domingo, 31 de julio de 2011

Proyecto Zafiro crece entre polémicas


Señalan que empresa cerró acceso a playa de Chamela; el desarrollador lo niega. Diputado se reunirá con empresarios para fijar el cumplimiento de los acuerdos

Guadalajara. Agustín del Castillo. MILENIO-JALISCO

La realización del desarrollo turístico Zafiro, en la bahía de Chamela, está hoy en medio de la polémica porque los representantes de los antiguos pobladores de predios privados, que acordaron con los empresarios su reubicación en mejores condiciones de vida y el libre acceso al litoral para mantener el oficio pesquero que tienen por décadas, señalan que los acuerdos no son respetados.

“Hay irritación porque se señala que no se ha edificado la escuela ni se ha completado el asentamiento como se prometió, pero lo que más les molesta es que han tenido muchas dificultades para acceder hacia la zona de la playa para hacer sus actividades relacionadas con la pesca”, señaló el diputado federal Enrique Ibarra Pedroza, quien encabezó las negociaciones conciliatorias en representación de los vecinos.

“Ya hemos acordado con ellos realizar en la semana entrante una reunión para ver los detalles en busca de resolver esta controversia, porque a nosotros nos preocupa mucho que aquí se vaya a hacer otro problema parecido al de Tenacatita, con una cuestión de represión, de apropiamiento de playas y de dejar suspendidos el derecho de cada persona a vivir dignamente de su trabajo; yo ya tuve comunicación con el señor Landeros y lo vamos a tratar de resolver”, añadió el legislador jalisciense.

Por su parte, el director del proyecto Zafiro, Ari Nieto Vélez, desmintió esta versión. “Se han escrito tantas mentiras últimamente que ésta honestamente ya ni me sorprende [...] nosotros llevamos una muy buena relación con los pescadores y ellos pasan libremente por nuestra propiedad; además, tenemos al norte, exactamente a 400 metros [del paso] de los pescadores, otro camino abierto para el público en general y además estamos por abrir un playa totalmente pública a menos de un kilómetro, con palapa, baños y estacionamiento”.

Añadió: “Nuestra relación con el diputado Ibarra ha sido impecable desde nuestra negociación, nos ha manifestado que ha usado repetidamente el ejemplo de las negociaciones de Chamela como un modelo de éxito. Lorenzo Landeros estuvo en contacto con él esta semana y nos recibió con la cordialidad y la amabilidad de siempre”.

En los meses de febrero y marzo de 2010, las empresas del proyecto Zafiro comenzaron a desalojar de forma accidentada a los viejos pobladores de la zona de Chamela, arguyendo sus derechos de propiedad, lo que ocasionó ríspidos encuentros y la solicitud de intervención del legislador de la bancada petista.

Así, entre abril y mayo del mismo año, bajo el patrocinio de Ibarra Pedroza, se llevaron acabo diversas mesas de trabajo en las que participaron representantes del gobierno del estado, encabezados por el secretario de Turismo, Aurelio López; por los desarrolladores acudieron Wolfgang Hans Hahn, Rodolfo Brito, Lorenzo Landeros y el propio Ari Nieto; junto a Ibarra Pedroza estuvieron tres representantes de los afectados del poblado Chamela.

La primera de las mesas de trabajo se llevo a cabo en el Club de Industriales en Guadalajara; dos más se realizaron en el poblado Emiliano Zapata de La Huerta, y la última se realizó en la sala de cabildo del Ayuntamiento de La Huerta, en la que además participó el presidente municipal, Carlos Román Ramírez Núñez.

Según los quejosos, los desarrolladores prometieron no seguir presionando a los demás pobladores de Chamela para que abandonen las viviendas, “ya que los terrenos donde se ubica el poblado pertenecen al Ayuntamiento de La Huerta”; donar terreno suficiente y construir en el mismo la escuela primaria, el jardín de niños y el templo, y en tanto no se realicen dichas construcciones permitir el libre acceso a las edificaciones y a la cancha de futbol.

Otras medidas acordadas fueron realizar un reordenamiento del poblado de Chamela, creando vialidades, un pequeño parque al centro y obras de infraestructura; permitir el trabajo de los pescadores y los accesos libres a la playa como lo establece la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.

Un caso que a juicio de los quejosos demuestra el incumplimiento de compromisos, es la presión que han aplicado sobre unas señoras de apellido Rincón, a quienes “tienen prácticamente aisladas ya que ellas viven en la playa la Virgencita y no les permiten entrar a vendedores de tortillas, el gas, y otros vendedores que históricamente han proveído de artículos de primera necesidad a quienes ahí han vivido; cabe resaltar que esta familia Rincón tiene habitando la bahía desde finales del siglo XVII”, según el reporte que se le entregó al diputado Ibarra.

----------------------------------

Del proyecto

• El proyecto Zafiro es un desarrollo turístico de lujo sobre terrenos adyacentes a la bahía de Chamela, el cual cuenta ya con autorización de impacto ambiental de la Semarnat, pero tiene en trámite el cambio de uso de suelo forestal

• La superficie es un viejo terreno que fue desamortizado a los bienes de la iglesia católica a mediados del siglo XIX, y tiene un largo historial como propiedad privada, según la versión de los desarrolladores

• Otros actores sostienen que se trata de predios comunales, pero sus gestiones no han tenido éxito

• Hoy en Autlán, los habitantes de Chamela plantearán sus quejas al precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador; en el mitin, también se espera que se denuncien los problemas de la minera Metalúrgica Tapalpa en perjuicio de ganaderos de Tonaya

Permiso forestal genera disputa en El Jazmín

En este núcleo agrario de San Gabriel, un ejidatario acusa de tala excesiva e ilegal a prestador de servicios; el permiso está en regla”, responde el asesor del comisariado


Guadalajara. Agustín del Castillo. MILENIO-JALISCO

Como sucede desde hace 20 años, la controversia acompaña a los aprovechamientos de madera del ejido El Jazmín, en San Gabriel. Un grupo de ejidatarios disidentes, encabezados por Salvador Gómez Rivera, denuncian malos manejos, corrupción y destrucción del bosque en los procesos de aprovechamiento que encabeza actualmente el presidente del comisariado ejidal, Blas Zamora Ramírez, y menciona en particular al prestador de servicios técnicos del ejido, Aldo Rivera Ramos, de Ciudad Guzmán, como principal beneficiario de los mismos.

Rivera Ramos le contesta: “los señalamientos hacia mi persona son lo último que se le ocurrió [a Gómez Rivera] para tratar de detener el aprovechamiento, pues todas sus otras estrategias no le han resultado, y ha sido así porque no tiene la razón”.

Gómez Rivera muestra sus argumentos: el dictamen técnico que les hizo el ingeniero Rafael Mederos Díaz, el cual arrojo los siguientes datos al analizar el caso de un rodal, el número 468, en el ejercicio del aprovechamiento SGPARN.014.02.02.01.007/10, que es por un volumen total de 29,384 metros cúbicos (m3).

“El volumen residual calculado en pino es mayor [que] en el estudio, 1,116 m3 contra 770 m3; en 69 por ciento el monte se observa todavía con existencia”; de igual manera, da malos datos sobre la existencia de encino, pues “es notorio que se trata de un rodal casi exclusivo de pino”. Esto demuestra que el trabajo de campo es deficiente, refiere.


Denuncian corrupción en los procesos de aprovechamiento del bosque.
Además, en cuanto a la marca del prestador de servicios que deben llevar los pinos y quercus aprovechables, “no tengo elementos para determinar con qué autorización se realizó, incluso es ilegible en 70 por ciento”, añade el dictamen.

“Si toda el área de corta mantiene el mismo patrón de tala, se puede concluir que se ha sacado el doble de lo que se ha autorizado, sin poder determinar en este caso si se trata de clandestinaje o aprovechamiento irregular disfrazado de legal”.

Ese dictamen ha sido entregado a las autoridades y derivó en una inspección el pasado mes de abril, y una que se pretende realizar en fecha próxima.

Aldo Rivera Ramos dice que son aseveraciones falsas. “Salvador Gómez Rivera efectivamente es ejidatario […] en el acta de asamblea celebrada el día 6 de febrero de 2011, en el quinto punto, de asuntos generales, se tomó el acuerdo de autorizar a la mesa directiva para que denuncie o interponga las demandas que correspondan en su contra, en virtud de que se ha dedicado a entorpecer las actividades que desarrolla el ejido”.

Explica que el asunto nació cuando el ejidatario se opuso al pago a un comprador de madera de tres millones de pesos que se le adeudaban de quince años atrás, para lo cual había obtenido una sentencia judicial favorable en 2009. Según su versión, el hoy quejoso habría tenido que ver en el cobro de esos dineros en los años 90 del siglo XX, pues al comprador “él lo trajo al ejido”.

Así, “comenzaron las intervenciones de Salvador alegando que el ejido no tenía porque pagar ese dinero. Ha buscado por todos los medios parar el aprovechamiento […] el ejido, obligado a pagar, tuvo que endeudarse con un tercero, el cual les prestó el dinero a cuenta de madera. Todo el proceso está debidamente respaldado en los acuerdos que se han tomado en las asambleas de ejidatarios”.

La madera de 2010 no fue suficiente para saldar la deuda, pero en 2011 se saldará, “siempre que él no se salga con la suya”. Rivera Ramos niega tajante cualquier falla técnica y saqueo ilegal del recurso.

Sube 22% el costo de deuda del SIAPA


Comenzó el pago del capital de la deuda del Banco Interamericado de Desarrollo. Julio es el mes en que ya se debe abonar a capital en el préstamo de 1,200 millones de pesos destinados al programa Todos con Agua

Guadalajara. Agustín del Castillo. MILENIO-JALISCO. Edición del 30 de julio de 2011

El periodo de gracia concedido por el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) en el marco del empréstito de 1,200 millones de pesos para Todos con agua, acaba de terminar. A partir de este mes, el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) comenzará a pagar el capital de ese crédito internacional cuyo origen es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dijo ayer la tesorera del organismo operador, Carolina Núñez Solís.

De este modo, los pagos mensuales por deudas pasan de quince a 18 millones de pesos, y a lo largo de 2011, el presupuesto de pago por capital y servicio de la deuda completa del SIAPA se presupuestó en 214 millones de pesos, aunque la funcionaria espera que no rebase 200 millones, lo cual dependerá del comportamiento de las tasas de interés.

Durante 2010 se ejerció una partida de 177 millones de pesos. Si se comparan las asignaciones presupuestales de ambos años, se incrementa el dinero de esa partida en alrededor de 22 por ciento. Los tres años previos se mantuvo este gasto por debajo de 180 millones de pesos.

“El recurso que se utiliza actualmente en el servicio de deuda, se requiere para dar mantenimiento a la infraestructura que tiene el organismo para operar y dar servicio a los usuarios, como son la rehabilitación de líneas de agua potable y alcantarillado, la sustitución de medidores, la rehabilitación de tanques y obras de emergencia”, añadió la funcionaria.

El presupuesto 2011 ronda en 2,919 millones de pesos, lo que significa un impacto de aproximadamente 7 por ciento. (Los detalles de las deudas y las instituciones con que se tienen se ofrecen en el gráfico anexo).

El crédito Banobras-BID es pagadero hasta el año 2031, pero todavía se necesita concluir la auditoría especial que encargó el BID al despacho Salles Sainz-Grant Thornton SC para precisar las condiciones en que queda el crédito utilizado en parte de forma irregular por el organismo operador.

Dicha auditoría derivará en un informe que se entregará a los organismos a finales de agosto próximo. Con base en el mismo, tanto el BID como Banobras, el intermediario en la operación, determinarán lo que procede en término de observaciones y sanciones hacia el SIAPA, pues al tratarse de un préstamo para desarrollo social, su desvío es una falta grave que puede derivar en el reclamo de todo el empréstito; del monto no usado con ese fin, o el recorte de los plazos de pago para la deuda; cualquiera de los tres escenarios generarán problemas a las finanzas del organismo.

Sin embargo, la apuesta del SIAPA es rescatar la mayor obra posible para tratar de reducir el monto sancionable. Todos con Agua es un programa para dotar con agua a 230 colonias; de 1,200 millones de pesos, se invirtieron 704 millones en las 241 obras del programa, buena parte de las cuales están mal diseñadas y peor ejecutadas, para quedar en apenas con 30 por ciento de trabajos terminados: 72 obras con servicios adecuados de agua y drenaje.

-------------------------------------

Pagos de la deuda

PAGO MENSUAL PROMEDIO,
ENERO-JUNIO 2011

•Banca Serfin, SA, 186 mil pesos
•Bancomer, SA, 569 mil pesos
•Banco Interacciones, SA, 8 millones 476 mil pesos
•Banobras, SNC, 5 millones 135 mil pesos

PAGO MENSUAL PROMEDIO,
JULIO-DICIEMBRE 2011

•Banca Serfin, SA, 186 mil pesos
•Bancomer, SA, 569 mil pesos
•Banco Interacciones, SA, 8 millones 476 mil pesos
•Banobras, SNC, 8.5 millones de pesos

En qué gasta el SIAPA

•Servicios personales: nóminas, estímulos, horas extras, aguinaldos, indemnizaciones, seguros de vida, seguros de gastos médicos mayores, ayudas de transporte, entre otros. 816 millones de pesos

•Gastos de operación: electricidad, pago de derechos a la Comisión Nacional del Agua, químicos, materiales, herramientas, mantenimiento de inmuebles, arrendamientos, entre otros. 1,043 millones 582,485 pesos

•Inversiones: terrenos, edificios, maquinaria, equipos de comunicación y de cómputo, entre otros. 844 millones 500,000 pesos

•Pago de deudas, intereses y capital. 214 millones 393,493 pesos

TOTAL: 2,918 millones 675,573 pesos

Fuente: Presupuesto 2011 del SIAPA

Reabre mina pese a clausura


Tonaya. Existe riesgo de más derrames al río Ayuquila por la regularización del temporal. Molestia en los habitantes por “complicidad” de Profepa y Semarnat

Guadalajara. Agustín del Castillo. MILENIO-JALISCO. 30 de julio de 2011

Sólo respetaron ocho días la clausura de la Comisión Nacional del Agua al manantial que abastece la mina de metales preciosos de la parte alta de Tonaya, y que ha contaminado por los últimos cinco años los arroyos de esta demarcación, que bajan hacia el río Ayuquila.

Israel Jafet Robles Gómez, secretario de la Comisión para la Defensa del Agua de Tonaya, dijo ayer que al día siguiente de la reunión realizada en la cabecera municipal el pasado 21 de julio, la factoría reabrió sus procesos pese al riesgo de que haya derrames hacia la cuenca, pues está regularizado el temporal.

“Luego de la mesa de diálogo, información y resolución del conflicto vivido en Tonaya a causa de Minera Metalúrgica Tapalpa, donde los invitados a conformar el acto político fueron las instancias gubernamentales intrínsecamente ligadas al atropello medioambiental causado por esta empresa, la Comisión para la Defensa del Agua —quien organizó el evento— y el pueblo de Tonaya, exigieron unánimes a las autoridades, tras demostrar el incumplimiento con la ley por parte de la minera y de las dependencias de gobierno —en favor de ésta y en contra de sus reglamentos—, la salida inminente de la empresa que no beneficia en lo absoluto a la región y contrario a ello, todos los perjuicios quedan a expensas de las consecuencias que el tiempo ya empezó a demostrar”, dijo el dirigente de los inconformes a este diario.

Las autoridades gubernamentales y dependencias, entre quienes mencionó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión de Cuenca del río Ayuquila y la junta intermunicipal de la zona intermedia de esa región hidrográfica, “propusieron la regulación de la actividad de la empresa, luego de más de cinco años de trabajo en la región, luego de tanta violación y corruptela, en una actividad que atenta contra la vida en nuestra región, pues su contrato de arrendamiento con los dueños del predio, que coinciden con la estimación de vida del proyecto minero por las exploraciones previas, va hasta el año 2026”, añadió.

La minera “reactivó sus labores al siguiente día del encuentro político, importando poco lo que propusiera el pueblo, pues los señores de la Semarnat y la Profepa, jugaron todo el tiempo a ser los abogados de la empresa […] hoy la minera sigue trabajando impune [...] Qué pena la confrontación, pero no hay opción”, advirtió Robles Gómez.

Los vecinos recuerdan el papel “lamentable” del subdelegado de Gestión para la Protección del Ambiente y Recursos Naturales de la Semarnat, Isidro de Jesús Lucio Virrueta, y de la encargada del despacho de la Profepa Jalisco, Nayeli Margarita León Lizárraga. Por lo que prometen hacerles “marcación especial”, además de exigir que la Comisión Nacional del Agua, una de las entidades más importantes en la controversia, clarifique de una vez su papel en relación con la minera; ésta última persiste en no dar su versión a los medios de comunicación.

Las playas privatizadas, un grave problema: Semarnat


Faltan reglamentaciones para evitarlo, sostiene Rafael Elvira Quesada. La presa Los Panales no debe ser construida sin permisos, indica.

Guadalajara. Agustín del Castillo. MILENIO-JALISCO. Edición del 30 de julio de 2011

El proceso de privatización de playas que de facto se está dando en las costas de Jalisco y de todo el país debe detenerse, pero hacen falta herramientas para lograrlo, porque se carece de una ley reglamentaria para garantizar el goce público de esos bienes de la nación, dijo ayer el secretario de Medio Ambiente y Recursos Federales del gobierno de la república, Rafael Elvira Quesada.

De visita en esta ciudad, a donde acudió a firmar un convenio sobre inversiones por 700 millones de pesos con el gobierno de Jalisco, el funcionario destacó que se sigue negociando el caso de la playa de Tenacatita, el cual es emblemático de esta clase de problemas para Jalisco.

“Nosotros no estamos avalando esto, es decir, no es un área que nos toque privatizar o no privatizar, [pero] por ley no pueden ser privatizadas; lo que nosotros otorgamos son permisos de zona federal marítima terrestre, concesiones, y sobre ello operamos, sabemos que ha habido en la zona de Tenacatita específicamente alguna acción de una empresa, sé que han establecido mesas de negociación, que han estado participando nuestros funcionarios de la Profepa, de la Semarnat, y creemos que en otro orden totalmente ajeno al área ambiental se pueda llegar a un punto de negociación y de entendimiento, entre los que estaban ocupando las áreas, los nuevos ocupantes de la zona federal marítima terrestre y que haya un entendimiento entre todas las partes, pero las playas nunca han sido privadas”.

También aseguró que el gobierno del estado y la Comisión Nacional del Agua ya acataron la clausura de la presa Los Panales, que se realizó al carecer de un permiso para cambio de uso de suelo en la selva de Cabo Corrientes.

“La obra está totalmente clausurada, hay acuerdos; ayer estuvo aquí el procurador de la Profepa, hay entendimiento con el gobierno del estado, hay trabajo con la CNA, y yo recibiré a los funcionarios para ponernos de acuerdo; quiero decirles de que los permisos no pueden ser minimizados, vamos a defender todos y cada uno de los permisos ambientales y en ese sentido la obra esta totalmente detenida, y yo voy a ser el mediador para que antes que nada se cumpla con la ley”, subrayó.

Entre los fondos firmados en el convenio con el estado destacan el fortalecimiento de la infraestructura hídrica y la conservación forestal en la entidad. De los recursos destinados, 62.7 por ciento son aportación de la Federación a través de la Semarnat, la Comisión Nacional del Agua (CNA), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y el 33.7 por ciento restante corresponde al gobierno estatal.

Elvira Quesada explicó que en materia de agua el gobierno federal ha invertido en Jalisco más de 10 mil millones de pesos, y se pretende alcanzar 100 por ciento de tratamiento de las aguas residuales generadas, lo que permitirá beneficiar a más de cuatro millones de personas.

En el ámbito forestal, informó, este año ProÁrbol apoyará la conservación de más de 15,213 hectáreas de bosques mediante el programa de Pago por Servicios Ambientales, mismas que se sumarán a las más de 98 mil hectáreas conservadas en los últimos cuatro años.

Deuda sin fin en el SIAPA


Fue para financiar las obras del sistema de abasto de agua presa Calderón-planta San Gaspar de la zona metropolitana de Guadalajara. Adquirida entre 1991 y 1993, se finiquitará hasta 2028; pese a que se ha pagado su monto original casi dos veces, se debe 45% más

Guadalajara. Agustín del Castillo. MILENIO-JALISCO. Edición del 29 de julio de 2011

El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) requerirá 37 años, de los que han transcurrido 20, para finiquitar la deuda financiera más pesada que ha contraído en su historia: la que utilizó para construir la presa Calderón, el acueducto desde ese embalse a Guadalajara y la primera fase de la planta potabilizadora de San Gaspar.

Parece la deuda de nunca acabar: los créditos originales, que suman cinco, ascendían a 849 millones 971,226 pesos, y en la actualidad, ya con dos reestructuraciones y pagado el monto original, se deben 1,287 millones 521,128 pesos, esto es, casi 45 por ciento más de la deuda que se adquirió 20 años atrás.

“Evidentemente pegó fuerte el asunto de la crisis económica de 1995, cuando sólo se podían renegociar con Udis [unidades de inversión] los adeudos que habían quedado en situación desventajosa”, admitió la tesorera del organismo operador, Carolina Núñez Solís.

Siempre fue una deuda en crecimiento, y hasta 2008 significó entre 85 y 95 por ciento de los empréstitos adquiridos por el organismo (en ese año se activó la deuda con el Banco Interamericano de Desarrollo para el programa Todos con Agua). Si bien el SIAPA no tiene localizados los registros completos de la historia de las amortizaciones, se cuentan con algunos elementos para reconstruirla: En 1998, tres años después de la renegociación en Udis, el monto total de las deudas del SIAPA era de 1,510 millones de pesos y representaba casi el doble (198 por ciento) de los ingresos anuales del organismo; en 1999 subió a 1,599 millones; en 2000, a 1,655 millones; en 2001, bajó ligeramente, a 1,650 millones; siguió el descenso modesto, en 2002, a 1,641, para volver a subir a 1,704 millones de pesos en 2003, bajar a 1,684 millones en 2004 y marcar 1,603 millones de pesos en julio de 2005 —equivalente este último monto a 99.1 por ciento del ingreso del organismo— (estos datos se tomaron de dos análisis del SIAPA de la calificadora Moody’s Investors Service, fechados en septiembre de 2003 y julio de 2005).



¿Cuánto costaba cada año esta enorme deuda? En su informe de 2006, el entonces director del SIAPA, Antonio Aldrete Flores, señalaba: “El SIAPA tiene una deuda bancaria por 1,561 millones de pesos, la cual se ha venido liquidando puntualmente con recursos propios […] realizando pagos en 2006 por un total de 240 millones de pesos que representan 15 por ciento del flujo de efectivo; cifra integrada por pago al principal de 65 millones de pesos, actualización en Udis de 61 millones, e intereses por 114 millones” (se puede consultar en la página de transparencia de www.siapa.gob.mx).

En mayo de ese mismo año, la firma calificadora Standard & Poor’s señalaba sobre las deudas del organismo: “Los niveles de endeudamiento del SIAPA son altos. Al cierre de 2005, reportó una deuda de 1,626.8 millones de pesos”, lo que arrojaba “escaso margen” para nuevas deudas que se requirieran para crecer la infraestructura. La firma recomendaba buscar en un futuro próximo, renegociar ese pasivo.

La renegociación se dio entre 2007 y 2008. Las deudas, que se tenían en cinco cuentas distintas (tres con Banca Serfin y dos con Bancomer) fueron pagadas en su totalidad a través de un nuevo crédito —ahora del Banco Interacciones SA— del siguiente modo: dos créditos con BBVA Bancomer por 171 millones 85,898 pesos y por 549 millones 56,269 pesos; tres con Santander Serfin, por 548 millones 856,795 pesos, 87 millones 101,264 pesos y 25 millones 946,592 pesos. El total fue de 1,382 millones 46,818 pesos.

Esa nueva deuda, que implica pagarla hasta 2028, ya se ha reducido a 1,287.5 millones de pesos en 2011. Si a esto se agrega el nuevo crédito ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 1,200 millones de pesos para Todos con Agua, y otros dos créditos menores, se deben 2,523 millones en la actualidad. Si la economía no se vuelve a derrumbar, como en 1995, se finiquitarán en 2031. De lo contrario… es la deuda de nunca acabar.

---------------------------------------------

Comienza la ASEJ auditoría en el SIAPA

••• La Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) comenzó ayer con la revisión de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2008 del SIAPA; se trata de una revisión del uso y destino de los recursos ejercidos por el organismo operador, informó la propia empresa paramunicipal.

En un acto realizado en la sala de consejo del SIAPA, su director general, José Luis Hernández Amaya, declaró ante los funcionarios de la ASEJ su “entera disposición” para colaborar en la revisión.

Entre los requerimientos de información solicitados por la ASEJ se destacan el estado de la situación financiera, los resultados, cambios y variaciones en el patrimonio del SIAPA, así como la comprobación respectiva de cada uno de estos elementos; se deberán entregar el estado de ingresos, egresos e inversiones del periodo a revisar, el organigrama vigente y los manuales de procedimiento y flujogramas.

El año a revisar fue el primero del ejercicio de Todos con Agua, el crédito del BID que fue desviado en casi dos tercios para gasto corriente del organismo. Deberá entregarse la relación de los convenios celebrados con organismos públicos y privados vigentes durante el ejercicio mencionado, la copia certificada del contrato de crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con fecha 6 de mayo de 2008 y el documento que contenga los nombres, cargos, firmas y antefirmas de los funcionarios que autorizaron los comprobantes de las erogaciones realizadas en el ejercicio fiscal a revisión.

Un mercado de carbono para salvar La Primavera


Compensación voluntaria de cambio climático en la ZMG: 72 empresas o 212 mil ciudadanos podrían aportar de 180 a 255 mdp anuales para mitigar las emisiones de la gran ciudad y de muchas regiones del planeta

Guadalajara. Agustín del Castillo. MILENIO-JALISCO. Edición del 24 de julio de 2011

La zona metropolitana de Guadalajara tiene con el bosque La Primavera la oportunidad de abrir un mercado de captura de dióxido de carbono (CO2) cuyos clientes se pueden buscar en todo el planeta para financiar la conservación de 120 mil hectáreas que conforman su sistema natural –proveedor de enormes servicios ambientales– y de esta manera, proyectar a la ciudad como destino sustentable y abrir las puertas para sus productos agrícolas, industriales y manufacturados en los mercados más exigentes y mejor cotizados del mundo.

“Este es un caso particular de programas de servicios ambientales orientado a servicios de mitigación del cambio climático –almacenamiento y captura de carbono–; empresas o ciudadanos que desean remover el dióxido de carbono que generan por sus operaciones o estilo de vida pueden pagar por cada tonelada de dióxido de carbono que los árboles y bosques remueven de la atmósfera”, señala el investigador del ITESO y estudiante de doctorado de la Universidad de Twente, en Holanda, Arturo Balderas Torres, cuyas notas de trabajo sobre el tema puso a disposición de Milenio Jalisco.

Es un esbozo del proyecto de instauración de un modelo de compensación voluntaria “para conservar y restaurar en el bosque La Primavera y sus corredores de fauna” que Balderas Torres trabaja desde hace casi dos años.

En su escenario más ambicioso, se plantean aportaciones de 72 grandes empresas o 212 mil ciudadanos para juntar una bolsa de 180 a 255 millones de pesos por año, que serviría para pagar a los propietarios de 120 mil hectáreas de ecosistemas naturales que conforman La Primavera, sus corredores biológicos y los bosques y selvas vecinos, a una tarifa de 1,500 pesos por hectárea cada año (que ya se paga por el Fideicomiso Monarca en el estado de México) –lo que requiere de 180 millones de pesos–, y además, financiar la operación de la dirección del área protegida, el monitoreo y la restauración de sus ecosistemas.

Balderas Torres también establece escenarios medio y bajo, para financiar el modelo en menos superficie –60 mil hectáreas (ha) o 30,500 ha, la superficie que ampara el decreto de área natural protegida– o con menos dinero, y además, revisa las opciones de usar los mecanismos institucionales ya existentes: el Programa de Servicios Ambientales de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), que sólo garantiza hasta 450 pesos por hectárea y a cinco años, o los fondos concurrentes, que son mixtos —públicos y privados— y dependen, en el lado público, del vaivén presupuestal de cada año.

Las posibilidades
La premisa básica es que mientras existan emisiones antropogénicas de CO2 habrá potencial para contar con una demanda de servicios de compensación de las mismas en los bosques.

“Los proyectos de compensación voluntaria de emisiones de efecto invernadero en bosques para mitigar el cambio climático, tienen el potencial de generar los recursos financieros necesarios para compensar a los propietarios de predios forestales en el largo plazo por los servicios ambientales generados”, pero “es necesario desarrollar las metodologías de certificación de manejo y conservación forestal y promover la participación del sector público y civil” para lograrlo, señala el científico.

“Uno de los pasos críticos es crear las opciones de participación –proyectos, programas, incentivos– y generar la certeza en el manejo de recursos, generación de resultados […]. El pago es entonces condicionado a generación de resultados libres de intereses políticos”.

Los recursos generados a partir de estos esquemas “pueden ser un apoyo complementario para los propietarios de predios forestales que puede combinarse con prácticas de manejo forestal sustentable, ecoturismo, unidades de manejo ambiental o agroforestería, diseñados para cubrir las necesidades sociales según lo permitan los ordenamientos territoriales y planes de manejo”.

Balderas Torres advierte que la precariedad en que sobrevive el bosque ante la fuerte presión urbana, obliga a financiar su conservación con mecanismos distintos al presupuesto gubernamental, que es escaso, y en el año en curso no rebasará 11 millones de pesos.

Pero las ventajas que se derivan de alcanzar un modelo exitoso son mayores. “La participación en estas actividades tiene el potencial de aumentar la competitividad del sector privado: una producción [industrial] neutra o baja en carbono abrirá o mantendrá abiertas las opciones para acceder a mercados en Estados Unidos, Japón y Europa que estarán integrando crecientemente los esfuerzos de mitigación del cambio climático en sus políticas comerciales”.

Por ejemplo, “actualmente se diseña en la Unión Europea la política FLEGT [en español: Bosques: Cumplimiento Legal, Gobernanza y Comercio]. Su objetivo es evitar la entrada al mercado europeo de madera y productos forestales provenientes de actividades ilegales de deforestación”.

Un proyecto de mercado de carbono en La Primavera puede “vender” el servicio ambiental de remoción de CO2 (bióxido de carbono) dentro y fuera de México, “sujeto a reglas de certificación y monitoreo a nivel internacional”; además, “los proyectos pueden hacerse a la medida del propietario forestal de acuerdo a estos estándares de certificación y respetando las regulaciones locales”.

Cinco condiciones
Estas son las condiciones mínimas para generar un modelo exitoso como el propuesto, detalla el documento de Arturo Balderas: Uno, “estudios y certificación de prácticas de manejo forestal, considerando cuantificación periódica de carbono y criterios de respeto a la biodiversidad local, para ofrecer los servicios de mitigación de cambio climático”; dos, “creación de programas locales de compensación voluntaria de emisiones de efecto invernadero”; tres, “incentivar la participación: programa de deducción de impuestos [predial, nómina, ISR, depreciación acelerada] a personas o empresas que apoyen los proyectos para compensar sus emisiones de CO2. Programa de certificación voluntaria; apoyo para acceder a mercados verdes en el extranjero”; cuatro, “sistema de contabilización de resultados y distribución de recursos transparente, flexible, descentralizado, sujeto a resultados”; cinco, “certeza jurídica sobre usos de suelo dentro y fuera del perímetro de protección de La Primavera, programas de ordenamiento ecológico municipal, zonas de restauración ambiental”.


-----------------------------------------------------------------------

La destrucción de los corredores de fauna

La Primavera “es una reserva de la biosfera [designación de la Unesco, 2007], y área de protección de flora y fauna [según las leyes mexicanas]; uno de sus objetivos principales es conservar la biodiversidad. Además genera una gran cantidad de beneficios a la población de Guadalajara”, señala Arturo Balderas, investigador del ITESO, al justificar el establecimiento de un mercado de carbono a favor de la zona.

“La construcción de carreteras, los cambios de uso de suelo y los desarrollos inmobiliario están estrangulando a La Primavera; sus conexiones a otras áreas forestales y cerrando los corredores de fauna –cerro del Tepopote-río Santiago, cerro Totoltepec–Cerro Viejo, Volcán de Tequila, Ahuisculco-Quila, Ahuisculco-sierra del Águila—; el proceso de aislamiento amenaza la biodiversidad de La Primavera y el cumplimiento de su principal objetivo, la protección de la flora y la fauna”.

Al cerrar los corredores, “se reduce el movimiento de fauna, reduciendo sus poblaciones y la diversidad genética al interior del bosque”. Los carnívoros: puma, lince, coyote; se encuentran en la cumbre de la cadena alimenticia y requieren más recursos, presas y territorio, para sobrevivir.

“Si los corredores de fauna se cierran, estás especies serán las primeras en desaparecer generando un desequilibrio ecológico y un patrón de extinción de especies a nivel local”. Por eso, “es necesario reconocer el valor de los servicios ambientales de estas zonas”.

-------------------------

Claves

Las oportunidades

•El aumento de la concentración de CO2 proveniente de la quema de combustibles fósiles y la deforestación contribuyen al cambio climático

•Para mitigar el cambio climático es necesario utilizar fuentes de energía renovable libres de carbono, y remover el exceso de CO2 que se ha acumulado en la atmósfera. A nivel internacional se prevé que el financiamiento para reducir las emisiones de CO2 sea hasta de 25 dólares por tonelada

•Las empresas y los ciudadanos en México pueden apoyar proyectos de reforestación y conservación forestal para reducir las emisiones de incendios/deforestación y aumentar la remoción de CO2 por los árboles y bosques; los pagos oscilan en proyectos existentes entre 8 y 18 dólares por tonelada de CO2

•Considerando que el precio negociado fuera equivalente a 15 dólares, o 180 pesos, por tonelada de CO2

•La condición es que cada hectárea de bosque debería remover en promedio entre 2.5 y 8.3 toneladas de CO2 anualmente para recibir de 450 a 1,500 pesos por año, y que este pago sería suficiente para garantizar la conservación y restauración a largo plazo; como referencia esto significa un incremento de biomasa en arbolado de entre 1.3 a 4.5 toneladas por año por hectárea.

•Además se pueden contabilizar las reducciones de emisiones por la reducción de incendios forestales y acumulación de carbono en suelo, hierbas y arbustos

•Cada mexicano genera en promedio 6.8 ton CO2 por año; si desea neutralizar el total de su contribución al cambio climático debería pagar 100 pesos por mes a estos proyectos voluntarios

•Número de empresas necesarias para cubrir los costos considerando empresas que generen 20 mil toneladas de CO2 por año y que quieran compensar 100 por ciento de sus emisiones; se necesitarían entre 4 a 70 grandes empresas con emisiones mayores a 20 mil toneladas de CO2 por año

•Las áreas del bosque La Primavera y corredores de fauna con mayor potencial de reducción de emisiones de CO2 y crecimiento forestal podrían recibir pagos mayores; el bosque podría compensar las emisiones de más personas/empresas

Fuente: Proyecto de mercado de carbono, Arturo Balderas, ITESO

Reforestación ciudadana, un programa político


Miguel Magaña Virgen, profesor e investigador del CUCBA, señala que el gobierno no debe endilgarle a la sociedad su responsabilidad

Guadalajara. Agustín del Castillo. MILENIO-JALISCO. Edición del 23 de julio de 2011

Sin pies ni cabeza, sin sentido científico y sin considerar la enorme diversidad de especies vegetales que tiene el país, la reforestación oficial, cuya jornada estelar, con decenas de miles de ciudadanos, fue hace seis días, parte de la idea de que movilizar personas es suficiente para hablar de éxito, pero eso en planeación, “significa hacerse pendejo” y en política “es endilgarnos el adjetivo a nosotros”, los ciudadanos que participan de buena fe.

Miguel Magaña Virgen, profesor e investigador del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UdeG, no se anda por las ramas al descalificar el proceso de reforestaciones ciudadanas: “Es sólo autopromoción a costa de recursos públicos y de la buena voluntad de una sociedad que compra el problema que les corresponde solucionar a quienes les pagamos para eso”.

El éxito de una reforestación “no se mide en función del número de participantes. No debemos de seguir haciendo el trabajo de quienes cobran por decir que lo hacen. Superar el número de arbolitos plantados -eso es lo que van a decir que se calculó, no asegura que el porcentaje de sobrevivencia vaya a aumentar”.

Es decir, “califican el procedimiento, sin considerar el cumplimiento del objetivo […] los resultados de la reforestación invariablemente se publicitan en el mismo año que se realiza la reforestación con relación al año fiscal. Esto por supuesto corresponde solamente a justificar la inversión tirada en estos programas. No es posible señalar resultados serios, si no se hacen los muestreos estadísticos necesarios para conocer el éxito de la reforestación que se mide con árboles que siguen vivos, después del primer estiaje —después del mes de abril y mayo—; significa entonces que, antes de iniciar la plantación deben de comprobar el éxito de la anterior, para saber porcentaje de planta viva, su adaptación al medio donde se ubicó, plagas y enfermedades que las atacaron, respuesta de los propietarios o responsables de los predios seleccionados, entre otros indicadores”.

Este resultado “debe dirigir la siguiente reforestación”. Pero lo que se tiene en la realidad “evita que exista monitoreo del resultado de las reforestaciones; solamente hay datos administrativos para justificar presupuestos”.

El ex funcionario de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades) insiste en que “es curioso y perverso que la gestión se dirija a la población explotando la buena voluntad de una sociedad que recibe una fuerte carga de promocionales para cuidar el ambiente y sobre todo la vegetación, y ninguna gestión legal, restrictiva o normativa a quienes son los que deforestan. De estos últimos se menciona como lugar común a los madereros señalándolos como los culpables por taladores, pero la obra pública, los cambios de uso del suelo por proyectos privados de cultivos o de uso de agostadero, también son taladores, quienes aprovechan la impunidad reinante”.

— ¿Es caro o barato el costo a pagar por educar a la gente?

— La sociedad en general tiene la cultura de la protección forestal desde hace muchos años, podría decir que desde Lázaro Cárdenas de forma amplia y general […] lo que la gente necesita es respeto y confianza en sus dirigentes, asunto que ya está perdido desde hace mucho tiempo. Yo creo que no son campañas de educación, son campañas de autopromoción.

— ¿Qué se hace en otros países?

— En otros países —desarrollados en su mayoría— no hay reforestaciones de tipo político y demagógico. Hay silvicultura, que es el cultivo de la madera —no el arte de talar— que consiste en siembra de almácigos, plantación de especies económicamente deseables conforme a su planeación —atendiendo demandas específicas con relación a su destino industrial— y cosecha de madera en plazos establecidos.

Avanzan investigaciones de crímenes en la costa, asegura la PGJEJ


La Procuraduría averigua el asesinato y la desaparición de líderes pesqueros, pero considera prudente no dar a conocer información. En la foto, acompañado en mayo pasado por el senador Alberto Cárdenas Jiménez (cortesía de Pedro Silva)

Guadalajara. Agustín del Castillo. MILENIO-JALISCO. Edición de 22 de julio de 2011

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ) mantiene abiertas las averiguaciones previas 42/2011, en la agencia 12 de desaparecidos, a cuatro meses de ausencia de los tres dirigentes de la Cooperativa Pesquera La Cruz de Loreto, y la 887/2011 en su oficina regional de la Costa Sur, en Autlán, por el asesinato del dirigente de los pescadores de la región, Aureliano Sánchez Ruiz, acaecido el pasado 13 de julio.

En ambos casos se reportan avances e indicios, pero la dependencia no considera prudente darlos a conocer para no obstruir las investigaciones, informó el vocero de la dependencia, Lino González Corona.

En el caso de los tres pescadores desaparecidos, José de Jesús Romero Quintero, Jorge Ruiz López y Rafael Espinoza Díaz, integrantes del consejo de administración de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera La Cruz de Loreto, municipio de Tomatlán, Jalisco, no se les ha visto desde el 24 de marzo de este año, cuando acudieron a una reunión en la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades), en Guadalajara.

La sociedad cooperativa tiene más de medio siglo, “ha preservado y defendido el estero El Ermitaño, pues es su fuente de ingresos ya que es donde pescan y tienen criadero de camarones […] Cercano a este estero se construyó durante los años 90 [del siglo XX el] Hotelito Desconocido, cuyos propietarios respetaban el estero, la zona natural protegida y colaboraban con la cooperativa en su preservación. Sin embargo, desde hace dos años empezaron a tener problemas con un extranjero de nacionalidad italiana, llamado Giuliano Gasparotto, quien al parecer compró el inmueble y pretende apropiarse de los terrenos aledaños a esta área natural protegida y empezó a presionar, a intimidar, amenazar a los cooperativistas y pobladores de Cruz de Loreto para despojarlos del estero y sus propiedades”, denunció en mayo pasado el Movimiento de Trabajadores Democráticos e Independientes.

La zona de La Cruz de Loreto es famosa porque allí operan mafias que depredan la tortuga marina y que tienen vínculos con otras actividades ilegales, como el tráfico de estupefacientes, situaciones que también son analizadas por el Ministerio Público responsable.

En el caso del líder de las cooperativas pesqueras de la Costa Sur de Jalisco, Aureliano Sánchez Ruiz, fue asesinado a balazos la madrugada del miércoles 13 de julio en una brecha entre el poblado de Emiliano Zapata y el río Cuitzmala, en la zona costera de La Huerta. Aureliano salió de la casa de uno de sus hermanos manejando su camioneta alrededor de las once de la noche del miércoles, luego de recibir una llamada telefónica en su celular. Alrededor de la medianoche, su hermano pasó al río a pescar y vio la camioneta orillada en la brecha. Al asomarse al vehículo vio el cuerpo de Aureliano con varios balazos, y el celular en una de sus manos.

----------------------------

Claves

Líder influyente

• Aureliano Sánchez Díaz era la cabeza de todos los cooperativistas pesqueros de la Costa Sur. Como tal, se reunía con importantes líderes políticos, como el senador Alberto Cárdenas, con quien discutía el tema (como en la foto, tomada en mayo pasado).

• El dirigente fue crítico del proceso de apropiación de playas y bienes naturales por parte de desarrolladores privados, y tuvo una disputa directa con los dueños de Careyes.

• También encabezó grupos de inspección voluntarios que entraron en conflicto con pescadores que depredaban recursos del litoral.

Llegan tortugas y depredadores humanos


Tomatlán. Ya han desovado cientos de quelonios en las costas de Jalisco. Problemas sociales y falta de vigilancia propician matanza, según responsable del campamento Chalacatepec

Guadalajara. Agustín del Castillo. MILENIO-JALISCO. Edición del 21 de julio de 2011

Han comenzado a llegar decenas de ejemplares de tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) a las costas de Tomatlán, Jalisco, lo que significa la apertura de la temporada más importante del año en la milenaria anidación de estos reptiles en el Pacífico mexicano. Sin embargo, también son tiempos de depredadores humanos. El año anterior se llegaron a sacrificar 25 quelonios por noche en el playón de Mismaloya, el mayor santuario tortuguero del país, señala la directora del campamento de Chalacatepec, Cecilia Martínez Tovar.

“Afortunadamente, ese fenómeno ha estado restringido a la zona de la Cruz de Loreto, no hacia el sur, donde está el campamento que me toca dirigir; se ha tenido un problema creciente porque ha disminuido la vigilancia y porque tenemos problemas sociales que van en ascenso, de cinco años a la fecha volvió a crecer el número de casos”, apunta la responsable, integrada al organigrama de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y con experiencia de casi 30 años en la región.

Uno de los problemas serios es la escasez de equipo y recursos para garantizar la vigilancia del largo litoral: el playón se extiende sobre unos 80 kilómetros que la hacen tarea casi imposible. El campamento de Chalacatepec sólo posee un vehículo y pocos recursos para el combustible. La receta que allí se ha seguido es incorporar a la población en las tareas de preservación.

“No tenemos manera de darles beneficio económico por lo reducido del presupuesto, pero ellos ven con un orgullo local cuidar de sus tortugas y de su ambiente, y muchos meten motos y tiempo por su cuenta, y nos han ayudado mucho”, señala la funcionaria.

Tanto los campamentos de la Conanp como los que administra la Universidad de Guadalajara reportan buenos resultados, lo que significa que la llegada de tortugas ha crecido como para reducir el impacto de la depredación humana.

El Programa de Conservación de Tortugas Marinas del Centro Universitario de la Costa Sur tiene cinco campamentos a su cargo: El Coco, Bahía de Navidad (Cihuatlán); Los Ángeles Locos, Tenacatita (La Huerta) y La Gloria (Tomatlán).

Como en el caso de la Conanp, en estos cinco campamentos universitarios el trabajo ha sido posible por los comités de vigilancia de la población en general, cientos de voluntarios, estudiantes y prestadores de servicio social.

En todo el proceso con las instituciones federales y universitarias, participan estudiantes de la Universidad del Valle de México campus Guadalajara, Universidad Autónoma de Aguascalientes, La Benemérita Universidad de Puebla y UAM-Xochimilco, así como del Tecnológico de Monterrey.

En el hotel Los Ángeles Locos y en el campamento de La Gloria se tiene personal permanente que realiza recorridos esporádicos todo el año; las actividades de protección arrancan de manera formal en julio, al aumentar las hembras anidadoras en las playas. Pero en La Cruz de Loreto el problema de saqueos y matanza no termina.

En 2011, van 30% más días contaminados

.
Guadalajara. Agustín del Castillo. MILENIO-JALISCO. Edición del 21 de julio de 2011

Los problemas de contaminación atmosférica aumentaron este año en relación con 2010. Hasta la fecha se han registrado diez contingencias ambientales y se han presentado 106 días fuera de norma, 30 por ciento más que el año pasado, informó el titular de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades), Héctor Eduardo Gómez Hernández.

A su juicio, esto se debe a que cada día se suman 300 vehículos a la circulación en la ciudad, pero sigue bajo el cumplimiento de la verificación, que es obligatoria y significa un fuerte descenso en las emisiones, pues los 1.7 millones de autos de la ciudad ocasionan 80 por ciento de la contaminación.

El funcionario presidió un taller el pasado martes con los dueños de unos 300 talleres autorizados en el marco del programa de Control de Emisiones, así como funcionarios de diversas dependencias estatales y municipales.

”El programa de verificación vehicular se mantiene, pero con una visión de mejora permanente y es precisamente a partir de esta reunión como arrancamos el proceso de fortalecimiento con la participación activa de todo el sector [...] en promedio uno de cada tres días se han presentado problemas con el aire que respiramos en la ZMG, en donde de los 2.5 millones de automotores registrados en Jalisco circulan en la zona conurbada más de 1.7 millones de automóviles. Todos aquellos talleres que no cumplan, o proveedores que no brinden el servicio al que están obligados, a los auditores que validen equipos que no se encuentren bien calibrados y a los automovilistas que contaminen o no cumplan con la verificación en tiempo y forma, serán sancionados”, prometió el secretario.

sábado, 30 de julio de 2011

Reforestaciones ciudadanas, “conciencia” o autoengaño


Debe dársele seguimiento a plantaciones, indica Érik Saracho, director de Alianza Jaguar Nayarit. Ambientalista alerta: si no cambia cultura de consumo, es ejercicio casi inútil

Guadalajara. Agustín del Castillo. MILENIO-JALISCO. Edición del 19 de julio de 2011

Asumir la estrategia de las reforestaciones ciudadanas “es sensato en medida al compromiso que se puede sembrar en cada persona, al incorporarlos vivencialmente en la experiencia de restauración: si cada árbol sembrado hace que un ciudadano incorpore en su cotidiano el componente ambiental, poco a poco habremos sembrado un árbol valiosísimo, y todos los días son días del árbol, todos los días son días de la tierra, todos los días son días del medio ambiente para esos que han sembrado en su conciencia el árbol de la conservación”, opina el ambientalista Érik Saracho Aguilar, director de Alianza Jaguar Nayarit.

Sin embargo, añade: “La jornada social por la reforestación, tomada en cuenta solamente como un ejercicio de forestación y midiendo su efectividad únicamente en árboles establecidos, se antoja como un ejercicio muy caro y poco efectivo, puesto que a estos árboles normalmente no se les da seguimiento y acompañamiento, y los porcentajes de supervivencia son dramáticamente bajos”.

Tal es su opinión acerca de la jornada de reforestación realizada el domingo.

“Este es un muy buen año para reforestar en el occidente del país; las condiciones meteorológicas nos trajeron lluvias tempranas y parejas, es un factor importante a favor; si pudiéramos controlar otros factores, como la selección rigurosa de las especies a plantar, evitar la presencia de ganado en el área reforestada, garantizar el aclareo oportuno del arbolito para evitar que las plantas trepadoras lo ahoguen rápidamente, y en unos meses aportarles agua en zonas que pueden ser semiáridas o áridas y que en algún momento fueron coberturas vegetales importantes, con mucha sombra y una humedad importante que favorece la prevalencia de los individuos juveniles, creo que el ejercicio valdría la pena”.

Saracho Aguilar, quien encabeza los esfuerzos para salvar la presencia del jaguar (Panthera onca) en el litoral del Pacífico mexicano, sabe que el hábitat es el aspecto crítico para la presencia del superdepredador, por ser “especie sombrilla” que sólo tiene viabilidad cuando hay una conservación más o menos integral.

“Nosotros, como interesados en la biodiversidad, aplaudimos los esfuerzos por conservar la cobertura vegetal y apoyar la integridad de los ecosistemas y los hábitat de las especies silvestres”, pero “nos negamos a ver las acciones de forestación como mecanismos mitigadores del efecto invernadero o como secuestradores de carbono que al final del día buscan que los ciudadanos nos demos un lavado de conciencia y nos neguemos a cambiar nuestros hábitos de consumo energético”.

Esto tiene respuestas diversas en otras sociedades: en países desarrollados “los ciudadanos se han involucrado en diversos frentes construyendo un perfil más informado y participativo o han volcado la responsabilidad al Estado mismo, que realiza las medidas eficientemente y sin simulaciones”, pero “en otros países [en vías de desarrollo], los ciudadanos siguen haciendo uso de sus bosques con poco control: la deforestación ciertamente es un fenómeno global que debería subir de prioridad ante los escenarios de desertificación, cambio climático y pérdida de diversidad biológica, fenómenos materia de tratados internacionales del que México es país firmante y por lo tanto sujeto obligado”.

Esfuerzo valioso, pero “de alcances limitados”


Se debe tener una política forestal coherente, dice experto del Centro Universitario de la Costa Sur. El especialista dice que se debe actuar sobre las causas de deforestación

Guadalajara. Agustín del Castillo. MILENIO-JALISCO. Edición del 17 de julio de 2011

La reforestación, por si sola, no resuelve los problemas de la deforestación y la degradación de los bosques que padece México, advierte el experto forestal del Centro Universitario de la Costa Sur, de la UdeG, Enrique Jardel Peláez.

“Es en todo caso una acción complementaria que sólo puede ser útil en el marco de una política forestal coherente. Obviamente la reforestación no actúa sobre las causas que provocan la pérdida de cobertura forestal y el deterioro de las áreas boscosas. Desde que se instituyó el Día del Árbol han pasado más de siete décadas, en las cuales México ha pasado por la etapa de mayor deforestación y degradación de sus áreas forestales, así que esto demuestra que los actos conmemorativos tienen una efectividad muy limitada”, señala en entrevista electrónica con este diario.

—¿Es sensato hacer una jornada especial para que miles de personas se vuelquen a zonas forestales a reforestar?

—Creo que cualquier acción que moviliza a la gente para hacer algo por mejorar las condiciones ambientales es conveniente. La jornada de reforestación permite que muchas personas se involucren en recuperar algunas áreas deforestadas y se interesen en los bosques. Pero esto es en todo caso una actividad complementaria que no va a resolver el problema de fondo: las políticas de desarrollo económico siguen considerando que muchas de las áreas forestales son marginales y que hay que convertirlas a otros usos —ganaderos, agrícolas, urbanos, turísticos o mineros— para darles valor económico. La viabilidad de las acciones de reforestación depende de que estas se integren a programas de manejo forestal para la producción sustentable o para la conservación de la naturaleza.

—Se dice que trata de incentivar la participación de la gente en solucionar problemas, ¿no es una forma de crear la ficción de que los resuelve sin hacerlo?

—Si la participación de la gente se reduce sólo a plantar algunos arbolitos un día del año, pues sí, se está fomentando sólo la ilusión de que se está haciendo algo, pero no una participación efectiva para cambiar el orden de las cosas. Acciones como la jornada nacional de reforestación son únicamente eventos conmemorativos que tienen una utilidad limitada. Los participantes son en su mayoría gente de zonas urbanas —y qué bueno que al menos un día del año estén en contacto con el campo— pero quizá nunca van a volver al sitio donde plantaron árboles para saber que pasó con estos.

—¿Es caro o barato este costo a pagar por educar a la gente?

—Nunca es caro invertir en educación [y en realidad se invierte muy poco]; pero habría que cuestionarse si estas jornadas de reforestación tienen realmente un valor educativo. Si sólo fomentan la ilusión de que pequeñas reforestaciones van a resolver problemas como la deforestación y si no provocan un mayor interés en la cuestión forestal, una toma de conciencia crítica sobre los problemas sociales y sus consecuencias ecológicas en las áreas forestales, y una efectiva participación ciudadana para cambiar las cosas, los resultados educativos son entonces sumamente pobres.

Reforestación en predio con pasado “negro”


Hoy llegan a reforestar al menos 11 mil personas. Dos incendios y una tala ilegal, en el Autódromo Hermanos Gallo

Guadalajara. Agustín del Castillo. MILENIO-JALISCO. Edición del 17 de julio de 2011

En busca de desencadenar la participación ciudadana y de persuadir al sector escéptico de los científicos y ecologistas, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) desarrolla hoy la Jornada Nacional de Reforestación, acto que en Jalisco tendrá como escenario principal un predio contiguo al bosque La Primavera, que en dos años se ha quemado dos veces y se le talaron ilegalmente tres hectáreas de arbolado: el Autódromo de los Hermanos Gallo.

Es la misma zona donde se pretendió, sin fortuna, edificar el estadio de atletismo de los Juegos Panamericanos, en 2010, y donde su propietario, Alejandro Gallo, ya gestiona un fraccionamiento de lujo, pues si bien es parcialmente boscoso, se ubica fuera del polígono del área de protección forestal y de fauna La Primavera.

El predio recibe estímulos por servicios ambientales de la Conafor, con todo y los siniestros allí registrados. Pero lo más “negro” de su expediente es que la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades) del estado, concedió permiso a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del estadio fallido, sin considerar que pocos meses antes se había talado ilegalmente un amplio manchón de bosque, como lo demostraron de forma contundente las fotos que el propio promotor del proyecto había exhibido en el documento de la MIA (Público Milenio, 1 de julio de 2010).

La autorización para el proyecto se dio bajo el argumento de que no había en realidad bosque, tomando por buena la explicación de los promotores, de que las fotos con que se hizo la MIA datan de 2008; entonces, no había invasión de atribuciones del gobierno federal —único que regula los usos de suelo forestales—, de manera que eran suficientes los permisos estatales.

Pero si fuera cierto que el bosque se taló en 2008, se trataba de un delito no prescrito, y cuando un funcionario —de hecho, cualquier ciudadano— conoce de la comisión de un delito, está obligado a denunciarlo.

El cambio sin permiso de uso de suelo forestal está tipificado como tal en el Código Penal Federal, en su artículo 418: “Se impondrá pena de seis meses a nueve años de prisión y por equivalente de cien a tres mil días multa [...] al que ilícitamente: I. Desmonte o destruya vegetación natural; II. Corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o III. Cambie el uso de suelo forestal...”. La media de la pena es 4.5 años, tiempo en que opera la prescripción; desde 2008 han pasado tres años, claramente es un delito no prescrito.

Las evidencias de que ese bosque existió las contiene el propio material que la Semades hizo público en su página de Internet (www.semades.jalisco.gob.mx), bajo la denominación “información ambiental del estadio de atletismo”, donde se ofreció el dictamen que aprueba el impacto ambiental, el extenso documento de la MIA y sus anexos.

Entre los anexos, llaman atención las fotos de aéreas sobre las cuales se establecen aspectos como hidrología, vegetación, corredores de fauna y permeabilidad. Allí se demuestra la presencia de bosques de pino y encino al interior del polígono, sobre tres hectáreas, donde se establecería el desarrollo, denominado “Centro de Espectáculos Deportivos”. Además, las “fotos del sitio”, que se tomaron en abril de 2010 (la fecha allí se establece), demuestran la existencia de dicha vegetación, lo que llevaría a concluir que los derribos ilegales debieron ocurrir entre mayo y junio de ese año.

Al cancelarse la edificación del estadio (Público Milenio, 5 de agosto de 2010), no se insistió sobre la comisión de delitos avalada por la autoridad ambiental estatal. Por el contrario, parece que la mala gestión de sus propietarios es premiada con la jornada masiva de plantación que se realizará esta mañana.

Sin embargo, la gerente estatal de la Conafor, Susana Mendoza, lo ve de otro modo: al tratarse de un bosque quemado, la reforestación es una repuesta para recuperarlo y reintegrarlo a los ecosistemas naturales. El propietario firmó su anuencia y tiene el compromiso de generar las condiciones para que la plantación prospere. “Por eso hay que ayudar en esta jornada, yo invito a todos los dudosos a que se sumen y sigan el proceso”.

--------------------------------------

Claves

El abc para reforestar

En Jalisco se cuenta con 45 predios distribuidos en 35 municipios del estado, alrededor de 330 hectáreas, a donde podrán asistir a plantar árboles en familia. Para la ZMG, la reforestación principal es el predio Autódromo, al final de avenida Mariano Otero, en La Primavera, y la cita es hoy a las 10:00 horas

Cómo plantar
• 1 Afloje la tierra y abra un hueco de 40 centímetros (cm) de ancho por 40 cm de profundidad (cepa)
• 2 Separe la tierra de la superficie más fértil y deposite un poco de ésta en el fondo de la cepa para facilitar el desarrollo de las raíces
• 3 Tome la planta de la parte más baja del tallo con dos dedos. Póngala en la cepa, al ras del suelo, procure que el tallo quede poco hundido (de cinco a siete cm) y evite maltratar la plana y tocar la raíz
• 4 Deposite la tierra más fértil; compáctela con las manos o pies, ni muy apretada ni muy floja
• 5 Haga un borde o cajete alrededor del arbolito, con el cual se favorece la captación de agua para el desarrollo de las raíces del árbol

Errores que se deben evitar al plantar
• 1 Si la cepa es muy profunda, se dificulta el desarrollo de las raíces por falta de agua y oxígeno
• 2 Si la cepa es poco profunda, se secará la tierra de la planta y sus raíces
• 3 Nunca plante un árbol con la bolsa puesta, porque ésta obstruye el desarrollo de las raíces y de la planta
• 4 Si cubre demasiado el tallo con tierra, se impide que el agua llegue a la planta

Errores que se deben evitar en la plantación:
• Plantar especies inadecuadas o no aptas para la zona de plantación
• Plantar en sitios con alto riesgo: sin acceso, con pendientes fuertes, muy erosionados o sometidos a pastoreo
• Plantar fuera de época adecuada. Plantaciones realizadas muy temprano y sobre todo muy tarde tienen consecuencias desastrosas
• No preparar el sitio para la plantación. Si no se elimina la vegetación competidora, la plantación fracasará
• Plantar en lugares no apropiados, tales como brechas, caminos, arroyos y bajo cables de alta tensión

Fuente: Francisco Cabrales, Departamento de Tecnologías Forestales de la Conafor

-----------------------------------------------------

“Hemos mejorado los procesos”

La Comisión Nacional Forestal pide a sus críticos la oportunidad de demostrar que se ha aprendido de los errores. La jornada ciudadana de hoy no tiene las dimensiones de otros años y se realizará en predios elegidos por tener las características necesarias para alojar una plantación; se dará seguimiento a la evolución de la misma y se cuenta con la anuencia y el compromiso del propietario en cuestión, coinciden el coordinador de Producción y Productividad Forestal del organismo, Sergio Graf Montero, y la gerente estatal, Susana Mendoza Morales.

Ambos destacan que la jornada de hoy tiene como intención principal sumar a los ciudadanos en el rescate de los ecosistemas forestales, pero también defienden la calidad técnica de las plantaciones.

“Yo creo que puede haber muchas opiniones, pero este es un esfuerzo encaminado a fomentar las actividades de reforestación, en las cuales la gente identifica claramente el valor de los recursos naturales y las ventajas que tiene para su propia vida un bosque sano, […] el emblema de este año de los bosques es justamente ese, el hombre en el entorno del bosque”.

Y más allá de esos símbolos, agrega, hay resultados reales, “en el tema de supervivencia de planta hemos superado la brecha oscura de los años anteriores, es claro el estudio de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que analizó casos de 2008 y arroja cifras de 55 por ciento de supervivencia”.

La reforestación de hoy será supervisada en los días siguientes para corregir posibles errores. Y será revisada al año, y se buscará el mantenimiento para que esos sitios sean de nuevo bosque.

Asesinan a un líder pesquero de La Huerta


Crítico de la privatización de playas de la Costa Sur, Aureliano Sánchez Ruiz fue hallado muerto la madrugada del 13 de julio

Guadalajara. Agustín del Castillo. MILENIO-JALISCO. Edición del 16 de julio de 2011

El líder de las cooperativas pesqueras de la Costa Sur de Jalisco, Aureliano Sánchez Ruiz, fue asesinado la madrugada del pasado miércoles 13 de julio a las afueras del poblado de Emiliano Zapata, de La Huerta, arriba de su camioneta, en una brecha poco transitada.

Sánchez Ruiz presidía directamente la cooperativa de Careyitos, y había sostenido enfrentamientos legales con empresarios que pretendían la privatización de la zona donde sus socios extraían pescados y mariscos, además de ser uno de los críticos más sistemáticos del proceso de privatización de los bienes públicos del litoral de la Costa Sur del estado. También fungió como voluntario para la inspección del sector pesca y habría afectado intereses de depredadores de recursos pesqueros.

Se desconocen los autores del crimen y los posibles motivos del asesinato, pero es un expediente más de la violencia de que son recientemente objeto dirigentes campesinos en la región costa. El otro asunto sin resolver es la desaparición, hace cuatro meses, de tres dirigentes de una cooperativa en Tomatlán: José de Jesús Romero Quintero, Jorge Ruíz López y Rafael Espinoza Díaz, integrantes del consejo de administración de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera La Cruz de Loreto, municipio de Tomatlán, Jalisco. Se encuentran desaparecidos desde el 24 de marzo de este año, último día en que se les vio cuando acudieron a una reunión en la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades), en esta ciudad.

“Tenemos en este municipio 90 kilómetros de litoral, pero 70 por ciento son ya playas privadas, lo cual no debiera ser […] yo tampoco entiendo por qué el gobierno les permite tener elementos de seguridad que no respetan los derechos de los pescadores [...] al grado que cuando ves a un uniformado, mejor te das la vuelta y te regresas”, señalaba Sánchez Ruiz en mayo de 2007 (Público Milenio, 11 de mayo de 2007). Hablaba irritado, pues a los pescadores de Careyes dos meses atrás se les despojó de una concesión, con la complacencia del gobierno federal.

“Los policías privados traen camionetas del gobierno del estado y traen armas; el presidente municipal actual, Magdaleno González Carrillo está declarando que se deben abrir los accesos, pero queremos ver los hechos. Tenemos las playas más hermosas de Jalisco [...] pero la gente ni las conoce, porque cortaron los accesos”.

Un ejemplo de ese proceso de apropiación, reseñaba Sánchez Ruiz, es el proceso de “despojo” que se le ha hecho a la Cooperativa de Producción Pesquera de la Ribera de Punta Pérula (o Careyes), la cual tenía desde 2005 una concesión vigente para utilizar 4,160 metros cuadrados de la playa de Careyes, lo cual los enfrentó con los intereses turísticos a favor de los cuales se procedió a cancelar la concesión de su gremio, que tenía una vigencia para quince años.

No hay datos de la investigación del asesinato por la Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco.

Edificios públicos deben pagar todas sus cuentas, dice jurisprudencia

.
Guadalajara. Agustín del Castillo. MILENIO-JALISCO. Edición del 16 de julio de 2011


Que la jurisprudencia de la corte donde se aclara que el agua es un servicio que deben pagar los edificios públicos, data de 16 meses, no significa que se deban perdonar las cuentas anteriores.

A propósito de la explicación que da el SIAPA de la condonación de más de 90 por ciento de esas deudas de edificios municipales, estatales y federales, la propia corte señala que no se puede aplicar el criterio de la retroactividad a una jurisprudencia, pues no se trata de una ley general, según un texto que un abogado hizo llegar a este diario.

Dicho texto es la tesis denominada “Jurisprudencia, su aplicación no viola la garantía de retroactividad de la ley” (Novena Época. Registro: 190663. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XII, Diciembre de 2000. Materia(s): Constitucional, Común. Tesis: P./J. 145/2000, página 16), la cual señala:

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito, al sentar jurisprudencia, no sólo interpretan la ley y estudian los aspectos que el legislador no precisó, sino que integran a la norma los alcances que, sin estar contemplados claramente en ella, se producen en una determinada situación; sin embargo, esta conformación o integración judicial no constituye una norma jurídica de carácter general, aunque en ocasiones llene las lagunas de ésta, fundándose para ello, no en el arbitrio del Juez, sino en el espíritu de otras disposiciones legales, que estructuran [como unidad] situaciones jurídicas, creando en casos excepcionales normas jurídicas individualizadas, de acuerdo a los principios generales del derecho, de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 14 constitucional; tal y como se reconoce en el artículo 94, párrafo sexto, de la Constitución Federal, así como en los numerales 192 y 197 de la Ley de Amparo, en los que se contempla a la interpretación de las normas como materia de la jurisprudencia”.

Agrega: “Ahora bien, tomando en consideración que la jurisprudencia es la interpretación que los referidos tribunales hacen de la ley, y que aquélla no constituye una norma jurídica nueva equiparable a la ley, ya que no cumple con las características de generalidad, obligatoriedad y abstracción, es inconcuso que al aplicarse, no viola el principio de irretroactividad, consagrado en el artículo 14 constitucional”.

Esto es del expediente de contradicción de tesis 5/97, “entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito”. Fue emitida el 10 de octubre de 2000 y votada por unanimidad de diez votos y la ausencia de José de Jesús Gudiño Pelayo, con base en una ponencia de Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Así, “el Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de noviembre en curso, aprobó, con el número 145/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de noviembre de dos mil”.

Destinarán 250 mdp para reforestar la cuenca Lerma-Santiago


Programa de la Comisión Nacional Forestal. Se abre la convocatoria para beneficiar más de 7,500 hectáreas

Guadalajara. Agustín del Castillo. MILENIO-JALISCO. Edición del 16 de julio de 2011

Durante los siguientes cinco años, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) invertirá alrededor de 250 millones de pesos para reforestar 7,575 hectáreas en 30 municipios de Jalisco y siete de Michoacán enclavados a la cuenca Lerma-Santiago.

La Gerencia Estatal en Jalisco de la Conafor lanzó la convocatoria para ingresar solicitudes al proyecto de restauración forestal de la cuenca Lerma- Chapala, “el objetivo de este nuevo programa, con la característica de tener apoyos multianuales por cinco años, en donde el pago en promedio será de cerca de 25 mil pesos por hectárea, es lograr la restauración de terrenos forestales y la conservación de bosques en un polígono de 587 mil 893 hectáreas de la cuenca, excluyendo el cuerpo de agua”, informa el organismo federal.

Los apoyos son determinados en base a las necesidades de conservación y restauración de cada predio, e incluye actividades como bordos a nivel y roturación de suelos con maquinaria, terrazas a nivel y presas, plantación, cercado, fertilización, mantenimiento de la reforestación, vigilancia, protección contra incendios forestales, plagas y enfermedades; y asistencia técnica.

“Se plantea también el pago de costo de oportunidad de la tierra, dependiendo de la vocación del terreno: se pagará mil quinientos pesos por hectárea al año en el caso de ganadería extensiva; entre 3,228 pesos por hectárea y tres mil 872 pesos para agricultura; y 5,860 pesos en zonas riparias (vegetación situada en las márgenes de cuerpos de agua)”. Los interesados en participar deberán presentar su solicitud en las oficinas de la Gerencia Estatal de la Conafor, con domicilio en Av. Vallarta No. 6503, Centro Comercial Concentro, locales B23 y B24, en la colonia Ciudad Granja, en Zapopan, hasta el 30 de septiembre si realizarán actividades de restauración en 2011, y a partir del 1 de octubre si iniciarán los trabajos en 2012.

Hacen apuestas por el lago de Chapala


Guadalajara. Agustín del Castillo. MILENIO-JALISCO. Edición del 16 de julio de 2011

Desde el que piensa que el lago mantiene su buen nivel y sube tanto que regresa a las épocas de desbordamiento, hasta los que piensan que podría ser el portal de una nueva sequía, ayer, técnicos y funcionarios del sector agua se reunieron en un predio anexo al mayor embalse natural del país, en Tuxcueca, para depositar sus pronósticos sobre el comportamiento del nivel del agua en este temporal.

Se trata de la quinta ocasión en los últimos ocho años que se da este encuentro. Funcionarios de la Comisión Nacional del Agua, Comisión Estatal del Agua, SIAPA, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y diversos empresarios constructores y técnicos de la academia. La reunión cuenta con el patrocinio de la Asociación Mexicana de Hidráulica (AMH), sección Jalisco, y la presidencia de Felipe Tito Lugo Arias y Fernando Rueda Lujano.

Hasta este día, Chapala ha recuperado trece centímetros, y se registra un ingreso de agua por el río Lerma de 32,200 litros por segundo, mientras que por el río Zula bajan 3,300 litros por segundo. La cota mínima de 2011 fue la 95.20 que se presentó hasta el 23 de junio, con un almacenamiento de 4,969 millones de m3, y con un descenso en escala de 1.42 metros, que en volumen representan 1,582 millones de m3.

El porcentaje total del lago fue de 62.93 por ciento con un área de embalse de 108,948 hectáreas. A partir del pasado 24 de junio registró su primer centímetro de ascenso.

La cota mínima de 2010 fue la 95.06 con un almacenamiento de 4,817 millones de m3, y con un descenso en escala de 77 centímetros, que en volumen representan 848 millones de m3, el porcentaje total del lago fue de 60.99 por ciento con una área de embalse de 108,265 ha. En torno a estos datos se establecen los distintos pronósticos sobre lo que pasará con el agua en este famoso lago mexicano.

SIAPA: resolución de SCJN favoreció a sector público


Municipios ya habían dado abonos de su cartera vencida, asegura el organismo. Sus deudas de agua se limitan al servicio de últimos 16 meses, según decidió la Corte, explica

Guadalajara. Agustin del Castillo. MILENIO-JALISCO, edición del 125 de julio de 2011

Debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) apenas se pronunció en marzo de 2010 para determinar la legalidad de cobrar el servicio de agua y drenaje a los edificios públicos, la monumental cuenta de débitos de los gobiernos federal, estatal y municipales con el SIAPA, que alcanzaría al día de hoy casi 1,100 millones de pesos, se limita a poco más de 100 millones, es decir, descendió en 91 por ciento.

Este adeudo es solamente correspondiente a 16 meses del servicio, que es el tiempo en que tiene vigente la citada jurisprudencia, pero a partir de entonces, no se dará trato privilegiado a ninguna entidad pública, aseguró ayer el director jurídico del organismo operador, Uriel Parga Ramírez.

El funcionario aclaró que si bien las cuentas aparentan dar un mejor trato a las deudas municipales, por encima de las estatales o federales, pues el descuento de las primeras fue de 96.5 por ciento, contra 84.5 por ciento del estado y 31.7 por ciento de la federación, esa aparente disparidad se debe a que los ayuntamientos han abonado 20 millones de pesos cada anualidad, a partir de 2009. “Eso fue como adelantarse al proceso, cuando ni siquiera tenían la obligación legal, entonces se consideró en la negociación y por eso aparentemente a ellos se les cobró menos, lo cual es inexacto”.

Las instituciones públicas no pueden alegar que el artículo 115 constitucional las protege de pagar el agua, pues el 23 de diciembre de 1999 se reformó ese artículo en aras de “fortalecer la Hacienda Municipal”, lo que derivó en no considerar los servicios de agua y alcantarillado como parte de las exenciones de los inmuebles de dominio público.

Esta aclaración la plantea la tesis de jurisprudencia 40/2010 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión privada del 24 de marzo de 2010, la cual derivó de tesis contradictorias de tribunales colegiados que instituyeron un caso de “Contradicción de Tesis” bajo el expediente 43/2010.

La exención data originalmente de 1983, cuando se adicionó la fracción IV del 115 constitucional. Pero la reforma de 1999 —señala el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (novena época, tomo XXXI, abril de 2010, página 423)— se modificó “la exención otorgada a bienes de dominio público, al suprimir la alusión a las contribuciones previstas en los incisos a y c de esa fracción [del 115 constitucional]”, de manera que “la exención relativa sólo opera respecto de los tributos sobre la propiedad inmobiliaria precisados en el inciso a del primer precepto invocado […], no así en relación al inciso c de la propia fracción IV, como son los derechos por el servicio de suministro de agua potable, que se causan sin atender a la calidad del bien del dominio público, sino por la simple prestación del servicio público que amerita, por regla general, una contraprestación [o pago]”.

SIAPA sólo recuperará 21 de cada 100 pesos que le deben


Ayuntamientos de la ZMG sólo pagaron 3.5% de los 655.8 millones de pesos que le debían al organismo operador; adeudos suman 3,743 mdp, pero sólo prevé cobrar 779 mdp, 180 de ellos este año.

Guadalajara. Agustín del Castillo. MILENIO-JALISCO. Edición del 14 de julio de 2011

De las deudas totales que sus usuarios mantienen con el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), apenas 21 por ciento son consideradas “recuperables” por el organismo operador, pero si se consideran las metas fijadas para este año, sólo se tiene expectativa de obtener 4.8 por ciento de ese débito total.

De esta manera, mientras se puede documentar una deuda de 3,743 millones 928,298 pesos, sólo se tienen condiciones jurídicas de obtener 779 millones 812,591 pesos, debido a las diversas prescripciones que operan en el caso: sólo se pueden cobrar hasta cinco años de adeudos; el Congreso estatal ha emitido decretos de condonación, año con año, para cancelar conceptos como gastos de ejecución o recargos; y por si fuera poco, a los edificios públicos (que son responsables de más de 1,100 millones de pesos de la deuda), se les reduce sustancialmente el débito, pues alegan que antes de abril de 2010 —cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió su jurisprudencia en que señala la obligatoriedad de pago del servicio de agua (artículo 115 constitucional)—, no se les debe cobrar un peso por el servicio.

El caso es que de 779.8 millones que restan de la operación de quitar todos los conceptos “incobrables” al total adeudado, este año el organismo le ha impuesto a su gerencia comercial la tarea de recuperar 180 millones, y como las cifras al final de julio rondan 78 millones de pesos, quedan pendientes alrededor de 102 millones de pesos en 2011.

Quince despachos fueron contratados desde 2010 por el SIAPA para tratar de ir acortando la enorme brecha entre agua suministrada y agua pagada. La estructura inicial de la deuda señalaba que los usuarios habitacionales eran responsables de 37.78 por ciento de los adeudos; los comerciales, de 21 por ciento; los municipales, de 17.5 por ciento; los lotes baldíos, de 10.4 por ciento; y el gobierno del estado (donde se incluye a la Universidad de Guadalajara), de 9.6 por ciento.

En cada componente se fueron dando negociaciones y finiquitos. Por ejemplo, la enorme deuda de los cuatro municipios —que tienen la mayoría de asientos en el consejo de Administración del organismo operador— fue liquidada con apenas 3.5 por ciento de su valor: 21.2 millones de pesos por una cartera vencida de 655.8 millones de pesos.

Por citar un caso, el rastro de Guadalajara, el inmueble público que más adeudaba al SIAPA, pasó de un adeudo acumulado de 140 millones de pesos a menos de cinco millones de pesos, alegando el tema de la vigencia de la jurisprudencia de la corte citada, a propósito de la interpretación del 115 constitucional.

La duda aquí es si un precepto legal entra en vigor a partir de que se le interpreta, o desde que la ley es promulgada. En las negociaciones se adoptó el primer criterio, totalmente a favor de los deudores.

Es por eso que los deudores públicos han sido considerablemente favorecidos (ver gráfico anexo). En el caso de los particulares, hay también sustanciales descuentos, sobre todo por el tema de la prescripción y las condonaciones. El sector menos favorecido es el industrial, que sólo ve reducida su cartera en 27 por ciento.

-------------------------------

Uno X Uno

Desglose de la deuda de 3,743.92 millones de pesos que los usuarios tiene con el SIAPA, por tipo de documento o acción:

$ 20’200,190 adeudo por cuota fija

$ 37’119,967 adeudo por contribución a plantas de tratamiento

$ 584’744,897 deudas por prescribir (vencen tras cinco años sin ser cobradas)

$ 1,287’157,505 agua facturada

$ 12’224,657 pago de garantía por medidores

$ 560’911,647 gastos de ejecución

$ 150’862,167 plan de pagos (deuda conveniada)

$ 832’423,847 recargos

$ 226’773,038
reconexiones

31’510,332 deudas no especificadas

Fuente: SIAPA

Fraccionamientos pobres, o crecer sobre riesgos


Guadalajara. Agustín del Castillo. MILENIO-JALISCO. Edición del 14 de julio de 2011

El caso La Martinica es apenas uno más en la larga historia de asentamientos humanos para millones de habitantes pobres, sin elementos básicos de planeación, que han crecido desde hace cuatro décadas en la periferia de la zona metropolitana de Guadalajara.

Un buen día, una especie de corredor de bienes raíces (llamado en esta historia, sin ironía, “coyote”), se acerca a un campesino —siempre son áreas de tenencia ejidal o comunal, precarias en cuanto a seguridad jurídica— y le hace una propuesta para adquirir parte de su parcela a nombre del interés público —hay padrinos políticos de por medio— y por un dinero que el ingenuo campesino nunca ha visto en su vida.

Si acepta, piensa el ejidatario con fatalismo, “el gobierno me dio la tierra, el gobierno me la quitó”. El dinero se perderá en algún auto nuevo y dos o tres francachelas.

Si se niega, le amanecerá la parcela invadida por paracaidistas, agresivos ante su exigencia de respeto a su posesión. Y no habrá poder legal que ayude al atribulado ejidatario o comunero a recuperar su unidad de dotación: es muy probable que el comisariado ejidal o comunal (que siguiendo con el tono de este relato, es el “cacique”) haya firmado la cesión con sello de la comunidad. El asentamiento va porque va.

No hay ninguna idea. En busca de beneficiar “al mayor número de personas” (equivalente a “maximizar la ganancia a corto plazo” para el citado “coyote”), se colocan lotes pequeños con calles mal trazadas. Si se atraviesa un arroyo, por ser de temporal y llevar poco agua, será convertido en calle o destinado para un canal. Toda la hidrografía será el eje de los futuros colectores. Partes bajas, partes altas, zonas de piedra o de arena, todo es “urbanizable”.

¿Quién cargará con los costos de la urbanización? Obvio, los padrinos políticos, algún diputado o funcionario municipal, se compromete a gestionar servicios ante el ayuntamiento. La ciudad absorberá este negocio de particulares. Los habitantes deberán ser agradecidos y acudir a los “trabajos políticos” en que sean requeridos. Votos para el político gestor, por lo menos.

Así creció, sobre zonas de riesgo, y sigue creciendo buena parte de Guadalajara (el caso del ejido Santa Ana Tepetitlán, en Zapopan, demuestra que no son costumbres exclusivas de épocas priistas). Si un día cae una tromba, se desborda el arroyo, las casas se inundan y sale incluso algún muerto, pocos recuerdan la historia completa. Y además olvidan que un colector, por ancho que sea, será incapaz de contener una avenida extraordinaria de agua.

La ciudad consolidada ya se extiende en más de 50 por ciento de su superficie sobre zonas inadecuadas, en las cuales se padecen sobre todo inundaciones, pero sin faltar la exposición a aguas malolientes, los agrietamientos y hundimientos por rellenos inadecuados, los deslizamientos de materiales y las exposiciones a la contaminación atmosférica (Público Milenio, 26 de noviembre de 2009). El futuro pinta igual.

La lluvia ahoga a La Martinica


Ayuntamiento destinará tres millones de pesos para damnificados. 58 familias perdieron sus bienes al inundarse sus viviendas, tras taponarse el canal que hace unos días inauguró la CEA en esa colonia de Zapopan

Guadalajara. Agustín del Castillo / Henry Saldaña / Jorge Alberto Mendoza. MILENIO-JALISCO. Edición del 14 de julio de 2011

La colonia La Martinica, en Zapopan, pagó ayer el costoso precio de haber sido edificada sin normas urbanas ni planeación: el asentamiento espontáneo surgido en los años ochenta del siglo XX, como consecuencia del tráfico ilegal de tierras de tenencia social, fue literalmente inundado por la fuerte tormenta precipitada en la madrugada del miércoles.

Al no tener espacio suficiente para sus arroyos, devenidos a colectores estrechos debajo de calles precarias, el agua se desbordó hacia las fincas y 58 hogares —según el reporte oficial— quedaron cubiertos por una lámina de uno a dos metros de altura, ocasionando la pérdida de los bienes de familias de escasos recursos.

Aunque ya en la mañana personal del Ayuntamiento de Zapopan empezó a repartir cobijas y otro tipo de ayuda, los habitantes de la zona, quienes tienen sus casas a la orilla de un canal pluvial, mostraron su molestia debido a que la Comisión Estatal del Agua (CEA) inauguró apenas hace unos días el colector que presuntamente evitaría precisamente la anegación en las viviendas.

Andrés Castillo Mendoza, uno de los alrededor de 392 afectados, comentó: “Se siente uno derrotado el ver que uno se queda sin nada y no es una vez, sino que han sido tres a cuatro veces que ha sucedido”.

Pese a los antecedentes, dijo que el evento los tomó por sorpresa. “En la mañana empezó a subir el agua. Se escuchaban muchos estruendos y mucha gente gritaba; muchos niños lloraban. Nosotros salimos y el agua nos daba una altura de un metro. Todo quedó dentro de la casa, pues nos agarró de sorpresa y luego dormidos. Lo único que salvamos es lo que traemos puesto. Nosotros teníamos confianza en esa obra [el canal de la CEA], pero volvemos a lo mismo y peor, porque antes eran pequeñas inundaciones. Hoy fue una alberca”, expresó con lágrimas que surcaban sus ojos al tratar de ver qué pertenencias podía recuperar entre el lodo que atiborró su vivienda.

Héctor Vielma Ordóñez, alcalde zapopano, acudió a la zona afectada y le informó a los pobladores que les otorgarían apoyos económicos para que puedan reponer sus pertenencias. Señaló que la mayoría de las viviendas afectadas se encontraban dentro de los arroyos naturales, por lo que sus moradores serán reubicados para evitar que en un futuro vuelvan a padecer otra inundación.

Más tarde, en una rueda de prensa, el primer edil zapopano informó que van a destinar tres millones de pesos para apoyar a la gente afectada por la inundación en La Martinica, para que puedan reconstruir y reforzar sus casas (1.5 millones de pesos) y sustituir sus bienes perdidos (1.5 millones de pesos).

“Son las primeras viviendas que vamos a desalojar y pedirle a la gente que pueda irse a los albergues, nos hemos encontrado con gente que no quiere irse a los albergues”, prefieren irse con familiares, agregó y explicó que se habilitaron tres albergues donde se ofrece comida, cobijas y ropa.

Uno de los refugios se abrió en el DIF ubicado en avenida Laureles, otro en el Centro de Desarrollo Comunitario, en la colonia Parques del Auditorio y el tercero en la calle Francisco I. Madero, en la colonia Tabachines.

“Estamos trabajando con el gobierno del estado en la entrega de 900 raciones de alimento, 230 despensas, 230 cobijas, 36 bultos de ropa y 150 catres sin colchonetas”, señaló.

También dijo que destinaron 500 mil pesos en maquinaria que utilizan para destapar el canal e informó que para tranquilidad de la gente, la Policía Municipal montó un operativo para evitar saqueos en las casas dañadas.