jueves, 22 de agosto de 2013

Tierra Mojada, fantasma que se niegan a enterrar


Una escritura que debió cancelarse en 1937 ampara negocios inmobiliarios a la sombra del poder. La presa El Ahogado era base del proyecto de Tierra Mojada, hoy frustrado

Agustín del Castillo / Guadalajara. MILENIO JALISCO

Las escrituras con que se quiso fundamentar el desarrollo inmobiliario de Tierra Mojada, impulsado por el gobierno de Francisco Ramírez Acuña, ya eran un fantasma cuando el ejido El Zapote logró hacer valer su mejor derecho sobre la superficie contigua a la presa El Ahogado, al oriente de la ciudad, en 2007.
Pero aún hoy, a 76 años de que el presidente Lázaro Cárdenas estableció la ilegalidad de lo que era un latifundio simulado, el Registro Público de la Propiedad (RPP) mantiene “vivo” ese ser vaporoso que el sentido común dicta que no puede existir porque en lógica, nadie puede ser y no ser al mismo tiempo, y en física, nadie puede ocupar un espacio que otro ya ocupa.

Pero si se sigue la metáfora, esto parece más bien una historia cuántica: como en universos paralelos, un mismo terreno es de tenencia ejidal porque el presidente de la república determinó la ampliación del núcleo agrario de El Zapote del Valle según publicación del Diario Oficial de la Federación del 19 de octubre de 1937, sobre 562 hectáreas de la hacienda Santa Cruz del Valle; y por el otro lado, es de tenencia privada porque según consta en el RPP, la superficie se mantuvo con transmisiones de dominio y operaciones de compraventa privadas, si bien, exclusivamente en el papel, pues los campesinos han mantenido la posesión de la superficie al menos desde hace casi ocho décadas.

¿Simple error involuntario? Las evidencias indican que no. El RPP, los notarios públicos y los gobiernos locales consintieron el estado de cosas. El dato más escandaloso es haber permitido que un terreno de por sí carente de sustento legal, de 119 ha, creciera, por medio de una “aclaración” (en la que, por cierto, no hubo diligencias de apeo y deslinde), a casi 507 ha, según la escritura 17,779, emitida por el notario público número siete de Zapopan, Heriberto Rojas Mora, cuya boleta registral en el RPP está fechada el 4 de agosto de 2004.

Por si fuera poco, este hecho jurídico se mantuvo oculto a la defensa de los ejidatarios durante al menos cuatro años, la evidencia documental es el cuaderno de pruebas del juicio de amparo 1037/2006 que interpusieron los representantes de El Zapote, del que este diario posee copia. Allí, con fecha 6 de marzo de 2008, el entonces director jurídico y de comercio del RPP, Evaristo Mares Navarro, firma un amplio informe solicitado por la delegación de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) sobre el historial de escrituras “relativas a la totalidad de las fracciones de terreno rústico conocido con el nombre de La Porquera o El Zartejo y El Tejón, que forman parte de la ex hacienda de Santa Cruz del Valle”.

En el recuento registral exhaustivo nunca se hace referencia a la afectación por el decreto presidencial de 1937 a favor de El Zapote, acción agraria que debía registrarse en ese archivo y que tendría por efecto cancelar todas las escrituras que se opusieran a la misma. La historia comienza en 1915 y culmina en 2005 según ese recuento. Pero no señala a la escritura 17,779 a favor de Alejandro Ríos Martínez, si bien señala que de su predio de 119 ha (que creció, no olvidemos, a 507 ha) se vendieron… 583 ha en once operaciones diversas. El milagro de la multiplicación de los panes, o más de la fábula cuántica… o una raya más al tigre en la mala reputación de los archivos públicos.

El ejido El Zapote logró hace seis años inscribir, con 70 de retraso, su resolución presidencial de 1937; a la par, pudo hacer la ejecución completa de las 562 ha que le dio en ampliación el presidente, y pudo registrar la superficie excedente que estaba en posesión, la mayor parte de la misma, como efecto de la disminución de la cortina del embalse de El Ahogado, que descubrió tierras que los ejidatarios han hecho producir, y que por la cancelación del latifundio simulado en 1937, no implicaban derechos en controversia con los propios.

“Es decir, nuestros terrenos colindan con la presa y de hecho, la propiedad de la misma es de nosotros y del ejido de El Verde, del municipio de El Salto. No hay aquí propiedad privada”, sostiene el presidente del comisariado ejidal, Ernesto Ledesma Gómez.

Sin embargo, el RPP, que registró ya la acción agraria, según consta en una boleta del 19 de junio de 2007 (documento 15, folio 161 a 174 del libro 6902), no ha echado abajo las escrituras que se oponen a los derechos ejidales. Y los herederos de quienes reivindicaban la propiedad en la zona lo aprovechan, no cejan: por medio de un amparo y un juicio agrario, pretenden reabrir expedientes y cuestionar la legalidad de los últimos actos jurídicos que fortalecieron el derecho de los campesinos. La próxima audiencia, el 5 de noviembre de 2013 (expediente 1052/2012, Tribunal Unitario Agrario 15).

De regreso al origen de todo, en los años treinta del siglo XX, ¿cómo un latifundio simulado? El decreto del presidente Lázaro Cárdenas del Río lo explica en el considerando tercero: “Respecto al fraccionamiento de la hacienda de Santa Cruz del Valle, cabe decir que no es de reconocerse, en virtud de que de los alegatos y pruebas presentados por los propietarios, se deduce que algunas de las fracciones se adjudicó [sic] en muchos casos a una persona y el usufructo a otra, y se tiene conocimiento que tal fraccionamiento sólo se hizo con el único y exclusivo objeto de eludir las afectaciones agrarias, hecho que se tuvo en cuenta al resolver todos los expedientes que se han afectado a esta finca por resoluciones presidenciales de los años de 1923 a 1925”.

Y agrega: “…en el expediente que se resuelve obra constancia de que en el terreno no están demarcadas las divisiones de las porciones que se dice se hicieron, y se tiene conocimiento de que el producto de la finca se reconcentra en unas solas manos y una sola administración, por lo que está en el caso de las disposiciones contendidas en el artículo 37 del Código Agrario vigente”.

Si el mandato presidencial derivó apenas en el desgano del gobernador en turno, Everardo Topete, y en una ejecución parcial sobre 210 ha, no es extraño que siguiera la historia en papeles de la vieja hacienda. La realidad lo negaba, pero el fantasma fue asistido para no morir.


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Claves

Detalles de una historia tortuosa

- En agosto de 1937, el presidente Lázaro Cárdenas reforma el Código Agrario. El artículo 47 establece que “un fraccionamiento declarado nulo no tiene ningún efecto jurídico”

- El 1 de septiembre de ese año (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de octubre) se decreta la ampliación del ejido El Zapote del Valle sobre terrenos de la hacienda Santa Cruz del Valle, propiedad de Josefina Brizuela viuda de González Hermosillo, y declara nulo el fraccionamiento de la finca, por considerarse simulado. La resolución fue ejecutada un día antes de la publicación del decreto

- 28 años después, el 16 de julio de 1965, se hace el plano definitivo de la resolución y se ordena ejecutarla con base en ella. En 1967 se revoca el acuerdo por la delegación Agraria y se rinde un informe en el que presuntamente hay 352 ha de la resolución bajo “poder y posesión” del ejido Cajititlán; dos años después, la Comisión Agraria Mixta concluye que sólo se tienen localizadas 210 ha

- Paralelamente, la “pequeña propiedad” ha tenido numerosos cambios: en agosto de 1968, Guadalupe Michel Victoria -el mítico Cazango, talamontes de la costa de Jalisco que según comentaristas inmortalizó Agustín Yáñez en La tierra pródiga como Ricardo Guerra Victoria, El Amarillo-, empresario ligado a la familia política del ex gobernador Marcelino García Barragán, adquiere por adjudicación en juicio mercantil 230 ha, propiedad que venderá por acciones a otros socios

- Parte de ese predio se constituye en una escritura de compraventa fechada el 6 de agosto de 1987, adquirida por Alejandro Ríos Hernández, inversionista identificado con el grupo político heredero de García Barragán -encabezado por Javier García Paniagua-: 119 ha “vendidas ad corpus y no ad mensuram” (sin mediciones precisas)

- Es el origen de la propiedad que “por aclaración” se convertirá en una superficie de 507 ha y que será fraccionada en once compraventas por 583 ha (ver nota principal), todo avalado por el RPP

- Será hasta 2007 que el ejido logre la elaboración de su plano definitivo para ejecutar la resolución de 1937, y su publicación en el RPP, institución que al no cancelar las escrituras que se le oponen, mantiene vivo de forma artificial el conflicto por la tierra

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Un proyecto frustrado

El gobierno estatal de Francisco Ramírez Acuña apoyó el proyecto inmobiliario Tierra Mojada, en el contexto de la creación de infraestructura para el oriente de la ciudad, como la planta de tratamiento de El Ahogado, la introducción de colectores y la apertura del “nuevo anillo periférico” que daban acceso y plusvalía a la zona, en acuerdo con los desarrolladores. De hecho, adquirió a Alejandro Ríos Hernández una fracción de 22 ha para construir la planta de tratamiento, compra que se revirtió cuando El Zapote demostró sus mejores derechos sobre la superficie, lo que obligó a mover la planta a otros predios. En el marco del amparo 1037/2006 se concedió la suspensión de plano al ejido y se echó abajo la posibilidad de hacer Tierra Mojada, para el que se pretendían unas seis mil viviendas, que también contaron con la oposición de los empresarios del Corredor Industrial de El Salto, quienes alertaron ante la posibilidad de que se creara “otro Miravalle”.

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