sábado, 31 de enero de 2015

Mil habitantes de San Pancho piden intervención presidencial



La destrucción del humedal de la localidad nayarita ha generado una movilización sin precedentes en el pueblo costero.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Mil moradores de San Pancho, más de un tercio de su población total, demandaron restaurar el daño ambiental provocado al estero de la comunidad, enclavada en el corazón de la Riviera Nayarit, y para ello, han solicitado el apoyo del presidente de la república, Enrique Peña Nieto, quien vacacionó en diciembre pasado en la zona.

El jefe del Ejecutivo recibió, de puño y letra del millar de afectados, una carta en la residencia oficial de Los Pinos, en la cual “hacemos de su pleno conocimiento que las habitantes de la comunidad […] nos hemos percatado claramente de las graves amenazas e impactos ambientales, económicos y sociales causados por las obras realizadas por la empresa Inmobiliaria San Pancho en el arroyo Los Izotes y la laguna costera o estero de San Pancho, así como el desarticulado e ineficiente trabajo de las dependencias del sector ambiental para defendernos y garantizarnos un medio ambiente sano a nuestra población”.

La citada empresa invadió el cauce federal con obras permanentes que acortaban los cuerpos de agua, lo que es “a todas luces un despojo de tierras federales a nuestra comunidad y una amenaza a nuestras familias por ser una obra abusiva, ilegitima y viciada de origen. Esta obra fue realizada a ultranza sin informar a los habitantes y sin contar con la plena autorización ambiental; hoy como pobladores de San Francisco la repudiamos total y rotundamente”.

Precisan: “uno de los primeros agravios fue el retiro de la tubería colocada en el bordo histórico aledaño al arroyo mencionado, que es reconocido por todos los pobladores como el límite entre la propiedad privada y la zona federal inundable. Esta tubería debería haber conectado la planta de tratamiento uno con la planta de tratamiento dos, desde principios del 2013, sin embargo la citada inmobiliaria ha bloqueado, física y jurídicamente, esa conexión provocando que las aguas negras crudas se sigan derramando a nuestro estero y eventualmente al mar afectando al medio ambiente que nos sustenta y a nuestra salud”.

De este modo, “a finales de 2014 la Inmobiliaria […] inició la construcción de un bordo en el arroyo y la laguna que, aunque cuenta con las autorizaciones de Conagua y Semarnat, es a todas luces un despojo de tierras federales a nuestra comunidad y una amenaza a nuestras familias por ser una obra abusiva, ilegitima y viciada de origen. Esta obra fue realizada a ultranza sin informar a los habitantes y sin contar con la plena autorización ambiental”.

Los ciudadanos organizados “hemos obtenido ya la suspensión de labores por el municipio y la clausura temporal y parcial del bordo ilegitimo en este sitio por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente [Profepa] y pedimos la revisión total del proyecto, por las inconsistencias tanto en las Manifestaciones de Impacto Ambiental como en las delimitaciones, los permisos y concesiones otorgadas”.

El 23 de enero, “se nos informó que trabajadores de la Conagua tienen orden de realizar en carácter de urgente la conexión de las plantas de tratamiento  instalando  la tubería en el bordo edificado ilegalmente por la inmobiliaria antes mencionada, y aunque sabemos que esta conexión es un anhelo del pueblo y una urgencia para detener el flujo de aguas negras al medio ambiente nos parece una burda y barata estrategia para legitimar este bordo construido sin autorización que invade y supera los límites de la Zona Federal correspondiente al arroyo y al humedal con la franca intención de despojar a la nación de miles de metros cuadrados de tierra al ser anexadas al polígono propiedad de la inmobiliaria citada”.

Por ende, “le solicitamos respetuosamente [que] como Presidente de la República instruya a los secretarios, procuradores o directores respectivos para que exijan a sus delegados o directores estatales en Nayarit el cumplimiento y aplicación de la ley a cabalidad y por ende la protección del medio ambiente y de las tierras federales como bien de los residentes de San Pancho”.

En concreto, reclaman: “el retiro inmediato del bordo recientemente instalado y la restauración del daño”;  la pronta conexión de las plantas de tratamiento “utilizando el bordo histórico de todos conocidos como vía para alojar la tubería necesaria e iniciar el saneamiento integral del humedal”; anular y revocar los permisos y declarar el humedal  área natural protegida en la categoría que aplique para su futura y definitiva restauración”.            

La carta señala la necesidad de recibir una respuesta antes del próximo lunes 2 de febrero, Día Mundial de los Humedales, en que se movilizará la población en defensa de su estero.

viernes, 30 de enero de 2015

Tapatíos le deben 216 millones a la CFE



A nivel Jalisco y Nayarit, la deuda asciende a 366 millones de pesos. El robo de electricidad en esta zona sigue elevado: es el 14 por ciento del suministro total.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene entre sus tareas más importantes de 2015, reducir drásticamente el robo de suministro y la cartera vencida que arrastra. En el primer caso, se estima que 14 por ciento de la electricidad que se distribuye es robada, un porcentaje ligeramente menor al promedio nacional. De lo segundo, los tapatíos adeudan 216 millones de pesos de una facturación anual de 6,779 millones.

Estos datos los dio a conocer el nuevo gerente divisional de distribución de la empresa paraestatal, Mario Alberto Silva Díaz, quien ayer encabezó la inauguración de una subestación enclavada al suroriente de la ciudad, denominada Guadalajara Industrial, la cual tiene una capacidad instalada de 60 megavatios (MV) y garantiza el suministro para 218,424 clientes de esa zona que comparten los municipios de Tlaquepaque, Tlajomulco y El Salto.

Dicha instalación garantiza el abasto total de la ciudad, junto con instalaciones nuevas que se han establecido en otros puntos de la periferia. El gerente ve como próxima obra de esta envergadura una subestación en la zona de Acatlán, donde se edifica el llamado Centro Logístico de Jalisco.

La gerencia divisional abarca los estados de Jalisco y Nayarit. La cartera vencida global se estima en 700 millones de pesos, de la cual, 366 millones son morosos y el resto son clientes bajo convenio que ya están pagando sus deudas.

“Tenemos una cultura de no pago, es un tema en el que tenemos que trabajar, son estrategias que no se llevaban tan puntualmente y que este año toman relevancia, porque va ser un parteaguas histórico en la CFE, nos transformamos en una empresa productiva para el Estado, y como tal debemos de trabajar con rentabilidad”, explicó el gerente divisional de distribución de la CFE.

El robo de electricidad “es un problema que socava a la institución; uno de los grandes retos de la reforma energética es generar condiciones en el servicio eléctrico para lograr una energía que sea más barata, que llegue con mejor calidad, y el hecho de que tengamos pérdidas no técnicas, en donde entra todos los usos ilícitos de la energía eléctrica […] estamos iniciando este año un programa con herramientas muy ambiciosas que nos va a permitir identificar a los clientes que tengan ese tipo de comportamiento, y llamarlos a la rendición de cuentas […] hablando de energía, 14 por ciento es una cantidad bastante considerable, de cientos de millones de pesos”, subrayó.

El funcionario dijo que las zonas urbanas de Jalisco, en especial Guadalajara, están casi completamente con servicio de luz. “Dentro de la Cruzada contra el Hambre tenemos un proyecto de electrificación de cerca de 60 colonias, vamos a empezar a inaugurarlas el mes que viene, son colonias de Guadalajara, El Salto, Chapala, Tlajomulco; tenemos un nivel de electrificación en Jalisco que raya en 99 por ciento de cobertura, y el restante es el más alejado, implica más inversión y es más complicado […] para poblados rurales de la sierra tenemos un proyecto muy innovador, sustentable; hablamos de generar con celdas solares, aunque es caro, es la única forma de poder llevar bienestar a esas poblaciones”, puntualizó.

Áreas verdes, el gran déficit de la redensificación



Consultor subraya el enorme desafío de dotar a la ciudad de superficies verdes públicas suficientes para garantizar la calidad de vida, a contrapelo de la tendencia “cortoplacista” de los negocios...

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Si el proyecto de “redensificación” urbana es adecuado en términos de calidad de vida, deberá llevar al crecimiento de las áreas verdes disponibles:  la meta de atraer  150 mil personas más para vivir en el municipio de Guadalajara, debería significar crear áreas verdes públicas nuevas, por 150 hectáreas, a razón de 10 metros cuadrados por habitante.

El problema es que se parte de una realidad de por sí complicada: el municipio sólo provee 2.5 m2 por habitante en ese renglón, lo que le marca un déficit de 7.5 m2 por persona según parámetros internacionales, esto es, si el censo de 2010 estableció una población de un millón 495,189 personas, faltan 1,121 ha, pues sólo existen 374 ha de parques y jardines. Esto hace que una Guadalajara exitosa, con un millón 650 mil habitantes, deba tener 1,650 ha de espacios verdes públicos, es decir, multiplicar por cinco la superficie actual. Nada menos.

Si la meta de repoblación se logrará sin un incremento de este tipo de espacios, el déficit crecerá, pues el promedio por habitante bajaría a 2.26 m2.

“Los espacios verdes son considerados por la Organización Mundial De Salud como imprescindibles en las ciudades para mitigar el deterioro urbano, generar oxígeno, captación de partículas de polvo, regulan el clima, amortiguan los niveles de ruido y al captar agua, permiten la recarga de los mantos acuíferos, reducen inundaciones, la erosión del suelo, mejoran el paisaje urbano, elevan la calidad de vida y simplemente las hacen más agradables para vivir”, advierte el consultor Jesús García Rojas.

En la situación actual  62 por ciento de los tapatíos no cuenta con áreas verdes suficientes para mejorar su calidad de vida, destaca.

“Un ejemplo de ciudad exitosa en este y otros temas es Curitiba, en Brasil, que tiene 52 m2 por habitante. Las causas de este déficit en Guadalajara son la falta políticas públicas adecuadas y la mala gestión del patrimonio existente en general;  se dejaron de adquirir reservas territoriales para estos fines y las que se adquirieron se destinaron a otro fin; hay un débil marco jurídico en materia de ordenamiento del territorio, ecología, planeación urbana y construcción; las gestiones municipales muy cortas, presidentes municipales chapulines, planeación deficiente, crecimiento desordenado, voracidad, criterios de rentabilidad financiera sobre la social, especulación de suelo urbano, complicidad de autoridades, profesionistas e inversionistas; en suma, corrupción e impunidad”, resume.

De este modo, en los nuevos desarrollos urbanos “predomina un capitalismo brutal, criterios económicos de obtener el máximo de área vendible y la mayor rentabilidad, de tal suerte que las peores fracciones de los terrenos a desarrollar se destinan a donación para equipamiento urbano, espacios recreativos y áreas verdes”.

Esa precariedad institucional genera que “los perímetros y los propios parques y jardines se vuelven apetitosos para los desarrolladores inmobiliarios”.

Pero “no solamente no se crean o abren nuevos espacios verdes; los que existen están amenazados, como por ejemplo, el Parque Agua Azul, otorgado en concesión para parque acuático; el Parque Alcalde, en concesión para acuario; el Parque Metropolitano [en Zapopan], que perdió un gran fracción que se vendió a la Universidad Panamericana y otras fracciones para los centros acuáticos y de tenis para los tristemente célebres Juegos Panamericanos; Los Colomos, que se han invadido y han perdido enormes fracciones en amañados litigios con particulares; y El Parque Mirador Miguel Hidalgo, donde se les ocurrió hacer el museo Guggenheim hoy museo de La Barranca, también a costa del área verde”, ejemplifica.

BARRANCA DE HUENTITÁN

El experto se detiene en lo que llama “un ejemplo mayúsculo” de buenas políticas públicas en el pasado y de una mala gestión presente del patrimonio.

“En los años ochenta del siglo XX, don Arnulfo Villaseñor Saavedra, visionario y ejemplar presidente municipal de Guadalajara, atinadamente adquirió reservas territoriales para dos grandes parques: uno al sur, llamado El Deán, y otro al norte, el de Huentitán, este último de 90 hectáreas, que finalmente no se destinó en su totalidad para el uso que fue adquirido; con el tiempo e indebidamente se utilizaron distintas figuras jurídicas como comodato, concesión, aportación, asociación en participación, fideicomisos y venta, y se fraccionó para distintos usos como Zoológico Guadalajara, parque privado de diversiones Selva Mágica, Planetario Severo Díaz Galindo, hoy abandonado, Centro de Convenciones -que se revocó a favor del cuestionado desarrollo privado inmobiliario Puerta Guadalajara, que a su vez transfirió sus derechos fiduciarios al hoy llamado Iconia-, y el remanente del parque Huentitán , para centro ferial de las Fiestas de Octubre”.

Con esto, “en lugar de espacios recreativos familiares, tendremos espacios de paga para recreación de adultos: palenque, casino y megaforo para que canten Paquita la del Barrio y la banda de El Recodo”, ironiza.

Existe en este momento una suspensión provisional otorgada por el juez quinto de Distrito en Materias Administrativa y del Trabajo (expediente 119/2015, MILENIO JALISCO, edición del 28 de enero de 2015), que impide modificar el estado de la zona en el tema de licencias y permisos, pero la audiencia del próximo 4 de febrero será decisiva.

El consultor alude a otro proyecto: “Voltea a La Barranca, impulsado por la fracción panista del ayuntamiento, el cual pretende ser un proyecto conservacionista y de rescate social, de creación e incorporación de áreas verdes, pero a mi juicio parece no serlo, ya que la barranca y su entorno siempre han estado ahí, inclusive la zona ya estaba declarada como área natural protegida municipal, mismo hecho que en su momento los hoy promotores de Voltea a la Barranca desestimaron, pues gestionaron la adquisición del predio El Disparate para cambiar de uso para el estadio de atletismo y la villa panamericana. No se les permitió y ahora, curiosamente, lo que pretendían violentar, la ecología y el medio ambiente, ha sido su principal argumento para insistir en llevar con recursos públicos infraestructura, y proponer amenidades con tintes ambientalistas y turísticos como un malecón, parque, jardín botánico; en mi opinión se trata esencialmente de facilitar el entorno para futuros desarrollos inmobiliarios de alta densidad con la hermosa vista de esa zona”.

Mapa Espacios Verdes

Vecinos exigen a la Prodeur los defienda



Gabriel Ibarra Félix prometió gestionar información y ofrecer caminos de solución para las anomalías de la redensificación urbana.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Cuatro decenas de vecinos de diversas colonias de la ciudad, que cuestionan la legalidad del proceso de renovación de las normas urbanas de Guadalajara, especialmente por la redensificación intensiva de pobladores y la disposición “arbitraria” de giros comerciales en zonas habitacionales, entregaron ayer quejas al procurador de Desarrollo urbano, Gabriel Ibarra Félix.

“Estuvimos en la procuraduría alrededor de 40 vecinos entre los representantes de asociaciones vecinales de Guadalajara y Zapopan; los temas principales que se plantearon en esta reunión fueron en el sentido de solicitarle a esta instancia, que tiene un presupuesto de 27 millones de pesos anuales y 60 empleados, que sea defensora de la sociedad en temas de desarrollo urbano; principalmente, solicitamos su intervención en el ilegal  proceso de revisión, formulación y aprobación de los planes parciales en Guadalajara”, explicó el presidente del Parlamento de Colonias, Alejandro Cárdenas Ochoa.

Además, “cada uno de los vecinos o representantes de asociaciones vecinales que acudieron, presentó dos solicitudes respecto a desarrollos que están violando los planes parciales en sus demarcaciones; llámese café, llámese bar, llámese hotel de paso o edificaciones; todo este tipo de giros y construcciones que han estado autorizando, en contravención a los planes parciales  vigentes, tanto de Guadalajara como de Zapopan”.

Algunas de las colonias presentes fueron Providencia Sur, Providencia Norte, Colonia Americana, colonia Lafayette, de Zapopan, Arcos de Guadalupe con el tema del área verde deLos Carneros –un espacio que se pretende privatizar-, y además, de Tlajomulco, Santa Fe, donde se están violentando los usos de suelo: “se apropian de predios que pertenecen a los colonos en general para hacer nuevas casas”

Estas solicitudes “se formalizaron por escrito emitidos por cada una de las asociaciones vecinales,  y por vecinos en particular, aparte, cada uno expuso en concreto y de viva voz  el punto que querían tratar en particular, además de la revisión de los planes parciales;  finalmente, el procurador de Desarrollo Urbano, quien llegó a media reunión, quedó de que en la siguiente semana tendría un avance de las gestiones que haga, para recabar la información y plantear las soluciones, ya sea por la vía conciliatoria o por algún tipo de procedimiento jurídico”, añadió el líder del parlamento.

Hay al menos 300 denuncias por ilegalidades frente a los planes parciales vigentes y el Reglamento de Zonificación del municipio que se han interpuesto ante el Ayuntamiento de Guadalajara. El propio presidente municipal, Ramiro Hernández García, recibió en mano los detalles de cada anomalía y prometió actuar hace más de un año. A la par, “hay al menos 20 juicios de amparo o demandas de nulidad, e incluso dos denuncias penales”, explica el presidente del Parlamento de Colonias.

La próxima reunión con Gabriel Ibarra Félix es el jueves 5 de febrero, en las instalaciones de la Prodeur.

jueves, 29 de enero de 2015

Zonas de la Minerva y Providencia, las “cerezas” del pastel para inversionistas



Cientos de irregularidades en edificaciones perturban la tranquilidad de los colonos; crece la oferta habitacional pero no la superficie verde o la vial, lo que genera complicaciones.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La cereza en el pastel para los inversionistas inmobiliarios que pugnan por sacar adelante el modelo de desarrollo vertical que Guadalajara intenta implementar para repoblarse, son las zonas 1 y 2, Minerva y Providencia, donde se tienen los espacios más caros de la ciudad.

Muy lejos de construir allí vivienda para trabajadores, conforme a las políticas de subsidios del gobierno federal, el mercado de la zona es de poder adquisitivo medio o alto, y al cambiarse extensas fincas residenciales por torres de departamentos, el volumen de negocio puede multiplicar por cinco, diez o quince la inversión inicial hecha por los terrenos, máxime cuando apenas se está aplicando dinero en mejora de infraestructura, en más áreas verdes o en ampliación de vialidades, y con frecuencia, la disposición de cajones de estacionamiento queda por debajo de la indispensable.

Como consecuencia, las viejas colonias ven degradadas sus ventajas iniciales: más ruido y hacinamiento por el mayor número de vecinos, problemas con el estacionamiento (esa zona de la ciudad registra de dos a cuatro autos por vivienda), contaminación del aire y estrés ante áreas verdes que se reducen en el promedio por habitante y aumento de la inseguridad, dado que las avenidas de la zona registran “usos mixtos” –comercios como restaurantes, cafés, bares, hoteles y expendios diversos- que atraen a mucha población foránea por las noches y los fines de semana.

Según un análisis del Parlamento de Colonias, el gobierno otorga subsidios de 380 mil a 420 mil pesos por vivienda, pero eso deja fuera del alcance del mercado a quienes ganan menos de cinco salarios mínimos; son departamentos de dos y medio a cinco millones de pesos destinados para clases medias y altas. ¿Cuál es el secreto del negocio? Se compran viviendas espaciosas a cinco o seis millones de pesos, y con dos o tres se tiene el espacio suficiente para edificar las torres de diez a 20 niveles, con dos a cuatro departamentos por nivel. Así, de tres viviendas iniciales con 12 habitantes promedio, se tienen de 20 a 80 viviendas con 80 a 360 habitantes.

“Si esto funcionara como se debe y partimos del supuesto de que antes de la torre se contaba en la zona con la superficie de áreas verdes adecuadas, de al menos 10 metros cuadrados por habitante, entonces, 68 habitantes nuevos demandan 680 m2, y 348 habitantes extra, 3,480 m2, ¿pero dónde están los nuevos espacios?”, pregunta el presidente del Parlamento, Alejandro Cárdenas Ochoa.

Por su parte, el consultor en desarrollo urbano Jesús García Rojas apunta sobre el tema en general: “La densificación es pertinente, pero parten de una premisa falsa, que la infraestructura, equipamiento urbano, espacios verdes y movilidad existente son suficientes, por ejemplo hay 1,800 kilómetros de redes sanitarias con antigüedad de 40 a 50 años que deben ser renovadas”; y si bien, “hay que fortalecer el tejido social, su materialización debe ser con ciudades y edificaciones inteligentes, buscando nuevas fórmulas de ocupación o tenencia”, sostiene.

UN EJEMPLO
La Asociación de Colonos de Providencia Sur, que preside Alfonso Gómez Contreras, envió a este diario una ficha con un recuento de las irregularidades que padecen en el extenso polígono con cinco mil viviendas que está demarcado por las avenidas López Mateos, Juan Palomar y Arias, México y Otranto, que constituye el corazón del corredor más caro del municipio tapatío.

“En el tema del uso de suelo, únicamente en avenidas se permiten edificios de máximo ocho niveles y negocios de bajo impacto con estacionamiento propio. Calles interiores son exclusivamente habitacionales […] el ayuntamiento simplemente no cumple la ley, otorga licencias para edificios de mayor altura a lo permitido, en terrenos más pequeños de los reglamentarios y durante la construcción nunca pide medidas de seguridad, límites de horarios, ni exige que se respete la vía pública”, apunta.

Algunos edificios fuera de norma denunciados por esa asociación civil: Torre Moba (José María Vigil 311, esquina con Patagonia); edificio en construcción (Nápoles 2837, esquina con Rubén Darío), Departamentos Torre Alcamo (avenida Terranova 725, esquina Alcamo); Vigil Vertical (José María Vigil 2940, entre Terranova y Rubén Darío); condominio Providencia (José María Vigil 2847, esquina Rubén Darío), Torres Alfa y Beta (Eulogio Parra 2795, entre Rubén Darío y Terranova); Torre Casa Blanca (Eulogio Parra 2782, entre Rubén Darío y Terranova); Torre “Q” (Jose María Vigil 2715, esquina con Ontario); edificio en construcción (Quebec 854, entre Pompeya y José María Vigil); edificio sin nombre (Reforma 2988, entre Beethoven y Nelson), y edificio sin nombre (Montreal esquina Pompeya).

Buena parte de estas construcciones no tiene permiso municipal, pero fueron “legitimadas” por el Tribunal Administrativo del Estado, lo que ha permitido mantener los trabajos contra la creciente oposición vecinal.

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“Diagnósticos tramposos”

José Rubén Herrera, secretario de la asociación vecinal de Providencia Norte, cuestiona la planificación que ha realizado la Comisión de Planeación Urbana (Coplaur) para fundamentar sus propuestas de redensificación en la zona.

“En los documentos que nos entregaron solo usan datos muy globales,  que jalan del INEGI, y sobre eso trabajan; no se meten a detalle como deberían para hacer esos proyectos […] por ejemplo, dicen ahí que con cuántos parques contamos en la colonia, con cuántos espacios deportivos, meten la Unidad Deportiva Revolución, pero también el antiguo club deportivo Guadalajara, que hace años que demolieron y todo mundo lo sabe. Lo están contando como un lugar disponible para la actividad deportiva. Mucha trampa”.

miércoles, 28 de enero de 2015

Juez suspende plan urbano de la barranca de Huentitán



El Ayuntamiento de Guadalajara no puede emitir licencias, permisos ni autorizaciones de cambio de uso de suelo en la zona norte de la ciudad, determina el juez V de Distrito.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La “judicialización” en la disputa por el modelo de desarrollo urbano para el municipio de Guadalajara tuvo ayer un día clave: el juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y del Trabajo de esta ciudad, concedió la “suspensión provisional” a vecinos de Huentitán y Oblatos, que se oponen a los grandes proyectos habitacionales que impulsa el ayuntamiento en la zona.

En el marco de la demanda de amparo 119/2015, se abrió un incidente de suspensión para determinar la solicitud de los quejosos y el juzgador decidió conceder la medida cautelar, “para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan, es decir, para que no se ejecute el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Guadalajara, Jalisco, respecto de la zona Huentitán-Oblatos”, en la medida en que el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) de Jalisco defina sus unidades de gestión ambiental (UGA) como áreas de protección natural, situación en que está el polígono colindante con la barranca del río Santiago.“Lo anterior en tanto se resuelva en definitiva el presente incidente de suspensión”, señala la resolución generada al mediodía de ayer, de la cual, los quejosos entregaron copia a MILENIO JALISCO.

Los particulares habían solicitado también suspender la aprobación del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Guadalajara, Jalisco,  así como de los planes parciales de Desarrollo Urbano del subdistrito urbano 02 “Zoológico, distrito urbano zona 3 Huentitán”, y subdistrito urbano 01 “La Barranca, distrito urbano zona 4 Oblatos”, pues el proceso se había realizado sin evaluación de impacto ambiental  y ponía en riesgo los servicios ambientales de la zona. El juez determinó limitar la suspensión a los efectos presentes o futuros de esos ordenamientos.

Esta medida impacta, al menos de forma temporal, algunos de los más ambiciosos planes de vivienda como es el programa de 2,500 departamentos unifamiliares conocidos como “viviendas huevito”, el megaproyecto de Iconia y nuevas infraestructuras urbanas en terrenos propiedad del propio ayuntamiento y del gobierno de Jalisco, como es el caso de las acciones del fideicomiso Voltea a la barranca.

Los quejosos son vecinos de las colonias Huentitán el Bajo y Panorámica de Huentitán, pero también invocan su carácter de copropietarios, como ciudadanos de Guadalajara y de Jalisco, de las superficies de patrimonio público que consideran en riesgo de ser engullidas por la especulación inmobiliaria que a su juicio está detrás de los proyectos de redensificación de la ciudad. Fueron asesorados por el Instituto de Derechos Ambiental (Idea) que preside la doctora en derecho Raquel Gutiérrez Nájera.

Entre los argumentos, destacan: “el POET […] identifica estas áreas mediante la referenciada como Anp3-209, lo cual corresponde con la clave de uso predominante ANP [Área Natural Protegida], con clave de fragilidad 3 número de UGA 209, con una política de protección, cuyo uso de suelo predominante es compatible con conservación de flora y fauna”, señala la demanda, entregada en el juzgado el pasado lunes 26 de enero.

Añaden: “La autoridad municipal y estatal en varias ocasiones ha tratado de impactar la zona con edificaciones y cambios de usos de suelo para volverla habitacional, cuando su naturaleza es generar los servicios ambientales para la ciudad, sus habitantes, y la recuperación de los ecosistemas […] es de preocuparse que se pretendan desarrollar en esta zona proyectos como Iconia, el recinto ferial para las Fiestas de Octubre o el museo de La Barranca”.

La audiencia constitucional está fijada para el próximo 4 de febrero, “en el entendido de que las autoridades responsables se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados, además de que podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar datos que tengan a su alcance que permitan a éste órgano jurisdiccional establecer el monto de la garantía correspondiente”, puntualiza el juez V, Edgar Estuardo Vizcarra Pérez.



CLAVES

REDENSIFICACIÓN

Al menos 60 organizaciones vecinales de la ciudad sostienen actualmente controversias contra el ayuntamiento por el tema de la redensificación urbana: van desde juntas de vecinos hasta ciudadanos inconformes. Se han presentado más de 300 quejas.

La redensificación  se formalizó en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2012-2018, para revertir las políticas de expansión de las ciudades de la década previa, pero  ha tenido efectos modestos en la zona conurbada de Guadalajara: apenas 5% de la oferta de vivienda nueva es dentro de los perímetros consolidados de la urbe.

México Sustentable, "brazo de Conagua en Los Altos"



Defensores de Temaca, preocupados porque fundación que recibe recursos federales quiere representación “ciudadana” en junta intermunicipal.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

México Sustentable, fundación con vínculos con el Partido Verde Ecologista de México y funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pretende una silla en la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la región Los Altos Sur. Y su labor como “legitimadora” de proyectos de infraestructura  públicos o privados despierta recelo entre los defensores de Temacapulín, más cuando han visto el fruto de su trabajo de “mediación” en el vecino poblado de Acasico, también condenado a yacer bajo las aguas si la presa El Zapotillo se concreta.

“La historia de México Sustentable en Los Altos de Jalisco es muy reciente pero ya quiere ser protagonista […] una de esas fundaciones que declaran compromiso por lo que ellos llaman el medio ambiente. Compromiso porque tiene disposición para gastar los recursos destinados en los presupuestos públicos de las grandes obras para marear los problemas sociales que resultan. Por eso es que México Sustentable trabaja en Acasico: ganó cuatro millones de pesos para justificar ante la comunidad de que lo verdaderamente sustentable es irse a vivir a otro lado, todos”, señala el investigador y activista Miguel Ángel Casillas Báez.

En un artículo enviado a MILENIO JALISCO, destaca: "La historia de México Sustentable en Los Altos de Jalisco es muy reciente pero ya quiere ser protagonista. México Sustentable es una de esas fundaciones que declaran compromiso por lo que ellos llaman el medio ambiente. Compromiso porque tiene disposición para gastar los recursos destinados en los presupuestos públicos de las grandes obras para marear los problemas sociales que resultan. Por eso es que México Sustentable trabaja en Acasico: ganó cuatro millones de pesos para justificar ante la comunidad de que lo verdaderamente sustentable es irse a vivir a otro lado, todos. Ese es el negocio sustentable de esta fundación que, siendo una entidad civil, la genealogía profesional relata la historia de la intervención hidráulica en México.

Hilario Valenzuela Robles es un político sonorense que dirige una empresa familiar la Fundación México Sustentable A.C. Su compromiso con el verdor en este país lo llevó a bañarse de pueblo como candidato a diputado en su distrito de Sonora por el prestigiado Partido Verde Ecologista de México. No es el único que buscó la legitimidad política por la vía electoral: la más joven política de esa familia, Flor Ayala López Linares. Diputada Local por el XII Distrito Local con cabecera en Hermosillo en la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Sonora. Diputada Federal por representación proporcional en la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión. En el año 2000 fue Coordinadora de Giras y Eventos del entonces Senador Eduardo Bours.

Los apellidos de Hilario son nexos con dos familias de alto prestigio en la actual Comisión Nacional del Agua, específicamente en la planeación. Hilario Valenzuela Robles es hijo de Hilario Humberto Valenzuela Corrales y de María Guadalupe Robles Linares Gándara. El ingeniero Valenzuela Corrales, es un político y notable ingeniero que se presenta como fundador y asesor de México Sustentable y de la Corporación Interamericana de Empresas Sociales S.A.P.I. de C.V. Actualmente, el ingeniero Hilario Valenzuela Corrales es director general adjunto de Planeación y Gestión en la coordinación de delegaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, (SAGARPA).

Es antropóloga Doña Lupita, madre de Hilario Valenzuela Robles firma como presidenta del Consejo Directivo de la Fundación para el Desarrollo Sustentable, A.C. Lupita Robles Linares es hija del ingeniero Luis Robles Linares, quien fue subsecretario de la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) y encargado del despacho con la creación de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en el gobierno de José López Portillo (1976-1982). Ahora como antropóloga está en el papel de legitimar científicamente todo lo que tenga que ver con las consecuencias sociales de obras dirigidas por el presupuesto federal.

La más famosa de las obras de México Sustentable es la presa Bicentenario o Los Pilares, en Sonora. Otro antropólogo, el doctor Ramón Martínez Coria, publicó un análisis de las consecuencias por la construcción de esa presa. México Sustentable “jugó un papel importante en la gestión del proyecto ante los afectados”. Primero, el proyecto fue formulado por la fundación, que en el 2010 se llamaba Fundación Desarrollo Sustentable, “con el propósito de construir una hidroeléctrica para 46 megawatts”. Le fue bien a la resistencia de los guarijíos porque “el gobierno cambió sus políticas de infraestructura hidráulica”. En el año 2012 cambiaron la estrategia: propusieron una presa con cortina de 67 metros, más baja que el proyecto anterior, para evitar inundaciones.

La Fundación México Desarrollo Sustentable es un organismo civil con interés privado que en el caso de la presa Los Pilares actuó “contratado, probablemente por el Distrito de riego 38, para gestionar la implantación del proyecto en las localidades contempladas en la afectación. La gestión de la Fundación se focalizó en presionar a los propietarios y vecinos de las localidades afectadas para vender sus terrenos con contratos de compraventa apócrifos. Sin información oficial ni confiable del proyecto de la presa”.  Las evidencias que encontraron en la actuación de México Sustentable fueron las siguientes: irregularidades en la gestión del proyecto: amenazas, falsas promesas a pequeños propietarios y ejidatarios, compra de lealtades, adelanto de trámites sin contar con permisos a nivel comunitario y respecto a dependencias, por trámites que no se han cumplido pero sí avanzó la compra de terrenos, la asignación presupuestal federal parcial, licitación y asignación de la obra. Manifiesto de Impacto Ambiental incompleto. Para aprobar el proyecto faltan estudios del INAH y trámites ante el sector agrario. La descripción del doctor Martínez Coria sobre la relación de México Sustentable en Sonora puedo trasplantarla como patrón de operación en Acasico, Jalisco, para el caso de la presa El Zapotillo.

Temacapulín no permitió la presencia de México Sustentable a través de sus representantes. Fueron insistentes las llamadas de la antropóloga Lupita Robles Linares y de Hilario Valenzuela, su hijo, pero Temacapulín no aceptó trato. No así en Palmarejo y Acasico donde el México Sustentable intervino para justificar el desplazamiento de población y eventualmente la inundación. Aunque son dos casos distintos, en Acasico hay descontento por el trato con México Sustentable. Incluso los que hicieron trato optando por la reubicación o la venta de propiedades están quejándose ahora. Afirman que generaron un problema donde no había ya problema. Los planes que se les presentaron fueron maquetas para la construcción de casas, calles, cementerio, invernadero, pero no existe nada tangible. Al menos tan tangible como los 4 millones 125 mil pesos que ya recibió México Sustentable para legitimar socialmente el discurso del gobierno federal: Acasico es un ejemplo de reubicación consensada para México.

El Acasico de las maquetas y los proyectos pulcramente presentados en power point que hace México Sustentable es más sustentable que el Acasico prehispánico, fertilísimo pero actualmente muy escaso de campesinos. El Acasico imaginario y el Acasico en riesgo también son parte del expediente de México Sustentable, organización que solicitó admisión en la próxima reunión del Consejo de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Altos Sur  (JIAS). Seguramente emocionados por lo que consiguieron en Acasico, están interesados en Tepa, y en Arandas, y en el Valle, en toda la región Altos Sur, que de flaca sólo tiene la fama en el libro de Agustín Yáñez. Me parece remota la participación de México Sustentable en dicho consejo. Aceptarlo sería tanto como su el Vaticano le creyera a Lutero porque llegó vestido de verde con un sermón de sustentabilidad y renacerán los alteños. México Sustentable sería, en Los Altos, un brazo interventor gubernamental haciéndole política a los alteños en su propia casa y como si fuera alteño. Sus intereses en el medioambiente en Los Altos son el mismo interés de un naranjero por los naranjales. O de los avicultores por sus gallinas, para entendernos. Por eso es que debe debatirse ampliamente su presencia en la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente Altos Sur del próximo 29 de enero de 2015 que tendrá lugar en Valle de Guadalupe, Jalisco".

“Existen condiciones para redensificar”



El vocal ejecutivo de la comisión asegura que la fortaleza del municipio tapatío es que    tiene infraestructura, si bien hay que modernizarla. Desestima oposición “minoritaria”.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El vocal ejecutivo de la Comisión de Planeación Urbana de Guadalajara (Coplaur), Diego Delfín Álvarez del Castillo, ha debido enfrentar la andanada de procesos interpuestos por vecinos en contra de la revisión y modificación de planes de urbanización que vive actualmente la capital de Jalisco, un proceso de “redensificación” que defiende ante la merma de habitantes que ha padecido el municipio y la necesidad de bajar el impacto ecológico que actualmente provoca la ciudad.

Esto ha obligado a responder de forma puntual las demandas de información vertidas en diferentes procesos de consultas públicas y solicitudes de información, además del trabajo legal de enfrentar juicios administrativos o de garantías interpuestos por los diversos quejosos. En su opinión, las inconformidades no son tan amplias como lo dicen los números; los opositores a la redensificación son minoría y el desarrollo de la ciudad no puede detenerse en esos intereses.

“Yo respeto, son opiniones y visiones; ellos tienen sus argumentos, pero en realidad el programa fue hecho por especialistas, fue revisado por asesores de los regidores, fue hecho acorde con el Código Urbano; hacen una serie de acusaciones ambiguas, genéricas, no nos hacen la aclaración de en dónde nos hemos equivocado, pero el programa de desarrollo urbano sí fue revisado y aprobado por diferentes especialistas de órdenes jurídicos y técnicos”, señaló en entrevista concedida en diciembre pasado.

“No veo en qué esté mal, son diferentes niveles de normativa; ellos plantean que afectamos la calidad de vida y no es cierto, las estrategias son muy claras, van en el sentido de la sustentabilidad, con factores integrales, para que la ciudad sea más ordenada […] yo me quedo tranquilo porque hemos tenido infinidad de reuniones con las colonias, donde hay diálogo y hallamos consensos; por ejemplo, en la colonia Moderna firmaron el plano, pero en este caso si no hay la apertura para mostrar el trabajo que hacemos, qué podemos hacer”, dijo después de que vecinos se salieron de una reunión informativa por considerar que no tomaban en cuenta sus objeciones.

“Lo peor que le puede pasar a la ciudad es que no tenga una normativa actualizada, ya hemos visto que este grupo en particular [Parlamento de Colonias] busca tronar el proceso”, aseguró.

- Las colonias que viven hoy en ese proceso tienen muchos problemas de inseguridad, falta de cajones de estacionamiento, las mismas áreas verdes para más población, servicios deficientes, ¿no es comprensible su oposición?

- Estamos buscando los instrumentos que propicien que pueda ser viable ir sustituyendo la infraestructura, pero es en zonas periféricas donde no hay infraestructura, en Guadalajara sí hay y en todo caso hay que ir modernizando, es una de las fortalezas del municipio: tenemos infraestructura, equipamiento y servicios, que hay que mejorarlos estoy de acuerdo.

No obstante, asegura que las zonas 1 y 2, que agrupa Minerva y Providencia, tienen “normas obsoletas” con más de once años; “la ciudad tiene una dinámica, hay que entender esa dinámica y ordenar la ciudad de manera sustentable”.

- ¿No les preocupa que se judicialice el proceso?, basta con un solo ciudadano para eso.

- La posibilidad ahí está, pero el trabajo que se ha hecho ha sido muy bueno, está protegido, se vale que haya diferencias, inconformidades, y que se defienda un trabajo bien realizado.

- Ellos hablan de intereses económicos detrás de ustedes, de la redensificación, ¿a quienes aluden, quiénes están por aprovechar el nuevo modelo de ciudad para hacer negocios inmobiliarios?

- Son las visiones de la gente que invierte en la ciudad; toda ciudad genera derrama económica, la construcción es de las industrias que más aportan […] es importante que una ciudad tenga buena construcción y desarrollo, sea obra pública o privada; es una industria que mueve mucho la economía, y una buena derrama económica se traduce en un bienestar social, no hay que estar cerrados a que haya inversión, perdemos como ciudad.

A plazo más largo, “el objetivo es conservar la población, y tratar de recuperar la que hemos perdido;  por eso estamos viendo que se generen estos instrumentos para mejorar la calidad de vida, generar vivienda accesible, alternativas para que la gente se venga a vivir aquí, y no se vaya a dos horas o dos horas y media de distancia, con un desarrollo expansivo insustentable con el cual no podemos seguir,  y eso no lo dice Coplaur o el gobierno, lo dicen la ONU, la Unesco y organismos internacionales”.


martes, 27 de enero de 2015

Hay más de 300 denuncias por violar normas urbanas



Reclamos por escrito, juicios de amparo y de lesividad, denuncias penales… se “judicializa” la aplicación de normas urbanas ante la permisividad del ayuntamiento a giros ilegales

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Hace poco más de dos años, la construcción comenzó. Primero no les dieron ninguna información; después aseguraron que se trataba de un hotel turístico; pero más adelante se enteraron, vía transparencia, de la realidad: era un motel de paso.

Es la historia reciente de la colonia Jardines de los Arcos, enclavada en las inmediaciones de la glorieta Minerva. En realidad, es la historia de todas las colonias residenciales con mayor plusvalía del poniente tapatío, si se comienza en análisis a partir de la Calzada Federalismo. Y de otras colonias más populares, pero que albergan los únicos ecosistemas naturales que le restan a la demarcación: al norte de la ciudad, frente a la barranca de Huentitán.

No menos de 300 denuncias por ilegalidades frente a los planes parciales vigentes y el Reglamento de Zonificación del municipio se han interpuesto ante el Ayuntamiento de Guadalajara. El propio presidente municipal, Ramiro Hernández García, recibió en mano los detalles de cada anomalía y prometió actuar. Pero a todos les pasó lo que a Genaro Rodríguez González, el vecino del motel incómodo: sus casos se quedaron en el limbo. La autoridad ahora responde que está generando planes nuevos para resolver la ilegalidad.

“O sea, van a hacer leyes especiales para que lo ilegal se haga legal, a este paso, nos van a legalizar el robo”, exclama irritado Eduardo Morfín López, uno de los vecinos que resisten la intrusión de restaurantes y cafés que han hecho suya la avenida Libertad, en la colonia Americana. Su vida se ha hecho complicada desde que llegaron diversos negocios que se han hecho populares en ese tramo antaño apacible de la ciudad.

“Parece que es adrede, que quieren que me vaya, porque los de la cafetería de a lado hacen un ruidajal en su cocina desde muy temprano y terminan después de la una de la mañana […] yo les he preguntado si es algo personal y lo niegan, pero pasan demasiadas cosas”, añade el ingeniero de profesión.

En términos generales, es un problema simple de analizar: si se respetara la zonificación vigente, ninguno de esos negocios podrían estar en el sitio que hoy ocupan. Tampoco se podrían levantar los grandes edificios de una veintena de pisos que ya comienzan a invadir el corredor de Chapultepec, de avenida La Paz, de la zona de La Minerva, de avenida México y de todas las calles anchas de Providencia.

La opacidad frente a las denuncias es la misma. Por ejemplo, hay un gran desarrollo en Américas 1,500, en Providencia, contiguo al nodo Colón. Los vecinos pidieron revisar posibles daños estructurales al túnel debido a la profunda cimentación para las torres futuras; pidieron se les mostrara el proyecto de edificación; que se muestre la licencia de construcción y se revoque si se comprueban las anomalías que sospechan; además de indagar la invasión de servidumbre municipal. La petición de los presidentes vecinales data de julio de 2014, pero no ha pasado nada.

“Además de las denuncias hechas por muchas agrupaciones, más de 300 seguramente, hay al menos 20 juicios de amparo o demandas de nulidad, e incluso dos denuncias penales”, explica el presidente del Parlamento de Colonias, Alejandro Cárdenas. Porque los constructores, en algunos casos, no vacilan en amenazar a los quejosos.

Genaro Rodríguez González se ha desgastado en su lucha desigual contra el motel de San Gabriel 3025, esquina con avenida López Mateos. “Nunca nos responden; ni en la constructora, ni en el ayuntamiento; ya tumbaron dos casas, invadieron servidumbre, construyeron una barda de siete metros, y todo sin licencia del municipio, ¿qué están pintados para aplicar la ley?”.

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Las zonas clave

El anverso de redensificar la ciudad es la especulación inmobiliaria. Y las zonas más codiciadas coinciden con las que ahora son objeto de una política “de facto” que favorece edificios de más pisos que los permitidos y usos mixtos en lo que fueron apacibles núcleos habitacionales

En ese sentido, el corredor de La Minerva, desde Plaza del Sol hasta El Country-Providencia, el corredor Chapultepec, desde la glorieta de Niños Héroes hasta avenida México, y zonas aledañas, es donde se concentran las denuncias vecinales

La zona Huentitán es especial porque es la última con una importante cantidad de inmuebles de propiedad pública. Allí, las tentativas para usos inmobiliarios son constantes desde hace al menos seis años

lunes, 26 de enero de 2015

Vecinos se movilizan para rescatar humedales y playas



Nayarit en efervescencia ciudadana ante la privatización de ecosistemas. En San Pancho, reclaman revocar permisos para el bordo que destruyó estero; en Jarretaderas, discuten estrategias.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Mientras los vecinos de san Francisco pidieron a la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que comience el procedimiento de revocación de los permisos que concedió a Inmobiliaria San Pancho para alterar el arroyo de Los Izotes y el estero de San Francisco, habitantes de otros rumbos de la Riviera Nayarit se organizan para reclamar y recuperar bienes públicos privatizados: esteros, ríos y playas.

Una reunión ayer cerca del mediodía en el poblado de Jarretaderas sirvió para informar el modo en que se ha violado la propiedad pública sobre ecosistemas, con la tibieza o complicidad de funcionarios de los tres niveles de gobierno, lo que busca despertar conciencia para una contraofensiva a favor de reabrir los accesos a esos bienes públicos en manos de hoteleros y fraccionadores.

“Es inadmisible cómo se ha dado el proceso de corrupción no sólo para privatizar, sino también para destruir ecosistemas, lo que muy pronto nos va a pasar facturas en desastres y enfermedades, por lo menos”, dijo a MILENIO JALISCO el activista social Indalecio Sánchez.

El despertar se da en medio de la batalla que libra San Pancho contra los intereses privados de un fraccionador. Érik Saracho Aguilar, miembros del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable, núcleo Nayarit, y residente de la localidad, hizo a la Semarnat la “excitativa” para revocar esos permisos, en un oficio entregado el pasado 20 de enero tanto en la delegación federal como en el palacio del gobernador Roberto Sandoval, con el respaldo de toda la comunidad.

Los vecinos han hecho crecer un movimiento de resistencia que exige resultados luego de que la Semarnat reconoció que en realidad nunca permitió alterar el funcionamiento hidrológico ni las comunidades bióticas de los ecosistemas, en lo cual incurrieron los trabajos de construcción de un bordo que invadió la zona federal.

De este modo, le piden a la Semarnat eche a andar un “procedimiento de revocación de las autorizaciones número 18NA2013HDO28 y  18NA2013HDO29, en mérito que se estima que dichos actos administrativos se sostienen de manifestaciones -en estricto sentido la que inicia el procedimiento- que faltaron a la verdad y con ello violaron el principio de buena fe que guía dicho procedimiento evaluatorio, y por ende deben ser revocadas, ello con independencia de las responsabilidades administrativas a que haya lugar de los evaluadores que teniendo acceso y conocimiento de hechos notorios para la geografía del estado de Nayarit  [como lo es su componente biótico de cada región, en mérito de ello evalúan] omitieron salvaguardar el derecho a un medio ambiente sano y al derecho al acceso al agua”.

La facultad de revocar la determina del artículo 40, fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dice en su artículo 13: “La actuación administrativa en el procedimiento se desarrollara con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe”.

El ambientalista destaca que el estero “es un hábitat privilegiado en mérito que ahí se encuentran ejemplares de nutria de rio (Lontra longicaudis) y cocodrilo (Crocodylus acutus). Ambas especies se encuentran listadas en la norma oficial mexicana NOM-059-ECOL- 2010, por lo que la afectación de su hábitat contribuye a su disminución”. Nada de eso fue valorado en las MIA. Los vecinos esperan respuesta de la autoridad para salvar sus ecosistemas ribereños.

En otros rumbos de la Riviera Nayarita los abusos se dan. Indalecio Sánchez habla del caso de la desembocadura del río Ameca y los abusos de que acusa al hotel Mayan Palace, que privatiza incluso vialidades. En carta a autoridades municipales, señala: "haciendo una visita de campo con un grupo de activistas y periodistas, nos encontramos con la desagradable sorpresa de que estaban empezando a construir una barda en la vialidad pública de uso común desde hace más de 50 años por donde acceden las personas y vehículos hacia el río Ameca y fundamentalmente a la playa en la desembocadura norte de dicho río; a menos de 50 metros de la entrada de ese camino pasando la primera curva, nos encontramos una cepa de extremo a extremo de la vialidad con una dala de cemento en donde ya se desplantan castillos de varilla corrugada, para hacer una barda y cerrar el paso [...] quiero hacer énfasis que varias veces enfrente de grupos de personas -periodistas, ejidatarios, gente del pueblo, vecinos de Nuevo Vallarta, párroco de la iglesia del lugar- hubo declaraciones contundentes de que ese camino nunca lo iban a cerrar".

domingo, 25 de enero de 2015

Piden vecinos a Semarnat revocar permiso en estero



Notoria mala fe del promotor de la obra del bordo, señalan. La dependencia está obligada al procedimiento ante manifestaciones de impacto ambiental defectuosas y obras excedidas, advierten.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Los vecinos de San Francisco, en la costa sur de Nayarit, pidieron a la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que comience el procedimiento de revocación de los permisos que concedió a Inmobiliaria San Pancho para alterar el arroyo de Los Izotes y el estero de San Francisco, ante las anomalías en la ejecución de la obra en que incurrió la empresa.

Érik Saracho Aguilar, miembros del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable, núcleo Nayarit, y residente de la localidad, hizo la propuesta el pasado 20 de enero, con el respaldo de toda la comunidad, que exige resultados luego de que la dependencia federal reconoció que nunca permitió alterar el funcionamiento hidrológico ni las comunidades bióticas de los ecosistemas, en lo cual incurrieron los trabajos de construcción de un bordo que invadió la zona federal.

Se trata de una “excitativa” para que la Semarnat eche a andar un “procedimiento de revocación de las autorizaciones número 18NA2013HDO28 y  18NA2013HDO29, en mérito que se estima que dichos actos administrativos se sostienen de manifestaciones -en estricto sentido la que inicia el procedimiento- que faltaron a la verdad y con ello violaron el principio de buena fe que guía dicho procedimiento evaluatorio, y por ende deben ser revocadas, ello con independencia de las responsabilidades administrativas a que haya lugar de los evaluadores que teniendo acceso y conocimiento de hechos notorios para la geografía del estado de Nayarit  [como lo es su componente biótico de cada región, en mérito de ello evalúan] omitieron salvaguardar el derecho a un medio ambiente sano y al derecho al acceso al agua, en su vertiente de protección de los humedales como sitios en los cuales incluso se llevan a cabo procesos de recarga de mantos que garantizan el abasto para ese vital recurso -incluso reconocidos a través de la Convención de Ramsar-“.

Esa facultad de revocar la determina del artículo 40, fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que dice: “Las delegaciones federales tendrán las atribuciones siguientes dentro de sus circunscripción territorial: […] IX. Otorgar permisos, licencias, autorizaciones y sus respectivas modificaciones, suspensiones, cancelaciones, revocaciones o extinciones, de conformidad con los previsto en las disposiciones jurídicas aplicables, siguiendo los lineamientos internos de carácter técnico y administrativo, sistemas y procedimientos establecidos por las unidades administrativas centrales de la Secretaría”.

El mismo artículo señala que pueden ser objeto de esas acciones “los informes previos; manifestaciones de impacto ambiental en su modalidad particular con excepción de aquellas que el presente reglamento atribuya a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental; autorizaciones en materia de atmósfera; licencias de funcionamiento; licencias ambientales únicas respecto de obras y actividades públicas y privadas, con excepción de aquellas que corresponden a la industria del petróleo y petroquímica, asi como a los tratadores de residuos peligrosos…”.

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dice en su artículo 13: “La actuación administrativa en el procedimiento se desarrollara con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe”.

Dos hechos notorios: "Que el estero de San Francisco Bahía de de Banderas, es un humedal [...] y que en merito de ello debieron seguirse las líneas contenidas en la legislación de Ramsar, por ello se estima se incurrió en una omisión de parte de esa autoridad. Cabe señalar que el recurso de revisión a que se refiere el artículo 180 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, es un recurso de corte legal que no prevé expresamente que pueda llevar a cabo control de regularidad de actos con fundamento en tratados internacionales como al que nos hemos referido".

Dos, "que el estero de San Francisco Bahía de de Banderas (formado por el río Izote), es un hábitat privilegiado en mérito que ahí se encuentran ejemplares de nutria de rio (Lontra longicaudis[2]) y cocodrilo (Crocodylus acutus). Por ello se estima que en el caso dicha delegación debió verse obligada a realizar un análisis profundo de los elementos que le fueron sometidos a evaluación pues es claro, ambas especies se encuentran listadas en la norma oficial mexicana NOM-059-ECOL- 2010, por lo que la afectación de su hábitat contribuye a su disminución". Nada de eso fue valorado en las MIA. Los vecinos esperan respuesta de la autoridad para salvar sus ecosistemas ribereños.

viernes, 23 de enero de 2015

Gobiernos deben sujetarse a la legalidad en megaproyectos


Organizaciones ciudadanas esperan que la divulgación por la SCJN ocasione un mayor respeto a los derechos individuales o colectivos en juego; el modelo "extractivista", cuestionado.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La publicación del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de desarrollo e infraestructura, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberá tender a clarificar el camino que deben seguir los gestores gubernamentales o privados para no violentar los derechos individuales o colectivos que se suelen atropellar con las grande obras, señalaron representantes de organizaciones ciudadanas vinculadas con el tema.

“Con este protocolo, la SCJN se pondrá a prueba a sí misma junto con los juzgadores. Veremos si no les tiembla la mano al momento de aplicar las legislaciones vigentes y los tratados internacionales; si son capaces de desenmascarar la ‘justificación’ que hacen los promotores de las grandes obras bajo el cobijo del ‘bien común´’. Para esto deberán, entre otras cosas, realizar una verdadera evaluación del costo-beneficio de las mismas para que no continúen siendo obras financiadas con recursos públicos que solo benefician a los que operan el negocio”, dijo el presidente del Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable (Conredes), de Los Altos de Jalisco, Juan Guillermo Márquez Guitiérrez.

“También los pondrá a prueba en la aplicación de los derechos humanos, los llamados de ‘Tercera Generación’ (a la paz, al desarrollo económico, al agua, a la alimentación, a la autodeterminación, a un ambiente sano, a la información, a la participación y a la consulta, a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad, etc.) y en la ponderación del bien común, que es de todos y de cada uno, y no de las mayorías sobre las minorías. Veremos si se atreven a litigar sobre los organismos de interés público, como las asociaciones ganaderas”, dijo en su análisis.

“Un gran reto del que debemos estar pendientes de su cabal cumplimiento, para, de esta manera poder decir que en México se respetan los derechos humanos y que contamos con leyes y juzgadores a la altura de un país democrático y vanguardista”, puntualizó. Conredes ha encabezado la lucha de los habitantes de Los Altos en busca de preservar su derecho al agua y al desarrollo, amenazado por el trasvase desde la presa El Zapotillo hacia la ciudad de León, Guanajuato.

Por su parte, la abogada Claudia Gómez Godoy, integrante del Colectivo de Abogados –que asesora a los vecinos de Temacapulín amenazados de ver su asentamiento inundado por la misma represa- dijo que si bien, no es un documento vinculante, remite a leyes y tratados que sí son de naturaleza vinculante para el estado mexicano, por lo cual, debe alcanzarse pronto un mejor acceso a la justicia efectiva por parte de las víctimas de los megaproyectos, bajo el espíritu de que las mayorías no tienen por qué aplastar a las minorías.

“Tenemos la esperanza de que los jueces y magistrados federales tengan claridad respecto a cómo aplicar la ley y hagan menos complicada la ruta de la justicia para los ciudadanos frente a los grandes poderes del Estado o de las empresas”, subrayó.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por fin toma nota del aspecto legal de una de las realidades más apremiantes del país: la violación de derechos humanos, individuales y sociales, así como ambientales, propiciadas por las grandes obras de infraestructura, advierte la directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), María González Valencia.

Participante en la elaboración del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de desarrollo e infraestructura, que publicó la corte en diciembre pasado, la activista destaca que “este protocolo es resultado de la preaudiencia ‘Presas, derechos de los pueblos e impunidad”, de la Mesa de Devastación Ambiental y Derecho de los Pueblos, del Capítulo Mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos, que realizo el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos [Mapder], en Temacapulín, Jalisco, en noviembre de 2013”.

Así, “es producto de un trabajo colectivo del Mapder, las organizaciones civiles, abogados y académicos que acompañan y asesoran las resistencias sociales y sus luchas en México”, y “es un documento que no solo servirá para el uso de los tribunales y jueces, sino para todos aquellos casos de comunidades afectadas por megaproyectos -minas, presas, gaseoductos, acueductos, carreteras, desarrollos inmobiliarios, entre otros- que, desde un modelo extractivista atentan contra sus territorios, despojándolos de sus bienes comunes naturales, historia, identidad y patrimonio”, dijo en una opinión solicitada por MILENIO JALISCO.

“Es fundamental que jueces conozcan el documento y lo utilicen como una herramienta clave, para garantizar los derechos de los pueblos afectados por proyectos de desarrollo e infraestructura, a la luz del las mejores prácticas internacionales de impartición de justicia que el Estado Mexicano está obligado a cumplir y aplicar”, puntualizó.

El documento señala que en 2007, Miloon Kotari —relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre una vivienda adecuada— “presentó como parte de su informe anual, un documento cuyo objetivo fue orientar a los Estados sobre las medidas para evitar los desalojos forzosos provocados por proyectos de desarrollo. En éste subraya “aun reconociendo el gran número de contextos en que se producen los desalojos forzosos, las presentes directrices se centran en ofrecer orientación a los Estados sobre medidas y procedimientos que han de adoptarse para garantizar que los desalojos generados por el desarrollo no se efectúen en contravención a las normas internacionales de derechos humanos existentes y, por tanto, no constituyan desalojos forzosos”.

jueves, 22 de enero de 2015

Bordo ilegal destruyó el estero de San Pancho, en Bahía de Banderas




La Semarnat aclara que inmobiliaria se excedió. La dependencia da a conocer información ante consejo consultivo: nunca se autorizó invadir zona federal ni destruir especies nativas.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

La construcción del bordo en el arroyo de Los Izotes y el estero de San Francisco, en Riviera Nayarit, se ha hecho en exceso respecto a las autorizaciones que emitió la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dijo el titular de la dependencia, Roberto Rodríguez Medrano, a representantes del núcleo nayarita del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable.

En reunión realizada en Tepic el pasado 20 de enero, el funcionario, apoyado por su personal técnico, demostró que los expedientes 18NA2013AH028 y 18NA2013AH029 en ningún momento permiten que se invada el estero, sino que se limitan a la zona del arroyo. Mucho menos permiten la destrucción de majahuas o de cualquier vegetación natural y de forma expresa, prohíbe “modificar en forma perjudicial la sección hidráulica natural, ni afectar los márgenes ni la zona federal marítimo terrestre”, como lo señalan de forma expresa los resolutivos emitidos en diciembre de 2013 por la dependencia.

Los ambientalistas de San Pancho reconocieron el apoyo que han recibido del funcionario, y le entregaron un escrito, firmado por la ciudadana Cesilia Kristal García Velasco (sic), en el cual señalan: “al percatarnos de las graves consecuencias ambientales, económicas y sociales que estos hechos pueden traer a nuestra población, los habitantes de la comunidad de San Francisco hemos solicitado la suspensión de labores en este sitio, así como la revisión del proyecto, ya que se han encontrado diversas inconsistencias tanto en las manifestaciones de impacto ambiental como en los permisos y concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua [Conagua] al desarrollador inmobiliario antes mencionado”.

La misma petición, en relación con los permisos de la Conagua, se entregó en las oficinas estatales del organismo sectorizado de la propia Semarnat. Durante el debate al seno del consejo, se cuestionó por qué esos datos no fueron tomados en cuenta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa): eran elemento suficiente para que el procurador, Guillermo Haro Vilchez, quien inspeccionó la zona a finales de diciembre, hubiera ordenado una clausura ante la flagrancia de la violación, situación que no sucedió.

El informe de la reunión se dio al seno del grupo de Facebook San Pancho comunidad participativa: “Ayer fuimos a Tepic a la Semarnat y se confirma que más de la mitad de lo construido y rellenado en el estero de San Pancho para el bordo artificial se hizo sin estar autorizado por la Semarnat en materia de impacto ambiental. Kristal García presentó los acuerdos tomados en reunión pública en el parque de la hermandad [esta reunión fue el 16 de diciembre]. Muy bien recibida por el delegado Roberto Rodríguez Medrano en sesión ordinaria del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable”.

Los vecinos habían tomado los siguientes acuerdos: pedir el retiro del bordo artificial edificado; anular permisos y concesiones de zona federal; pedir la reparación inmediata de la planta de tratamiento, revisar el status de la obra y conectarla para que no contamine el cuerpo de agua. Se espera que hoy se reúnan para informar los avances y mantener el dedo en el reglón sobre la necesidad de recuperar su cuerpo de agua alterado por Inmobiliaria San Pancho.

Megaproyectos, un desafío para las leyes, reconoce SCJN



La amenaza de desplazamientos, los daños ambientales y la violación de derechos humanos deben ser analizados en las sentencias del Poder Judicial, señala protocolo.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Las grandes obras de infraestructura –como la presa El Zapotillo, el Macrolibramiento de Guadalajara o la Línea 3 del tren eléctrico urbano- son un desafío creciente para el Poder Judicial mexicano: en su realización, se desplazan poblaciones, se alteran o destruyen ecosistemas enteros, y se suspenden o violentan derechos fundamentales del individuo y las comunidades, como la libre información, la libre expresión, la salud, la propiedad o el ambiente sano.

Ante esa realidad, que tiene en vilo el destino de cientos de miles de jaliscienses -de forma directa, y sobre todo, indirecta-; situación que comparten de forma creciente con moradores de todas las regiones del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado publicar un protocolo que sería orientador en las decisiones de los jueces y los magistrados de distrito, y además, podría apoyar a otras instancias autónomas.

El protocolo considera tanto las leyes mexicanas como la amplia gama de tratados internacionales en materia de derechos humanos y medio ambiente que México ha signado con carácter de ley suprema, y por lo tanto, de aplicación obligatoria.

“Los proyectos de desarrollo e infraestructura suelen plantearse a gran escala, y por ende la cantidad de recursos económicos y financieros que se requieren para ponerlos en marcha es también significativa. Por esta razón, una de las características principales de los mismos es la intensidad económica, temporal y territorial con la que se impulsan”, señala el documento, denominado Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de desarrollo e infraestructura, que fue terminado y publicado el pasado mes de diciembre, por el máximo tribunal del país.

Para ello, la corte contó con el trabajo de un grupo plural de abogados, entre los que se cuenta Claudia Gómez Godoy, del Colectivo de Abogados con sede en Guadalajara, y de María González Valencia, directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), también de Jalisco. El protocolo fue coordinado por expertos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la oficina de América Latina de la Coalición Internacional del Hábitat, y está ilustrado con casos como la presa El Zapotillo –que desplaza un millar de habitantes y pone en vilo derechos de casi 800 mil-, la presa Arcediano -pospuesta por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la orilla norte de Guadalajara-, la contaminación en El Salto, al este de la misma ciudad, u otros casos emblemáticos como la presa La Parota, en Guerrero; la presa El Cajón, en Nayarit, o la presa Paso de la Reina, en Oaxaca, así como proyectos controvertidos de otros sitios del orbe; Chile, Colombia, Brasil, Ecuador o Kenya.

La gran clave, ante la justificación del “bien común” que arguyen los promotores o ejecutores de los proyectos, se sintetiza en la siguiente disyuntiva a la que se enfrenta el administrador de justicia: “Distinguir entre aquellos derechos que no admiten ninguna reducción y otros que pueden ser limitados en aras de otros”.

“El Poder Judicial de la Federación en particular, pero no sólo, debe dar respuesta a las demandas de regulación y protección que las personas están requiriendo, tarea para la cual los estándares internacionales brindan referentes muy valiosos para solucionar controversias concretas de forma protectora. A pesar de que la temática del presente Protocolo es relativamente nueva, este Alto Tribunal apuesta por abordarla, sugiriendo principios, derechos humanos a considerar, un método interpretativo y sentencias relevantes para mejorar la situación y el cumplimiento de los derechos de las personas y colectivos”, apunta.



El debate

“Un tema a abordar cuando nos referimos a proyectos de desarrollo e infraestructura es el de sus beneficios e implicaciones. Al respecto podemos referir básicamente dos posturas: la que considera que estos emprendimientos suponen beneficios para un grupo de personas o colectivo, lo que legitima su realización; y la que privilegia las afectaciones que dichos proyectos traen consigo, situación que representa un claro límite para su desarrollo”, expone el texto.

“Normalmente, los proyectos de desarrollo e infraestructura se promocionan y se justifican bajo el argumento del bien común que traerán consigo. Se alude al acceso a algún servicio [como puede ser al agua, a la electricidad, a vialidades] como resultado de este tipo de emprendimientos. Además, se alude a la generación de empleos que su construcción supone. Aun cuando estos proyectos efectivamente conlleven lo que presumen, ideas como el bienestar general, más aún cuando son proyecciones y no están fundadas en hechos verificables, no pueden llevar a la realización de dichos proyectos sin tomar en cuenta las posibles afectaciones que pueden significar”, añade.

Así, “el debate sobre la viabilidad o no de un proyecto de desarrollo debe darse a partir del análisis de la situación que suponga mayores beneficios para los derechos humanos y menos limitaciones a estos derechos”.

En otras palabras, “debe recurrir al uso de un método de ponderación […] los argumentos de ‘bien común’ o ‘impacto general’ no pueden imponerse frente a las afectaciones que supone un emprendimiento, cualquiera que sea.

Priorizar los primeros sobre las segundas equivaldría a sostener que la violación de los derechos humanos está permitida si la medida que se toma supone un beneficio para una persona o colectivo, idea contraria al enfoque de derechos humanos”.

Lo segundo es “que toda medida que suponga una afectación a un grupo de personas o colectivo, necesariamente debe ser sometida a su consulta, ofreciendo la información necesaria para poder evaluarla”; una de las anomalías más comunes de los megaproyectos es negar ese derecho.

Sin embargo, “las decisiones relativas a su planeación, construcción y operación son casi siempre ajenas a las colonias y pueblos que impactan, y en la mayoría de las ocasiones la toma de decisiones se lleva a cabo en esferas desconocidas por los habitantes. Además, pueden presentarse como ‘realidades técnicas’ que sólo están al alcance de especialistas”.

En dado caso que se considere que estos proyectos sólo pueden ser discutidos por expertos, “también pueden resultar violados los derechos a la participación y a la consulta, y en el caso de los pueblos indígenas a la libre determinación y al propio desarrollo, entre otros. Quienes los diseñan y construyen pueden considerar que los habitantes de centros urbanos o comunidades afectadas no tienen nada que decir o aportar frente a realidades que se dice pertenecen sólo al mundo de la racionalidad técnica, vinculada a ‘necesidades o demandas’ que es necesario satisfacer. Esto puede reforzar los procesos de exclusión y discriminación”, advierte.

Hoy, “México cuenta con un marco normativo que señala el deber de garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales que se han ratificado y de hacer un control de las normas y de los actos de autoridad en concordancia con dicho marco normativo. Adecuar la praxis judicial a estos nuevos parámetros constituye un reto enorme para las y los operadores judiciales. Esta SCJN quiere colaborar, a través de este documento, con los responsables de prestar el servicio público de impartición de justicia para que realicen su labor, frente a casos actuales y muy concretos, con apego a sus nuevas obligaciones y a la luz de las mejores prácticas internacionales”.

El documento, sin precedentes en la historia de la SCJN para estas materias, será distribuido entre todo el personal del Poder Judicial Federal, pero puede ser solicitado en versión electrónica por cualquier interesado.



Una síntesis

Principales derechos humanos afectados por megaproyectos

1 Derecho

2 Derecho

3 Derecho a la participación y a la consulta

4 Derechos a la libre expresión, a la protesta y a ser protegidos contra la criminalización

5 Derecho

>6 Derecho

7 Derecho a una vivienda adecuada

8 Derecho a una alimentación adecuada

9 Derecho al agua y al saneamiento

10 Derecho a la salud

11 Derechos culturales

12 Derecho a un medio ambiente sano



Principios generales para llevar a cabo un buen juicio:

1 No discriminación (“ninguna persona afectada por un proyecto de desarrollo podrá sufrir alguna distinción o exclusión basada en la nacionalidad, sexo, raza u origen étnico, religión o creencias, discapacidad, edad u orientación sexual, pobreza o marginación económica que dé por resultado la anulación, restricción o el menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos”)

2 Interdependencia (violar un derecho lleva a violar otros derechos)

3 Indivisibilidad (los derechos “parten de una misma construcción)

4 Propersona (“cuando se trata de reconocer derechos protegidos se debe acudir a la norma que ofrezca la mayor protección a la persona o grupo, o a la interpretación más extensiva de la misma”)

5 Progresividad (“el Estado y sus agentes deben avanzar paulatina pero progresivamente en el establecimiento de las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio del derecho a través de planes y medidas que deben ser cumplidos”)

6 Equidad intergeneracional (“la responsabilidad de cada generación de dejar a las nuevas generaciones una herencia de recursos que no sea menos que lo que ellas mismas heredaron”)

7 Quien contamina paga (“evitar que la política de protección al ambiente se costee con recursos públicos y recaiga en los contribuyentes”)

8 Precautorio (“respuesta ante la falta de certeza científica sobre los posibles efectos ambientales de determinadas actividades. Por ello, este principio requiere adoptar disposiciones de modo restrictivo, tomando medidas para que ese daño hipotético no llegue a producirse”)

9 Reparación integral del daño (“deber de reparar de manera integral el daño ocasionado y restablecer la situación anterior a la violación de derechos humanos”)

Fuente: protocolo para proyectos de desarrollo e infraestructura, SCJN

miércoles, 21 de enero de 2015

Verificación universal sería la única opción



Los daños que está generando la contaminación de los autos obligan a un golpe de timón que empieza porque todos cumplan la ley.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El relanzamiento de la verificación de autos en el área conurbada de Guadalajara y su aplicación verdaderamente universal en las 2.7 millones de unidades registradas en el estado de Jalisco, es el único camino serio para contener el deterioro de la calidad del aire en la atmósfera y sus consecuencias en morbilidad y mortalidad de los tapatíos, dijo ayer el vocero del Colectivo Ecologista de Jalisco, Mario Silva.

El también académico puso en relieve que “no hay opciones, y el gobierno del estado debe entrarle a fondo al tema, pues hay mucha evidencia técnica del desastre que se ha generado ante la falta de fuerza en la aplicación de la medida, que nunca contó con los mecanismos adecuados para ser una realidad, aunque la ley lo estableciera”.

De este modo, “se han convertido en tema tabú cualquier aspecto que refiera a la reducción del número de unidades que circulan por la ciudad […] debemos reconocer que medidas como el Operativo Salvando Vidas sí han inhibido los accidentes, y ahora con el tema de los celulares también se podrán lograr efectos positivos […] pero el tema de las emisiones es más complejo, y le falta información a la gente para que vincule esto con las infecciones respiratorias y sobre todo, su efecto en población de riesgo como menores o adultos mayores; además, la Semadet debe involucrar otras dependencias para lograr el éxito en el tema, como Movilidad o Finanzas”.

La población debe tener acceso a toda la información para que comprenda el sentido de una sanción, y no busque mecanismos para evitarla. También consideró necesario hacer un diagnóstico a fondo de los autos que no tienen convertidor catalítico, de manera que se vea el mejor modo de generar un cambio: no necesariamente darles un vehículo a cambio, “es mejor aún lograr que el ciudadano tenga opciones de movilidad no motorizada y de transporte público de calidad”, lo cual significa que hay que avanzar de modo paralelo para lograr una ciudad más amable con las personas y menos secuestrada por el auto particular.

:CLAVES

BAJO CUMPLIMIENTO

Contra un padrón total que creció de a 60 mil autos por año para pasar de 2.25 a 2.7 millones de unidades, solamente alrededor de 30 por ciento cumplieron de forma habitual. Los años con menos cumplimiento relativo: 2009 y 2014.

2009, 496,662 autos verificados.

2010, 762,472 autos verificados.

2011, 869,200 autos verificados.


2012, 957,313 autos verificados.

2013, 835,516 autos verificados.

2014, 682,747 autos verificados.

Fuente: Semadet

martes, 20 de enero de 2015

Ven “farsas” en planeación urbana



Agrupados en el Parlamento de Colonias, ya han planteado amparos contra el programa y preparan otros en contra de los 52 planes parciales que próximamente se publicarán.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Parlamento de Colonias y representantes de una docena de fraccionamientos y barrios del municipio de Guadalajara denunciaron ayer la “farsa” en que a su juicio se convirtió el proceso de redensificación urbana de la ciudad, con la virtual “imposición” de políticas que favorecen a los desarrolladores inmobiliarios por encima de los intereses de la ciudad.

Presidida por el presidente del Parlamento de Colonias, Alejandro Cárdenas Ochoa, los vecinos denunciaron que participaron de forma activa aportando ideas y expresando inquietudes sobre los retos del tema pero que ello no lo ven reflejado en el programa municipal de desarrollo urbano, contra el cual ya se ampararon, y en los 52 planes parciales cuya aprobación se pretende hacer por el Ayuntamiento de Guadalajara en el curso del presente mes y contra los que se ampararán una vez que sean publicados por la gaceta municipal.

Las quejas principales derivan de no resolver el problema de infraestructura indispensable para que una zona pueda alojar más habitantes. Tampoco se ha respetado lo que plantea el Código Urbano respecto a que los colonos han de decidir el modo a desarrollar sus propios asentamientos; por el contrario, “se trata de esquemas negociados por las empresas inmobiliarias los cuales solo son legalizados por la autoridad municipal”, apuntó Cárdenas Ochoa.

Recordó que las densidades quedan en muchos casos abiertas a las necesidades del desarrollador, lo cual quedan en indefensión total los vecinos. Hasta ahora los planes solo le restan áreas verdes a la ciudad y la relación superficie común/habitante sigue descendiendo, pues “se trafica con los bienes públicos de la propia ciudad”, subrayó.

“Rechazamos la inminente consumación de la farsa, la burla, la corrupción, la impunidad y el cochinero al momento de elaborar y aprobar los documentos finales del programa y planes de desarrollo urbano, así como en el otorgamiento de licencias de giro y edificación, violentando los planes parciales vigentes, deteriorando la calidad de vida y poniendo en riesgo la integridad física y patrimonial de los habitantes”, señala la declaración leída ante la prensa.

“Desde la consulta del Programa Municipal de Desarrollo Urbano cientos de ciudadanos señalamos qué ciudad queríamos y propusimos que se generara la reglamentación para que de forma ordenada se fuera construyendo la Ciudad Compacta, propusimos que primero se establecieran polígonos y se desarrollara la infraestructura, para luego se hicieran los cambios de uso de suelo acordes al tipo de infraestructura construida, y nos contestaron que era procedente nuestra petición; pero, cuando publicaron el documento aprobado nos dimos cuenta que no habían tomado en cuenta ninguna de las propuestas y observaciones, más aún, habían generalizado las edificaciones verticales de 10 y hasta 28 niveles en todas las vialidades principales y secundarias y tampoco contenía la reglamentación general”.

En el fondo, añaden, se trata de “legalizar las autorizaciones ilegales ya dadas y sólo reflejan el interés recaudatorio, mediante la venta de licencias de edificación y giros en todos los barrios y colonias de Guadalajara, entregándolas a los especuladores inmobiliarios para que construyan e instalen lo que les venga en gana”.

270 mil automovilistas deben verificar en enero



La Semadet advierte que ahora sí, la ley se debe cumplir: 2.7 millones de autos deberían ser verificados, o habrá multas.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Nueve años después de que dejó de ser voluntario para convertirse en requisito obligatorio, la verificación -procedimiento que certifica que un automóvil no contamina por encima de lo permitido en las normas oficiales mexicanas-, ya no será de facto sólo para “hombres de buena voluntad”; es decir, no se beneficiará a los incumplidos con la tradicional tibieza en la aplicación de las leyes, aseguró ayer la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Magdalena Ruiz Mejía.

No puede ser para menos: los autos -de los cuales, apenas en 35 por ciento se ha cumplido con esa obligación cada año- son responsables de 85 a 90 por ciento de la carga contaminante atmosférica del área metropolitana de Guadalajara, una de las cinco urbes más contaminadas de América Latina, lo que se traduce en unas 1,500 muertes por infecciones respiratorias agudas o enfermedades crónicas al año, según la Organización Mundial de la Salud. Es decir, es el paso más importante para recuperar la buena calidad del aire en la ciudad, dijo en entrevista con MILENIO RADIO.

“El tema lo hemos cuidado mucho, sobre todo para que los procedimientos jurídicos y administrativos no se vayan atorando; hay una estrategia jurídica y administrativa muy fuerte para que la transición en este modelo que era obsoleto, que permitía un alto nivel de irregularidades, corrupción e ineficacia, salte a un nuevo modelo que sí esté sustentado jurídica, administrativa, pero sobre todo técnicamente […] la calidad del aire tiene que ser la prioridad de todos los jaliscienses que vivimos en las zonas urbanas, porque en la calidad del aire tu respiras a diario 300 gramos de contaminantes, que entran y salen de tus pulmones, hay mucho riesgo, hay tapatíos vulnerables expuestos a un alto nivel de contaminación, tendría que verse siempre a nivel de salud pública”, refirió la funcionaria.

Es un proceso “de envenenamiento continuo, que tiene implicaciones económicas, graves, en el rendimiento de las personas, todo este estrés que se vive dentro de nuestro cuerpo, de menos oxigeno y más contaminantes, hay que verlo como una responsabilidad compartida, porque somos todos los usuarios de vehículos particulares, y hay que apostar a la verificación como una de las más importantes acciones que se deben hacer, nos lo indica la experiencia de ciudades como México, Monterrey, Los Ángeles o Nueva York”, dijo.

Además de lograr el cumplimiento universal de ese programa, se buscará incentivar cambio de vehículos a modelos recientes, sobre todo por la falta de catalizador de casi 25 por ciento de los que circulan en la ciudad; se incluye también el tema de la movilidad sustentable –tanto transporte público de primera calidad como vías seguras para ciclistas-, el del cambio de formas de combustión en ladrilleras y el de mejora y ampliación de áreas verdes.

- ¿Cuándo empieza a ser realidad la verificación vehicular?

- Lo vamos a publicar en todos los diarios: ya no se va a permitir que un auto no verifique cuando sea su mes para la verificación, en enero va la placa terminación uno, en febrero la placa terminación dos, en marzo la tres y así sucesivamente hasta la terminación cero […] antes podía pasar hasta un año y once meses sin que un auto estuviera verificado y ahora no va a ser así, si un auto no es verificado en su mes de verificación tendrá una multa administrativa.

El Instituto Mexicano del Petróleo entregara “en marzo o abril” el nuevo diagnóstico y el modelo a aplicar para dar certeza a la verificación, “de ahí vienen una serie de ajustes e implementaciones para que nosotros como gobierno del estado hagamos todos los procedimientos jurídicos y administrativos, y sobre todo de inversión, para reconvertir este nuevo modelo”, puntualizó.