viernes, 27 de junio de 2014

UdeG propone plan para evitar contaminación de ingenio

La fábrica de azúcar del Valle de Autlán contaminó hace dos semanas y provocó alta mortandad de peces en el río Ayuquila.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Universidad de Guadalajara logró un acuerdo con el ingenio Melchor Ocampo, de Autlán, para establecer un programa de trabajo conjunto, que evite futuros eventos de descarga de contaminación que ocasiona un alto impacto en la vida silvestre del río Ayuquila, enclavado en las regiones Costa Sur y Sur de Jalisco.

Luis Manuel Martínez Rivera, coordinador del proyecto de manejo y conservación de recursos naturales del río Ayuquila, del departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur, confirmó a Milenio Jalisco el dictamen difundido la semana pasada que revela una descarga puntual de la fábrica de azúcar hacia la corriente fluvial, lo cual generó mortandad en una decena de especies de peces tanto nativos como introducidos a lo largo de 18 kilómetros de la corriente.

“Ellos no aceptan ser responsables de esta descarga, pero nosotros lo tenemos debidamente caracterizado en nuestros estudios de laboratorio, sin embargo nuestro propósito directo no es que sancionen al ingenio, sino que se tomen medidas de fondo para evitar estas contingencias en el futuro”, explicó el investigador.

De cualquier modo desconocen si la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente han acudido a inspeccionar la zona y levantar un procedimiento administrativo como lo establece la ley de aguas nacionales. Martínez Rivera es escéptico de que realmente se vaya aplicar la ley, pero confía en que la difusión de los medios de comunicación en el río Ayuquila obligue a tomar medidas de fondo para que ya no se emita contaminación hacia el río.

Por su parte el director de la junta intermunicipal del río Ayuquila, Arturo Pizano, dijo que hay preocupación de los diez alcaldes que integran el organismo, en que se resuelva la agenda ambiental completa no sólo del ingenio Melchor Ocampo, sino los impactos que generan las fábricas de mezcal del corredor Tonaya-Tolimán, así como el problema de los agroquímicos se generan las plantaciones hortícolas de toda la región. Dijo que al ingenio le conviene resolver de una vez el problema porque no abona a favor de su imagen y la desconfianza histórica que se le tiene entre los propios campesinos es difícil de remontar.

jueves, 26 de junio de 2014

Agricultura de Jalisco en riesgo por El Niño



La variación climática podría consolidarse en un mes y bajar lluvias en agosto. Cientos de miles de hectáreas que dependen del temporal recibirían menos agua en un momento crítico, advierte ...

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Desde enero hasta ayer cayeron ya 174.2 milímetros de lluvia en Jalisco, 20.6 por ciento del promedio histórico en la entidad, y se espera un julio intenso en lluvias, pero hacia finales de ese mes se prevé un declive drástico que podría prolongarse hasta comienzos de septiembre, por la posible entrada de la variación climática El Niño, lo que podría generar un daño severo a la agricultura de temporal que predomina en el territorio estatal.

Primer productor nacional agrícola, 83 por ciento de sus 1.7 millones de hectáreas se suelen sembrar con dependencia exclusiva de las lluvias, y el ciclo primavera-verano es el que concentra cinco sextas partes de la superficie anual; son las lluvias de los meses de junio a agosto las que permiten el crecimiento y la maduración de sus cultivos, fundamentalmente maíz, sorgo, frijol, trigo y caña de azúcar.

“La evolución hacia un escenario de El Niño no impactaría mucho en el comportamiento de las lluvias en los meses de junio y parte de julio. El temporal iniciaría dentro de sus períodos históricos -10 al 15 de junio-. Sin embargo, sí habría una disminución importante en agosto e inicio de septiembre, pero con una recuperación  desde mediados de septiembre a octubre y con un mes de noviembre también lluvioso”, señala el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Ángel Meulenert Peña, en su presentación intitulada “Perspectivas del temporal para el año 2014 y algunas consideraciones sobre la temporada ciclónica”.

El Niño o La Niña “se definen oficialmente como anomalías sostenidas de la temperatura superficial del mar mayores a  0.5°C [grados centígrados] a lo largo del Océano Pacífico tropical. Cuando la condición se cumple por menos de cinco meses se clasifica como una  condición El Niño o La Niña; si la anomalía persiste por cinco meses o más estamos ante un evento o episodio El Niño o La Niña. El fenómeno se inicia en el Océano Pacífico Tropical, cerca de Australia e Indonesia, donde la temperatura superficial  del mar se eleva por encima de lo normal. Gradualmente este máximo se desplaza hacia el Este y alrededor de seis meses después, alcanza la costa de América del Sur”, añade el científico.

Así, “estamos prácticamente ante el inicio de un evento El Niño al comienzo del verano 2014 […] los modelos de predicción numérica, tanto dinámicos, como estadísticos, muestran la posible evolución, con cerca de 60 por ciento de probabilidad”.

En este contexto, “en los modelos el temporal se debe comportar hasta 20 por ciento por encima de la media histórica durante los meses de junio y mitad de julio, disminuyendo a valores muy por debajo de lo normal en agosto, para recuperarse desde mediados de septiembre y octubre, fundamentalmente”.

El promedio de formación de ciclones en el Pacífico oriental es de quince, unos ocho alcanzan la categoría de huracán y de estos, cuatro llegan a una intensidad mayor o igual a tres en la clasificación Saffir-Simpson”. No obstante, advierte, “en escenarios de El Niño, estos promedios son mayores, llegando a unos 17 ó 18 e incluso más en la temporada”.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional define: "“Típicamente El Niño y La Niña se forman entre abril y junio y alcanzan su fase de madurez entre diciembre y febrero; pueden persistir de 9 a 12 meses en promedio, pero ha habido eventos mucho más largos que han durado dos años, no tienen un periodo definido y por lo tanto, no tienen una tendencia lineal, son recurrentes entre cada dos y siete años”.

¿En qué afecta un evento El Niño? "“Ha habido eventos de El Niño muy intensos en los años 1982-83 y 1997-98, que en México han generado, durante el verano, altas temperaturas con sequías en la mayor parte del país, a excepción de las penínsulas de Baja California, Yucatán, y el sur de Veracruz, en Tabasco y el norte de Chiapas; es decir, en estas zonas habría un aumento de lluvias a partir de que se establezca El Niño”.

miércoles, 25 de junio de 2014

Madera ilegal inunda el mercado de Jalisco



Al menos tres de cada diez metros cúbicos de maderas que se consumen en la región no son legales, sean de bosques nativos o del extranjero.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El Programa de Madera Legal surge en Jalisco ante la gravedad del problema de esta materia prima esencial para la economía: los bosques del estado producen 400 mil metros cúbicos por año pero el consumo alcanza casi nueve tantos: 3.5 millones de m3. De esta última cifra, la ilegalidad, calculada conservadoramente con los estándares nacionales de Reforestamos México AC, es de más de un millón de m3 por año.

“La ilegalidad del comercio de productos forestales, particularmente los madereros, se ha convertido en un problema asociado a los procesos de deforestación y degradación de nuestros bosques”. Por ello, “con el ánimo de cumplir con nuestra misión de asegurar los bosques, buscamos fortalecer la legalidad en el mercado de la madera a través del Programa de Madera Legal”, señala la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Magdalena Ruiz Mejía.

Lo que se busca: uno, “generar políticas públicas para usar madera legal en las obras contratadas por gobierno”; dos, “permitir al sector privado tomar mejores decisiones de compra y cumplir con las políticas públicas sobre compra de madera”.

De este modo, añade, “para generar la demanda pública, la propuesta es que las secretarías de Infraestructura y Obra Pública y la propia Semadet, con base en las atribuciones que otorga el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y conforme con las fracciones XV, XXI y XXXII del artículo 21 de la misma ley, determinen criterios claros para que la madera que se utilice en la construcción de obras públicas provenga de centros de almacenamiento y transformación [CAT] que se encuentren inscritos en el Registro Forestal Nacional [RFN], tal y como se establece en los artículos 51 y 116 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable”, refiere un documento elaborado por la dependencia.

El sector privado, “en cada una de las licitaciones que participe deberá señalar de forma expresa el procedimiento que utilizará para comprar madera de centros de almacenamiento y transformación inscritos en el RFN y así asegurar el uso de madera legal en la construcción de obra pública y satisfacer la demanda pública”.

Para asegurar el uso de madera legal en las obras licitadas, “se solicitará a través de una circular a las dependencias responsables de licitar la obra pública que establezcan las características de la madera usada en las construcciones licitadas […] dicha circular deberá incluir un párrafo en el que se establezca que las empresas que ganen las licitaciones y desarrollen los proyectos, deberán demostrar que cuentan con un procedimiento para verificar que sus proveedores de madera están inscritos en el RFN”.

Es necesario “asegurar la participación de sus proveedores, de tal forma que los CAT que suministren madera se encuentren inscritos en el RFN”.

El citado registro, “es un instrumento de política pública”; según la fracción XVIII del artículo 33 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, “la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos es responsable de administrar el registro conforme a la información que reciba de las delegaciones estatales. La Delegación del estado de Jalisco dará la información necesaria a la Secretaría para que ésta realice la inscripción de los CAT en el registro”.   
er público el RFN tal como se establece en el artículo 51 de la Ley, además coordinarse con la delegación de Jalisco “con el fin de cumplir con el mandato de la Circular SGPA/DGGFS/712/004/13, que exhorta a las autoridades estatales a informar cotidianamente de las inscripciones, modificaciones, sanciones y cambios relevantes en el Registro Forestal Nacional, con el fin de mantenerlo actualizado”.

Es un modelo incipiente. Jalisco será el sitio de su ensayo, “y es una gran responsabilidad con el patrimonio natural del país lograrlo”, subraya la titular de la Semadet.


lunes, 23 de junio de 2014

Leyes secundarias de energía podrían destruir áreas naturales protegidas



Greenpeace alerta sobre la permisividad de las leyes y su vulneración de derechos individuales y colectivos; La Primavera y Manantlán enfrentarían alto riesgo en Jalisco.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La iniciativa de leyes secundarias en materia energética propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto y que actualmente se discute en el Congreso de la Unión “abrirá las puertas a la expropiación de terrenos y a la devastación de las áreas naturales protegidas (ANP) en México”, de por sí ya bastante debilitadas por otras leyes que resguardar intereses económicos como el caso de los mineros, aseguró la organización internacional ambientalista Greenpeace.

“La Ley de Hidrocarburos, la Ley Minera, la Ley de Energía Geotérmica, la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética contienen disposiciones legales que eliminarían la protección que actualmente tienen Parques Nacionales como Cabo Pulmo, reservas de la biósfera como Isla Guadalupe, El Pinacate, Montes Azules y la Selva Lacandona, Zonas de Protección de Flora y Fauna como Holbox”, aseguró Miguel Ángel Soto, vocero de la campaña de Energía de Greenpeace.

En el caso de Jalisco, aplica como alto riesgo para el bosque La Primavera, que tiene yacimientos geotérmicos, y la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán, que posee importantes reservas de hierro.

Un análisis elaborado por la organización “indica que hay al menos 14 artículos que deben ser modificados. El artículo 91 de la Ley de Hidrocarburos señala que ‘las actividades de Exploración y Extracción se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas’,  lo que vulnera la propiedad comunal, ejidal y privada, incluso sobre ANP.

La propuesta oficial “elimina toda la política de conservación en el país, tanto para las ANP federales, como para las estatales y las municipales. Las empresas productivas del Estado, como las de la iniciativa privada, pueden acabar con la riqueza natural, paisajística y cultural de México”, añadió el activista.

Además de indicar que existen posibles violaciones a los derechos fundamentales con las expropiaciones previstas por las autoridades en caso de que consideren que una tierra es de “interés social”, Greenpeace exigió a los legisladores que pongan candados a la legislación con el fin de evitar que se asignen áreas para la exploración y explotación de hidrocarburos dentro de las ANP, impedir que se construya infraestructura para la industria geotérmica y eléctrica dentro de las mismas y prohibir que se establezcan servidumbres para actividades asociadas al sector dentro de las mencionadas zonas.

“Con un plumazo se puede acabar con la lucha que por décadas han emprendido las comunidades, los científicos, académicos y diferentes organizaciones de la sociedad civil”, añadió Soto.

El estudio elaborado por la organización detalla las omisiones a la restricción de las actividades antes descritas en las ANP, así como las propuestas de redacción para evitar su desaparición.

La iniciativa de Ley de Transición Energética, presentada por el PAN la semana pasada y con la cual se prevé alcanzar la meta de generación de 35 por ciento de energía eléctrica a partir de fuentes renovables para el 2024, también debe contener restricciones para evitar poner en riesgo ANP con la producción de ese tipo de energía.

“Aunque dicha iniciativa es un paso en la dirección correcta para proteger el planeta y reducir la generación de Gases de Efecto Invernadero, es importante que la utilización de energía renovable considere obligatoriamente  la justicia social y estudios de impacto que eviten eventuales conflictos”, añadió la organización ambientalista.

El agua anual del río Verde no alcanzaría



La Conagua argumenta que por eso la presa El Zapotillo es necesaria para regular la cuenca y cubrir los compromisos con León y la ZMG.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) coincide con los críticos de la presa El Zapotillo en un dato esencial: el agua que corre año con año en la cuenca del río Verde no es segura para garantizar el volumen de abastecimiento urbano que se pretende hacer a través de la presa.

En 1973 corrieron casi dos mil millones de m3 de caudales por el río, 500 millones de agua comprometida, pero son más frecuentes los caudales anuales cercanos a 100 millones de m3, apenas la quinta parte de lo que se busca repartir. El organismo pretende dar vigor a un decreto federal de 1995, que entrega 119 millones de m3 de agua a la ciudad de León, Guanajuato, y 384 millones de m3 para Jalisco, año con año.

Mientras para los opositores del trasvase a León, las características erráticas de la cuenca y el fenómeno de desertificación agravado por el cambio climático, deberían dar lugar a la aplicación del “principio precautorio” para no afectar a los habitantes de la región, es decir, cancelar los megaproyectos; para la Conagua la respuesta debe ser la contraria: edificar El Zapotillo y construir al menos otra presa que sumada a El Purgatorio y El Salto, permita almacenamientos de hasta 1,600 millones de m3 que logren garantizar el agua en años con bajos escurrimientos.

Omiso a dar explicaciones detalladas desde que asumió en 2013 como director del organismo de cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Conagua, José Elías Chedid Abraham hizo una presentación extensa el pasado 17 de junio en un encuentro convocado por la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en el marco del Día Mundial de la Desertificación, en Zapopan.

En ese documento, el funcionario justifica la política seguida por el organismo de gobierno, aunque jamás aborda el impacto ambiental, social y económico que ese trasvase generará para los habitantes de Los Altos de Jalisco, región que aporta 23 por ciento del producto interno bruto de Jalisco y que es más importante en el sistema de cuencas nacionales que el valle de León, al que se pretende beneficiar. Centra sus argumentos en los beneficios para Jalisco y jamás alude a la transferencia de costos ambientales de la región de El Bajío hacia los municipios alteños.

“El caudal del río Verde tiene una gran variabilidad en la mayoría de los posibles sitios de embalse entre sus periodos de estiaje y avenidas, pudiendo ser sumamente bajo en estiaje, habiendo llegado hasta cero [m3] en algún momento en su último tramo [cercano a la confluencia con el río Santiago]”, señala el mismo documento expedido en 2013.

Como cada año varía fuertemente el caudal, “no podría considerarse un gasto permanente de abastecimiento de la ZMG sin el almacenamiento de los caudales del río cuando estos son abundantes”. La gráfica (ver anexa a este texto) del escurrimiento anual de la estación hidrológica La Cuña es reveladora: entre 1945 y 2009, los caudales registrados sólo en cuatro años rebasan 1,500 millones de m3; en cuatro más se ubican arriba de mil millones de m3; en 21 años se ubicaron entre mil y 500 millones de m3, y en 35 años fluctuaron entre 100 y 500 millones de m3, de manera que este último es el registro más común.

Para los académicos y ciudadanos que demandan que no se entregue agua a León y que se ponderé la que ha de recibir Guadalajara, estos registros demuestran que no hay garantía de que las presas tengan agua suficiente, dado que pueden pasar años sin que llueva de forma considerable. La interpretación de la Conagua difiere: “conociendo que el río Verde ha tenido en los últimos 50 años un régimen hidrológico muy irregular […] para poder hacer uso de esta reserva de 504.576 millones de m3 al año, equivalente a un gasto medio de 16 m3 por segundo, es necesario disponer de una capacidad de almacenamiento suficiente para regular el caudal durante varios años”.

Por ello, “estudios demuestran que hace falta proporcionar en el sistema del río una capacidad conjunta de almacenamiento de 1,600 millones de m3, que se podría llenar con los escurrimientos de uno o dos años muy abundantes, que los hay, para completar el escurrimiento natural de esos ocho o nueve años secos y poder así cubrir la demanda”.

Así, la Conagua señala un promedio anual de escurrimiento de 599.17 millones de m3 para toda la cuenca -gracias a esos “picos” altos- por lo que estima que es viable dotar de agua a las zonas urbanas. Además de no referir al impacto para la cuenca exportadora -Los Altos de Jalisco-, de pasada señala que será necesario eliminar de forma progresiva la sobreexplotación de sus acuíferos, aunque se trata de un recurso que es vital para decenas de miles de agronegocios de la meseta. Tampoco señala la “cuota ecológica” de agua que debe siempre correr por el río -aspecto obligatorio según la Ley de Aguas Nacionales-.

En este contexto, detalla la decisión de que El Zapotillo vaya a 105 metros aunque se inunde Temacapulín. “Un elemento decisivo para el dictamen técnico, es que dadas las características del cañón del río Verde es que en el punto de aprovechamiento es posible lograr los mayores almacenamientos con alturas que varían entre los 100 y 120 m, mismos que garantizan la seguridad hídrica. En cuanto a seguridad financiera, la alternativa con alturas mayores a 100m permite aprovechar las inversiones realizadas en la construcción de su cimentación”.

Una presa a 80 metros hace que cada m3 por segundo cueste poco más de siete millones de pesos; a 105 metros, baja ese costo a 3.5 millones de pesos.

“Una consideración importante, es que la propuesta presentada para una presa de 80 m con diques para proteger la población de Temacapulín, no cumple con los parámetros mínimos de seguridad, poniendo en riesgo a los habitantes por una eventual falla y por acumulación de agua de lluvia y residual derivada de la obstrucción topográfica de estos diques”.

Y si bien, menciona que el abastecimiento desde el Verde permite reducir la presión sobre el lago de Chapala, el esquema integral de planeación que se publica en la página 33 mantiene el aprovechamiento de 5.5 m3 de agua desde el embalse natural aún con el ingreso de las aguas del río, para totalizar una oferta de 19.6 m3 por segundo que es más del doble de la actual para Guadalajara, a partir del año 2018, en que entraría en operaciones la presa de Acatic (ver mapa) para unirse a la derivadora de El Purgatorio y El Zapotillo.

No obstante, ningún análisis prospectivo del crecimiento de la ZMG prevé que ésta doble su población en muchas décadas, lo que da la razón a los críticos de la Conagua en el sentido de que es una sobreoferta, lo que sólo generará una ciudad menos sustentable y regiones agropecuarias -abastecedoras- perdedoras.

Jalisco debe tener ventaja: Robles Ortega

Para el arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, Jalisco es quien debe ser mayormente beneficiado en el tema del agua con relación a la construcción de la presa El Zapotillo, ya que es en esta entidad donde se construye este proyecto.

“[Que] se asegure que Jalisco sea el mejor beneficiado de este proyecto, al fin y al cabo que es Jalisco el que sacrifica las mayores situaciones o circunstancias humanas; es la postura que yo siempre he manifestado, que se asegure que sí el agua es de todos, pero hay que priorizar dónde está la presa, con qué sacrificio para Jalisco se hace la presa y que se vea beneficiada la sociedad jalisciense”, subrayó.

Dijo que este tema fue tratado en “términos generales” durante la reunión que sostuvo con el nuevo secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, pues aclaró que el encuentro no era expresamente para tratar este tema.

Agregó que el funcionario estatal aseguró que se le da seguimiento a las demandas de los ciudadanos que están inconformes con la presa El Zapotillo, “él tiene la muy buena voluntad de atender este tema”.

El arzobispo comentó que en el tema de la reubicación o no de los habitantes, es el Observatorio Ciudadano del Agua, el que puede darle un seguimiento puntual, para que se respete el derecho de los posibles afectados.

“El observatorio siguiera puntualmente el tratamiento que se le daba a los desplazados, que se siga puntualmente y que se atienda las legítimas demandas, porque al fin y al cabo ellos son los afectados y tienen derecho a presentar sus demandas”, añadió.

(Yenzi Velázquez/Guadalajara)

Apuntes de Conagua

La demanda actual de la ZMG es de 439 millones de metros cúbicos por año, equivalente a un gasto medio de 13.9 m3/s “que tendría que ser abastecido  de manera firme (o sea, permanente y continuo, sin ningún déficit) para el bienestar de la población”

La ciudad “se abastece actualmente de  acuíferos subterráneos (tres m3/s), del río Calderón (presa Elías González Chávez, 0.5 m3/s) y del lago de Chapala (5.5 m3/s), además de otras fuentes no operadas por el SIAPA (1.5 m3/s). La suma de estos gastos es de 10.5 m3/s, por lo que hay un déficit de 3.37 m3/s, equivalente a 106.3 millones de m3 anuales”

La proyección de la demanda de agua en la ciudad para los próximos 20 años “nos lleva a un gasto firme de 16 m3/s, y para el año 2043 llegará a 17.72 m3/s equivalente a un volumen anual de 558 millones de m3.

Sobre el río Verde. “La Presidencia de la República emitió en 1995 un decreto para establecer una reserva de agua para su uso en fines doméstico y público urbano en los lugares mencionados. Esta reserva alcanza  un volumen anual de 504 millones de m3 al año, equivalente a un gasto medio de 16 m3/s”. De ese volumen, corresponde 76% a Jalisco (12.2 m3 /s o 384 millones de m3) y 24% a de Guanajuato (3.8 m3/s o 119 millones de m3) para el abastecimiento de la ciudad de León

Temaca, riesgo de diques. “Los diques formarían una cuenca cerrada; obligarían a construir plantas de bombeo para drenaje sanitario y pluvial; en caso de una precipitación extraordinaria pondría en riesgo vidas y bienes materiales, con un limitado tiempo de respuesta para  evacuar a la población; no existen condiciones geológicas favorables que garanticen la impermeabilidad de las estructuras”, y “por los niveles de la presa El Zapotillo, se podrían presentar flujos de agua por las unidades litológicas existentes”, pues “existe una falla geológica”


viernes, 20 de junio de 2014

El gobierno acepta reparar los daños causados a Tuapurie



Podría costar más de 82 millones de pesos el “error” de la Sedeur en tierras huicholas, al imponer una obra carretera y dañar el ambiente.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El gobierno del estado no se meterá en más conflictos legales con la comunidad indígena de Tuapurie o Santa Catarina Cuexcomatitlán, en la región Norte de Jalisco, a propósito de los daños ocasionados por la obra  carretera Bolaños-Huejuquilla entre 2007 y 2008 y pagará la reparación, sea con un proceso de restauración de los sitios o sea con dinero en efectivo, dijo el responsable jurídico de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), Arturo César Leyva González.

Es consecuencia de la resolución del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo de esta ciudad, en el juicio de amparo 596/2008, confirmado en todas sus condiciones el pasado 14 de mayo, cuando el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, notificó al juez el toca de la queja 165/2013 (promovida por el gobierno contra la reparación del daño), en que dicho procedimiento se declaraba infundado, es decir, era indispensable ejecutar la sentencia adversa a la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur), hoy SIOP.

Las obras se hicieron sin respaldo de los comuneros wixaritari (huicholes), ocasionaron severos daños ambientales y a sitios sagrados, lo que derivó además en una denuncia penal que a diferencia de este juicio de garantías, no ha prosperado.

Leyva González explicó los gastos realizados del proyecto carretero Amatitán-Huejuquilla-Bolaños, en esa zona, que va del kilómetro 70.4 al 89 -terrenos de la comunidad- ascienden a 22 millones 603,404 pesos, incluidos gastos de obras  y gastos de estudios ambientales. Es decir, las demoliciones y reparaciones significarán, además del costo que haya que aplicar, la pérdida de ese dinero que ejerció la anterior Administración. Según peritajes ambientales realizados por la Universidad de Guadalajara, a solicitud de Tuapurie, el costo de restauración asciende a 60 millones de pesos (MILENIO JALISCO, 17 de septiembre de 2012), lo que tasaría en 82 millones de pesos el “error” de la extinta Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur).

El director jurídico de la SIOP detalló a este diario que la sentencia favorable a los comuneros data del 30 de junio de 2011, y que se confirmó el 13 de febrero de 2012 ante la no procedencia del recurso de revisión interpuesto por el estado. Posteriormente, en octubre de 2013, la nueva Administración interpuso queja, contra los términos planteados para ejecutar la reparación del daño, pero no procedió, lo que deja la sentencia firme.

El funcionario reconoce la obligación señalada en la sentencia de dejar “insubsistente todos los actos inherentes a la ejecución del proyecto carretero Bolaños -Huejuquilla El Alto […] que afecten la propiedad de la parte quejosa, aclarando que se entenderá como debidamente cumplida la ejecutoria del presente juicio de amparo, hasta que la autoridad responsable deje las cosas en el estado que guardaban antes de la violación decretada”.

Es decir, se deben “restablecer las condiciones originales de la superficie afectada que se sitúa en el tramo carretero […] es decir, efectuar las acciones conducentes a fin de que sea repuesto el cauce del camino original, tomando como referencia el plano realizado por la perito oficial […] en el entendido de que las condiciones originales del camino eran de ‘camino de terracería’ que contaba con un ancho de corona promedio de siete metros…”.

Además, “realizar labores de reforestación en una zona de 31.9 hectáreas, utilizando la vegetación prevaleciente en la zona, la cual quedó descrita de manera pormenorizada en los dictámenes…”.

Otra tarea es “realizar la infraestructura necesaria para conducir y encauzar de manera adecuada los escurrimientos [de agua]  que intersectan con el camino trazado”, así como “realizar las acciones de búsqueda y localización de los monolitos [piedras] que se situaban en El Paso del Oso, a fin de que se puedan recuperar las condiciones en que se encontraba ese sitio sagrado, tan importante culturalmente para la comunidad wixárika”.

Lo que no se puede reparar por imposibilidad material, se va por vía de un “incidente innonimado” para determinar los valores. Los cálculos previos datan de dos años atrás, por lo que se deben actualizar. Si no hubiere dinero en las arcas, se debe reestructurar el gasto para cubrir a satisfacción la demanda judicial, puntualizó el director jurídico de la SIOP.

Las estrategias

El gobierno del estado pretende que se le reconozca como parte de la ejecución de sentencia, las inversiones que se hicieron para reparar daños tras procedimientos instaurados en 2008 por la delegación Jalisco de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que clausuró varios tramos del proyecto por no contar con autorización de impacto ambiental.

Para ello, deberá establecerse vía perito lo que realmente ha quedado de las reparaciones, que incluyeron corrección de trazos, restauraciones de taludes, reforestación y obras para contención de erosión.

Las afectaciones por pérdida de suelo y materiales debido a procesos erosivos también se deben cuantificar otra vez, pues el juicio maneja datos sólo para cuatro años, y han pasado seis desde que se instauró el juicio de amparo.

La Profepa ordenó instalar señales para la protección de la flora y la fauna, pero la SIOP tiene en expedientes que en su momento, la comunidad rechazó esos letreros.

La SIOP no descarta que en un nuevo clima de buena voluntad, al dialogar con las autoridades huicholas, se pueda convenir en nuevos acuerdos para garantizar la comunicación terrestre de la zona, tal vez no demoler el total de la obra; pero eso deberá cubrir todos los requisitos que plantean los usos y costumbres de Tuapurie.

jueves, 19 de junio de 2014

Ingenio de Autlán provocó muerte masiva de peces



El río Ayuquila padce una vez más las descargas ilegales de la fábrica de azúcar, según dictámenes del Cucsur de la UdeG

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El ingenio Melchor Ocampo, contiguo a las ciudades de Autlán y El Grullo, se ha vuelto a constituir en fuente de desastre ambiental para el río Ayuquila, pues estos días ocurrió una muerte masiva de peces y todo indica que la zona de la que salió la descarga de materia orgánica que los mató, es la vieja factoría.

“De acuerdo con el recorrido de campo y las evidencias encontradas podemos concluir que el responsable de las descargas de las aguas residuales al río Ayuquila es el Ingenio Melchor Ocampo. Pueden ser aguas provenientes del lavado de caña o fugas o descargas de la laguna de oxidación por el color blancuzco que presentaba el agua residual. Probablemente dado que el agua residual del lavado de caña lo enviaban a riegan parcelas de caña, con las lluvias actuales donde el suelo agrícola está sumamente saturado, decidieron enviar las aguas residuales al río en la noche para que no se detectara”, señala un informe elaborado por la Junta Intermunicipal del Río Ayuquila y el Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Universidad de Guadalajara, enclavado en el Centro Universitario de la Costa Sur.

“El impacto de la descarga de aguas con alto contenido de materia orgánica en el río Ayuquila ocasiona una pérdida total del oxígeno del agua lo que ocasiona la mortandad de peces. El impacto se concentró en un tramo aproximado de 18 kilómetros, entre la zona de la descarga del dren del ingenio y la comunidad del Aguacate, básicamente en la zona del Valle Autlán-El Grullo”, señalaron en un informe que fue entregado a MILENIO JALISCO.

“Ya en otra ocasión la Universidad de Guadalajara y la Junta Intermunicipal del Río Ayuquila había informado al responsable del área ambiental del ingenio que se había detectado aguas residuales provenientes del ingenio, sin tener una evidencia concreta y solo de reportes de pobladores e investigadores por cambios y olores en el agua del río”, añaden.

Entre las especies de peces que se encontraron muertas están las siguientes, con nombre científico en latín: Oreachromis aureus o Tilapia aurea; Ciprino carpio o carpa común; Lepomis macrochirus o mojarra de gallas azules, y Tilapia rendalli o chopa”. “Estas son especies introducidas, pero que son de gran importancia económica y de autoconsumo en las zonas ribereñas del río. También ha registro de decesos de individuos de las especies Astyanax cf. aeneos o sardina;Ilyodon furcidens o bulon; Poecilia butleri o topote del pacífico, “estas últimas están consideradas nativas para el río y representan una gran importancia ecológica”, añade el texto.

El informe, levantado entre el 17 y 18 de junio, fue elaborado por Norma Alicia Gómez Santana, de la JIRA; Demetrio Meza Rodríguez y Luis Manuel Martínez Rivera, del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la UdeG.

La historia. “Derivado de una denuncia anónima a las 8 pm del día 17 de Junio, que fue presentada ante la JIRA, donde se manifestaba la mortalidad de peces en el río en el tramo de la comunidad del Aguacate, se trasladaron la ingeniero Norma Alicia Gómez Santana y el maestro en ciencias Demetrio Meza Rodriguez a atender la denuncia hasta esta comunidad. En la comunidad del Aguacate, revisaron en la zona conocida como Acachales, ubicada aguas abajo del poblado. Sitio en donde mensualmente se realizan monitoreo de calidad de agua por parte de la Universidad de Guadalajara. En este sitio, a pesar de ser de noche, encontramos de peces muertos flotando en el río. Esa misma noche nos dirigimos a revisar diferentes puntos aguas arriba del río para ubicar la zona de posible descarga que estuviera causando la mortandad”.

En el puente de Palo Blanco sobre el río Ayuquila, “se pudieron detectar también peces muertes y muchos peces boqueando a orillas del río, como un indicador de falta de oxígeno. El siguiente sitio se muestreo en el sitio ubicado sobre el río Ayuquila, antes de la confluencia con el Coajinque o Dren Autlán, en donde ya ubicamos una mayor cantidad de peces muertos flotando en el río, pero por la obscuridad de la noche el flash no los pudo incluir en la foto. La concentración del oxígeno en esta zona fue de 2.9 mg/l muy bajo para la sobrevivencia de peces. Se verifico también otro sitio en el Puente El Grullo y no encontramos ningún rastro de peces muertos”.

El último sitio visitado fue el dren que sale de la zona del ingenio, “en donde se apreció un olor muy fétido y penetrante del agua que corría sobre este dren, que desemboca directamente al río Ayuquila […] el 19 de junio se realizó nuevamente el recorrido pero ahora desde la comunidad de Zenzontla en el municipio de Tuxcacuesco, para evidenciar la magnitud del evento, sin embargo encontramos en este sitio buenas condiciones del agua y no reportaron los pobladores ningún evento de contaminación. De regreso al valle se constató la mortandad en el tramo comprendido entre el dren ingenio y los acachales siendo el punto antes de la confluencia con el Dren Autlán el más crítico ya que presentaba la mayor cantidad de peces muertos”.

El único punto en donde encontramos ingreso de agua residual al Río Ayuquila proveniente del Dren que sale del Ingenio Melchor Ocampo […] las aguas provenientes del Dren Ingenio traían un color blancuzco”.

martes, 17 de junio de 2014

Avanzan los desiertos sobre Norte y Los Altos de Jalisco



En el marco del día mundial contra la Desertificación, el gobierno mexicano, a través de la Conafor, presenta un estudio extenso sobre el fenómeno.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Avanzan los desiertos en México: si a la Mixteca poblana y oaxaqueña le tomó medio milenio convertirse en páramos, tras una intensiva actividad económica sobre ecosistemas fértiles, Jalisco tiene medio siglo en que la frontera árida se acerca más que nunca, por el este y el norte, a la zona metropolitana de Guadalajara. El problema es que esta expansión es artificial: propiciada por el modelo económico que busca colonizar territorios bajo la premisa de que los recursos naturales son inagotables. Se llama “desertificación”.

Con pérdida de suelos, de fuentes de agua y de biodiversidad, es en lo general uno de los problemas más acuciantes del país, coincidieron expertos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), que hoy conmemoran con un foro el Día Mundial contra la Desertificación.

La causa del fenómeno es múltiple: “cambios desordenados de uso de suelo, prácticas de manejo inadecuado de la tierra por campesinos y ganaderos que carecen de asistencia técnica, lo que a su vez impide rotación de cultivos, prácticas de conservación del suelo, y se exacerba con sobrepastoreo, deforestación, incendios”, apuntó Ramón Cardoza Velázquez, experto en el tema. La desertificación a su vez ocasiona pobreza, migración y pérdida de servicios ambientales.

58 por ciento de la superficie terrestre de México son tierras secas. Jalisco es uno de los estados que enfrenta un problema serio en sus regiones norte y Los Altos, que son límite del desierto de Chihuahua, así como en la amplia franja de trópico seco que hay en la región costera. 60 por ciento del territorio estatal está sometido a pérdidas de recursos por este fenómeno, apuntó José Luis García Rodríguez, responsable de la celebración.

La Conafor presentó el documento “Línea base nacional de desertificación de tierras”.

El funcionario destacó que la presión sobre los recursos es extrema debido a que la mayor parte de la generación económica del país será en territorios de semiáridos a secos, lo que obliga a una acción conjunta de dependencias de diversos órdenes como la agricultura, la ganadería, el fomento económico industrial y la silvicultura, además de otros niveles de gobiernos como los estatales.

Las conferencias de hoy, en la sede nacional de la Conafor, en Zapopan, tienen participación de expertos de la organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), de la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Combate a la desertificación no tiene presupuesto

La presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de la Unión considera inaceptable la inexistencia de una verdadera política pública en el tema.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

El gobierno Federal no ha asignado recursos económicos a la lucha contra la desertificación, lo cual es una grave incongruencia porque este fenómeno está propiciando la pérdida del suelo fértil que sustenta todas las actividades productivas, dijo la diputada federal Lourdes Adriana López Moreno quien preside la Comisión de Medio Ambiente en la Cámara de diputados.

Al asistir a esta ciudad a la conmemoración nacional del Día Mundial contra la Desertificación, la legisladora de origen chiapaneco consideró que la anunciada reforma para el campo es una oportunidad que no se debe dejar ir para garantizar el presupuesto que impulse proyectos de un manejo correcto de los suelos; “de que sirve que haya mucho dinero para la tecnología y la comercialización de los alimentos, cuando no se está atendiendo la base de esa economía que es justamente el suelo”, subrayó.

La legisladora agregó que las cifras de pérdida capital natural que paga el país cada año por mantener un modelo económico no sostenible, equivalen a 800 mil millones de pesos o 7.4 por ciento del Producto Interno Bruto, lo cual consideró inaceptable.

“Tenemos una agenda de cambio climático y otra agenda de biodiversidad que podríamos decir están razonablemente sustentadas, pero en la desertificación no hemos podido armar nada todavía pese a que esta provoca pobreza, disminución de calidad de vida y riesgos para la población, y por ello debería ser la más prioritaria de las tres”, agregó.

En la conmemoración, realizada en el auditorio principal de la Comisión Nacional Forestal, en Zapopan, el representante en México de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), Eduardo Benítez, destacó la gran fragilidad para el sistema alimentario nacional y mundial que está generando la expansión de las tierras secas, dado que el crecimiento de la humanidad obliga a aumentar 2.2 por ciento por año la producción de alimentos, lo que indica lo importante que es conservar el suelo y las tierras productivas.

Dos tercios del territorio mexicano se ubican sobre tierras secas con creciente estrés hídrico y descendiente fertilidad, lo que establece con claridad una prioridad de la política pública en ese tema, agregó.

sábado, 14 de junio de 2014

Cambió la estafeta, y quedaron todos tan amigos



Roberto López es el nuevo secretario de Gobierno y promete ser eficaz y conciliador.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

La uniformidad de ayer es el triunfo de una estética: todos aplauden, todos se levantan o se sientan, todos se entusiasman y profieren elogios; en este mundo perfecto no hay espacio para la ironía, que es disonancia y voluntad de ruptura cuando se trata de afianzar una imagen: la cordialidad entre rivales.

Milagros del estilo político priista se vivieron en la tempranera toma de protesta de Roberto López Lara, el Chino para sus cuates y conocidos, como secretario General de Gobierno, en el lugar de Arturo Zamora Jiménez, senador con licencia cuya relación con cierto sector del gabinete se había tornado, por decirlo con sutileza, complicada.

Pero Zamora sonreía sentado a la siniestra (del latín sinister; la primera acepción de este adjetivo, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua: “Dicho de una parte o de un sitio: Que está a la mano izquierda”) de su hoy ex jefe, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz. A la derecha de esta trinidad de santuario republicano (el ex recinto legislativo del palacio de gobierno), el ungido: un Roberto López muy peinado, pulcro y elegante.

Dos discursos concisos y moderados: promesa de continuidad, agradecimiento por los esfuerzos de quince meses, una apuesta a ampliar el diálogo con otros poderes; luego se emocionan: un Jalisco que cambia para bien, un esbozo del eudemonismo político (esa teoría que señala que el hombre siempre busca ser feliz) profundamente aristotélico -pero el Aristóteles de Estagira, Macedonia-, que el de Jalisco quiere para sus gobernados. La despedida del ex alcalde de Zapopan da espacio para alguna euforia excedida pero no salen las convicciones más íntimas, serían mácula imperdonable al espectáculo.

A la salida de la breve toma de protesta, Zamora maneja la mano izquierda, pero saluda de derecha a sus adversarios y promete tomarse unas vacaciones antes de regresar a la cámara alta; el gobernador platica afable con periodistas de asuntos triviales -el México contra Camerún lo espera con su corbata verde- y serios -la presa El Zapotillo y la desinfomación permanente de la Conagua-; López Lara apunta sus intenciones y se compromete con la eficacia. No cae en la tentación que le pone un diablo de reportero: despotricar porque no es el jefe de gabinete. Todos estamos bien.

Dicen los amargados que la política es siniestra (otra acepción de RAE, muy elocuente: “Propensión o inclinación a lo malo; resabio, vicio o dañada costumbre que tiene el hombre o la bestia”), pero esto es una reunión de amigos. Comienza una segunda etapa de gobierno, con menos incomodidades, habrá que suponer.

viernes, 13 de junio de 2014

Dejar El Zapotillo en 80m cuesta casi $285 millones



Se deben suspender los trabajos entre ocho y diez meses y hacer la reingeniería, señalan empresas; la presa está a 6 metros de alcanzar 80.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

Casi 285 millones de pesos costaría suspender los trabajos de la presa El Zapotillo y rediseñar la cortina para que cumpla con la altura máxima de 80 metros que permite la resolución de agosto de 2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la reciente suspensión definitiva otorgada por el juzgado Primero de Distrito a la asociación civil Salvemos Temaca en el marco del juicio de amparo 1046/2014.

Son precios calculados en diciembre de 2013, por parte del consorcio constructor integrado por las empresas La Peninsular, FCC Construcción y Grupo Hermes, que ganaron la licitación para edificar el embalse artificial; se trata de una comunicación elaborada a solicitud del director del organismo de cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Elías Chedid Abraham, y que está contenida en el referido expediente de amparo, al que tuvo acceso MILENIO JALISCO.

La razón de su inclusión es que estas empresas interpusieron un par de recursos en contra de la admisión de la demanda de amparo que derivó en la suspensión definitiva que impide realizar trabajos por encima de los 80 metros.

Las empresas calculan costos de reingeniería por conceptos como “análisis hidráulicos complementarios” (tres millones 744 mil pesos); reingeniería de cortina, obra de toma y vertedor (51 millones 85 mil pesos); modelación hidráulica del vertedor (dos millones 948 mil pesos) y reingeniería de la obra electromecánica (cinco millones 597 mil pesos), para un total de 63 millones 374 mil pesos.

Pero los costos directos “por suspensión temporal de obra” son más considerables: 65 millones 738 mil pesos por detener la obra, más 155 millones 70,499 pesos por dejar de trabajar alrededor de ocho meses, el tiempo que se lleva la reconfiguración de los trabajos. Así, es un gran total de 284 millones 183 mil pesos.

El escrito, dirigido a Chedid Abraham, precisa que estos cálculos son estimativos y que en caso de procederse al cambio deberían hacerse de forma más detallada, con la participación de los técnicos de la Conagua. “La complejidad para efectuar un ajuste al proyecto […] implica el reconocimiento al contratista del importe del 2 por ciento de los costos directos de los conceptos de trabajo programados y que no serán ejecutados durante el periodo de la suspensión”; además, las empresas consideran que los cambios se deben establecer a partir de 1,613 metros sobre el nivel del mar. En una información difundida ayer, el responsable regional de la Conagua señalaba que la presa se ubica en la cota 1,624, 11 metros arriba. Los 80 metros se alcanzan en 1,630 metros, de acuerdo a peritajes encargados por los defensores de Temacapulín, es decir, está a seis metros aún.

Los costos calculados incluyen tanto la conservación de equipos e instalaciones como “desmovilización” temporal de trabajadores y transporte, añade el comunicado fechado el 20 de diciembre de 2013, firmado por Gilberto Francisco Villegas Navarro, representante común del consorcio.

El escrito original de Chedid Abraham es del 10 de octubre del mismo año, en el que señalaba que derivado de la controversia constitucional 93/2012, se debían hacer los ajustes pertinentes para pasar la presa de 105 metros de elevación a los 80 metros originales.

De este modo, el trabajo en la cortina actualmente no violaría la suspensión definitiva del amparo, pero en caso de que esta se confirme en la resolución del juicio, será aún más costoso regresar al proyecto de 80 metros que estos 285 millones de pesos calculados en diciembre de 2013.

Contra la edificación de la presa El Zapotillo existe actualmente una suspensión definitiva concedida a Salvemos Temaca AC, en el juicio 1046/2014, concedida porque el juez Primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo valoró que “en caso de consumarse [la edificación de la presa a 105 metros de altura] sería de imposible reparación para quien lo solicita”, por lo cual, la suspensión se otorga “para el efecto de que las responsables se abstengan de construir una cortina que sobrepase la altura originalmente autorizada en el convenido [sic] del 1 de septiembre de 2005, de 80 metros de la presa El Zapotillo, que se construye en el río Verde de Los Altos de Jalisco, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que al efecto se dicte en el juicio principal…”.

También está una sentencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida en agosto de 2013 en el marco de la controversia constitucional 93/2012, promovida por el Congreso de Jalisco, la cual desautorizó el convenio de 2007 entre Conagua, Jalisco y Guanajuato que sobredimensionaba la presa de 80 a 105 metros. “A más de nueve meses de dicha sentencia, la Conagua ha determinado que la altura de la cortina ascenderá a 105 m, manifestando un franco desapego al acuerdo de coordinación para la distribución de las aguas superficiales de la cuenca del río Verde de 2005 y el proyecto original con una cortina de 80 m”, señalaron recientemente los regidores de Cañadas de Obregón sobre este asunto (MILENIO JALISCO, 21 de mayo de 2014)

Existe además suspensión provisional concedida también por el juez primero en el expediente 1093/2014, del cual otorgó suspensión definitiva pero solo para actos del gobierno de Jalisco

jueves, 12 de junio de 2014

Chapala mejor que hace un año; interrumpen tandeos



Lluvias en mayo y junio han permitido que el mayor embalse natural del país quede 17 centímetros arriba del pronóstico oficial del gobierno de Jalisco.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. 

No llegó el desastre temido de la pérdida drástica de nivel de agua del lago de Chapala y la interrupción del suministro a Guadalajara. Como ocurre desde 1955, el lago se ha mantenido este año como la principal y más importante fuente de abastecimiento de la zona metropolitana, con un costo anual de menos de 19 centímetros de nivel, es decir, unos 190 millones de metros cúbicos.

El lago, según las cifras oficiales, amaneció ayer con 2,887 millones de metros cúbicos, casi 90 millones de m3 más que hace un año, lo que significa que comenzará el temporal en mejores condiciones que en el periodo previo, y dependerá de las lluvias del temporal su recuperación.

El SIAPA anunció que ha detenido, a una semana del final habitual del estiaje, su programa de corte de agua a los usuarios de la ciudad, el cual se realizó desde abril pasado bajo el argumento de los malos niveles de Chapala y la urgencia en disponer ya del agua reservada para la ciudad desde el río Verde.

El pasado 3 de abril, el director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Felipe Tito Lugo Arias, indicó que desde el año 2011 el lago no ha podido recuperar el líquido que pierde durante la temporada de estiaje. “De continuar esta tendencia, este 2014 se pronostica que Chapala tendría una pérdida de un metro con cinco centímetros, lo cual representa un descenso de mil 25 millones de metros cúbicos y sólo podría recuperar 60 centímetros en el temporal de lluvia, lo que ubicaría al lago en la cota 93.60”.

Las cuentas fueron arruinadas porque es complejo predecir respecto a los complejos fenómenos meteorológicos. El lago registró una pérdida 17 centímetros menor a la prevista. Ello se debió a que se presentaron lluvias en el último mes que redujeron el calor y la pérdida por evaporación.

“Por séptimo día consecutivo, el lago conservó la misma cota o escala, la 93.17, con un almacenamiento de 2,887 millones de metros cúbicos, y un porcentaje de almacenamiento del 36.55 de su capacidad total […] al día de hoy, el lago suma en total 88 centímetros menos, que en volumen significan 864 millones de metros cúbicos menos, y presenta un área cubierta de agua de 94,735 hectáreas”, de manera que “Chapala ha descendido 88 centímetros de los 97 que ganó en el temporal […] el año pasado, a esta misma fecha, el embalse ya había perdido 1.45 metros”, según el reporte entregado ayer por el organismo de cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

¿Los tandeos del SIAPA fueron útiles? A reserva de que muchos críticos de las políticas públicas del organismo consideran que forman parte de una crisis “inducida” para suscitar apoyo popular a las obras del río Verde, en especial la presa El Zapotillo, cuya construcción se suspendió por una determinación de la justicia federal (MILENIO JALISCO, 14 de abril y 9 de junio de 2014), el propio organismo señala problemas de interrumpir el flujo de agua, pues los conductos se llenan de aire y pueden reventarse al volver los fluidos. La repercusión de esos tandeos fue menor en el nivel del lago, sencillamente porque el impacto de Guadalajara en las extracciones es menor tanto en la cuenca propia como en toda la región Lerma.

miércoles, 11 de junio de 2014

Observatorio recomendará sobre el caso El Zapotillo



Hay elementos para solicitar al gobernador una posible cancelación de trasvase a León, sostiene su presidente

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

El Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, abordará en su primera reunión formal, la semana siguiente, el tema de la presa El Zapotillo, y luego de las suspensiones judiciales que impiden obras en la presa, no descartaría proponer al gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, cancelar el trasvase de agua a la ciudad de León, Guanajuato.

“Esa es una de las preocupaciones que se traen más fuertes, y hay más elementos en base a las publicaciones del Diario Oficial de la Federación, para esbozar una primera recomendación […] el propio gobernador ha externado su preocupación de determinar si procede o no el trasvase, si hay agua o no para repartir; definitivamente es uno de los puntos prioritarios,  esa revisión del balance hídrico de la cuenca del río Verde”, explicó el presidente del organismo, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez.

“Ya hay avances en el sentido de lo que ha publicado la propia Conagua [Comisión Nacional del Agua], como es en la estación La Cuña, se publicó una disposición de 55 metros cúbicos por segundo y en 2006 cae a 9 m3, una caída muy drástica y en muy poco tiempo”, puso en relieve.

- ¿Se demuestra que es errática la cuenca y que tiene mucho picos?

- Así es,  y entre esa variabilidad tan grande que tiene, pues habrá que tomar precauciones, sobre todo a partir del hidrograma que se ha estado publicando en el libro blanco; si hiciéramos este ejercicio de precaución, de que se cae drásticamente esa disponibilidad, anuncia que todo el tiempo podría estar así; los problemas ahí están y están creciendo; hay esperanza en la gente en los resultados que pueda dar el propio observatorio, se ha consumido mucho tiempo en estas integraciones, y en buscar salidas a todo esto, ya va quedando poco, en breve tiene que haber algo que ayude a tomar decisiones adecuadas”.

Márquez Gutiérrez aseguró que “hay optimismo”; el pasado viernes 6 de junio “estuvimos en una reunión particular con el gobernador, y nos encontramos a la salida a los asistentes al desayuno de la Semadet, entre ellos el señor Chedid [director de la Conagua en Jalisco], quien manifestó su compromiso de asistir a una reunión; le estaremos solicitando la información, y es una primera prueba de fuego que esperamos superar”.

Comuneros se reúnen para discutir reparación de daños



La SIOP no ha emitido la respuesta formal a dos requerimientos que le ha hecho el juez para restaurar las alteraciones en tierras huicholas de Tuapurie

Agustín del Castillo/Guadalajara. MILENIO JALISCO.

Las autoridades y miembros de la asamblea comunal de Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tuapurie), comunidad wixárika (huichola) del norte de Jalisco, se reunieron ayer en el paraje de la Ciénega de los Caballos, sitio donde hace más de siete años detuvieron las obras de la carretera Bolaños-Huejuquilla, para discutir sobre la reparación de los daños que debe realizar el gobierno de Jalisco como fruto de un proyecto ilegal que violó los derechos comunitarios y la norma ecológica vigente.

“En la discusión se analiza todo lo que tiene que ver con el incidente innonimado y el de cumplimiento sustituto de la sentencia, dado que en algunos casos se puede restaurar el daño, pero hay bienes que ya no se pueden restituir”, señaló la abogada Nora Lorenzana Aguilar, quien acudió a la cita como integrante de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI), asesora de los indígenas.

Los miembros de la comunidad establecerán acuerdos para acudir al juez primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, que vigila el cumplimiento de la sentencia de amparo que les fue favorable (expediente 596/2008) y que debe ser cumplimentada por la hoy Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), antes Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur).

El juez citado refirió en la notificación del 26 de mayo pasado: “además de dejar insubsistente todos los actos inherentes a la ejecución del proyecto carretero Bolaños-Huejuquilla El Alto, específicamente del kilómetro 70 más 400 [metros] al 89 más 580, que afecten la propiedad de la parte quejosa, se dejen las cosas en el estado que guardaban antes de la violación decretada y, al no contar este órgano de control constitucional con los conocimientos técnicos necesarios en materia topográfica y ambiental que nos lleven a determinar la afectación […] se ordena la apertura delñ incidente innominado, a fin de esclarecer cuáles son los daños y las dimensiones ocasionados [sic] por los actos reclamados en este sumario, por los avances realizados de la multicitada carretera, en donde podrá  este juzgador allegarse de todos los elementos necesarios, todo ello, insístase a efecto de estar en posibilidad legal de precisar los alcances del fallo protector”.

A esta demanda, la entidad de gobierno acudió al juez el 3 de junio por medio de un oficio firmado por Julio César García Mújica, “delegado de la autoridad responsable […] por medio del cual en atención del requerimiento que se le efectuó por oficio 3236, de fecha 26 de mayo de 2014, solicita se le aclare los alcances de los mismos, ya que por una parte se le formuló un requerimiento de 24 para dar cumplimiento al fallo protector y por otra, se ordenó la apertura de un incidente innonimado”.

El juez insiste en esa segunda comunicación en la necesidad de acreditar cumplir el fallo con acciones de restauración y de un cumplimiento sustituto en el caso de bienes que ya no se pueden restaurar, como la madera extraída y millones de toneladas de suelo perdido. Es así como llega el capítulo final de un conflicto legal de más de siete años. Está pendiente la respuesta de la SIOP.

martes, 10 de junio de 2014

Alto total a la edificación de la presa El Zapotillo



No pueden reanudarse los trabajos hasta que haya una sentencia en el juicio que abrió Salvemos Temaca AC contra el gobierno del estado y la Conagua.

Agustín del Castillo/Guadalajara. MILENIO JALISCO.

Esta vez, la suspensión definitiva concedida por el juez primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo contra la edificación de la presa El Zapotillo, por arriba de 80 metros, ha sido contundente: no se limitó a prohibir acciones del gobierno del estado en el tema -éste insiste que es un proyecto federal- sino que abarcó en la prohibición al organismo de cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), entidad que es la promotora central del proyecto. Dicho de modo llano: ninguna máquina ni obrero pueden estar hoy trabajando en la construcción sobre el río Verde.

Y no es cosa que se arregle con una llamada telefónica o algún recurso judicial de tres días o una semana: la suspensión definitiva concedida a Salvemos Temaca AC, en el juicio 1046/2014, significa que no se pueden modificar las cosas que tienen que ver con la disputa mientras no se analice el fondo del asunto.

“En el ámbito del juicio de amparo, la suspensión es la determinación judicial por la que se ordena detener la realización del acto reclamado, temporalmente […] es la institución jurídica en cuya virtud, la autoridad competente para ello, ordena detener temporalmente la realización del acto reclamado en el juicio de amparo hasta que legalmente se puede continuar o hasta que se decrete la inconstitucionalidad del acto reclamado en la sentencia ejecutoria. La suspensión siempre es temporal, tiene límites de duración, no puede ir más allá del momento en que causa ejecutoria la sentencia definitiva de amparo. Si el amparo se concede, el acto reclamado habrá quedado paralizado definitivamente, no por efecto de la suspensión sino por efecto de la sentencia concesoria del amparo. Si el amparo se niega, la autoridad responsable recuperará su potestad para llevar a efecto el acto reclamado”, dice Carlos Arellano García en el artículo “suspensión en el juicio de amparo”, del Diccionario Jurídico (ver en http://www.diccionariojuridico.mx/?pag=vertermino&id=115).

El juez primero valoró que “con su concesión [de la suspensión definitiva] no se contravienen disposiciones de orden público ni se afecta el interés social, y en caso de consumarse [la edificación de la presa a 105 metros de altura] sería de imposible reparación para quien lo solicita”, por lo cual, la suspensión se otorga “para el efecto de que las responsables se abstengan de construir una cortina que sobrepase la altura originalmente autorizada en el convenido [sic] del uno de septiembre de 2005, de 80 metros de la presa El Zapotillo, que se construye en el río Verde de Los Altos de Jalisco, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que al efecto se dicte en el juicio principal…”.

El juez fijó una fianza de 500 pesos, informó a MILENIO JALISCO Guadalupe Espinoza Sauceda, del Colectivo de Abogados. Ya estaban vigentes tres suspensiones provisionales, y una suspensión definitiva, pero parcial. La resolución que se conoció ayer es la más contundente y abarcadora de las emanadas hasta ahora. La obra -federal o estatal- deberá quedar parada las semanas o meses que demore el proceso referido.

Tuapurie ganó en definitiva el pleito contra el Estado



Por las obras carreteras que dañaron territorio comunal en 2008, el gobierno debe restaurar y pagar afectaciones.

Agustín del Castillo/Guadalajara. MILENIO JALISCO.

Ya es sentencia firme la resolución del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo de esta ciudad, que en el juicio de amparo 596/2008, determinó, el 19 de septiembre de 2013, condenar al gobierno del estado por las obras ilegales que ejecutó en los años 2007 y 2008 en territorio de la comunidad indígena de Tuapurie (Santa Catarina Cuexcomatitlán).

De este modo, la Administración estatal deberá restaurar la zona que dañó con las obras carreteras y pagar los bienes que ya no se pueden restituir.

El pasado 14 de mayo, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, notificó al juez referido el toca de la queja 165/2013 (promovida por el gobierno contra la sentencia), adjunta a los cinco tomos y 21 cuadernos de prueba del juicio de amparo. Los magistrados resolvieron el asunto con un lacónico: “Único. Se declara infundada la queja” que ratifica en todos sus términos la sentencia adversa a la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur), hoy Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP).

Joel Fernando Tinajero Jiménez, juez primero de Distrito, ya ha procedido a notificar, en al menos dos ocasiones (26 de mayo y 2 de junio pasados), a la autoridad estatal, de las consecuencias de esta sentencia. Se debe comenzar a ejecutar, pues de lo contrario, tanto el secretario del ramo como su superior, el gobernador del estado, pueden incurrir en responsabilidad penal. La respuesta oficial no se conocía hasta ayer a mediodía, como lo confirmó MILENIO JALISCO con los abogados de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI), asesores de los comuneros.

¿Cómo se debe cumplir con el mandato judicial?

“Se concedió el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que la autoridad responsable Sedeur del estado de Jalisco deje insubsistente todos los actos inherentes a la ejecución del proyecto carretero Bolaños -Huejuquilla El Alto, específicamente del kilómetro 70 más 400 [metros] al 89 más 580, que afecten la propiedad de la parte quejosa, aclarando que se entenderá como debidamente cumplida la ejecutoria del presente juicio de amparo, hasta que la autoridad responsable deje las cosas en el estado que guardaban antes de la violación decretada”, dice el juez en el oficio de hace quince días (26 de mayo).

El juez demanda “restablecer las condiciones originales de la superficie afectada que se sitúa en el tramo carretero […] es decir, efectuar las acciones conducentes a fin de que sea repuesto el cauce del camino original, tomando como referencia el plano realizado por la perito oficial […] en el entendido de que las condiciones originales del camino eran de ‘camino de terracería’ que contaba con un ancho de corona promedio de siete metros…”.

Además, “realizar labores de reforestación en una zona de 31.9 hectáreas, utilizando la vegetación prevalecienciente en la zona, la cual quedó descrita de manera pormenorizada en los dictámenes…”.

Un tercer aspecto a cubrir es “realizar la infraestructura necesaria para conducir y encauzar de manera adecuada los escurrimientos [de agua]  que intersectan con el camino trazado”, y señala las coordenadas geográficas.

Una cuarta acción es “realizar las acciones de búsqueda y localización de los monolitos [piedras] que se situaban en El Paso del Oso, a fin de que se puedan recuperar las condiciones en que se encontraba ese sitio sagrado, tan importante culturalmente para la comunidad wixárika”.

Hay diversos actos “que causaron afectación” irreparable a la comunidad: la extracción de material pétreo estimada en 195,022 metros cúbicos, para alimentar la obra carretera; la extracción de 1,338 metros cúbicos de madera de pino y 534 m3 de Quercus (encino), una parte de la cual era de alto valor comercial. También se erosionó el suelo por el desvío de cauces, por cinco millones 800,288 toneladas entre 2008 y 2012. En este caso, se plantea el “cumplimiento sustituto” de la sentencia, ante la “imposibilidad material” de resarcir esos bienes.

¿Qué consecuencias tiene para el gobierno, no cumplir el mandato judicial?

“Bajo el apercibimiento de que en el supuesto de incumplir con lo anterior […] se le requerirá [al secretario de la hoy SIOP]  por conducto de su superior jerárquico [el gobernador Aristóteles Sandoval] para que la obligue a cumplir, según lo estipula el artículo 105 [de la Ley de Amparo]”; en caso de que no se obedezca ni por el superior, se remite el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para aplicar lo que señala el 107 constitucional, fracción XVI: “Si concedido el amparo la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal, y la Suprema Corte de Justicia estima que es inexcusable el incumplimiento, dicha autoridad será inmediatamente separada de su cargo y consignada al juez de Distrito que corresponda. Si fuere excusable, previa declaración de incumplimiento o repetición, la Suprema Corte requerirá a la responsable y le otorgará un plazo prudente para que ejecute la sentencia. Si la autoridad no ejecuta la sentencia en el término concedido, la Suprema Corte procederá en los términos primeramente señalados”.

Una historia de casi siete años

En noviembre de 2007, una asamblea comunal acuerda el rechazo a las obras que ya realizaba la Sedeur en tierras de Tuapurie. En febrero de 2008, los afectados establecieron un plantón permanente en el paraje conocido como la Ciénega de los Caballos, y detuvieron las obras. En ese contexto, la Sedeur mostró a MILENIO JALISCO actas de asamblea donde se demostraría que los indígenas habían votado a favor de la carretera, pero se trataba de un documento falsificado en las oficinas de la dependencia con firmas de la autoridad comunal; pero se le anexaron firmas de asistencia.

Eso llevó a reclamar justicia por dos vías: el juicio de amparo y una denuncia penal. En el primer caso, fue hasta el 4 de junio de 2011 que el Tercer Juzgado Auxiliar de Culiacán, que apoyó al juez primero de Guadalajara para aliviar la carga procesal, “emitió sentencia mediante la cual amparó y protegió a la comunidad para el efecto que la Sedeur cancelara efectivamente la carretera en tanto no consultara a la comunidad; asimismo estableció que no se considerará cumplida la sentencia en tanto no regrese todo al estado en el que estaba antes de la violación”.

Los peritajes del amparo. Tras la sentencia en contra, la todavía Sedeur intentó desconocer los daños que ocasionó a la comunidad; en respuesta, Tuapurie aportó la certificación de daños. El 2 de mayo de 2012 se presentó la solicitud formal al juez de un incidente para determinar los requerimientos técnicos para dar cumplimiento a la sentencia.

El 10 de mayo de 2012 se ofrecieron pruebas testimoniales, documentales, periciales en materia de topografía, antropología y recursos naturales y externalidades, así como la prueba de inspección judicial. El 28 de mayo del 2012 se desahogaron las pruebas testimoniales y el 12 de junio la inspección judicial. El 22 de agosto del 2012 se presentó el peritaje en materia de antropología. El 24 de agosto del 2012 se presentaron y ratificaron las pruebas periciales en materia de topografía y en materia de recursos naturales y externalidades. La Sedeur realizó manifestaciones sobre los peritajes negando competencia al juzgado y alegando “subjetividad” en los reclamos.

El 31 de enero de 2012 quedó firme la sentencia de amparo. 20 meses después, el 19 de septiembre de 2013, se determinó cómo será ejecutada. Contra ello, el gobierno de Jalisco interpuso un recurso de queja, el 8 de octubre de 2013 ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Distrito en materia Administrativa. Ese tribunal determinó, el 14 de mayo pasado, que no procede la queja, lo que deja la sentencia firme y obliga a reparar el daño a la hoy SIOP del estado.

En cuanto al tema penal, para el agente del Ministerio Público Federal responsable de combatir los delitos ambientales, en la averiguación previa 2982/2011 no se encontraron evidencias de conductas activas u omisas que acrediten delitos en el tema de la construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla, lo que generó malestar en los comuneros de Tuapurie.

FUENTE: Archivo de MILENIO JALISCO


domingo, 8 de junio de 2014

La Primavera, una batalla legal por manejar el bosque


El debate entre lo público y lo privado, y el papel de los dueños para la conservación, lo que se puso en juego

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

La batalla legal por La Primavera arrancó después del 12 de octubre de 2013, cuando el periódico oficial El Estado de Jalisco publicó el decreto del gobernador que creaba el organismo público descentralizado Bosque La Primavera. Desde entonces, se han interpuesto once amparos que casi siempre han derivado en suspensiones, pero hay desacuerdo sobre los alcances de las mismas.

Por un lado, la principal asesora de los propietarios privados, Raquel Gutiérrez Nájera, asegura que estas determinaciones dejan sin posibilidad de actuar al OPD. Por parte del gobierno, el abogado Omar Córdova, de la Semadet, sostiene que no alcanza a actuar contra el organismo, sino que se limitan a sostener los derechos de propiedad, contra los cuales “nosotros nunca hemos pretendido nada”.

En el fondo, el futuro de la gestión de las áreas naturales protegidas se debate. Como instituciones de interés público, están bajo dos premisas aparentemente contradictorias: los bosques y selvas tienen dueño, pero se trata de recursos de la nación como ecosistemas, lo cual se demuestra en la necesidad de solicitar al gobierno federal, vía la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), permisos para aprovechar madera, fauna o suelo, o bien, para cambiar el uso dominante de la tierra.

Por otro lado, una realidad inobjetable: ninguna zona natural se preserva en el planeta contra la voluntad de los dueños. La urgencia de conciliar puntos de vista se impone, más allá del tema judicial en que se ha entrampado.

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Amparos contra la Semadet

Los reclamos son contra los siguientes conceptos: a) suscripción y emisión del acuerdo del 7 de marzo de 2013, celebrado por la Semarnat y el Estado de Jalisco, mediante los cuales la Conanp otorgó al estado la administración y manejo del área de protección de flora y fauna La Primavera; b) la aprobación, emisión y publicación del decreto 24475/LX/2013 de 19 de septiembre de 2013, relativo a la expedición de la Ley del Organismo Público Centralizado denominado “Bosque de la Primavera”, mismo que fue publicado el 12 de octubre de 2013; c) el procedimiento relativo a la aprobación, efectos y consecuencias del Decreto 24475/LX/2013; d) las consecuencias jurídicas derivadas de los actos.

En algunos casos hay ampliación de demanda por la toma de protesta de los integrantes de la junta de gobierno del Organismo Público Descentralizado Bosque La Primavera. (*)

Autoridades demandadas: Semarnat, Conanp, Congreso de Jalisco, Gobierno del estado de Jalisco (gobernador, Semadet, Secretaría General de Gobierno y otras)

Con variaciones menores, se concedieron en todos los casos suspensiones provisionales o definitivas (suspensiones “de plano” en el caso de ejidos) “para el efecto de que no se aplique la norma que se tilda de inconstitucional, así como sus efectos y consecuencias, traducidos en una posible privación de los derechos del ejercicio de la propiedad que dicen ejercer y en el impedimento de acceso a sus propiedades”, salvo en los casos en que se señale que fue sobreseída o desechada.

1 Juicio 2458/2013, Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco. Interpuesto por Manuel Covarrubias Vizcaíno y Vicente Arregui González.

2 Juicio 2456/2013, Juzgado Segundo. Interpuesto por Juan Diego Anacleto Covarrubias Díaz. El juez negó suspensión definitiva “en lo que respecta a los efectos de la Ley del OPD y del Acuerdo de Coordinación 2013.”

3 Juicio 2453/2013, Juzgado Primero, interpuesto por María Marcela Blanco Velasco y otros, albacea y herederos.

4 Juicio 2530/2013, Juzgado Quinto, interpuesto por Ramón Sánchez Enríquez. Demanda ampliada. (*)

5 Juicio 2301/2013, interpuesto por Antonio Vázquez Cruz, Juzgado Cuarto. Según la Semadet, este juicio fue sobreseído.

6 Juicio 1323/2013, interpuesto por Juan Manuel Sánchez Sánchez, Juzgado Séptimo. Desechado, pero quejoso interpuso recurso ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito,

7 Juicio 2651/2013, interpuesto por Frida Emma Sánchez de Sánchez ante el Juzgado Quinto. Presenta ampliación de demanda. (*)

8 Juicio 79/ 2014, interpuestos por el comisariado ejidal de Santa Cruz del Astillero, municipio de El Arenal, ante el Juzgado Quinto,

9 Juicio 81/2014, interpuesto por el comisariado ejidal Emiliano Zapata, municipio de El Arenal, Juzgado Sexto.

10 Juicio 79/2014, interpuestos por el comisariado ejidal La Venta del Astillero, en el Juzgado Séptimo. “Especifica el juzgado que la suspensión no se concedió para suspender los efectos y consecuencias del decreto 24475/LX/13  de 12 de octubre de 2013, la ley del OPD”, dice la Semadet.

11 Juicio 2474/2013, interpuestos por el comisariado ejidal La Primavera, municipio de Zapopan, ante Juzgado Quinto de Distrito. Incluye ampliación de demanda (*) y un recurso de queja de la Semadet en contra de la suspensión de lano, que no se ha resuelto.

FUENTE: Jurídico Semadet/ archivo MILENIO JALISCO

viernes, 6 de junio de 2014

Rebrota el conflicto por La Primavera



Propietarios y ejidatarios anunciaron que se rompió el diálogo en mesas de trabajos porque no vieron voluntad del gobierno; Semadet niega cerrazón

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

No hubo acuerdos en el tema del Organismo Público Descentralizado (OPD) del bosque La Primavera porque la discusión está trabada en un escollo insalvable: mientras el gobierno del estado sostiene que ese esquema de administración del área protegida es legal, los propietarios y ejidatarios aseguran que es invasivo de las facultades de la federación, y lo que es peor, de sus propios derechos.

De manera que la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente fue el marco para anunciar el rompimiento de las mesas de trabajo que se habían realizado desde febrero hasta hace un par de semanas. “Fueron una simulación”, aseguró José Francisco Cervantes Ruiz, asesor de los quejosos. En contraste, el director interino del OPD, Antonio Ordorica Hermosillo, señaló que fue un espacio útil que sirvió para establecer una serie de modificaciones aclarativas en el texto del decreto para evitar malas interpretaciones, lo que a su juicio fortalece al propio organismo.

“Esas mesas de trabajo solo nos llevaron a perder el tiempo, nunca hubo voluntad de escuchar nuestras propuestas ni de contestar problemas tan urgentes como un polígono de área protegida que no tiene cierre y que hace precaria la defensa del bosque ante intereses inmobiliarios, nunca estuvieron presentes los secretarios de Gobierno o de Medio Ambiente”, señaló el propietario Juan Diego Covarrubias.

La presidente del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), Raquel Gutiérrez Nájera, señaló que continúan doce juicios de amparo promovidos contra el OPD y serán llevados hasta sus últimas consecuencias dado que ese organismo está imposibilitado de actuar y sin embargo lo hace, lo que entraña desacato a determinaciones del poder judicial, aseguró.

“Los amparos van muy bien y en algunos ya nos dieron suspensión definitiva como es en el del señor Ramón Sánchez; en otros se están desahogando pruebas para la suspensión definitiva y ya le estamos abonando también en la parte del manejo del área natural protegida y en la constitucionalidad del OPD, el recurso que habíamos interpuesto ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) por el tema de la coadministración, que ellos nos desecharon, nos fuimos a la demanda ante la Sala Especializada del Tribunal Administrativo en Materia Ambiental y de Regulación y ya nos la admitieron”, añadió la doctora en derecho.

- ¿Los efectos de las suspensiones llegan a paralizar al OPD?

- El OPD está paralizada ya, no puede hacer nada.

- ¿Entonces actúa ilegalmente?

- Sí, actúa ilegalmente.

- ¿Y eso se va a reclamar ante los tribunales?

- Lo estamos analizando, porque en todo se está actuando ilegalmente, porque ha seguido trabajando, mandó escritos a ejidos, te doy pago por servicios ambientales, pero lo va a vigilar como OPD del bosque La Primavera y no puede actuar, está suspendido en sus actos y consecuencias por las demandas de amparo; lo hemos estado valorando porque sería en todo, un trabajo importante porque están impedidos de todo […] vamos a valorar si abrimos los incidentes con uno o dos amparos, para no saturar y poner a la autoridad en su lugar, y mientras seguir caminando en esta gestión para lograr un comanejo [sic] y regulación en el bosque.

A juicio de la ambientalista, la figura bajo la que debería actuar el gobierno es la anterior dirección ejecutiva, la cual, sin embargo, también estaba en la ilegalidad, según sus argumentos. También sostuvo que la Conanp se ha deslindado de forma expresa en los juicios, de los actos del gobierno y que no reconoce en forma alguna aprobar la figura del OPD.

Pero el director jurídico de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Omar Córdova Soltero, discrepó totalmente de los juicios de Gutiérrez Nájera.

Señaló a MILENIO JALISCO que de forma expresa, en dos juicios los quejosos plantearon al juez detener el procedimiento de elección de director del OPD, impedir la vigencia de su reglamento interno y su operación y en ambos casos le fue negada la suspensión. “No se les otorgó en otro sentido que no fuera la defensa de sus derechos de propiedad, uso, goce y disfrute de sus bienes -lo cual nosotros hemos argumentado que nunca hemos pretendido afectar-; en estos juicios referidos, el juez sostiene que el asunto del OPD y sus alcances son de orden público y no se pueden afectar”.
El abogado de la secretaría dijo que la Semadet trabaja el tema legal en coordinación con la Conanp, que es falso que este organismo no tenga interés en el destino del OPD, y que el énfasis en que una cosa es la función pública y muy otra los derechos de propiedad, está en la esencia de los argumentos para defender el organismo naciente.

Los propietarios insistieron en que la conservación sólo es posible cuando la gestión de un área natural protegida se hace de la mano con ellos y que pueden demostrar que son más eficientes que el gobierno en procurarla. Tienen en integración la propuesta de un consejo regulador, a dos meses por delante. El gobierno alista una nueva convocatoria para el director del OPD.

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El problema

El bosque La Primavera es un área natural protegida con decreto federal del 6 de marzo de 1980, que no contó con dirección sino a partir de 1995, en que se firmó el primero de los convenios de coordinación entre el gobierno federal y el de Jalisco para la coadministración, que en los hechos le ha dejado la carga del financiamiento y la operación al gobierno local.

La figura vigente para administrar el área fue a través de un fideicomiso público que financiaba el trabajo de una dirección ejecutiva, la cual no tenía la institucionalidad suficiente para generar actos de gobierno en la zona, además de recursos financieros escasos; esta debilidad se puso de manifiesto en diversos estudios técnicos, y vivió sus peores momentos en los dos megaincendios  que vivió la reserva, en los años 2005 y 2012, en que se quemaron 11 mil y ocho mil hectáreas, respectivamente.

La figura de organismo público descentralizado surge como respuesta a las carencias históricas en la gestión del área, pero no ha sido inobjetable el consenso sobre su pertinencia, como salta a la vista.
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