en término de decisiones; las cosas no han sucedido como uno hubiera querido en término de los tiempos,  pero me parece que la dirección es correcta, y va a permitir llegar a logros que puedan dar este cambio de giro que necesita La Primavera”.

Un aspecto esencial, a juicio del académico, es entender que las áreas protegidas no pueden concebirse de su polígono hacia dentro, sino en su relación con el entorno; por eso, considera valioso retomar la discusión sobre el área de amortiguamiento y que los municipios, representados en la junta de gobierno, asuman compromisos;  y que esto se traduzca, en el corto y mediano plazos, en acciones efectivas de manejo del territorio.

“Hemos acordado que a La Primavera debemos evaluarla y posicionarla estratégicamente en la parte de los cambios globales, como patrimonio de la ciudad, como servicio para descontaminar, detener la desertificación, regular el clima; no es simplemente un espacio que está afuera de la ciudad y que va la gente a visitarlo, sino un bien fundamental para la salud de Guadalajara, con toda un área de influencia que debe ser manejada […] que esto se esté incorporando al convencimiento de los miembros es de lo más valioso”, apunta.

En unas semanas, la primera administración del OPD del bosque, a cargo de Marciano Valtierra, cumplirá los dos primeros años, y debe ser analizada por la junta de gobierno para determinar si debe sostener la responsabilidad por un periodo similar. Entre las cuentas que entrega, es un esquema de combate al fuego que ha mantenido baja su incidencia –no se puede dejar de destacar que en 2016, Jalisco sumó más de 50 mil hectáreas siniestradas, apenas 160 ha fueron en La Primavera, cuando históricamente, una de cada tres ha que se queman en Jalisco pertenecen a este bosque.

“Nosotros nos seguimos quejando de la burocracia, pero debo decir que hemos avanzado en diálogo con el bosque y estamos listos para seguir trabajando”, señala el líder ejidal de San Agustín, José Ángel Espinoza. Los miembros de la junta de gobierno decidirán si las cuentas ofrecidas bastan para renovar la gestión.

Algunos números

363,527
Visitantes recibidos entre enero de 2014 y septiembre de 2016

105,379
vehículos recibidos en los caminos del ANP en el mismo periodo
88 incendios forestales sobre 446 hectáreas; 38 de estos fuegos fueron en 2016

12,423
ha se quemaron entre 2008 y 2013, antes de la gestión de la OPD