viernes, 31 de julio de 2015

Fuga de lixiviados se ha contenido: Proepa



La empresa será sancionada, pero ha realizado diversas acciones de mitigación que se espera resuelvan el problema de desechos en definitiva.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

Una visita de inspección realizada ayer a la zona de descargas del relleno sanitario de la empresa Hasar’s, en el kilómetro 15 de la carretera Guadalajara-Colotlán, dio evidencias a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) de que la fuga de lixiviados (el “jugo” de la basura) está controlada, si bien, eso no exime a la empresa de sanciones de que será objeto, aseguró el organismo.

En una nota informativa entregada a MILENIO JALISCO, como respuesta a la publicación que hizo este medio sobre la fuga de aguas contaminadas en las últimas semanas, la entidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) precisó que el asunto ha sido atendido a partir de “una denuncia ciudadana que derivó en una inspección realizada el pasado 20 de julio […] se constató que el sistema de control del sitio presentaba deficiencias para controlar el flujo de lixiviados y evitar su vertimiento”, problema maximizado por las lluvias del temporal; “se dictaron las medidas de urgente aplicación, que incluyen realizar las actividades necesarias para controlar las fugas, aumentar la capacidad del sistema de captación y extracción […]se acordó con los representantes de la empresa la construcción de fosas de cárcamos para contener lixiviados adicionales”. La construcción de las fosas “comenzó de inmediato”.

Al tiempo, “la Proepa emitió el acuerdo de emplazamiento correspondiente, el miércoles 22 de julio, por el cual se formalizan las medidas de urgente aplicación y se hacen las imputaciones de las posibles violaciones a la normatividad ambiental que pudieran ser sancionadas una vez agotado el procedimiento administrativo”.

El viernes 24 de julio “se realizó un nuevo recorrido de vigilancia para corroborar el cumplimiento de las medidas dictadas, constatándose los avances en la construcción del cárcamo así como en el control de los puntos de fugas detectados en la visita de inspección realizada.El lunes 27, en un nuevo recorrido en el lugar, se constató la conclusión de la obra de construcción del cárcamo adicional con una capacidad de 1,300 metros cúbicos y el inicio de su llenado a fin de evitar con esto nuevos derrames, así mismo se constató que cuatro de los cinco puntos donde se fugaban lixiviados estaban controlados hasta ese momento”.

El martes 28 “se realizó una nueva inspección física donde se constató el inicio de la construcción del segundo cárcamo auxiliar. El día miércoles 29 la empresa reportó haber contenido en su totalidad las fugas de lixiviados, la conclusión y llenado del primer cárcamo, así como los avances de la construcción del segundo cárcamo […] este jueves 30 se realizó una visita de verificación”.

La visita de ayer, coincidente con la publicación de evidencias de un problema serio por parte de este diario, la inspección arrojó que “se tienen al momento de la inspección la contención de 100 por ciento de las fugas de lixiviados presentes en el sitio de disposición final; se tienen avances parciales en lo referente al incremento de capacidad de almacenamiento de lixiviados -esto a razón de que ya se concluyo el cárcamo 04 mismo que se encontró a 60 por ciento de su  capacidad, que será de 1,300 metros cúbicos, y el cárcamo 05 presenta un avance de 50 por ciento-“.

También se trabaja en cubrir el terreno donde se vierten desechos y se compactan para evitar filtraciones y fugas, y el programa de medidas de urgente aplicación, que sigue en marcha. Reitera la Proepa que las correcciones no eximen a Hasar’s de sanciones.

25 años del Parque Metropolitano de Guadalajara



Un oasis verde salvado de la ciudad, cobija 10 mil personas al día.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Parque Metropolitano de Guadalajara, enclavado en Zapopan y propiedad del gobierno de Jalisco, no sólo es el mayor de la ciudad, con 108 hectáreas que sobrepasan en 18 a Los Colomos del municipio tapatío, sino que ha sido un milagro de conservación en una zona fuertemente presionada por la especulación inmobiliaria, que cobró varias hectáreas del terreno original, sobre todo durante sus tambaleantes primeros años.

A diferencia de Los Colomos, la mayor de esas “mordida” fue legal, pues se trató de una venta de cinco hectáreas que realizó formalmente el gobierno estatal, y ahora se ubican en el campus de la Universidad Panamericana (UP). El motivo aducido fue contar con recursos para regularizar el proyecto y financiarlo, pues a juicio del gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez, estaban en riesgo de perderse las 124 ha expropiadas, ante la posible reversión del decreto expropiatorio de 1989, dado que no se había justificado la “causa de utilidad pública” invocada para convertir al dominio público tierras de la dotación del ejido Jocotán.

El 1 de agosto de 1990 entró en vigor el decreto de creación del organismo público descentralizado Parque Metropolitano, pero problemas judiciales relativos a la defensa del ejido hicieron que el gobierno federal ejecutara la expropiación en 1992, y a su vez, el terreno en breña no se entregó al gobierno estatal sino en 1994. El parque fue inaugurado el 14 de febrero de 1997, dentro de las festividades del 455 aniversario de la fundación de Guadalajara, pero no ha cesado de estar inmerso en amenazas no sólo de proyectos urbanos, sino propias obras de infraestructura dentro del parque, como son los espacios para deporte acuático y tenis que se construyeron para los Juegos Panamericanos, los cuales restaron más de ocho ha al parque, si bien, “el Code Jalisco [Consejo Estatal del Deporte] le garantiza ahora un uso público muy incluyente”, señala el director del OPD, Manuel Corona Díaz.

Más allá de las controversias, se trata de un espacio público fundamental para la ciudad. Al no cobrar el ingreso, recibe visitación masiva los 365 días del año, con un promedio diario de ocho mil a diez mil personas y en días pico, alcanzan 25 mil, añade el funcionario.

“El decreto nos ordena tres conceptos: conservación ecológica, fomento deportivo y convivencia familiar, y a eso dedicamos las 108 ha; debo destacar la creciente confianza de la sociedad, porque recibimos [en 2013] un parque muy dañado, con poca señalética, con vandalismo e inseguridad, y si bien no hemos desterrado esos problemas, está sensiblemente mejor en todos los sentidos, y no es poca cosa, pues apenas somos 62 empleados para esa superficie, que nos multiplicamos para mantener abierto el lugar todos los días del año”, apunta.

El gobierno de Jalisco asigna un presupuesto anual de 13 millones de pesos, que se destinan fundamentalmente a nómina, pero las posibilidades de mantenimiento y de crecimiento de mejoras en el terreno se deben a la acción generosa de “patrocinadores y amigos del parque”, pone en relieve. Las mejorías no son menores, agrega: se tienen ya 40 hectáreas del predio con “riego oculto” y se pretende dejarlo completo antes de la entrega de la administración, en 2018. Está también el proyecto estrella: un lago de 2.5 ha con una profundidad máxima de 1.4 metros, que se habilita no para bañistas, sino para que la naturaleza recupere espacios al interior de la ciudad. “El fin de este proyecto de parque es despertar conciencia ambiental, que los ciudadanos aprendan a ver y oír a otras especies”; la creación del lago artificial es un proyecto financiado por el Fondo Metropolitano y que se estima costará 18 millones de pesos. “Este año esperamos entregar la primera etapa, aproximadamente a la mitad del lago”.

El director llama la atención sobre el hecho de que no es un parque de diversiones, sino natural. Pero eso no lo hace bosque: tiene amplios manchones abiertos para posibilitar la recreación y que permiten la seguridad. Calcula que hay alrededor de 20 mil árboles, aunque en el pasado se cometieron errores comunes a otras zonas verdes citadinas: permitir el ingreso de especies exóticas que demandan más servicios ambientales como el agua, o que representan riesgo por no estar adaptadas a zonas intraurbanas.

“En el ordenamiento forestal desarrollado en el parque de 2001 al 2010 […] se logró aumentar la población de árboles de 4,500 a 19,500 con una proporción cercana a 80 por ciento de especies nativas. La diversidad de árboles resultante es la más alta de los parques de la ciudad con 159 especies identificadas. La cobertura forestal aumentó de 15 al 35 por ciento y el desarrollo proyectado para los árboles establecidos permitirá alcanzar y eventualmente rebasar la meta del 60 por ciento de la extensión total del parque con sombra de árboles. La depuración y sustitución de especies exóticas aún está pendiente de realizarse”, señaló Armando Larios Gómez, ex Jefe de la Unidad de Manejo Forestal del parque, en un estudio publicado en 2012.

Desde esa fecha ha arrancado la depuración de especies exóticas, dice el director en funciones. Se han localizado cerca de cuatro mil árboles nuevos y espera que los individuos de especies conflictivas sean sustituidos, como es el caso de ceibas brasileñas y eucaliptos austrialianos. “Tendremos un parque totalmente verde todos los días del año”, porque ya se tiene en operaciones una planta de tratamiento que genera 121 litros por segundo. El Parque Metropolitano tiene futuro, puntualiza.

En números

108 hectáreas conforman la superficie actual del Parque Metropolitano de Guadalajara, a la que se suman más de ocho hectáreas que se le cercenaron para infraestructura panamericana entre 2010 y 2011

124 ha es la superficie original, que fue expropiada por el gobierno federal al ejido Jocotán, y ejecutada en 1992

13 millones de pesos le cuesta su operación al gobierno de Jalisco, lo que da una inversión de 120,370 pesos por ha

159 especies de árboles están representadas en alrededor de 20 mil individuos que están plantados<

1990 es el año en que se emitió el decreto que creó el organismo operador del parque, pero el sitio no fue abierto sino a partir del año 1997

9 m2 por habitante plantea como mínimo la Organización Mundial de la Salud en existencia de áreas verdes. Entre los municipios metropolitanos, Guadalajara y Tlaquepaque, tienen 2.5 y 1.7 m2 por habitante; en contraste, Tlajomulco y Zapopan, cuentan con 7.8 y 5.8 m2 por persona.

33 ejidatarios nahuas fueron liberados ayer



Hoy amanecieron en sus aldeas de la sierra de Manantlán; no se acreditó “secuestro consumado”, el eje de la acción de la procuraduría local.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Un total de 33 ejidatarios nahuas del ejido Ayotitlán, detenidos tras la trifulca del pasado 22 de julio en la zona de producción de la minera Peña Colorada, fueron dejados libres por el Juez I de lo penal del primer partido judicial del estado de Colima, quien no encontró elementos para consignarlos por secuestro consumado, robo calificado o daños, pero sí les dictó formal prisión por despojo, con lo cual salieron libres tras el pago de una fianza de monto no precisado por parte del gobierno de Jalisco, ayer, alrededor de las diez de la noche.

En el marco de la causa 142/2015 S3, fuentes del juicio aseguraron a MILENIO JALISCO que a los campesinos no los salvó el “perdón” del gobierno de Colima -aunque policías antimotines retiraron cargos y el gobierno decidió no reclamar daños a diez camionetas-; lo fundamental fue la precariedad con que la Procuraduría de Justicia de ese estado integró la investigación, con datos falsos como el supuesto pago de un rescate por secuestro, que se demostró era el pago de una deuda por renta de superficie ejidal por parte del consorcio (ver edición de este diario del 27 de julio de 2014).

La salida de los ejidatarios comenzó alrededor de las 21:45 horas. Un camión pagado por el gobierno jalisciense los esperaba a las afueras, con la misión de trasladarlos inmediatamente a sus comunidades, enclavadas en territorio de Jalisco, a partir del poblado de La Astilla hacia Telcruz y Ayotitlán, en Cuautitlán de García Barragán. Sus representantes en el juicio fueron la doctora Raquel Gutiérrez Nájera, quien preside el Instituto de Derecho Ambiental (Idea), y el abogado Carlos Valentín Veyna, apoyados por la defensoría de oficio del poder judicial de Colima.

Los campesinos liberados son Senorio Flores Hernández, Francisco Monroy  Elías, Rodolfo Pulgarín Cobián, César Orduñez Ciprián, Jovany González Olivares, José Rosales López, Arcadio Nieves Ciprián, Francisco Hermenegildo Sánchez, Fidencio Aguilar Ramos, J. Santos Ciprián Jacobo, Juan Aguilar Díaz, Pedro Ramos Monroy, Mateo Ciprián de Jesús, Francisco Cobián Gómez, Samuel Isabel Flores Martínez, Faustino Cobián de los Santos, Virginio Flores Pulgarín, José Luis Monroy Pulgarín, Víctor Contreras Alonso, Eliseo Nava Justo, Rubén Rodríguez Martínez, Eulogio Flores Aguilar, Pedro Gutiérrez Fernández, Luis de los Santos Rosales, Hilario de la Cruz Elías, José Oliver Flores Martínez, Martín Flores Gerardo, Salvador Flores Contreras, Bernardo de la Cruz Elías, Rubén de la Cruz Ruiz, Santos Ruiz Elías, Pedro Gerardo Deniz y Fulgencio Díaz de los Santos. Todos ellos firmaron los alegatos que sustanciaron la determinación de sólo procesarlos por despojo, aunque sus defensores combatirán legalmente el auto de formal prisión.

En contraste, al pasante de derecho Eduardo Mosqueda Sánchez, integrante del Idea, no ha sido liberado. Habiendo sido el primer detenido en los hechos, se le ha retenido por robo calificado y privación ilegal de la libertad, lo que sorprendió fuertemente a su abogada defensora. En este hecho -que en la tarde ya había sido adelantado por el secretario general de Gobierno de Jalisco, Roberto López Lara- se evidencia la ruptura entre ese organismo no gubernamental que representa a los nahuas en su disputa con la gigantesca minera, y el gobierno de Jalisco: un aparente cobro de facturas por las acciones legales exitosas del Idea contra proyectos de infraestructura multimillonarios en Jalisco, como el Macrolibramiento de Guadalajara, la ampliación del aeropuerto de la ciudad, la urbanización del cerro del Tesoro y el proyecto turístico de Chalacatepec o “nuevo Cancún”, en la costa del estado.

Cada fianza costó 1,200 pesos al erario de Jalisco. Lo más importante: la disputa por el control de Ayotitlán, el gigantesco y marginado ejido de la sierra de Cuautitlán, ha comenzado.

jueves, 30 de julio de 2015

“No acreditan ningún delito”, objeta defensa de los nahuas



Permanece en suspenso la decisión del juez primero de lo penal de Colima, sobre determinar auto de libertad o de formal prisión a 34 campesinos detenidos y un abogado del Idea.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La defensa de los nahuas de Ayotitlán y los abogados del gobierno de Jalisco han coincidido en documentar las carencias de la consignación del agente del Ministerio Público de Colima y en desvirtuar los delitos, a su jucio, evidentemente prefabricados para favorecer los intereses de la empresa transnacional Peña Colorada. Esos alegatos fueron entregados ayer al juez y se espera que hoy antes de las siete de la noche determine la situación jurídica de los detenidos.

No obstante las presiones de que han sido objeto por los gobiernos y por el grupo disidente de Ayotitlán, encabezado por Gaudencio Mancilla, los presos firmaron los alegatos y se mantienen firmes en su postura de negar haber cometido las infracciones que se les imputan, señaló la doctora en derecho y presidente del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), Raquel Gutiérrez Nájera.

La imputación es por secuestro, robo calificado, daños y despojo.  Sin embargo, “el Código penal de Colima, estipula que en el caso concreto de los aquí firmantes hubiéramos sido detenidos bajo el supuesto de flagrancia o urgencia, lo cual suponemos es el alegato del Ministerio Público, y que no se acredite tanto el cuerpo del delito como la probable responsabilidad de los indiciados, se deberá decretar nuestra libertad, con las reservas de ley. En nuestra situación, no se encuentran acreditados ni los elementos de los cuerpos del delito, en el caso de los delitos de secuestro, daño a las cosas, ni despojo, robo o lesiones; ni los elementos de responsabilidad de los aquí firmantes en relación con los cinco delitos que se nos imputan. En el alegato siguiente se detalla porqué estos delitos no se tipifican en sus elementos.  Por lo tanto, lo procedente es que se ordene nuestra libertad de conformidad a lo señalado por el artículo 294 en su párrafo segundo”, señalan.

Esto, debido a que “no fuimos detenidos cometiendo ninguna conducta delictiva. Nosotros nos encontrábamos realizando un recorrido por terrenos de nuestra propiedad, y en ningún momento, tal y como se acredita en nuestros argumentos en torno a los elementos de cada tipo penal, no planeamos ni realizamos ninguna conducta que pudiera constituir los delitos de secuestro, de despojo, de daños o de robo. Los suscritos no privamos de libertad a las personas que señalan haber sido secuestradas, Adalberto Torres González, David Cárdenas de la Cruz, Amador Santana Vázquez y Candelario Montes Llamas, ni exigimos el pago de un rescate.”

Se precisa “que fue requerido el pago por concepto de renta de los terrenos ejidales, que realizó la empresa hacia nuestro ejido, por medio de transferencias electrónicas, que se refieren al Recibo de Pago de rentas 2015-2016, tal y como se expresa por el C. David Cárdenas de la Cruz, en el video que se acompaña y se acredita con el recibo original que obra en actuaciones y aduce lo descrito”.

Abundan en el tema: “nos permitieron el acceso a tierras de ejido que Peña Colorada tiene el uso temporal en virtud de convenios realizados con el ejido de Ayotitlán, Municipio de Cuautitlán, Jalisco, e inclusive propiciaron y desde luego autorizaron un recorrido con los ejidatarios y comunidad que nos acompañaba al interior del predio de las 401-00-00 hectáreas […] en efecto,  los ahora agraviados, se encontraron en todo momento, en la posibilidad real y material de movilidad y de plena libertad, tan es así, que fueron facilitadores para que se cumpliera en sus términos, el convenio con los porcentajes y montos acordados desde el año 2012, es decir, reconocieron que se tenía pendiente el pago y que se estaba generando el pago de los montos y porcentajes acordados previamente por la renta de aproximadamente 801-00-00 has., de nuestra propiedad”. Documentos y videos son los medios de prueba ofrecidos.

Además, “… las solas declaraciones imprecisas de los supuestos secuestrados y del testimonio de personal de oficinas de la empresa, que dicen ‘parecían rehenes’ de ninguna manera son suficientes para acreditar que existiera una privación de la libertad de dichas personas, máxime que todos los inculpados hemos sido contantes en señalar que el día de los hechos ‘estábamos en terrenos del ejido y que el señor Cárdenas nos permitió el acceso y nos acompañó en todo el recorrido, tanto él como sus dos acompañantes”.

Por otro lado, “los suscritos inculpados, no fuimos detenidos realizando daños en contra de algún vehículo, ni nos encontrábamos despojando de su propiedad a ninguna persona. Los aquí firmantes tampoco robamos ninguna cámara ni ningún otro equipo. El Ministerio Público y de las constancias de actuaciones de la averiguación previa, no aportan pruebas ni elementos que acrediten que los suscritos nos encontrábamos cometiendo alguna de estas conductas, y que debido a esa razón se procedió a nuestra detención.

En resumen, son acusaciones prefabricadas. Evidencia clara resulta que entre la entrega del último depósito, a las 5.39 pm del 22 de julio, y la apertura de la averiguación criminal por la Procuraduría de Justicia de Colima -a las 5.45 pm-pasaron solo seis minutos. Esta noche se resuelve la situación jurídica de los 34 nahuas detenidos y del abogado Eduardo Mosqueda Sánchez, del Idea.

Aristóteles promete pronta liberación de presos nahuas



Un ejido con divisiones internas recibió al mandatario en la sierra, pero refrendaron por mayoría su decisión de “luchar por nuestros derechos” frente a Peña Colorada.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Ayotitlán, el enorme y paupérrimo ejido nahua de la sierra de Manantlán, en los linderos con Colima, estuvo ayer por unas horas en el corazón de la política de Jalisco. Tras visitar el poblado y escuchar las quejas de sus moradores, el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, acudió a la capital del vecino estado de Colima. El resultado de la entrevista con su homólogo, Mario Anguiano, fue la seguridad de que ese gobierno “perdona” a los nahuas y allana el camino para su liberación.

Pero no será sólo cuestión de buenas voluntades. Los detenidos durmieron una noche más en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Colima en espera de que se venza el plazo para determinar su situación jurídica. A las siete de la noche de hoy, se define si el juez correspondiente encuentra o no elementos para mantenerlos presos o para que enfrenten el proceso en libertad, e incluso, desechar las acusaciones si no encontrara elementos de delito.

El paso por la cabecera del núcleo nahua no fue un día de campo, ante las divisiones internas que existen en el ejido. No obstante, en el enfrentamiento entre quienes mantienen el amparo 462/2013 para defender derechos frente a la mina Peña Colorada, y quienes señalan que la empresa ha actuado de forma satisfactoria, los primeros predominaron, e insistieron en que no han cometido delitos al reclamar lo que les corresponde.

“El gobernador nos pidió que nos uniéramos para mantener nuestros derechos y que él nos dará su apoyo, creemos que sus subalternos lo tenían malinformado”, dijo un líder comunitario por vía telefónica.

“Necesitamos acuerdos y que los acuerdos se cumplan y necesitamos que nuestra gente, nuestra gente que luchó por sus derechos y por los de sus familias, por su tierra, por los compromisos que se hicieron, no pueden estar privadas de su libertad, porque fue solamente exigir justicia, fue a que se cumpliera con lo que pedía y con lo que aspiraba y aquí venimos a hablarles de frente”, les dijo el mandatario.

Sandoval Díaz voló de las montañas a la capital colimense, y tuvo una reunión cordial con el mandatario estatal, Mario Anguiano Moreno, en la casa de gobierno; acordaron poner lo que les corresponda para lograr la liberación de 33 de los 34 aprehendidos.

“Aquí el ejemplo de lo que hemos venido haciendo desde un principio, de cómo los dos gobiernos se entendieron con una agenda común y no sólo en este tema sino en otros hemos trabajado muy unidos”, explicó Sandoval. Recordó que es problema histórico que no ha podido ser resuelto en su totalidad. Por ello, manifestó que se tiene una gran oportunidad para instalar una mesa de diálogo propositiva, donde las partes involucradas lleguen a consensos satisfactorios.

“Más desde lo social, desde lo humano y desde lo sensible, y vamos estableciendo una mesa de acuerdos y que ellos vean disposición y podemos llegar a fondo”, sostuvo a la salida del encuentro.

En la gira, el gobernador fue acompañado por el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, y por el subsecretario de Asuntos del Interior, Raúl Juárez Valencia.

LÍDER INDÍGENA POLÉMICO

Gaudencio Mancilla Roblada, quien ostentó hasta febrero de 2015 el cargo de presidente del Consejo de Mayores de Ayotitlán, ha sido un personaje polémico para los indígenas de Ayotitlán en los últimos días, a raíz de los incidentes violentos del 22 de julio frente a Peña Colorada, que derivaron en la detención de 34 de sus vecinos y un abogado. Ayer, en conferencia de prensa en Guadalajara, se exhibió papelería que desacredita el cargo con que se presenta, pero sobre todo, sus críticos se dolieron del papel que a su juicio jugado en estos días complicados, a favor de los intereses de la empresa y del gobierno de Colima, habituales verdugos de la comunidad en 40 años de coexistencia. Mancilla y su grupo están convencidos de que enfrentar en esas condiciones a la empresa ha sido un error que ha puesto en riesgo a los indígenas.

Ven contaminación pero no clausuran planta de Hasar’s



El vertedero privado se ve rebasado por las lluvias intensas y arroja agua contaminada a los arroyos que bañan las zonas de Milpillas y Huaxtla.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La escena es extraña: toda una comitiva de funcionarios federales, estatales y municipales, acompañados por habitantes de Milpillas y Huaxtla, aprecian claramente la salida de las aguas contaminadas de la planta de Hasar’s, una empresa procesadora de residuos especiales. Muchos comentan, toman fotos y videos y se lanzan miradas. Pero nadie se decide a clausurar, pese a que la responsabilidad podría recaer en varias de las dependencias presentes y a que se trata de una violación en flagrancia.

Esto ocurrió dos veces en las últimas dos semanas; habitantes del área entregaron, a condición de preservar anonimato, un video y diversas fotografías que acreditan la contaminación y la inacción de servidores públicos. “Se trata de un problema que nos pega en tiempos de lluvia, año con año, y año con año no se hace nada, pero nos afecta severamente porque contaminan el arroyo de El Tajo y el de Milpillas”, señaló un irritado ejidatario, testigo de los hechos (videos y galería en www.milenio.com/Jalisco).

“Cada año que pasa, se invita a una comitiva de autoridades, prometer tomar acciones y nada pasa […] ayer [el pasado martes 28 de julio] un funcionario del gobierno del estado dijo que no tenía caso clausurar, que eso no resolvería el asunto y que supuestamente ya se estaba resolviendo; luego prometen dar seguimiento al problema, pero nunca pasa nada, parece que hay muchas influencias”, añadió.



A la cita de hace tres días acudieron representantes del Ayuntamiento de Zapopan (Inspección de Reglamentos, Medio Ambiente y Ecología, de Protección Civil municipal), de la Comisión Estatal del Agua (CEA), de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Procuraduría General de la República (PGR).

La instalación se ubica en el kilómetro 15.5 de la carretera Guadalajara- Colotlán, y es vecina del vertedero metropolitano de Picachos, que es administrado por Zapopan y también arrastra un historial de quejas de los vecinos de las cuencas del norte del municipio, casi dos millares de habitantes de zonas como Milpillas, Huaxtla, San Lorenzo y Mesa de San Juan.

La historia de problemas ya cumplió quince años, pero fue hace siete, en el curso del año 2008, cuando la contaminación del acuífero y de las aguas superficiales llevó a los moradores de la zona a organizarse y protestar, lo que derivó incluso en el cierre de ambos vertederos, la construcción de plantas de tratamiento y la promesa de que no se presentarían más anomalías.

La empresa Hasar’s da servicio de recolección a Tlaquepaque y a diversos clientes particulares. La preocupación de los ejidatarios es que los lixiviados pueden contener residuos peligrosos como cromo, plomo y cianuros, y además, no cumplen los parámetros oficiales de la Comisión Nacional del Agua en materias como turbiedad, demanda química y bioquímica de oxígeno.

“Los habitantes de esta zona de La Barranca han presentado quejas al ayuntamiento, a las comisiones de derechos humanos y a la Proepa, pues todas las temporadas de lluvias los sistemas para controlar los lixiviados se ven rebasados y se descargan a la cuenca de Milpillas”, ha sostenido públicamente el investigador experto en el tema de residuos, Gerardo Bernache, del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social  de Occidente (CIESAS).

Secretario de Gobierno insiste en "engaño" a los nahuas


Advierte que no hay gestiones para sacar de la cárcel a abogado del Idea, entidad con la que el gobierno de Jalisco sostiene conflictos jurídicos serios que atoran tres megaproyectos multimillonarios.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Si la clave de la interpretación política en los años de poder casi total del PRI en México (hasta el año 2000) era saber "leer entre líneas", el secretario general de Gobierno de Jalisco, Roberto López Lara, dio hoy una demostración de ese estilo cargado de alusiones pero sin mencionar de forma clara a quienes señala, en este caso, como responsables del conflicto en la zona de límites con Colima, que llevó a la cárcel a 34 ejidatarios de Ayotitlán y un abogado del Instituto de Derecho Ambiental (Idea).

El funcionario no tocó ni siquiera levemente el tema de la fabricación de delitos por parte de la Procuraduría de Colima, que los propios abogados de la Secretaría General de Gobierno han detectado en su trabajo que mañana cumple una semana para lograr la liberación de los nahuas, a quienes se imputa cargos graves como "secuestro consumado" que en opinión de los abogados involucrados en la defensa, están sustentados sin bases sólidas.

Lo que sí hizo, en entrevista concedida a medios de comunicación este mediodía, fue mantener su postura similar a la de la empresa Peña Colorada y el gobierno colimense, e insistió en que los nahuas han sido "engañados con una estrategia jurídica equivocada" por parte del Idea-al que no menciona por su nombre-, e incluso refiere que no han hecho gestiones para sacar de la cárcel a uno de los detenidos, justamente el pasante de derecho Eduardo Mosqueda, a quien tampoco mencionó directamente.

"Ahorita está el juez resolviendo su situación legal, creo que a las 17 horas [sic], no recuerdo, de acuerdo a la comunicación que tuvimos con Colima, y sobre todo, lo más importante, lo más sensible, es estar escuchando a los ejidatarios de Ayotitlán; esa parte con el gobernador del estado, estuvimos el día de ayer, y el gobernador también es sensible de la problemática, y vamos a estar muy cerca de ellos trabajando, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, que ya es la segunda vez que visitamos Ayotitlán", dijo a los medios a la salida de la reunión del Comité Técnico de Valoración Salarial.

- ¿Hubo acuerdos adicionales con Colima?, le preguntó un reportero.

- Sí, de tener mesas de trabajo, sobre todo para que a los ejidatarios, al comisario ejidal, no se les engañe con trámites jurídicos, que realmente los llevaron a un tema  que jurídicamente no era lo correcto; entonces, en ese sentido, por eso el gobierno del estado interviene por la detención de estos 33 ejidatarios o comuneros de Ayotitlán [sic].

- ¿Son a 33 los que se les libera, y quedaría uno pendiente, por qué?

- Porque a él no lo tenemos identificado como ejidatario.

- ¿Y ya estarían libres en este momento?

- No, hoy por la tarde el juez emitirá su fallo, y se va a otorgar una fianza para que puedan salir libres; el gobierno del estado va a estar apoyando para la fianza, hacer el trámite lo más rápido posible para que ellos obtengan su libertad, y seguir trabajando a partir del lunes en mesas de trabajo; el gobierno del estado de Jalisco, con Colima, y con la empresa; también decirles que desde el primer momento que nos dimos cuenta de este tema el gobernador instruyó  y de inmediato instaló mesas de trabajo, tanto con la empresa como con la autoridad de Colima y los propios ejidatarios, para distensar el problema y empezar una comunicación, porque a final de cuentas la empresa Peña Colorada da trabajo también a la gente de Ayotitlán; no tiene sentido tener un conflicto mayor, cuando se puede tener esto con plática, con negociación, con una mesa de trabajo.

El ejido de Ayotitlán cuenta con una suspensión judicial favorable en el marco del juicio de amparo 462/2013, que suspende temporalmente los efectos de las concesiones ambientales, sobre aguas y sobre las propias minas en su territorio, lo cual conforma la "estrategia equivocada" a que alude el funcionario. Hubo dos reuniones de trabajo en la Procuraduría Agraria de Jalisco para llegar a acuerdos sobre el tema entre empresas y ejidos; los campesinos reclaman mayores beneficios sobre la extracción de hierro que se hace en su territorio, dado que año con año se extrae de la zona la tercera parte del hierro que produce el país. Según el Idea, los nahuas de Aquila han logrado arreglos en el tema con una mina enclavada en la Tierra Caliente michoacana, también propiedad de Ternium.

Los defensores de los nahuas, del propio Idea, entregaron ayer sus alegatos para desvirtuar los delitos imputados, apoyados además por el equipo de abogados del gobierno de Jalisco. El juez emitirá la orden de libertad o de formal prisión a más tardar a las siete de la noche de hoy.

miércoles, 29 de julio de 2015

Defensores de Nahuas denuncian calumnias de los gobiernos de Jalisco y Colima



Señalan la importancia de que intervenga el gobierno federal, dados los intereses inconfesables que ambas entidades federativas mantienen en la zona.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Red Jalisciense de Derechos Humanos y Frente Regional ProManantlán y Cuenca del Río Marabasco y Cuencas Adyacentes, (Fremar) reclamaron hoy la violencia desplegada por el gobierno de Colima en el desalojo de cientos de indígenas Nahuas de Ayotitlán que reclamaban sus derechos a la minera Peña Colorada y consideraron aberrante el modo en que el gobierno de ese estado ha procedido históricamente en contra de los derechos de las comunidades indígenas de Cuautitlán, Jalisco.

La Red Jalisciense en específico señala que desde hace 46 años trabaja por la vigilancia y protección de los derechos humanos en la zona de conflicto minero con los poblados Nahuas de Ayotitlán y Plan de Méndez Jalisco, y ha realizado en esos años acciones relevantes a favor de esos poblados, en particular la gestión de la recomendación 122-95 a la cual se comprometieron cumplir los gobiernos de Jalisco  y Colima hace 20 años, pero no ha sucedido nada y se mantiene una política de discriminación, acoso y despojo de los derechos de los indígenas.

En conferencia de prensa realizada en la Federación General de Trabajadores del Estado y sus municipios, que preside Cuauhtémoc Peña Cortés, el abogado Oscar González Garí, quien es miembro más antiguo de la red que ha trabajado en la región, destacó la falta de voluntad de las instituciones para dar justicia a los campesinos mientras se permiten abusos incontables de la empresa minera y se hace la fabricación de delitos como ha ocurrido en este momento con el tema del presunto secuestro consumado por parte de los indígenas.

Al respecto el presidente del Fremar, Jesús Hermenegildo García destacó que es mentira que los 14.8 millones de pesos que se hayan pagado por parte de la mina sean a cuenta del secuestro de tres funcionarios, dado que era un compromiso que ya tenía la mina por la renta de 800 hectáreas en la zona, un convenio que se firmó desde el año 2012.

También desautorizó a Gaudencio Mancilla Roblada como vocero de los Nahuas, dado que fue destituido del frente del consejo de ancianos de la comunidad de Ayotitlán y lo acusó de recibir prebendas de la mina Peña Colorada, para dividir a los Nahuas y prestarse a mantener el estado de cosas que favorecen la explotación de la mina sin dar mayores regalías a los dueños originales de la tierra que son los Nahuas.

Los presentes en la conferencia de prensa denunciaron la política activa de calumnias desplegadas por el gobierno de Colima y con el "aparentemente inexplicable" apoyo del gobierno de Jalisco, que busca ajustar cuentas con el grupo de promotores de derechos humanos que no solamente en el caso de la mina mantiene expedientes abiertos en contra de los intereses del gobierno local.

Destacaron que además de la queja interpuesta ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos está activo un expediente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido a las violaciones sistemáticas por parte de los gobiernos locales y en particular Oscar González Garí señaló que debe ser el gobierno federal el que intervenga y ponga paz, dado los intereses inconfesables que sostienen los dos gobiernos estatales, que en esta ocasión parecen estar concertados para destruir la defensa legal de los ejidatarios de Ayotitlán por diversidad de intereses que están más allá del interés de los gobernados.

Colima y Jalisco aprovechan fracturas internas en Ayotitlán


Estados trabajan juntos bajo el discurso del perdón y del reconocimiento de los “errores” que llevaron a la cárcel a 34 campesinos, así como la amenaza a “quienes lo indujeron”.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los gobiernos de Jalisco y Colima encontraron aliados internos en Ayotitlán a su versión oficial sobre los hechos del pasado 22 de julio, en que fueron desalojados más de 500 ejidatarios que habían tomado la zona de explotación de mineral de Peña Colorada con la suspensión del amparo 462/2013 en la mano; ayer, un grupo de ejidatarios disidentes declararon su conformidad con el trato dado por la empresa minera al ejido, y aceptaron la culpa de los detenidos, pero que ésta habría sido “con base en engaños”de sus dirigentes.

La conferencia de prensa de la capital colimense se realizó en un edificio público y bajo el escudo de gobierno de ese estado; tanto el representante de Jalisco, Efraín Palacios, como el secretario de Gobierno colimense, Rafael Gutiérrez Villalobos, coincidieron en sus versiones de que se podría llegar a la liberación de 34 ejidatarios detenidos, si estos ya hubieran “reconocido su error”, pero de pasada, amenazaron con ir contra los que habrían inducido tal error.

Los presos están acusados de “secuestro consumado” -un delito tejido por la procuraduría colimense con base en pagos formales de la empresa como si fuera el pago de un rescate (ver MILENIO JALISCO, 27 de julio de 2015)-, de despojo, robo y lesiones.

La comunidad nahua de Jalisco se encuentra internamente dividida, y el principal asesor del comisariado -que encabeza al grupo mayoritario-, Pedro León Corrales, resulta incómodo para ambas entidades debido a su beligerancia jurídica que ha ocasionado freno a proyectos públicos como Chalacatepec, el Macrolibramiento de Guadalajara y la expansión de la minera transnacional.

Ese grupo mayoritario lo presiden Ernestino Ciprian Ocaranza, Roberto Cobián Gutiérrez y Dionisio Elías de los Santos, presidente, secretario y tesorero del comisariado, contra quienes Colima tiene órdenes de aprehensión. Su principal opositor, Gaudencio Mancilla Roblada,un día antes se había entrevistado con funcionarios de Jalisco “en busca de que liberen a mis compañeros”, según le dijo a la prensa tapatía.

Ayer lo acompañó Eusebio Jacobo Ciprián, quien deslindó a la minera y acusó a “algunos líderes que querían mil millones de pesos”, de mover a los campesinos detenidos; “reconocemos que cometieron algunos ilícitos, pero no sabían el alcance de los acontecimientos, tal vez fueron engañados”, indicó. Gaudencio Mancilla, tras reconocer que “se les pasó la mano” a sus compañeros, pidió su libertad. Hoy, el grupo del comisariado, sustentado por el Instituto de Derecho Ambiental al que pertenece León Corrales,  denunciará lo que consideran la “traición” de Gaudencio Mancilla, en una conferencia de prensa.

40% de las vialidades de la ciudad, con cierres por obras



Un coctel formado por entre 100 y 400 obras, un temporal que provoca inundaciones, y la falta de cultura vial de los automovilistas ocasionan problemas de flujo en “horas pico”.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Con 4 mil automóviles por km2, una temporada de lluvias que día con día ocasiona inundaciones en decenas de los 300 puntos de anegación detectados, y automovilistas que en su mayor parte no aprobarían un examen riguroso de conocimiento sobre conducción de vehículos, respeto a los reglamentos y a los derechos de terceros; la apertura de frentes de obra sobre 40 por ciento de las vialidades de la metrópoli es la puntilla para la de por sí problemática movilidad citadina.

“Calculamos que alrededor de 40 por ciento de las vialidades de la ciudad presentan problemas porque se realizan desde las grandes obras, entre las que destaca sin duda la Línea 3 del Tren Ligero, hasta muchas obras medianas y pequeñas de los ayuntamientos, de la Secretaría de Infraestructura y  Obra Pública (SIOP) o del Siapa; sin embargo, las medidas de agilidad que hemos determinado hacen que el impacto fuerte se reduzca a 17 o 15 por ciento de las vialidades”, aseguró el comisario general de la Policía Vial, Francisco Poe Morales.

De hecho, la de las obras es una realidad cambiante, dado que algunas, las pequeñas, duran un par de días, o de ahí posiblemente se abra un frente distinto; otras sólo ameritan cierres parciales y las más grandes son objeto de una operación de vialidad más permanente, en busca de minimizar los problemas, añade. Los datos varían según la fuente. La SIOP difundió hace unas semanas el caso de más de 400 obras y la propia Movilidad admite arriba de cien.

“Evidentemente le pedimos mucha paciencia a la gente, porque en los sitios donde hay cierres en las horas pico se transita de forma más pausada; paciencia y que se cumplan responsabilidades, en el sentido de no tomar decisiones personales que pongan en más problema el flujo de los autos”, subraya.

El funcionario de la Secretaría de Movilidad (Semov) indica que los frutos del esfuerzo que se realiza con las diversas obras, sobre todo los puentes, pasos a desnivel y la propia Línea 3, se podrán comenzar a ver en diciembre de este año. “Son sacrificios que demanda una ciudad que necesita mejorar su infraestructura vial”, advierte.

De hecho, es atípico que los meses de temporal se realicen tantas obras públicas, dado que el agua suele ser un adversario a veces formidable para avanzar de forma consistente. Los ayuntamientos y las demás entidades públicas lo han explicado por cuestiones como la programación de los presupuestos que deben ejercerse dentro del año fiscal a que corresponden, además de que son compromisos que se tomaron con los ciudadanos y que en el caso de los gobiernos municipales, se buscan cumplir antes del final del periodo de esos ayuntamientos, el último día de septiembre de este año.

La realidad de la Zona Metropolitana es que el predominio del auto particular como medio de transporte es aplastante. “En 1980 el número de vehículos por cada mil habitantes era de 132, en 31 años Jalisco pasó a tener 420 vehículos por cada mil habitantes lo cual significó un aumento del 217 por ciento. El promedio de crecimiento del mismo periodo fue de 10 por ciento”, señala un estudio acucioso patrocinado por el Colectivo Ecologista de Jalisco (Costos económicos y ambientales de los autos en la ZMG, 2013).

Si a ese sistema cuantitativo complejo se añade que la ciudad ha crecido mal territorialmente, lo que ha ocasionado que se convierta en una verdadera “trampa” para sus habitantes cada periodo de lluvias, debido a la intensidad de las tormentas y la escasa infraestructura para canalizar esas aguas, resulta normal que las obras realizadas en estos tiempos se compliquen.

Respecto a las malas costumbres de los automovilistas, una crítica de integrantes del Colectivo Bicipub es lapidaria: “En México y para ser más específicos, en Guadalajara, los automovilistas tienen un nivel muy precario en cuanto a educación vial y creen que por saber mover un auto ya saben manejar. Los conductores de Guadalajara son perfectamente incapaces de respetar reglas sencillas; por ejemplo, si van circulando por una avenida o una calle y quieren entrar a un negocio que se encuentra a la mitad de la manzana, ponen sus direccionales, como si fueran a dar vuelta en la esquina, siendo que la señal correcta es poner intermitentes, ya que cómo demonios se supone que el conductor que va justo atrás va a saber que ustedes quieren entrar en el negocio que se encuentra a la mitad de la manzana. Por esta razón, las intermitentes ponen en alerta al conductor de atrás de que ustedes harán algo un tanto inesperado, pero ahora que lo pienso con calma, esta es una regla ‘complicada’, ya que la mayoría de los conductores ni siquiera se molesta en poner direccionales para avisar que van a dar una vuelta en la esquina de la calle, y si son incapaces de respetar esas reglas de convivencia tan básicas y sencillas, mucho menos serán capaces de respetar a los ciclistas”, señala, humorísticamente en el muro de Facebook Bicipub Gdl.

Historias que se multiplican: autos estacionados en doble fila, camiones y taxis que se detienen fuera de sus zonas de dejar y recoger pasajeros, aparcar en zonas prohibidas, conducir mal y ocasionar siniestros… todo complica aún más el purgatorio cotidiano de la movilidad.

Las grandes obras ahora en ejecución son sobre todo de movilidad tanto colectiva como particular. Las obras para colectar agua excesiva y para fomentar transporte no motorizado,  las campañas de conciencia vial y, la resolución de los problemas del usuario de transporte público… tendrán que esperar mejores tiempos para ser, de verdad, una prioridad del gasto público.



LOS NÚMEROS

40% de las vialidades de la ciudad están con problemas de flujo debido a obras públicas.

17 a 15% se reduce el problema por las medidas tomadas por Movilidad para disminuir el paso por las zonas y abrir alternativas viables de circulación, asegura la dependencia.

7 obras grandes son responsables de la mayor parte del problema: Línea 3 del tren ligero (de periférico a periférico, municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque), Línea 1 del tren ligero (ampliación y paso a desnivel periférico y Federalismo, en Zapopan), Obra de repavimentación en el barrio de Analco (Guadalajara), Obra de repavimentación laterales de Avenida Adolfo López Mateos (en Zapopan, comienza en cruce con Mariano Otero), Paso a desnivel Santa Esther y periférico (Zapopan), Obras de restauración urbana en zona Chapultepec (replicación de zonas 30 en López Cotilla, Pedro Moreno, en Guadalajara) y obras del Mercado Corona y restauraciones urbanas en el centro de Guadalajara (zonas 30).

300 zonas de inundaciones por la ocupación de ríos y arroyos que fueron borrados, que causan pérdidas patrimoniales de 600 a mil millones de pesos anuales, pero además, el historial de construir sobre basureros, sobre rellenos de escombro y sobre zonas escarpadas.

73 mil ha alcanza la dispersión metropolitana, incluidas entre cinco mil y 9 mil ha de lotes baldíos dispersos.

21,319 millones de pesos, una cantidad 15 por ciento superior a lo que se estima costará la Línea 3 del tren eléctrico urbano, y que equivale a 4.7 por ciento del PIB local, es lo que cuesta por año la mala movilidad metropolitana y sus problemas asociados de contaminación y salud.

19 km/h en promedio es la velocidad que alcanzan los autos en Guadalajara; en el DF, a 24 km/h. En 20 años, el promedio de velocidad en la ZMG cayó a la mitad; es el resultado de erróneas políticas de movilidad que hicieron crecer en más del doble la cantidad de autos en la metrópoli.



martes, 28 de julio de 2015

Piden a Peña intervenir a favor de nahuas detenidos



En palacio nacional, entregan carta en petición de que el presidente apoye liberación de 35 acusados “con delitos prefabricados”

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La defensa legal de los nahuas de Ayotitlán pidió ayer apoyo al presidente de la república, Enrique Peña Nieto, en busca de alcanzar la liberación de 34 indígenas nahuas y del abogado Eduardo Mosqueda Sánchez, detenidos por la policía de Colima y acusados de secuestro consumado, con pruebas “montadas” por la minera Peña Colorada.

La carta está firmada por la doctora en derecho Raquel Gutiérrez Nájera, presidente del Instituto de Derecho Ambiental AC (Idea) y defensora del poblado indígena, y recibida por la tarde en la oficialía de partes de palacio nacional, en la ciudad de México.

La también investigadora de la Universidad de Guadalajara y Premio al Mérito Ecológico 2009, le solicitó al mandatario “la liberación inmediata” de los detenidos; el abogado está recluido“en la cárcel de máxima seguridad del estado de Colima”, mientras los 34 indígenas están en el centro de reclusión estatal.

Relata: “el 22 de Julio del año en curso, más de 500 ejidatarios llegaron a los terrenos propiedad del ejido en el Municipio de Cuautitlán, Jalisco, donde se encuentra  la empresa  [minera] Peña Colorada […] la empresa, en complicidad con el gobierno del estado de Colima, instrumentó un operativo a cuyo frente iba en persona el procurador de Justicia del estado de Colima, quien expresó al abogado del Idea,pasante de derecho Eduardo Arturo Mosqueda Sánchez, que en ‘Colima los amparos no sirven’, usando un lenguaje poco propio de un procurador,  y aprehendió al abogado defensor que le estaba exhibiendo la suspensión del Juez de Distrito en el amparo 462/2013. De allí  en adelante golpearon ancianos, niños, mujeres y jóvenes y aprehendieron alrededor de 35 nahuas, entre ellos ancianos de casi 80 años de edad”, señala la misiva.

La sorpresa “fue la fabricación burda de delitos en contra de los nahuas y del abogado por ‘secuestro consumado, despojo, robo calificado, daños en propiedad ajena y  lesiones’, exhibiendo una transferencia que la empresa había hecho al ejido por  14 millones para que liberaran a 3 empleados de la empresa, supuestamente secuestrados”. Pero en realidad,“de la transferencia  anterior, se exhibió  un recibo firmado por la propia empresa en pago a adeudos  atrasados por la renta de la tierra”.

Respecto al despojo, aclara, “la propiedad de la tierra es del ejido de Ayotitlán y no despojaron a nadie de ningún derecho  de uso, ya que lo único que estaban haciendo era supervisar que se cumpliera la orden del Juez de Distrito y abrir puertas para un nuevo acuerdo con la empresa”.

 Robo, “¿qué robaron señor Presidente?, ¿acaso la tierra que llevaban en su cuerpo después de haber sido brutalmente golpeados?”.  Y daños, “sí, ¿todo el operativo de Colima represor [que] se fue sobre las personas nahuas?”.

Añade: “Quienes sufrieron lesiones de gravedad fueron  los indígenas nahuas, tal y como lo constató el Comisionado de la CNDH, quien se dio cuenta de las lesiones de que fueron objeto y las constató el jueves 23 de Julio del año en curso debido a la queja que interpusimos ante la CNDH”; por cierto,ese comisionado “ya no regresó al día siguiente”.

Ayotitlán “es un referente en la defensa de sus recursos naturales, su conservación y su usufructo sustentable. Así, fue una de las comunidades que apoyó la declaratoria del área natural protegida en sus tierras” incluso con amplias porciones de las zonas núcleo. El problema con Peña Colorada es viejo, pero la propia empresa ha reconocido el traslape de propiedad y la necesidad de someterse al arbitrio de la justicia en el tema, puntualiza.

lunes, 27 de julio de 2015

Nahuas secuestradores, o de cómo Colima fabricó un delito



La más grave de las imputaciones de la procuraduría de ese estado a 34 detenidos de Ayotitlán, está sobre bases endebles, pues el supuesto pago es un adeudo de la minera con el ejido que había sido retenido. También detallan cómo es que llegaron a las instalaciones el pasado 22 de julio.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La acusación más grave de la Procuraduría General de Justicia de Colima contra los nahuas de Ayotitlán es no sólo que secuestraron por varias horas a tres funcionarios de la minera Peña Colorada, durante su toma de las instalaciones del pasado 22 de julio, sino que cobraron el rescate. Esto configura, a juicio de la fiscalía, el delito de “secuestro consumado” que es un tipo penal específico de esa entidad, y grave. Pero la defensa de los 34 detenidos aporta documentos que hacen tambalear esas certezas.

Primero, el supuesto cobro. Según los datos de la consignación, a que tuvieron acceso tanto los abogados del ejido como los comisionados por el gobierno de Jalisco, se pagó nada menos que 14 millones 805 mil pesos por el rescate. Existe un documento que acredita un cobro, pero realizado en la misma fecha en Manzanillo, Colima, por 14 millones 805,570.77 pesos, mediante transferencia interbancaria de la cuenta 59163 del Banco Nacional de México, del consorcio minero al ejido, “por concepto de pago total por concepto de renta anual pactada que comprende el periodo 2015-2016”.

De ese total, seis millones 865,144.38 pesos son equivalentes a “44 por ciento del monto total de la renta anual pactada para el periodo 2015-2016, destinada para el rubro de desarrollo social, para impulsar los proyectos de desarrollo social [sic] que actualmente se están trabajando o en los nuevos que apruebe la Asamblea General de Ejidatarios, en cumplimiento formal a lo establecido en la cláusula segunda inciso A del convenio de ocupación temporal del 22 de julio de 2012…”, según el recibo de cobro del cual se entregó copia a MILENIO JALISCO.

Siete millones 852,780.39 pesos “correspondientes al reparto directo, los cuales se distribuirán entre el total de los ejidatarios que tengan sus derechos ejidales reconocidos al momento del pago y que se encuentren inscritos en el padrón respectivo del ejido Ayotitlán”, pago emanado del mismo convenio de 2012. Finalmente, 87,636 pesos para el monto acordado de gastos que realiza en sus gestiones el propio comisariado ejidal.

El recibo es firmado por las autoridades ejidales: Ernestino Ciprián, presidente; Roberto Cibián, secretario y Dionicio Elías de los Santos, tesorero. El primer pago se depositó a las 2.22 pm, el segundo tiene la hora 5.39 pm, seis minutos después de ese depósito, la Procuraduría de Colima abrió la averiguación criminal por presunto delito de secuestro consumado, pue sya contaba con “los elementos” del delito.

El convenio aludido fue firmado el 22 de julio de 2012 y está protocolizado en la escritura pública 21,744 del notario público número 1 de Cihuatlán. De este modo, al menos que los secuestros se pacten con antelación y tengan conformidad del secuestrado, el pago del 22 de abril es “simplemente un adeudo que ellos tenían con la comunidad”, señaló la presidente del Instituto de Derecho Ambiental, Raquel Gutiérrez Nájera.

“Fue como a las 12 del día que entramos del lado de La Astilla, pacíficamente, un grupo de campesinos que van a sus tierras, esa tierra forma parte del ejido de Ayotitlán; entramos pacíficamente, y ahí estaba David Cárdenas, jurídico de la empresa, y hubo un diálogo tranquilo, fuimos todos pacíficamente los compañeros y se le llevó a las instalaciones de la empresa Peña Colorada; de ahí lo caminaron a la quebradora de hierro,  y de ahí nos fuimos a la caseta de vigilancia; estuvimos para un arreglo donde nos presentó el pago de los convenios, de las 801 hectáreas rentadas; él quedó en darnos la información de los nuevos convenios, cosa que pasó a las seis de la tarde; a las 6:20 de la tarde del 22 de julio, él y Candelario Montes -otro funcionario- se fueron de ahí en su carro, sin que nadie los molestara”, relata uno de los integrantes del comisariado ejidal, que pide anonimato ante la amenaza de la Procuraduría de Colima de detener “a diez dirigentes más”.

Insiste: “Se fueron tranquilamente en sus carros sin sufrir ningún golpe ni nada, lo que dijo David Cárdenas -presunto secuestrado- es mentira”.

Unos minutos después llegaron los policías de Colima. “Eran como las 7 de la noche, ya de ahí la gente andaba buscando su acomodo para dormir, cuando un grupo de antimotines con la gente de la Procuraduría de Justicia de Colima llegaron en una Comander negra y en una camioneta blanca, y comenzaron a golpear a los campesinos con piedras; los campesinos se defendieron como pudieron, hubo disparos de metralleta R -5,  bombas lacrimógenas; que no se haga la Peña [la empresa Peña Colorada]; ellos tienen cámaras y grabaron todo,acá los policías quitaron celulares a la mayoría; pero la verdad,  no hubo ningún movimiento contra la maquinaria de Peña Colorada, todo se llevó en santa paz, por eso la sorpresa: hemos visto que la empresa no respetó a los ancianos, a los niños, a las mujeres, todos golpeados; incluso tiraron balazos con armas de alto poder, y hay un balaceado, todo totalmente fuera de respeto para nosotros”.

El campesino calcula la presencia de 50 antimotines más policías judiciales, “y parte de los trabajadores de la Peña Colorada, entre ellos, el secretario general del sindicato, Arturo de los Santos Guzmán,  quien también participó agrediendo a los campesinos, siendo ejidatario de Ayotitlán, y golpeó a con una piedra a un campesino, Antonio Nieves de la Cruz”.

El ejido tuvo ayer asamblea, donde se determinarían acciones a seguir en el enfrentamiento con la minera. Los 34 imputados permanecen en la penal de Colima.

Estampas porfiristas

Los abogados y representantes de los indígenas detenidos en el penal de Colima han sido objeto de un trato discriminatorio digno de las épocas de los finqueros y los latifundios, se quejó la doctora y directora del Instituto de Derecho Ambiental, Raquel Gutiérrez Nájera.

“Un trato por demás prepotente desde la presencia nuestra en la procuraduría, donde los policías de la entrada impedían el paso, no había información de los presos y la hostilidad era evidente”, señaló la abogada del ejido. La ambientalista cuestiona el uso de las instituciones públicas a favor de los intereses de una sola empresa, y que la procuraduría se haya prestado a fabricar delitos para encarecer la libertad de los presos y dar un alto precio a la intención de Peña Colorada de que se logre el desistimiento del amparo 462/2013, que ha suspendido permisos y concesiones de la mina en territorio de Ayotitlán.

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Claves:

El convenio que justifica el pago

El convenio de ocupación temporal de 801-87-93 hectáreas, entre la empresa Peña Colorada y el ejido Ayotitlán, fue firmado el 22 de julio de 2012; la representación ejidal corrió a cargo de  Ambrosio Isaac Chávez, Hermenegildo de los Santos José y Beatos Chávez Rosales, presidente, secretario y tesorero del comisariado; a la empresa la representaron Arturo Miguel Tronco Guadiana, director general, y José Enrique Martínez Fernández, director de recursos humanos, ambos apoderados legales

“El ejido está de acuerdo en autorizar al comisariado ejidal para que celebre este convenio […] y entregue posesión a la empresa de la superficie de terreno de 801-87-93 hectáreas […] la empresa manifiesta que recibe de conformidad la superficie de terreno antes descrita y procede inmediatamente a hacer los trabajos pertinentes para consolidar su posesión material y jurídica, comprometiéndose en este acto a pagar anualmente al ejido por concepto de renta por el uso y ocupación temporal […] la cantidad de 18 mil pesos por hectárea. El pago se efectuará en la ciudad y puerto de Manzanillo, en la segunda quincena del mes de julio de cada año, en un pago único e indivisible, comprometiéndose el ejido a otorgar, por conducto de sus representantes legales, el recibo correspondiente…”

El dinero, añade el documento, se destina a desarrollo social de Ayotitlán, en 44%; a gastos del comisariado ejidal en 6% y a reparto directo entre los ejidatarios, 50%. En ese entonces se efectuó un pago de ocho millones de pesos para compensar “los bienes distintos a la tierra”, como sería el arbolado y las viviendas o establos presentes en la zona de renta

Causas de rescisión del convenio: cancelación de derechos derivados de asignaciones o concesiones mineras, falta de pago de la empresa, uso distinto de la tierra al destino acordado [depósito de material estéril]  e invasión del ejido para impedir los usos de la empresa.  La empresa se compromete a obtener autorizaciones de impacto ambiental y cambio de uso de suelo forestal en la Semarnat, a mantener informado al ejido de los programas de manejo y de abandono del predio por medio de informes anuales

“A la fecha la empresa no ha obtenido la autorización en materia de impacto ambiental, porque para el confinamiento de material estéril residuo del proceso de beneficio de la mina, prácticamente estamos ante un confinamiento de residuos peligrosos en terrenos  adyacentes  a un área natural protegida, como es la reserva de Manantlán”, aseguró ayer la abogada del ejido, Raquel Gutiérrez Nájera


http://www.milenio.com/politica/scan_MILFIL20150727_0001.pdf

domingo, 26 de julio de 2015

Colima “se extralimitó” en desalojo, advierte el alcalde



Pide al gobierno apoyar a nahuas presos, y a la empresa y al ejido, que negocien en condiciones de paz y concordia sus diferencias.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Ayuntamiento de Cuautitlán de García Barragán, donde se encuentra enclavada la comunidad nahua de la Costa Sur de Jalisco, ve con preocupación la evolución de los acontecimientos por el viejo diferendo legal entre el ejido Ayotitlán y la compañía minera Benito Juárez-Peña Colorada, por lo que ha solicitado al gobierno de Jalisco asistir a los 34 detenidos tras el desalojo del pasado 22 de julio, indicó el presidente municipal, Pedro Sánchez Orozco.

“Desde el pasado 23 de julio me comuniqué con el secretario Roberto López Lara y le pasé una ficha informativa; porque la verdad, me preocupa mucho la forma en que agredieron a estas 34 personas, ejidatarios indígenas de Telcruz y Ayotitlán;  por eso le pido el apoyo para liberar a estas personas, para que regrese cada uno con su familia, la mayoría de ellos fueron golpeados y torturados, y la verdad no se vale la forma en que actuó la fuerza pública de Colima”, dijo el primer edil, entrevistado por MILENIO JALISCO tras reunirse con el funcionario en palacio de gobierno.

- El gobierno de Colima habla en forma beligerante, dice que habría sentencias hasta por 40 años.

- Yo vi esa nota, pero hay que aclarar lo que sucedió: Al parecer fue adentro del ejido de Ayotitlán en donde los agredieron  y los golpearon.

- ¿Entonces se extralimitó el gobierno de Colima?

- Por la información que yo tengo, de acuerdo al comisariado ejidal y de la gente de la zona, sí.

- A 20 años de que se emitió la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (122/95) en que se comprometieron los gobierno de Jalisco y Colima en resolver su problema limítrofe, ¿no es tiempo ya de exigir que se resuelvan las cosas?

- Bueno,  esto debería ser en los tribunales federales, llegar a una resolución, porque no es competencia nuestra […]  por parte de los servicios que otorgamos a las comunidades como Las Astillas y Las Pesadas, hay buena relación con el alcalde de Minatitlán, en las áreas de salud y educación; nos estamos coordinando para dar todos los servicios, y somos muy buenos amigos todos.

- ¿Cuál es la relación de ustedes con la empresa Peña Colorada?

- También es buena. Ya hablamos con el gerente general para ver la situación, y tratar de llegar a un acuerdo, no llegar a este medio de andar golpeando a los ejidatarios […] yo me comuniqué dos veces con el gerente, él estaba preocupado porque iban más de 300 personas de las zonas indígenas [el día de los hechos], y le dije: Trate de llegar a un acuerdo con el comisariado para que todo salga en paz, para que no haya ningún lesionado ni detenido, y al final sí hubo 34 detenidos.

El presidente municipal de Cuautitlán señaló que han recibido “todo el apoyo” del gobierno y confió en que pronto se restaure la tranquilidad en la zona limítrofe.

Ayer hubo reuniones entre abogados de la empresa, de los ejidatarios y de Jalisco en busca de negociar el desistimiento sobre el tema del presunto delito de secuestro que se les pretende fincar a los ejidatarios. La defensa ejidal insiste en que se trata de delitos “prefabricados” por la empresa.

sábado, 25 de julio de 2015

Caso Ayotitlán: Colima se "chamaqueó" a Jalisco



La minera Peña Colorada tiene “la sartén por el mango”, pues acusa a los ejidatarios de secuestro consumado, despojo y daños en las cosas.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.  

El gobierno de Colima dio ayer una demostración de astucia política a su homólogo de Jalisco: Mientras los secretarios de gobierno de ambos estados acordaban la liberación de los 34 nahuas detenidos en el violento desalojo del pasado miércoles 22 de julio, y el secretario de gobierno de esta entidad, Roberto López Lara, mandaba un grupo de abogados a hacer las gestiones… la procuraduría del estado vecino consignaba, por delitos tan graves como secuestro consumado, despojo y daños en las cosas a los ejidatarios, lo que impide que salgan bajo fianza y da una posición de fuerza a la empresa Peña Colorada.

De este modo, sobre los acuerdos entre las entidades federativas prevaleció el interés de la minera hoy parte de grupo Ternium, que afronta con el ejido Ayotitlán un litigio tan antiguo como su arribo a la región como paraestatal, en particular, desde el comienzo de la explotación del yacimiento ferroso más rico del país, en 1974, sobre superficie que según el plano definitivo del núcleo agrario es parte de la dotación ejidal, reconocida tras un tortuoso proceso que de reconocimiento y titulación se revirtió a dotación, sancionada por un decreto presidencial de 1963.

Los abogados jaliscienses se molestaron al saber, tras reunirse con el procurador local, Marcos Santana Montes, que habrían sido consignados desde las 16:00 horas, aunque las pláticas entre funcionarios de las dos entidades se dieron antes. La misión de Jalisco se reunirá hoy a las 11:00 horas con los responsables jurídicos de Peña Colorada, en busca de negociar un desistimiento.

¿A qué precio? Ese es el punto nodal: La empresa logró que los ejidatarios fueran acusados de secuestro consumado contra tres funcionarios de la mina, que de acuerdo a sus argumentos, habrían sido liberados por el pago de 14 millones de pesos (depositados durante las horas de la ocupación de los nahuas en la zona de aprovechamiento minero); incluso lo hicieron ante notario. Supuestamente, gracias a ese pago, fueron liberados. Pero se exigía el pago de 20 por ciento del valor de cada tonelada de hierro, y eso prolongó las negociaciones de esta “extorsión”, según la explicación que dio el procurador a la misión jalisciense.

Como son delitos graves en el Código Penal  de Colima, no alcanzan fianza. Sólo Peña Colorada podría resolverlo vía el desistimiento, aunque si son delitos que se persiguen de oficio, se deberán desvirtuar directamente ante el juez durante el periodo de análisis para determinar si se emite auto de formal prisión o de libertad. ¿Cuál es el precio? “Han prefabricado todo con el apoyo de la procuraduría del estado, es evidente que quieren el desistimiento del amparo”, señaló molesta la presidente del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), Raquel Gutiérrez Nájera.

Por la noche, la abogada intentaba hablar con los detenidos en el reclusorio de Colima. Lamentó también la información manejada por López Lara, quien habría culpado al ejido de haber incurrido en delitos; “esos son los que defienden a los ciudadanos de Jalisco […] tendremos que asumir la defensa”, exclamó irritada, en una llamada telefónica con MILENIO JALISCO.

Ayer, el gobierno de Jalisco ha visto hasta dónde llegan los “límites de la amistad” con su usualmente cordial vecino del sur, cuando de intereses económicos y políticos se trata: Peña Colorada es la empresa que en lo individual más impuestos paga y más empleos crea para Colima y es la mojonera vital en la disputa limítrofe, que tiene más de un siglo sin resolverse.

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López Lara defiende a Peña Colorada

El secretario de Gobierno, Roberto López Lara, señaló que los ejidatarios de Ayotitlán “fueron malinformados” porque las 192 hectáreas en las que se registra extracción por la minera Peña Colorada, “no forman parte de la suspensión” que se dictó a su favor sobre 1,200 hectáreas. Por ello, consideró que la minera no ha violado la resolución judicial.

López Lara dijo que mantiene comunicación con el gobierno de Colima, para revisar la situación legal de los ejidatarios detenidos, porque “donde se cometieron ilícitos hay que hacer la revisión”.

Se le preguntó si el gobierno de Jalisco conocía los alcances de la resolución que se dictó a favor del ejido de Ayotitlán y el territorio que ampara, a lo que respondió que apenas están revisando, “pero la información que se tiene es que donde están extrayendo el mineral, no es parte del litigio del asunto”.

También se le cuestionó si no actuarían por la entrada de la policía de Colima a territorio jalisciense, aseguró que no se ha confirmado y que hay una “buena relación” con el gobierno de esa entidad.

(Sonia Serrano Íñiguez/Guadalajara)

viernes, 24 de julio de 2015

Gobierno estatal busca liberar detenidos de Ayotitlán



Esperan abogados de que las gestiones permitan la liberación de los indígenas nahuas esta misma tarde; hay molestias entre ejidatarios contra el gobierno de Colima y la minera Peña Colorada

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

El gobierno de Jalisco se comprometió a liberar a los 34 ejidatarios y representantes de Ayotitlán que fueron detenidos tras la operación policiaca colimense contra campesinos que retomaron su territorio, enclavado en el aprovechamiento mineral de Peña Colorada, el pasado 22 de julio.

Tras reunirse con representantes de la autoridad ejidal del núcleo de origen nahua de la sierra de Manantlán, el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, instruyó a un grupo de abogados de la dependencia a que se trasladaran a la capital de Colima para realizar gestiones en la Procuraduría de Justicia de ese estado; la misión de los representantes jurídicos del gobierno fue que los detenidos quedaran libres esta misma tarde.

Esa prioridad evitó que se entrará en los detalles de los sucesos que derivaron en la represión policiaca, pero López Lara había declarado a la prensa momentos antes de la cita que la razón estaba del lado de Colima y que los ejidatarios se habrían equivocado en la interpretación del amparo. Pedro León Corrales, asesor jurídico del ejido, mantuvo su postura de que la razón legal está del lado de los jaliscienses, y dijo que en los siguientes días, la asamblea de ejidatarios tomará decisiones tendientes a reforzar su postura de recuperar sus derechos territoriales y que la minera de hierro más importante del país pague por el mineral que extrae de su subsuelo.

En las inmediaciones de palacio de gobierno, diversos ejidatarios esperaban la realización de la reunión. Había irritación por los actos y las amenazas del gobierno de Colima, y calificaron como falsas y calumniosas las declaraciones de la empresa en torno a los hechos de esa tarde del martes pasado.

En estos momento, los abogados de la SGG se reúnen con el procurador de Colima, Marcos Santana Montes, en busca de acelerar el proceso de liberación de los detenidos y la atención de sus lesiones.

Red de derechos humanos acusa a gobierno de Colima



La minera depositó 14 millones de pesos de un convenio vigente que había suspendido días atrás, en busca de impedir la toma de instalaciones, aseguran.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Red Jalisciense de Derechos Humanos consideró "injustificable acto de represión contra los poblados más cercanos al fundo minero" de Peña Colorada por parte del gobierno del estado de Colima, que de este modo "reanudó otro ciclo de represión y violencia contra el mayor ejido y comunidad indígena del estado de Jalisco" en esa región; "... el mejor argumento de Colima es la violencia policial y paramilitar; mientras Jalisco, hace gala de tibieza o indiferencia ante la suerte de los pobladores nahuas", señalan en un comunicado difundido esta mañana, bajo la firma del coordinador de la red, Alexis Mata Sánchez.

"Hacemos responsable al gobierno de Colima de cualquier daño que sufran los ejidatarios detenidos ayer por sus elementos policíacos, y de la misma manera los ejidatarios jaliscienses heridos a pedradas por mozos de la empresa minera. Procederemos a informar de lo ocurrido a las Comisiones Nacional e Interamericana de Derechos Humanos (OEA), para denunciar este salvaje operativo, y pedir al Gobierno Mexicano tome las medidas cautelares tendientes a asegurar la paz social y la seguridad pública (desarmada) de los habitantes de la franja más grande en litigio (406.8 kilómetros cuadrados)", señala.



El próximo paso "será reagrupar a los reprimidos y recuperar la libertad de los nahuas detenidos. El próximo 23 de julio de 2015, el comisariado y los miembros del Frente Regional Pro-Manantlán y Cuenca del Marabasco, con la red, cofundadores de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), acudiremos mediante queja y denuncia para generar solidaridad de los miembros del Ejido Ayotitlán, en estas graves circunstancias", advierte.

Los hechos según la versión de la red: El 22 de julio de 2015, "en horas de la tarde, se suscitó un acto de represión contra un centenar de indígenas y campesinos del ejido nahua de Ayotitlán, Municipio de Cuautitlán de G.B., Jalisco, que decidieron tomar las instalaciones del Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada [...] sustentados en el Juicio de Amparo (462/2013), otorgado por el Juez 4° de Distrito en Materia Administrativa del Estado de Jalisco, para detener la extracción de hierro en su territorio ejidal. Esta decisión se tomó en virtud de que la minera ha seguido sus labores, ignorando la orden judicial de hacer efectiva en su totalidad la suspensión de plano otorgada por el Amparo".

"Para detener la mina, los campesinos decidieron invitar a los integrantes del comisariado ejidal encabezados por Ernestino Ciprián Ocaranza, que apoyados por un centenar de ejidatarios, tomaron el área de ingreso del consorcio. Sin embargo, al enterarse los gerentes mineros pidieron la ayuda de patrullas de las Policías Judicial y Estatal de Colima (antimotines), y unidades del Ejército Mexicano, que bloquearon las puertas de acceso y salida del consorcio. La empresa mandó al Lic. David Cárdenas (apoderado) a negociar con los ejidatarios inconformes con el desacato del amparo, mientras los elementos armados se colocaban en los puestos para cerrar el círculo de la represión", añade.



"El Lic. [Eduardo] Mosqueda, miembro del Instituto de Derecho Ambiental, AC fue enviado por el Lic. Pedro León Corrales, siendo detenido ayer por la policía de Colima y llevado luego a una prisión de la Ciudad de Colima. Fungía como asesor jurídico de los quejosos. Al pastor de ovejas Félix Monroy Rutilo, del Frente Regional Pro-Manantlán y Cuenca del Marabasco, AC, en la gresca alguien le disparó un balazo, pero él lo esquivó. El arma homicida era empuñada por un policía colimense.
La minera depositó 14 millones de pesos de un convenio vigente que había suspendido días atrás, en busca de impedir la toma de instalaciones, aseguran.

La red ofrece una lista -incompleta. de heridos y detenidos: Fidencio Aguilar Ramos, Javier Contreras Alonso, Fausto Cobián de los Santos, Fortunato Chávez,   Germán Pulgarín Monroy, Beatos Chávez Rosales, Eligio Contreras Alonso, Juan Flores, Geovani González Olivares, Santos de la Cruz Fermín, Fulgencio Díaz, Gregorio Cobián Peregrina, Julián Elías Roblada, Angelberto Peña Martínez, Samuel Elías Roblada, Martínez Prada Pulido, Hilario Cobián Ramos, Antonio de la Cruz Nievez, Virgilio Flores Pulgarín, Federico de la Cruz Nievez, Martín Flores Pulgarín, Erick Deniz Ramos (niño), José Luis  Flores Gerardo, Francisco Esteban Elías y Francisco Hermenegildo Sánchez.

"La policía colimense también se llevó 15 camionetas de los ejidatarios heridos y detenidos rumbo a Colima, en calidad de detenidas. Y enlistaron otras 15 camionetas para ser “recogidas” después. En horas de la noche grúas contratados por Colima se llevaron las 15 camionetas ya detenidas. Los detenidos fueron llevados -esposados- a la Ciudad de Colima, para procesarlos penalmente por una lista de ”delitos” prefabricados en su contra. Sin embargo, el gobierno agresor a los derechos de libertad personal, decidió ignorar la suspensión del amparo que favorece a Ayotitlán, y ejercer su derecho humano al libre tránsito de personas en tierras del ejido".



Otros 20 ejidatarios y comuneros de Ayotitlán, "que lograron escapar el cerco represivo de Colima, iban lesionados con heridas menores a causa de las pedradas. Los mozos de la minera, pertenecientes al Sindicato Minero, fueron quienes empezaron a apedrear s los ejidatarios jaliscienses inconformes.

Luego se sumaron a la agresión a pedradas los policías de Colima para agredir  y expulsar del fundo minero a los de Ayotitlán, Jalisco. Los agresores parecen ser de la Secretaría General del Gobierno de Colima, pues los antimotines están sujetos solamente a las instrucciones del titular de la SGG, quien autoriza el despliegue de la unidad de élite. Con la toma de las instalaciones mineras encima, los gerentes mineros decidieron depositar a las 15 horas, 14 millones de pesos, correspondientes al año 2015-16, en la cuenta mancomunada del comisariado, para suspender la “toma” o “para” de la mina".
Según la versión de J. Jesús Hermenegildo García, presidente del frente, "el Lic. David Cárdenas del jurídico de la Minera, tenía ya preparada a la policía antimotines de Colima, que una hora antes del zafarrancho 'taponeó' todas las entradas y caminos de acceso a la minera. En los tapones también estuvo personal del Ejército, en coordinación con el Lic. Cárdenas que los fue a esperar a la entrada del poblado de La Astilla".


Tromba destruye parcialmente Tuxpan de Bolaños



Habitantes de la cabecera municipal, ubicada a tres horas por tierra, preparan una iniciativa para recibir damnificados en la zona, dada la magnitud de los daños.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Una violenta tromba sacudió ayer, entre las 4 y 5 de la tarde, al poblado de Tuxpan de Bolaños (Tutsipa), cabecera del anexo de la comunidad indígena huichola de San Sebastián Teponahuaxtlán (Wuaut+a); los primeros balances extraoficiales hablan de 70 caas afectadas, lo que significa un fuerte desastre para cerca de 500 personas.

"Una intensa lluvia con granizo y fuertes vientos ocasionó destrozos en la comunidad wixárika. Decenas de familias quedaron sin techo, sin ropa, sin muebles, sin cobijas, sin alimentos. Los afectados piden ayuda al gobernador y la solidaridad de la gente con donativos de ropa, alimentos, cobijas y láminas, pues a seis horas del siniestro ni el Ayuntamiento de Bolaños ni Protección Civil han arribado al lugar", señaló el periodista Antonio Arteaga, de La Voz del Norte.

Felipe Serio Chino, comunero wixárika de Tuxpan de Bolaños pidió a instancias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y otros, cualquier tipo de ayuda; pide comunicarse al celular 3315727459 y al correo e mal  xikserio2009@hotmail.com.

Por su parte, habitantes de la cabecera municipal, ubicada a tres horas por tierra, preparan una iniciativa para recibir damnificados en la zona, dada la magnitud de los daños. Tuxpan tiene alrededor de dos mil habitantes, lo que significa que ha sido afectada casi una cuarta parte de su población.

Golpes, calumnias y amenazas, afronta Ayotitlán



Gobierno colimense amenaza con penas de hasta 40 años de cárcel; defensa de los indígenas reclama suspensión de una suspensión judicial y abuso de poder de la procuraduría local. Gobierno de Jalisco no ha intervenido.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

"En Colima esos amparos no sirven”, le dijo, furioso, el procurador de justicia de ese estado, Marcos Santana Montes, al joven abogado Eduardo Mosqueda Sánchez, del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), antes de forzarlo a subir -en calidad de detenido, in fraganti- a la tanqueta desde la que conducía la operación de desalojo de más de 500 ejidatarios nahuas que reclamaban la restitución de sus tierras en poder de la minera Peña Colorada, al anochecer del pasado 22 de julio.

La exhibición de la suspensión otorgada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo, en el marco del expediente de revisión 231/2013 del juicio de amparo 462/2013, que se lleva en el juzgado IV de distrito de Guadalajara, careció de interés para el funcionario, le confió Mosqueda a la doctora en derecho Raquel Gutiérrez Nájera, su jefa en el Instituto de Derecho Ambiental (Idea), tras pasar la noche en los separos judiciales de la capital de Colima, con la ropa desgarrada, y presto a dar testimonios del encarnizamiento de gendarmes contra campesinos sin distinción de condición: Mujeres, niños y viejos, desde hematomas hasta fracturas.

34 detenidos en total, reconoció la Procuraduría General de Justicia del estado, en una conferencia de prensa, en que acusó a los ejidatarios nahuas de “despojo, privación ilegal de la libertad y daños a la propiedad privada del consorcio minero Benito Juárez-Peña Colorada”, al intentar ejecutar su amparo, cuya traducción legal sería: Que todas las actividades extractivas, de transformación, de vertidos y de administración que se hacen dentro de los terrenos ejidales, se detengan. Hay otro medio centenar de lesionados que se dispersaron por las localidades de la sierra. Los nahuas están temerosos de que la procuraduría ejecute diez órdenes de aprehensión más contra “líderes” de la comunidad. “La venganza contra el atrevimiento de reclamar lo que nos corresponde quieren hacerla ejemplar”, señalaba ayer por la noche un líder comunitario.

A la par del miedo, está la irritación por la andanada de invectivas que el gobierno vecino desató en medios de comunicación locales: “Esas personas pueden alcanzar una penalidad de hasta 40 años de prisión y no tienen derecho a fianza. Vamos a proceder con toda energía puesto que en Colima el estado de Derecho tiene que respetarse, cuando una persona comete un delito tiene que responder por las consecuencias legales que el mismo le implicó”, dijo el procurador colimense, y detalló “cuantiosos daños a patrullas y equipo táctico policial” así como diez policías presuntamente lesionados con piedras y palos. Por su parte, Arturo Tronco, director general de Peña Colorada, dijo que es inaceptable la exigencia de los ejidatarios de recibir pago por el hierro extraído, y negó que se estén extrayendo materiales de las tierras del ejido. Acusó a los ejidatarios de extorsión.

Gutiérrez Nájera respondió que la autoridad local se comportó como “parte” y no de forma imparcial, y recordó que el desacato a una orden judicial puede llevar a la destitución de los funcionarios colimenses, como lo es el propio procurador.

“Hemos estado aquí a la espera de tener acceso a los detenidos, están incomunicados y sabemos que fueron golpeados por los policías, que no les importó que muchos sean de la tercera edad, algunos con diabetes inclusive, otros con fracturas, estamos exigiendo que se nos permita ver, hay una cola de familiares de los detenidos afuera de la procuraduría, es un trato muy indigno”, señaló la catedrática de la UdeG.

Junto con ella, acudieron a la capital de Colima personal de la visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que ya recibió queja por parte del ejido; el asunto fue denunciado también ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima, instancia que en el pasado ha hecho pública su preocupación por los abusos padecidos por la comunidad aborigen en su lucha desigual con la empresa transnacional.

Pedro León Corrales, también asesor ejidal, dijo que los hechos del martes son suficientemente graves como para generar un rompimiento con la minera en las pláticas de conciliación que se realizaban en la Procuraduría Agraria, y lamentó que el colimense sea solo “gobierno gendarme” al servicio de la empresa.

El meollo es que los ejidatarios tienen su plano definitivo de dotación inscrito en el Registro Público de la Propiedad de Autlán desde los años 90, con su territorio que alcanza hasta el río Marabasco y las tierras que explota Peña Colorada; para contrarrestarlo, ésta recibió escrituras del gobierno de Colima, fruto de un proceso de expropiación que no afecta al ejido, sino a pequeñas propiedades, pero que están aparentemente traslapadas al polígono de dotación. No obstante, esas escrituras son de fecha posterior: Del año 2000. “El primero en tiempo es primero en derecho”, advierte la defensa del ejido.

Pero reconocer ese orden legal básico tiene costos extra que Colima no está dispuesto a afrontar: Reconocer la soberanía jalisciense en la zona. No importa que la dotación agraria de Ayotitlán la haya decretado en 1963 el presidente Adolfo López Mateos, y que en principio, un tema de límites entre dos estados no la condicione: Para Colima, los intereses de los aborígenes están entreverados con los de su vecino 16 veces mayor, y no se confía de su frecuente pasividad en el tema, refrendada ayer, una vez más.




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“ELLOS ROMPIERON EL DIÁLOGO”



Pedro Mendoza Pérez, indígena de Ayotitlán, relata a las afueras de la procuraduría de Colima, la jornada del 22 de julio en que intentaron retomar el control de sus tierras primordiales hoy en manos de la minera Peña Colorada.

“La realidad es muy distinta a la que aquí están contando los medios de comunicación; las fuerzas antimotines del gobierno de Colima llegaron con una actitud muy prepotente, agrediendo a señoras, señores, ancianos, niños, eso es lo que yo vi, golpeó a la gente de forma violenta, pero ellos dicen todo lo contrario […] primero, cuando llegamos, había un diálogo, no hubo provocación de nosotros; pero ellos verbalmente nos agredieron. La gente estaba tranquila, a punto de dormirse, y los policías nos sorprendieron de forma violenta, nos emboscaron, con actitud muy agresiva. Yo tengo tres familiares golpeados, con golpes graves, huesos rotos, estamos tratando que nos den permiso de verlos, porque a tantas horas no hemos podido”, señala molesto.

Los 34 detenidos no son todos. Hay en Telcruz al menos 24 lesionados que entregaron sus fotos testimoniales a MILENIO JALISCO. Y otra treintena, dispersa en pequeñas aldeas de la sierra, pues la “recuperación” del “territorio colimense” fue completa.



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CRONOLOGÍA

1903. Formalizan el descubrimiento de yacimientos ferrosos en Peña Colorada. En la zona, un juez de Colima ordena diligencias de apeo y deslinde que provoca un conflicto entre los estados.

1920. Matanza de Timbillos, en el río Marabasco. El hacendado colimense de El Cacao, Carlos Fernández, ordena a Juan Arias la muerte de trece indígenas de Ayotitlán, la quema de sus ranchos y de sus cosechas, por ser presuntos invasores. En 1926, los nahuas, incorporados a la lucha cristera, toman venganza en Tacamo contra las defensas de Minatitlán

1963. El presidente Adolfo López Mateos dota al ejido nahua de Ayotitlán, tras “extraviarse” sus títulos virreinales que le daban derechos sobre más de 400 mil hectáreas; en la dotación se ubica buena parte del mineral de hierro y los amplios bosques que desangran las madereras, y que serán el núcleo de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán

1967. Nace como paraestatal la minera Benito Juárez-Peña Colorada, que entrará en conflicto con la comunidad nahua a partir del comienzo de sus operaciones, en 1974. “Se estima que Peña Colorada aporta el 30% del mineral consumido en México usado para la industria siderúrgica que abastece a su vez a la industria automotriz, electrodomésticos y construcción, entre otras”. Genera 1,200 empleos directos y tres mil indirectos en la actualidad

1992. Se registra el plano definitivo y el decreto de dotación del ejido en el Registro Público de la Propiedad de Autlán

1995. Recomendación 122/95 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que pide resolver conflicto de límites a Jalisco y Colima, lo que ambos estados aceptan. 20 años después no se ha resuleto

1998. Jalisco reclama ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sus límites con Colima; en 2005, la jurisdicción del problema se pasa al Senado, que no resolvió; el asunto sigue en suspenso en 2015.

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