domingo, 30 de junio de 2013

En La Primavera facilitan los asentamientos ilegales



La destrucción del bosque es un delito federal; esta zona forma parte de Santa Ana Tepetitlán que se cercenó al área protegida por un amparo

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO. Fotografías de Nacho Reyes

Con el respaldo del Ayuntamiento de Zapopan, los asentamientos humanos irregulares continúan con la invasión hormiga al bosque La Primavera, en la zona forestal correspondiente al ejido Santa Ana Tepetitlán.

Ya al interior de la arboleda, las obras de aplanamiento y rectificación de calles no se han detenido, pero además, la autoridad municipal ha propiciado que se instalen enormes tinacos, con capacidad de hasta 15 mil litros de agua, que son utilizados por los nuevos moradores de la zona. La clara participación municipal se aprecia en el ingreso y salida e pipas de agua con el logotipo del ayuntamiento, que surten esos tanques o que entregan agua en lo individual a los vecinos que están dispuestos a pagarla, como se aprecia en las fotos de la visita realizada el pasado 27 de junio por MILENIO JALISCO.

Los tinacos están sobre la vía pública, y para establecerlos se les ha debido construir un sólido soporte de materiales. Están numerados para facilitar la operación de abastecimiento. Se pretende de este modo garantizar el acceso al agua por los habitantes, pero en los hechos, esto consolida una invasión y un ulterior cambio de uso de suelo en la zona forestal, lo que deriva en violaciones a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA).

La ocupación de esta fracción boscosa del ejido, cercenada al área natural protegida por medio del amparo 413/2001 (“hasta 584 hectáreas”, dice la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, que dio a conocer este diario el 7 de julio de 2008) ha derivado también en la tala de árboles y la extracción de suelo. Una caseta de vigilancia construida desde hace mas de diez años permanece abandonada y las casas de cartón y madera han rebasado la brecha hacia la parte alta, que fue afectada por el megaincendio de abril de 2012, que nació en esta zona habitacional irregular y pasó por 8,170 hectáreas de la floresta.

El artículo 28 de la LGEEPA sujeta a autorización de la Semarnat los “cambios de uso de suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas”. El Código Penal Federal, artículo 418, apunta: “Se impondrá pena de seis meses a nueve años de prisión y por equivalente de cien a tres mil días de multa [...] al que ilícitamente: I. Desmonte o destruya vegetación natural; II. Corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o III. Cambie el uso de suelo forestal...”.



Además, el reglamento de la Ley Forestal, en su artículo 119, advierte: “Los terrenos forestales seguirán considerándose como tales aunque pierdan su cubierta forestal por acciones ilícitas, plagas, enfermedades, incendios, deslaves, huracanes o cualquier otra causa…”.

Sobre la obligación de denunciarlo, el Código Federal de Procedimientos Penales, artículo 116, señala. “Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito que deba perseguirse de oficio, está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier funcionario o agente de policía”.

Y el artículo 117 añade: “Toda persona que en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, está obligada a participarlo inmediatamente al Ministerio Público, trasmitiéndole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición, desde luego, a los inculpados, si hubieren sido detenidos”.

lunes, 24 de junio de 2013

Ganaderos contra huicholes, una vida en estado de sitio





Casi diez mil ha invadidas por ganaderos nayaritas están en proceso de ser restituidas a San Sebastián Teponahuaxtlán por tribunales agrarios

Agustín del Castillo / Huajimic, Nayarit. MILENIO JALISCO

Octavia y María Luisa Trinidad Chivarra llegaron con sus padres a fundar El Huanacaxtle hace 43 años, en las inmediaciones de Huajimic, cuando solamente había un ranchero invasor, un tal Crispín, su familia y sus capataces, los cuales desde el principio los hostigaron.

“No nos dejaban quedarnos; vinieron varias veces y hacían reunión, y me asustaban mucho por las amenazas; éramos muy chicas, pensaba que a mi papá [Lorenzo Trinidad López] le pasaría algo, y aunque pasó mucho tiempo -cuenta María Luisa- …al final sí pasó…”.

- ¿Qué le sucedió?

- Pos lo mataron, fue hace más de veinte años; no fue con cuchillo ni pistolas, lo colgaron por el camino que va a Mirador, y tardamos en darnos cuenta [..] pobre de mi papá, nunca se le hizo justicia, pero nos dejó esta tierra, este pedacito, y yo digo, por la batalla que dio mi papá, hay que mantenerla…

La familia Trinidad Chivarra ha vivido desde siempre en estado de sitio entre estos eriales donde una majestuosa parota (Huanacaxtle) cubre con su generosa sombra una parte del solar donde se desperdiga una típica aldea huichola de casas de adobe y techos de zacate, con el granero y los pequeños templos familiares sobre pisos de tierra. El asentamiento está asegurado por cercas de mediana altura y a un costado hay una escuela construida por el estado de Jalisco, último bastión en un territorio largamente invadido.

A un lado de las construcciones se advierte una bodega de granos y un rancho de mestizos. Al fondo de la llanura se extiende la Sierra Madre Occidental; en sus estribaciones, chaparrales, nopaleras, ganado y veredas; en lo alto, escarpados peñascos y bosques de pino que por siglos garantizaron la supervivencia de una cultura ancestral.

Octavia sigue: “No tenemos más que este pedacito de tierra, no podemos sembrar nada, no podemos meter vaquitas; de repente algún vecino nos ayuda y nos presta una parcelita para tener algo qué comer; por eso de más de 50 familias que éramos, la mayoría se han ido a otros lados, a buscar trabajo […] este señor del rancho se llama Edmundo Ramírez, vino el año pasado a amenazarnos, y nos quitó un ojo de agua, pero era de mi papá y no nos dejamos. Él tumbó las mallas, nosotros las volvimos a levantar. Ahora el ojo de agua se secó, nunca había ocurrido; pero vinieron de Nayarit a meter agua en tubos, y por eso tenemos…”.

Después de muchos muertos y desplazados durante más de medio siglo, la disputa por diez mil hectáreas de la vieja comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán (Waut+a en lengua wixárica), en su anexo Tuxpan de Bolaños (Tutxipa), está llegando a su fin con sentencias judiciales firmes que reconocen el mejor derecho de los wixaritari sobre tierras reconocidas en la época colonial por el rey de España; pero los rancheros no están de acuerdo con perder los amplios potreros que les heredaron de dos o tres generaciones atrás, cuando se dio el apropiamiento del territorio a impulso de los caciques nayaritas y del propio gobierno de esa entidad, que con base en esa política “recorrió” toda su frontera oriental con Jalisco, estado que poco hizo por defenderla.

De 32 mil hectáreas invadidas a los largo del siglo XX a Waut+a, casi 20 mil ya han sido reintegradas en los históricos procesos judiciales que los enfrentó con los mestizos nayaritas de Puente de Camotlán, hace una década. Permanecen los invasores en posesión de estas casi diez mil ha en la vecindad de Huajimic, que son el tema de recientes determinaciones del Tribunal Unitario Agrario número 16.

“Ya han salido sentencias a nuestro favor para nueve predios, pero en total son como 49 posesionarios; estamos pidiendo apoyo a las instancias de seguridad pública, y nos preocupa mucho que la Sedatu [Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano] no esté dispuesta a respaldarnos como se hizo con el programa de Focos Rojos de la antigua Reforma Agraria en Puente de Camotlán”, explica en Tuxpan el presidente del consejo de vigilancia de Waut+a, Juventino González de la Cruz.

En su opinión, es la culminación de un proceso de justicia histórica que han debido echarse a cuestas los wixaritari, pues si bien fueron reconocidos y titulados por el gobierno mexicano desde finales de los años 50, ya tenían encima a los ganaderos invasores que llegaron con contratos de arrendamiento o con ocupaciones de facto, a pretexto de que se trataba de tierras de la nación que permanecían incultas, y que eran territorios del antiguo Cantón de Tepic, y por ende, no de los aborígenes que siempre estuvieron en el de Colotlán.

Otra aldea que ha vivido sitiada por los ganaderos es La Azalea, ubicada entre las lomas en que el terreno asciende hacia la sierra, con un acceso difícil que es complicado por los obstáculos que los rancheros ponen en diversos tramos de la vereda, lo que obliga a hacer la ruta a pie. No hay luz, no hay agua potable y la modesta escuela del sitio tiene cuatro alumnos, pues como pasa en El Huanacaxtle, la mayoría se han ido en busca de trabajo y tranquilidad.

“Este lugar se fundó hace 58 años; toda la vida hemos pasado amenazados, mi papá llegó antes de los 20 y ahora tiene 73 años, y no tenemos nada de nada, el que se dice dueño, Francisco Quintanilla, nos amenaza y no nos permite sembrar”, se queja Rafael de la Cruz Carrillo. Algunos vecinos han accedido a aceptar a los huicholes como medieros, es decir, sólo la mitad del producto queda para la comunidad y el resto paga el uso de la tierra. No hay asistencia médica: don Rafael, su padre, debe asistir al dispensario del poblado por medicinas y a consultar las enfermedades de los suyos.

El poder del finquero también hizo que perdieran a la primera maestra de primaria, una mestiza; “tuvo problemas con los jefes de Huajimic, entonces no la dejaron ya venir, y me vine yo hace como tres años, que soy de El Huanacaxtle, pero me paga el gobierno de La Yesca […] todas las semanas hago un viaje de tres horas a pie de ida y otro de regreso”, sostiene la joven profesora, María Tejeda de la Cruz Trinidad.

La avanzada huichola en tierras de ganaderos espera que estos abusos lleguen a su fin con las nuevas resoluciones judiciales. Ha sido una disputa larga y sus resultados finales no siempre fueron felices. Como contraste está la historia de Guadalupe Ocotán (Xatsitsarie), comunidad-anexo arrancada de la vecina y también huichola San Andrés Cohamiata (Tateikie) bajo el patrocinio de otra generación de mestizos de Huajimic, con un alto costo de sangre y desplazamientos en los años sesenta y setenta del siglo XX. Allí se refleja los intereses nayaritas por las tierras huicholas “ociosas” del antiguo cantón de Colotlán; allí, a la postre, los líderes wixaritari locales lograron recuperar el control para los aborígenes, con la condición de reconocer la soberanía impuesta por Nayarit.

En Huajimic, delegación municipal, la mentalidad de los colonos mestizos para justificar los despojos es típica del siglo XIX, una lectura irónica del famoso “la tierra es de quien la trabaja” zapatista. “Esos huicholitos, ¿para qué quieren las tierras, si no saben producir, no les hacen nada y las dejan enmontadas?”, apunta sin exaltarse, desdeñoso del asunto, el delegado municipal, Arnoldo Jiménez Suárez.

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Conflictos ancestrales

- Desde los tiempos coloniales, las comunidades wixaritari o huicholas de la Sierra Madre Occidental han acudido al litigio para preservarse de las invasiones primero de finqueros españoles, luego de las grandes haciendas, y finalmente, de los agraristas y pequeños propietarios mestizos. El resultado ha sido la merma de su territorio ancestral que les reconoció la autoridad real desde el siglo XVII, y los gobiernos posrevolucionarios en el XX.

- De este modo, su vasto territorio, que superaba cinco mil kilómetros cuadrados dentro de la jurisdicción de Jalisco, se ha visto reducido en casi mil Km2 y ha pasado a estar controlado por estados invasores vecinos: Nayarit al poniente, Zacatecas y Durango al norte. Esto es parte también del expediente de los límites no resueltos de Jalisco con sus colindantes, pero desde Guadalajara, el problema casi siempre se ha visto con indiferencia.

- En particular, Waut+a o San Sebastián Teponahuaxtlán, la comunidad huichola más extensa, ha tenido el mayor éxito en la defensa de territorios ancestrales, pues ha podido recuperar judicialmente más de 200 de 320 Km2 invadidos. La fortaleza jurídica es el principio elemental de que “el primero en tiempo es primero en derecho”, y además, que en México, los derechos agrarios no prescriben, a diferencia del caso típico de la propiedad privada.

- En estas últimas semanas el tribunal agrario número 16, con cabecera en el municipio de Guadalajara, ha comenzado a emitir resoluciones a favor de San Sebastián en relación a otro grueso expediente de casi 10 mil hectáreas invadidas por rancheros de Huajimic, Nayarit lo cual le permitirá reintegrar casi la totalidad de la superficie que fue invadida en el siglo XX.

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El trabajo de educar en los confines de Jalisco

Idolina de la Cruz Valdez, profesora de la escuela rural de El Huanacaxtle. EN PRIVADO

Todo lo que ha hecho Jalisco en las últimas décadas para ejercer acción soberana en el viejo territorio que le arrebató de facto Nayarit en su invasión centenaria de las heredades huicholas, se reduce a esta escuela rural que apenas rebasó dos años de operación a un lado del sitiado poblado de El Huanacaxtle, en medio de predios bajo posesión de rancheros nayaritas de Huajimic, pero que nominalmente pertenecen al municipio de Mezquitic.

Para que no rompa el sentido juvenil del tardío acercamiento a una población acostumbrada al desamparo de su gobierno, la maestra que está al frente de este esfuerzo educativo, Idolina de la Cruz Valdez, no rebasa 23 años de edad, y es parte de la gran comunidad wixaritari de Waut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán), aunque alcanza ya cinco años de experiencia profesional, como interina, un esquema que utiliza la Secretaría de Educación Jalisco, que no acierta a resolver el problema de las plazas y los derechos de los profesores de la región indígena del norte del estado.

Su vida misma demuestra los ires y venires de la fortuna en esta cultura asentada de antiguo en la Sierra Madre Occidental, cuyo estilo de vida y economía no corresponden a la modernidad capitalista centrada en la acumulación y el trabajo, sino con un fuerte componente sagrado, de trabajo comunitario y de rotación de los terrenos, con usos limitados al sostenimiento de los comuneros.

San Sebastián debió mover sus piezas de población para enfrentar a los rancheros invasores que reclamaban que sus inmensos territorios permanecían improductivos; de este modo, los padres de Idolina no son originarios de su nativa Mesa del Tirador, sino fruto de una diáspora interna promovida por los propios wixaritari para mantener crear un asentamiento que tuviera ojos vigilantes en su frontera con Puente de Camotlán, cabeza de playa de la más agresiva penetración mestiza que se dio al sur de la sierra en el siglo XX.

Sus papás, de este modo, nacieron en la zona hoy nayarita. Ella se ha educado en esas tierras de frontera y ha enfrentado desde el principio el desafío de moverse entre aldeas dispersas en la inmensidad orográfica. “He tenido trabajos más pesados que venir a El Huanacaxtle. Con unos compañeros iba a Jalisquillo, a cinco horas a pie desde el pueblo hasta San Sebastián todas las semanas”, señala.

Tiene apenas seis alumnos aunque el plantel es amplio y en buenas condiciones. “El año pasado eran más alumnos, pero como la gente ya casi no tiene niños, por eso hay poquitos; pero ya se insirvió a cinco niños más para el ciclo que viene, así que tendremos once y se va a justificar […] el mayor problema que yo he visto es que hay mucha migración, la gente se va a trabajar y muchas veces se lleva a sus niños y ya no los meten a la escuela; muchos ya no estudian y ni siquiera sabrán leer y escribir”, apunta.

Se ha tratado de modernizar el plantel. Por ejemplo, se iba a introducir computadoras e Internet, pero ni Jalisco ni Nayarit dieron el apoyo para la energía eléctrica. Los niños están bien nutridos, pues no nota mayor problema en su desempeño como escolares.

“Aunque nos digan huicholitos, tenemos la capacidad de aprender todos, hay niños muy listos; los papás aquí les mandan todo, aunque a veces tienen problemas de higiene que hemos ido corrigiendo”, añade.

No es problema de capacidades, es de marginación y de oportunidades. Idolina espera que el futuro pinte mejor, en el desafío de preservar la costumbre y recibir lo mejor de la modernidad que avanza sobre la sierra en forma de carreteras, servicios y telecomunicaciones. Es madre de una criatura de tres meses, a la que el destino que se labra también le alcanzará.

lunes, 17 de junio de 2013

Hasta 15 mil jornaleros migrantes inundan los valles agrícolas de Jalisco



Es población proveniente de regiones del centro y sur del país, mayoritariamente indígena y con un componente de trabajo infantil que significa más de 30 por ciento de la mano de obra

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

De diez mil a quince mil jornaleros agrícolas migrantes inundan año con año los campos agrícolas de Jalisco, en condiciones sociales y laborales que van de regulares a pésimas, con trabajo infantil permanente y atención médica y sanitaria intermitente.

Los centros de trabajo se dispersan por las regiones Los Altos Sur, Ciénega, Sur, Sureste, Sierra de Amula, Costa Sur, Costa Norte y Valles, en actividades de cosecha de caña de azúcar, jitomate y hortalizas en general, así como cultivos frutícolas.

“Se tienen detectados alrededor de 20 espacios habitacionales para esta población, entre albergues y un número no determinado de cuarterías y casas que se rentan. En general, se estima que el número de migrantes en el transcurso del periodo agrícola asciende a quince mil personas entre hombres, mujeres y niños, mismos que representan alrededor de 30 por ciento de esta población”, señala el Diagnóstico sobre la condición social de las niñas y niños migrantes internos, hijos de jornaleros agrícolas, elaborado por Silvia J. Ramírez Romero, Daniel Palacios Nava y David Velazco Samperio, bajo patrocinio de la Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) y de la Secretaría de Desarrollo Social de México.

Estos datos fueron levantados en 2005, pero en 2010, el DIF Jalisco y el Consejo Estatal de Población (Coepo) hicieron un padrón “no exhaustivo” que detecta 45 centros habitacionales de cosechadores migrantes con casi dos mil familias, lo que arroja una población flotante cercana a diez mil.

Ambos levantamientos coinciden en la mala calidad de los empleos y la necesidad del trabajo infantil para completar un ingreso mínimo para las familias.

“Los jornaleros agrícolas migrantes que llegan al campo jalisciense en búsqueda de trabajo e ingresos, abandonando sus comunidades de origen, frecuentemente junto con su familia […] esta migración puede ser pendular [van y regresan], golondrina [se van desplazando por diferentes regiones] o se quedan a radicar. Aunque es difícil llevar un registro de este tipo de migración, porque además depende de que haya productores interesados en el trabajo de jornaleros, en Jalisco se tiene registro de que hay por lo menos dieciséis albergues o campamentos donde hay las mayores concentraciones de jornaleros entre los meses de noviembre y mayo. Estos campamentos se ubican en diez municipios, destacando Autlán, Tamazula, San Gabriel y Cihuatlán. Se estima que en estos albergues pueden estar radicando temporalmente alrededor de cinco mil personas [entre trabajadores y familiares], con importantes problemáticas laborales y carencias en salud, vivienda, alimentación y educación”, señala una nota de la Coepo relacionada con el padrón, que se puede leer en http://coepo.app.jalisco.gob.mx/XLS/Jornalerosagricolas/Documento.pdf.

“Los migrantes se emplean en labores como el cultivo de caña de azúcar, hortalizas y frutas principalmente. La mayoría de ellos proceden de Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Morelos, casi siempre de origen indígena, aunque también hay mestizos y personas que proceden de otros municipios de Jalisco”, añade.



Regiones de trabajo
El estudio Unicef/Sedesol señala que “las áreas de cultivos de hortalizas se localizan principalmente en las regiones costeras de la entidad y en el municipio de Sayula. Se trata de 28 productos como: tomate, lechuga, calabacita, cebolla, chayote, chile, sandía y melón. Un mayor número de migrantes es población indígena proveniente de los estados de Guerrero y Oaxaca, y el resto son mestizos de Veracruz, Aguascalientes y Zacatecas”.

En la región de Tamazula “los principales cultivos son la caña, el maíz y en menor proporción al tomate y cacahuate”. Los trabajadores cañeros son “originarios de Guerrero, Morelos, Oaxaca, México y Colima. Los niños entre 12 y 14 años, ya incorporados al proceso de trabajo como jornaleros, representan 10 por ciento”.

Cihuatlán es una región “donde se producen esencialmente frutales, especialmente coco, mango, plátano, limón y tamarindo; y hortalizas: chile, tomate y tomate de cáscara.

Existe demanda de mano de obra, tanto local como migrante, contratados para la cosecha de mango y hortalizas, proveniente principalmente de los estados de Michoacán y Oaxaca”.

El estudio (accesible completo en http://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_resources_diagnostico_ninos_jorn...) destaca una creciente presencia migrante, y señala remuneraciones de 60 a 70 pesos diarios, lo que demuestra que la política de salarios bajos es común.

Están también las regiones cañeras de Casimiro Castillo, Autlán y El Grullo. “Hoy la caña de azúcar es la actividad que atrae a un mayor número de jornaleros agrícolas, sustituyendo a la siembra y cosecha de hortalizas. En esta región existe una importante concentración de jornaleros agrícolas que se encuentran asentados tanto en los albergues construidos, como en las poblaciones cercanas a los campos de cultivo. En los campos sembrados de tomate, hortalizas y frutales labora un importante número de los jornaleros, pero es en las labores de corte y quema de la caña de azúcar donde se emplea la mayoría”.

Los jornaleros agrícolas migrantes “regularmente llegan a la zona por su cuenta y provienen mayoritariamente de los estados de Guerrero y Morelos. Se trata de población indígena bilingüe, y un alto porcentaje de los jornaleros salen de su comunidad acompañados por su familia”.

La región Ameca “se caracteriza por la producción de caña de azúcar y maíz, y en menor proporción frijol, garbanzo y otros productos. De acuerdo con datos del distrito de Desarrollo Rural de esta región, durante 2004 se sembraron 176 mil hectáreas y se cosecharon 145 mil, por un valor total de 2,365 millones de pesos”. Los migrantes “provienen de los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Morelos, México y San Luis Potosí”.

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Principales municipios receptores

Arandas

Siembras de agave, jitomate y rastrojo. 140 migrantes de las etnias tzeltal, tzotzil y chol de Chiapas; mixteca de Oaxaca y purépecha de Michoacán. “El trabajo varía por temporadas, ganando por planta de agave 50 centavos que cuenta desde que sacan el hijuelo hasta que lo planta, 200 pesos promedio si se dedican a la jima de agave, en el rastrojo ganan aproximadamente 150 pesos por día, en el tomate les pagan desde 30 pesos la arpilla”

Autlán

Siembras de hortalizas y de caña de azúcar. 800 migrantes de grupos indígenas y mestizos de Guerrero, Morelos, Oaxaca y Veracruz, principalmente. La migración de la caña va de diciembre a junio de cada año, con las hortalizas es fundamentalmente en el periodo de primavera

Casimiro Castillo

Cosecha de caña de azúcar y de diversos frutales, como la sandía y el mango. 730 migrantes provenientes de las montañas del estado de Guerrero.

Cihuatlán

Cosecha de frutales, sandía, mango, plátano. 700 migrantes provenientes de la etnia mixteca de Guerrero y de zonas mestizas de Chiapas y Zacatecas

El Grullo

Cosecha de caña de azúcar y de hortalizas. 1,200 migrantes, una buena parte proviene del pueblo mixteca de San Juan Totolzintla, Guerrero, y hay presencia de otros estados sureños

San Cristóbal de la Barranca

Cosecha hortícola con 170 jornaleros migrantes provenientes del centro norte del país

San Martín de Hidalgo

Cosecha de caña de azúcar en la región circundante, 130 migrantes provenientes de Guerrero

Tamazula de Gordiano

Caña de azúcar. Unos mil migrantes entre los que destacan mixtecos y nahuas de Guerrero, teneek de Veracruz, mestizos de Morelos, Michoacán, Colima y San Luis Potosí. “El corte de caña lo realizan los hombres y los niños son utilizados para despuntarla. Su ingreso semanal es de 900 pesos semanales aproximadamente, además de que sus excedentes monetarios son ahorrados para la compra de maíz”

Tomatlán

Cultivos frutícolas, chilares y hortalizas. 750 migrantes mixtecos de Guerrero, coras de Nayarit, wixaritari de Jalisco, tzotziles de Chiapas, mestizos de Guanajuato y Tabasco.

“Reciben un salario por arpilla que les genera de 110 a 150 pesos por día; toda la unidad doméstica trabaja en el campo para obtener más ingresos”

San Gabriel y Tuxcacuesco

Hortalizas. 700 migrantes provenientes de regiones mestizas de San Luis Potosí, Colima, Sinaloa; mixtecos de Guerrero y huastecos de Veracruz, en diversas plantaciones nacionales y trasnacionales. De esta región es Bioparques de Occidente, donde se dio el proceso de sanción al encontrarse a 275 jornaleros “en condiciones de esclavitud”

Fuente: DIF Jalisco, Coepo, Sedesol

viernes, 14 de junio de 2013

La presa El Zapotillo no recargará el acuífero, advierte consultor


El balance del agua extraída de la cuenca es de pérdida, inevitablemente. Arturo Gleason dice que la presa no está bien sustentada porque las cuentas del agua son viejas; afectarán a miles de personas con una decisión cuestionable

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

Exportar agua de una cuenca con problemas de desertificación, como es el caso de Los Altos con la presa El Zapotillo, sobre el río Verde, va a afectar a toda una economía sustentada sobre el acuífero local, porque este alimenta al embalse; así, el agua perdida para la zona es agua que se deberá descontar de las cuentas del manto subterráneo porque hay una relación directa con el agua superficial, advierte el consultor hidráulico Arturo Gleason Espíndola.

El académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG) destaca que el ciclo del agua explica claramente esta dependencia mutua: “Debemos tener muy en claro que el agua se precipita y lo primero que trata en tierra es de infiltrarse; estas filtraciones van a buscar la parte más baja del suelo, en la medida que la tierra se los permita; lo que no cabe en el suelo se llama escurrimiento, pueden ser escurrimientos temporales o perennes […] el acuífero es una acumulación de agua abajo del suelo; un hueco o arena permite que el agua se aloje dentro del mismo suelo, por lo general es un lecho rocoso, como un contenedor; normalmente hay una frontera entre suelo mojado y suelo seco, y a esa frontera se le llama nivel de agua freática; cuando el nivel de agua freática rebasa el nivel del terreno, es cuando decimos que hay un manantial del que se forma un río”.

En el caso del agua subterránea, “son grandes extensiones de tierra mojada, donde se aloja el agua y se guarda, por lluvias que se han ido acumulando durante muchos años […] las presas están aprovechando los excedentes que no cubrió el suelo y los está tratado de acumular para tener grandes concentraciones de agua, y esas concentraciones de agua disponerlas para distintos usos; la presa no puede ser una mina de infiltración, de hecho buscan los preseros que el suelo no sea muy permeable, porque si no va a haber infiltraciones por debajo de la cortina, y se puede colapsar, no es entonces un esquema de recarga del acuífero”, aclara.

- En Los Altos se están cancelando concesiones de aprovechamientos de agua subterránea a la par que se hace una presa que exportará aguas de la región…

- Si los acuíferos se dejan de explotar esa agua incide en mayores niveles de salidas de los manantiales hacia el río, y obviamente beneficia los niveles de la presa […] yo he dicho en varias ocasiones que se contradice la autoridad; por un lado vemos que escurre poco agua en el río Verde y por otro lado se está pensando en llevar esa poco agua hacia León; yo creo que aquí lo que no está ocurriendo es una buena administración de los recursos, se está disponiendo sin un ordenamiento muy puntual en esta coyuntura, y no en base a determinar cuánta cantidad de agua hay en las cuencas, lo que llamamos el balance hídrico: cuánta agua se va en evaporación, en infiltración, en escurrimiento, y a partir de esta determinación hacer las reparticiones; ya ahí veremos si podemos darnos el lujo de mandar agua a León, o que se quede en Jalisco. Hasta ahora yo no veo ningún dato en ese sentido, se trabaja con base en supuestos no muy reales.

Gleason Espíndola subraya que un acuerdo como el del río Verde debe ser sometido a revisión, porque data de 1997. “Eso que firmó como gobernador Cárdenas se tiene que replantear; las condiciones climáticas en la zona han cambiado, son diferentes, y por eso una cuenca debe estar monitoreada para saber cuánta agua hay para una planeación y una toma de decisiones tan seria que involucra pérdidas para personas de toda una región […] por la gravedad de sus implicaciones, son cosas que nos deberían poner a temblar…”.

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INSISTEN EN PARAR LA PRESA

Los habitantes de Temacapulín insisten en que el gobierno demuestre su real intención de ayudarlos con la suspensión de las obras de la presa El Zapotillo, y así se lo hicieron saber ayer al director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Felipe Tito Lugo Arias, en la primera reunión para discutir las alternativas técnicas para no inundar los poblados.
Gabriel Espinoza Íñiguez, vocero del comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, advirtió a la salida de la reunión: “lo importante es que se suspenda temporalmente, en tanto no se resuelvan las modificaciones. Yo creo que ahorita lo que se está pidiendo es razonable; primero, salvar las comunidades; segundo, insistir en la suspensión temporal de la obra, ‘haber espérame tantito, ahorita no eches nada de cemento hasta que nos pongamos de acuerdo sobre las modificaciones”.

Habrá revisión de condiciones de los jornaleros en todo Jalisco


Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal realizará una revisión in extenso de los esquemas laborales que están aplicando las empresas hortícolas, frutícolas y cañeras que contratan jornaleros provenientes de otros estados de la república, en busca de garantizar los derechos laborales, dijo ayer el delegado en Jalisco, Gerardo Rodríguez.

“Esto se derivó de una denuncia de tres trabajadores que vivían en condiciones de privación de libertad; a partir de esa denuncia se armó un operativo interinstitucional, donde nosotros participamos, y este es el resultado: 275 personas que estaban en privación de la libertad, en condiciones laborales deprimentes, violatorias de todo tipo de  condiciones dignas, y ese fue el resultado del operativo […] nosotros ayer entregamos los dictámenes de inspección federal, por lo que toca a higiene y seguridad, y derivado de este dictamen el empleador tiene 15 días para ejercer su derecho de audiencia, y si para entonces no acredita con documentos y con pruebas, la autoridad aplicará las nuevas penas que estableció la Ley Federal del Trabajo”, dijo en entrevista con MILENIO RADIO.

El funcionario dijo que si bien este fue un esquema extraordinario, el trabajo de la STPS será mantener las inspecciones de forma ordinaria en todos los puntos de la entidad donde hay presencia de jornaleros. Existen migraciones históricas de muchas décadas en el caso de la zafra de los seis ingenios cañeros del estado, así como migraciones de las últimas tres décadas a las zonas hortícolas como Autlán, Sayula y la región del Llano Grande; otra región del estado con jornaleros migrantes es la costa, en sus plantaciones frutícolas.

“Este precedente nos obliga a todas las autoridades, federales, estatales y municipales, a generar operativos ordinarios, y qué quiere decir esto, aplicar una política de gobierno para poder dar seguimiento a todas las unidades productivas que tienen estas características en el estado de Jalisco, y esto es lo que espero que se genere”, añadió.


“Tenemos que generar reuniones interinstitucionales, para poder planificar y organizar este tipo de operativos, pues es inédito […] nosotros tenemos la obligación como gobierno de promover el empleo, el crecimiento, el desarrollo y el progreso de Jalisco, y tenemos que supervisar que la generación de empleo y las condiciones laborales sean las que estén apegadas a la ley, al derecho y a la norma, y en ese terrero estaremos actuando”, dijo.

martes, 11 de junio de 2013

Temen que Zapotillo cause crisis ganadera en Los Altos de Jalisco


Crece descontento entre productores de la región por trasvase a León y la ZMG; exigen respeto a la demarcación como gran productora de alimentos

Agustín del Castillo / Los Altos de Jalisco. MILENIO JALISCO

Los hombres de campo de Los Altos de Jalisco, que han hecho de estas planicies yermas, de suelos duros y agua escasa, el mayor emporio ganadero del país, están desconcertados: en 1931 se estableció en su región una veda total a nuevos aprovechamientos de aguas superficiales, debido a que el recurso ya no abundaba; en 1987, el gobierno federal añadió las vedas a sus aguas subterráneas por presentar peligrosos niveles de abatimiento debido a la sobreexplotación.

Pero la política restrictiva cambió, sorpresivamente. 82 años después de la primera veda oficial del agua, las autoridades federales y las de los estados de Jalisco y Guanajuato se quieren llevar a las zonas metropolitanas de León y Guadalajara 13,400 litros por segundo de su río principal, el Verde, esto es, 422.6 millones de metros cúbicos anuales, más del doble del agua que Guadalajara le extrae actualmente al lago de Chapala (entre 190 y 200 millones de m3 por año). Para muchos productores esto será “el acabose” a un modo de vida y una larga historia económica, que rebasa cuatro siglos.

Así, a la par de la edificación a marchas forzadas de la presa El Zapotillo, se aplica una política regulatoria que llega a la “persecución” por parte de la Comisión Nacional del Agua (CNA), que mantiene la tendencia de cancelar toda concesión de uso de aguas nacionales que esté vencida o contenga el menor error de coordenadas, mientras bloquea soluciones locales a la sed de las ciudades alteñas, pues la idea es que todas las aguas bajen a la megapresa que se edifica entre Cañadas de Obregón y Yahualica de González Gallo, aunque a la postre resulte una solución más onerosa -por altura de bombeo y distancia- que ampliar los bordos y hacer minipresas en las partes altas de las microcuencas.

El caso es que ello protege un gran negocio del agua que está en manos de los concesionarios: Peninsular y socios, en la presa; Abengoa y socios, en el acueducto El Zapotillo-León. “Ellos no pierden, aunque nosotros sí”, destaca el líder ganadero de Jalostotitlán, Enrique Romo Pérez.

“La poca agua con la que contamos se la quieren llevar”, insiste el productor; esos datos se empiezan a socializar y generan una creciente inconformidad entre los ganaderos y agricultores; muchos de ellos están dispuestos a no vender a Abengoa los terrenos de la servidumbre de paso que requiere el acueducto a la ciudad de El Bajío, en busca de impedir un trasvase que, considera, “en nada nos beneficia aunque haya muchas promesas en el aire”.

“Aquí, 80 por ciento nos dedicamos a la ganadería, en la leche representamos 17 por ciento de la leche del país; de cada cinco cerdos que se matan en la república, tres son de Jalisco, uno de cada dos huevos que se comen; nos desconcierta porque todos dicen que no somos autosuficientes en alimentos, y a nosotros, que somos la potencia más grande en la materia, nos están perjudicando; sin agua en dónde van a producir lo que nosotros”, añade.

En una cuenca que ha sido definida como “deficitaria” en la planeación gubernamental, el tema de los trasvases parece desvarío. “Por principio de cuentas, habrá que ver quién les garantiza tanta agua”, les dijo a los preocupados lugareños el hidrólogo Pedro Arrojo Agudo, premio Goldman (el “Nobel” de la ecología) y azote de los tecnócratas, que tanto en la CNA como en muchos estados han definido que el problema del agua se resuelve con embalses artificiales y acueductos.

Este debate ha estado presente en los últimos meses tanto en el Consejo de Cuenca del río Santiago, que preside Enrique Dau Flores, como en la Comisión de Cuenca de Los Altos de Jalisco. La CNA ha estado reacia a nuevos estudios hidrológicos, aunque los vigentes tengan más de una década y las condiciones de clima y lluvia hayan variado, confirma el presidente del Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez. “No se está tomando en consideración que si Los Altos disminuyen la producción de alimentos, esto repercute de manera negativa para la economía y el desarrollo social y ambiental del país, al no considerar el volumen de agua que permita mantener su crecimiento”, subraya.

En el decreto de distribución de las aguas superficiales “se considera un volumen de 0.4 m3 por segundo para uso pecuario. Si consideramos que Los Altos de Jalisco tienen una superficie que ronda los 15 mil kilómetros cuadrados, el aprovechamiento de esa agua requeriría de una infraestructura muy costosa para su almacenamiento y distribución a las unidades de producción pecuaria; incosteable para los pequeños y medianos productores. Además de no tener posibilidades de crecimiento ese sector, pues desde hace alrededor de tres años, el agua superficial del Alto río Santiago, incluyendo por supuesto el río Verde, está reclasificada solo para consumo humano”, agrega.

Armando Martínez Díaz, productor de San Juan de los Lagos, ofrece su testimonio: “Han venido a solicitar mis tierras para meter el acueducto, pero no tenemos nada claro, nomás llegan y te dicen: esto te vamos a afectar y te vamos a pagar tanto, pero tengo entendido que a nosotros agua no nos van a dar, ni una gota de agua, todo es parte del negocio de ellos”.

El presidente de la asociación ganadera de ese municipio, José Luis de la Torre Muñoz, secunda: “Nos están quitando los pozos que pueden ser para regar pasturas; los precios de los insumos se han incrementado, y los precios que nos pagan a nosotros son bajos; hay una serie de síntomas que se agregan a lo del agua […] ¿qué van a hacer con toda esta gente cuando deba migrar por falta de recursos y de empleo, la van a recibir en Guadalajara?”. La duda es que se haya tomado en cuenta este efecto a gran escala que se cierne sobre la economía de toda la región.

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Datos contradictorios

En Los Altos, la veda de aguas superficiales es del 22 de agosto de 1931, por tiempo indefinido, y fue ratificada y ampliada el 20 de agosto de 1947

En cuanto a las aguas subterráneas existe una veda del 12 de julio de 1987, que menciona como propósito central, “conservar o proteger a los acuíferos de sobreexplotación”

Además, el Programa Nacional Hídrico desde que existe la CNA (1989), se establece que la región alteña tiene acuíferos sobreexplotados y en fase de abatimiento, lo cual explica que no se otorguen nuevas concesiones para aprovechar las aguas

No obstante publicaciones de 2011 en el Diario Oficial de la Federación respecto a los balances de acuíferos señalan disponibles en la región, 157.34 millones de m3

Los acuerdos el río Verde de 1995 y 1997, firmados por la CNA y los gobiernos de Jalisco y Guanajuato, distribuyen 15.6 m3 por segundo del río del siguiente modo: 9.6 m3 para Guadalajara, 3.8 m3 para León, 1.8 para ciudades alteñas y 0.4 m3 para ganaderos

El proyecto El Zapotillo y el acueducto a León lleva el compromiso de entregar “obras de toma” para dotar de agua a municipios alteños, pero ello no cancela que se cobre el agua acumulada y bombeada desde la presa

No hay hasta ahora proyectos ejecutivos que dé certidumbres sobre los costos a los ayuntamientos locales, además de la dificultad de proveer de agua a los ganaderos desde esta obra

El Zapotillo será una presa de abastecimiento directo para León y regulará agua para Guadalajara. En caso de que la cortina quede a 105 metros, garantiza por arriba de 6m3 para la ZMG y 3.8 m3 para León

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CUATRO CAMINOS URGENTES

La asociación civil Conredes está en la búsqueda de promover, junto con las principales universidades de la región, la realización de “un estudio interdisciplinar urgente que evalúe riesgos y afecciones a la región del trasvase”, pues se ha documentado a nivel mundial que las zonas productoras de agua son perjudicadas con la relación inequitativa del campo y la ciudad, y suelen ser sacrificadas a las demandas del sector urbano, incluidos de forma preponderante el comercio, los servicios y la gran industria, pues se les señala como prioritarios porque son los sectores económicos que llevan más crecimiento, sin considerar la importancia de la producción de alimentos y la fragilidad de un país sin soberanía alimentaria.

Con la información precisa, esto llevaría, “en la medida que se confirmen las valoraciones reseñadas anteriormente, abrir una campaña informativa que alerte a productores y ciudadanía de Altos de Jalisco sobre los riesgos para la región que comporta el proyectado trasvase”. Esto a su vez derivaría en “organizar una campaña de recogida masiva de firmas contra dicho trasvase, que podría iniciarse con declaraciones institucionales en ayuntamientos y todo tipo de instituciones públicas y privadas del Estado”.

Finalmente, a “promover la organización responsable de los usuarios de los acuíferos, en forma de comunidades de usuarios, abriendo un esfuerzo ejemplar de responsabilidad colectiva en la perspectiva de un uso sustentable del acuífero y del río Verde”, lo cual es la etapa decisiva y madura de la gestión de una cuenca sobre la base de las necesidades y responsabilidades ciudadanas. Estos cuatro grandes ejes de trabajo están contenidos en las diversas reuniones regionales que se han consolidado sobre todo en los últimos tres años, con gran resistencia del sector oficial.


lunes, 10 de junio de 2013

Habitantes de Temaca exigen a gobernador cumplir su palabra y no dar doble discurso


Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO WEB

Como un doble discurso por parte del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, consideraron los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo la aceptación que tuvo ante la queja que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) sobre la presa El Zapotillo en la se establecían 18 puntos recomendatorios.

“En este juego del doble discurso, rechazaron inmediatamente la recomendación más importante hecha por la CEDHJ: la suspensión inmediata de la presa el Zapotillo”, indica un comunicado enviado este día.

Además, en el mismo se detalla que lo que encontraron en su respuesta (OF 393/2013) a la aceptación de la recomendación 35/2009, es una apuesta de parte del gobierno de Jalisco por una visión, añeja y obsoleta del manejo del agua, que continúa priorizando la construcción de grandes obras de arranque oficial anunciado la semana pasada sobre la construcción de la presa El Purgatorio.

El pasado 5 de junio, cuando se celebró el día mundial del medio ambiente, el secretario general de gobierno, Arturo Zamora Jiménez, anunció que aceptaba las recomendaciones hechas por la CEDHJ sobre la presa El Zapotillo.

“El gobierno del estado está aceptando una recomendación que se emitió desde el año 2010 [año en que se hizo pública] […], tiene que ver precisamente con evitar que haya hostigamiento a pobladores y propietarios de fincas de Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Se aceptó el punto para que haya reuniones con los habitantes de estos poblados y se inicie un proceso de consulta sobre opciones hidrológicas”.

En el comunicado enviado hace unos instantes, el cual está firmado por el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, también se advierte sobre el tono en que se emitió el oficio de aceptación frente a la CEDHJ, en donde se interpreta que además de aceptar los puntos recomendatorios ya se están cumpliendo.

“Y nos preguntamos: ¿es posible que el gobierno de Jalisco en tan solo dos meses de trabajo ya la esté cumpliendo?, ¿en qué documentos, acciones y proyectos se basa para afirmar esto?, ¿dónde están sus proyectos con visión sustentable del agua para Jalisco que tan elegantemente anunció el Gobernador en su discursos inaugurales?, indica el documento.

Debido a esto, los habitantes de estas localidades piden a Sandoval Díaz cumpla su palabra de respetar sus derechos humanos y su territorio, para evitar perderle la confianza.

sábado, 8 de junio de 2013

360 mil tapatíos sin agua y drenaje serán regularizados



La ciudad sin servicios sería más grande que Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán juntos; ello
se debe al fracaso de Todos con agua, que nunca atendió a 52 colonias, y a otras 34 nuevas que se extienden desde 2009 en la mancha urbana

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

La zona metropolitana de Guadalajara la forman el municipio capital del mismo nombre, y tres adyacentes, que absorbió hace aproximadamente 40 años: Zapopan al poniente, Tlaquepaque al sur y Tonalá al oriente. Ese universo fue el marco de acción original del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), que nunca ha podido entregar los servicios a toda su población. Hoy le faltan todavía 360 mil habitantes.

Las razones de este parcial fracaso no hay que buscarlas demasiado lejos: el programa Todos con agua propuso, en 2008 y 2009, dejar en 100 por ciento el abastecimiento de agua potable y drenaje, para lo cual se adquirió un gran crédito de 1,200 millones de pesos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), vía Banobras, con un plan de inversión original sobre 146 asentamientos irregulares que ascendía a 1,263 millones 572,214 pesos.

En 52 colonias con 328,544 habitantes el proyecto se malogró. 42 carecen de agua a la fecha y 43 de alcantarillado, mientras nueve carecen de los dos suministros. Fue efecto de la mala planeación, que según estimaciones del SIAPA, llevaron a enterrar hasta 300 millones de pesos sin ningún resultado. Para integrarlas, se deberán invertir casi 349 millones de pesos en este año, 113.2 millones en obras de agua (en muchas colonias se instaló la red pero no funcionó) y 235.8 millones en la red sanitaria. Es el universo en que se aplicará la inversión conjunta entre los municipios de Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque, y el gobierno del estado, que significa deuda a pagar en 14 años, y está pendiente de su aprobación por los ayuntamientos respectivos.

En estos años se han sumado 34 asentamientos nuevos que aumentaron la zona del déficit de la atención en 31,276 habitantes más, y que se deberán atender durante el año 2014, estima el presidente del Consejo de Administración del organismo operador, Francisco Ayón López.

Hace apenas unos meses, en septiembre de 2012, se aprobó un nuevo esquema tarifario, y uno de los compromisos fue financiar con el crecimiento de los ingresos las 52 colonias faltantes, pero los 240 millones de pesos que se esperaban asignar del presupuesto del SIAPA no se dieron. Ayón López lo explicó.

“El SIAPA elaboró su situación de presupuesto y de trabajo con el apoyo de partidas y de programas del gobierno federal; tenemos el Programa de Mejoramiento de Eficiencias, con 48 millones de pesos, de los que aporta 20 millones la federación y 28 millones el SIAPA; tenemos el Proder, Programa de Devolución de Derechos, a partes iguales, 110 millones del SIAPA y 110 millones de la federación; y tenemos el programa Apazu, Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas, que se planteo que pudiera apoyar a la institución con 240 millones de pesos como contraparte de las instancias federales […] pero resulta que el Apazu, en lugar de apoyarnos con ese monto, sólo otorgó un apoyo de 20 millones de pesos; en esta situación ya fue imposible lograrlo por esa vía”, añadió el también secretario de Educación de Jalisco.

Por eso se buscó el financiamiento alternativo, que tiene pendiente que los ayuntamientos saquen adelante con sus cuerpos de regidores, pues son deuda transferida a cuatro periodos administrativos más.

“La ciudad sigue creciendo, entonces es una decisión fundamental para el estado, para los municipios, y para el SIAPA determinar si podíamos contar con los recursos frescos para hacer una inversión importante en las 52 colonias, y poder enfrentar el año entrante la situación de las otras 18 colonias de Tonalá, dos colonias de Zapopan, y 14 colonias de Tlaquepaque […] queremos fijar como plazo máximo para resolver estos problemas, en marzo de 2014”, añadió Ayón López.

— ¿Qué va a pasar con el dinero que se va a obtener con el cambio de la tarifa?

— Nosotros seguimos teniendo una situación de trabajo en especifico en el SIAPA, tenemos los recursos que se están sumando a los programas que he señalado, y con ello tenemos suministro de macromedidores, son 51, que nos van a permitir generar los circuitos hidrométricos necesarios para la ciudad; tenemos la delimitación de los 12 sectores, tenemos adquisiciones de equipos de inspección, que son necesarios para la ciudad; tenemos suministro de mangas [equipo para inspeccionar la red y repararla] por 89 millones de pesos, y tenemos una serie de obras que haremos con el programa Apazu, que también se ejecutarán.

— En 2014 todavía no habrá nuevas fuentes de abastecimiento, ¿se garantiza que las colonias que se incorporen la puedan recibir?

— Estas 52 colonias van a recibir el agua, es una situación que han peleado desde 2008, tenemos ya cinco años que se les prometió el agua, que tienen que comprar pipas y averiguárselas para resolver sus necesidades, por eso debemos cumplirles ya más allá de que los culpables de la situación sean los de otra Administración.

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Claves

Tonalá



- Colonias sin agua potable y drenaje. El Aguatán, San José, Lázaro Cárdenas del Río, Francisco Villa, Los Amiales, Emiliano Zapata, Valle Verde, Jardines de la Cruz Oriente, El Ocotillo, Rancho el Sánchez, Hipódromo, La Calma, Santa Paula, Artesana, La Guadalupana, San Miguel La Punta, Agua Blanca, San Francisco de la Soledad, El Vado. 144,778 habitantes

- Colonias sin agua potable. Lomas del Zacate, Loma Tres, Quinta Tateposco, Valentín Campa. 19,770 habitantes. Colonias sin drenaje de Todos con agua. Mirador Oriente, Las Conchitas, El Plan, Perseverancia,
Jazmín, El Doradito. 8,121 habitantes

- Agregadas a partir de 2009, al margen de Todos con agua. El Velador, Agua Escondida, El Vergel, Fraccionamiento Villas de la Cruz / El Roble, Loma Extendida, La Gigantera, Tololotlán, Infonavit Colinas de Tonalá, Nuevo Israel, El Duque, El Mirador, Las Gamboas, Real de la Cruz, Panorámico, Puerta del Sol, Arroyo de Enmedio, Puente Grande,
José Vasconcelos. 13,731 habitantes

- Total: 186,400 habitantes

Tlaquepaque



- Colonias sin agua potable. El Sauz, La Puerta, La Severiana. 49,429 habitantes. Colonias sin drenaje de Todos con agua. Arroyo de las Flores, 6,299 habitantes

- Agregadas a partir de 2009, al margen de Todos con agua. La Punta, El Zalate, San Juan, La Cofradía, Barrios Unidos, Los Hornos, Sentimientos de la Nación, Jardines del Órgano, La Arena, Tempizque, Ex Hacienda del Cuatro, Granja de Montenegro, Valle de la Misericordia, Las Pomas I y II. 16,370 habitantes

- Total: 72,098 habitantes

Zapopan



- Colonias sin agua potable y drenaje. La Colorada, Mesa de los Ocotes, Agua Fría Norte, Jardines del Vergel, Miguel Hidalgo, Lomas del Centinela Norte, Lomas de la Mesa Colorada, Mirador Escondido, Agua Blanca Sur, Ángeles de Nextipac, La Magdalena, Jardines de la Providencia, Jardines
de Nuevo México. 75,061 habitantes

- Colonias sin agua potable. El Batán, Colinas de los Belenes, Lomas del Centinela, Lomas del Centinela Norte, Los Mirasoles, Santa Ana Tepetitlán. 22,581 habitantes. Colonias sin drenaje de Todos con agua.
Revolución. 2,505 habitantes

- Agregadas a partir de 2009, al margen de Todos con agua. Ampliaciones de Santa Lucía I, Atemajac del Valle. 1,175 habitantes

- Total: 101,322 habitantes

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REACTIVAN PROCESOS PENALES

El SIAPA y el gobierno de Jalisco esperan que los responsables del desvío de gran parte del crédito de Todos con agua sean castigados. Francisco Ayón López señala que el hecho de que se haya cambiado de Administración en el gobierno federal y estatal permite eliminar las dudas del posible encubrimiento de los responsables anteriores hacia quienes realizaron los delitos.

“Si tú pides un crédito en determinado monto, y tienes un plan de inversión para dotar de agua potable a 146 colonias, pero dejas a 52 colonias hasta este momento sin agua, es porque hubo un desvío, un desvío a situaciones diferentes para lo que fue armado el plan de inversión; nosotros estamos trabajando y llevando las situaciones legales, con los trámites correspondientes ante la Fiscalía General; se estuvo llevando un tiempo ante la PGR, pero ésta se declaró incompetente, que tendría que ser una situación a nivel estatal, y se está trabajando en eso”, afirmó.

— ¿El cambio de partido en el poder da certidumbre para que se haga justicia?
— Sí, estoy cierto que sí.

jueves, 6 de junio de 2013

Alertan huicholes por resistencia de invasores a devolverles tierras



El gobierno federal debe intervenir, señala AJAGI. Se trata de un añejo conflicto sobre casi diez mil hectáreas en la zona de Huajimic, entre la comunidad indígena de San Sebastián y ganaderos nayaritas

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

La inmovilidad del gobierno federal puede ser la diferencia entre resolver de forma pacífica la devolución de tierras a la comunidad indígena wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán o que haya un deslizamiento a la violencia, advirtió ayer la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI).

En un llamado de alerta para una “acción urgente” de la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en busca de distender la región, la organización, que asesora a los comuneros en temas jurídicos, advierte sobre la necesidad en que se respete el Estado de derecho.

"Ante el triunfo jurídico de la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán en contra de la invasión de terrenos comunales por supuestos pequeños propietarios de Huajimic, Nayarit; y ante la inminente recuperación de cientos de hectáreas de terreno, una voluntad política del gobierno federal puede hacer la diferencia entre la confrontación social y la conciliación pacífica en base al reconocimiento de los derechos territoriales juzgados”, destacó en un comunicado.

“Desde hace varias décadas el territorio confirmado y titulado a la comunidad, ha padecido una serie de invasiones agrarias a manos de ganaderos no indígenas, como han sido los casos de Barranca del Tule, Cañón de Tlaxcala, Puente de Camotlán y Huajimic. Mediante una constante lucha autónoma por la recuperación de su territorio han conseguido ir asentando en los tribunales y en el campo el derecho que les asiste en la reivindicación territorial, persistiendo a la fecha dos zonas de conflicto, una zona denominada El Triángulo, de aproximadamente 800 hectáreas con el ejido Puente de Camotlán, así como la zona aledaña a Huajimic, Nayarit, de aproximadamente 10 mil hectáreas y donde existe una indefinición jurisdiccional entre los límites de Jalisco y Nayarit”, apuntó el texto.

Se trata de invasiones "que datan de varias décadas atrás, por una superficie invadida de cerca de 10 mil hectáreas en las que se asentaron posesionarios ganaderos de Huajimic, establecidos sobre una franja en el extremos sur-oeste de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán. En la zona de conflicto, que delimita con un desmonte el territorio comunal que corre paralelo al río Huajimic, desde la pista de aterrizaje del poblado del mismo nombre hasta la altura del arroyo el Gualamo en el sitio conocido como Los Cerritos; existen localidades y ranchos Wixaritari que han resistido históricamente, como lo son El Mirador, Manguitos, Huanacaxtle y Azhalias, donde son constantes las fricciones por la tierra y las fuentes de agua".

En el año 2007 la comunidad interpuso demandas ante el Tribunal Unitario Agrario XVI, con sede en Guadalajara, donde tras un proceso jurídico ordenó la ejecución de una sentencia para la restitución de más de 800 hectáreas.

“Desde 2009 la Secretaría de la Reforma Agraria realizó un diagnóstico topográfico mediante el cual se habían afinado los detalles, detectado conflictos internos y determinando los predios que se encontraban listos para hacer un avalúo que contribuyera a lograr una solución pacífica al conflicto agrario, a través del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer) que ofrece una contraprestación económica como un elemento de conciliación”.

Sin embargo “y a pesar del significativo avance en las negociaciones, un día sin ningún preámbulo en la SRA informaron a las partes en la negociación, que son los posesionarios de Huajimic y la comunidad indígena, que dicho caso no se encontraba en el universo de trabajo del programa Cosomer”.

El pasado 11 de abril, ante autoridades comunitarias y abogados de la comunidad indígena, funcionarios de la Sedatu, que sustituye a las funciones de la SRA, se comprometieron a dar celeridad a dicho caso, pero hasta ahora, no hay respuesta.

“Ante esa situación, hacemos un llamado urgente al gobierno federal para que: uno, garantice la condiciones de seguridad para la ejecución de las sentencias expedidas por las instancias judiciales que ordenan la restitución de tierras a la comunidad indígena; y dos, dé un seguimiento puntual a los trabajos del programa Cosomer”, plantean.

La OPD de La Primavera da poder a alcaldes y sociedad



El gobierno estatal sólo tiene cuatro de 19 asientos de la junta de gobierno. La titular de la Semadet confía en que el Congreso del estado apruebe este documento inédito en la historia mexicana de la conservación

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

El nuevo organismo público descentralizado de La Primavera contará con una junta de gobierno integrada por 19 vocales con derecho a voto: cuatro serán del gobierno de Jalisco, tres de dependencia federales, y siete serán presidentes municipales; cinco más serán parte de la sociedad civil, incluidos un vocal de propietarios privados y uno de ejidatarios.

Este esquema es inédito en la historia de la conservación biológica del país por la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Magdalena Ruiz Mejía.

La funcionaria entregó ayer la propuesta para que el organismo sea una ley aprobada por el Congreso del estado, y salió al paso de las crítica que en la víspera le hicieron propietarios de que supuestamente es un modelo impuesto, pues aseguran no fueron consultados.

La estructura del OPD se integra por el fideicomiso, donde se depositan los dineros; la junta de gobierno, que decide cómo aplicarlos, y debajo de esta, una dirección general. Existe además un órgano de vigilancia, un comité científico y un comité ciudadano.

La junta de gobierno tendría sesiones trimestrales, contará con un secretario técnico y un tesorero y toma los acuerdos por mayoría simple.

En cuanto al comité ciudadano, incluye cuatro representantes de universidades o institutos de investigación; ocho representantes de organizaciones de la sociedad civil; un representante de cada uno de los 16 ejidos y cuatro de los propietarios privados del bosque, lo que totaliza hasta 32 miembros.

El OPD se propone denominarlo Organismo para la Administración de La Primavera, y tiene como objetivo “ejercer las atribuciones de administración, manejo y gestión” del bosque, coordinar la participación de los gobiernos municipales y cumplir los objetivos del decreto de protección.

Entre sus atribuciones: recibir recursos, comprar tierras y propiedades, gestionar donativos y aportaciones, celebrar actos jurídicos, ceder y autorizar permisos, servicios y concesiones “con la previa validación del comité científico”.

La junta de gobierno deberá evaluar el desempeño del director general cada dos años y aprobar presupuestos, planes, programas e informes de ejercicio.

Se deberá designar al nuevo director, con la emisión de una convocatoria en diarios, “la junta de gobierno, estando presente 70 por ciento de sus miembros como mínimo, elegirá por mayoría absoluta a tres candidatos de los postulados”, de donde saldrá el director en turno, añade la propuesta.

- ¿Por qué es mejor este OPD que lo que rigió al bosque desde 1995?
- Creo que este mecanismo es la única forma donde se incluyen a la sociedad civil de una manera que no se había dado en la toma de decisiones; también hay que destacar que por primera vez el gobierno del estado toma la responsabilidad del manejo y administración de una manera real, haciendo que todos los órganos jurídicos y todos los organismos de toma de decisiones estén realmente construidos para que se dé una muy buena administración; estamos obligados de manera histórica a darle certeza al área natural protegida, lo vemos como algo prioritario.

miércoles, 5 de junio de 2013

La Primavera tendrá órgano de gobierno único en la república


Entre disensos con propietarios, se pretende dar vida a una nueva institución que dará espacio en la toma de las decisiones a los dueños de los terrenos

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

El organismo público descentralizado (OPD)que se presenta hoy, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, para encargarse del manejo del área de protección de flora y fauna La Primavera, es el primero, en el ámbito nacional, que establece la participación en la toma de decisiones, de forma directa, de representantes de los dueños de los predios boscosos así como de la sociedad civil.

“Ninguna otra área natural protegida tiene esta característica en el país y ese es un cambio muy importante para asegurar la calidad de estos cambios”, dijo Eduardo Santana Castellón, ecólogo y director del Museo de Ciencias Ambientales de la UdeG, quien participó en el trabajo de integración de la propuesta,
que se llevó al menos un año.

Aunque ayer algunos representantes de los dueños cuestionaron el esquema, Santana Castellón recordó que a lo más que se llega en las áreas protegidas nacionales es a establecer consejos consultivos donde se toma pulso y opinión de los ejidatarios y pequeños propietarios; sin embargo, en esta ocasión, los ejidos tienen un representante en la junta de gobierno, los pequeños propietarios otra, y se suman siete presidentes municipales en el espacio de la toma de decisiones.

Hay además un comité ciudadano que es consultivo y suma aún más propietarios: entre los parvifundistas es uno por cada uno de los cuatro sectores del bosque. Los 16 ejidos tienen la libertad de unirse también a ese espacio.

“Hubo, después de la reunión del 15 de mayo, reuniones con los sectores de los ejidatarios y los particulares, donde se convino en que ellos designarían a su representación para el órgano de gobierno y estuvieron de acuerdo, no hay omisiones en el trabajo con ellos y tampoco es una ocurrencia porque llevó mucho tiempo trabajar esto”, señaló un funcionario del estado respecto a las quejas.

Representantes de dueños del bosque difundieron su postura la mañana de ayer. Dijeron que no se les consultó “lo suficiente” para instituir el nuevo modelo de gestión.

En alusión a la reunión del pasado 15 de mayo, presidida por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, “a pesar del objetivo de la reunión y de las puntualizaciones y propuestas de las diez mesas de trabajo en las que participamos los propietarios privados y representantes de ejidos, los organizadores omitieron la integración y validación de las conclusiones con quienes participamos en ese ejercicio de análisis de las propuestas generales que se nos dieron a conocer”, señalaron en conferencia de prensa Alejandro Cárdenas Ochoa y Juan Diego Covarrubias Ruiz.

“Consideramos que se presentó una propuesta vaga y unilateral de la Semadet, sin la suficiente sustentación legal ni técnica. Consistió básicamente en tratar de legalizar el mismo mecanismo de intervención en La Primavera y de administración de recursos públicos, que se ha manejado hasta ahora, sin la transparencia necesaria y sin la participación directa en la toma de decisiones por parte de los dueños de las áreas forestales que forman el Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera”, apuntaron.

“La creación del mecanismo de gobernanza para el Bosque La Primavera no puede ser un proceso unilateral, sino una construcción con la participación activa de los actores sociales. Debe fundamentarse en la unión de las funciones y atribuciones gubernamentales, con los derechos de propiedad y capacidades de manejo de los dueños”, añadieron.

Los dueños y poseedores reclaman más peso en la toma de decisiones. Aunque nunca se les reconoció tanto en la historia mexicana de la conservación.

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Debates

- Crear un organismo público descentralizado es un esquema que da personalidad jurídica al ente que se encarga del gobierno interno de La Primavera; el órgano de gobierno incluye una representación gubernamental, académica, de los dueños y de la sociedad civil que balancea derechos de poseedores y usuarios y obligaciones.

- Los propietarios reclaman mayor peso en la toma de decisiones, pero es también el caso de los ecologistas y los grupos de la sociedad civil que abogan por la conservación del bosque. Esta aparente presencia insuficiente de esos intereses se compensa con la amplia de los presidentes municipales, tanto los que tienen territorio en el bosque, como los usuarios de sus servicios ambientales: Zapopan, Tala, El Arenal, Tlajomulco de Zúñiga, Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá.

- Entre los pendientes para el bosque es definir un programa de manejo del fuego, actualizar el programa de conservación y manejo, definir el cierre del polígono decretado en 1980 y la situación de las más de 500 ha cercenadas por un amparo del ejido Santa Ana Tepetitlán.

Michoacán: la fiebre del “oro verde”, diciembre de 2008


El auge de las huertas de aguacate, del que la entidad aporta un cuarto de la producción mundial, y el ingreso de personajes y dinámicas propias del crimen organizado, destruyen bosques y desarticulan comunidades. La amenaza llegó a Jalisco. ESTA ES UNA SERIE DE TEMAS PUBLICADOS ENTRE DICIEMBRE DE 2008 Y ENERO DE 2009, Y QUE SE RECUPERAN COMO CONTEXTO DE LA CRISIS DE SEGURIDAD MICHOACANA

Agustín del Castillo / Meseta Purépecha. PÚBLICO-MILENIO, aparecido en la edición del 14 de diciembre de 2008

Todos lo conocen como Luis Arias; en las comunidades purépechas se le teme o se le admira. Su persuasión es doble: amenazas o dinero contante y sonante. Su leyenda dice que ha arrasado laderas completas de bosque para instalar huertas de aguacate, pagando de 30 mil a 60 mil pesos por hectárea, y ha reducido a cientos de indígenas a la condición de peones. Es un nombre emblemático dentro de la “fiebre del oro verde” que vive su auge en Michoacán, y comienza a invadir el sur de Jalisco.

Al calor de este movimiento febril, lleno de historias parecidas a las de este colonizador-depredador, están desapareciendo algunos de los macizos forestales más importantes del oeste mexicano.

La alarma se ha encendido entre los ambientalistas: el cambio de uso de suelo forestal para crear huertas tiene un ritmo de 2.5 por ciento anual en la llamada “franja aguacatera”, con 775 mil hectáreas, casi el triple de la tasa de deforestación del país (según la Comisión Nacional Forestal), y contra menos de 1 por ciento que se registra en la generalidad del estado. Son 25 municipios michoacanos con 12.5 por ciento del territorio estatal, donde se concentra este cultivo que le ha dado fama mundial.

La derrama económica del cluster del aguacate supera 8 mil millones de pesos, pero se distribuye de forma desigual. 70 por ciento de las huertas son propiedad privada, y las comunidades indígenas y ejidos apenas reciben migajas de la prosperidad, con la salvedad de algunos núcleos aborígenes que, o bien han decidido bloquear el acceso de los aguacateros a su territorio, y enfrentan en condiciones precarias la intimidación de las armas, el saqueo de su madera y los incendios “espontáneos”, o tienen sus propias huertas y mantienen celosamente su integridad territorial.

“Luis Arias llega a los pueblos y contrata cien, 200 peones y se los lleva a pelar el monte, vendiendo la mayor parte en aserraderos, y enterrando en barrancas otra parte de la madera”, señala un testigo. El paisaje entre Pátzcuaro y Uruapan es revelador de ese modus operandi: manchones de antiguos bosques de pino en laderas pronunciadas, y contiguos, amplios plantíos de matitas del codiciado especimen. El depredador llega, tala, siembra el huerto y revende, a precio de oro. Luego va en busca de nuevos bosques.

“Una hectárea de maíz nos da dos mil pesos. Cómo se puede competir contra lo que da una hectárea de aguacate, de cien mil a 150 mil”, advierte el presidente de bienes comunales de San Francisco Pichátaro, Heriberto Rodríguez Silva.

Para el director de la Comisión Forestal de Michoacán, Alejandro Méndez López, la intromisión del crimen organizado en esta industria es mucho más que un rumor. “En algunos lugares han recibido a balazos a nuestros inspectores que habían recibido una denuncia por cambio de uso de suelo; en 2007, consideramos que 70 por ciento de los incendios tuvieron que ver con el mismo asunto, y en dos o tres ocasiones en la temporada nos corrieron a las brigadas grupos armados, para que no se apagara el fuego…”.

En Michoacán nace un cuarto de la producción mundial del codiciado fruto de aguacate, árbol de la familia de las Lauraceas, cultivado por primera vez en Mesoamérica hace cuatro mil años. Su nombre en náhuatl remite a “agua”, pero también a “testículos”. Y en una historia de deforestación, de ilegalidad y de violencia, ambas imágenes forman una metáfora convincente y, entonces, Luis Arias quizá sea el aguacatero perfecto.



La muerte del bosque
Cada día, el equivalente a un macizo forestal de 53 hectáreas es derribado en la “franja aguacatera”, principalmente para abrir nuevas huertas.

La superficie estimada de huertos es de 86,538 hectáreas, 84 por ciento del total nacional, según cifras de Jaime Navia Antezana, del Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada (www.gira.org.mx).

El especialista contrasta: el aguacate ha sido una bendición para muchos, pero eso no puede ocultar el desastre socioambiental que le da sustento.

En 2006, datos de la Comisión Michoacana del Aguacate (Coma) revelaban que esta industria producía más de 47 mil empleos directos, 70 mil empleos estacionales y 187 mil empleos indirectos permanentes. Los ingresos de ese año se calcularon en 8,141 millones de pesos. 75 por ciento de la producción la consume el mercado nacional (México es el primer consumidor mundial de aguacate), y 25 por ciento se exporta, principalmente a Estados Unidos. Las exportaciones del sector rebasan 400 millones de dólares.

La trascendencia económica es evidente: “De 1989 a 2002, el promedio nacional de precios [de productos del] medio rural se redujo en términos reales en 46 por ciento”, mientras “el valor de la producción nacional de aguacate creció 0.3 por ciento”, destaca el Plan rector sistema nacional aguacate, elaborado por instituciones académicas, la Secretaría de Agricultura federal (Sagarpa) y el gobierno michoacano, en 2005.

Navia Antezana hace un recuento del lado no amable de este auge: de los 25 municipios de la franja, en once se concentra la mayor dinámica del sector. Allí “se ha perdido 30 por ciento de la cobertura forestal [a partir de 1990]”; de las huertas de esos municipios, “46 por ciento se ubica en terrenos que eran de bosque en 1990 y 54 por ciento en terrenos reconvertidos del uso agrícola”.

Quienes han subsidiado este crecimiento anárquico son ejidos y comunidades purépechas desorganizados. Ejidos sin manejo forestal han perdido la mitad de sus tierras desde 1990; vendieron la mayor parte de sus tierras de uso común a terceros y cuentan con estructuras de gobierno interno debilitadas. El proceso comenzó desde antes, con la venta de madera; las mafias de talamontes propiciaban ese desorden.

En cambio, los que supieron pasar a esquemas de manejo lograron fortalecer sus gobiernos internos, establecer de forma ordenada el desarrollo y estructuras internas y democráticas muy fuertes.

El experto señala tres momentos clave de políticas públicas que propiciaron el problema: la reforma al artículo 27 constitucional, que abrió la posibilidad de meter las tierras ejidales y comunales al mercado; la Ley Forestal de 1992, que “liberó” el transporte de la madera y generó “uno de los mayores índices de deforestación y de tala ilegal en todo México”; finalmente, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que eliminó barreras a la exportación del aguacate. Todo eso “aumentó la presión sobre las tierras de bosque”.

Navia Antezana pone en relieve que la enorme importancia de este cluster (“concentración de empresas relacionadas entre sí, en una zona geográfica relativamente definida, de modo de conformar en sí misma un polo productivo especializado con ventajas competitivas”, define la Wikipedia) obliga a mirar hacia las consecuencias políticas y sociales del cambio de uso de suelo en la región.

“Lo que sí parece evidente es que la industria del aguacate se ha convertido en uno más de los poderes fácticos en Michoacán; así lo evidencia su capacidad de establecer miles de hectáreas del fruto sin haber obtenido un solo permiso de cambio de uso de suelo —pues en Michoacán no se permiten desde hace más de 20 años— […] la impunidad de su actuación, a la vista de todos y ante la total displicencia de las autoridades; la apropiación de recursos como el agua que ya está afectando a terceros y, finalmente, la influencia desmedida que ejerce sobre las agencias del estado”, resume en su artículo “El aguacate, éxito económico y destrucción forestal”.

Por si fuera poco, hay indicios de que el desorden puede revertirse contra sus propiciadores. Un análisis de la calidad de suelo y clima de la zona de expansión del aguacate, elaborado por el Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), no sólo reconoce que 20 por ciento de las más de 86 mil ha de huertos se ubican sobre espacios originales de bosque, sino que la expansión desmedida se está dando sobre sitios menos favorables al aguacate por condición de suelos, agua, sombra y clima. 23 por ciento de esta superficie ya es considerada “en condiciones marginales” en cuanto a altitud; 24 por ciento en cuanto a clima, 24 por ciento para temperatura máxima y 40 por ciento para mínima, lo que de forma inevitable significa menor producción y negocio.

¿Quiere decir esto que se ha llegado al tope en la expansión de la frontera aguacatera? La realidad indica lo contrario, y no sólo en Michoacán. Jalisco se ha sumado de forma entusiasta a la fiebre del “oro verde”.

La Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) reconoce un irresistible crecimiento de huertas en la región sur; “en el año 2006 se tenían reportadas tanto de riego como de temporal una superficie de 1,574 hectáreas, de las cuales 768.13 se encontraban en producción, con un rendimiento promedio de 8.25 toneladas por hectárea […] para 2007, aumentó a 2,167 hectáreas, con una superficie en producción de 1,025.76 y un rendimiento de 9.95 toneladas por hectárea”.

La junta local de sanidad de Zapotlán el Grande informa que “a la fecha se tienen anexadas a esta junta aproximadamente dos mil hectáreas, y sin afiliarse un promedio de 500 hectáreas más en desarrollo”.

La Seder dice que no hay daño ambiental que reportar, pues se están ocupando viejos terrenos de cultivo. Pero un paseo por los bosques del Nevado de Colima o por la sierra del Tigre no permite tanto optimismo: el patrón de las mafias michoacanas está en vías de reproducción.



La defensa de las comunidades
San Francisco Pichátaro es una comunidad indígena cercana al lago de Pátzcuaro que se ha tomado en serio el deber de resistir el boom aguacatero.

“El asunto del aguacate empezó a subir, aparte se metió el Procede [Programa de Certificación de Derechos Ejidales], y a todos los ejidos de la cuenca los partió, en lo que es tierra de uso común y de bosque […] Todo el mundo empezó a vender, muchísimo aguacate se está metiendo y se está acabando el bosque, el agua […] Nosotros decidimos no permitirlo, Procede no pudo seguir para permitir la privatización de las tierras y hemos enfrentado a los invasores”, explica el presidente de bienes comunales, Heriberto Rodríguez Silva.

“Tenemos esa presión fuertísima; estamos aguantando como área de contención, aquí no hay aguacate, pero nos están presionando, ¿cuánto quieren por sus tierras?; son hasta cien mil pesos por una hectárea, y así quién no le va a entrar. Y para una huerta establecida, el valor es de 700 mil hasta un millón de pesos”.

—¿Cuál es el daño que está generando el aguacate?

—Primero, un comunero normal no puede acceder a tener una huerta de aguacate, porque es muy costosa; entonces pueden entrar capitales de muy dudosa procedencia y le dicen: “Véndeme la tierra y yo me encargo ahí de hacerlo”. Entonces viene la división de las comunidades; en Tingambato, por ejemplo, ya todos los indígenas son peones, perdieron todo, y nosotros aprendemos de esas experiencias […] aquí hubo una asamblea y no se permitió la entrada del Procede, y sin embargo, para delimitar las tierras, nos obligaron a que se hiciera el padrón de comuneros…”.

Entonces, las instituciones agrarias han logrado penetrar y, como en otros negocios, suelen ser cabeza de playa para mover a comuneros a que vendan, añade el comisariado. Pichátaro también enfrenta, con muy poco respaldo gubernamental, a los madereros ilegales, muchos de los cuales traen acuerdos con los aguacateros para provocar incendios y saquear potreros que faciliten su cambio a huertas.

“Hay mafias armadas […] llegan de noche y se llevan la madera, no hay forma de enfrentarlos porque andan muy bien armados, es muy difícil; nosotros negociamos de comunidad a comunidad para que no vengan, pero siempre se nos brincan”. Rodríguez Silva estima que la ausencia gubernamental obligará a que las comunidades se provean solas su seguridad, organizadas. Un eco de las autodefensas rurales que, en tiempos de violencia revolucionaria, tuvieron auge en muchos rincones del país, con todo y excesos.



Milagros michoacanos
El 18 de noviembre pasado, el presidente Felipe Calderón Hinojosa visitó Uruapan, para presidir la toma de protesta de la nueva mesa directiva de la Asociación de Productores Empacadores y Exportadores de Aguacates de Michoacán, y resaltar la gran prioridad para su gobierno de fortalecer la industria aguacatera en tiempos de crisis financiera mundial, dada la gran derrama económica que se genera.

De hecho, el fenómeno económico en torno al “oro verde” tiene rostros insospechados.

La Familia, agrupación criminal más extendida por Michoacán, entendió desde el principio el valor fabuloso de un negocio legal al alza y con bendición gubernamental. No solamente muchos narcotraficantes se presentan socialmente como “aguacateros” (y el cártel también es conocido como “del Aguacate”), no sólo invierten en el sector para “blanquear” sus recursos ilícitos, sino que operan vendiendo protección.

La Familia trabaja en 87 de los 113 municipios de Michoacán, y controla cabarets, negocios de máquinas tragamonedas, la piratería, gran parte de más de dos mil puntos de venta de droga, cientos de aserraderos ilegales (se estima hay unos tres mil), venta de armas, presidencias municipales (nombran a los jefes de la policía y tesoreros). La protección a los negocios establecidos es obligatoria; los aguacateros, si no son parte de la mafia, pagan de 2,500 a 25 mil dólares de cuota. Sólo algunas comunidades indígenas resisten. Hoy se habla de la irrupción del grupo criminal rival del cártel michoacano: Los Zetas, que también van por el negocio de protección de otros ilegales, como los talamontes.

Un oasis entre esos espacios de ingobernabilidad lo forma la comunidad indígena Nuevo San Juan Parangaricutiro, cerca de Uruapan. Su historia pudo ser tan desastrosa como otros vecinos purépechas, pero los aborígenes han levantado uno de los negocios agrícolas y forestales de régimen comunal más impresionantes del país.

“Dicen que nosotros somos indígenas mejorados”, señala irónico Daniel Aguilar Saldaña, director técnico de las empresas comunitarias.

Añade: “Lo que pasa es que lo que aquí la comunidad ha hecho que esto funcione y que todo esto siga adelante; es por la unión que se tiene […] muchas comunidades que nos visitan son más ricas en bosque que nosotros, pero lo que no funciona es que no se ponen de acuerdo, que haya grupos de choque, grupos de esto y esto, y la gente de fuera, que se mete para ganarles...”.

Hay una democracia interna sólida y viva. La envidia es un tema que se ha aprendido a procesar. La competencia por los cargos es fuerte, pero siempre es calificada en términos de calidad.

—¿El fortalecimiento de una democracia interna ha sido la clave? Eligen todos, todos discuten, todos tienen derechos y los ejercen…

—Así es—, contesta convencido. —Tan lo es, que desde 1983, en que comenzó la historia de las empresas, cada primer domingo de mes se hace asamblea con los comuneros, y no se ha interrumpido nunca una junta; la asamblea pide cuentas de todo, exige que se le diga qué pasa, y la gente responsable tiene qué responder […] Si nosotros [como directivos] queremos que se haga un proyecto y la asamblea dice que no, no se hace, ellos mandan.

El control del bosque y sus recursos es total. Poseen huertos de aguacate, aserradero, mueblería, almacén de resina, desarrollo ecoturístico y hasta una estación de televisión por cable. Los incendios son mínimos y el saqueo de madera, casi nulo. Las empresas comunales generan 800 empleos directos en la zona, son el principal empleador regional.

Y todo esto, en medio de la fiebre del “oro verde”, que amenaza con reventar la riqueza de los bosques michoacanos, las montañas sagradas de la raza purépecha guiada por el dios Tirepeme Curicaueri, y de la república de los indios evangelizados por la dulce férula de Tata Vasco de Quiroga.

Michoacán no es Sicilia, pero cada día se le parece más. Michoacán no es Nuevo San Juan, pero algunos quieren reproducir su milagro.


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Sistema verde

Existen 27 estados de la república que producen aguacate, aunque Michoacán tiene 84 por ciento de la superficie y 90 por ciento del valor de la producción

En Michoacán hay 25 municipios con plantaciones. Entre éstos, Tangancícuaro, Hidalgo y Chilchota, con hasta 50 hectáreas (ha) de huertas cada uno; Acuitzio, Cotija, Apatzingán, Taretan, Madero, Tuxpan y Tocumbo, con hasta 751 ha; Ziracuaretiro, Zitácuaro, Turicato y Tangamandapio, hasta 1,450 ha; Salvador Escalante, Nuevo Parangaricutiro, Tingüindín y Tingambato, hasta seis mil ha; Tancítaro, Uruapan, Tacámbaro, Ario y Peribán, con entre siete mil y 18 mil ha

Al lado de Michoacán, otros estados aguacateros son Nayarit, Morelos, México y Puebla, que juntan cerca de 10 por ciento de la superficie de huertas en el país. Estados emergentes son Jalisco, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

El cultivo moderno del aguacate en Michoacán data del decenio de 1950; su primer auge se da en los años setenta en la zona de los municipios de Peribán-Tancítaro, con 23 mil hectáreas; a partir de 1985, pero sobre todo 1995, se dio la explosión de huertas que florece hasta ahora



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Nuevo San Juan, el oasis purépecha



Caso notable de éxito social y económico en las regiones indias de México lo constituye esta comunidad que creció entre dos volcanes muertos: el milenario pico de Tancítaro y el legendario Paricutín

Agustín del Castillo / Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán. PÚBLICO-MILENIO, 23 de diciembre de 2008

La mayoría de las comunidades indias y mestizas de la meseta Purépecha sobreviven entre los despojos legales o ilegales de sus tierras, las mafias más o menos violentas que saquean sus bosques, y una falta general de oportunidades que incentiva la emigración. Pero la historia exitosa de los indígenas de Nuevo San Juan Parangaricutiro, a 30 kilómetros de Uruapan, demuestra que en algún momento de la vida, la fatalidad es una elección.

Ellos así lo ven. En 1980, tras décadas de discreto nivel económico y de entregar sus riquezas a contratistas inescrupulosos, optaron por el camino de la apropiación de sus recursos: cuidar la floresta de los talamontes clandestinos, recuperar sus tierras primordiales, generar una institucionalidad fuerte y democrática al interior de la asamblea, y seguir la ruta de las empresas bien gestionadas.

Hoy sostienen dos decenas de fábricas, procesadoras y proyectos que aportan más de 800 empleos directos y 500 indirectos y son el soporte económico del municipio de Nuevo Parangaricutiro, el cual ha superado las barreras de marginación endémica que padecen las demarcaciones indígenas nacionales, pues se ubica entre los 600 municipios más desarrollados del país (en un universo de 2,400).

Las cifras económicas de esta comunidad-empresa se guardan celosamente para las asambleas de comuneros. No obstante, se trata de millones de pesos anuales que se reinvierten para crecer y dar certidumbre de largo plazo a los puestos de trabajo. “La idea es que a ningún comunero ni a su familia le falte trabajo, es lo más importante que consideramos”, señala Daniel Aguilar Saldaña, director técnico de las empresas.

Hay además un elevado potencial de crecimiento de ingresos: una investigación del Instituto Nacional de Ecología (INE) reveló lo que se podría cobrar por la captura de carbono en sus bosques —la gran apuesta global contra el cambio climático—, al menos nueve millones de dólares, considerando un promedio de captura de 100 toneladas de carbono por hectárea.

Nuevo San Juan es un pueblo que nació contiguo a un volcán apagado, el Tancítaro, y sobrevivió a la furia del último volcán que ha nacido en este planeta, el legendario Paricutín, de 1943. Y después no fue invadido por conquistadores caucásicos ni recolonizado por extraterrestres; simplemente, sus moradores eligieron evolucionar social, económica y ambientalmente para romper con los fatalismos culturales, la abulia y el destino de víctima que dictan los prejuicios sobre lo indígena.

Hoy habitan industriosos en medio de la locura especulativa y criminal desatada en la meseta por el auge del aguacate, ese oro verde que no a todos corrompe.



El difícil aprendizaje
En realidad no sabían cómo, confiesa el presidente de bienes comunales, Alejandro Anguiano Contreras.

“En todas estas comunidades todo el tiempo se vivió en lo forestal, y al cerrar en cada año, siempre había pérdidas; fue en 1980 cuando nos comenzamos a organizar, fueron varias reuniones, pero no sabíamos cómo empezar ni el gobierno creía en comunidades como ésta. Nos costó mucho trabajo, pero arrancamos”.

El primer aserradero se montó en 1983. “Nada más un aserradero y alrededor de 60 gentes; como cualquier otra comunidad, inicia sin capital; quisimos sacar un crédito y una comunidad no es sujeto de crédito, entonces hay una empresa que ahora es Crisoba, y nos presta para financiar y abastecerlos; así, comenzamos a producir tabla y a repartir utilidades […] en el segundo año se determina por asamblea que ya no se van a repartir utilidades, porque les tocó equis cantidad a cada comunero, y son 1,254 comuneros; fue poco y nomás sirvió para que se emborracharan o hicieran cosas que no tenían ningún beneficio…”, añade Daniel Aguilar.

¿Qué se hace desde entonces? Reinvertir todo, “de tal forma que cuando se presenta a dar resultados el gerente, cada año, con la utilidad que se genera se presentan propuestas de proyecto, y la asamblea determina cuál es el más viable, y se empieza a trabajar en el siguiente año”.

De este modo, se pasó del aserradero a las estufas, para industrializar lo mejor posible la madera. Hoy se cuenta con estufas de secado, con una fábrica de muebles (que surte de forma preferencial a una gran mueblera mexicana), con una astilladora “que se encarga de procesar todo el desperdicio: va moliendo y haciendo el material que es celulosa, que es lo que mandamos a [la empresa productora de cuadernos] Scribe”; existe un taller que hace los empaques; “también se hizo una inversión en una mezcladora de resina”, lo cual ayuda a que la gente visite el monte y este se encuentre vigilado constantemente, con dos ganancias adicionales: evitar la presencia de talamontes y hacer más eficiente el combate de incendios, advierte el director técnico. Todo el proceso forestal tiene certificación de calidad ambiental y social, y se puede vender en los mercados más desarrollados del mundo.

Pero “no todo lo que se haga o vaya a generar va a ser del bosque; se trata de ir abriendo nuevas cosas; tenemos una empresa de huertas comunales [que cultiva y cosecha exitosamente cientos de hectáreas de aguacate]; tenemos otra empresa que se llama Bodega de Fertilizantes; tenemos otra que es una tienda comunal, que ayuda a equilibrar precios en el mercado local, e incluso tenemos una empresa de transporte y una que da el servicio de televisión por cable”. Sin faltar una embotelladora de agua de manantial y una importante zona ecoturística en un claro de bosque desde el que se observa la silueta del volcán.

Otro aspecto de la gestión empresarial, dice por su parte el gerente de las empresas, Martín Antolino Echeverría, es cuidar la capacitación constante del personal, la adquisición de nuevas tecnologías, un abastecimiento adecuado de insumos, la promoción y comercialización de las mercancías, el mantenimiento del equipo y una contabilidad rigurosa.

Paralelamente al proceso económico, parte de las utilidades se reinvierten en un aspecto medular para este éxito: la seguridad en la tenencia de la tierra. Creada como comunidad según las Leyes de Indias vigentes en el imperio español, en 1715, el decreto de restitución se gestionó desde los años cuarenta del siglo XX, hasta su emisión, por el presidente Carlos Salinas de Gortari, en 1991. La superficie original supera 18 mil ha, pero quedaron alrededor de cuatro mil ha pendientes, en litigios que han sostenido, de forma mayormente exitosa, desde ese momento “refundador”.

El orgullo de Nuevo San Juan Parangaricutiro es que en más de 25 años, jamás han dejado de reunirse en su asamblea mensual. La perla de su vida democrática es que nunca se ha hecho un proyecto que no sea apoyado por la mayoría de votantes. Pero esta próspera república de indios está vedada a los forasteros, con el mismo espíritu con que las prohijó el humanismo de tata Vasco de Quiroga en el siglo XVI: gerentes, asesores técnicos, operadores, burocracia en general de la comunidad, son cargos sólo para sus miembros y descendientes.

No es el viejo y cristiano miedo a la corrupción exterior, fantasma que perseguía a los franciscanos evangelizadores, sino un acotamiento racional de los alcances del proyecto económico y cultural que es Nuevo San Juan, aferrado a seguir siendo purépecha, pero no por eso, menos moderno. Sus productos se pueden encontrar en Nueva York o París como en Guadalajara o Mérida; sus paisanos se mueven libremente entre México y Estados Unidos. Su prestigio llena de perplejidad o asombro a otros comuneros o ejidatarios visitantes, que no han sabido o podido acceder al misterio difícil de elegir.

El pueblo que se negó a morir
El 20 de febrero de 1943 nació el volcán Paricutín y obligó al poblado de San Juan a ser evacuado mientras la lava inundaba más de tres siglos de asentamiento. Otros hubieran decidido —siempre se abre la oportunidad de optar por algo— emigrar y desaparecer en las grandes corrientes de la historia, pero como dice la propaganda del Ayuntamiento de Nuevo Parangaricutiro, este pueblo “se negó a morir”.

Hoy prospera entre dos volcanes extintos y en medio de una marea desconcertante de cambio y violencia que inunda los bosques de la meseta purépecha, hogar de otros indios, que parecen condenados.

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Los antecedentes de la comunidad purépecha más próspera

Nuevo San Juan Parangaricutiro pertenece a la cultura purépecha, propia del oeste de Michoacán. Cuenta con títulos virreinales desde 1715, y vivió en 1943 la erupción del volcán Paricutín, que sepultó el poblado principal; la lava se detuvo a las puertas de la iglesia

En 1944, la población decide trasladarse 30 kilómetros al sureste, y fundar Nuevo San Juan Parangaricutiro. Crece desde entonces la fama del Señor de los Milagros, que hoy atrae 1.5 millones de peregrinos al año

La comunidad cuenta con 18,138.25 hectáreas, bajo los siguientes usos: arbolado bajo cultivo silvícola, 10,464 ha; arbolado de protección a manantiales y áreas de recreación, 578 ha; plantaciones forestales, 1,100 ha; plantaciones agrícolas, 3,162 ha; plantaciones frutícolas, 1,208 ha; con lava volcánica, 1,626 ha

Madera. Los volúmenes de aprovechamiento en la comunidad promedian 80 mil m3 anuales de pino, encino, oyamel y otras hojosas; se obtiene también resina de pino en mil toneladas por año

Aspectos jurídicos: la titulación de bienes comunales se obtuvo en 1991. Son 1,229 comuneros censados

Antecedentes a la organización comunal (que fue a partir de 1980): aprovechamiento irracional del bosque por particulares, sin ninguna inversión al mismo; escasa o nula participación de los comuneros; la comunidad indígena no recibía ingresos por el corte de madera; imperaba el caciquismo de los pequeños propietarios; las actividades principales de los comuneros eran la resinación, el cultivo de maíz para autoconsumo y la confección de artesanías. Se iniciaba el cultivo de frutales

A finales de los años setenta se participó en la creación de la Unión de los ejidos y comunidades de la meseta tarasca, sin resultados satisfactorios. Por medio de esa organización se obtuvo la primera autorización de aprovechamiento forestal en 1979. En 1981 la comunidad indígena inició el aprovechamiento forestal con personal contratado, “pero poco a poco los comuneros se fueron capacitando”, lo cual ha dejado esos oficios en sus manos

En 1983 se estableció un primer aserradero, marcando el inicio del proceso organizativo. A partir de 1983 se tienen asambleas mensuales ordinarias y se ha integrado un consejo comunal, compuesto por 80 comuneros, que sesiona mensualmente, revisa los estados de las empresas y toma las decisiones más importantes

Fuente: comunidad indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro

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Fortalecer pueblos, arma contra mafias

Comunidades indígenas bien integradas frenan la devastación provocada por los aguacateros y los taladores; director de Cofom alerta por la penetración del fenómeno en el sur de Jalisco

Agustín del Castillo/ Morelia, Michoacán. PÚBLICO-MILENIO. Publicado el 25 de diciembre de 2008

Los ejemplos son escasos pero claros: comunidades indígenas y ejidos bien integrados son la mejor arma para afrontar la devastación que están padeciendo los bosques de la meseta purépecha, tanto por las mafias de talamontes como por las que deforestan para establecer huertos de aguacate, advierte el director de la Comisión Forestal de Michoacán, Alejandro Méndez López.

“Creo que hacen falta más recursos para ellos, porque en el nivel nacional, 80 por ciento de los bosques son de ejidos y comunidades, y no ves que se canalicen recursos en esa misma proporción; aquí en Michoacán ha habido esfuerzos para que se organicen las comunidades, pues se trata de un prerrequisito para echar a andar esquemas de sustentabilidad […] cuando una comunidad se decide a hacer las cosas bien, no entra el aguacate, no entra el cambio de uso de suelo, se conserva más tiempo el territorio, se cuida el bosque, disminuyen los incendios y otros daños, incluso sin la necesidad del aparato del Estado, y eso propicia que mantengan su cohesión interna y sean esquemas de vida viables, en donde hay oportunidades de prosperidad”, pone en relieve.

En cambio, “un bosque fragmentado es un bosque que tiende a desaparecer, y si las comunidades se deciden a cuidarlos […] la realidad es que ahora se están desintegrando por [e]migración, por falta de oportunidades, depredación: se acaban los recursos, se venden las parcelas y se consolida el cambio de uso de suelo”.

Y no obstante el enorme problema ambiental y social, el financiamiento público es bajo y en contrapartida, los estímulos de los gestores del cambio de uso de suelo suelen ser cifras de dinero con muchos ceros.

“Hay comunidades que iban avanzando muy bien y de repente se caen porque hay un cambio de autoridades, o de repente una iba muy mal y un cambio de autoridades ha propiciado que se mejore […] es una realidad muy dinámica, hay una comunidad organizada que ya recibe beneficios como es Nuevo San Juan, donde hay empleo y buena condiciones de vida para sus miembros, y así es más difícil que se caigan los procesos; hay otras comunidades que vemos endebles, y son las que debemos apuntalar con apoyos para que de alguna manera ayudemos a que brinquen este proceso por el cual pasó San Juan”.

Méndez López precisa que de las más de 40 mil hectáreas anuales que se deforestan en ese estado, la mayor parte se debe a la ganadería extensiva, sobre todo en las selvas secas de la costa, mal apreciadas. “El aguacate se da en la parte del bosque mesófilo, bosque de pino encino, y es como más evidente y doloroso porque además le pega a la parte del agua, ya hay varias comunidades que acusan falta de agua por esta deforestación”.

—¿Por sus características ambientales, el aguacate es menos que un bosque?

—El aguacate ayuda menos a infiltrar el agua que el pino o el encino, y además consume mucha agua; al deforestar se pierde la humedad, ha cambiando el clima en la zona de Uruapan porque se consume más agua de la que se infiltra…

—¿Tampoco es eficiente en captura de carbono?

—No, ni tampoco es muy eficiente para retener suelos; y sin olvidar el abuso de agroquímicos, que va aparejado, y que como todo monocultivo lleva sus consecuencias.

A su juicio, el aguacate puede prosperar, pero en equilibrio con el bosque, no a su costa. Y alerta sobre la expansión del lado negativo de este boom en los bosques del sur de Jalisco. “Cuando pasamos por Mazamitla o por Tamazula ya se observa que por ahí se está desplazando el aguacate, y Jalisco tiene varias zonas con aptitud y sabemos que se está yendo planta de aquí, igual que a Chiapas, a Oaxaca, a Los Chimalapas, a La Lacandona, zonas en riesgo por su alta diversidad biológica…”.

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Pichátaro, república de indios

Agustín del Castillo / Pichátaro, Michoacán. PÚBLICO-MILENIO, publicado el 3 de enero de 2009

Al mediodía, el pueblo se ha inundado de bullicio mientras el sol alcanza su cenit. Los vehículos se amontonan lentos por la estrecha carretera atiborrada de talleres y carpinterías, un total de 302, acera frente a acera, calle tras calle y esquina contra esquina, herencia artesanal centenaria. Las mujeres gritan por ofrecer el mejor precio y los viandantes se apretujan entre los muebles de pino, olorosos a barniz y resina. El ruido oculta la noble alzada de un templo de cantera y adobe frente a la plaza, mudo con su famoso Cristo de maíz y sangre, y su no menos célebre santo italiano, patrono de estas tierras frías.

Es San Francisco Pichátaro, antiguo poblado de la colonial República de Indios de Pátzcuaro, que hoy pretende erigirse en algo más que un símbolo de resistencia a los embates de la globalización.

Se trata de enfrentar muchas plagas modernas: las mafias de talamontes y de aguacateros que destruyen los bosques de la Meseta Purépecha; la entrada masiva de productos genéticamente modificados que alteran o destruyen las milenarias especies vegetales aborígenes; la endémica pobreza social; la orfandad de ciencia y conocimientos que hunde en la ignorancia a las comunidades tradicionales; la pérdida de la autonomía alimentaria y económica; los bienes raíces —la tierra como mercancía— que atacan la noción de la tierra sagrada y primordial.

Por eso, este pueblo pretende estar realizando en santa paz una revolución —revolución como cambio, pero también como “vuelta a los orígenes”—, que lo ha llevado a declararse “primer territorio purhépecha [sic] libre de maíz transgénico”; que lo apura a despreciar el atractivo mercado del aguacate, con sus tentaciones millonarias y sus amenazas criminales; que lo urge a ensayar por el camino del autogobierno ante la erosión del Estado y el incumplimiento en sus deberes de procurar seguridad y justicia; que, aferrado a su voluntad comunal, expulsa a las instituciones agrarias, que suelen ser portadoras de los intereses extraños que fragmentaron y destruyeron a muchos de sus vecinos en la región.

Este diagnóstico y plan de acción es compartido por todos los liderazgos del pueblo, advierte Heriberto Rodríguez Silva, presidente del comisariado de bienes comunales.

El problema de los bosques, añade, se ha agudizado por un decreto que data de 1937 y prohíbe cualquier manejo forestal en la zona que alimenta el lago de Pátzcuaro. “Es una ley muy absurda; está prohibido el manejo, y las plagas han crecido de forma tremenda […] La comunidad pertenece a la cuenca, pero jamás se le ha tomado en cuenta para la toma de decisiones en el manejo del área, y no se puede olvidar que aquí se tiene una zona muy importante de captación de agua”, lo secunda Jaime Navia Lezama, asesor comunitario y miembro de Gira, AC (Grupo interdisciplinario de tecnología Rural Apropiada).

“Ese decreto dice que no se debe modificar el bosque nativo, no dice que no puede manejar, pero las autoridades prefieren una prohibición total […] La prohibición nos trae un problema más difícil, porque el asunto del aguacate empezó a subir y con él las plagas, pero esos candados impidieron un manejo forestal; aparte se metió el Procede [Programa de Certificación de Derechos Ejidales, de la Secretaría de la Reforma Agraria] y a todos los ejidos de la cuenca los partió en lo que es tierras de uso común, de bosque; todo el mundo empezó a vender y hay cerca de 400 hectáreas de aguacate arriba de la cuenca […]”, amplía el presidente comunal.

La tentación del aguacate es enorme, pues se ofrecen miles de pesos a campesinos habituados a una vida de estrecheces. Esto es una manzana de la discordia, y demanda esfuerzos extra para contenerlo, pero se ha logrado hasta ahora, señala aliviado.

Pero el aguacate es uno. Hay más. “Tenemos problemas por la entrada de cultivos de maíz transgénicos, y nos ha obligado a un trabajo más fuerte con los jóvenes […] Vamos a prepararnos para enfrentar la mundialización, pero es esencial acordar cómo hacerlo, de qué herramientas requerimos, cómo vamos a recuperar los ecosistemas […] el modo en que van debilitando las estructuras comunitarias, nosotros pensamos que son políticas de Estado muy fuertes…”.

La certificación de zona libre de transgénicos fue un paso. El siguiente, recuperar la sostenibilidad alimentaria. También, proteger los bienes bajo riesgo, como los bosques. “Queremos meter la policía comunitaria, pero es muy difícil por la cuestión de las leyes, cómo las armamos, cómo les damos autoridad […] Invitamos a la Profepa [Procuraduría Federal de Protección al Ambiente], pero las sanciones que pone no son suficientes, va a ser difícil que ellos puedan tener el control […] La señal que nos manda el Estado es: ‘Si quieren acabarse el bosque, es bronca de ustedes’. Eso ya lo entendimos…”.

Mientras esos acuerdos avanzan, en Pichátaro se preocuparon por dar espacio al conocimiento. Donaron terrenos para construir un campus de la Universidad Intercultural Indígena, “para que los jóvenes de nuestros pueblos puedan educarse; ya está operando, son cerca de 300 estudiantes, hay cuatro carreras y empezó una maestría, pero van a empezar a construirse aquí las instalaciones y eso nos va a permitir enfocar las cosas de manera distinta, como el desarrollo sustentable […] Creemos que se pueden buscar mejores formas de aprovechar los bosques, nuevas formas de supervivencia a toda esta política que nos afecta”.

San Francisco Pichátaro tiene una economía eficiente, porque sus talleres artesanales dan casi pleno empleo, si bien con ingresos modestos. La migración es muy baja (apenas 2 por ciento), y la propiedad se ha conservado en sus manos originarias. “Aquí el acuerdo comunal es que ningún terreno, ninguna parcela se le vende a gente de fuera”. No obstante, se viven tiempos de estancamiento económico, y eso es un riesgo.

Aarón Gallardo detalla el escenario económico de su pueblo. 302 talleres de artesanía y muebles de madera que generan 1,200 empleos directos e indirectos; trece razas de maíz en sus parcelas, pero, en general, más de cien especies de diversas plantas cultivadas; más de cinco mil hectáreas de bosque donde se aprovecha madera, se recolectan hongos y plantas medicinales y se comienzan a aprovechar para ecoturismo.

Esta zona que hoy diseña una respuesta al desafío global es paradójicamente hija de la primera globalización del mundo, que fue la dispersión humana, conquista y colonización europea en América y Asia, en el siglo XVI. De ese proceso recibió su fe cristiana, su organización jurídica y sus primeros atisbos de ciencia objetiva.

San Francisco Pichátaro lucha por no ser desarticulado. El letrero enclavado al borde de la ruidosa plaza, casi sobre la carretera, que certifica su liberación de uno de los negocios emblemáticos de la nueva globalización —la industria alimentaria—, fue instalado para que ningún viajero olvide que los hombres a veces se aferran a construir una historia propia.

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La comunidad

San Francisco Pichátaro forma parte de la cuenca del lago de Pátzcuaro; fue fundada por las tribus purépechas y formó, en la Colonia, parte de la república de indios de Pátzcuaro, el enclave aborigen más privilegiado del país, junto con la república de Tlaxcala, por los méritos que reconocieron los españoles a su contribución a la conquista de otras regiones

Actualmente es una comunidad indígena cuya máxima autoridad es una asamblea, de la que derivan la representación de bienes comunales y la autoridad de gobierno comunal, lo cual deriva en comités y en representantes de los siete barrios: San Miguel, San Francisco, Santos Reyes, San Bartolo I, San Bartolo II, Santo Tomás I y Santo Tomás II

Maíces criollos presentes en la comunidad son el blanco o ranchero, el blanco o chiquito, el blanco o pichátaro, el maíz de Chalco, en maíz cónico, el maíz “ocho surcos”, el maíz “pinto”, cinco variedades de maíz de Ekuaro, maíz amarillo Cuitzalan, maíz rosado y maíz amarillo “Toluqueño”.

Destruir los bosques va a dañar el aguacate

El cambio de uso de suelo forestal que ha generado el auge del aguacate será, a la larga, causa de baja productividad y pérdida de sostenibilidad del hoy próspero negocio con el “oro verde”, señala el artículo “Caracterización edafoclimática del área productora de aguacate en Michoacán, México”.

Elaborado por cinco expertos del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), el análisis advierte sobre lo contraproducente de eliminar ecosistemas originales con la expansión del cultivo, del cual Michoacán aporta un cuarto de la producción mundial (Público, 14 de diciembre de 2008).

La razón esencial: la franja aguacatera se está saliendo de la zona más óptima, lo cual lleva a rendimientos decrecientes y, a la larga, a daños ambientales que harán perder sostenibilidad al negocio.

“Las condiciones agroambientales prevalecientes en la región productora de aguacate de Michoacán propician un desarrollo del árbol y la obtención de fruto en prácticamente todo el año, así como un traslape continuo de las diferentes fases fenológicas del árbol […] Sin embargo, factores incontrolables del clima como heladas, granizo y vientos fuertes pueden ser tan limitantes de la producción como factores de manejo controlables tan importantes como la nutrición y el agua. De manera paralela, la presencia de plagas está ligada directamente a factores climáticos como precipitación, humedad relativa, temperatura y a la fenología del cultivo”.

En conjunto, “estos factores bióticos y abióticos reducen la productividad de los huertos y la calidad del fruto, manteniendo los estándares actuales de productividad en un promedio de 9.8 ton [toneladas] de fruto por hectárea y alrededor de 26 por ciento en la calidad para los mercados foráneos internacionales”.

Si esto ya es un problema en las zonas más propicias, al invadirse espacios forestales, las condiciones se harán más extremas y riesgosas para el negocio.

¿Esto qué significa? “Con respecto a la variable altitud, en Michoacán, 77 por ciento de la superficie aguacatera se distribuye en condiciones óptimas y 23 por ciento en marginales. En cuanto a la temperatura máxima, 76 por ciento se encuentra en lo óptimo y 24 por ciento es marginal. Para la temperatura mínima, los porcentajes son de 60 y 40 por ciento, respectivamente”.

En relación con el “periodo libre de heladas, 17 por ciento de la superficie corresponde al menor peligro, pues en este estrato sólo existen cinco días en el año que se pudiera presentar este siniestro. En 9 por ciento de la superficie, correspondiente al estrato menos de 260 días, es donde el riego es más latente, pues en el año existen 115 días en que pudiera ocurrir la helada”.

En cuanto a la acumulación de unidades calor, “el cultivo requiere 2,200 unidades anuales, y en 24 por ciento de la superficie se tienen acumulaciones menores de dos mil; lo que significa que en esas áreas la planta de aguacate escasamente cubre el aporte energético requerido para completar sus fases fenológicas”. El análisis completo se puede consultar en www.inifap.gob.
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