sábado, 30 de agosto de 2014

Acuífero de ZMG aguantará sobredemanda solo 2 años



De acuerdo al organismo, la obra de 139 millones de pesos tiene un plazo limitado ante el abatimiento de las aguas subterráneas.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha permitido una extracción extra de mil litros por segundo al acuífero de la ciudad, que pasará así de tres mil a cuatro mil litros de extracción, y a soportar alrededor de 37 por ciento de la demanda de la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG). La condición es que esa sobrecarga sea temporal, dos años como máximo, dijo el director del organismo de cuenca Lerma Santiago Pacífico, José Elías Chedid Abraham.

A juicio del funcionario, se avecina un nuevo periodo de sequías en la cuenca Lerma, y es importante dar prioridad a la capital de Jalisco para que afronte el problema. “El año que viene y el próximo, la gente de Guadalajara la va a pasar mal, le estamos metiendo mil litros más, en solo dos años, en lo que se termina la infraestructura del río Verde”, dijo en entrevista con MILENIO JALISCO.

- Si consideramos que es un acuífero ya sobreexplotado, ¿no se va a ampliar el problema?

- Es agua que forma parte de la concesión que tiene el SIAPA y que no ha usado. En términos de disposición no hay problema, pero no nos conviene pegarle más de dos años al acuífero, una vez que entren en operación las obras de El Verde ponemos a descansar el acuífero y Chapala.

- El acuífero trae un abatimiento de dos a tres metros por año… ¿qué pasa si seguimos a ese ritmo de explotación?

- Así es […] pues adiós, hay evidencias muy clara de hundimientos, por sacar agua de 400 o 500 metros. Y yo no culparía a los constructores de vivienda, son intermediarios, los gobiernos municipales deben regular el uso del suelo, pero el caso es que la gente sigue llegando a vivir y demanda un espacio.

Esta obra consiste en la perforación de 22 pozos nuevos en la zona oriente de la ciudad, y rehabilitar 15 más de la zona poniente.

“De la rehabilitación de los pozos en Tesistán vamos a  generar 150 litros por segundo, son quince pozos; también vamos a perforar nueve pozos en el sistema de San Martín de las Flores, donde buscaremos un caudal de 400 litros por segundo, y otros trece pozos en el sistema de Las Pintas, para un caudal de 450 litros; esperamos que estos pozos tengan una vida útil de 30 años, pero se pretende que dejen de operar cuando entre la nueva fuente de abastecimiento, y a partir de entonces se consideran que sean mantenidos para sacar agua dos días al mes (...) que permita soluciones extremas cuando tengamos algún conflicto con las fuentes de abastecimiento”, dice por su parte el presidente del consejo de Administración del SIAPA, Francisco Ayón López.

Las perforaciones nuevas se van a  hacer a 300 metros, “se consiguió un sello hidráulico para no dañar a los pozos de terceros (...) la idea es que tengamos agua para medio millón de personas”.

Aclara que no se rebasa la concesión que tiene el SIAPA, pues hay medio centenar de pozos sin funcionar; los volúmenes tampoco exceden los derechos establecidos en los valles de Tesistán, Atemajac y Toluquilla.

Ayón López dice que el crecimiento de la ciudad “nos lleva a que el SIAPA ya no sea una institución de cuatro municipios (...) hay pláticas con varios municipios para su posible anexión al sistema; ese crecimiento requiere más agua, porque en el caso más grande en términos de población y usuarios, que es Tlajomulco, actualmente son redes aisladas, son soluciones por colonia; esté el pozo de agua que surte a la colonia y el desagüe se va a un vertedero no controlado”.

Los datos

22 pozos nuevos en el sistema San Martín de las Flores (nueve perforaciones) y el sistema Las Pintas (13), así como 15 pozos rehabilitados en el sistema Tesistán

El caudal que se incrementará ronda 972 litros por segundo y demandará la inversión de 139 millones de pesos en beneficio de medio millón de personas (en cuyo caso, se garantiza por persona 172.8 litros al día). Los estándares internacionales señalan que un consumo diario de 100 a 120 litros por persona garantizan todas las necesidades de una persona

En el caso del sistema San Martín de las Flores, en Tlaquepaque, los nueve pozos se conocen como El Tempizque, Barrios Unidos, La Victoria 2, Los Hornos, La Cofradía, La Abadía 2, El Sauz, Hacienda Real y El Amial. En cuanto a Las Pintas, en los linderos de Tlaquepaque, Tlajomulco y El Salto: pozos Vista Hermosa, Hacienda Vista Hermosa, Parque Santa Cruz del Valle, Parques del Palmar 1 y 2, Villa Fontana 1 y 2, Magnolias, Almendros, Valle de la Misericordia, y tres más que no tienen nombre propio

Los pozos a rehabilitar del sistema Tesistán son los numerados del siguiente modo: 3B, 3C, 3E, 11, 40, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 63, 73, 76, 77

viernes, 29 de agosto de 2014

Diputados se comprometen a gestionar cambio en Ipejal



Una comisión de legisladores estuvo en Morelos, de Tomatlán, y se comprometió a buscar que se regresen más de 80 millones de dólares aportados al proyecto Chalacatepec.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

Una comisión de diputados del Congreso de Jalisco se comprometió el pasado lunes con los ejidatarios disidentes de José María Morelos, de Tomatlán, y con miembros del Federación General de Trabajadores del Estado y sus Municipios (FGTEM), abrir un frente legislativo para que se modifique la Ley de Pensiones del estado, plantear el retorno de los recursos que el fondo de pensiones puso para el proyecto de Chalacatepec, y generar un consejo de administración "plural y democrático" al seno del Ipejal.

Cuauhtémoc Peña Cortés, secretario general de la agrupación de trabajadores, explicó que esa visita fue fruto de un acuerdo que tomaron legisladores tras la manifestación pública de los quejosos el pasado 12 de agosto. Acudieron la diputada Celia Fausto Lizaola, del PRD, y los diputados Jesús Palos, del Verde; Gustavo González Villaseñor y Juan José García, del PAN. "Expresamos que un grupo mayoritario de ejidatarios repudia el proyecto, que el grupo empresarial que lo tutela obtuvo a un precio ridículo 1,900 hectáreas y que el grupo impuesto por las instituciones como comisariado ejidal sólo tiene como misión levantar los amparos para ayudarlos", explicó en conferencia de prensa.

El diputado Gustavo González se comprometió a analizar el fideicomiso con miras a que se solicite la devolución de los más de 80 millones de dólares que fueron aportados durante el gobierno de Emilio González Márquez, lo que también implicaría el caso de las Villas Panamericanas, donde el Ipejal aportó 340 millones de pesos "para un negocio malo, unas villas sin habitabilidad, lo que demuestra que no se buscó nunca el beneficio de los fondos de los trabajadores", argumentó Peña Cortés.

En el caso de Chalacatepec, la situación es más grave porque de ser poseedores de casi de 50 por ciento del capital accionario, los trabajadores ahora sólo son dueños de 24 por ciento debido a que se integraron más de 80 millones de dólares del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), "situación que de ningún modo se compensa con los bienes otorgados a cambio, como un hotel en la ciudad de México", añadió el líder sindical.

"Esto es una trampa en la que perdemos los trabajadores, hay cerca de 170 millones de dólares que no aportó Rasaland sino fondos públicos y de trabajadores, y que sólo han servido para que la empresa especule con la tierra, compre autoridades e imponga a dirigentes ejidales".

El dirigente del FGTEM consideró escandaloso que los fondos de Pensiones se usen para el derroche: otros ejemplos serían que de allí se paga el festejo del Día del Servidor Público, y que salen recursos para mantener quieto el sindicalismo oficial. Peña Cortés mantuvo su cuestionamiento al actual presidente del consejo del Ipejal, Francisco Ayón López, y dijo que en quince días habrá resultados en el Congreso, conforme con las promesas de los diputados, ninguno de ellos del partido gobernante, el PRI.

jueves, 28 de agosto de 2014

Ejidos se amparán contra reforma energética


Señalan graves violaciones a derechos constitucionales y agrarios en las leyes secundarias de la reforma promulgada hace tres semanas por el Congreso de la Unión.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Ejidos de Jalisco y Nayarit, ligados a la organización campesina Plan de Ayala, interpondrán dentro del término de 30 días que ya corre desde que se promulgaron las leyes secundarias de la reforma energética, un amparo por la inconstitucionalidad de esa nueva legislación, que pretende cancelar derechos y procedimientos establecidos en la Ley de Amparo, en la Ley Agraria y en los artículos 27, 103 y 107 de la constitución.

En particular, el dirigente estatal de esa organización, Pedro León Corrales, v como lesivo el artículo 27 de la denominada Ley de Órganos Reguladores de Energía, porque pretende impedir los derechos de los núcleos agrarios a solicitar en un juicio de amparo la suspensión de plano para proteger su patrimonio de los posibles daños de un proyecto energético impuesto por agentes externos a las comunidades.

En conferencia de prensa, el ex legislador local del PRD habló de una carta que se entregó al presidente de la república, Enrique Peña Nieto; al gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, y a las diversas secretarías involucradas: Economía, Agricultura, Medio Ambiente, Desarrollo Agrario, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y Comisión Nacional del Agua.

"Manifestamos nuestra firme y libre decisión de presentar los amparos colectivos en contra de las leyes secundarias energéticas y de apoyar la consulta popular en rechazo a la reforma energética constitucional", dado que se vulnera el derecho de los pueblos a disponer de sus bienes y a protegerlos del deterioro, como podrá suceder en caso de que se apliquen concesiones para diversos aprovechamientos, señala el texto entregado.

El movimiento de integración de amparos es a nivel nacional, y tiene hasta el próximo 12 de septiembre para ejercitar el derecho. El efecto de una suspensión en esa materia significa que el ejido o comunidad indígena quejosos queden libres de un proyecto impuesto mientras no se les consulte en los términos que plantea la Ley Agraria y sus reglamentos, es decir, la asamblea general de ejidatarios o comuneros es la máxima autoridad; cualquier asamblea debe ser convocada de forma expresa para conocer de un proyecto y votarlo (no puede ser en el apartado de "asuntos varios"), y los dineros que se cobren de una indemnización deben derivar de un acta de asamblea con esas formalidades, porque no existe la figura de aceptación implícita de un proyecto por medio de una indemnización, en el caso de los sujetos agrarios mexicanos.

Piden ordenamiento hídrico para dos zonas de conflicto



El respeto a la capacidad de carga de los ecosistemas es fundamental para    sostener una economía próspera y derechos sociales, lo que allí no sucede, señalan.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El caos es el reino del conflicto, y si la autoridad no dota a las cuencas hidrográficas de instrumentos como los ordenamientos hídricos, no se podrán tomar decisiones adecuadas con la infraestructura, la dotación y el uso del agua, y respetar los derechos de todos los ciudadanos, lo que es especialmente urgente en las zonas más conflictivas, señala en su dictamen de recomendaciones el Observatorio Ciudadano del Agua para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco.

Se trata de la región de Los Altos, en la cuenca del río Verde, donde se ubica el controvertido proyecto de El Zapotillo, y de la cuenca de la presa de Hurtado, que abarca los municipios de Tlajomulco, Tala y Acatlán, donde hubo muerte masiva de peces un año atrás.

La propuesta de su implementación tiene que ver con dos de las seis recomendaciones extendidas al gobernador esta semana.

“Este Observatorio recomienda al Ejecutivo del estado, así como al Congreso (...) a que lleven a cabo las gestiones necesarias para realizar el pedimento a Semarnat de la realización de un  ordenamiento hídrico de la cuenca del río Verde y su área de influencia en escala 1:50,000 hectáreas conforme a la metodología vigente para la elaboración del Ordenamiento Ecológico del Territorio (OET)”.

Piden la participación de dependencias del gobierno de Jalisco, los municipios correspondientes, “las entidades  productivas y organizaciones sociales vinculadas con el territorio en la mencionada cuenca, de forma inmediata y previa a la continuación de los  trabajos de operación del proyecto de la presa El Zapotillo”.

El ordenamiento “deberá ser coordinado por expertos en hidrología, geohidrología, agua atmosférica y virtual particularmente, así como especialistas en ciencias sociales y económicas, entre otras disciplinas necesarias. Una vez elaborado, este Ordenamiento deberá proponerse para su aprobación como instrumento de política pública”, añaden.

En el caso de la presa Hurtado, “no existe organización entre las diferentes dependencias”, y el desastre de la pesca “ha dejado sin actividad comercial alrededor de 300 familias, existe invasión de lirio en 90 por ciento de las 580 hectáreas de embalse y contaminación en el cuerpo de agua por coliformes fecales excediendo la permisibilidad de la norma.

“El ordenamiento hídrico como criterio preponderante del ordenamiento ecológico territorial es una concepción de desarrollo armónico; es una manera de hacer más eficiente la oferta territorial a la recepción del  gasto del Estado y de la inversión privada para el beneficio social”.

Las otras cuatro recomendaciones versan sobre el derecho a la información y el acceso a la discusión de proyectos públicos; la inconveniencia del trasvase de agua a León, y la necesidad de auditar la manifestación de impacto ambiental de El Zapotillo, frente a los efectos que ocasionará en la región alteña y que ese documento no analiza, según los argumentos vertidos por los expertos y ciudadanos de este cuerpo colegiado integrado por iniciativa del gobierno, y cuyas opiniones son vinculantes para el mismo.

“Estrategia de engaño”: activistas

Activistas de Brasil y Colombia visitaron la zona que se pretende inundar por el proyecto de El Zapotillo, y refrendaron su percepción del manejo de los gobiernos de este tipo de proyectos en América Latina: desinformación, promesas incumplidas, divisiones internas y engaños.

Previo al XI Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los ríos del (Mapder), a realizarse en Olintla Puebla, del 29 al 31 de agosto, acudieron integrantes de movimientos de resistencia de Brasil y de Colombia. Robson Sebastian Formica, integrante del Movimiento dos Atingidos por Barragens (MAB) -Brasil, afirmó que la falta de información es una estrategia intencional de quienes impulsan este tipo de proyectos “para no potencializar la organización y resistencia”.  Claudia Ortiz Gerena, integrante del Movimiento Ríos Vivos de Colombia, destacó: “Aunque los gobiernos pretendan negociar reubicaciones no existe ningún tipo de reparación adecuada, debido a que cuando una comunidad queda bajo el agua los daños emocionales y psicológicos son mayores que los económicos y definitivamente irreparables”.

miércoles, 27 de agosto de 2014

En el Verde no hay agua y “se pondrá peor”, asegura Observatorio

Impedir el trasvase a la ciudad de León está justificado, aseguran los expertos; piden auditoría a la MIA de El Zapotillo, por sus deficiencias

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Más allá de la queja de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) entregó de forma extemporánea información para analizar la situación del río Verde, la que obtuvo el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco, aportada por científicos e instituciones de investigación, publicaciones del Diario Oficial de la Federación y datos publicados de las estaciones del Servicio Meteorológico Nacional, no ofrece un panorama alentador.

Por ello, se ha pedido no permitir el trasvase de agua a la cuenca del río Turbio, para la ciudad de León, y al mismo tiempo, analizar con precisión los impactos de la megapresa de El Zapotillo, cuya autorización de impacto ambiental no revisa efectos más allá de las propias cañadas del río que son actualmente represadas.

“Acorde a la información publicada por Conagua en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con respecto a la disponibilidad del agua subterránea y superficial, se observa que existe una reducción en la disponibilidad de las aguas. En base a lo anterior se concluyó que la región Altos de Jalisco es deficitaria […] se encontró que con base en indicadores de cambio climático [Climdex] se presenta un abatimiento de precipitaciones entre 50 y 180 milímetros [mm] por año. Las proyecciones de cambio climático para los años 2030, 2050, y 2080 mediante el modelo PRECIS muestran aumento significativo de temperatura hasta de 5 grados centígrados. También se proyecta una disminución en la humedad relativa de 5 por ciento, disminución de la velocidad de precipitación, incremento de la temperatura del suelo, y disminución de la humedad relativa del suelo”, explica el documento de la recomendación.

En los informes publicados por la Conagua en el DOF del 29 de noviembre de 2010 y 20 de diciembre de 2013, “encontramos que entre los años 2002 y 2007 se redujo a una sexta parte la disponibilidad de aguas superficiales en el río Verde mientras que el agua subterránea se redujo en 78 por ciento entre 2009 y 2013. En razón de todo lo anterior se concluye que no existen las condiciones hidrológicas actuales, ni a futuro, para que se haga un trasvase entre cuencas. De realizarse lo anterior se generarían impactos sociales, económicos y ambientales negativos irrecuperables”, pondera.

Por otro lado, “debido a las carencias e irregularidades identificadas por el grupo técnico científico de este Observatorio en la Manifestación de Impacto Ambiental públicamente conocida del proyecto de la presa El Zapotillo, y en razón del desconocimiento puntual e incertidumbre  de los impactos negativos posibles que pueda ocasionar la obra, así como las acciones necesarias para su prevención y/o corrección, se recomienda solicitar […] que se realice una auditoría y/o análisis técnico al contenido de tal documento, así como su apego y cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y aplicable, además del apego y cumplimiento de los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país en la materia, a efecto de asegurar la viabilidad ambiental y jurídica del proyecto”.

Esta auditoría “deberá realizarse por una Institución de Educación Superior de  reconocida solvencia, con la participación de expertos en las materias comprendidas y la presencia de observadores internacionales, así como por lo menos un miembro  designado por el grupo técnico científico de este Observatorio”, añade.

La guerra civil por el agua: comenzaron hostilidades



Es un duelo hoy sólo verbal, pero se prevé que definirá aspectos centrales para el desarrollo futuro de Jalisco

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

LOS CRÍTICOS 
El Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco pidió al gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, no permitir el trasvase de casi 120 millones de metros cúbicos (m3) anuales de la cuenca del río Verde a la del río Turbio, asiento de la ciudad de León, Guanajuato, con el proyecto de la presa El Zapotillo y un acueducto de 141.5 kilómetros de longitud.

Ello se debe al estrés hídrico que se vive en toda la meseta de Los Altos de Jalisco, que se tornará más crítico a futuro en el contexto del cambio climático, para el que apuntan aumentos de temperatura de 5 grados entre 2030 y 2080, sequías recurrentes como efecto, y que ya permite medir promedio de descensos en lluvias de 50 a 180 milímetros anuales, en las últimas dos décadas.

Lo que no pidió el observatorio -cuya votación fue unánime entre 17 consejeros- fue impedir que esa agua se utilice para las necesidades del área metropolitana de Guadalajara, que tiene reservados los mayores volúmenes de la cuenca: casi 303 millones de manuales.

Tampoco solicitó expresamente no edificar la cortina de la presa El Zapotillo a 105 metros, pero al eliminarse la presión de los intereses de la ciudad de El Bajío, negociar 80 metros de altura se convertiría en una tarea más sencilla.

“No existen las condiciones hidrológicas actuales ni a futuro para que se haga un trasvase entre cuencas, pues de realizarse, se generarían impactos sociales, económicos, ambientales negativos de carácter irrecuperable”, señala la recomendación.

Aunque la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no dio toda la información para realizar los análisis sobre el tema, se logró obtener por otras fuentes un grupo de indicadores suficientes para determinar que “la región Los Altos de Jalisco es deficitaria entre la precipitación pluvial y la evaporación [es decir, que llueve menos y se evapora más]; presenta un clima seco la mayor parte del año, y de acuerdo a los indicadores de cambio climático se presenta un abatimiento de lluvias entre 50 y 180 milímetros (mm) por año, y además las previsiones de cambio climático revelan un aumento de temperatura de hasta cinco grados centígrados entre los años 2030, 2050 y 2080 además de una disminución de la humedad relativa de cinco por ciento”.

Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, alteño y presidente del nuevo organismo, acompañado por el representante de la UdeG, Antonio Gómez Reyna; el del Iteso, Mario López; el de la Fundación Cuenca Lerma Chapala, Manuel Villagómez; el del Parlamento de Colonias, Alejandro Cárdenas, y un consejero suplente, Enrique Carmona, del Consejo Técnico Ciudadano, entre otros, validaron el trabajo del cuerpo colegiado,  y denunciaron que la Conagua obstruyó el análisis porque no entregó de forma oportuna la información solicitada e incluso advirtió que algunas peticiones eran de “información reservada”.

Durante la conferencia de prensa, ayer por la mañana, se negaron a aceptar un paquete de discos que les llevó la dirección del organismo de cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, por órdenes de su titular, en la persona de la jefe de proyecto de la planta potabilizadora El Zapotillo, Ruth Ángela Adame Villamil, y le pidieron que se entregara por las vías institucionales, a través de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco.

Añadieron que el responsable regional de la Conagua, José Elías Chedid Abraham, tuvo espacio suficiente para argumentar, y que de la información solicitada sólo dio promesas.

La del trasvase fue una de las seis recomendaciones que el organismo entregó al Ejecutivo en relación con diversos problemas regionales sobre el recurso agua. Y será la prueba de fuego sobre la viabilidad de este instrumento de consulta ciudadana, hecho a propuesta del propio gobierno, y cuyas recomendaciones tienen efectos “vinculantes” en la acción del Ejecutivo estatal, si bien, no sobre la Conagua.

“Lo que pedimos es que nos rebatan la recomendación con datos técnicos ciertos y válidos científicamente, es el proceso que debe llevar la recomendación a partir de ahora”, subrayó Gómez Reyna. Por su parte, Mario López destacó la importancia de que no se trate de una imposición, pues hay un conflicto social que también demanda soluciones.

Las otras cinco recomendaciones son relativas de forma específica a la falta de información de la Conagua; a la necesidad de un ordenamiento hídrico en la cuenca del río Verde, a una auditoría o análisis técnico de la manifestación de impacto ambiental de la presa El Zapotillo, “que es sólo local pero provoca impactos regionales”; al incremento de la participación de los observadores ciudadanos en las mesas de discusión de proyectos públicos y a la necesidad de realizar un ordenamiento hídrico en la cuenca de la presa de Hurtado o Valencia, donde hace un año ocurrió la muerte masiva de peces por contaminación orgánica. La respuesta del gobernador no ha llegado.

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Claves

- Los actores que cuestionan las políticas oficiales mexicanas en materia de agua, y que han adquirido representación con el Observatorio Ciudadano del Agua, buscan aplicar la “gestión integral” del recurso desde la visión de la sustentabilidad

- Destacan académicos de universidades como la UdeG, el Iteso y la Univa; asociaciones civiles como Conredes, Fundación Cuenca Lerma Lago Chapala (Manuel Villagómez), Parlamento de Colonias (Alejandro Cárdenas); agrupaciones de productores primarios de la región de Los Altos, y otras agrupaciones ecologistas y científicas

- A nivel nacional e internacional, tienen el apoyo de personajes destacados de la ecología política
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LOS DEFENSORES

José Plascencia Casillas, miembro de la Asociación Mexicana de Ingenieros, se llevó ayer la declaración de la jornada, al asegurar que quienes están en contra de que se construya la presa El Zapotillo a 105 metros no quieren la prosperidad de esta entidad. “Yo sí me pondría del lado de Jalisco y es momento de decir quiénes son amigos de los jaliscienses y quiénes están en contra”.

El empresario dijo que los que se han opuesto al megaproyecto han dicho “mentiras” y han dividido a los ciudadanos, pero en su opinión, es claro que “esos actores políticos van en contra de Jalisco” porque los beneficios del embalse de más de 900 millones de metros cúbicos minimizan su impacto y ayudan a detonar desarrollo y calidad de vida entre millones de moradores de la región.

El marco fue una conferencia de prensa en la que la mayor parte de las cámaras empresariales de la ciudad decidieron respaldar el proyecto de la Conagua porque “Jalisco pierde inversiones, la ciudad se queda sin generación de empleos y dejamos que el agua se vaya al mar sin beneficiar a nadie”, destacó el anfitrión, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Vivienda (Canadevi), Carlos Guillermo Salcedo González. Al centro de la mesa, el invitado de honor era el director del organismo de cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Conagua, José Elías Chedid Abraham, quien argumentó sobre “las verdades” de la presa y los “mitos”, como la falta de información oficial.

“Uno de los mitos es que la información no está disponible públicamente y les recuerdo que todo el Gobierno de la República está regulado por el IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información) y salvo información confidencial… toda la información relacionada con el Verde y El Zapotillo la he entregada por el IFAI”, dijo. El sitio web http://www.wmdsite.com.mx/zapotillo/ fue presentado como la opción para informarse de primera mano del proyecto, y de pasada, negar cualquier opacidad.

La sede fue un salón del Club de Industriales, y el funcionario correspondió a las amabilidades de los empresarios con argumentos de economía, a su juicio, contundentes: “Guadalajara necesita cada año 60 mil viviendas nuevas, y esto no es una oferta para ver quién compra, es fruto de una demanda por 60 mil familias que cada año vienen aquí a vivir”. Según sus datos, un millón y medio de tapatíos no tienen agua o la tienen de forma precaria, a través de “tandeos”. Por eso la nueva fuente del río Verde es indispensable, añadió.

El presidente de la Canadevi detalló el tamaño de la demanda: 50 mil de las 60 mil viviendas nuevas se deben hacer en la capital del estado. Sin embargo, al ser cuestionado por el desastroso crecimiento urbano de Guadalajara en las últimas dos décadas, en que la ciudad se dispersó al triple de su tamaño de 1990 con apenas 60 por ciento más población, y el dato oficial de unas 60 mil viviendas solas, negó una responsabilidad de los vivienderos, y adujo razones de crisis económica de los compradores como causa de tal abandono.

El presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Juan Alonso Niño Cota, explicó la necesidad de superar debates que no permiten el crecimiento del estado, aunque admitió que su propio sector está en deuda con la sociedad al tratar solo de forma parcial sus aguas residuales.

Para la Conagua, el único proyecto que le conviene a Jalisco es la presa a 105 metros, porque a 80 metros sólo garantiza agua para León y Los Altos, pues se fundamenta en un acuerdo firme que no se puede combatir legalmente. “El que echaron abajo [con la controversia constitucional y los juicios de amparo] fue el de 2007, que ayuda a regular el agua de Guadalajara”; dijo  que el agua en venta a través del acueducto que edifica la empresa española Abengoa será de 4 pesos por metro cúbico y que esto no es un precio oneroso; reiteró que de ningún modo se dañará el desarrollo económico y social de Los Altos de Jalisco.

Los empresarios descalificaron la oposición al proyecto: se trata de un afán de “politizar” que no ayuda a la causa del desarrollo, afirmaron.

“Es muy importante que este proyecto se realice y se defina con claridad la altura de la cortina de la presa para que llegue el agua que tanto necesita Guadalajara; es importante señalar los 105 metros de la presa, ya que es el agua que justamente necesitamos para aquietar el estrés que estamos sufriendo”, insistió el anfitrión.

Elías Chedid se dio tiempo de hablar del nuevo Observatorio del Agua, y dijo que en sus conversaciones con los consejeros, percibe que 70 por ciento de ellos están de acuerdo con los planteamientos de la Conagua, pero “entre quienes no están de acuerdo está su presidente”, refirió en crítica a la postura de Juan Guillermo Márquez Gutiérrez.

No reparó en que las seis recomendaciones de la institución fueron firmadas por la todos los integrantes que allí participan.

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Claves

- El sector oficial mexicano considera que la infraestructura sigue como la gran respuesta a los desafíos en materia hídrica. Es abanderado por la Conagua, formada por ingenieros notables cercanos al gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en 1989

- En Jalisco, el personaje más importante es Enrique Dau Flores, político y empresario del sector; respaldado por una burocracia integrada a la Conagua regional y a la Comisión Estatal del Agua, que preside Felipe Tito Lugo Arias

- Los partidos políticos históricamente dominantes en el estado, el PAN y el PRI, respaldan las soluciones de infraestructura; destaca el ex gobernador, Alberto Cárdenas Jiménez

lunes, 25 de agosto de 2014

En vilo, la propiedad del aeropuerto tapatío



Juez de distrito deja sin tierras a la infraestructura del aeropuerto y establece ilegalidad de la concesión de la estación al Grupo Aeroportuario del Pacífico.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

El juez tercero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, Óscar Arturo Murguía Mesina, concedió el amparo y protección de la justicia federal al ejido El Zapote, de Tlajomulco de Zúñiga, para que se le restituyan casi 307 hectáreas de su patrimonio que le fueron expropiadas, con vicios legales serios, por el gobierno de la república, en 1975 y dejó sin efectos los actos jurídicos posteriores, como lo es la concesión otorgada en 1998 a Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).

La sentencia de amparo 1788/2009-8 fue determinada por el juzgador el pasado 31 de julio de 2014 y notificada en la primera semana de agosto al núcleo agrario quejoso, cuyo presidente, Ernesto Ledesma, se confesó sorprendido ante la falta de interés de las autoridades federales y del estado por alcanzar algún acuerdo conciliatorio.

“Hemos mantenido el sigilo tras conocer la noticia con la idea de que habría algún acercamiento, nos queda claro que el aeropuerto es un bien muy importante para el desarrollo de Jalisco, pero a decir verdad, no se vale que quieran cargar sobre las espaldas de este ejido el costo completo del desarrollo”, señaló en entrevista con MILENIO JALISCO.

El juicio tiene cerca de cinco años y derivó en una intervención del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (revisión 480/2011), que en julio de 2012 ordenó reponerlo tras la queja de las autoridades demandadas -destacan la Presidencia de la República y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)-; la sentencia de hace tres semanas es la culminación del proceso. Sólo queda a las autoridades el recurso de revisión ante el superior del juez o negociar la ejecución con los propios ejidatarios. En el fondo, subyace la inconformidad por el precio raquítico que se pretendió pagar por la tierra, de 13 a 14 pesos por metro cuadrado, cuando los valores catastrales en la zona rondan 2,300 pesos por m2, y los peritajes del juicio arrojaron valores de 4,300 a 5,700 pesos por m2.

La zona extraída a El Zapote del Valle es la más importante del recinto aeroportuario porque alberga la mayor parte de su infraestructura y pistas; primero se le afectaron alrededor de 50 ha cuando se creó el aeropuerto civil de la ciudad, en 1951, junto con la apertura de la carretera a Chapala; en 1968 se amplió la afectación a casi 307 ha y se hizo la petición de expropiación, que culminó en 1975. El  juez determinó que hubo violaciones tan graves, que el procedimiento expropiatorio debe volverse a hacer.

Argumentos

“El ejido quejoso reclama el procedimiento que culminó con el decreto presidencial mediante el cual se le expropió, a favor de la entonces Secretaría de Obras Públicas [ahora SCT] una superficie de 306-89-60 ha para ser destinadas a la ampliación del Aeropuerto de Guadalajara, así como sus efectos y consecuencias -publicaciones, inscripciones, indemnización, actos encaminados a la ejecución-; así como la concesión y modificación a la misma, otorgada al Aeropuerto de Guadalajara, sociedad anónima de capital variable, respecto de la superficie expropiada”, señala en la hoja 20 la sentencia referida, de la cual este diario posee una copia.

Un largo listado de autoridades que incluyen las referidas y otras del ámbito agrario, de los registros públicos agrario y de la propiedad, de Hacienda y sus entidades de avalúos de bienes nacionales, trataron de desacreditar este propósito, pero no convencieron al juez.

“Las autoridades responsables vulneraron en su perjuicio [del ejido] la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional, en virtud de que no se le notificó legalmente el procedimiento expropiatorio de mérito, esto es, la solicitud de expropiación de sus tierras para la ampliación del aeropuerto”.

Las autoridades debían demostrar que se hizo tal notificación, pero lo más que aportaron fue un oficio a un presidente de comisariado ejidal sin su nombre y que no se demuestra si llegó a su destino. “Corresponde a la autoridad la carga de la prueba en el sentido de haberse hecho la notificación que impugna el ejido quejoso en el amparo, como omitida”, advierte.

Respecto a las tierras en proceso de expropiación, también se acreditó abuso de autoridad, pues solo el presidente de la república podía ordenarla. Otro argumento con que se quiso desvirtuar el amparo fue que en diversos momentos, los ejidatarios recibieron dinero como indemnización, pero el juez señala que por tratarse de bienes comunes del ejido, ni siquiera sirve una aceptación “tácita” -habría que probarlo- sino únicamente la abierta y expresa de toda la asamblea, la cual no existe.

Así, el juez es enfático al señalar que la máxima autoridad es la asamblea general de ejidatarios, la cual debe ser notificada y debe aprobar de forma expresa un acto de esa envergadura, que afecta el patrimonio de todo el ejido.

Juez de distrito deja sin tierras a la infraestructura del aeropuerto y establece ilegalidad de la concesión de la estación al Grupo Aeroportuario del Pacífico.

Así, el juez concede el amparo contra la ocupación provisional de las tierras del ejido (estatus en que permanecen las tierras al no haberse ejecutado como es debido la expropiación); deja insubsistente todo lo actuado con posteridad a la violación y exige “se ordene llevar a cabo nuevamente la notificación correspondiente, en la que deberán observarse las formalidades”; y hace extensiva la protección jurídica contra actos posteriores, como inscripciones en registros públicos, informes de pagos de indemnización (cuyo monto real deberá determinarse de forma rigurosa), y la propia concesión otorgada en 1998 por la SCT al grupo empresarial que hoy la ostenta.

Las partes afectadas aún no emiten respuesta, pero el ejido pedirá la revisión de la sentencia porque le preocupa que sí se defina un monto de expropiación ante la evidencia de los valores de la tierra vigentes en la zona, que se aportaron en el juicio; además de que la sentencia derive, como dice el artículo 80 de la Ley de Amparo, en la restitución completa de la garantía violada.

“Siempre hemos estado abiertos a negociar, pero debe ser en términos de equidad; una prueba de nuestra buena fe es que no reclamamos los daños y perjuicios de que nos quitaron por más de 40 años tierras de alto valor productivo, que nos privaron de cultivar y cosechar”, advierte el presidente del ejido. Pero su contraparte no ha dicho “esta boca es mía”.

El corolario de la historia lo ofrece la misma sentencia, en la hoja 38: “si bien la expropiación es un acto administrativo por el cual el Estado, unilateralmente y en ejercicio de su soberanía, afecta determinados bienes por causa de utilidad pública para satisfacer necesidades que están por encima del interés privado; lo cierto es que tal circunstancia no puede constituirse en justificante de actos transgresores de las garantías individuales consagrados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo el argumento de que el interés público está por encima del particular”. O como dicen los abogados: “dura lex, sed lex” (la ley es dura, pero es la ley).

Concesión tambaleante

La concesión que recibió la empresa Aeropuerto de Guadalajara, del Grupo Aeroportuario del Pacífico, deberá ser suspendida, si el tribunal colegiado correspondiente confirma la sentencia del juez tercero, pues “la misma fue otorgada respecto de bienes ejidales que, si bien, se encuentran sujetas a un procedimiento expropiatorio, este todavía no se ha ejecutado; por lo que en ese contexto, la concesión y modificación reclamadas se autorizaron […] respecto a bienes que aún no son de dominio público, y que por lo tanto, la autoridad federal no se encontraba en posibilidad de otorgar”, señala la sentencia. Las 306.9 ha en disputa incluyen arriba de 90 por ciento de la infraestructura aeroportuaria.
(AC/Guadalajara)

domingo, 24 de agosto de 2014

Zona en conflicto, paso para grupos delictivos



Preocupa a autoridades comunales la presencia agregada de criminales por toda la demarcación.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Tentativas de secuestro, robo e intimidación por bandas del crimen organizado se han vivido en los últimos años en las carreteras regionales y en los linderos disputados de la comunidad indígena de Wuaut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán), en el montañoso norte de Jalisco, lo que hace crecer la preocupación de que se den incidentes de violencia con la restitución de las tierras comunales en poder de mestizos de Huajimic.

De por sí, el conflicto, que tiene décadas, ha sido escenario de hostigamientos que en el pasado incluso significaron asesinatos de indígenas (MILENIO JALISCO, 24 de junio y 9 de julio de 2013), y aunque de menor intensidad, se mantiene el problema.

“La comunidad que vive ahí ha resistido todas las presiones, que los invasores de Huajimic los hostigan y presionan, y nuestros hermanos están resistiendo; gritos, amenazas, no los dejan trabajar, ni trabajar las tierras de ellos, porque ellos dicen que son los dueños y no se deben de meter, y no les dejan tener ni un animal, ni nada”, subraya el presidente del comisariado de bienes comunales, Miguel Vázquez Torres.

“En el pasado hubo muertos, pero no hemos permitido que eso ocurra otra vez, incidencias menores, pero esperamos que haya una restitución pacífica”, apuntó, entrevistado en su reciente visita a esta ciudad, en la que unos 600 wixaritaris protestaron contra la lentitud y la falta de atención de los poderes Judicial y Ejecutivo al tema.

“Más que nada está el problema con el tribunal agrario; el gobierno del estado de Jalisco está en buena disposición para apoyar al magistrado, pero hasta ahorita el magistrado no ha tenido esa decisión, de poder ejercer lo que le corresponde […] la verdad no sabemos por qué tiene miedo el magistrado, y saca un montón de excusas, no tengo brigada, no me han mandado la orden, un montón de excusas, que nosotros creemos no es su función. Y pues ya con los acuerdos, esperamos que las cosas cambien”, detalló.

- ¿Los posesionarios nayaritas son gente peligrosa?

- Pues no tenemos un roce social cercano, pero creemos que pueden reaccionar de diferente forma, al tener ahí al gobierno del estado y federal, para desalojar sus ranchos.

- Ustedes tienen ya experiencia en el tema de restitución de tierras, hace más de diez años en Puente de Camotlán, ¿cómo era entonces el comportamiento de los posesionarios?

- Cuando iniciaron esas movilizaciones fueron muy amenazantes los invasores, pero en este caso fuimos negociándolas y el mismo gobierno del estado y el federal empezaron a  negociar, y se restituyeron de una manera pacífica, y conformes todos; ellos entregan las tierras, a cambio de un recurso que les otorga la Reforma Agraria, hoy Sedatu [Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano].

- ¿Será que es lo que esperan ahora, un recurso para irse?

- Esperamos que se agoten los juicios, pero no queremos que se desaloje sin darles ningún reconocimiento a los posesionarios; queremos que se les dé una compensación, a cambio del tiempo que han estado ahí, aunque están invadiendo.

- ¿Cómo está el clima en la sierra?, se habla que hay mucha inseguridad, ¿eso no les genera más riesgos en el caso de la restitución?

- Sí, eso es precisamente lo que queremos evitar, y ya hemos tenido noticias que ha habido balaceras, enfrentamientos a muerte, y eso es lo que queremos evitar que suceda.

- ¿Cómo ha podido San Sebastián sortear ese ambiente de violencia?

- Pues no salir de las comunidades, o salir con mucho cuidado, el estarse vigilando unos a otros […] las carreteras no son tan seguras, porque actualmente están solas y pueden suceder algunos asaltos, o enfrentamientos, por grupos que pueden pasar por ahí, incluso algunas amenazas directas, y lo que hacemos es que nos enfocamos más a nuestra cultura…

- ¿Qué le pediría al gobernador en este caso?

- Que saque un acuerdo entre Nayarit y Jalisco, donde se garantice la estabilidad y la seguridad de los habitantes, sobre todo en la zona donde se está invadiendo.

Quintanilla, el mayor invasor

Con 2,483 hectáreas en posesión, Francisco Quintanilla es el principal invasor en la zona de Huajimic. Con fama de hostigador de wixaritaris, el ganadero se ha hecho viejo y vive aislado, y será el primero que deba afrontar lo que más ha luchado por evitar: la ejecución de una sentencia para que devuelva sus tierras. El magistrado del Tribunal Unitario Agrario 16 ya liberó las órdenes de ejecución, solicitó la fuerza pública y el realeo del ganado. El 8 de septiembre es la gran prueba.

sábado, 23 de agosto de 2014

“Se miente” en las críticas a El Zapotillo, dice Chedid



Señala estar abierto a debatir, niega daños a Los Altos y defiende que el proyecto es necesario para el futuro de León y la zona metropolitana de GDL.

Agustín del Castillo /Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El director del organismo de cuenca Lerma-Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua, José Elías Chedid Abraham, considera que los críticos del megaproyecto de El Zapotillo adolecen o por ignorancia o por mala fe, pues “es un proyecto necesario” para garantizar el futuro de las zonas urbanas de Guadalajara y León, y además, “no afectará derechos ni oportunidades de desarrollo” de los moradores de Los Altos de Jalisco.

“No se vale que se levante a la gente con mentiras y eso lo debato en cualquier mesa”, advierte el funcionario.

El mexiquense acudió a la redacción de MILENIO JALISCO a exponer sus argumentos en torno al tema del agua. De entrada, niega que el consumo de agua por habitante sea desproporcionado en la ciudad aunque ronde 180 litros diarios, pues “allí se contiene también el consumo comercial e industrial” (ver recuadro anexo); añade que el agua debe ser represada para poder controlar y gestionar de forma integral un recurso demasiado valioso para fomentar el desarrollo, y coincide con el secretario de Medio Ambiente federal, Juan José Guerra Abud, con que “esa agua no la podemos dejar que se vaya al mar”, pues hay 80 mil millones de m3 aún no regulados en las cuencas del país.

- ¿Entonces toda el agua debe ser para el desarrollo?< - No, por eso se han modificado las leyes mexicanas, por eso hay un reglamento firmado del Lerma, y hay un decreto, porque el agua tiene que proteger la sustentabilidad, que dicho en pocas palabras es el recurso que les toca a los que vienen, y la ley contempla y protege la sustentabilidad, no va sobre el total del recurso […] pero para tener la gestión integrada debes tener la oferta lista, y hoy no la tenemos, cuando eso suceda, te quitas de problemas tienes ahí una presota, y a donde la vayas a mandar exige que la cuiden a todo lo que da, la ley está preparada para eso… - Pero sin duda es un gran negocio hacer presas… - También es un gran negocio [el sector pecuario en] Los Altos de Jalisco, y no les estamos quitando eso, son muy competitivos en todo  el país, y ahí está el agua; no se la vamos a quitar, cuando hay un programa nacional de combate al hambre, que a una parte del país le pegáramos, es fantasía rural, el interés es otro, yo no sé cuál sea, pero la gente que le mueve tiene un interés diferente. - Se quejaban varios productores de una actitud terrorista de ustedes en el tema de concesiones… - Eso dijo Juan Guillermo Márquez, de Conredes […] yo he debatido dos veces con él y no dice ni una palabra, y en el consejo de cuenca, yo lo expliqué en 20 minutos y no es España ni Colombia, ni tampoco que invente que iba a romper bordos, es más, estamos ayudando a restituir los títulos de los que lo hayan perdido, en Los Altos... - Los analistas españoles Martínez Alier y Arrojo dicen que con El Zapotillo rescatan a transnacionales de su país para que hagan el dinero que allá, con las restricciones, no pueden. - No es eso, es al revés, tienen lana, pero en España ya no hay negocios para invertir para este tipo de proyectos, pues ya tienen la infraestructura puesta, tienen autopistas, y tienen proyectos de agua […] en cambio acá hay necesidades, y vienen con dinero, nos dicen: yo invierto y luego me lo pagas, eso nos conviene… Añade que el cobro por metro cúbico que hará Abengoa por el agua que lleve el acueducto es moderado, “hay zonas del país donde cuesta doce o catorce pesos”, y que el agua que se use en las cabeceras alteñas será tratada para reutilizarla en la agricultura y ganadería. “Por qué no criticamos a Coca Cola, Jumex o las tequileras, todas ellas tienen concesiones de agua para hacer negocios, el agua es una  materia prima para hacer negocio, no está mal que se haga negocio”. - Y está el agua en botella, para beber, negocio de millones de pesos porque hay una desconfianza tremenda a los servicios públicos.

- Correcto.

Admite que hay un largo camino por remontar en cultura del agua, en cobros a precios reales, en saneamiento, en conservación de zonas de recarga y en reutilización de aguas grises o tratadas. Pero va al parejo, las reglas cambiaron, enfatiza.

Las verdades de un promedio

Los organismos internacionales reconocen que un promedio de agua de 50 a 100 litros por persona al día basta para en términos generales garantizar una calidad de vida sobradamente digna. Incluso si ese promedio incluye agua urbana para otros usos. Según el Centro Virtual de información del agua (www.agua.org.mx), con estadísticas oficiales, 17 por ciento del agua que entra a las urbes mexicanas es para usos comercial e industrial, y 83 por ciento es para uso doméstico. Esto se explica porque muchos usuarios poseen concesiones de pozos con la Conagua. Entonces, ¿realmente 800 mil m3, u 800 millones de litros al día, no bastan para proveer al doble de los habitantes actuales de la ZMG?

(AC/Guadalajara)

viernes, 22 de agosto de 2014

Gobierno se compromete a regresar tierras a los huicholes



El 8 de septiembre comenzará la ejecución de sentencias “congeladas” en el tribunal agrario; la Sedatu conciliará el proceso

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La presencia masiva de wixaritaris en la capital de Jalisco produjo efectos inmediatos, y este jueves por la noche comenzó el retorno a la sierra para la mayoría de ellos, tras lograr acuerdos con la parte gubernamental que permiten atisbar el fin de la ocupación ilegal de diez mil hectáreas de su territorio ancestral por parte de ganaderos nayaritas.

Una reunión de tres horas en el palacio de gobierno destrabó las cosas; el gobierno, encabezado por José Manuel Carrillo Rubio, delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob) federal, se comprometió con las autoridades de San Sebastián Teponahuaxtlán (Wuaut+a), a “realizar las gestiones ante las autoridades competentes y las partes en conflicto para gestionar solución por la vía de la conciliación”, y “en su caso, coordinar las acciones ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano [Sedatu] para realizar las conciliaciones a través de la incorporación de los expedientes respectivos al programa Cosomer (Conflictos Sociales en Medio Rural) hasta el término de los procesos correspondientes”, según se lee en la minuta de trabajo que firmaron las partes.

Para tal efecto, “el subdelegado de la Sedatu [Jorge Hugo Maldonado Núñez] se compromete a notificar puntualmente a los interesados la agenda de trabajo que se seguirá ante el programa Cosomer, notificando a los interesados [sic] el 22 de agosto del presente años a las 12.00 horas”.

El secretario general de Gobierno de Nayarit, José Trinidad Espinoza Vargas, “se compromete a realizar las gestiones ante los pobladores de Huajimic, municipio de La Yesca, para tratar de resolver la problemática por la vía de la conciliación extrajudicial, guardando el estado de derecho en caso de que se den los procedimientos de las ejecutorias, fijando como plazo el señalado por el Tribunal Agrario 16, del 8 de septiembre de 2014”.

Es decir, el ofrecimiento es incorporar los expedientes de litigio, que suman 45 a los activos de la Sedatu para que se comience el trabajo de acordar el modo pacífico en que desalojarán las tierras  de las que se posesionaron décadas atrás los ganaderos.

En particular, el tribunal ya tenía acuerdo para ejecutar el próximo 8 de septiembre el expediente individual que abarca la mayor superficie, de alrededor de 2,483 hectáreas, en posesión de Francisco Quintanilla, pero previamente se le visitará para convencerlo de que se acoja al programa de la Sedatu y reciba una compensación, explicó el director de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas, Carlos Chávez Reyes.

El gobierno nayarita buscará del mismo modo a los otros 44 posesionarios para convencerlos de que entreguen las tierras que los wixaritaris están ganando en los tribunales por detentar el derecho más antiguo, que data de la época colonial, a lo que se agrega que en México, los derechos agrarios son imprescriptibles. En caso de negativa, ese gobierno garantizará la ejecución de las sentencias sin ningún sobresalto para los responsables del juzgado, y sobre todo, que la zona se mantenga en paz en el plazo inmediato posterior a estas ejecuciones.

Los dirigentes de la comunidad acordaron levantar los plantones que tenían desde un día antes en las sedes locales de la Sedatu y del tribunal, y la mayoría comenzó su regreso a casa el jueves por la noche. Una comitiva de representantes seguirá en esta ciudad y acudirá a la delegación de la Sedatu a una nueva reunión para detallar estos acuerdos; insisten en ser recibidos por el titular de la Sedatu, Carlos Ramírez Marín.

jueves, 21 de agosto de 2014

“Ni la ZMG ni León necesitan El Zapotillo”



Edificar grandes infraestructuras es un asunto de negocios para megaempresas y de miopía desarrollista, sostienen especialistas hispanos.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Esta argumentación parte de una evidencia aritmética sencilla: una ciudad con 4.4 millones de habitantes que reciben en este momento más de 800 mil metros cúbicos de agua al día, puede duplicar su población y no padecer escasez.

A partir de esa premisa, los expertos españoles Joan Martínez Alier y Pedro Arrojo Agudo construyen una teoría sobre cómo en algunas naciones del orbe -México de forma notoria- se mantiene la vieja mitología desarrollista de que crear infraestructura con represas, acueductos y tubos, permite el acceso al primer mundo, a la economía vigorosa, al pleno empleo y finalmente, se hace una aportación decisiva para llegar anhelado al top planetario de la calidad de vida.

Mitología costosa, soportada en negocios multimillonarios legitimados por lo que estos expertos llaman “la tecnocracia hidráulica”.

Vale la pena detallarlo: los parámetros internacionales establecen un consumo de 50 litros diarios por persona para sus necesidades de beber, cocinar, higiene personal y limpieza del hogar (Organización Mundial de la Salud); pero si se asumen los consumos de la economía, un promedio de 100 L por persona se considera razonable.

La Zona Metropolitana de Guadalajara consume 9,600 litros por segundo de agua, 829,400 m3 al día y unos 303 millones de m3 al año, según las estadísticas oficiales. Si cada uno de sus pobladores se limitara al consumo de 100 litros diarios, una población de 8.3 millones de personas podría ser sostenida. El promedio real es de 188.5 litros por habitante -si se considera que hay aproximadamente 4.4 millones de moradores en esta urbe-, consumo que incluye problema de pérdidas y de robo de la red de distribución. “¿No es esto un problema de gestión de la demanda, y no de mayor oferta?”, se preguntaba ayer el catalán Martínez Alier.

- Los hombres del agua en México señalan que sus críticas son otra forma de imperialismo, porque ustedes represaron sus ríos y los contaminaron, como precio de su éxito económico y ahora viene a dar lecciones a las antiguas colonias…

- Curioso que lo digan, porque mientras defienden los negocios de empresas transnacionales, españolas para ser específicos, como Abengoa y La FCC […] hacen en México negocios que ya no pueden hacer en Europa, donde la gestión integral del agua es una obligación, impuesta también desde hace tiempo en los mismos Estados Unidos...

Molinos de viento

Lo han dicho tantas veces, que se han ganado la enemistad del sector oficial mexicano. Arrojo Agudo y Martínez Alier critican que para resolver problemas de gestión se responda aumentando la oferta y no resolviendo primero el problema doméstico de fugas de agua y de dineros.

“Los economistas usamos el termino externalidades cuando algo negativo no está recogido en los precios del mercado, y acá una externalidad es cuando sale un grupo local a informar todo esto y a formar redes locales o nacionales, buscando influir […] la presa El Zapotillo es un caso típico, es una decisión que se tomó hace años y se trata de justificar, con análisis costo-beneficio, que son una economía trucada, que se puede manipular fácilmente”, añade el economista catalán, de la Universidad Autónoma de Barcelona, presente en Jalisco a invitación del Centro Universitario de Los Altos, de la UdeG.

Agrega: “El costo-beneficio no es solamente el financiero, o lo que se va a invertir para luego vender el metro cúbico de agua; porque hay muchas cosas que no son directamente dinero, se afecta el curso del río, la pesca, tres poblados que serían destruidos […] por eso la Comisión Internacional de Represas, que publicó su informe en el año 2000, textualmente dice: No hay que decidir estas cosas con análisis económicos, de costo-beneficio, sino con la participación de todos los interesados, en un análisis multicriterial o multivalorativo, y hay metodologías para eso, y no se han aplicado”.

- ¿Las empresas presionan para que estas presas se construyan, aunque no sean realmente la solución?

- Siempre va a haber presión, es el negocio de ellos.

- ¿Guadalajara y León necesitan El Zapotillo?

- Se debe primero gestionar la demanda y no más oferta […] respecto a las necesidades y la escasez, exageran, yo no creo que Guadalajara vaya a crecer tanto como dicen para justificar el proyecto; y respecto al gasto por persona, depende de que se pague el precio real y de la cultura ciudadana, porque se puede vivir con 80 litros al día, pero la gente gasta 800 litros como en California, con sus albercas, o mil en Phoenix, Arizona, donde está todo verde, y con una temperatura como de 40 grados…

- Los expertos dicen que si no hay más agua, se detendrá el crecimiento y el desarrollo de Guadalajara

- No, no es así; aquí es ver cómo el agua que cae se capture mejor, de cómo gestionar el acuífero y el lago de Chapala […], con una presa que no es  necesaria tenemos tanta agua, que pondremos una industria de papel, para que se consuma esa agua, habiendo sitios mejores para eso, en términos ambientales […] .

- ¿No le conviene más a Guadalajara gestionar bien Chapala para que sea su fuente de agua permanente?

- Así es […] pero no es el mismo negocio.

Cifras del agua y mitos

- 829,400 Metros cúbicos de agua recibe cada día la zona metropolitana de Guadalajara, volumen que sería suficiente para una población de ocho millones de personas, a un promedio de 100 litros diarios, que es un parámetro internacional de calidad según la OMS y la ONU< - 3 fuentes de agua principales tiene la ciudad: el lago de Chapala, que aporta casi dos tercios del agua que requiere la ciudad; los sistemas de pozos de los valles de Atemajac, Tesistán y Toluquilla, que aportan alrededor de 27% por ciento, y la presa Calderón, del sistema del río Verde, que aporta alrededor de 10%

>- 1,400 millones de pesos por año le cuestan a la sociedad de Guadalajara las ineficiencias de su sistema de agua: no recibir agua de óptima calidad obliga a invertir 691 millones de pesos en agua embotellada para beber; las fugas en la red y la mala cobranza significan pérdidas de 109 millones de pesos por agua potabilizada; los desastres que acarrean las lluvias por la existencia de un drenaje mixto y el entubamiento de ríos ascienden a 600 millones de pesos, según datos del investigador Arturo Gleason

- 13,089 millones de pesos es el precio estimado, actual, del proyecto El Zapotillo, incluido el acueducto a la ciudad de León


Megapresas son Meganegocio con beneficio a la baja



Pedro Arrojo denuncia que los intereses empresariales y la tecnocracia venden soluciones falsas al problema de escasez de agua.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Con la crisis global ambiental, “no hay más camino que la sustentabilidad”, y eso significa que el tiempo de las grandes presas y las faraónicas obras de infraestructura para aprovechar hasta la última gota de agua, han pasado, sostiene el experto de la Universidad de Zaragoza, Pedro Arrojo Agudo.

El premio Goldman 2003 aportó un artículo al extenso estudio del Iteso, patrocinado por la Asociación Ganadera de San Juan de los Lagos, y gestionado además por el Consejo Regional para El Desarrollo Sustentable (Conredes), denominado “Agua para el desarrollo regional en Los Altos de Jalisco”.<

En el artículo, Arrojo Agudo polemiza con los expertos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua): “Hace tiempo que el desarrollo de infraestructuras hidráulicas rebasó el óptimo de costos unitarios, por economías de escala […] los costos por metros cúbicos han ido creciendo. El abastecimiento de una ciudad, que en un principio necesitaba apenas una pequeña represa de derivación en el río que la atravesaba, requiere hoy de una o varias  grandes represas en otros ríos, a 100 o 200 kilómetros de distancia, con los correspondientes acueductos y estaciones de bombeo”, refiere.

“Desgraciadamente, el modelo de oferta aún vigente en México y en buena medida en España, mantiene la Administración y a la sociedad en su conjunto, insensibles a estas señales de irracionalidad económica, bajo el efecto narcótico de la tradicional e indiscriminada subvención de las grandes obras hidráulicas, justificadas desde un pretendido interés general”, advierte.

Y como en el caso El Zapotillo, “la confrontación de las poblaciones afectadas por la construcción de nuevas grandes represas es hoy uno de los frentes de conflictividad socio-ambiental más activo a nivel mundial”. El modelo, en resumen, se gestiona desde la visión de fomento a la obra pública, pero no de la gestión de los ecosistemas y del ciclo del agua.

Toman huicholes tribunal y delegación de la Sedatu



Reclaman la restitución de sus tierras comunales arrebatadas por invasores nayaritas.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El titular del Tribunal Unitario Agrario 16 de esta ciudad, Francisco García Ortiz, ofreció ayer a los manifestantes wixaritaris (huicholes) que tomaron la sede de la institución al mediodía -en protesta por la no ejecución de trece sentencias-, emitir la orden para llevar a cabo el proceso final de sus juicios, pero los comuneros exigieron que el gobierno federal intervenga para compensar a los 45 posesionarios de las diez mil hectáreas en disputa, en los límites de Jalisco y Nayarit.

La idea es no dejar que crezca un polvorín. Preocupa la violencia latente a los líderes huicholes; “no queremos perjudicar a nadie, queremos se les dé una compensación para poder vivir en paz en el largo plazo”, señaló el presidente de Wuaut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán) -la comunidad quejosa- Miguel Vázquez Torres.

De este modo, decenas de indígenas instalaron plantón en busca de presionar para que el Ejecutivo federal “no se lave las manos” e incorpore el programa Colomer (Conflictos Sociales en el Medio Rural) a la resolución del conflicto que vive ya décadas desde que los ganaderos se apropiaron de las tierras con apoyo de líderes políticos nayaritas, y de la indiferencia de los gobiernos de Jalisco.

Hoy, con elementos de ingobernabilidad novedosos como el crimen organizado, que ha hecho de la sierra una zona con seguridad inestable, los integrantes de la mayor demarcación de esa etnia esperan que la conciliación rinda frutos y los invasores no se sientan agraviados, fórmula que ya demostró su éxito hace un decenio, cuando se restituyeron casi 20 mil hectáreas en la zona de Puente de Camotlán y el gobierno federal -que había ocasionado el problema jurídico al dotar ejidos sobre territorio ancestral huichol- pagó indemnizaciones. La instancia responsabilizada de haber detenido el proceso pacífico de restitución, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), también fue tomada por otro contingente de wixaritaris, y solamente fue recibido el pliego petitorio por empleados de la delegación, dado que el titular se encontraba en gira de trabajo con el presidente de la república, Enrique Peña Nieto -de gira por esta ciudad-, a quien los aborígenes entregaron una carta con detalles del conflicto desde el 15 de agosto pasado.

Los detalles de los 45 juicios agrarios: en dos casos los posesionarios no han sido identificados; diez expedientes se encuentran en fase de ejecución pero con recursos de impugnación interpuestos -una superficie aproximada de 2,600 ha-; 22 expedientes aún se encuentran en litigio (3,600 ha), y están los trece expedientes en estado de “ejecución inminente” pues se emitieron las sentencias sin que se hubieran recurrido por ninguna de las partes. En este último caso están unas 3,500 ha.

En síntesis, tres peticiones a las autoridades involucradas, en particular, al presidente de la república: uno, dar “cabal cumplimiento de las sentencias obtenidas” en favor de Waut+a (anexo Tuxpan de Bolaños); dos, dar “seguimiento puntual e inmediato a los trabajos del Programa de Atención a Conflictos Sociales del Medio Rural (COSOMER) iniciados por la extinta Secretaría de la Reforma Agraria y a cargo de la hoy Sedatu, evitando con su intervención que se den ejecuciones que traigan desgracias que serían imputables directamente a la actitud omisa del gobierno a su cargo, además por ser responsabilidad del Estado haber dejado que las cosas evolucionaran hasta la situación actual siendo que cuenta con el conocimiento puntual de las irregularidades en violación a nuestros derechos territoriales”; tres, garantizar “las condiciones de seguridad para la ejecución de las sentencias expedidas por las instancias judiciales que ordenan la restitución de tierras”.



Estampas de asombro

Bajo la mirada de Occidente, como en las novelas de Joseph Conrad, los moradores de la Sierra Madre Occidental han irrumpido en la alguna vez altiva y criolla Guadalajara, hoy un crisol de culturas, credos y matices de la piel. Los trajes blancos y los sombreros llenos de detalles polícromos asombran; los parlamentos en lengua aborigen en la plaza de armas acentúan una extrañeza que niega la tradición dominadora del “castilla” (así denominan los wixaritaris a la lengua de Cervantes).

Los transeúntes miran con sorpresa a sus indios, indios verdaderos que no son sometidos ni crédulos como en las películas de Pedro Infante y Pedro Armendáriz, que han aprendido leyes del régimen mestizo, y saben levantar la voz -duradera herencia del zapatismo posmoderno, de 1994-. Los tapatíos aprenden, por pocas horas, la diversidad de su traspatio. Lección intensiva de multiculturalismo, o Boas para principiantes.

miércoles, 20 de agosto de 2014

Huicholes toman calles en Guadalajara



Reclaman ejecución de 13 sentencias y otros 32 juicios por terrenos en pugna por Huajimic.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Medio millar de indígenas wixárikas (huicholes) tomaron esta mañana las calles del centro de Guadalajara para reclamar al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, al gobierno de Jalisco, y al Tribunal Agrario 16 la restitución de casi 10 mil hectáreas de la comunidad de San Sebastián de Teponahuaxtlán (Wauta).

Alrededor de las 9:30 am el contingente salió de la zona de La Normal para pasar por avenida Alcalde, hacia el centro de la ciudad, donde una hora después, en la plaza de Armas leyeron la carta que le entregaron al presidente en la residencia oficial de Los Pinos, el pasado 15 de agosto.

Ahí, acusan a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) de haber echado abajo el proceso de conciliación con 45 posecionarios invasores, y de presionar al tribunal para que este no ejecute trece sentencias favorables a la comunidad que abarcan más de 3 mil 500 hectáreas de superficie y de haber perdido todo el expediente que se había abierto en el programa Cosomer (Conflictos sociales en medio rural), pese a la violencia latente que está presente en la sierra.

Ubaldo Váldez Castañeda secretario de bienes comunales en Wauta, aseguró que no están pidiendo más que sus derechos y que no se retirarán de Guadalajara hasta obtener una respuesta satisfactoria.

El grupo se dividió hace unos momentos y el primero, liderado por el comisariado de San Sebastián Miguel Vázquez Torres, marcha por avenida Vallarta hacia el poniente, se dirigen a tomar las instalaciones del Tribunal Unitario Agrario 16 ubicado en la calle José Guadalupe Zuno casi esquina con avenida Unión; un segundo grupo partió por avenida Alcalde hacia el norte, con el objetivo de tomar las oficinas de la delegación estatal de la Sedatu ubicadas sobre esa misma avenida enfrente del núcleo administrativo de La Normal. Se instalarán plantones por tiempo indefinido.

Indígenas conservan el patrimonio natural



600 núcleos agrarios tienen empresas forestales comunitarias que generan empleos, ingresos y servicios, asegura investigador.

Agustin del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO.

Los indígenas son una respuesta al desafío de la conservación del patrimonio natural de México. “Cerca de 2400 ejidos y comunidades en todo el país, aprovechan comunitariamente sus bosques, concentrándose principalmente en Durango, Michoacán, Chihuahua, Oaxaca, Puebla, Jalisco, Guerrero  y Quintana Roo, de los cuales alrededor de 600 núcleos agrarios tienen empresas forestales comunitarias que generan empleos, ingresos y servicios para una parte importante de la comunidad”, dijo el investigador Ricardo María Garibay Velasco, en una conferencia en homenaje al día de los pueblos indígenas, que se realizó ayer.



“Además de aprovechar los recursos forestales, estas comunidades y ejidos desarrollan diversas actividades de protección y conservación del bosque. Gracias a su esfuerzo más de siete millones de hectáreas forestales se encuentran custodiadas y vigiladas logrando con ello reducir significativamente la tala ilegal, los incendios y las plagas”, dijo en su ponencia, presentada en la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Los retos del organismo federal en el tema, dijo, son “aportar elementos para avanzar hacia  la generación de  una  política pública al interior de la institución culturalmente adecuada y basada en los  derechos de los pueblos indígenas”.

Al interior de la Conafor, se debe buscar “contribuir a  la reflexión y la concientización de los servidores públicos acerca de los  aportes  de los pueblos indígenas a la biodiversidad  y conservación de los recursos naturales y de la necesidad de orientar una atención diferenciada que reconozca sus aportes e impulse la participación de los pueblos indígenas en las actividades del sector forestal”, puntualizó.


Tribunal Agrario omite ejecutar trece sentencias



Wixaritari reclaman al presidente Peña Nieto la falta de justicia en la disputa por casi diez mil ha.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Más de cinco años duró la paciencia de los comuneros de Waut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán) en su anexo Tutxipa (Tuxpan de Bolaños), y ante las reiteradas omisiones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y del Tribunal Unitario Agrario número 16, con cabecera en Guadalajara, por ejecutar trece sentencias que les reintegran 3,500 hectáreas arrebatadas por los ganaderos de Huajimic, hace cinco días entregaron una carta en Los Pinos, dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, y hoy marchan por las calles de esta ciudad.

“Nos dirigimos a usted en su carácter de responsable del Ejecutivo Federal y del Estado Mexicano para manifestarle la profunda decepción que nos ha causado la irresponsabilidad mostrada en su gobierno por el titular de la Sedatu, licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín y su cuerpo directivo en el caso que nuestra comunidad enfrenta con posesionarios del poblado de Huajimic, que invaden nuestras tierras, hecho que ha quedado corroborado por las numerosas sentencias que han dictaminado que el derecho nos asiste”, señalan en la misiva, fechada el 15 de agosto pasado.

“El problema radica en que la misma secretaría […] pidió en 2009 al tribunal agrario donde ventilábamos el asunto, detener los procedimientos para dar lugar a su intervención para buscar la solución negociada […] desde los años setenta ha reconocido con estudios de fondo, tanto nuestro derecho como que el conflicto es uno de los más alarmantes del país en cuanto a que se trata de un problema que más allá de lo jurídico es de una alta conflictividad social y que lo más probable es que se desencadene una espiral de violencia cuando se dé la orden de ejecución por los Tribunales Agrarios”.

La intervención de la Secretaría ante el Tribunal 16 “retrasó el desahogo de juicios durante tres años en que se hicieron todo tipo de estudios de campo y documentales, se firmaron acuerdos tanto por nuestra comunidad como por los posesionarios que invaden nuestro territorio ancestral […] inexplicablemente, al llegar la nueva administración, los trabajos fueron abandonados del todo, llegaron a hablarnos de que todos los expedientes estaban perdidos, volvieron a pedir la anuencia de los posesionarios que habían sido entregadas hacía años y finalmente en marzo de este año anunciaron que el caso estaba fuera de la carga de trabajo del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer)”.



Esta manera de actuar “dislocó la dinámica de solución” y “provocó un desfase que no existía entre la autoridad jurisdiccional y el Ejecutivo Federal porque las sentencias comenzaron a emitirse, comenzaron a quedar firmes, pero la Sedatu se retiró, dejando sin el sustento ni la protección debida la parte que ellos mismos reconocieron e impulsaron para evitar la conflictividad social”.

El TUA 16 “ha emitido numerosas excitativas para que la Sedatu actúe coherentemente ante esta realidad, incluyendo el caso en el programa Cosomer para evitar las tragedias que se pueden desencadenar si se actúa únicamente desde la óptica del derecho”. Sin embargo, el tribunal “también ha sido parte en la confusa forma de actuar institucional en que ha incurrido el Estado Mexicano, por no cumplir con sus obligaciones y no ejecutar las sentencias que ya debían habérsenos restituido”.

El trabajo jurídico de la comunidad y sus asesores, (la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas) ha sido titánico. Debieron interponer en el caso de Huajimic, 45 juicios agrarios. Los resultados hasta ahora son: “Existen dos posesionarios sin datos para su localización, diez expedientes se encuentran en fase de ejecución pero con recursos de impugnación interpuestos en contra de la misma -esta superficie representa un aproximado de 2,600 ha-; 22 expedientes aún se encuentran en litigio y representan una superficie aproximada de 3,600 ha; los 13 expedientes restantes se encuentran en estado de ejecución inminente pues se emitieron las sentencias  correspondientes sin que se hubiera recurrido el sentido de la misma por ninguna de las partes; así mismo en todos los expedientes existe constancia por escrito de nuestra comunidad solicitando la entrega inmediata de las tierras comunales que se ordenó restituir en nuestro favor”. Dichos expedientes representan una superficie aproximada de 3,500 ha, precisa un documento anexo a la carta al presidente.

Es una invasión histórica, de al menos medio siglo. La zona ha sido teatro de tragedias personales, incluso asesinatos, contra los moradores huicholes que han sostenido en condiciones precarias la ancestral posesión, dado que sus invasores traían fuerte apoyo a los gobiernos nayaritas, en tanto que los poderes en Jalisco jamás respaldaron las denuncias de la comunidad (ver MILENIO JALISCO, 24 de junio y 9 de julio de 2013).

Como los derechos agrarios son imprescriptibles, los juicios han reconocido el derecho superior de los aborígenes, que no terminan de recibir justicia, y en la sierra deben defenderse solos de los caciques invasores.



Los detalles del conflicto

- La comunidad wixárika de Waut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán) y su anexo Tutxipa (Tuxpan) se ubica en los municipios de Mezquitic y Bolaños, en el norte de Jalisco, y cuenta desde el 15 de julio de 1953 con resolución presidencial que les reconoció y tituló 240,447 hectáreas; el decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de ese año, con base en títulos de reconocimiento de la corona española que datan de 1718

- En la segunda mitad del siglo XX, 45 pobladores de Huajimic, del municipio de La Yesca, Nayarit, alentados por los poderes políticos de Nayarit, se dividieron en 64 lotes una superficie aproximada de 10,000 hectáreas perteneciente a la comunidad aborigen

- A instancias de la Secretaría de la Reforma Agraria (hoy Sedatu), se desaceleraron diversos juicios de restitución para que el caso fuera considerado parte del programa Conflictos en el Medio Rural (Cosomer). En 2009, el caso fue considerado como parte del universo de trabajo del programa; “se solicitaron ante el Tribunal Agrario por lo menos tres suspensiones de procedimientos para el efecto se continuaran con las negociaciones”

- En septiembre del 2012 se informó por parte del GAE “que el conflicto no estaba considerado en el universo de trabajo del programa, argumentando que para su inclusión primero habría que integrar el expediente en la delegación mediante anuencia expresa del posesionario que corresponda”. Desde entonces no han existido mayores avances

- La Sedatu ha informado oficialmente a través del Director General de Concertación Social, mediante oficio de fecha 26 de marzo de 2014, que el caso no es parte del universo de trabajo del programa y que se encuentra en integración en la delegación

- El Tribunal Agrario 16 “insiste en argumentar excusas sin sustento jurídico para justificar su omisión en ejercer sus facultades de ejecución, a las cuales se encuentra obligado en los términos que le ordena la ley, a pesar de las solicitudes expresas de fechas 22 de noviembre del año 2013, 27 de febrero y 29 de abril de 2014

Fuente: Comunidad de Waut+a, AJAGI



martes, 19 de agosto de 2014

Fauna de los volcanes, las vidas bajo riesgo



Destrucciones del bosque y cambio climático amenazan con extinciones que alterarán la cadena biótica con efectos nocivos para comunidades humanas. Fotos recientes del programa de monitoreo de fauna, cortesía del Parque Nacional Nevado de Colima

Agustín del Castillo / Sur de Jalisco.  MILENIO JALISCO

Los vecinos de las rancherías desperdigadas entre el inmenso bosque de la infancia de don José Macías Gudiño, vivían aislados buena parte del año, sobre todo en los tiempos de lluvias. Allí eran cotidianos los encuentros con animales silvestres: venados, pumas, “onzas” (jaguarundi), coyotes, “jabalíes” (pecaríes) mapaches o “tejones” (coatíes). Hoy, de tan raro, les parece milagro.

“Al que le teníamos más miedo era a la onza, porque en los lugares sombríos se posesionaba; subían a unos encinos que estaban medio hundidos, se quedaba arriba, y lo que pasaba por abajo lo cazaba [...] no comía personas, pero sí animales; era como una pantera grande, grande, y como ceniza, del color de los lobos”, refiere el hoy guardabosques.

La historia cambió. La agricultura y la ganadería ocuparon los espacios salvajes y trajeron como consecuencia la destrucción de los hábitats naturales.

“La desaparición de especies se presenta por grupos, tres con mayor número de especies en peligro: los gatos, con el lince (Lynx rufus); el ocelote (Leopardus pardalis);  el tigrillo (Leopardus wiedii) y el jaguarundi (Puma yagouaroundi); entre las aves, los psitácidos: el perico frente lila y el perico cabeza verde; de entre los anfibios y reptiles, la salamandra (Pseudoricea belly) […] y hay especies menores como tuzas, ratones y murciélagos entre las más amenazados de los mamíferos”, señala la responsable del programa de monitoreo de fauna del macizo volcánico, la bióloga Sonia Navarro.



Más de las aves: “También es caso de especies pequeñas como las matraquitas del genero Tiotorus, y de 30 a 40 por ciento de las especies de colibríes […] el complejo volcánico es una isla biogeográfica que da disponibilidad de hábitat  para un porcentaje alto [hasta 40 por ciento] de aves migratorias, muchas en categorías de protección”, indica.

Nada de esto se discutía en los años 50 del siglo XX. “Ya solamente quedan esas panteras por el volcán de Fuego”, añade don José.

Como se carecía de carreteras, las rutas eran “a campo traviesa” a Ciudad Guzmán, Guadalajara, Atenquique o Colima.  “No había escuelas, y los médicos venían de ciertas partes,  los traían a caballo; lo mismo cuando daban a luz las mujeres, se tenía que traer a la partera a caballo, porque tampoco había hospitales”.

Durante las lluvias, “los pueblos se quedaban incomunicados; en esos tiempo era como en las películas, los carteros en bestia llevaban la correspondencia de un pueblo a otro pueblo, así uno se comunicaba […] si picaba a alguien un alacrán, había métodos para curar, a lo indio, porque los indios tienen sus propias medicinas,  y prefieren mejor la herbolaria que la otra medicina con droga y con químicos de farmacia”.

Las noches, o antes del alba, eran los momentos propicios con la naturaleza. “Lo giorno se n’andava, e l’aere bruno toglieva li animai che sono in terra dalle fatiche loro…” (íbase el día, el aire empardecido libraba a los vivientes de la tierra de sus fatigas).  Una suerte de epifanía que nutría temores y supersticiones, que en sus formas antiguas, también se van lentamente de las montañas.

LOS ENEMIGOS



Los monitoreos con cámaras de fototrampa arrojan una luz esperanzadora, al menos en el caso de las zonas protegidas de la región: hay animales variados a lo largo de toda la cadena trófica. Pero la observación a través del tiempo ha permitido advertir de los riesgos que trae la destrucción ambiental.

“Por orden de importancia, los principales factores de desaparición de especies en la zona son la pérdida de hábitat, el cambio de uso del suelo [agricultura extensiva y cultivos intensivos como aguacate, caña de azúcar, café], ganadería y contaminación de agroquímicos, y deforestación. Esta se encuentra en el cuarto sitio de la lista, pero debido a que recientemente se reactivaron los permisos de corta, puede ocupar en pocos meses el primer lugar”, explica Sonia Navarro.

También señala su preocupación por los incendios accidentales y provocados “para dar lugar a plantaciones de aguacate”; y la nunca extirpada caza ilegal: las cámaras de foto trampeo ha registrado la presencia de depredadores humanos.

El bosque mesófilo de montaña, recientemente protegido en los volcanes, presenta diagnósticos aciagos tanto en lo local como con el calentamiento global, que le quitan oportunidades.

La doctora en ciencias subraya: “los desequilibrios, la remoción y la desaparición de especies contribuyen a los cambios de temperaturas y en la calidad de los factores del hábitat, particularmente en los bosques mesófilos o de niebla; estos cambios son irreversibles y se suman  al cambio climático que a su vez afectará a las especies de vertebrados mayores, a las más vulnerables y a las de movilidad limitada como los anfibios, ranas, que dependen de la cantidad de luz y humedad dentro y fuera del bosque […] aves y murciélagos dependen de los periodos de floración y fructificación en forma sincrónica, con exactitud y precisión; al existir cambios en el clima, son las especies que resultan afectadas por la pérdida de recursos alimenticios, recursos para madriguera y apareamiento”.

Y aunque son problemas muy graves y con efectos potenciales devastadores para las comunidades humanas -merma en captura de agua, aumento de temperatura y mayor gasto de energía, reducción de suelo fértil, pérdida de polinizadores, plagas- los recursos para la protección son escasos. La economía y la política no parecen tomar nota de este inquietante futuro que se hace cada vez más posible.



¿HAY ESPERANZAS?
“Antes había mucho bosque, y ahora no hay ni la mitad; en cambio, sí hay mucha reforestación, pero se deben combatir plagas en los árboles que le pegaron al bosque muy fuerte”, dice don José en la quietud de su cabaña, este mediodía gris donde el sol se ha ocultado y el pico del Nevado apenas es una silueta entre nubes de vapor.

75 años de edad; cuerpo macizo, fuerte; canas que cubren la cabeza, arrugas que no apagan los ojos flameantes, severos, transparentes. Voz firme, a ratos exasperada por el invasivo corresponsal. Sigue: vive seis días de la semana en el volcán, y regresa a Tecalitlán por su lonche. No recuerda a todos los hijos, pero uno es cirujano, otro estudia derecho de empresas internacional, la otra se fue para hablar inglés a Estados Unidos.

- ¿Qué fue de sus demás hijos?

- Pos yo no tuve ni tiempo de anotar, ni los conozco; sólo son tres los que reconozco: Juan Pedro, José Francisco y Santiago de Jesús, responde incómodo.

Regresa a la floresta: sin protección ni manejo se sigue destruyendo. “Porque reforestan y se seca, o no la cuidan, o si les dan dinero, se va a la bolsa y no al bosque”, en  un círculo vicioso casi irrompible. Entonces, el viejo podría deletrear el famoso verso dantesco de la casa de los condenados, y construir una interrogante nueva, gran urgencia  de un mundo inmerso en otro tipo de extinciones y acabamientos. “Lasciate ogni speranza”? (¿abandonad toda esperanza?).


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