jueves, 6 de marzo de 2014

La Primavera tiene más de 800 dueños



El gobierno del estado, al menos 421 propietarios privados y cerca de 400 ejidatarios de once núcleos agrarios poseen en sus manos el destino de la zona protegida

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

El bosque La Primavera está protegido por un solo decreto presidencial, que data de un día como hoy, hace 34 años. Pero los dueños de la serranía que aporta los más valiosos servicios ambientales para la zona conurbada de Guadalajara son variados y han crecido en número, hasta alrededor de 800, ante la baja del valor especulativo, fundamentalmente inmobiliario, de esta tierra.

Lo contradictorio es que muchos de los nuevos poseedores esperan la oportunidad de establecer al menos una construcción pese a que ello va en contra de la misión fundamental del decreto, de proteger la vida silvestre y los servicios ambientales.

Las tentativas de edificaciones irregulares al interior del bosque podrían andar arriba de 100 por año, sobre todo en el caso de asentamientos humanos irregulares de la periferia, según estimaciones no oficiales. La gran cantidad de detentadores de derechos también permite atisbar la complejidad de los acuerdos necesarios para fortalecer la institucionalidad en la zona protegida, donde se ha estrenado en funciones un organismo público descentralizado (OPD) del gobierno de Jalisco, que es rechazado por voceros de las dos tenencias de la tierra dominantes: ejido y pequeña propiedad, aunque sin la certeza, en el caso de los privados, de que esa vocería tenga el aval de los cientos de propietarios registrados.

Según el decreto de 1980, el polígono protegido abarca 30,500 hectáreas, pero los intentos de ubicar las mojoneras de los linderos se toparon con problemas desde hace más de una década, lo que llevó a afirmar que “no tiene cierre” dicha superficie protegida.

Un ejercicio de la Dirección Ejecutiva del bosque, realizado durante los últimos meses en los archivos e instrumentos públicos disponibles: las direcciones de catastro de los cuatro municipios, el Catastro estatal y el Registro Público de la Propiedad, cuyos resultados fueron solicitados por MILENIO JALISCO, pone nombre y apellido en una parte sustantiva de la tierra, hasta identificar plenamente 126 propiedades que se extienden sobre 7,390 ha, menos de la mitad de la superficie de la pequeña propiedad, y consignar otros 295 nombres que podrían arrojar la nómina casi completa, que totaliza en 421 predios y unos 400 dueños privados.

Históricamente, el gran propietario del bosque fue Jorge Dipp Murad, empresario tapatío ya fallecido, cuya propiedad rústica podía equivaler a una tercera parte del bosque, pero perdió ante deudas fiscales -debió entregar casi 5,500 ha al gobierno federal como pago de esos débitos-, además del fracaso que le significó el decreto federal de protección, que frenó su ambicioso proyecto inmobiliario denominado Ciudad Primavera, con residencias campestres, campos de golf y un pequeño aeropuerto.

No obstante, Dipp Murad, junto con el también fallecido Cástulo Romero, presentaron el frente opositor y crítico de las acciones de conservación en la zona, realizadas primero por la Universidad de Guadalajara, y luego por el gobierno del estado, que recibió la responsabilidad de aplicar el decreto proyectos como efecto de sucesivas firmas de convenios de coadministración con el gobierno federal, el primero de 1995, y que se ha prorrogado hasta la fecha.

En ese enfrentamiento se dio el proceso de “atomización” de la propiedad: a diversos particulares, empresas inmobiliarias, escuelas y universidades, se les dio la opción de poseer un pedazo de tierra en La Primavera para sus ambiciones materiales o sus utopías privadas. “Estos señores, los antes grandes propietarios, fueron fragmentando sus bienes inmuebles con donaciones que en última instancia buscaban aliados para presionar al gobierno a flexibilizar el decreto y permitir usos de la tierra no previstos”, señala un ex funcionario. El resultado es el mapa complicado de dueños que actualmente se trata de completar.

La tenencia ejidal se determina con menos complejidad con los expedientes de los once ejidos ante el Registro Agrario Nacional (RAN), pero por tratarse de propiedad social, hay derechos de un gran núcleo de campesinos cuyo número varía de ejido a ejido, y cuyo total podría andar también en cerca de 400. Los ejidos, como en el resto del país, han sido receptores de buena parte del crecimiento irregular de vivienda en La Primavera.

La tenencia ejidal es la que ha tenido más éxito en la lucha contra el decreto, ante el amparo que logró sacar adelante el ejido Santa Ana Tepetitlán entre 2001 y 2007, con lo que quedó fuera de la zona protegida. Los diez ejidos restantes, que buscan más espacio en la toma de decisiones y que les lleguen los recursos en compensación de su trabajo protector del bosque, se comprometen actualmente a no impugnar el decreto del presidente José López Portillo, sin cesar en su exigencia de coadministrar el área protegida.

Así se llega al único gran propietario que queda en el bosque: el gobierno de Jalisco, beneficiario de los terrenos pagados por Dipp, y comprador del predio Agua Brava hace más de quince años, lo que le da más de 18 por ciento de la propiedad del área. Única zona pública en un laberinto de predios e intereses que el nuevo OPD tiene el deber de ordenar.

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 LOS DUEÑOS

El bosque La Primavera sólo posee un propietario de gran superficie: el gobierno de Jalisco, que posee un conjunto de predios que suman 5,736.4 hectáreas, derivados de diversos procesos de adquisición, de los cuales, el más importante es una donación del gobierno federal durante el gobierno de José López Portillo (1976-1982), recibida a su vez en pago de impuestos que adeudaba el propietario Jorge Dipp Murad

La tenencia privada posee 16,507 hectáreas del bosque La Primavera, esto es, 53.88 por ciento de la superficie total, dividida en 421 predios de diversos tamaños, de los cuales, solamente 126 están plenamente identificados con superficie específica en el Registro Público de la Propiedad (RPP), de acuerdo a una investigación exhaustiva realizada por la dirección general ejecutiva del bosque. 295 propietarios más no tienen bien identificada la superficie que detentan en lo individual. Aquí los principales resultados:

Los grandes propietarios. Estos son los que poseen arriba de 500 hectáreas de bosque, con la aclaración de que todos califican legalmente como pequeña propiedad: Esperanza Barragán Pérez y Codueños, 1,112 hectáreas; herederos de Cástulo Romero Valencia, 1,098 hectáreas; Familia Romero Bertrand, 808.9 ha (Guillermo, 542.7 ha, Carlos Alberto, 5.18 ha; Flora, 261 ha); Juan Diego Covarrubias, 696.5 ha

Propietarios de 500 a 100 ha. Margarita Velazco Aceves, 357.8 ha; Marcela Patricia Gallo González, 355.9 ha; Óscar Ohrner Chapa, 317.25 ha; Georgina Isabel Uribe Reyes, 240 ha; Enrique Arellano Muro, 233 ha; Salvador Baeza Anaya, 217 ha; Manuel Pelayo Topete, 163.5 ha; José Luis Merchant Ovando, 160.8 ha; Ramón Sánchez Enríquez, 139 ha; Guillermo de Jesús Padilla Avilés, 136.6 ha; Alejandra Romero de la Rosa, 112.75 ha; Laura Graciela de la Torre Jiménez, 111 ha; María Virgen Godínez, 102 ha

Propietarios de 100 a 20 ha.Ramón Barba Loza, 87.4 ha; Eduardo Damy Gómez, 85.8 ha; José de Jesús Muñoz Gutiérrez, 67.75 ha; María Ramírez Suro, 67 ha; Inmobiliaria y Desarrollos La Prima, 46 ha; Antonio Vázquez Cruz, 40 ha; Apoyo Inmobiliario del Colli SA, 38 ha; Ingeniería Termodinámica SA, 29.32 ha; Salvador Veytia Orozco, 28.3 ha; Eustolia Martínez Ramírez, 28.12 ha; Francisco Rivera, 25.4 ha; Banco Bilbao Vizcaya México, SA, 23.14 ha; Juan García Paniagua, 22.05 ha; Alejandro Covarrubias, 22 ha

De los 295 propietarios cuya superficie registrada no ha sido localizada, destacan los siguientes nombres: Alejandro Gallo González (propietario principal del fraccionamiento El Roble), Eduardo Gallo Valdivia, Eric Coufal, Eva Arce Pérez de Velarca, Fernando Gallo Pérez, Guillermo Romero Valencia, Ignacio Novoa, Jesús Rodríguez Morquecho, J Guadalupe Gallo, Jesús Rodríguez Barba, y varios de los nombres más arriba identificados pero cuyos predios no están determinados en la investigación

El resto de la superficie del bosque, 7,839.71 ha, corresponden a propiedad de régimen social o comunal (ver tabla anexa), más 552.3 ha que fueron excluidas del régimen de protección como resultado del juicio de amparo 413/2001 promovido por autoridades del ejido Santa Ana Tepetitlán, confirmado en la revisión 465/2007 por la justicia federal. De este modo, La Primavera se extiende sobre 3,083 ha, aproximadamente, en la actualidad

Fuente: dirección ejecutiva del Comité Técnico para la Administración del Bosque La Primavera

miércoles, 5 de marzo de 2014

En río Blanco no se tratan 4/5 partes de sus desechos


Un diagnóstico preliminar de la CEA revela la necesidad de construir 127 km de colectores y ampliar plantas de tratamiento existentes en la zona.

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO 

Río Blanco, la cuenca que cubre el norte de la zona conurbada de Guadalajara, en Zapopan, alberga casi 300 mil habitantes y fue el sitio de la primera planta de tratamiento de aguas negras de la ciudad, que data de 1994. Sin embargo, cuatro quintas partes de sus desechos van crudos a la cascada Cola de Caballo y contaminan el río Grande o Santiago.

“Tenemos un problema grande mientras no se resuelva ese tema, tanto por las aguas que vienen sin tratar por el río como toda la contaminación de arroyos y de manantiales como consecuencia del descuido con el vertedero de Picachos; hemos visto cómo árboles se enferman y mueren aunque tienen agua abundante, por lo que pensamos que se trata de aguas contaminadas, se debería revisar todo y hacer un saneamiento integral”, opina Juan Manuel Barrera, pequeño propietario e incipiente empresario ecoturístico en la zona contigua a Ixcatán.

De este modo, de alrededor de 700 litros por segundo generados en los asentamientos humanos en el caso específico de río Blanco, la planta que opera el SIAPA, que fue modernizada entre 2003 y 2005, sólo sanea un máximo de 150 litros, lo que significa una capacidad totalmente rebasada y un problema sanitario para los poblados de la parte final de la cuenca, reconocen Trinidad Martínez Sahagún, superintendente de saneamiento de la unidad ejecutora del proyecto de agua y saneamiento de la ciudad, y Luis Aceves Martínez, director de operación de plantas de tratamiento, ambos de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

“Lo que pasa es que esa zona, al igual que El Ahogado, se desarrolló tremendamente, entonces fue un boom poblacional y quedó totalmente rebasada la planta que allí existe; estamos revisando los datos para precisar las obras que hay que realizar para captar toda el agua negra y sanearla”, subraya Aceves Martínez.

De forma preliminar se le pretende inyectar 695 millones de pesos, lo que incluiría construir 127 kilómetros de colectores, ampliar la planta, rehabilitar o construir nuevas como la de la zona de San Isidro, que también está obsoleta, y fortalecer el proyecto de agua de reutilización que tiene el SIAPA en la zona y que entrega aguas tratadas de alta calidad para áreas verdes y usos sanitarios en empresas como Flextronics, el cementerio Recinto de la Paz y el fraccionamiento Valle Real.

Aquí es muy importante no solo resolver una problemática que se tiene, sino llevar un proyecto de manera integral, es decir, no sólo ver la atención a la demanda ciudadana que existe, sino prever cómo se dará el crecimiento a futuro; también se debe buscar resolver varios problemas a la vez, como es el agua para reutilizar la generación de biolodos como mejoramiento de suelos, que es un mercado interesante porque hay crisis de suelo fértil, o la generación de energía eléctrica para operar las plantas, lo que permite reducir costos de saneamiento y además ayuda a evitar emisiones de gases de efecto invernadero en estos tiempos de cambio climático”, añade Martínez Sahagún.

En Zapopan se ha instalado ya un comité para lograr el saneamiento completo de la cuenca. La CEA discute con el SIAPA y las autoridades municipales las obras necesarias y el modo de financiarlas. “Seguimos en la fase de diagnóstico, pero pronto tendremos el mapa completo para definir a detalle las obras que se deberán ejecutar para resolver el problema”, agrega.

La barranca del río Santiago, enclavada en Zapopan, es área natural protegida decretada por el Congreso del Estado desde 2006, pero ese estatus no ha llevado hasta ahora a detener el proceso de deterioro creciente por los vertidos de aguas contaminadas en la zona.

martes, 4 de marzo de 2014

Falta invertir 46% para culminar saneamiento



Prometieron que Aguaprieta y El Ahogado resolvían todo, y casi… a condición de que se invierta casi otro tanto de lo que se aplicó entre 2006 y 2012

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

En la Administración de Emilio González Márquez, se hizo una inversión récord en tratamiento de aguas negras para la zona conurbada de Guadalajara: casi 5,900 millones de pesos que permiten tener hoy en operación dos macroplantas, El Ahogado y Aguaprieta (esta última, en fase de estabilización). Fue insuficiente, hoy apenas se rebasa 70 por ciento de agua tratada.

La que falta, alrededor de 30 por ciento, será casi tan caro de sanear como el volumen original, pues quedan pendientes unos 200 kilómetros de colectores, la ampliación de la macroplanta de El Ahogado, edificar nueve plantas al interior de la mancha urbana y unos 36 fuera, además de ciertas modernizaciones para aprovechar que, en El Ahogado, se tiene la oportunidad de reutilizar el agua para industrias, comercios y áreas verdes. De este modo, alcanzar el saneamiento integral para la ciudad y la región circundante, que tributa al río Santiago, obliga al gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz a invertir casi lo mismo: 5,109 millones de pesos.

Los colectores, lo principal de esta gran inversión, se distribuyen del siguiente modo (ver mapa anexo): doce kilómetros en la cuenca de El Ahogado, más de 60 km en las cuencas del valle de Atemajac y 127 km en la cuenca del río Blanco, así como al menos cinco sistemas de bombeos.



LOS DETALLES
Esa es la gran estimación de inversión que tiene la Comisión Estatal del Agua (CEA), cuyos detalles ofrecieron a MILENIO JALISCO Trinidad Martínez Sahagún, superintendente de saneamiento de la unidad ejecutora del proyecto de agua y saneamiento de la ciudad, y Luis Aceves Martínez, director de operación de plantas de tratamiento.

La gigantesca inversión, que actualmente está en fase de gestión, se desglosa en grandes cifras del siguiente modo: 547 millones de pesos para rehabilitar, ampliar y construir 36 plantas de tratamiento que limpiarían 940 litros por segundo de aguas negras que hoy caen al Santiago. Las principales localidades son Ocotlán, Arandas, Poncitlán, Atequiza-Atotonilquillo, Santiago Totolimispan, Zapotlán del Rey, San José de Gracia, Ixtlahuacán del Río, Cajititlán (cuenca cerrada) y Tlajomulco de Zúñiga, todas en la ruta del gran río que nace en Chapala y de su primer tributario importante, el río Zula.

De este modo, los otros 4,562 millones se aplican directamente en obras para la capital del estado.

1,561 millones de pesos para la cuenca de El Ahogado, incluidos 300 millones de la ampliación de la planta (que crecerá su capacidad de 2,250 a 3,000 litros por segundo) -ver detalles en la edición de este diario del pasado 1 de marzo de 2014-.

2,306 millones de pesos para la cuenca de San Juan de Dios-Atemajac, el asentamiento original de la ciudad que alberga 80 por ciento de la población. Esto incluye 671 millones para 20.5 kilómetros de colectores y un bombeo de la zona de El Vado, en Tonalá; 229 millones para hacer 30 km de colectores de la zona de la barranca de Oblatos, que va de la colonia Jalisco, al oriente, a Huentitán, al poniente, incluidos cuatro bombeos, y 1,313 millones para la construcción del túnel colector que paralelo al periférico oriente, intercepta las aguas de cuatro subcuencas: Coyula, San Gaspar, Osorio y San Andrés, así como 95 millones de pesos para 900 metros del colector López Mateos, al poniente de la ciudad.

“Aguaprieta limpiará una cuenca donde la densidad de población está al tope, con excepción de la zona de El Vado, una zona donde se ha desarrollado vivienda y sus vertidos van directos al río, y deberemos colectarlos y bombearlos hacia el túnel colector […] y como este túnel va sobre el trazo del periférico, todo lo que se ha desarrollado hasta la ceja de la barranca tiene el mismo problema, todas las descargas se van al río por gravedad, entonces son los 30 km más y los bombeos a que hacemos referencia”, explicó Martínez Sahagún.

El colector de López Mateos es un pequeño tramo pendiente para lograr la interconexión completa la red de colectores del poniente de la ciudad, a la altura del Country Club, poco antes del arroyo de Atemajac.

Finalmente, e deben invertir 695 millones de pesos -el dato todavía es preliminar- para sanear la cuenca de río Blanco, que abarca la parte norte de la metrópoli.

De este modo, el saneamiento total implica una inversión histórica lo largo de dos administraciones de gobierno por al menos 11 mil millones de pesos, y casi 45 por ciento siguen pendiente en la actualidad.

Sin estas obras pendientes, el saneamiento seguirá fallido, pues seguirán con vertidos de casi tres mil litros por segundo de agua negra mientras se tratan poco más de siete mil quinientos, y hay que sumar los casi mil litros de los asentamientos urbanos enclavados aguas arriba en el río. Ese volumen pendiente, de casi cuatro mil litros por segundo, es gigantesco, equivale al gasto de una ciudad de millón y medio de habitantes, y es suficiente para que no mejore de forma integral la cuenca del río Santiago, cuyo pésimo estado en las últimas cuatro décadas ha destruido todos los negocios agrícolas y ecoturísticos, y fomentado la migración desde sus viejos poblados.

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Priorizan el rescate del río Santiago

La CEA pretende que el río Santiago sea un río de verdad limpio durante los siguientes años, por lo que el programa de saneamiento se rige por cinco grandes ejes de prioridad A:

Uno, “establecer el acuerdo de coordinación de funciones de la federación y el estado de Jalisco, del marco normativo estatal en materia de saneamiento, para fortalecer las medidas de vigilancia y control de la calidad del agua”

Dos, “reclasificación del río Santiago a condiciones más estrictas que permitan su saneamiento (cuerpo receptor tipo B a tipo C)”. Actualmente, el arroyo de El Ahogado y un tramo del río donde éste descarga tienen la clasificación más estricta, pero el resto de la corriente tiene márgenes flexibles para los vertidos

Tres, “control, de aguas residuales de las industrias más importantes por ubicación, caudal y tipo de giro”, lo que incluye industrias urbanas de los corredores de la ciudad, tequileras y granjas porcícolas y avícolas

Cuatro, “Programa de manejo y tratamiento de aguas residuales industriales en la zona de la presa y el arroyo de El Ahogado”, lo que incluye hacer pretratamientos y sanear agua no tóxica en la planta de El Ahogado, así como un mercado de reutilización del agua tratada con una red inicial de 25 kilómetros

Cinco, “Control, de descargas municipales”, que es propiamente el eje del plan de inversión señalado en esta publicación

Como prioridad B se marcan tres: el primero, “mejoramiento y fortalecimiento de los organismos operadores municipales y promover en el Congreso tarifas que permitan la operación sustentable de la infraestructura pública de saneamiento”

El segundo, “programa de manejo y control de aguas residuales de granjas porcícolas con núcleos en las poblaciones de La Capilla, Tototlán, La Laja, y la periferia de la zona conurbada

El tercero señala “el establecimiento de una red automática de monitoreo de la calidad del agua en sitios críticos del río Santiago y principales afluentes”

sábado, 1 de marzo de 2014

El Ahogado, un arroyo inmerso en lenta resurrección


Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

Cuando el niño Miguel Ángel López Rocha bajó del fraccionamiento La Azucena, de El Salto, a la corriente de El Ahogado, tributaria del Santiago, los primeros días de febrero de 2008, y tomó de sus aguas —voluntaria u obligadamente, esa es otra historia—, ese líquido turbio contenía una amplia diversidad de formas de vida y no vida —materia orgánica, química y metales—:

430 mil NPM (literalmente: número más probable) de coliformes fecales por cien mililitros, 0.558 miligramos por litro de fierro, 13.75 mg/l de grasas y aceites, 0.0127 mg/l de arsénico (sustancia que según el forense tuvo que ver con la muerte del menor), 116.4 mg/l de demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) y 247 mg/l de demanda química de oxígeno (DQO), entre muchos parámetros más muestreados entre el 10 y el 11 de febrero de ese año por técnicos de la Comisión Estatal del Agua (CEA) y analizados por un laboratorio acreditado, aunque omitió el análisis lo más llamativo de esa corriente contaminada: las sustancias activas al azul de metileno (SAAM; en lengua popular, detergentes): la espuma que flotaba como fantasma entre hedores insoportables en la por mucho tiempo hermosa cascada de El Salto de Juanacatlán, muy cerca de La Azucena. Otro componente de ese estudio permite un buen resumen de la situación del río en febrero de 2009: 0 oxígeno disuelto.

Es decir, no era un río muerto, si se considera la gran cantidad de materia orgánica doméstica que transportaba, pero esos microbios demandan oxígeno en el agua muy por encima de la capacidad de la corriente (llamada por los ecólogos “capacidad de carga”: los parámetros que miden ese fenómeno son el DBO y el DQO), lo que a su vez impide sobrevivir a organismos más complejos, como peces y moluscos, y eso se explica en la ausencia de oxígeno disuelto.

Los metales provenían de los desarrollos fabriles mal controlados de toda la cuenca: desde el corredor industrial de El Salto hasta las zonas de Las Pintas y Agua Blanca. Otras sustancias tenían origen posiblemente natural, como el arsénico, que es abundante en el subsuelo de todo el valle de Toluquilla, pero se ha convertido en demasiado común por la sobreexplotación del acuífero.

La muerte del niño fue un escándalo que detonó el proceso de atención pública al río en la zona por donde, los últimos 20 años, más ha crecido la ciudad. Además de la macrorrecomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el estado estableció un polígono de alta fragilidad ambiental como política general para restaurar la región. El activo más importante fue el saneamiento: la planta de El Ahogado entró en operaciones en mayo de 2012. Sea o no un proceso barato, económicamente adecuado y ambientalmente sustentable (hay muchas opiniones técnicas que lo cuestionan), la calidad del agua cambió. Hoy trata 2,070 litros por segundo de aguas negras.

“Nadie se baña dos veces en el mismo río”, decía el sabio jonio Heráclito. ¿Miguel Ángel López Rocha habría sobrevivido en este nuevo arroyo de El Ahogado? Los análisis de agua en la zona de El Muelle (o el Muey, en lengua coloquial de los moradores de La Azucena), levantados entre el 14 y 16 de enero de 2014, ya con año y medio de saneamiento, indican:

0.0025 mg/l de arsénico, 9,300 NMP de coliformes fecales, 51.9 mg/l de DBO5, 47.23 mg/l de DQO, 0.437 mg/l de fierro, menos de 8.37 mg/l de grasas y aceites, 0.23 mg/l de SAAM… y 4.53 mg/l de oxígeno disuelto, que ya permite algo de vida acuática. Cambio insuficiente, pero el paciente indica mejoría.
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