jueves, 30 de abril de 2015

A cuatro meses, el bordo maloliente genera mosquitos



No se ha retirado la construcción ilegal en San Pancho. Preocupa a los habitantes de San Francisco, en Nayarit, que esto sea propicio para enfermedades en estos tiempos calurosos, ante la nula restauración del flujo hidrológico

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

Se acercan cuatro meses de que la comunidad de San Francisco, Nayarit, decidió detener el deterioro de su estero por un bordo impuesto por una inmobiliaria con autorizaciones federales;  la obra ya quedó totalmente fuera de la legalidad tras un procedimiento de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero en el seno del humedal, el muro de materiales ha provocado aguas estancadas y brote de mosquitos, con riesgo de alguna epidemia para la población enclavada al norte de la bahía de Banderas.

“Al no acatar a 100 por ciento la medida de urgente aplicación impuesta por Profepa a la empresa infractora inmobiliaria, hace más de dos meses, en la que les conminaba a restaurar el flujo hidrológico del humedal el agua estancada se ha convertido en un enorme criadero de moscos y flora acuática invasora. Si no lo creen vayan al malecón una de estas nochecitas a sentir los moscos que se agrupan como buitres sobre las cabezas”, dijo en el sitio San Pancho Comunidad Participativa, de Facebook, el ambientalista local, Érik Saracho Aguilar.

Los testimonios locales se multiplican: los dueños del restaurante La Perla, la familia Plascencia, aseguran nunca haber vivido algo así.

En entrevista telefónica, Saracho Aguilar explicó a este diario que “los tiempos de ley le permitieron no entregar al infractor, sino hasta el 24 de abril pasado, lo que se le llama el plan de retiro de la obra,  porque así como le dieron una autorización para ponerlo,  la Profepa le tiene que autorizar el plan para quitarlo, y ciertamente hasta hoy no hay ningún movimiento […]lo que ahorita está afectando más es el hecho de que al hacer el bordo se interrumpió el flujo del humedal, y hubo una parte muy grande que quedó apresada, y esta parte, al no tener movilidad  tiene diferente temperatura, y esto hace que brote el lirio y otras plantas acuáticas que a la vez generan muchos mosquitos; el pueblo se está quejando por los mosquitos  como nunca antes”.

Si bien, opera una planta de tratamiento, está es una máquina móvil y provisional “que sirve para reforzar a la planta de tratamiento antigua, pero aun no han podido conectar la planta de tratamiento vieja que va a hacer el cárcamo de rebombeo, con la planta de tratamiento nueva, por la diferencia que existe por la definición de la zona federal, que es ya un asunto urgente”, añadió.

Hoy se espera el arribo de enviados de la Profepa de la Ciudad de México; “se comunicó con nosotros el director de zonas federales marítimo-terrestres, Juan Jacob Pérez Miranda, quien nos va a confirmar el paso a seguir, si se entregó en tiempo el plan de recuperación y retiro del bordo”.

El dictamen indica “retiro total de la obra, pero aún no quitan nada; al humedal le urge la restauración,  hoy llovió por la mañana de forma atípica, y en época de calor eso genera humedad y muchos moscos”, lo que preocupa a todos porque es zona turística y podría haber enfermedades.

martes, 28 de abril de 2015

La Corte decidirá disputa de tierras del Centro Logístico



Tras que los tribunales agrarios le dieron razón en su disputa, un tribunal colegiado le revocó el proceso a Francisco Gómez, que apela a la SCJN y amenaza con más acciones legales. Primer comprador de 275 ha pide revisión de sentencia adversa de Colegiado

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

Si bien, apenas ayer se inauguraron espacios importantes de diversas empresas alojadas en el puerto seco o “centro Logístico” que se realiza en tierras contiguas a la laguna de Sayula, 50 kilómetros al sur de la zona metropolitana de Guadalajara, la disputa por un cuarto de la superficie del megaproyecto no ha terminado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) conocerá y resolverá en definitiva el tema de la legítima propiedad sobre 275 hectáreas que formaban parte del ejido El Plan, y que fueron vendidas primero en 2005 a un grupo de particulares; luego, en 2007, a los empresarios del centro - tras fracasar en sus negociaciones con los primeros-. Como se trataba de las mismas tierras y “el primero en tiempo es primero en derecho”, los particulares juzgaron la acción como “fraudulenta” y señalaron la complicidad de diversas instituciones como el Registro Agrario Nacional, que se había negado a inscribir la primera venta.

Tras diversos vaivenes en instancias diferentes, y luego de que un juicio agrario le dio la razón, pero los magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito se la quitaron, Francisco Javier Gómez Morales, quien encabeza a los quejosos, denunció la actuación de ese colegiado, que sin esperar el plazo constitucional en que los afectados con su resolución tienen derecho a interponer recursos para impugnar (juicio de amparo 351/2013, revisión 308/2013-15), ordenó ejecutar al Supremo Tribunal Agrario y al Tribunal Unitario Agrario 15, no obstante que el plazo y la posterior impugnación vía recurso de revisión obligaba y obliga aún a dejar “subjudice” (en suspenso)  la sentencia.

Lo cierto es que no es “cosa juzgada” el litigio y de acuerdo a la versión de Gómez Morales, presenta serias anomalías procesales. A su juicio, fue a partir de que cayó en manos del colegiado, tras que tanto el Tribunal Unitario Agrario como el Supremo Tribunal Agrario le habían dado la razón, “se torció” a favor de los empresarios. Por un lado, de forma “desorbitada” se le pretendió dar a las determinaciones del RAN un carácter de cosa juzgada “como si fuera autoridad judicial” y no administrativa –fue precisamente el RAN el que no quiso inscribir la primera compra-.

La clave es la audiencia de la sentencia; el quejoso señala que se violó el artículo 185 de la Ley de Amparo porque no está debidamente fundamentada la postura de un magistrado cuyo voto fue determinante para desempatar la discusión. “Solicitamos, de acuerdo al artículo 8 del Tratado de San José, que tiene rango constitucional según el artículo 1 de nuestra carta magna, que se nos entregara el video de esa discusión para evidenciar que ese magistrado no hace su trabajo, pero se nos negó; por eso, además de la revisión que se va a la Corte, estamos en tiempo de presentar un amparo por esas violaciones. Confiamos que la Corte aplicara la ley, pero tenemos también abiertos los tribunales internacionales y no dejaremos de acudir a ellos para denunciar este atropello”, señaló el propietario.

Las 275 ha en disputa están integradas al proyecto pero no han podido ser desarrolladas. Gómez Morales señaló que la urgencia porque lleguen las inversiones ha movido a los empresarios a presionar “para torcer la justicia”, pero como primer comprador asegura que no se rendirá.

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Según el acta del ejido El Plan del  17 de noviembre de 2005, un grupo de particulares encabezado por Francisco Javier Gómez compró mediante los procedimientos vigentes de la asamblea ejidal, diversos predios que suman unas 275 hectáreas. El 8 de noviembre de 2009, el mismo ejido le vende a los dueños de Logistik, encabezados por el empresario Héctor Moreno

La primera compra fue desconocida por el Registro Agrario Nacional (RAN) arguyendo que la asamblea no cubrió el requisito de quórum; en tres ocasiones se negó a registrarla: 22 de febrero y 10 de agosto de 2006 y 31 de enero de 2007

Al comienzo de la controversia, los apoderados de Logistik buscaron un acuerdo con Francisco Gómez y sus socios, pero estos consideraron que no les pagaban el valor comercial de sus tierras y se negaron a venderles. Por ello,  convencieron al ejido que se las vendiera de nuevo a cambio de volver a llenar sus arcas, según el acta de asamblea del 8 de noviembre de 2009, que registró el RAN de forma expedita

No obstante, el RAN es una entidad que “no crea derechos”, por lo cual, su negativa a publicar el acta de 2005, o su aceptación a publicar las de 2009, no es determinante para establecer la legalidad de ambos actos. Pero el Cuatro Colegiado pensó de modo contrario a los tribunales agrarios

Así, en junio de 2014, el Tribunal Superior Agrario (STA) ratificó la “nulidad de actos y documentos” sentenciada en 2013 por el Tribunal Unitario Agrario número 15, de Guadalajara, para la asamblea de 2009, lo que daba plena validez al acta de 2005. En febrero pasado, en un juicio de amparo interpuesto por el ejido a favor de los intereses del Centro Logístico, esa resolución ha sido revocada. Ahora está en manos de la SCJN

Siguen manifestaciones ante tribunal agrario



En la sede del TUA 15, van dos jornadas seguidas de plantones por los quejosos, abogados y campesinos que buscan destituir a magistrada. Esta interpone denuncia penal

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

Abogados litigantes y campesinos tomaron ayer y hoy por la mañana las instalaciones del  Tribunal Unitario Agrario número 15, al poniente de esta ciudad, en exigencia de la remoción de su titular, Janet Castro Lara, a quien señalan de dilación en la impartición de la justicia y de violar derechos de los núcleos campesinos. La funcionaria no se presentó, pero esta mañana interpuso denuncia penal por presunta obstrucción de labores ocasionada por los manifestantes, lo que motivó la llegada de agentes del Ministerio Público, pero hasta ahora, sin consecuencias.

Los manifestantes no pudieron, de este modo, discutir nada con Castro Lara, pero recibieron noticias de que llegarán mañana enviados del Supremo Tribunal Agrario en busca de alcanzar acuerdos.

Los quejosos ya habían realizado tres manifestaciones las semanas pasadas, pero el  STA de la ciudad de México determinó respaldar a la  magistrada y mandar personal de apoyo para sacar el rezago de procesos, pero los abogados y líderes ejidales piensan que esa determinación “no resuelve nada” pues la funcionaria, aseguran, se conduce con desdén y prepotencia ante quienes debe administrar justicia pronta y expedita.

Hace un mes fue la primera manifestación, en la que reprochaban “la tardanza hasta de cuatro meses en salir  acuerdos;  no dictar  sentencias; que  los  abogados no tenemos un lugar  donde consultar expedientes; que la magistrada se  niega a recibir abogados para consultar con ella así como recibir a los campesinos que acuden a ese  tribunal […] así, hay daño a derechos y economía de los demandantes de justicia por la dilación de sus asuntos, lo que consideramos muy grave”.

Los siete puntos ofrecidos en un pliego petitorio entregado a la titular son: “1, negativa de recibir a los abogados que solicitan audiencia; 2, retraso de los acuerdos; 3, falta de espacios dignos para consulta de expedientes; 4, el horario [corto] de préstamo de expedientes y entrega de promoción; 5, falta de un lugar digno para servicio de necesidades fisiológicas [sic]; 6, retraso en el desahogo de las audiencias; 7, presentar excitativas de justicia”.

Los días 8 y 9 de abril hubo revisión por parte de personal asignado por el STA, con quien se entrevistaron los quejosos, pero sin la repuesta esperada.Hoy, se interrumpieron las audiencias que se tenían programadas sin avisar.

La administradora de justicia tiene apenas seis meses de haber asumido el cargo, pero los quejosos destacan que de ser el tribunal más eficiente y menos cuestionado de los tres que existen en Guadalajara, ese tiempo ha bastado para llevarlo al final en esos rubros, lo que repercute en la calidad del servicio que se brinda para ejidos y comunidades indígenas que sostienen algún litigio.

sábado, 25 de abril de 2015

Comunidades impugnan legalmente leyes energéticas



Abre camino a expropiaciones de territorios indígenas, advierten. En tribunales locales y en instancias internacionales crecen cuestionamientos contra proyectos mineros y de energía que se apropiarían de tierras de aborígenes mexicanos. En la foto, un monumento funerario en Chacala, Cuautitlán, tierra de extracción de hierro

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

A la par de impugnar la ocupación de sus territorios por parte de grandes mineras transnacionales, los ejidos y comunidades que han acudido a la ley para proteger sus derechos ancestrales, han impugnado artículos específicos de la Ley Minera reformada durante 2014, así como otros aspectos de la “reforma energética” que a su juicio amenazan la supervivencia de sus comunidades.

“La impugnación se debe a que se ratificó que la minería es de interés público, pero también se estableció esa calidad para otro tipo de aprovechamientos energéticos como el caso de hidroeléctricas, y eso es una amenaza para las comunidades porque pueden ser objeto de expropiación y pueden padecer medidas legales restrictivas muy fuertes”, explica el abogado Guadalupe Espinoza Sauceda.

Los amparos de siete comunidades, reseñados por el representante legal de los comuneros de Zacualpan, en Colima, incluyen un capítulo de impugnaciones a las nuevas leyes, pero la oposición a las reformas en este sentido es considerablemente mayor.

Un grupo de organizaciones: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Fundar (Centro de Análisis e Investigación), Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, AC, Greenpeace México, DECA Equipo Pueblo, AC; Alianza Mexicana contra el Fracking y Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en un escrito dirigido a Emilio Álvarez-Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hace apenas un mes (13 de marzo de 2015), sintetizan el riesgo de las comunidades.

“La reforma constitucional y legal en materia energética en apariencia incluye principios de derechos humanos, respeto a las comunidades y sostenibilidad […] sin embargo, estas mismas leyes establecen figuras y procedimientos que lesionan los derechos humanos de las comunidades y pueblos ya que permiten el acceso preferente de las empresas a tierras, territorios y recursos naturales…”.

Precisan: hay un “empleo regresivo del concepto de utilidad pública, que ha sido concebido tradicionalmente como un mecanismo para proteger el interés general frente a intereses particulares. Un ejemplo emblemático fue la expropiación de la industria petrolera en tiempos del Presidente Lázaro Cárdenas. Sin embargo, en el caso que nos ocupa se pretende emplear en sentido totalmente contrario, es decir, en detrimento del bien común y en favor del sector privado”.

En otras palabras, “la reforma energética da preferencia a estas actividades a desarrollarse por parte del Estado y/o las empresas privadas nacionales o trasnacionales, por encima de cualquier actividad que realice la población asentada en los terrenos de interés, ya sea población indígena, comunidades equiparables o no, ya sean terrenos en zonas rurales o urbanas, ya se trate  de actividades como la agricultura o la ganadería, actividades de desarrollo comunitario, o actividades de conservación de las fuentes de agua, el manejo forestal sustentable y la protección del medio ambiente, entre otras”.

El debate está abierto en juzgados de distrito, tribunales de circuito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación e instancias judiciales internacionales.

viernes, 24 de abril de 2015

17% de tierras indígenas concesionadas a minería



Las comunidades se amparan y judicializan su lucha contra extractores de metal. Indígenas de Jalisco tienen más procesos, tanto en la región Nahua del sur como entre los huicholes de la Sierra Madre Occidental. Destacan luchas jurídicas de Puebla y Guerrero

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El México indígena, el más diverso culturalmente de América, está sitiado por los intereses mineros nacionales y globales. Con una política de concesiones que data de los últimos años del siglo XIX, y que no toma en cuenta la visión sagrada de la tierra y sus bienes que tienen los aborígenes de forma ancestral,  casi dos millones de hectáreas tienen la posibilidad de albergar proyectos extractivos, lo que ha puesto en guardia a las comunidades, cuyos juicios en contra de las empresas concesionarias ya dan golpes judiciales a esas inversiones.


Jalisco es una de las entidades que encabeza esta ofensiva jurídica. Las comunidades nahua de la Sierra de Manantlán, y huichola (wixárika) de la Sierra Madre Occidental, han interpuesto amparos que han frenado al menos parcialmente proyectos de extracción de hierro en la Costa Sur de Jalisco y de oro y plata en el caso de Wirikuta, el sitio sagrado huichol de San Luis Potosí. El vecino estado de Colima también ha tenido éxito al frenar a concesionarios en el Cerro Grande, a las puertas de Jalisco. Otros estados como Puebla y Guerrero se han sumado a la “judicialización” de sus disputas con las poderosas empresas transnacionales, de acuerdo a un recuento elaborado por Guadalupe Espinoza Sauceda, del Colectivo de Abogados.

“Las concesiones mineras que el estado otorga a las compañías, son patente de corso para acceder a los  territorios en  cualquier lugar del país  incluyendo pueblos y ciudades y áreas naturales protegidas o mar […] con las concesiones las compañías mineras tienen en sus manos además, de manera directa o indirecta,  la administración de las políticas de desarrollo regionales, en muy largo plazo”, señala el investigador Eckart Boege, doctor en Etnología en Universidad de Zurich, Suiza, y uno de los investigadores sobre temas bioculturales más reconocidos del país.

“Para mediados de 2012, el gobierno mexicano ya había sido concesionado dos millones 173,141 ha de las 28 millones de ha identificadas como el núcleo duro de los territorios indígenas. Es decir,  en los últimos 100 años los indígenas habían perdido la jurisdicción de  17 por ciento de su territorio frecuentemente sin que las comunidades se  hayan enterado”, agrega en su análisis (el documento completo, en http://salvemoswirikuta.blogspot.mx/2013/06/wirikuta-la-mineria-en-mexico-lleva.html).

Son 5,712 polígonos concesionados  en territorios indígenas con dos millones 66,307 ha, “sin embargo,  625 concesiones han sido canceladas por lo que hay que restarle 232 mil hectáreas. La mayoría de los territorios se encuentran en fase de investigación o exploración, o en búsqueda de inversionistas, mientras  106,833 ha ya están en la fase de explotación”, añade el texto.

Esto significa presiones crecientes para las comunidades tradicionales. El cuadro anexo, en su mayor parte elaborado por el investigador, demuestra que todos tienen concesiones enmarcadas en sus territorios ancestrales.

“Hay que recordar que los territorios indígenas se organizan principalmente alrededor  de la  propiedad ejidal  y comunal y en menor grado a la privada. Una sola concesión  [las empresas tienen varias en su propiedad] puede desbaratar un ejido o comunidad o bien acaparar las fuentes de agua o contaminarlas por ejemplo”, puntualiza Boege.

El recuento de Guadalupe Espinoza Sauceda –quien forma parte de la representación legal que defiende a la comunidad de Zacualpan, en Colima- subraya que los comuneros y ejidatarios salen de la pasividad y se defienden de intereses de gran calado en lo económico y lo político.

Los asuntos por ahora más emblemáticos son la lucha de los wixaritari por Wirikuta contra consorcios canadienses; la de los nahuas del sur de Jalisco contra las mineras Peña Colorada y Gan Bo, de capitales indio y chino; y la de comuneros de Zacualpan contra la minera Gabfter SA. Otros casos documentados están en el estado de Puebla y el de Guerrero.

Caso Wirikuta, “El juez séptimo de Distrito en Materia Administrativa negó la suspensión y se declaró incompetente. Ante dicha resolución y justificadamente inconformes con la misma, interpusieron un recurso de revisión [299/2011-5020] que fue admitido y resuelto por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual revocó la resolución impugnada y ordenó que se otorgara la suspensión de plano y de oficio para efecto de que las autoridades responsables se abstuvieran de autorizar cualquier acto tendente a la explotación de las concesiones mineras en el territorio de Wirikuta”, señala la recomendación 56/2012 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos El juicio de amparo 819/2011 se desahoga en el Juzgado IV de Distrito de San Luis Potosí.

Caso Ayotitlán.  Amparo 462/2013 y revisión 231/2013  ante el Juzgado IV de distrito en materia Administrativa y del Trabajo, Guadalajara. “Hay una suspensión de plano para efecto de que no se realicen actividades en las 1,200 hectáreas que se disputan los campesinos jaliscienses con el consorcio minero del grupo transnacional que conforman Ternium y Arcelor-Mittal. Con títulos de concesión Rincón II, título número 196668 y Ampliación Rincón II Título 2262253; Los Juanes 227602”. Emitida la resolución el 19 de septiembre de 2014, se ha ejecutado de forma gradual pese a que era de “ejecución sumaria” (máximo 24 horas).

Comunidad nahua de Tequesquitlán, municipio de Cuautitlán, Jalisco. Son los expedientes 1213/2012-3 y  939/2013 ante los juzgados III y II de Distrito en Materia Administrativa. En revisión, se otorg+ó el amparo contra los permisos de Gan Bo y la invalidez de la manifestación de impacto ambiental por los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, de Zapopan (revisiones 385/12 y 438/12).

La comunidad indígena de Zacualpan sostiene el amparo 458/2015-II.A en el Juzgado I de Distrito en materia Administrativa de Colima, e impugna dos concesiones mineras para oro, plata y hierro, llamadas  Tigrilla y Heliotropo, así como artículos de la Ley Minera. Actualmente está vigente una suspensión de plano.

69 comunidades indígenas de los municipios de Cuetzalan del Progreso,  Tuzamapan de Galeana,  Jonotla, Nauzontla, Ocotepec y Yaonahuac, del estado de Puebla, han presentado un gran amparo, el número 390/2015, ante el Juzgado Segundo de Distrito con sede en la ciudad capital de esa entidad, para impugnar los títulos de concesión minera Atexcaco I y Atexcaco II, así como la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley Minera. La demanda está admitida y tiene una suspensión de plano a su favor.

El ejido y la comunidad nahua de Tecoltemic, ubicado en el municipio de Ixtacamatitlán, Puebla. (Sierra Norte), promovió 506/2015 ante el Juzgado Cuarto de Distrito de la capital, en el que reclaman “la inconstitucionalidad y aplicación, expedición y/o intervención respecto de  dos títulos de concesión minera”, juicio que está en marcha y tiene a su favor una suspensión de plano.

Otro caso es el de la comunidad indígena de San Miguel del Progreso, Guerrero: interpuso el juicio de Amparo 1131/2013 en el Juzgado Primero de Distrito en Chilpancingo, el cual se encuentra ahora en revisión en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Impugna “las concesiones  mineras relativas a los lotes Reducción Norte de Corazón de Tinieblas y Corazón de Tinieblas, así como la inconstitucionalidad de la Ley Minera” en diversos artículos.

“Tiene suspensión de plano. La corte analiza la reasunción de competencia 23/2014 relativa a la revisión 167/2014 del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito”, añade.


Crece tensión en la zona de Huajimic



Ganaderos dan ultimatum a los wixaritari que habitan el sitio; hay riesgo de que la violencia latente se convierta en problemas sociales graves, advierte el líder de Wuaut+a. En las fotos, niños de la zona de Huajimic

Agustín del Castillo. Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El presidente de la comunidad indígena de Wuaut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán), Miguel Vázquez Torres, alzó la voz: “la convivencia con los posesionarios[invasores] en Huajimic no es positiva con la comunidad; los invasores siempre se comportan de una forma muy violenta, y los hermanos que viven en esa región ahora nos reportan que son acosados, que les exigen de que se despojen [sic] de esos lugares, que el terreno que poseen no es suyo, les dan límites para estar ahí, quince o 20 días para que se salgan, y eso nos duele”.

El líder comunal, que acudió a Guadalajara a reclamar la falta de apoyo del gobierno de Jalisco y del gobierno federal,  dijo que es urgente que se tomen cartas en el asunto antes de que haya sangre y desplazamientos.

“A nuestros hermanos les estamos diciendo que se aguanten, que no dejen el lugar, que no deben salir porque no es verdad que nosotros estamos invadiendo, sino todo lo contrario; por eso nos interesa que se resuelva, los que están sufriendo son nuestros hermanos wixaritaris, por eso exigimos una solución inmediata”, añadió.

Huajimic es un territorio de 10 mil hectáreas que tiene la posesión de varias decenas de años por ganaderos nayaritas que se establecieron con apoyo de su gobierno, y con base en convenios verbales o privados con los comuneros, de forma temporal. Al negarse a salir, han debido enfrentar unos 40 juicios agrarios que la comunidad aborigen ha ganado de forma gradual, dado que sus derechos son anteriores e imprescriptibles, de acuerdo a las leyes mexicanas y los convenios internacionales. La ejecución de cinco sentencias que son ya “cosa juzgada” está en suspenso ante el afán de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) de conciliar con los posesionarios afectados.

Los huicholes no entregarán un solo centímetro de sus tierras ancestrales, advirtió el presidente comunal, pero esperan que el gobierno, que propició el problema al no intervenir durante casi cinco décadas, asuma su responsabilidad y entregue otras tierras o indemnización económica a los invasores, con quienes les interesa mantener la paz, hoy más precaria que nunca (MILENIO JALISCO, 24 de junio de 2013).


jueves, 23 de abril de 2015

Comunidad wixárika no cederá tierras a invasores



Las autoridades comunales de Waut+a-Tutsipa le responden a la Sedatu: no hay canje de tierras por dinero, pero se debe indeminizar a ganaderos para preservar la paz social

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

La comunidad indígena wixárika de Wuaut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán), y su anexo Tutsipa ( Tuxpan de Bolaños) le respondieron esta mañana a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu): no se cederá "un sólo centímetro" de las tierras comunales asentadas en Huajimic, hoy bajo control administrativo de Nayarit, y que forman parte de la superficie histórica de los huicholes reconocida por la monarquía española en el siglo XVIII.

"Es de nuestro interés aclarar el dicho del licenciado José María Ambia Siliceo que fue publicado el día 8 de abril del presente año por el periódico MILENIO JALISCO; particularmente nos queremos referir a la última parte de su declaración, en donde da a entender que aunque para nosotros el territorio es sagrado, cuando se habló de dinero, tanto en la comunidad y nuestros asesores hemos estado dispuestos a nceder parte de nuestro territorio por alguna cantidad de dinero [...] de acuerdo a la encomienda de nuestro máximo órgano que es nuestra asamblea general de comuneros, misma que representamos, no cederemos ni un centímetro de nuestra Madre Tierra y jamás hemos dicho, comunicado o insinuado algo distinto a esto", leyó el secretario de bienes comunales, Ubaldo Valdés Castañeda.

Agregó: "hemos sido enfáticos y claros en todas y cada una de las reuniones que hemos celebrado con las autoridades respecto de esta condición [...] a pesar de que a esta fecha han transcurrido ocho meses y más de diez reuniones sostenidas con diversas dependencias de gobiernoinvolucradas en la resolución del conflicto como son la Sedatu, la Secretaría de Gobernación, los gobiernos de los estados de Jalisco y Nayarit y tribunales agrarios, no se ha obtenido ningún avance sustancial que nos permita decir que existe voluntad real de dichas dependencias para resolver nuestra problemática, por lo contrario, percibimos un proceso poco transparente, contradictorio y basado frecuentemente en falsedades y verdades a medias, además de una falta de interlocución clara y de primer nivel".

Acompañado del presidente de bienes comunales, Miguel Vázquez Torres, y de los gobernadores tradicionales de Tutsipa, Juventino Carrillo de la Cruz, y de Wuaut+a, Ramiro González Bañuelos, subrayó que eso genera desconfianza y falta de credibilidad "en la palabra empeñada por el Estado mexicano mediante acuerdos firmados en las primeras reuniones celebradas los días 21 y 22 de agosto de 2014, conforme a los cuales se adquirió el compromiso de atender y dar solución de manera prioritaria  al problema que enfrentamos con los posesionarios de Huajimic".

La exigencia de los comuneros: uno, establecer un canal de comunicación directo, "cierto y de primer nivel para agendar la reunión ya comprometida con el titular de la Sedatu, a fin de acordar con el mismo los mecanismos y compromisos que se establecerán para llegar a la resolución definitiva del problema"; dos, cumplir el acuerdo de transparentar el procedimiento de solución y mantener a la comunidad totalmente informada; tres, "que se tomen las medidas que resulten necesarias para agilizar el proceso que se está implementando para dar solución a la problemática"; cuatro, "se asegure a los pobladores que están resultando vencidos en juicio e inclusive a los que se acojan al beneficio de la negociación sin necesidad de agotar los procedimientos judiciales, [que] se les garantice una compensación justa a cambio de que entreguen la posesión que ilegalmente tienen sobre nuestro territorio, dado que la dimensión social que alcanzó este problema fue generada por las omisiones del Estado mexicano en atenderla por más de 40 años".

Los wixaritari tienen ya cinco juicios para ejecutorio, es decir, como "cosa juzgada", por unas 400 hectáreas, pero otros 20 ya han derivado en sentencias favorables a sus derechos, bajo el principio de que el primero en tiempo es primero en derecho y que la posesión no crea derechos de propiedad en tierras comunales, según las leyes agrarias mexicanas.

miércoles, 22 de abril de 2015

Los perímetros de contención, negociados con “vivienderos”



Creados para poner coto a la dispersión de las ciudades, estos polígonos se han modificado para abarcar desarrollos nuevos fuera de la periferia. El caso de Arvento, en Cajititlán, un ejemplo de la ZMG

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Un ejemplo de la gran capacidad de negociación de los “vivienderos” del área metropolitana de Guadalajara es la modificación que han logrado hacer a los “perímetros de contención urbana” establecidos por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a través de la Comisión Nacional de Vivienda, como instrumento de una política para contener la ciudad dispersa que se generó entre 1992 y 2012.

El caso del conjunto Arvento, de casas Geo, al borde de la laguna de Cajititlán, es demostrativo. En el gráfico contiguo se puede apreciar cómo el polígono fue modificado entre 2014 y 2015. En el primer año, el conjunto habitacional quedaba fuera del perímetro y por ende, no podía recibir subsidio alguno, pero el perímetro más reciente demuestra que la zona fue ya incluida para recibir subsidios como zona U3.

Este megadesarrollo fue cuestionado sin éxito por diversos urbanistas. Jesús García Rojas, consultor, entregó a este diario una presentación en que se le señalaba a las autoridades municipales de Tlajomulco los graves inconvenientes de permitirlo.

“Se trata de un elemento más de la expansión urbana incontrolable, crear otra ciudad dormitorio en zonas agrícolas; el programa de ordenamiento ecológico local de Tlajomulco establece que se trata de una zona no apta para desarrollo urbano en una parte del predio, y condicionado en la otra; a la letra dice: aprovechamiento y conservación,  el aprovechamiento no debe implicar cambios drásticos de usos de suelo, y sin embargo lo cambiaron”, refiere el experto.

Los perímetro “son el resultado de la aplicación de metodologías geoespaciales a partir de fuentes oficiales como INEGI, Sedesol y Conapo. Se clasifican en tres ámbitos o contornos: intraurbano o U1: Son zonas urbanas consolidadas con acceso a empleo, equipamiento y servicios urbanos. Resultan de la variable de Potencial de Empleo, definida como medida de accesibilidad física a los puestos de trabajo para cada localización -unidad geográfica- al interior del área urbana; primer contorno o U2: zonas en proceso de consolidación con infraestructura y servicios urbanos de agua y drenaje mayor a 75 por ciento y segundo contorno o U3: zonas contiguas al área urbana, en un buffer -cinturón periférico al área urbana- definido de acuerdo al tamaño de la ciudad”.

Fuera de ese contorno, no hay derecho a subsidios. Justamente fueron estos la clave de la explosión de las ciudades fomentada sobre todo a partir del gobierno de Vicente Fox Quesada, pues abarataba costos a los vivienderos para ampliar el mercado de compradores. Pero el desastre urbano generado por la dispersión es tal, que ya hay más de 200 mil casas solas.

Por ubicación, se definen montos de subsidio: máximo 33 salarios mínimos en el U1 para vivienda con valor máximo de 200 salarios mínimos (anuales); baja a 32 salarios en la U2 y a 31 en la U3, pero en estos casos, el valor de vivienda baja también a 158 y 128 salarios mínimos, señalan las reglas de operación del programa (ver http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5304701).


martes, 21 de abril de 2015

Desarrolladores de vivienda en la ZMG, un gobierno metropolitano "de facto"



El lobby de las poderosas constructoras de desarrollos habitacionales ha sido efectivo para frenar cambios legales que hacen de las urbanizaciones asuntos de Estado, los últimos 20 años; Leyes y reglamentos paralizados, polígonos de subsidio modificados por su iniciativa

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO 

No es “de jure” (de leyes), pero sí de facto (de hechos). En Guadalajara, el verdadero gobierno metropolitano no se ejerce en los ayuntamientos: las poderosas empresas inmobiliarias y constructoras de vivienda no sólo han diseñado históricamente el paisaje urbano de la metrópoli, sino que aprovecharon las frágiles reformas “federalistas” al 115 constitucional, en 1992, para imponer sus condiciones de negocio a autoridades municipales que no estaban preparadas para recibir tanto poder de decisión.

Una influencia que no han perdido pese a los vientos de corrección de una política desastrosa, que soplan, de forma cada vez más tímida, desde la Administración federal.

Si en la década de los noventa del siglo XX pudieron vetar la publicación del decreto actualizado del Plan de la Zona Conurbada de Guadalajara, que databa de 1982 y obligaba a actualizar instrumentos para garantizar el control, en un tiempo tan reciente como 2010 ejercieron su poder para impedir que se convirtiera en decreto el Plan de Desarrollo Urbano de la Región Metropolitana de Guadalajara, y apenas hace unas semanas, cuando por fin un ayuntamiento –el de Zapopan- determinó hacerse responsable de su desarrollo urbano, el propio alcalde de la localidad, Héctor Robles Peiro, reconocía el pasado 14 de marzo que presiones de la cámara de los desarrolladores de vivienda, Canadevi, habían llevado a postergar la entrada en vigor del Reglamento de Desarrollo Urbano, Construcciones y Ordenamiento Territorial, primera ocasión en dos décadas que un municipio se decidía a ponerles freno.

A nivel federal, el lobby para apaciguar los afanes reformistas no ha sido menos efectivo: la Ley General de las Ciudades y el Territorio, que significa el regreso de la rectoría del Estado en el tema, fue bloqueada en dos ocasiones, en diciembre de 2014 y en marzo pasado. El senador por Sonora, Francisco Búrquez Valenzuela, señaló que el freno a una ley de avanzada, que planteaba sanciones severas a los funcionarios que permitieran el desbordamiento horizontal de las ciudades sin más intereses que el dinero, y la protección de los bienes públicos, fue dictado desde la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y avalado por la fracción priista, que “mayoriteó” para impedir las votaciones (MILENIO JALISCO, 15 de abril de 2015).

La presión incluye capacidad de negociar y modificar instrumentos claros como los polígonos de subsidios que determinó la Sedatu para evitar que las ciudades se salgan aún más de control, y ante la crisis de las empresas más grandes del sector, la obtención de esos subsidios se convierte en cuestión esencial para su viabilidad, coinciden expertos consultados por este diario.

Como es de dominio público, el caso Tlajomulco ha sido el más emblemático. Una investigación del académico de la UNAM Francisco Valladares García, revela que de 1973 a 1991, fueron aprobados 18 proyectos de fraccionamientos, menos de uno por año. “Pero de 1998 a 2006 se aprobaron 293 urbanizaciones, cuya superficie total equivale aproximadamente a 4,521 hectáreas, es decir, 7 por ciento del territorio municipal, dando cobijo a un fenómeno inmobiliario salvaje que ha cambiado totalmente su anterior condición agrícola y rural”.

La mayoría de las aprobaciones, agrega el investigador de la UdeG, Román Munguía Huato, “fueron al vapor o vía fast track, plagadas de irregularidades y truculencias”. En esa época, el gobierno estatal ha puesto poca o nula atención en los procesos de urbanización de sus municipios, especialmente en los ocho conurbados. “La indiferencia del gobierno estatal ha venido provocando y agravando un continuo y creciente caos urbanístico metropolitano y social que llevó al abandono e indiferencia de la política pública estatal de planear el desarrollo regional y urbano a favor de un enfoque de beneficio social”, añade Valladares.

Resume: “Las empresas inmobiliarias líderes, por sus cifras de edificación de vivienda en México, que arribaron a Jalisco (…) tomando lugares privilegiados por sus volúmenes de producción, son: Administradora PICSA, mejor conocida como Homex; Constructora ABC; CADU Inmobiliaria; Dynamica Desarrollos Sustentables; Kimmo; Grupo Coplan; Consorcio Hogar, además de otros como Urbi, Grupo GEO, Ara”.

Munguía Huato remata: “la expansión periférica de Guadalajara se ha realizado de manera caótica, por la agregación de fragmentos construidos desarticulados entre sí y con el resto de la estructura metropolitana. La incompetencia y corrupción de autoridades municipales, la negligencia del gobierno estatal, la indiferencia de los organismos financieros e instituciones federales de vivienda han permitido y legitimado la construcción de gran cantidad de conjuntos habitacionales con problemas de accesibilidad, riesgos urbanos, deficiente infraestructura, carencia de equipamientos y servicios públicos que se traducen en malestar social, pérdidas económicas y desequilibrios ecológicos”.

Al menos en teoría, el gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz prevé retomar el control del territorio, pero sin modificaciones al artículo 115 constitucional, se corre el peligro de que eso quede en buenas intenciones.

“Los ayuntamientos no estaban ni están preparados para asumir la responsabilidad de la planeación, ordenamiento territorial, desarrollo urbano, usos del suelo (…) malas administraciones, mala gestión, aparece nuevamente la inefable corrupción, cinismo, impunidad, Tribunal Administrativo del Estado que otorga más cambios de usos del suelo que los municipios, presidentes chapulines que duran solo dos años”, destaca el consultor Jesús García Rojas.

Esto se agrava con el “cortoplacismo, falta planeación democrática participativa, simulación de consulta ciudadana, exceso de leyes reglamentos y normas, muchas secretarias, institutos, consejos consultivos, organismos técnicos”, añade lapidario.

Como colofón, “en la metrópoli de Guadalajara existen leyes y reglamentos estatales, normas y planes municipales que debieran regular la construcción de urbanizaciones habitacionales y que sin embargo, no han evitado los problemas descritos. Por ello, a menos que no se prevean y apliquen sanciones económicas y penales a las inmobiliarias y funcionarios negligentes, de poco o nada servirán los nuevos lineamientos federales”, concluye Munguía Huato.


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LA CIUDAD DEL RIESGO

El crecimiento desordenado del área metropolitana de Guadalajara se ha dado fundamentalmente sobre zonas de riesgo. De acuerdo al diagnóstico del Plan de Desarrollo Urbano de la Región Metropolitana de Guadalajara, esa expansión desmedida hace que los nuevos habitantes de la ciudad vivan en 37.46 por ciento de la superficie, en “riesgo medio”; 41.03 por ciento en riesgo alto, y 21.51 por ciento en riesgo muy alto, lo que demuestra que los criterios de interés público no han sido los rectores de los desarrollos, sino la ganancia de corto plazo y el acceso a subsidios del Estado por parte de los “vivienderos” (ver gráfico anexo).


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CLAVES

Estos son algunos de los grandes desarrollos de vivienda construidos en la zona metropolitana de Guadalajara por los grupos empresariales más importantes, de acuerdo a trabajos de los investigadores Román Munguía Huato, Adriana Fausto Brito y Francisco Valladares García

Proyectos Inmobiliarios de Culiacán (Homex), Haciendas de Santa Fe, XIV etapas, Bonanza Residencial, Banús Residencial, Chulavista (XVII etapas), Cumbres (VIII etapas). 34,782 lotes

Urbanizadora GIG. Valle de las Flores, San José del Valle (tres secciones), Viveros del Real, Casa Fuerte, Puerta del Sol, Cañada de Santa Anita, Nueva Galicia. 14,696 lotes

Dynámica Desarrollos Sustentables. Lomas de San Agustín (seis etapas), Lomas del Sur, Valle Dorado. 11,667 lotes

SIMACO SA. Campo Sur, Residencial Providencia. 4,739 lotes

Cadu Inmobiliaria. Villas de la Hacienda (tres secciones), Altus Bosques. 4,733 lotes

Consorcio Hogar. Jardines de San Sebastián, Paseo de las Aves, Rancho Alegre I y II, Villas dela Tijera. 3,789 lotes

Consorcio Terrenos. Arcos de la Cruz, Bosques de Santa Anita, Campo Nogal, Rancho San José del Tajo, San Martín del Tajo, Lago Nogal. 2,562 lotes

GEO Jalisco y GEO Reynosa. Geovillas Arb I y II. 2,505 lotes

Domus Desarrolladora Inmobiliaria. Vistas del Valle (cuatro etapas), Villas de la Alameda. 2,466 lotes

Urbi. Urbi Villas Tonalá. 30 mil lotes

“En el municipio de El Salto, fueron modificados de manera discrecional los planes para permitir la construcción de viviendas cercanas al corredor industrial existente, ignorando recomendaciones sobre prevención de riesgos y sin tener garantizado el abastecimiento de agua para las nuevas viviendas”

“En Ixtlahuacán de los Membrillos, a partir del 2005 se ha autorizado la construcción de al menos siete desarrollos que implican la edificación de más de 20,0000 viviendas”

“Del 2000 al 2006 en el municipio de Tlajomulco fueron autorizados 160 nuevos desarrollos habitacionales -la mayoría de alta densidad, denominada H4-, lo que significó más de 120,000 nuevas viviendas, si se considera que no todos los lotes eran unifamiliares (ver tabla). Esto significó la urbanización de al menos 4,000 hectáreas que formaban parte de una importante cuenca hidrológica, alterando la recuperación de mantos freáticos, sin prever sistemas eficientes de drenaje ni de transporte público, vías suficientes de acceso, escuelas u otros equipamientos indispensables. Algunos de esos fraccionamientos se inundan en tiempos de lluvia y la población debe ser evacuada por los riesgos potenciales”



lunes, 20 de abril de 2015

Jalisco, 3 lugar nacional en incendios



El clima ha favorecido fuertemente a la menor incidencia de este tipo de eventos, pero vienen las semanas más difíciles.Fuerte reducción en comparación con 2014

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

El estado de Jalisco ocupa el tercer sitio entre las entidades federativas con mayor número de incendios forestales en                 México. El cierre de la semana pasada lo ubica con 82 eventos y 1,595 hectáreas siniestradas, sólo por detrás de Oaxaca y Guerrero.

No obstante, la diferencia con 2014 a las mismas fechas es sustancial. Con corte al 20 de abril, el estado había tenido ya 141 siniestros y 2,697 ha, esto es, 59 eventos más 1,102 ha más de superficie. La explicación, más allá del discurso gubernamental de un presunto reforzamiento de estructuras y consolidación de la capacitación y el equipo de los combatientes, es atribuible a las lluvias recurrentes del pasado invierno, que han ocasionado que esta primavera sea incluso menos calurosa que en los años previos.

“Tienen la gran fortuna de que las lluvias los han favorecido por dos años, pero no veo brigadas mejor equipadas ni mejor pagadas”, advierte un consultor de bosques que pide no ser identificado.

Por regiones, las zonas que han presentado más problemas se ubican hacia la costa y el sur. Jalisco es el comienzo de una larga franja de incendios que va hasta Chiapas por toda la vertiente del Pacífico, y pasa a la península de Yucatán.

“En lo que va del año, se han registrado 1,824 incendios forestales en 30 entidades federativas, afectando una superficie de 20,106.95 hectáreas. De esta superficie, 96.08 por ciento correspondió a vegetación en los estratos herbáceo y arbustivo y 3.92 por ciento a arbóreo”, refiere el informe del Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales.

“Las entidades con mayor número de incendios fueron Distrito Federal, México, Tlaxcala, Oaxaca, Puebla, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Guerrero y Morelos, que representan 85.91 por ciento del total nacional […] las entidades con mayor superficie afectada fueron Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Puebla, Chiapas, Chihuahua, México, Guanajuato, Distrito Federal  y Aguascalientes, que representan 80.95 por ciento del total nacional”.


sábado, 18 de abril de 2015

Corales, lucha contrarreloj por una salvación apremiante



El estilo de vida de las sociedades humanas, causa primera de su deterioro. La investigación científica busca respuestas, pero la sociedad no ha dado “un respiro” que permita a las barreras coralinas una adaptación, lo que genera una sinergia destructiva


Agustín del Castillo/ Quintana Roo. MILENIO JALISCO. 


Antes del turismo, fue la extracción de la resina del árbol llamado chico zapote (Manilkara zapota), el chicle, el motor económico de un territorio donde el ser humano era minoría.


Alejandro Montoya, presidente del ejido de Puerto Morelos, antigua aldea nutrida con migrantes chicleros de raíces veracruzanas, recuerda que esta tierra hostil y tórrida, con pasado de rebeliones mayas, fondeaderos de piratas, tráfico de maderas, de tintes y de armas, fue colonizada con el sudor de miles de mexicanos expulsados de sus regiones por la pobreza. Llegaron en busca de un futuro. Hoy viven la amenaza de ser de nuevo desplazados.


“El ejido se creó en 1936, eran 24,800 hectáreas de dotación firmadas por el presidente Lázaro Cárdenas, con 56 ejidatarios; esta zona ni siquiera era estado; los chicleros llegaron en 1912, y mucha gente se quedó aquí, les tocaban como 400 ha para trabajar el chicle, se fueron incrementando los ejidatarios, y ahorita llegamos ya a 164 […] hay mucha zona de bosque, pero no puede sembrarse nada porque es muy pedregoso, así que se conserva más bien para el turismo, porque lo de los servicios ambientales, sólo nos ha dado promesas el gobierno de que habrá algún pago…”.


El estado de Quintana Roo contaba con poco más de 30 mil habitantes en 1970, y llegó a un millón 130 mil en 2010. De unas cinco mil viviendas concentradas sobre todo hacia el sur, en la capital Chetumal, hoy hay más de 250 mil viviendas, 70 por ciento en el norte;  ahora, los viejos colonizadores de un modelo económico rural son desplazados por los inversionistas de la industria sin chimeneas, que crearon el primer “centro integralmente planeado” de la historia mexicana en Cancún, con una enorme inversión federal.  Lo mismo que la antigua forma de vida humana, precaria y aislada, los ecosistemas tropicales han sido fuertemente alterados por este modelo de desarrollo que demostró con los años que lo “integral” sólo era un nombre: Las selvas se degradaron, se fragmentaron  y deforestaron; la  gran mancha de manglares se redujo en más de 20 por ciento. Y abajo, en el fondo marino, los corales también fueron retrocediendo, hasta desaparecer de algunos sitios, como Cancún e Isla Mujeres, donde esfuerzos de recuperación inducida son aún precarios.



Jaime González, director del parque nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc, destaca el “estira y afloja” constante con los empresarios de la región, quienes pese a invertir millones de dólares en su infraestructura, y cobrar mucho más en los servicios turísticos que prestan, no terminan de entender que cuidar corales es cuidar servicios ambientales esenciales para mantener su inversión, además de mantener un poderoso atractivo para el turista que arriba al área.

El parque recibe hasta 1.2 millones de turistas al año. Toda la llamada Riviera Maya acoge por arriba de tres millones; pero solamente en el primer caso, se ha estimado que la economía que detona va de 35 a 40 millones de dólares.


La crítica amenaza de desaparición que enfrentan los corales tanto por factores locales (sobre todo, contaminación por azolves y contaminación orgánica) como por el fenómeno de cambio climático, ha llevado a los científicos a buscar en la biotecnología lo que quizás la mitigación y adaptación no puedan lograr.


Una, que ya es ensayada en ese parque nacional, pero tiene fuertes cuestionamientos, es la “clonación” de corales. Claudia Padilla Souza, del Centro Regional de Investigación Pesquera de Puerto Morelos, dependiente del Instituto Nacional de Pesca (Inapesca), exhibe los logros alcanzados con animales perdidos en un reciente encallamiento en la zona: se recuperaron partes y se generaron individuos idénticos que han prosperado para repoblar amplios manchones perdidos de los arrecifes frente a Cancún.




El problema es que esto es una respuesta insuficiente, señala Anastazia Banaszak, directora de la unidad académica de sistemas arrecifales de la UNAM. “Falta investigar más, falta dinero para hacer los estudios adecuados; por eso me preocupa el uso de la clonación como parte de la restauración activa, lo tenemos que balancear con el uso de reclutas sexuales para asegurar la diversidad genética, en particular, con las especies de coral amenazadas, porque de la diversidad genética depende la variedad de respuestas de adaptación, y eso no te lo da un clon. Nosotros apostamos por ese camino que es más complejo pero fundamental”, sostiene.


En el proyecto de reclutas, los resultados serán graduales. “Estamos en el momento en que vamos a sembrar estos reclutas sexuales en dos arrecifes diferentes, que fueron afectados por encallamientos, y yo espero que en cinco años hayamos producido ya una técnica de bajo costo, con una producción masiva de estos reclutas sexuales”.


La investigación es muy costosa y no se tiene una correspondencia con los recursos económicos que la sociedad aporta a través de sus instituciones, dado que son proyectos de alta tecnología y de largo plazo. Advierte además que no se puede caer en la ilusión de que la tecnología resolverá un problema creado por un modelo de crecimiento que si no es reformado y ajustado a las capacidades de carga de los ecosistemas, mantendrá la degradación ambiental, que entre otras cosas, mata corales en todo el planeta.


“Ahorita sólo trabajamos con tres especie; una es la Acropora palmata, que está protegida en la norma oficial mexicana 059; también trabajamos la Orbicella faveolata, que también es constructora de arrecifes, y la Diploria labyrinthiformis, que es una especie de coral cerebro, trabajamos con estas especies, y no trabajamos por ejemplo con la Acropora cervicornis, porque ahí necesitaríamos de un mayor esfuerzo”, reconoce la investigadora. De hecho, la variedad de especies del Caribe se acerca a 60. Es un esfuerzo en pañales.


Pero los empresarios y los gobiernos ni siquiera aportar para el pago de servicios ambientales, destaca. “Es una incongruencia; la razón por la que ponen sus hoteles ahí es por playa, con la arena blanca que crea el arrecife, y no digamos que esas playas permanecen porque los arrecifes reciben el primer impacto de huracanes y condicionan los procesos erosivos […] ahí estamos fallando como científicos, en la necesidad de tener un proyecto de comunicación con la gente, para atraerla y convencerla de la enorme importancia de este trabajo”.


No piensa de otro modo Juan Pablo Carricart Ganivet, presidente de la Sociedad Mexicana de Arrecifes e investigador del mismo instituto.


“Yo me dedico a ver le crecimiento de los corales; establecí un modelo para una de las especies, un modelo de crecimiento, y vimos en Veracruz que el comportamiento ante el cambio climático llevaba a que la tasa de crecimiento bajara en 20 por ciento, pero en realidad el descenso fue de 35 por ciento, y cuál es la explicación, este efecto sinérgico, por la mala calidad del agua y no sólo la temperatura o acidez […]deberíamos de cambiar todo nuestro estilo de vida para darle un respiro al coral. Hay mucha planta de tratamiento de aguas negras en Quintana Roo, pero la mayoría son de tratamiento primario, que solo le quitan llantas y bicicletas al agua, y ya luego la desechan o la inyectan, no hay un tratamiento como debería de ser, y además debería de estar bien vigilado; si resolviéramos los problemas inherentes al mal manejo de las costas, estoy seguro que los corales tendrían un respiro para enfrentar el otro desafío, que es el calentamiento global, pero los atacamos por todos lados…”.


Los ejidatarios, que no han cumplido un siglo de presencia en este rincón mexicano, creen que el futuro de la zona lo tienen los emporios turísticos y no ellos.

“No tenemos tierra para el cultivo, es una selva que tampoco te permite la forestería; la opción es el ecoturismo con tirolesas, la observación de pájaros, cabañas, pero todo esto implica hacer solicitudes de cambio de uso de suelo y manifestaciones de impacto ambiental muy caras, cualquier despacho te cobra de 80 mil a 100 mil pesos, y todo va encareciendo el proyecto, y luego hay que atraer turistas, hay que acordar con mayoristas”, señala el presidente ejidal.


Otras opciones son complicadas: unidades de manejo ambiental para cacería, conservación de espacios patrimoniales de los antiguos mayas –miles de yacimientos yacen enterrados- “…sí tenemos tierra apta, pero el dueño ya no puede trabajarla porque está grande, y se esperan para comprársela, el que la compra luego luego va a querer fraccionar”, señala con gesto de fatalidad.

Pronto arribarán al núcleo ejidal los compradores. “Van a llegar, y va a pasar lo mismo que en Cancún, que en Playa del Carmen, que en Tulum, eso es inevitable”. Es el triunfo de esa entelequia llamada “progreso”. Igual que los campesinos, en la parte baja de la cuenca marina, a donde llegan todos los desechos de ese dios de teología abstracta pero de manifestaciones concretas, los corales parecen también tener  su tiempo contado.






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12 ENTREGAS


MILENIO JALISCO ha entregado doce estampas de una crisis mundial apremiante, que tiene en México uno de sus escenarios principales: la desaparición de los corales. La situación de dos rincones privilegiados del país, Cabo Pulmo al norte en el mar de Cortés, llamado por Jacques Costeau “El acuario del mundo”, y de Puerto Morelos, un remanso sureño que resiste el avance desarrollista de la Riviera Maya, permiten relatar mejor los aspectos más urgentes de este cambio que podrían condenar a una comunidad biológica que alberga la más alta riqueza en especies del planeta, además de servicios al hombre que nunca fueron más urgentes de preservar. Agradecemos especialmente al investigador de la UdeG (Centro Universitario de la Costa), Pedro Medina Rosas, por su generosa invitación a sumar a este diario a un proyecto de difusión que se aferra a la esperanza de que despertar conciencias sea todavía la respuesta más importante.



viernes, 17 de abril de 2015

Caribe, la huella de los huracanes desarrollistas



El mal manejo de la línea de costa alteró el Arrecife Mesoamericano. El monitoreo científico de la barrera de más de mil kilómetros de arrecifes destacan al mayor enemigo de los corales: el notable incremento de nutrientes por contaminación

Agustín del Castillo / Quintana Roo. MILENIO JALISCO. 

En el imaginario veleidoso del turismo universal, una industria fincada sobre la posibilidad de fabricar arrobos pasajeros y a bajo costo para el mayor número de personas, es difícil encontrar una región mejor posicionada que las playas del Caribe: el verdadero paraíso perdido es un vasto jardín de selvas caducifolias, ruinas misteriosas, playas de arenas blancas, animales inocentes y mares turquesa, all inclusive, donde evas y adanes modernos buscan su mística individual en la dulce enajenación de los sentidos, libres de la aspereza y la precariedad de lo silvestre que vivieron los primeros moradores de este litoral.

Es justamente ese modelo de conquista confortable, que maximiza la ficción de alteridad y minimiza los riesgos, uno de los motores de cambio ambiental más poderosos que se han desatado en menos de medio siglo sobre la zona que comparten México, Belice, Guatemala y Honduras.

Frente a estas costas, muy pocos kilómetros mar adentro, se extiende el Arrecife Mesoamericano, una larga cadena submarina de construcción biológica milenaria y de traza discontinua dominada por diversas especies de corales; esa compleja comunidad biológica ha debido responder al desafío de millones de toneladas de desechos transportados desde una línea de costa con comunidades humanas en franca expansión, sea por la edificación de hoteles e inmuebles y el movimiento de millones de turistas asociado; sea por la creciente actividad de pesca artesanal y comercial; sea por la explosión de emporios agrícolas, como sucede en las selvas de Honduras con la palmera de coco de aceite, un agresivo monocultivo que ya ha asolado las selvas de Indonesia, al sur de Asia, con resultados desastrosos para los ecosistemas naturales.

Decenas de organizaciones científicas y ambientales de los países involucrados han establecido un monitoreo permanente dentro de la iniciativa Arrecifes Saludables; uno de los investigadores involucrados es Lorenzo Álvarez Filip, de la UNAM, quien ofrece algunos detalles que demuestran el estado de alerta creciente como efecto del huracán desarrollista que asuela un área cuya historia ha sido dominada por la pobreza y la marginación.



“Lo que busca esta iniciativa es reunir información para generar mapas e indicadores sobre la salud de los arrecifes con base en cuatro componentes muy importantes y simples de entender para la gente; la cobertura de corales como principal componente de un arrecife y creadores del arrecife; la cobertura de macroalgas -si el coral muere las macroalgas empiezan a ocupar ese espacio, lo cual evita que el coral se recupere-; la biomasa, o sea la abundancia de peces y organismos vivos, y los peces herbívoros, que son los que se comen a las algas (…) en base a esto se genera un índice de salud, y eso lo ponemos en mapas con distintos colores (…) los datos no han cambiado mucho: la mayoría de los sitios, en 50, 60 o 70 por ciento, están en un estado delicado de salud, y un estado delicado de salud es tener muchas algas, pocos corales y pocos peces”.

-¿y qué nos puede decir de las causas de este proceso?

-Es que hablamos de un área muy grande donde los problemas no son los mismos; tenemos problemas de calentamiento, que es un problema a nivel global, que afecta y mata a corales en varias regiones del mundo, pero también tenemos problemas crónicos a nivel local, en el norte de Quintana Roo uno de los principales factores es el agua, toda el agua que usamos se va de una manera directa a los arrecifes, con apenas un tratamiento primario, que remueve algunas cosas, pero no los nutrientes; no debemos olvidar que los arrecifes están acostumbrados a zonas de pocos nutrientes, aguas muy claras, pero si se meten muchos nutrientes, eso es darle un alimento a las algas y a otros organismos que compiten por su espacio, y a su vez eso puede generar enfermedades (…) ya si hablamos de lo que sucede más al sur, y de países como Belice y Guatemala, ahí es la agricultura, nutrientes en forma de fertilizante y arrastres que llegan desde las montañas, que se va a lavar al mar; en Belice hay problemas fuertes con las pesquerías, así que los problemas no son los mismos, aunque los efectos sí son generalizados.

- ¿Por qué los mapas indican que Honduras está mejor que México?

- Bueno, este ejercicio busca representar niveles regionales, yo no me atrevería a afirmar eso; si queremos conocer las condiciones tenemos que hacer estudios focalizados (…) hay una isla en honduras, isla Roatán, donde hay evidencia de los mejores arrecifes de coral que tenemos, pero al ser una isla, está más alejada de la mayoría de los impactos del desarrollo humano, como son la urbanización y la agricultura; pero hay ahí también condiciones extrañas, algunos arrecifes que están en buen estado están en aguas que ya no son transparentes, son aguas turbias, lo cual nos dice que este tipo de arrecifes ya estaban acostumbrados a ese tipo de condiciones, que aunque vayan cambiando, ahí siguen (…) uno de los problemas que ya se empiezan a dar es el arribo de desarrollos turísticos, y esto genera una creciente preocupación de dar con un modelo que concilie ese éxito económico con la conservación de los arrecifes.

- ¿Cómo separar las causas locales de las generales, como el calentamiento climático

- El modelo no está diseñado para responderlo de ese modo, pero hay muchas muestras de que el cambio climático es negativo sobre los corales; uno de esos es la temperatura, los corales están acostumbrados a los cambios pequeños, pero si se va por arriba del promedio, habrá problemas fisiológicos que hará que se rompa la relación de equilibrio entre algas y corales; los corales van a estar como enfermos, sin energía para crecer y reproducirse, y si estas aguas calientes permanecen mucho tiempo, mueren, y eso está muy bien descrito en la literatura científica.

- ¿La protección de los arrecifes llegó tarde?

- Más bien creo que no tenemos una protección integral, la principal amenaza es el desarrollo costero; podremos proteger con mil guardaparques un área natural protegida, pero si no tenemos plantas de tratamiento, si se sigue destruyendo el mangle, el problema no terminará.

El huracán desarrollista se bate de forma menos violenta pero más destructiva que los meteoros que han puesto a prueba por miles de años a la cadena coralina más grande de las Américas. Y a diferencia de su resurrección tras Wilma o Gilberto, los extraños animales constructores de arrecifes no han encontrado aún una adaptación exitosa para hacer frente a un demonio más silencioso y letal.



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Las economías locales y el sustento de casi dos millones de personas dependen de la salud del Arrecife Mesoamericano, señala el informe de la salud ecológica de estos complejos biomas submarinos que han dado a las playas caribeñas su fisonomía singular. El último informe publicado contiene datos de 2012, y se espera que este siguiente mes de mayo se emita un nuevo reporte

De 193 sitios monitoreados en toda la región, apenas 2% se encuentran en muy buen estado de conservación, 9% en buen estado; 25% en estado regular; 40% en mal estado y 24 % en “estado crítico”

Por país, los datos son los siguientes: México con 63 sitios, 5% están en buen estado, 25% en estado regular, 40% en mal estado y 30% en estado crítico. Ninguno de los 63 puntos monitoreados están “muy bien”. El principal enemigo del coral en este país es el desarrollo costero desordenado, sobre todo por el turismo

Belice, con 68 sitios, presenta 5% en buen estado, 22% en estado regular, 44% en mal estado y 29% en situación crítica

Guatemala sólo ofrece cuatro sitios en monitoreo, los porcentajes son: 25% regular y 75% mal

Honduras tiene 58 corales bajo monitoreo, con 2% muy saludables, 19% bien, 31% regular, 34% mal y 14% en estado crítico

Otros aportes del estudio en el que participan unas 40 organizaciones públicas y privadas, gubernamentales y de la sociedad civil, tienen que ver con el índice de acidificación de este mar: los mapas comparativos entre 1989 y 2012 revelan una drástica acidificación debido al depósito de bióxido de carbono, lo que explica la degradación de los corales

Otro mapa altamente ilustrativo es la urbanización de la línea de costa que va de Holbox a Honduras entre 1992 y 2010.Las zonas más transformadas son Cancún, Riviera Maya y Cozumel, en México; así como la bahía de Honduras

Más información de este e informes anteriores, en www.healthyreefs.org



jueves, 16 de abril de 2015

Puerto Morelos, disputa por las últimas playas silvestres



Los hoteleros invaden poco a poco este espacio preservado de las inversiones de la Riviera Maya, con una estela de basura, contaminación y caos de usos de suelo

Agustín del Castillo / Quintana Roo. MILENIO JALISCO. 

La maquinaria invade la brecha abierta entre el bosque de mangle, paralela a la línea de costa. Un surtidor mana y da vida a un estanque oculto por la maraña de vegetación silvestre sitiada por la irrupción de automotores, ruido, diesel mal quemado, trabajadores con overoles de mezclilla y cascos naranjas, enmallados de propiedad privada –“es mío”: la marca de los conquistadores- y losas de concreto; un coctel con el que se edifica el nuevo condominio de cinco pisos, uno más, sobre este litoral antaño apacible.

La mañana está nublada y el Caribe se agita bajo cielos grises; choca primero con la barrera coralina, para arribar apaciguado al playón de arenas blancas y de restos de sargazos empujados por la marea.

Puerto Morelos está en disputa. Los desarrolladores turísticos de Cancún y Playa del Carmen quieren cerrar una colonización intensiva desplegada desde los años setenta del siglo XX, y no pueden dejar escapar el último filete fresco que le resta al área norte de Quintana Roo: una tajada de casi 16 kilómetros de frente de playa en medio de un corredor urbanizado de casi  120 km, en una de las zonas inmobiliarias más cotizadas del país.



“Estamos teniendo en estos momentos una gran presión; Puerto Morelos no había sido volteado a ver como paso en su momento con Cancún y con Playa del Carmen, porque no es para un turismo de sol y playa, por la condición de área arrecifal que tenemos, con mucho pasto marino, que no hace que las playas aquí estén  libres de sargazo, o que la gente entre a nadar al mar porque hay animalitos y eso no les gusta; cuando se recarga el sargazo, eso se ve como basura, sin embargo los desarrolladores de la Riviera Maya, como ya no hay más sitios por abrir, están volteando a ver aquí, y ya hay autorizaciones para al menos diez mil cuartos en el programa de desarrollo del municipio [-…] el problema es que no es nomás los cuartos, hay un largo impacto ambiental en cosas como basura, como aguas negras; una investigadora de la UNAM ha identificado una gran carga de materia orgánica en el agua, en la zona donde están los pastos marinos, los cuales de alguna manera reaccionan a estas cargas orgánicas, y esto es por la falta de un tratamiento adecuado”, reseña la directora del parque nacional, Martha Abundes, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Frente al enorme peso de esos intereses económicos, el investigador de la UNAM, Érik Jordán, apunta: “nosotros hemos sido muy ineficientes para lograr darle a los gobernantes datos del valor intrínseco de los ecosistemas, porque parece que no tenemos efecto; por ejemplo, el año pasado, con las lluvias e inundaciones estaban todas las carreteras rotas por los malos manejos de cuenca; nosotros ya tenemos rato en que queremos proteger los manglares, y los hoteleros, cuando vieron el desastre, les nació el interés y hasta pusieron dinero para avanzar en esa protección […] la cosa es que los hoteleros se controlen entre ellos, los restauranteros igual, los transportistas igual; el problema es que haya alguien que ponga  a sembrar esta semilla de lo que vale todo esto, y que esta semilla permee en los diferentes niveles de gobierno, e influya en la toma de decisiones”.

“Pero no es tan sencillo –se objeta a sí mismo-, porque el sistema económico que opera aquí es de pago reversible inmediato, que se sintetiza en esta fórmula:  yo hago una inversión, y si no se paga en cuatro o cinco años, ya no me interesa…”.



- El clásico cortoplacismo mexicano…

- El problema es que después de esos cuatro o cinco años los empresarios ya vendieron, lo rentaron o se fueron, y dejan un problema muy serio para el gobierno municipal, porque así cambian la razón social de las cosas cada tres días […] la economía de las zonas turísticas está acostumbrada al beneficio inmediato, y cuando tú les hablas de beneficios ambientales que son a mediano y largo plazo, no entienden […] entre que el mar es un basurero y que el medio ambiente le vale sombrilla…

Los pobladores de la centenaria aldea que alguna vez fue el rincón más remoto del país, también asisten perplejos al espectáculo de los intereses. Miguel Ángel Zetina Cuevas lo subraya:

“Cada vez es más difícil este asunto de la conservación, porque se le buscan vericuetos a la ley para violarla legalmente; los estudios de impacto ambiental se hacen a la medida del que los solicita, no para los intereses ambientales; por ejemplo, aquí se tumbaron 20 hectáreas de mangle, con traxcavos que sacaron sin autorización por un particular que tenía  la posesión del terreno; desmontaron, extrajeron, nos quejamos, demandamos; hubo grupos ambientalistas y activistas que se tiraron en el camino para que ya no pasaran las máquinas, pero de repente todo mundo se quedó callado; de repente ves que algunos ambientalistas cambiaron de casa o que tienen carro nuevo, y que ya no hay declaraciones, así que la corrupción llega a todas partes… yo no creo que podamos terminar con esto”.

La impunidad es la bisagra para toda clase de proyectos. “Está el caso del delfinario, ahí quisieron dar una especie de golpe de estado, ya estaba autorizado y se paró, pero según sé y sin ver ningún documento, esa autorización está vigente; quién la dio, no lo sé, ni cómo le hizo”.

Fernando Gómez Cusi, prestador de servicios y comerciante, admite que los grandes tiburones económicos ya sentaron sus reales en Puerto Morelos. “La única ventaja es que la franja costera es muy pequeña, no tiene mucho terreno, y aparte, que el manglar por decreto presidencial está protegido”, pero eso tampoco es garantía.

En el ejido de la localidad los efectos nocivos del desarrollismo se viven en el día a día. La basura es un dolor de cabeza. Los caminos de la selva colindante están invadidos por tiraderos clandestinos donde se encuentran desechos de hoteles, de comercios, de construcción, de espacios habitacionales.  “No podemos vigilar todos los caminos; nos preocupa que estos residuos se van al subsuelo y contaminan el acuífero, y aquí sabemos que la contaminación se va a todos lados, se infiltra en los cenotes, pasa a los manglares y llega hasta el mar”, indica el presidente del consejo de vigilancia de la comunidad agraria, Melesio Huitzil Canché.

El tesorero, Gerardo Kauffman, señala que amparados en la Constitución mexicana, detuvieron en flagrancia a un contaminador, “pero la jueza calificadora no pudo sancionar, y lo pasamos detenido al agente del Ministerio Público, y se designó a un perito para que investigara, pero ya no nos informaron […] ponemos denuncias y no nos hacen caso, le pedimos a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente [Profepa] y no nos hace caso: a la dirección de Ecología municipal y no nos hace caso; vienen inspectores y como que amedrentan, pero no hay detenidos, no hay multas, se esconden por un rato, y ya que se van, salen de nuevo…”.

Más grave aún es la falta de saneamiento de las aguas residuales. Formalmente, los hoteleros deberían tratarlas, pero los investigadores del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM han demostrado que no cumplen, subraya el ejidatario.

“Hay eutrofización de los arrecifes y hay un crecimiento de algas por abundancia de nutrientes; eso todo mundo lo sabe, y qué se ha hecho, fastidiar las calles para meter un drenaje, cuando no hay planta de tratamiento; yo no sé cuándo van a echar a funcionar esa planta de tratamiento, ni siquiera si va a funcionar; la autoridad hace las tomas de drenaje, la gente no se conecta […] las aguas negras van a seguir ensuciando, porque aquí todo es mangle y arena, y todo se está permeando, y de ahí al arrecife…”.

Los hoteles no aportan la información necesaria, aunque algunos incluso inyectan aguas tratadas al subsuelo, mientras otros sólo arrojan sus desechos a la red de canales del manglar.

En el tema de los invasores, hay también otras  especies exóticas en estas aguas casi siempre apacibles, que siembran terror entre los peces nativos. Una hipótesis señala que el pez León, agresivo y vistoso depredador originario de la cuenca del océano Pacífico, fue literalmente vertido de un acuario de Florida hacia el mar, en 1992, al paso del huracán Andrew, y comenzó su lenta e implacable colonización que hoy pone en alerta a los gobiernos de la zona. Sin embargo, ni de lejos es la mayor de las amenazas para los ecosistemas locales, advierte el investigador Lorenzo Álvarez Filip.



“La del pez León que es una amenaza en todo el Caribe, pero para mí no es la amenaza principal en ninguno de los países, si comparas con el daño que genera el desarrollos costero de Cancún […] llama la atención que el gobierno, las organizaciones ecologistas y la sociedad se hayan metido de lleno a estudiarlo, creo que porque es muy fácil verlo y matarlo, incluso lo hacen como un juego para el fin de semana.

- Es decir, ¿es más fácil ir a matar peces León y decir que se hace algo por el ambiente, que pelear para que los desarrollos turísticos cumplan?

- Así es,  el pez es un problema, pero no se están concentrando en lo que es el gran problema,  poner plantas de tratamiento sería fundamental.

Moraleja neoliberal: el lobby del pez León es débil frente al lobby empresarial turístico. En la plaza de Puerto Morelos, hay una pintura vistosa del gran villano nacido en los acuarios: de colores deslumbrantes, espinas venenosas, altamente competitivo, exterminador de poblaciones nativas. Un verdadero conquistador. Casi tan exitoso como el hombre, que dirige la campaña en su contra para salvar al enfermo Caribe de selvas y playas arrasadas, de aguas contaminadas, de corales moribundos.


miércoles, 15 de abril de 2015

"Intereses” frenaron la Ley de Ciudades y Territorio



Lamenta senador falta de decisión de la Sedatu frente a lobby de constructores de vivienda. La legislación está terminada y corrige errores de tres décadas, pero fue “congelada” por cambio de postura de la Sedatu e indecisión de fracción del PRI, pese a su enorme importancia

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

La creación de la nueva Ley General de Las Ciudades y el Territorio, que significaría terminar con 22 años de permisividad y caos en el desarrollo urbano en el país, se ha visto interrumpida por el exitoso lobby de los grandes constructores de vivienda y de políticos relacionados con el sector, ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Ubrnao (Sedatu), lo que propició que los senadores priistas no propiciaran su aprobación.

De este modo, será hasta el periodo de sesiones que abre en septiembre cuando se volverá a plantear para su discusión, pese a un trabajo de más de 18 meses y a la condensación de más de una decena de iniciativas que datan, las primeras, del año 2011, dijo el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano de la cámara alta, Francisco Búrquez Valenzuela.

“Es una catástrofe muy seria la que estamos viviendo en la calidad de vida en las ciudades,  esta ley estuvo contemplada [para aprobarse] desde finales del año pasado, estaba consensuada con la Sedatu, y de último momento hubo un cambio de percepción; se ha tratado de subir también una reforma a la Ley de Vivienda, haciéndola más compleja”, dijo en entrevista.

O sea, como siempre hay resistencias de los grupos de interés que han estado medrando con laxitud que hay en la entrega de permisos y la autorización de proyectos…

Sí, hay mucha discrecionalidad de parte de los gobernantes en este tema, y entre lo que busca esta ley está acabar con esta discrecionalidad, pero también actualizar una norma que tiene prácticamente 30 años sin haberse renovado, y que además está fincada sobre principios equivocados;   nos hemos dado cuenta en las últimas cuatro o cinco décadas que los principios en los que se estuvo encauzando la legislación para construir nuestras ciudades, estaban rotundamente equivocados, y por eso la gente sufre muchísimo, dado que se tiene que ir a vivir a las periferias, y pasa parte de su vida arriba de un camión, transportándose, parado en un embotellamiento de tránsito, y el peatón no tienen ningún privilegio.

A su juicio, la distribución de los usos urbanos de las urbes mexicanas como Guadalajara implican esquemas que “ya no tienen vigencia en el mundo; se detectan o se declaran zonas comerciales en un lado, zonas habitacionales de baja densidad en otras, zonas de alta densidad más delante, y entonces la gente anda como loca de una parte hacia otra, desplazándose, disminuyendo su calidad de vida, afectando su bolsillo en ambas cosas”.

Las instancias de decisión cambiaron de opinión e impidieron aprobar la norma que dejaría obsoleta la Ley General de Asentamientos Humanos, cuya reforma de 1993 es la base de la mercantilización del desarrollo urbano y de grandes negocios a costa de bienes públicos.

Nosotros en dos semanas terminamos el periodo, y el nuevo periodo inicia en septiembre; no va a ser posible desgraciadamente sacarla antes; tiene que haber más conciencia en la Sedatu, que es la instancia del gobierno federal que influye al grupo parlamentario del PRI, para que saquemos adelante esta iniciativa; hubo cambio de titular en la Sedatu, y el nuevo apenas se está empapando, así que desgraciadamente no va a ser antes de septiembre de este año, aunque las ciudades verdaderamente tienen una urgencia en el tema”, subrayó.

Destacó que el libertinaje urbano es causante de que 60 por ciento de familias mexicanas necesitadas de techo “año con año se ven orilladas a iniciar su hogar en un predio irregular, informal, o incluso en zonas de peligro, porque es imposible que este tipo de familias, que no tienen acceso a crédito Infonavit, que son integrantes de la economía informal, y en consecuencia no tienen acceso a otros créditos, tienen que hacer su hogar en un esquema de autoconstrucción, y entonces no puede haber un fraccionamiento legal que cumpla con los requisitos de los reglamentos municipales, que son excesivos; entonces, por lo general este tipo de mexicano  cae presa de invasores, de líderes que medran con esta necesidad”.

El senador panista dijo que dejaron el dictamen “con un grado de consenso de 95 por ciento, por lo que solo nos falta aterrizar ese 5 por ciento, en el cual genera muchos temores, porque precisamente vienen sanciones a gobernantes y a personas que permitan que se generen estos asentamientos irregulares, y  obliga a las zonas conurbadas a que los municipios tengan un solo plan de ciudad, como sería con la zona conurbada de Guadalajara, la obligación de que trabajen en sintonía todos los municipios”.



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SOBRE LOS “GRANDES INTERESES”

El poderoso sector inmobiliario, que ha hecho fortuna con las necesidades de vivienda de una población creciente, y que multiplicó ganancias en medio del caos propiciado por las reformas de 1993 a la Ley General de Asentamientos Humanos, la cual entregó a los municipios –y en consecuencia, a los propios inversionistas- el control del desarrollo urbano, ha sido el escollo más fuertes a todas las tentativas de corrección del sistema

En Jalisco, la revisión y actualización del plan de la zona conurbada de Guadalajara (1997-1998) no derivó en decreto del ejecutivo porque los desarrolladores se opusieron a las restricciones de uso del territorio que planteaba, por lo que presionaron a los cabildos y al propio gobierno del estado para frenarla, bajo el chantaje de ser grandes aportadores a las campañas políticas

Con posterioridad a esa tentativa fracasada, se vieron los efectos que el núcleo empresarial buscaba: enormes “desarrollos con vivienda de bajo costo, en zonas inadecuadas y sin acceso a servicios básicos. El desastre urbano del poniente y norte de Zapopan, del valle de Toluquilla, de la cuenca de Cajititlán y de la la barranca del río Santiago, al norte de la ciudad, es patente

Con el ingreso de los nuevos gobiernos (2012-2013), la administración federal vía la Sedatu modifica la política de subsidios a la vivienda para densificar centros urbanos, pero la presión de los “vivienderos” convirtió los polígonos regulares en extrañas demarcaciones geográficas  para mantener el acceso a subsidios para financiar proyectos de dudosa calidad urbana

El último capítulo de exhibición de poder de los empresarios de la vivienda es el veto a la Ley General de las Ciudades y el Territorio, lo cual mantiene en la discrecionalidad y la falta de rendición de cuentas la emisión de permisos de fraccionamientos y la custodia de los espacios públicos, pese a la creciente irritación de grupos sociales vulnerables. En Jalisco, el músculo de la Cámara Nacional de Vivienda (Canadevi) paralizó el Reglamento de Obras Públicas de Zapopan

FUENTE: archivo de MILENIO JALISCO