domingo, 31 de enero de 2016

Conversión de autos contaminadores costaría 3, 500 mdp



Dueños de talleres reclaman inclusión a proyecto de nueva verificación; la diferencia entre autos nuevos y cambio tecnológico es de 30 a uno.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Si un millón de autos que son altamente contaminadores en Jalisco cambiaran de tecnología hacia convertidor catalítico o combustibles alternos como el gas, los talleres de Guadalajara estiman que cada proceso se puede llevar de 1,500 a siete mil pesos, según la marca y el año del modelo.

Si el costo por unidad se promedia en 3,500 pesos, el costo global del cambio será de 3,500 millones de pesos, aproximadamente 15 por ciento de lo que el gobierno de la República invirtió en regalar más de seis millones de televisores para estimular la industria y generar el cambio a la televisión digital, un programa que por cierto acarrea elevados costos ambientales. En cambio, esa vuelta de hoja tecnológica de los autos viejos, que demanda aproximadamente 0.4 por ciento del presupuesto anual de Jalisco, traerá una drástica reducción de las emisiones a la atmósfera: se estima que cerca de 70 por ciento de lo que los coches contaminan el aire citadino de Guadalajara, deriva de ese millón de automotores obsoletos.

Otra comparación mucho más drástica es con autos nuevos: los más económicos rondan 100 mil pesos, lo que lleva el cambio a 100 mil millones de pesos y demandaría altos subsidios, como ha sucedido en lugares como la Ciudad de México. Cambiar la tecnología es, en cambio, una modesta fracción de ese enorme gasto. La diferencia es más de 30 a uno.

Estos razonamientos fueron parte de la discusión que el pasado viernes se realizó en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), entre los representantes de los talleres que actualmente tutelan el programa de verificación, y los secretarios de Medio Ambiente, Magdalena Ruiz Mejía, y de Movilidad, Servando Sepúlveda Enríquez.

"Tuvimos que tocar muchas puertas para que la señora secretaria nos recibiera, estamos exigiendo ser parte de ese proceso de cambio, y estamos haciendo propuestas reales y mucho menos caras de lo que ellos señalan para verificentros, que insistimos, son un negocio, no un servicio a la sociedad", señaló a MILENIO JALISCO el dirigente de la unión de Talleres Acreditados Independientes, David Aldrete Medina.

Parte sustancial de la discusión fue por qué ambas dependencias no se han preocupado lo suficiente en hacer que los ciudadanos cumplan con el trámite obligatorio de verificar. Los secretarios se comprometieron a que el próximo 8 de febrero habrá un relanzamiento intensivo de una campaña pública para hacer que los niveles de cumplimiento lleguen a ser universales en el mediano plazo. A la fecha el promedio ronda 30 por ciento de los automovilistas.

También se cuestionó que el "rediseño" del programa esté generando una legitimación de un negocio millonario: montar un taller con una línea de verificación cuesta casi cuatro millones de pesos (ver edición de este diario del 18 de enero de 2016), lo que deja fuera de competencia a los talleres pequeños y medianos.

"Pero eso tiene muchos asegunes: hay requisitos que se inventó la Semadet como tener baños de lujo, que sólo encarece la inversión y que no redunda en la eficiencia del proceso; hay además el afán de imponer cierta tecnología alemana que es muy costosa, nosotros tenemos identificado a un solo distribuidor de esos equipos, NAHA, que es de la BMW, la pregunta es por qué no usamos la tecnología disponible de California, que nosotros tenemos ubicada, y que hace que esos equipos pasen de 1.4 millones de pesos a entre 9 mil y 35 mil dólares (166,050 a 645,750 pesos), y que nos permiten una posibilidad de invertir", puso en relieve.

Un verificentro con las especificaciones que está planteando el gobierno, añadió, "nos deja fuera, y parecería esa la intención, dado que fuimos a Economía a preguntar si tenía diez millones de pesos para prestarnos a cada uno, y nos dijeron que no [...] que podían prestar muchos menos y que había que garantizar el pago con propiedades".

También dijo que una de las tecnologías esenciales que se les piden en la NOM 047 es el dinamómetro, instrumento que permite medir los NOx ("es un término genérico que hace referencia a un grupo de gases muy reactivos tales como el óxido nítrico, NO y el dióxido de nitrógeno, NO2, que contienen nitrógeno y oxígeno en diversas proporciones"), y que tal tecnología no se puede manipular a menos que se le inyecte aire frío, "pero eso es absurdo porque aumenta los hidrocarburos, no tendría sentido".

El dirigente de los talleres lamentó el desinterés de diputados como Enrique Aubry, quien preside la comisión de Medio Ambiente, y señaló que de este modo se afianza la sospecha de que se pretende sacar adelante un negocio a favor de un político mexicano cercano al Partido Verde: Jorge Kahwagi Macari, dueño de buena parte de los verificentros en Ciudad de México, Puebla y Tijuana.

viernes, 29 de enero de 2016

Medio Ambiente, cuando el discurso rebasa a la realidad


Mucho trabajo de escritorio, pero resultados más bien modestos en materia de medio ambiente, gestión del agua y territorio.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Desde el 1 de marzo de 2013 hasta hoy, Jalisco ha avanzado en el papel, pero poco en la realidad en las materias relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo territorial. Su secretaría del ramo, la Semadet, se mantiene entre las tres con más bajo presupuesto del gabinete del Ejecutivo estatal, y su  incidencia en la agenda pública es más en el discurso que en los hechos, donde las fuerzas económicas y los grandes intereses mantienen su fuerte presencia y suelen oponerse a sus avances.

Entre los principales logros de la Administración, no exentos de controversia y conflicto, se encuentra la creación de dos áreas naturales protegidas –Cerro Viejo y, en unos días más, el bosque de arce de Talpa-; la conformación del organismo público descentralizado La Primavera –con la oposición enconada de un grupo de propietarios y ejidos, que permanece hasta ahora-, y el manejo –a juicio de sus críticos, bastante a destiempo- del impacto ambiental de la Línea 3 del Tren Ligero. Un cuarto caso de éxito también es incipiente: la ley y el programa estatal de cambio climático, con compromisos como bajar las emisiones a la mitad a 2030 y la deforestación en 80 por ciento a más tardar en 2020, pero cuyos instrumentos y herramientas apenas están en fase de establecimiento.

Y si bien, la dependencia señala como un logro importante el establecimiento de la “tercería” de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para dirimir el conflicto por el agua en el río Verde, los integrantes del Observatorio Ciudadano para la Gestión del Agua de Jalisco consideran que no tiene ni el perfil ni los oficios para hacerlo, y por el contrario, tienden el velo de la sospecha: que simplemente se trate de un modo de ganar tiempo para
que los amparos que hoy mantienen detenida la construcción de la presa El Zapotillo, puedan ser resueltos a favor de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pese a la creciente hostilidad de los habitantes de Los Altos que ven el proyecto como un esquema de “despojo legal” de sus aguas.

Otro terreno donde el discurso rebasa con mucho a los hechos es el tema de la verificación y de la red de monitoreo atmosférico.

En ambos casos, la capital de Jalisco no cuenta con respuestas adecuadas al enorme desafío de su mala calidad del aire que la hacen una de las peores atmósferas de América Latina; en el primero, intereses económicos y político-electorales han bloqueado la posibilidad de un programa que de por sí es costoso para los inversionistas y para la sociedad, lo que obliga a mantener la verificación a cuatro gases y estática que apenas cumplen uno de cada tres automovilistas.

En el segundo, la red no se ha modernizado y el monitoreo es defectuoso por la falta de apoyo de los gobiernos municipales, que rebasa con mucho el tiempo de las actuales administraciones municipales.

jueves, 28 de enero de 2016

Huicholes expulsan a bautistas de Tuxpan


19 adultos y once niños fueron sacados de territorio de Tuxpan de Bolaños y duermen en un albergueen la cabecera de Bolaños desde el martes.

Agustín del Castillo / Guadalajar. MILENIO JALISCO

Por quinta ocasión desde 2009, la pequeña comunidad bautista de Tuxpan de Bolaños ha sido expulsada por la asamblea comunal, al negarse a cumplir ritos religiosos tradicionales y serle rechazada su propuesta de trabajo comunitario.

El pastor de los wixaritari de confesión cristiana protestante, Juan José de la Cruz, dijo a MILENIO JALISCO que la amenaza, que estaba manifiesta desde diciembre pasado, se cumplió el pasado martes 26 de enero a las tres de la tarde, tras un largo desgaste, y no obstante que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) había llamado a conciliar las diferencias.

Los desplazados se encuentran desde ese día en el albergue de la cabecera municipal de Bolaños, donde 19 adultos y once niños duermen y comen en situación precaria; también han tenido oportunidad de comunicar su problema a las autoridades municipales, que piden un plazo de cinco días para poder acudir a la aldea wixárika para que se plantee de nuevo la admisión de los indígenas, “esperamos tener la paciencia”, dijo.

“El 28 de noviembre del año pasado nos reunieron en la comunidad para que dijéramos si volveríamos a tomar cargos en la comunidad, les dijimos que como cristianos no nos compete cooperar en esos asuntos, pero que podíamos cooperar de otras formas, apoyar en la recolección de leña, maíz, contribuciones, ayuda para servicio médico, barriendo […] parecía que nos habían escuchado y se levantó un escrito. El 6 de diciembre hubo asamblea en Barranquilla, un poblado de la comunidad más alejado, pero ya no salió nuestra propuesta, y mintieron: comentaron que nos habíamos burlado, que no queremos cooperar, inventaron muchas cosas y la gente les creyó. Dijeron que no podíamos permanecer en la comunidad…”.

En esas fechas, un misionero bautista y un predicador de Los testigos de Jehová estaban en la zona y fueron detenidos, “los encararon y les dijeron que no tenían derecho a estar allí, y los topiles, que son como los policías del gobernador tradicional, los mantuvieron encerrados, prisioneros”, fueron liberados después de la asamblea.

Antes de que se retiraran, los hicieron firmar “un acta que dice que voluntariamente quisimos salir de la comunidad y que nos iríamos en diez días”. Pero los disidentes regresaron a Tuxpan de Bolaños y no fueron molestados sino hasta el 26 de febrero, que los citaron a una casa de la localidad, “nos dijeron que habíamos desobedecido y que ellos tenían planeado sacarnos de la comunidad. Nos dijeron que a las tres de la tarde irían por nosotros, que empacáramos nuestras cosas […] la verdad no pudimos ni traer ropa, yo tengo una chamarra, todos nos venimos sin nada. Nos dejaron en el crucero del Miguelón, donde están los límites de la comunidad con los ejidos. Allí nos pusimos a buscar señal de celular y cuando pudimos, avisamos a Bolaños y la policía subió por nosotros… en la noche llegamos a la cabecera municipal”.

Los recibió el DIF con unas cuantas cobijas. Un pastor de Colotlán les envió 30 cobertores más. “Hace mucho frío, dormimos en el piso, esperamos que pronto se resuelva esto”.  Es la quinta ocasión en que son sacados de su comunidad originaria, la primera fue en septiembre de 2009. “Ellos dicen que son católicos y no quieren una religión más […] pero nosotros ya cambiamos, nuestra vida ha sido cambiada, Dios nos ha cambiado, ya no peleamos, ya no fumamos, ya no nos emborrachamos y muchas cosas más […] no podemos regresar a lo que antes éramos”.

Temaca le recordó a Aristóteles su tuit



Los moradores de los pueblos de las cañadas del río Verde cuestionan las acciones del gobernador para solamente administrar el conflicto de El Zapotillo.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Con tres años por cumplirse, el día de mañana, del tuit que puso el drama de los ancianos de Temacapulín como la prioridad del gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz, cuando éste no había asumido aún el cargo, los moradores de las cañadas amenazadas de inundación por el embalse artificial de El Zapotillo no lo olvidan, y consideran que incumplió y que se ha limitado a “administrar” el conflicto.

“El 29 de enero de 2013, Aristóteles Sandoval, candidato en ese momento [en realidad, gobernador electo] a la gubernatura del estado de Jalisco escribió vía Twitter: ‘Lo reitero: Jalisco debe ser el principal beneficiado de las decisiones y no el que las padezca. No vamos a inundar Temacapulín’ […] ya gobernador del estado visitó Temacapulín y afirmó reiteradamente que no inundaría la comunidad, sin embargo en abril del 2014 contradiciendo lo manifestado anunció la decisión de la Comisión Nacional del Agua, sobre la inviabilidad por aspectos ‘técnicos’ y de ‘seguridad’ de la presa a 80 metros, desacatando la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [controversia constitucional 93/2012], y anunciando una amenaza de desalojo forzoso de las comunidades. Esta contradicción hace evidente el doble discurso que siempre ha manejado el gobernador sobre el proyecto. Temacapulín no lo olvida y sigue de pie luchando por la defensa de su  territorio y los bienes naturales de los pueblos”, señalaron en un comunicado alusivo a la fecha, emitido esta tarde.

Critican que el mandatario y el gobierno federal” siguen derrochando los recursos de las y los contribuyentes  en beneficio de unas pocas empresas; prueba de ello es el convenio contraído con la UNOPS-PNUMA con un costo de 4.6 millones de dólares para la realización de un estudio que llega tarde al conflicto, que representa más dudas que certezas,  que no será vinculante y carece de instancias de participación y contraloría ciudadana”.

Otro gasto absurdo “con fondos  públicos  es el  manifestado por el director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León , Enrique Torres López, quien en enero del presente año aseguró haber transferido alrededor de 700 millones de pesos a la empresa  española Abengoa responsable de la construcción  del Acueducto Zapotillo-León, que está en riesgo de quiebra y siendo investigada por sus malos manejos. Es inaudito que el Estado mexicano juegue el papel de rescate a las grandes corporaciones que despojan y privatizan el agua en el mundo”.

La SCJN  “suspendió definitivamente la obra en noviembre de 2015 y al día de hoy  ha ratificado la decisión de suspender la obra para que las autoridades acaten esta disposición y se  apeguen al proyecto original, para que  con estamedida se garantice el respeto a los derechos  de las comunidades, por lo tanto exigimos que las autoridades  cumplan con esta disposición y realicen todas las modificaciones necesarias para asegurar que los derechos de las comunidades no sean transgredidos por este tipo de megaproyecto”, aseveran.

“Consideramos que las mesas o espacios de diálogo no son un dispositivo suficiente para mantener la interacción de los actores miembros de la sociedad civil con el proyecto, ya que a la fecha se han realizado muchas sin que sean tomadas en cuenta las alternativas generadas, por ello demandamos se especifique el mecanismo que usará la UNOPS-PNUMA para documentar y hacer valer efectivamente  el derecho a la participación de los pueblos y actores involucrados en el conflicto de la presa el Zapotillo”, puntualizan. Firman Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y Colectivo de Abogados.

La defensa del bosque Los Colomos vive horas decisivas



El gobierno del estado presentó un novedoso “amparo colectivo” que busca suspender toda acción de urbanización dentro de tres días.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

A partir de ayer, alrededor de las 13.00 horas, han comenzado a correr las 72 horas más importantes  de los últimos tiempos para la preservación del bosque y los manantiales de Los Colomos.

El gobierno de Jalisco espera que el juez de distrito en turno otorgue una “suspensión de plano” tras valorar que el otorgamiento de licencias de construcción para desarrollos en la periferia del área protegida significa una grave amenaza a los derechos de los habitantes del área metropolitana, representados por más de 22 mil firmas recabadas en los últimos días.

Dicha medida cautelar se otorga cuando el acto reclamado genera peligro inminente para los derechos de las personas demandantes (su vida o bienes), o bien, de difícil reparación futura. En este caso, el procurador social, Carlos Trejo, destaca que el derecho del colectivo a la salud, al ambiente sano, al agua y al esparcimiento serán seriamente trastocados si el Ayuntamiento de Guadalajara otorga las licencias como se lo ordenó el Tribunal Administrativo del estado (TAE).

“Entregaremos el amparo y entregaremos las 22 mil firmas que fueron recabadas en este ejercicio; la procuraduría se presenta como representante de la autoridad y los ciudadanos, por los derechos fundamentales al medio ambiente saludable, a la conservación de su patrimonio histórico y cultural, y a la conservación de toda la estructura hidráulica que está construida desde principios del siglo XX en estos terrenos que conforman el polígono de Los Colomos”, explicó, unos minutos antes de entregar la demanda en la oficialía de partes de los juzgados federales de la Ciudad Judicial.

El procurador social defendió su carácter de representante social, y en todo caso, advirtió que es el que representa el reclamo de las más de 22 mil firmas que se entregaron en diversas cajas en el establecimiento judicial.

- ¿Específicamente qué le están pidiendo al juez?

- Partimos de una premisa muy sencilla, nosotros no estamos peleando un tema de propiedad, porque no es un tema que le corresponda a los ciudadanos, que no tienen un interés específico de quien sea el dueño; estamos peleando que se respete el decreto que fue emitido en 1984 por el poder Legislativo de Jalisco, que establece un perímetro donde existan pequeños cuerpos de agua [manantiales], a partir de los cuales, en un radio de 100 metros no se podrá construir nada, y en un radio de 200 metros se podrá construir con restricciones muy específicas.

Advirtió: “el juicio de amparo será un proceso largo, dependerá de la autoridad que se asuma como responsable, dependerá de las ampliaciones que se puedan presentar […] pero nosotros buscamos de manera inmediata la suspensión”. - ¿Pero el gobierno del estado tiene otras instancias y posibilidades?

- Efectivamente, hay quienes nos han cuestionado, a ver, por qué el gobierno del estado se va a una acción colectiva; hoy por hoy debemos entender que nuestro sistema jurídico está basado en los derechos fundamentales, hay una reforma constitucional [en el año 2011] y si se fijan todas las leyes se vienen reformando en ese sentido, la colectividad y el derecho que puede tener un individuo es lo más valioso que puede tutelar la ley; hoy las instituciones ya no son las que tienen acaparado el tema del derecho, son los ciudadanos, y por eso acudimos ante esta instancia, pero ello no quita que el gobierno deba ejercer las acciones de carácter patrimonial, en las que defiende su propiedad, esas son ya acciones diferentes, de vía civil, administrativa e incluso penal.
- ¿Qué tan importante es que se obtenga esta suspensión?

- Para nuestra tranquilidad esto es algo fundamental […] que nadie pueda construir en Los Colomos, eso es lo que nos interesa.

- ¿Los ciudadanos podrán estar tranquilos en que esta Administración sí resolverá esto? Hemos visto pasar a muchas promesas que nunca se cumplieron.
- Definitivamente; la instrucción del gobernador es que todas las dependencias, en el ámbito de sus funciones, tienen que contribuir para que en Los Colomos pase algo diferente, es por eso que la Procuraduría Social se arriesga a presentar un amparo colectivo, algo que jamás se había intentado, coordinado y respaldado por los 22 mil ciudadanos que acudieron a la firma, y por las agrupaciones de la sociedad civil que han creído en el proyecto.


La Corte emitió una nueva sentencia contra El Zapotillo



Los ministros de la segunda sala de la SCJN impiden de forma reiterada el proyecto de embalse a 105 metros de altura, y mantienen esperanzas de pobladores de Temacapulín.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La presa El Zapotillo no puede construirse por arriba de 80 metros. Eso ya lo había determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente 3/2015, fallado en noviembre 25 de 2015 (MILENIO JALISCO, 27 de noviembre de 2015). Pero resulta que ese mismo día, sin que se conociera por la defensa ni por los impugnadores de Temacapulín, también se falló el expediente 2/2015, un recurso de revisión que la constructora Peninsular había igualmente promovido contra un amparo diferente concedido a la asociación civil Salvemos Temaca.

El resultado es idéntico: la Comisión Nacional del Agua y la compañía constructora no pueden pasar de la misma altura determinada en el juicio anterior. Y si bien, pareciera que no tiene sentido, se trata de actores diferentes y obliga a enfrentar los procesos (en este caso, el desahogo completo del juicio de garantías en los juzgados de distrito) aparte, con una carga extra de trabajo tanto para defensores de los habitantes de la zona, como para quienes pretenden que el proyecto se realice aunque ello inunda los asentamientos de los vecinos.

Los defensores de Temaca apenas han sido notificados esta semana del engrose en la página de la Corte, fechado el mismo 25 de noviembre de 2015 por la misma II Sala de la SCJN. El fallo es en el recurso de revisión del incidente de suspensión 2/2015 promovido por La Peninsular SA de CV, tercera interesada, “en el que confirma la suspensión definitiva concedida respecto de las autoridades con residencia en la zona metropolitana de Guadalajara por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa con sede en Zapopan, Jalisco en el expediente 1046/2014 que tramitó la asociación civil Salvemos Temaca. En concreto ratifica la suspensión definitiva de la presa El Zapotillo a 80 metros, es decir, el convenio de 2005”, informó a este diario el Colectivo de Abogados.

La resolución fue tomada “por mayoría de cuatro votos de los ministros Juan N. Silva Meza, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, y el ministro presidente Alberto Pérez Dayán”. El ministro Eduardo Medina Mora emitió su voto en contra.

Los resolutivos del fallo, señalan: “Por lo expuesto y fundado, se resuelve: primero. Se confirma la interlocutoria de cuatro de junio de dos mil catorce, dictada en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1046/2014. Segundo. Se concede la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados y sus consecuencias, a las autoridades por las que se celebró la audiencia incidental y que residen dentro de la zona metropolitana en donde ejerce jurisdicción el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco”.

De este modo, el entramado legal que impide la edificación del embalse artificial, concebido originalmente para dotar de agua a la ciudad de León, Guanajuato, se torna cada vez más complejo. Hay otros juicios en desahogo contra la construcción del acueducto, contra la edificación de los nuevos poblados de Acasico y Temacapulín, y contra las dictaminaciones de la Conagua que permiten entregar agua ya comprometida en Los Altos hacia la ciudad de El Bajío. Mientras, el gobierno de Jalisco avanza en un proceso de “tercería” con una agencia internacional que ha sembrado grandes dudas entre los actores locales.

miércoles, 27 de enero de 2016

Presenta gobierno del estado amparo colectivo por Colomos



El funcionario explicó que van a invocar el decreto del año 1984 del Congreso de Jalisco.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Respaldado por 22 mil firmas, el gobierno del Jalisco a través de su procurador social Carlos Trejo presentó esta mañana una demanda de amparo  ante el juzgado de distrito en turno en la Ciudad Judicial en reclamo de derechos de la sociedad tapatía en el caso del bosque Los Colomos, el cual provee agua, aire depurado y sitio de recreación para decenas de miles de habitantes de la metrópoli

El funcionario explicó que van a invocar el decreto del año 1984 del Congreso de Jalisco en el cual se establece zona de protección hidrológica todos los manantiales de Los Colomos, los cuales dotan de agua la ciudad desde el final de la época colonial y que fueron adquiridos en diversas operaciones comerciales en las administraciones estatales de Luis del Carmen Curiel durante los años finales del siglo XIX y principios del XX.

Lo que pretende esta acción judicial es que el juez de distrito determine una suspensión de plano en tres días para impedir que sean violentados derechos de ciudadanos en el caso de diversos permisos que ha ordenado que se emitan el Tribunal Administrativo del Estado al gobierno de Guadalajara. Carlos Trejo señaló que un juicio de esta naturaleza puede ser largo plazo y que deberá integrar diversos elementos, pero es en paralelo a otros procedimientos jurídicos, por la vía penal, civil y mercantil que estará siguiendo la autoridad dado que el gobierno del estado no solo representa los ciudadanos sino que es el propietario legítimo de los predios que se trata además de terrenos de dominio público en los cuales no aplica la prescripción por parte de los posesionarios.

El titular de la Procuraduría Social se comprometió a que esta vez sí se solucionará de fondo el problema de Los Colomos y dijo que tendría que investigarse por qué en el pasado nunca se ha llegado a fondo, si bien reconoció que se trata con alta plusvalía la cual se reduciría a cero en términos comerciales que logra que sea vigente ese decreto del año de 1984 y sobre todo si se respeta la propiedad pública y los derechos de casi cinco millones de habitantes del área metropolitana

martes, 26 de enero de 2016

Los Colomos, 45 años de urbanización desastrosa



El incremento sustancial de los desastres por inundación en las cuencas media y baja de la zona, tiene que ver con el alto peso de los intereses particulares inmobiliarios.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

El manejo que ha hecho el hombre de la subcuenca de Los Colomos, sobre todo en los últimos 45 años, ha sido inadecuado que ha alterado todos los elementos de sostenibilidad que contenía, con serias amenazas de desastre para las poblaciones humanas allí asentadas, señala el Estudio técnico justificativo para el área estatal de protección hidrológica Los Colomos-La Campana, que elaboró la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet).

La zona recibe tributación desde la zona de La Mesa de la Coronilla, al poniente, El Bajío del Arenal, al sur, y tiene fragilidades geológicas que no han sido consideradas durante el acelerado proceso constructivo, donde ha primado el interés particular y de corto plazo: tiene hoy los suelos urbanos más caros de la metrópolis tapatía, pero la fragilidad y el riesgo son tales que esa plusvalía es precaria.

“…ha experimentado una importante alteración medioambiental producto de cambios de uso del suelo que pueden entrar en la categoría de cambios mayores […] esta nueva funcionalidad está siendo conflictiva y se puede constatar a través del registro cada vez mayor de hundimientos, mal funcionamiento de los sistemas hidráulicos y el registro de inundación severas”, destaca el documento.

Esto, debido a que “las cuencas urbanas se caracterizan por el incremento de la impermeabilización y la reducción de la infiltración debido al revestimiento de suelos como consecuencia de la urbanización. Estos factores aumentan el volumen y la velocidad de la escorrentía produciendo caudales pico mayor en comparación con las cuencas no intervenidas o con menores impactos”.

La historia tiene como parteaguas el año 1970.  “Los asentamientos humanos antes de ese año, estaban distribuidos contiguos con la cabecera municipal y la colonia Seattle al norte, al sur existía una incipiente urbanización de La Barranca Ancha (actualmente Montevideo y Naciones Unidas), la parte alta de la microcuenca del Chicalote, por el fraccionamiento San Javier y la ciudad universitaria de la UAG, y al poniente por el poblado de San Juan Ocotán”.

Los impactos hasta esa fecha “se derivaban de las acciones que se desprendieron para aprovechar los manantiales de Colomos a principios del siglo XX para satisfacer las necesidades de agua de Guadalajara, el resto del sistema, es decir los canales principales y secundarios no estaban intervenidos, en la zona de los parteaguas existía una agricultura de temporal, lo que hoy es la mesa de La Coronilla, y Los Coyotes. En la parte media se construyó una obra hidráulica, la presa de Zoquipan con objeto de que el agua y la energía fueran usadas por la compañía Industrial Guadalajara”.

En la década de los 70, los cambios fueron drásticos: “Específicamente a partir de la continuación de la avenida Patria a partir de Plaza Patria hasta la UAG y el trazo de la avenida Acueducto. Paulatinamente el proceso urbano ha ido alterando desde la parte baja a la parte alta del sistema por lo que la infraestructura más antigua siempre queda aguas abajo. Debido a que no ha existido un estudio del entendimiento del sistema hidrográfico en su conjunto los criterios que se fueron utilizando para establecer políticas de manejo hidráulico fueron cambiado a lo largo de los años”.

El estudio señala como “impactos más significativos”, la “pérdida de la mayoría de los cauces de primer y segundo orden producto del relleno con objeto de amplia las zonas urbanizables”, lo que generó efectos en los aportes laterales de agua y sedimentos, el incremento de la velocidad de escurrimiento así como la cantidad de agua.

A esto se pretende responder con obras hidráulicas que “generalmente no contemplan las características de los gastos de la microcuenca, o se subestiman los escurrimientos superficiales, en perjuicio de las áreas construidas y generando problemas de socavamiento y deposición e incrementando el riesgo de inundación. Por lo regular se construyen obras muy limitadas en suficiencia y eficiencia, dejando ver las escasas dimensiones de construcción”.

Agrega: “El aumento de la superficie impermeabilizada que conlleva la urbanización, potencializa el poder erosivo de los cursos de agua superficiales y, como consecuencia, los procesos de erosión remontante en los sectores medios y altos”. En la zona alta y media de la subcuenca, los procesos erosivos intensos ocasionan “un riesgo geomorfológico relevante”. La explicación: “En algunos de los sectores más altos de los cursos de agua de primer orden, son frecuentes los procesos de caída de sedimentos, rocas sedimentarias que afloran y la presencia de frentes prácticamente verticales de hasta 40 metros de alto. En determinados frentes, esta elevada tasa de erosión […] afecta directamente obras civiles recientes como son caminos y muros”.

Al fondo del valle también hay “un proceso de erosión generalizado. Los distintos niveles de terrazas aluviales resultantes son resultado de modificaciones en el régimen de flujo de los cursos de agua más importantes y del descenso del nivel de base de erosión regional y local. La denudación de los afloramientos sedimentarios por construcción de caminos o modificación de pendientes y el retiro de la vegetación dispara el proceso de erosión acelerada en cárcavas, en la temporada de lluvias”.

De acuerdo con el estudio “se considera que la red hídrica está encajonada en sus tramos medios y finales y estrangulada por una serie de infraestructuras urbanas interceptoras, no mejorada o renovada para afrontar las escorrentías inducidas por las nuevas extensiones urbanas, y presionada por unos caudales más críticos que los originales vinculados a las transformaciones de usos en sus cuencas, de esta forma, la red de drenaje [natural y artificial] está recibiendo mayor agua sin renovarse, ante los cambios habidos en los usos del suelo. Además son múltiples las interferencias de las infraestructuras urbanas con la red drenaje que limitan su funcionalidad, esto ha repercutido en que los arroyos no tienen capacidad para evacuar avenidas extraordinarias y que se presenta una sobrecarga de la red de los colectores”.

Conclusiones

Algunas medidas de prevención y corrección urbana que se deben dar en la cuenca:

Los impactos hidrológicos no deben ser transferidos hacia la cuenca baja

Es vital retardar el escurrimiento, y establecer un control en la parte alta de las microcuencas, durante las tormentas intensas

El riesgo por inundaciones súbitas están relacionadas con el desconocimiento del medio físico y su funcionamiento, y en consecuencia, la “falta de previsión ante los cambios originados por el proceso urbano dentro del ciclo hidrológico”

Es fundamental proteger los espacios naturales que se mantienen en la cuenca, sea en los predios estatales como en las zonas privadas, caso especial de El Bajío del Arenal y de la Mesa de la Coronilla

Los manantiales dependen de la conservación de toda la red hidrográfica, pero es fundamental protegerlos en un radio suficiente, conforme lo han propuesto instancias civiles

lunes, 25 de enero de 2016

La presa El Zapotillo recibe otro mazazo legal


El Cuatro Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó que la Semarnat, la Conagua y el gobierno de Jalisco violaron derechos básicos de habitantes de Temaca y Acasico

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Primer Tribunal Colegiado de Distrito en Materia Administrativa ha confirmado una vez más la inviabilidad jurídica del proyecto de la presa El Zapotillo, al ratificar el fallo del amparo de Luis Villegas Ruiz, de Acasico, y de Consuelo Carbajal Espinoza, de Temacapulín, que se radicó bajo el expediente 2245/2008 y su acumulado 2262/08 en el Juzgado II de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo en Jalisco, en sentencia que se dio a conocer a los quejosos en diciembre pasado.

Como efecto, permanecen en vigencia legal las siguientes determinaciones del juez de origen: uno, “las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben respetar la garantía de audiencia de los promoventes, esto es, permitirles ejercer la defensa de sus derechos de propiedad y posesión respecto de los inmuebles defendidos en la presente instancia constitucional, mediante el ofrecimiento de pruebas y alegatos; dos, hecho lo anterior y de concluirse que se van a afectar los predios de los quejosos, dichas responsables deberán hacerlo únicamente a través de los mecanismos autorizados por la Constitución, en específico, a través del procedimiento de expropiación, y; tres, en el caso de que proceda privar a los quejosos de sus propiedades y posesiones, las gobernantes deben emitir una resolución en la que se funde y motive ‘de manera reforzada’ [sic], por implicar afectación a los derechos fundamentales de vivienda y medio ambiente”.

Esto impide a las autoridades responsables, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno de Jalisco, avanzar en el proyecto dado que hay la presunción de violación de derechos esenciales, no sólo en referencia a la constitución, sino también, a tratados internacionales:  “El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que los quejosos invocan en el concepto de violación, señala: ‘para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la copropiedad económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podría privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia”.

Si bien, la constitución mexicana lo prevé desde el pasado, la aplicación como legislación de convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos y medio ambiente ha sido explícitamente señalada como obligatoria por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a partir de 2011. Por si fuera poco, estos dos juicios de amparo, que fueron interpuestos desde 2008, deben ser beneficiados con los aspectos de la antigua Ley de Amparo, derogada en 2013:

“Los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias”, recuerda el tribunal.

Los magistrados atajaron el principal argumento de las autoridades federales y estatales, que arguyeron no afectar bienes de los dos quejosos, y que la cortina de la presa a 80 metros no amenazaba con inundación de sus fincas (aunque la propia Conagua ha señalado públicamente que así será); incluso, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aseguró que su autorización de impacto ambiental no afectaba derechos, lo que los juzgadores estimaron falso.

“Es menester precisar que los actos privativos son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los cuales se autorizan solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14 de la Constitución, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado”, destacan.

Así, “En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida […] la Justicia de la Unión, ampara y protege [a los quejosos] contra los actos y autoridades precisados”, señala contundente el cuerpo colegiado, tras una disquisición de casi 300 páginas. El Zapotillo enfrenta así un ladrillo legal más que lo impide despegar pese a ser el proyecto de infraestructura más costoso y ambicioso del occidente de México.

sábado, 23 de enero de 2016

Bosque de arce de Talpa será protegido 16 años después



La superficie de la reserva es de apenas 0.3 por ciento la que se propuso en 2002, pero Semadet confía detonar procesos en predios vecinos.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Parque Estatal Bosque de Arce será realidad casi 16 años después de que los investigadores de la UdeG, Yalma Vargas y Antonio Vázquez, lo descubrieron para la ciencia y lo caracterizaron como uno de los más grandes relictos de Acer saccharum subespecie skutchii, popularmente conocido como arce o maple, de todo México.

Se trata de un superviviente de las últimas glaciaciones que ha logrado sortear las eras y la presencia humana en el fondo de la cañada Ojo de Agua del Cuervo, en las montañas de Talpa de Allende, en medio de un valioso bosque mesófilo de montaña, que de por sí es el ecosistema forestal más amenazado por el cambio climático y el hombre, de cuantos existen en el país, además del más diverso en términos relativos junto con la selva húmeda tropical.

El proceso de reserva ecológica es también resultado de una precariedad: ideado originalmente como parte de una gran reserva de la biosfera de más de 56 mil hectáreas, la propuesta de parque estatal bajó a menos de 8 mil ha, ante la resistencia de muchos propietarios y ejidos. Pero tampoco prosperó, y ni siquiera se pudo rescatar más superficie vía expropiación o compra (se había propúesto a la UdeG comprar 300 ha para hacer una estación científica), por lo que el parque nacerá con apenas 150 ha cuyo núcleo es una compra realizada por el gobierno de Jalisco hace casi diez años para compensar los daños que causó en la misma zona la obra carretera ilegal del gobierno de Francisco Ramírez Acuña.

De este modo, de una gran área natural protegida federal pasa al régimen estatal con apenas 0.3 por ciento del territorio originalmente concebido, sin que sea suficiente para garantizar su viabilidad a largo plazo.

El responsable del tema por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Antonio Ordorica Hermosillo, asegura que las carencias innegables del predio protegido, se paliará con reservas protegidas voluntarias de los predios vecinos, con apoyo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), además del programa de servicios ambientales que ya financia la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

¿Por qué se trata de un ecosistema tan valioso que ameritaba un proyecto más ambicioso? “Este bosque de arce es un relicto del terciario, de alrededor de 30 millones de años; sobrevivieron y se refugiaron ahí muchas especies que tienen un origen desconocido, porque las teorías geográficas hoy existentes no pueden explicar cómo se reunieron todos estos elementos florísticos en esta zona; entonces es importante conservar y conocer el origen de esta flora, para poder explicar cómo se distribuyeron otras comunidades vegetales en el resto del país, y conocer qué fue de esas comunidades de flora y vegetación, en particular del occidente de México”, señaló a MILENIO JALISCO Antonio Vázquez, del Instituto de Botánica de la universidad pública de Jalisco (edición del 14 de marzo de 2012).

Ayer, la titular de la Semdet, Magdalena Ruiz Mejía, señaló que el expediente está avanzado y las consultas han terminado, dado que no se afecta a ningún propietario, y se trata solamente de una superficie pública.

Se espera que el decreto se publique en el periódico oficial El estado de Jalisco en este mismo mes de enero, o más tardar en febrero, con lo que Jalisco contará con cuatro polígonos protegidos con decreto estatal: bosque mesófilo Nevado de Colima, Sierra del Águila, Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos y el Bosque de Arce.

Tapalpa, Manantlán y Talpa

En el Estado de Jalisco “habitan dos especies de arces, Acer negundo subespecie mexicanum y Acer saccharum subespecie skutchii.  El primero “es un árbol de 8-15 metros de altura, habita en bosques de galería y en su ecotono con bosque de pino, a lo largo de arroyos. Únicamente crece en una localidad de Tapalpa, en los 2000 metros sobre el nivel del mar, en suelos arenosos. Acer saccharum skutchii habita en bosque mesófilo de montaña en solo dos localidades de Jalisco: Cañada de la Moza (Sierra de Manantlán, Autlán de Navarro) y en la cañada del Ojo de Agua del Cuervo, en Talpa”, señala el Estudio técnico justificativo de la Semadet.

Estos bosques “tienen un papel importante en los ciclos biogeoquímicos y otros servicios ecológicos, las poblaciones presentes en los límites geográficos pueden contener genes distintivos, son evidencia de cambios climáticos en una escala geológica y los bosques que los contienen son usualmente de elevada riqueza de especies. En México, dos de las cinco poblaciones de arce azucarero están incluidas en reservas de la biósfera (El Cielo, Tamaulipas y Sierra de Manantlán, Jalisco). La población de arce azucarero en los bosques mesófilos de Talpa de Allende, Jalisco, ha sido la primera en proponerse específicamente para la conservación de este tipo de vegetación”.

viernes, 22 de enero de 2016

La CCAAN pide cuentas a gobierno mexicano sobre La Primavera



La instancia ambiental del tratado de Libre Comercio da entre 30 y 60 días al ejecutivo federal para responder por denuncias de ecologistas.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El secretariado de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte (CCAAN) determinó pedir al gobierno mexicano que responda a las imputaciones de incumplimiento de su legislación ambiental en el caso de la protección del bosque La Primavera, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en particular, por el caso de Santa Anita Hills o Bosque Alto.

"El Secretariado considera que la petición SEM-15-001 (Bosque La Primavera) satisface los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 14(1) del ACAAN y considera, a la luz del artículo 14(2), que se amerita una respuesta del gobierno de México a las aseveraciones de la petición sobre la aplicación efectiva" de la ley consagrada en las siguientes disposiciones:

"1. En materia de vida silvestre, artículos 7, 8, 9: fracciones I, IV y XXI, 10: fracción I, 63 y 70 de la Ley General de Vida Silvestre [LGVS]; 2. En materia de denuncia popular, medidas de seguridad y aplicación de sanciones, artículos 107 de la LGVS; 189 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, y 144: fracciones I y III, 170, 172 y 174 de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de Jalisco; 3, en materia de evaluación de impacto ambiental y cambio de uso de suelo forestal, artículos 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; 34: fracciones IV y V y 35: fracción III de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; artículos 8: fracción I, 28: fracción III, 29: fracción II y 31: fracción II de la LEEEPA-Jalisco, y 4. En materia de aprovechamiento sustentable del suelo, artículos 5: fracciones XXII y XXIII, 6: fracción XV y 23: fracción II de la LEEEPA-Jalisco".

Además, "la respuesta del gobierno de México puede abordar las acciones de las autoridades para buscar la ampliación del polígono de protección del Bosque La Primavera, la cual es una cuestión que los Peticionarios muestran preocupación. Una respuesta también puede informar si es que ha habido medidas de aplicación como resultado de las denuncias populares interpuestas en relación con el asunto planteado en la petición".

El caso de Santa Anita Hills es un desarrollo residencial al interior del bosque, pero alejado del polígono protegido desde 1980. No obstante, representa una presión para las comunidades bióticas que sobreviven en la zona y puede dañar la salud del principal motor ecológico de la conurbación tapatía, pese a cumplir lineamientos legales formales, de acuerdo a la queja de los vecinos ante la instancia ambiental del subcontinente, la cual actúa si se demuestran omisiones en el cumplimiento de las leyes nacionales y locales. La queja fue recibida desde junio de 2015 y admitida para un expediente de hechos en noviembre del mismo año.

"Conforme a lo establecido en el artículo 14 del Acuerdo de Cooperación Ambiental, la parte [es decir, el gobierno mexicano] podrá proporcionar una respuesta a la petición dentro de los 30 días hábiles siguientes a la recepción de esta determinación, es decir, el 7 de marzo de 2016. En circunstancias excepcionales, la Parte podrá notificar por escrito al Secretariado la ampliación del plazo a 60 días hábiles a partir de la fecha de la emisión de esta determinación, es decir el 21 de abril de 2016", acuerda.

La Semadet alista nueva área protegida



El polígono núcleo del bosque de arce, que compró el gobierno estatal en 2006, será la nueva reserva ecológica de Jalisco.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Está a punto de publicarse el decreto por el cual se creará un nuevo parque estatal: 150 hectáreas de las cañadas de Talpa de Allende donde sobrevive un bosque mesófilo de montaña único por alojar una comunidad de arce de azúcar o maple (Acer skutchii) única en México, residuo de las últimas glaciaciones.

Magdalena Ruiz Mejía, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), dio a conocer un balance de las actividades desarrolladas por la dependencia a su cargo durante 2015, en las que destacó, además de la nueva reserva que se gestionó a lo largo del año, aspectos decisivos para el desarrollo como el tema del cambio climático, el manejo del fuego, la intervención en la cuenca del río Verde, la gestión ambiental de la Línea 3 del Tren Ligero y aspectos de justicia ambiental.

En rueda de prensa, dijo que desde el inicio de la Administración se ha dado prioridad a la conservación de las áreas naturales protegidas, pues Jalisco "es una de las entidades del país y a nivel planetario con mayores riquezas naturales".

En ese sentido, subrayó: "estamos trabajando en el decreto de protección del Bosque Los Colomos-La Campana, en una propuesta de aumentar la superficie de 126 a 207 hectáreas. Llevamos más de un año trabajando en esta propuesta de declaratoria”.

Además, puso en relieve las acciones preventivas y a la oportuna coordinación de los tres órdenes de gobierno, "durante 2015 se logró disminuir en más del 80 por cierto la afectación de los incendios forestales, ya que en 2013 resultaron afectadas 48 mil 331 hectáreas, mientras que en 2015 sólo fueron 8 mil 018.5 hectáreas", aseguró.

También consideró digno de notoriedad que Jalisco sea el primer estado a nivel nacional que permite la intervención de una instancia internacional como la Oficina de Organización de las Naciones Unidas para Proyectos y Servicios (UNOPS) para realizar una revisión técnica de la presa El Zapotillo y la cuenca del río Verde, con la finalidad de contar con los mejores elementos técnicos para, si fuera el caso, emitir las recomendaciones pertinentes ante el Gobierno de la República, a fin de resolver la problemática socioambiental que se ha generado en la zona.

Referente a la gestión ambiental de la Línea 3 del Tren Ligero, Ruiz Mejía "se elaboró y aprobó la implementación de un Plan de Manejo de Arbolado con la utilización de las mejores metodologías en la materia, para que se asegure la restitución y mantenimiento adecuado de la masa arbórea". En la misma obra, "se impuso y recibió la mayor fianza ambiental de la historia de Jalisco, por 12 millones de pesos, además de que se comenzó a rehabilitar el predio de El Hoyanco, en Tlaquepaque [antiguo banco de materiales y vertedero de basura], donde se está depositando el escombro que genera la obra y donde será habilitado un parque urbano de 8.6 hectáreas en una zona de alta vulnerabilidad".

En materia de justicia ambiental, detalló que la Procuraduría Estatal de Protección del Ambiente (Proepa) redujo en 50 por ciento el tiempo de atención a las denuncias ciudadanas pasando de 50 a 25 días, además de que se aumentó el nivel de cumplimiento de las medidas técnicas dictadas del 73 al 80 por ciento.

"Uno de los temas prioritarios y compromisos por parte de Semadet es la atención y adaptación al cambio climático por lo que entre otras cosas este año se presentó ante el Congreso Local y aprobó la Ley de Acción ante el Cambio Climático y se creó una Comisión Interinstitucional en la materia. Además, se comenzaron a elaborar 28 Programas Municipales de Cambio Climático más, con lo que se alcanza ya una cobertura mayor al 50 por ciento del territorio estatal con instrumentos de planeación de esta naturaleza. Así mismo se empezó a trabajar en la elaboración de un Programa de Movilidad Escolar para disminuir las emisiones contaminantes asociadas a los viajes escolares", enfatizó.

En 2015 Jalisco "participó activamente en la COP21 de París, donde de forma histórica se logró un acuerdo climático global y donde el Gobierno del Estado consolidó compromisos internacionales como reducir la deforestación al 80 por ciento en 2020; reducir 50 por cierto las emisiones de Gases de Efecto Invernadero para el año 2050; transparentar el desempeño de las metas y objetivos, así como reportar anualmente los avances en la materia".

De este modo, "Jalisco se ha convertido en líder a nivel nacional  y reconocido internacionalmente, encabezando el Grupo de Trabajo de los Gobernadores por el Clima y Bosques (GCF) y la entidad será sede en 2016 de la reunión anual internacional del referido grupo, así como de la segunda Cumbre Climática de las Américas".

Por 5 años sin expansión en el área metropolitana de Guadalajara



Hoy se discuten parámetros definitivos del plan de ciudad que regirá al menos hasta 2042 los destinos de esta metrópolis.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El área metropolitana de Guadalajara (AMG) no necesita en este momento más suelo para crecer bien. La planificación y el cumplimiento de los ordenamientos legales que se establecerán en 2016 sería suficiente para consolidarla hacia sus espacios interiores al menos por cinco años, y contener la expansión, que ha registrado promedios superiores a 1,500 hectáreas anuales desde 1990, reconoció ayer el director del Instituto Metropolitano de Planeación (imeplan), Ricardo Gutiérrez Padilla.

La función del Imeplan es de prospectiva, lo que significa que se observan los errores del pasado básicamente para no repetirlos: en ese sentido, es ineludible analizar cómo la conurbación tapatía sumaba más de 40 mil hectáreas durante 25 años y pasaba de una densidad de 190 habitantes por ha en 1990 a apenas 65 hab/ha en 2015, un proceso conocido como “expansión urbana” que ha degradado la calidad de vida de los vecinos de la ciudad.

Lo preocupante del futuro: el uso que se dará a las reservas urbanas. Si se ocuparan en estos momentos a la densidad actual, equivale a incorporar dos millones 860 mil habitantes más, algo realmente inconcebible para muchas décadas. Si se ocupa esa superficie con los habitantes actuales, la densidad baja a casi la mitad, lo que hace una ciudad aún más degradada. El Imeplan señala, por eso, que el manejo de esas reservas de territorio es crucial para que dejen de ser un problema y se integren a las diversas soluciones que demanda una ciudad moderna, funcional, equitativa y justa en lo social y lo económico, y sostenible desde lo ambiental.

De las reservas urbanas, alrededor de 44 mil ha, 38 por ciento se ubican en zonas no aptas de urbanización y más de cinco mil ocupan suelo bajo algún régimen de conservación que las hace inviables. Destaca el caso de Zapotlanejo, que se ubica al otro lado de la barranca del río Santiago, la marca histórica que siempre contuvo el crecimiento de Guadalajara. En ese municipio se ubica una enorme superficie de reserva urbana “no apta”, pero ello no fue obstáculo para que en 2015 fuera integrado al AMG.

Esto es, en resumen, lo que está en juego en el taller que hoy se realizará, por parte del Imeplan y 70 representantes de los nueve municipios metropolitanos y del estado (los integrantes de la junta de coordinación metropolitana), para sacar adelante el plan de ciudad  a finales de este mes, dijo el titular del organismo en una conferencia de prensa, ayer.

- ¿Tiene sentido que Zapoptlanejo se haya incorporado al área metropolitana dados los problemas que podría significar para la ciudad?

- Yo diría que son dos razones: primero, es un derecho que tenía el municipio, que apeló y derivó en la decisión del Congreso; Zapotlanejo cumplió con los criterios establecidos en la Ley de Coordinación Metropolitana para solicitar su incorporación formal […] segundo, no es que Zapotlanejo tenga tantos problemas, tiene muchas reservas urbanas decretadas, y sino se gestionan bien podrían ser el principalísimo foco de problemas  en el desarrollo de la ciudad como metrópoli, en corto plazo; por eso la urgencia de contar ya con el Plan de Ordenamiento Territorial con estos criterios de proximidad, densidad, altitudes, suelo urbano, radios de crecimiento urbano, para que no haya caos, para que donde sea necesario crecer, crezcamos […] ese es el modelo de desarrollo por el que se pugna.

Así, “la ciudad de Guadalajara, aprovechando los vacíos urbanos, los lotes que no están siendo utilizados, regenerar zonas que han caído en su contribución al desarrollo de la ciudad, que han perdido vitalidad, relevancia […] por eso los NEUS, los llamados nuevos desarrollos sustentables, son una estrategia de regeneración urbana, crecimiento vinculado a un transporte sustentable para que nos ayude a que incluso en el municipio de Guadalajara, que está perdiendo población, podamos  alcanzar las densidades sustentables”. Según el Imeplan, tan sólo en la ciudad “al interior” del anillo periférico contiene seis mil hectáreas de lotes baldíos que deberían incorporarse a estas estrategias.

Alejandro Mendo, miembro del consejo ciudadano de la junta, instancia que coordinará el taller de hoy, apuntó: “Se trata de aprovechar  racionalmente la capacidad de crecimiento y desarrollo que tiene Guadalajara, porque hay abundancia de espacios subutilizados, y ahí Madrid es el ejemplo a seguir: tiene la mitad del área urbanizada de Guadalajara pero tiene el doble de habitantes, es el modelo utópico al que hay que aspirar”.

LINEAMIENTOS

En el caso de los nuevos fraccionamientos, se tendrá que establecer normas inflexibles para que puedan eventualmente ser aprobados:
“Sólo puede haber un desarrollo si previamente hay infraestructura; no puede ser concurrente, es previa y deriva de los planes de ciudad”, con obras mínimas para garantizar los servicios de agua, alcantarillado, drenaje pluvial, electricidad y alumbrado público, pavimento hidráulico, banquetas, señalética, áreas verdes, arbolado, movilidad, equipamiento. “En el pasado siempre ha sido un problema para los ayuntamientos porque reciben los desarrollos ya con los problemas; estas obras se deben recibir en el ayuntamiento antes de que se pueda ofrecer la primera preventa”.

Estos nuevos fraccionamientos deberán ajustarse a los criterios de proximidad, lo que evita que se desarrollen puntos lejanos y aislados que obligan a enormes inversiones en infraestructura con recursos públicos. También deben girar sobre el eje de las “nuevas centralidades” (dado que la nueva ciudad está sobre diversos polos territoriales de desarrollo y no sólo sobre el centro urbano de Guadalajara) con la premisa de “compacidad” que es una distancia de 2.5 kilómetros del centro respectivo, y se debe observar el tema de la densidad, es decir, que en el desarrollo no se dejen “parches” o espacios baldíos ni tampoco se dejen a su suerte barrios degradados o “ciudades dormitorio” preexistentes.



Claves

72,711 hectáreas es la superficie actual del área metropolitana de Guadalajara

1,500 ha anuales, en promedio, creció la ciudad a partir de 1990, lo que hizo pasar la densidad por ha de 190 a solamente 65 habitantes, y destruyó la calidad de vida

43,857 ha son las reservas urbanas vigentes en planes parciales, de las que ya se usaron 4,610 ha, pero se les debe sumar 4,331 ha adicionales de reservas territoriales “potencialmente desarrollables”

5,430 ha de esas reservas urbanas entran en conflicto con las áreas de protección de la región, es decir, 12% del total

16,687 ha de esas mismas reservas tienen “baja y muy baja aptitud” (38 %) para ser urbanizadas, y representarían un conflicto serio para los gobiernos si fueran aceptadas

5 Elementos ordenadores del nuevo modelo de ciudad:

1 Definición de la metrópolis como un sistema de ciudades.

2 Desarrollo de infraestructura y equipamiento como condición fundamental

3 Zonas de crecimiento ordenado mediante indicadores de proximidad, compacidad y densidad.

4 Estricto apego a los planes de ordenamiento ecológico y de movilidad urbana integral.

5 Diseño integral de nuevos entornos sustentables: Neus (Usos mixtos, densidades apropiadas, generación de empleos, equipamiento urbano para la vida en comunidad)

1 premisa económica: “crecimiento incluyente, ligado al desarrollo económico basado en la competitividad y la igualdad de oportunidades”.


Un juicio que el gobierno del estado “dejó perder”



Integrante de Todos por Colomos sospecha de que existió “omisión y corrupción”  por parte de la anterior Administración estatal en los litigios por terreno del bosque.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El gobierno de Jalisco reclama hoy la consecuencia jurídica de un juicio civil que la propia institución inició en 2008 como "acción reivindicatoria", pero que, en opinión de Juan José Sánchez, integrante de Todos por Colomos, "el mismo gobierno dejó perder".

Se trata de una "acción reivindicatoria" que el entonces procurador de justicia de la entidad, Tomás Coronado Olmos, interpuso como representante del gobierno del estado, dado que se trataba de terrenos propiedad estatal, y que empujó en contra de los presuntos copropietarios de 15,131.76 m2 en el acceso de Paseo del Torreón: José Ávila Sánchez, Rodolfo Camacho Salazar, Alejandro Madrigal Orozco, Alejandro Marco Morales Pérez, Guillermo Orozco Salido y Anna Rosa Pelayo Villaseñor (sic), según el texto de la demanda.

El procurador defendía la integridad del predio El Colomo Grande, que compró a Manuel Fernández en el año 1899 con una superficie de 16 hectáreas 8,184 m2, según la escritura pública número 12, del 11 de abril de ese año, del notario público supernumerario de Guadalajara, Manuel Tortolero. Los demandados defendieron la versión de que estaba erróneamente ubicado el predio, y no abarcaba la superficie de El Colomo Grande.

Coronado Olmos también señalaba a los posesionarios "ilegales" de "deforestar la zona y afectar con los movimientos de tierra que realizó, la recarga de los mantos acuíferos que recolecta la galería hecha para tal fin, y que está construida aproximadamente desde el año 1900, precisamente dentro y debajo de esa superficie".

¿Por qué fue necesario comprar los predios de Los Colomos? "Por decreto estatal número 696, del 24 de septiembre de 1895, el uso y destino de las aguas de ríos y veneros entre otros pasaron a ser por ley administrados por el gobierno de Jalisco, [y] como consecuencia [...] se tuvo la necesidad de adquirir todos los predios donde se localizan los veneros y causes [sic] de estos en la zona denominada Los Colomos, esto a fin de garantizar el abasto de agua a la ciudad...".

De allí derivó el decreto de 1984, por parte del gobernador Enrique Álvarez del Castillo (decreto estatal 11,605, del 2 de agosto de ese año), para elevar a categoría de zona de protección hidrológica todo el acuífero de Los Colomos. La urbanización y sus lógicas de corto plazo también pasaron por alto ese dato legal. Pero este juicio reivindicatorio no prosperó (ver edición del 19 de julio de 2015) y la consecuencia es que los propietarios hayan pedido al Tribunal Administrativo del Estado (TAE) que le exija a Guadalajara el permiso de urbanización, situación que data del 7 de enero de este año.

"Tal parece que existe omisión o corrupción por parte de las autoridades, que a través de los años han venido ejerciendo el poder, sean del partido que sea: rojos, azules o verdes, han omitido hacer una defensa formal y clara sobre las propiedades de Los Colomos [...] parece que la resolución judicial la han querido hacer complicada porque desde que el gobernador Luis del Carmen Curiel adquirió estos terrenos, y con el paso del tiempo, ante las amenazas de invasiones que periódicamente han tenido, debieron de haberse circulado, es lo primero que hace uno cuando tiene un terreno, circularlo, delimitarlo, y nunca lo hicieron", señala el activista, en entrevista con MILENIO JALISCO.

De ese modo, "podemos acreditar actos de omisión o de corrupción, o que nos les interesa conservar esta área tan valiosa, que más que un bosque es un área de infiltración hidrológica que abastece a más de 20 colonias del AMG [...] es grave que no se tomen medidas para asegurar su protección".

Alertan de riesgos al abandonar televisores analógicos



No obstante la existencia de 42 centros de acopio, muchos aparatos de televisión analógica se desechan en vía pública y lotes.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La organización civil Vías Verdes, denunció que en contradicción con las normas en la materia, muchos habitantes del área metropolitana de Guadalajara están desechando sus televisores analógicos, que quedaron obsoletos con el “apagón analógico” de diciembre pasado, en la vía pública y en espacios de “chatarrización” en donde no se cuidan los residuos peligrosos, lo que entraña un grave riesgo a la salud de la población.

“Causando serios riesgos a la salud de la población y al ambiente se detectan residuos de televisiones analógicas abandonados en la vía pública y sitios de chatarrización y quema  de las mismas en el área metropolitana de Guadalajara. Nuestra organización invita a la población a informar y enviar evidencias sobre dichas irregularidades”, señaló en un comunicado de prensa.

“Debido a los millones  de televisiones que han dejado de recibir señal analógica en las últimas semanas, en la ciudad de Guadalajara se ha vuelto común  encontrar restos de esto aparatos abandonados en la vía pública. También es común la recolección de las mismas por chatarreros informales que recorren la ciudad en camionetas con altavoces  para la recuperación del cobre y en el mejor de los casos de la pequeña tarjeta electrónica que contienen. El resto de sus partes, como son el plástico y el vidrio son abandonados, triturados y/o quemados. Estos residuos contienen plomo y retardantes de flama bromados, tóxicos que causan graves problemas a la salud. Se han detectado televisores en varios sitios así como centros de reciclaje informal”, precisa.

A fin de poder atender dichas irregularidades, “se invita a la población a informar acerca de los sitios  de abandono de estos residuos en la vía pública y de los lugares donde se están llevando a cabo peligrosas actividades de reciclaje informal”. Para ello, pone a disposición la cuenta de Facebook: Reporta TV abandonada.


jueves, 21 de enero de 2016

Secretarios recaban firmas para defender Los Colomos



La campaña se realizará en la zona del bosque hasta el lunes 25, con la idea de presentar amparo contra el TAE el próximo martes.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

Secretarios del gobierno del estado, encabezados por el procurador social Carlos Trejo, se presentaron esta mañana en el bosque Los Colomos para arrancar una campaña de recabamiento de firmas, con miras a interponer un amparo en contra de la decisión del Tribunal Administrativo del estado, que a su vez, ha ordenado al Ayuntamiento de Guadalajara emitir una licencia para un desarrollo de 11 mil metros cuadrados en el lindero sur del parque, en terrenos que ciudadanos y autoridades señalan como patrimonio público.

La campaña arrancó hoy a partir de las 8.00 am y culminará el próximo lunes 25 de enero. El martes, el procurador encabezará las firmas para el trámite de amparo ante un juzgado federal, que ordene al TAE entregar el expediente en que dio razón a los presuntos dueños del predio de Paseo del Torreón, y sobre todo, que se suspenda la acción jurídica que tiende a desposeer al gobierno de los bienes adquiridos desde hace más de un siglo, y que son núcleo territorial del parque público.

“Estamos involucrando a todos los usuarios de aquí, por eso convocamos a los ciudadanos; estamos haciendo uso de un derecho humano básico, el derecho a gozar de un medio ambiente sano, a la salud, a que se respete su patrimonio histórico y cultural como es el bosque Los Colomos;  estaremos recabando firmas hasta el día lunes y el martes presentaremos el amparo, para recurrir la sentencia del  TAE y a través del amparo conocer todo el expediente; será una campaña itinerante y están participando diversas dependencias del Ejecutivo, además de organizaciones ciudadanas que han tenido una defensa recia de este patrimonio”, explicó el procurador.

A la cita acudieron la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Magdalena Ruiz Mejía; de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis), Miguel Castro Reinoso, y el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara. “Tenemos que revisar el expediente y ver todos los asuntos, porque son varios […] no se puede hablar de Los Colomos como una generalidad, hay caso por caso, de acuerdo a cada uno determinar el tipo de acciones […] yo daré una opinión fundamentada una vez que conozcamos el expediente”, puntualizó el procurador social.

El caso de Paseo del Torreón o predio Chochocate (nombre del manantial enclavado en la zona) es solamente uno de los litigios contra la propiedad pública de la zona. Toda el área norte de avenida Patria, del lado de Zapopan, también está en buena parte invadida, y “legitimadas” las posesiones particulares por concesiones y permisos del Ayuntamiento de Zapopan. Hay también riesgos de intereses inmobiliarios en el denominado Bosque Pedagógico del Agua. El gobierno del estado reconoce cinco asuntos en fase de litigio.

miércoles, 20 de enero de 2016

“Justicia selectiva” en la Plaza de los Mariachis, acusan



La familia Ruiz Velasco documenta los presuntos privilegios de un local vecino, propiedad de “amigos” de la ex regidora priista Elisa Ayón

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La familia Ruiz Velasco, que ha detentado la posesión de la Plaza de los Mariachis desde 1963, denuncia la “justicia selectiva” de la Administración municipal de Guadalajara, pues mientras se desalojaron sus bienes sobre el espacio público, se ha persistido en no tocar intereses de locatarios de la zona que cuentan con padrinazgo político de la ex regidora tapatía, Elisa Ayón.

“Guadalupe Fuentes y Alberto Aceves Suárez, aliados de Elisa Ayón y dueños del restaurante irregular El Pacífico en el local 35 de la plaza […] desde 2012 existen documentos que demuestran la protección a la familia Aceves para instalar mesas y sillas en la vía pública con venta de cervezas sin la autorización del cabildo, como lo marca la ley”, explican Gustavo y Diego Ruiz Velasco, hijos del titular de los derechos que ha demandado al gobierno municipal por lo que considera un desalojo ilegal.

La prueba es que en mayo 2 de 2012 se levantó un apercibimiento por parte de la Unidad Departamental de Inspección a Reglamentos y Espectáculos, con el número 03379, por el “uso indebido de la vía pública”, pero desde entonces no se ha molestado a sus vecinos, ni siquiera la noche en que fue removido todo el mobiliario de los Ruiz Velasco, advierten.

“En el 2013 se expidieron permisos provisionales ilegales a Alberto Aceves para poder vender en vía pública por Eduardo Scherman Reus, quien, como jefe del departamento de licencias, carecía de facultades para expedir esos documentos. En el mismo año siguió recibiendo apercibimientos, pero también siguió ejerciendo sus ventas sin problemas. El 2 de junio de 2015, se notificó la suspensión laboral de Scherman Reus, por juicio de corrupción en su contra, pero el restaurante El Pacífico siguió vendiendo ilegalmente”. Y en diversos procedimientos de transparencia, el quejoso fue notificado por la entonces directora de Padrón y Licencias, Sofía Valencia Abundis, de que ese local no tenía licencia municipal, ni trámite ni permiso provisional.

El 3 de diciembre pasado, ya con el nuevo gobierno del Partido Movimiento Ciudadano, se solicitó revisar esta situación al director de inspección y vigilancia, Óscar Villalobos Gámez.

“El día 5 de enero a las 8:30 pm, el inspector Héctor Manuel Mancilla Vega tomó fotos de la plaza, incluyendo al restaurante El Pacífico, vendiendo bebidas alcohólicas en vía pública; en el operativo de las 11:30 pm [cuando se dio el desalojo de la plaza] no fue molestado”. Los Ruiz Velasco acusan directamente al regidor Marco Valerio de mantener ese privilegio, pues tuvo información suficiente. Prometen ir a fondo para que sus derechos les sean restituidos y de que la ley se aplique a todos.

Nuevo reglamento derogó acuerdos

El juicio que promueve el propietario del restaurante, que hasta inicios de año se asentaba en la Plaza de los Mariachis, quedará “sin efecto”, consideró el regidor Marco Valerio Pérez, presidente de la Comisión de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia, toda vez que al entrar en vigor el nuevo estatuto para comercio en espacios abiertos, “se derogaron” acuerdos y permisos firmados con antelación.

El edil apeló al artículo quinto transitorio del Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de Guadalajara, en donde se explica que los permisos, decretos y autorizaciones que existan en la zona de intervención especial del Centro de Guadalajara y que se contrapongan a dicho ordenamiento, “se derogan, revocan y cancelan”. Además, señaló que el negocio asentado en esta zona, operaba sin permiso “estaba cercado y con estas islas, eso no está permitido en el reglamento”, mencionó.

En cuanto al recurso promovido ante el Tribunal Administrativo del Estado, por el empresario Gustavo Ruiz Velazco, quien asegura tener legal derecho para el aprovechamiento de la Plaza de los Mariachis, el regidor señaló que el municipio ya respondió al TAE y que le han hecho saber sobre la nueva disposición municipal, por lo que el juicio debe quedar “sin materia este juicio porque ya no hay decreto”.

Por otra parte, aseguró que la ley será aplicada de manera imparcial y que también intervendrán otras zonas.

martes, 19 de enero de 2016

42 centros de acopio para televisores analógicos



Entre dudas de la sociedad civil sobre la preparación de los sitios para almacenar televisores viejos sin contaminar, continúa abierta la recepción de los desechos de la transición digital en Jalisco.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha puesto a disposición de los ciudadanos que desecharán sus televisores analógicos, como resultado del cambio a televisión digital, 29 sitios de recepción y almacenamiento de aparatos en el área metropolitana de Guadalajara, además de otros trece en las distintas regiones del estado de Jalisco.

Entre dudas y cuestionamientos sobre la pertinencia de la medida, realizada prácticamente al mismo tiempo en que se dio el “apagón digital” y sin una campaña pública de información, en diciembre pasado; y además, sobre la más que presunta falta de preparación de instalaciones adecuadas para que esos sitios de acopio no generen amenazas de contaminación y de daños a la salud a la población aledaña, los ciudadanos tienen a su disposición las ubicaciones y horarios de cada centro en la página de internet http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44102/centros-de-acopio_-_jalisco.pdf.

Los centros de acopio, con horario de atención de 9:00 a 15:00 horas [las excepciones se precisan], son los siguientes, en el caso del AMG: Para Tlaquepaque: uno, Unidad Administrativa Pila Seca, enclavada en boulevard Marcelino García Barragán, esquina Donato Guerra, local 13 [horario de 9:00 a 20:00 horas]. Dos, delegación San Pedrito, enclavada en Puerto Acapulco 145, colonia San Pedrito [horario de 9:00 a 15:00 horas]. Tres, delegación San Martín de las Flores de Abajo, sita en Pino Suarez s/n esquina Independencia [mismo horario que la anterior]. Cuatro, delegación Tateposco, enclavada en prolongación Jesús García S/N, entre Reforma y Libertad. Cinco, delegación López Cotilla, ubicada en Ramón Martínez Zamora entre Morelos e Hidalgo. Seis, delegación San Sebastianito, privada Pino Suarez número 23, colonia San Sebastianito. Siete, delegación Santa Anita, privada Ocampo número 4, colonia Álamo Oriente. Ocho, DIF La Ladrillera, avenida Siempre Viva 1137 esquina antiguo camino a Toluquilla.

Para Guadalajara: Uno, Dirección de Medio Ambiente, avenida 16 de Septiembre 410 esquina Libertad, Centro. Dos, Bosque Los Colomos, avenida El Chaco 3200, colonia Providencia. Tres, Dirección de Mejoramiento Urbano, avenida López de Legaspi esquina calle 30, Zona Industrial Sur. Cuatro, DIF Guadalajara, avenida Eulogio Parra 2539, colonia Circunvalación Guevara. Cinco, Unidad Deportiva y Oficinas Centrales del Comude [Comisión Municipal del Deporte], Nevado de Toluca 100, colonia Independencia [en el parque independencia]. Seis, Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad, calle Marsella 75, colonia Lafayette. Siete, Parque Agua Azul, Calzada Independencia 973, centro. Ocho, Dirección de Movilidad, Chilardi y Miraflores, colonia  Mezquitán Country. Nueve, Parque San Jacinto, avenida San Jacinto entre Gigantes y Javier Mina, colonia San Andres. Diez, Explanada de la Unidad Funcional de Gestión Plena “Gobernador Prisciliano Sánchez”, avenida Circunvalación 2921 esquina Artesanos, Colonia Oblatos [en este caso, sólo permaneció abierto hasta el 15 de enero]. Once, Semarnat Delegacion Jalisco, avenida Alcalde 500, segundo y octavo piso, colonia Alcalde Barranquitas. Doce, Bodega Semadet, Alejandrina 937, colonia El Retiro [con horario de atención de 9:00 a 12:00 horas].

Para el municipio de Zapopan, con horarios hasta las 17 horas: uno, Base 2 de la Unidad de Protección Civil Municipal, sita en prolongación López Mateos 127, Buenavista. Dos, Base 3 de la Unidad de Protección Civil, avenida Paseo de Rancho Alegre número 50, fraccionamiento Rancho Alegre, colonia El Capulín. Tres, Módulo de Policía de la calle Fray Francisco Dumetz, colonia Parques Tesistán II. Cuatro, Centro Acopio Santa Ana Tepetitlán, calle Villa Juárez, esquina Villa Fresnos, colonia Santa Ana Tepetitlán. Cinco, Hacienda los Fresnos, avenida de las Uvas esquina avenida de La Concepción, fraccionamiento Fresnos II. Seis, Módulo de Promoción Social Calle Huejotes, entre calle Hidalgo y Zaragoza, colonia Lomas de Tabachines.  Siete, Centro Cultural El Colli, prolongación Avenida El Colli 6883 esquina calle Jacarandas, colonia Paraísos del Colli. Ocho, Centro Comercial Zapopan, avenida Hidalgo, esquina avenida Prolongación Américas.

Para Tonalá: Centro de acopio Tonalá, calle Ojuelos 168 [horario de atención de 9:00 a 13:00 horas].

Fuera de la capital de Jalisco, los sitios de disposición son: en Colotlán, región Norte de Jalisco, Bodega del banco de alimentos, calle Juan Pablo Segundo número 11, colonia Lomas de la Cruz. Jamay, región Ciénega, kilómetro 3 de la carretera a San Miguel de la Paz, del entronque carretera Jamay-La Barca. El Grullo, región Sierra de Amula, Casa del Ejido Hidalgo número 168, centro. Mascota, región Sierra Occidental, centro de acopio, calle Escobedo 110, centro, rumbo a la Alameda.

Lagos de Moreno, región Los Altos Norte, San Modesto 50, colonia La Palma. Tamazula, región Sureste, Central Nueva de Autobuses, Boulevard José María Martínez Rodríguez 1364, colonia  Obrera primera etapa [horario de atención de 9:00 AM a 2:00 PM]. La Huerta, región Costa Sur, Casa de la Cultura Vicente Guerrero 52, esquina General García Barragán, centro. Tequila, región Valles, Unidad Deportiva calle Esteban Avila S/N, colonia Texcalame.

Ameca, región Valles, unidad deportiva Manuel H. Cuevas, prolongación Allende S/N, camino a Lagunillas. Tepatitlán de Morelos, región Los Altos Sur, calle Tranquilino Ubiarco 201. Zapotlán el Grande, región Sur, La Feria, calle Arquitecto Ramírez, colonia Constituyentes. Puerto Vallarta, región Costa Norte, Bodega de la DRSE, avenida Grandes Lagos 236. Ahualulco de Mercado, región Valles, Francisco I Madero 319, colonia Barrio Alto.

Posesionario invirtió $10 millones en la Plaza de los Mariachis



El ayuntamiento incurrió en ilegalidad al violar una suspensión favorable a Gustavo Ruiz Velasco, quien denunció ante la Fiscalía presunto despojo.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Gustavo Ruiz Velasco y su familia han detentado la posesión de la Plaza de los Mariachis, enclavada en el barrio de San Juan de Dios, desde 1963 y asegura tener toda la legitimidad para el usufructo actual del espacio debido a que cumplió con su parte de invertir “más de diez millones de pesos” a cambio del arrendamiento por 30 años, a partir de 2009.

A su juicio, la medida de “recuperación” de la plaza por el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez es demagógica e ilegal, pues si bien, es cierto que el gobierno de Ramiro Hernández García no le firmó el contrato pactado con su predecesor Alfonso Petersen Farah, mediante el decreto D73/12/09, esa falta ha sido enmendada mediante un juicio ante el Tribunal Administrativo del Estado (TAE), que le concedió una suspensión favorable (expediente 332/2012) a efecto de no ser desposeído ni desalojado.

“Por ello hemos interpuesto una denuncia penal y hemos demandado el desacato […] estamos reclamando el despojo y el robo de toldos, mesas, sillas, vallas metálicas y todas las cosas que teníamos en la plaza, la fiscalía tiene la denuncia y deberá investigarlo, pero además, el desacato también implica responsabilidad”, señala el restaurantero en entrevista con MILENIO JALISCO.

La plaza no tiene escrituras que avalen la propiedad municipal, lo cual fue reconocido por los abogados del ayuntamiento en 2008 como un problema para “liberarla” de intereses particulares. No obstante, también reconocieron que el posesionario no ha pretendido despojar a la ciudad de ese bien y siempre ha estado dispuesto a pagar por la renta o la concesión. El primer contrato se firmó en 1964. En 1973 se dio una primera tentativa de quitarle la plaza, pero Ruiz Velasco no sólo la sostuvo, sino que generó un proceso de remodelación en 1976 y posteriormente, un retiro de ambulantes que afeaban el lugar.

En noviembre de 1985, el Congreso de Jalisco autorizó, mediante el decreto 12,167, la renta de la plaza. “Siempre pagamos la renta de forma puntual y generamos mejoras”. En 2001 hubo otra rehabilitación del sitio y en junio de 2005 se presentó la solicitud de ampliación del contrato de renta, lo que llevó al 22 de julio de 2008 con una propuesta de reactivación.

“El 15 de enero de 2009 se aprobó con el decreto D73/12/09 para renovar el contrato sobre 850 metros cuadrados a cambio de una contraprestación de ocho millones 322,363 pesos, dinero con que se acometió la remodelación general de la plaza de acuerdo a las indicaciones del ayuntamiento […] esa inversión se debió incrementar porque se incluyó demoliciones, sondeos de instalaciones existentes, desmontajes, excavaciones para nuevas instalaciones hidráulicas, sanitarias y  eléctricas, nuevas instalaciones de líneas de Telmex, Megacable y Axtel; rellenos, nivelaciones y compactaciones, instalación de recubrimientos”, asegura.

Esto se demuestra con las propias bitácoras que levantó el ayuntamiento y que derivó en la inauguración de la plaza remodelada, en noviembre de 2009, con la asistencia de las autoridades municipales.

Los problemas del inversionista empezaron cuando el alcalde Ramiro Hernández García, sucesor de Petersen, se negó a reconocer el acuerdo; esto llevó a los tribunales el tema y a que se le otorgara la suspensión contra el desalojo. Lo realizado por las autoridades municipales, advierte, es constitutivo de delito, y “no cejaremos hasta alcanzar justicia”.

CIFRAS

850 metros cuadrados es la superficie arrendada de la plaza de los Mariachis al particular

8 millones 322,363 pesos fue la inversión pactada a cambio de 30 años de renta}

322/2012 es el expediente del TAE en que se le otorga suspensión para no ser desposeído por el ayuntamiento

lunes, 18 de enero de 2016

Un centro de verificación cuesta casi $4 millones



Con 8 mil 800 verificaciones de autos por año, la inversión se puede recuperar en trece meses, a 420 pesos por proceso. El volumen de negocio ascendería a 1,337 mdp al año.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Un centro de verificación modelo, conforme lo ha establecido el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) en los estudios que elaboró para el gobierno de Jalisco, requiere una inversión cercana a cuatro millones de pesos para una sola línea de verificación, si se incluyen todos los elementos esenciales  para que opere de forma satisfactoria.

Toda la gama de tecnología que demanda un centro de verificación para operar, fue cotizada por el organismo en alrededor de 814 mil pesos, pero con un tipo de cambio a 16 pesos cuando la mayor parte de ese equipo es de importación, lo que haría rebasar con facilidad el millón de pesos en la actualidad.

Se incluye analizador de gases, dinamómetro, estación meteorológica, centro de cómputo, red de gases, sistema de video, procesador de imágenes y sistema de aforo. Aparte está la obra civil del verificentro, que incluye terreno de mínimo 500 m2, oficinas, área de cobro, sanitarios, cuarto de gases, cuarto de acometido eléctrico, sala de espera, techumbre, fosas de dinamómetro, muros perimetrales, unidades de aire acondicionado, plancha de concreto  y cancelería, todo lo cual se cotiza en dos millones 875 mil pesos; otros insumos demandan 175 mil pesos más (ver el gráfico anexo).

El análisis del IMP reconoce que todo este segundo segmento de inversión puede variar considerablemente según circunstancias de tiempo y de ubicación. “El costo de la obra civil puede ser muy variable dado que depende del proyecto que se realice (tipo de material, acabados, mano de obra, ubicación). El monto económico de los permisos, estudios, proyectos, puede variar considerablemente dado que se dependerá de las condiciones particulares definidas en cada Programa de Verificación Vehicular y el sitio donde se construya (requerimiento o no de estudio de impacto ambiental, costo o no por registro de cada trabajador ante la autoridad estatal, costo de autorización anual, etcétera)”.

En ese momento, mayo de 2015, se calculó invertir por cada centro con una línea, tres millones 864 mil pesos, lo que deja fuera de competencia a la inmensa mayoría de los talleres que ahora operan, cuyas inversiones para generar el primer programa, que data de 2007, fueron de 100 mil a 300 mil pesos.

Dado el enorme esfuerzo económico que demanda participar en esta nueva fase del programa (cuya diferencia esencial es que hace un análisis más certero de los procesos de emisiones de los automóviles e hipotéticamente es más difícil de trucar) el informe entregado al gobierno del estado, del que este diario posee copia, genera además una “estimación del retorno de inversión”.

El ejercicio fue con base en una verificación que se pagaría a 420 pesos por unidad verificada (la Ciudad de México la cobra a 405 pesos en 2015, justifica); un tiempo estimado de prueba de doce minutos proyectado a ocho horas diarias, para totalizar 200 vehículos por semana y 4,400 por semestre, si se consideran 110 días laborales, y 8,800 al año. “El retorno de inversión a 18 meses sería de 46.4 por ciento”, apunta.

Las cifras completas de ese ensayo: un millón 848 mil pesos de ingresos por semestre, y tres millones 696 mil pesos anual. A 18 meses se va a cinco millones 544 mil pesos. Con estos datos, el mes en que se alcanza la recuperación es el trece, si bien, esto se estima sin los gastos de operación del centro. De cualquier modo se revela como un negocio bastante fructífero: a ese nivel de cobro y de números de procesos, se alcanzan en diez años ingresos por 37 millones de pesos.

Además, si el promedio fuera de 8,800 autos verificados al año por cada centro con una línea de verificación,  la existencia de tres millones 184 mil 847 automotores en Jalisco, de los cuales hay dos millones 17,968 en el Área Metropolitana de Guadalajara (datos de la Semadet a comienzos de enero de 2016), permite establecer 362 centros con una línea de verificación, de los cuales, 229 se ubicarían en la capital del estado. Esto da un volumen potencial de negocio de 1,337 millones de pesos por año.

Esto explica las fuertes disputas por obtener las concesiones, que no han cesado de influir el programa sobre todo en el último año, lo que suscitó conflictos internos en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), y además, la intervención de otras dependencias del Ejecutivo, que tratan de resguardar intereses que se habrían establecido durante la campaña política que dio origen al actual gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz.

En particular está el caso de los Partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, que han participado de cerca al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los últimos procesos electorales. Es de conocimiento público la relación del ex Verde, y hoy dirigente en Nueva Alianza, Jorge Kahwagi Macari, uno de los principales dueños de verificentros del país, con el gobernador Sandoval, con quien se ha reunido de forma privada en Casa Jalisco en meses recientes.

El líder del PVEM en Jalisco, Enrique Aubry de Castro, negó a MILENIO JALISCO que hubiera intenciones de que se diera un proceso de monopolio y oligopolio en el tema de las concesiones y por el contrario, consideró adecuado abrirlas para evitar suspicacias y que el programa tenga toda la legitimidad (ver edición del 10 de agosto de 2015).

El otro gran problema será el impacto en la economía de los jaliscienses de un cobro por verificación que hasta ahora sólo hace uno de cada tres ciudadanos, y que además, representaría unos 200 a 250 pesos más de lo que se paga el procedimiento en los talleres hasta esta fecha. Todas estas dificultades explican por qué se ha frenado el proyecto que debería haber entrado en operaciones hace al menos siete meses.

Reforzar áreas de gobierno

En los programas de verificación vehicular administrados por particulares, “el actuar gubernamental se concentra en la verificación del cumplimiento operativo y administrativo de estos, en la atención ciudadana, en la proveeduría de los documentos oficiales que acreditan la aprobación de la verificación vehicular y en sancionar las conductas ilegales detectadas”, lo que demanda el crecimiento y la consolidación del área en la materia que alberga la Semadet.

De este modo, se requieren “conocimientos técnicos de mecánica, electromecánica, informática, manejo de bases de datos, manejo e implementación de visitas a Centro de verificación y revisión integral de dichos centros, conocimiento de acreditamiento de métodos de prueba, manejo de instrumentos especializados (termómetro con rayo infrarrojo, multímetro, osciloscopios, higrotermógrafos digitales, entre otros), elementos necesarios para contar con un número mayor de personal, el cual debe ser especializado, mediante una continua capacitación”.

Esto llevaría a 22 a 26 personas de capacidad operativa, más los que laboran en oficinas, y aparte, definir de qué modo se detectará a los vehículos altos contaminantes, con más personal extra dedicado de forma exclusiva a esa tarea.

Autos en el AMG

3 millones estaban registrados en Jalisco al 31 de diciembre de 2015, de los cuales, 2 millones 17 mil 968 cuentan con registro en alguno de los nueve municipios del Área Metropolitana de Guadalajara. Todos deben cumplir con la verificación de emisiones

28.94 por ciento de los autos del AMG cumplieron con la verificación en 2015, esto es, 580 mil procesos aprobados

22.95 por ciento es el cumplimiento a nivel de todo el estado en el mismo periodo, para dar un total de hologramas entregados por 730 mil 785 casos

103,093 casos fueron rechazados en 2015, al no pasar la prueba estática a cuatro gases que actualmente rige en la Verificación Vehicular de Jalisco

1 millón de autos son altos contaminantes; el principal problema es que carecen de la tecnología adecuada para disminuir emisiones nocivas, en particular, los convertidores catalíticos