domingo, 31 de octubre de 2010

105 diputados federales piden juicio político vs Emilio


PRI toma la ofensiva en el Congreso federal por caso Tenacatita; la denuncia contra el gobernador de Jalisco es por violar la Constitución

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 29 de octubre de 2010

Con 105 firmas de diputados federales, la comisión de responsabilidades del Congreso de la Unión recibió ayer por la noche la denuncia promovida por legisladores priistas de Jalisco para que se abra procedimiento de juicio político en contra del gobernador del estado, Emilio González Márquez, a quien acusan de violar la Constitución favoreciendo a un particular para cerrar una carretera y una playa públicas, en Tenacatita, municipio de La Huerta.

Los legisladores del tricolor se encontraron con el apoyo masivo de homólogos de otras fracciones legislativas; la solicitud se presentó ayer con el respaldo de más de un centenar de firmas de legisladores de todos los partidos políticos, a excepción del gobernante Acción Nacional y del Partido Nueva Alianza, aseguró el diputado Salvador Caro Cabrera.

“Fue increíble, cuando convocamos a quien quisiera firmar, se acercaron de muchos partidos a dejar su firma”, explicó el legislador, entrevistado por vía telefónica.

Los priistas señalan que González Márquez ha violado los artículos 4, 11, 27, 108 y 109 de la Constitución, así como a las leyes generales de vías de comunicación, incurriendo en tipos penales establecidos en el Código Penal Federal y responsabilidades según la Ley de Servidores Públicos.

La decisión fue tomada tras que el gobierno de Jalisco se negó a participar en una “mesa de diálogo” convocada con la mediación de la Secretaría de Gobernación, instancia que pidió a los diputados no presentar el juicio político, lo que aceptaron los legisladores siempre y cuando se abrieran los accesos de la carretera y la playa.

La exigencia de los priistas, tras los hechos violentos del pasado domingo, era la reapertura de la carretera y la playa, una investigación completa sobre el tema jurídico y la restitución de bienes de las personas desalojadas desde el 4 de agosto pasado.

“Los planteamientos anteriores son lo que hicimos ante la Segob y que han causado indignación al gobierno del estado, ya que los diputados federales consideramos justos reclamos, por lo que no tenemos otra alternativa que presentar la denuncia de juicio político en contra del gobernador”, dijeron en un comunicado nueve diputados priistas de Jalisco.

“De igual forma, presentaremos ante las instancias que sean necesarias las demandas correspondientes para lograr hacer justicia a los habitantes de una comunidad que su único delito, ha sido trabajar en la construcción de un sueño que fue destruido con maldad y respaldo de una autoridad que protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución, sin embargo, respondiendo a intereses de un particular, ha olvidado lo protestado, por lo que tendrá que responder por sus actos”, añaden.

Los legisladores esperan que prospere con rapidez el juicio, dado que tiene respaldo de más de la quinta parte de la cámara baja.

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Las peticiones

1.- La apertura inmediata de la carretera y el libre acceso a la playa.

2.- La liberación de los predios fuera de las 42 hectáreas de las que se dice dueño la Inmobiliaria Rodenas.

3.- Que sean los tribunales quienes determinen quién es el legítimo propietario de las 42 hectáreas del conflicto.

4.- Que se otorgue al ayuntamiento de La Huerta, Jalisco, la concesión de la zona federal.

5.- Que se retiren las denuncias penales a las personas que defendieron su propiedad.

El SIAPA busca ampliar el acueducto Chapala-Guadalajara


El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) se pondrá en lista de espera de los recursos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) para acceder a los dos mil millones de pesos que se requieren para construir la segunda línea del acueducto Chapala-Guadalajara, dijo ayer el director del organismo, José Luis Hernández. “Se están gestionando los estudios de valuación económica y financiera, pues se requieren dos mil millones; es mientras se hace la presa El Purgatorio, no estamos abarcando de má, la segunda línea nos permita extraer 100 por ciento de lo que nos marca la concesión que tenemos, de 7.5 metros cúbicos por segundo”, explicó.

Guadalajara. Agustín del Castillo

Políticas urbanas y de vivienda provocan desastres: CNA


Luege exige transversalidad ambiental en políticas de vivienda. Las inundaciones y deslaves de esta temporada no se deben al cambio climático; se deben a la corrupción y la ignorancia, sostiene el funcionario

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO, edición del 28 de octubre de 2010

Los desastres de esta temporada, pequeños y gigantes, en diferentes asentamientos humanos del país, a consecuencia de inundaciones y deslaves, no son culpa del cambio climático, sino de la corrupción, de la pésima planeación urbana y de la caótica tendencia de producir viviendas en zonas no aptas, advirtió ayer el director de la Comisión Nacional del Agua (CNA), José Luis Luege Tamargo.

De visita en esta ciudad, para inaugurar la XXI Congreso Nacional de Hidráulica, en las instalaciones de Unico, de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), el funcionario aseveró que son múltiples los retos que enfrenta nuestro país en materia hídrica, y que tienen que ver con los cuatro ejes de la Agenda del Agua 2030. En el eje denominado “asentamientos seguros frente a inundaciones”, destacó el grave problema que entraña la falta de consideraciones ambientales y de protección civil al edificarse asentamientos que pueden ser de unas cuantas casas hasta de miles de viviendas, con el afán de cumplir metas anuales de edificación de vivienda.

“La mayor parte de los daños que hemos tenido este año, con pérdidas humanas y económicas, fue debido a mala planeación de los asentamientos humanos, anarquía en el crecimiento de nuestra población, invasiones de los cauces de los ríos, autorizaciones estatales y municipales para la ocupación de zonas inundables, invasión de zonas y Distritos de Riego, debilitamiento de las políticas públicas de ordenamiento territorial, desforestación de los bosques y pérdida de suelo, y asentamientos aislados en zonas con pendientes pronunciadas, son algunas de las principales causas que nos afectan”, enfatizó.

Ello obliga a una lucha frontal a las causas: alcanzar un manejo adecuado de cuencas, evitar la deforestación masiva de las partes altas, generar ordenamientos ecológicos que permitan un adecuado uso de suelo, y meter orden en las políticas de urbanización, lo que significa no dar espacio a ocurrencias de gobernantes ni a autorizaciones inadecuadas movidas por la corrupción.

Respecto a la cantidad de personas que habita zonas inadecuadas, declinó dar una cifra. “En este momento no pueda darte una cifra, y debido a que es tan grave el deterioro ambiental producto de asentamientos humanos, de la devastación de selvas y bosques, la recuperación no la estamos planteando para el 2030, para esa fecha estamos planteando ir a fondo en la solución de los problemas, y hay acciones de recuperación que te van a llevar muchísimo más tiempo, y lo importante para nosotros es sentar las bases”.

- Pero está el problema de la vivienda: mientras ustedes hacen este planteamiento hay un subsidio federal brutal para la vivienda masiva, y que se está construyendo en lugares inadecuados, ¿cómo enfrentarlo?

- Así es. Por eso en la agenda del agua 2030 hemos estado hablando de la transversalidad, ha ido pasando que hay distintas competencias, la Conavi [Comisión Nacional de Vivienda] dice, mi meta son tantos millones de viviendas, y las voy a hacer, y la meta de la CNA es que esas viviendas tengan agua de manera sostenible; entonces tiene que haber necesariamente una acción de transversalidad.

- ¿Qué no se está dando ahorita?

- Hay municipios que sí la tienen y municipios que no; hay visiones de estados muy cercanas y hay otras que no, […] la discusión que estamos teniendo, nos va a permitir hacer propuestas al gobierno, a la presidencia de la república y a la Cámara de Diputados para reformas legales; creo que hace falta una visión más estratégica como se tuvo en su momento en la Sedue en cuanto al ordenamiento general del territorio, hay que respetar como algo sagrado bosques, zonas inundables, cauces de ríos y las zonas federales, y esto lo tiene que asumir cualquier municipio.

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A Temacapulín, si lo invitan

El titular de la CNA señala que tiene toda la disposición de acudir al poblado de Temacapulín, que será afectado por la presa El Zapotillo. Dice que eso depende de la invitación del Senado. También asegura que la oposición a la presa es mínima y exagerada por su estridencia.

La visita “fue a propuesta de los mismos senadores, es decir, yo voy si me invitan, pero si tengo un cocimiento muy preciso del avance y la relevancia del problema social y político que yo espero que se arregle y se resuelva”.

Luege Tamargo aseguró: “sé que hay la suficiente aceptación del proyecto, conozco a fondo el tipo de casas que se presentaron, que son casas dignas, son un lote muy amplio, para mantener la coherencia geográfica, es decir, todo el centro se debe de trasladar piedra por piedra, lo que es la fachada de la iglesia, de manera que quede Temacapulín como lo están viendo ahorita, pero sin ningún riesgo por su cercanía al embalse”.

- ¿Y por qué si hay un aceptación siguen las manifestaciones en contra, los ciudadanos con sus protestas?

- Es que se da lo que lamentablemente pasa en otros puntos del país, se politiza, se toma como bandera política; viene aquí un político a decir que él se va a encargar de que no se haga, pero el interés de ese político no es Temacapulín, es el marketing, el tener un aparente acercamiento social, y esto es un fraude pues se mal informa a la gente, se les engaña, cuando en realidad lo único que se ha dicho es que el proyecto absolutamente necesario para millones de personas en la zona metropolitana, para recargar acuíferos, para que Chapala mantenga sus niveles, para sanear los ríos, y es un beneficio social, prioritario, pero se busca no afectar en lo más mínimo a la gente de Temacapulín.

Abrirán dos parques eólicos en Ojuelos


Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO, edición del 28 de octubre de 2010

La región alteña tiene potencial para la energía eólica. La mejor prueba es el trabajo que realizó la empresa de capital español Eoliatec de México, que ayer firmó el segundo convenio con ejidos de Ojuelos para caminar hacia la apertura de dos campos eólicos que suman 1,500 hectáreas, que costarán alrededor de 2,200 millones de pesos (mdp) y dejarán en cuatro ejidos más de 130 mdp.

El procurador agrario, Rocendo González Patiño, fue testigo ayer de la firma de los contratos de asociación de la empresa con los ejidos de Chinampas y Matanzas, que prestarán por 30 años sus tierras de uso común para el segundo campo. El primero ya tiene sus contratos signados con los ejidos Vaquerías y La Paz.

El procurador destacó que es claramente posible ver en la tenencia social un potencial socio de negocios, lo que la procuraduría está detonando por medio de su programa de Fomento a la Inversión Pública y Privada en la Propiedad Rural.

“Estamos cambiando la imagen de la tenencia social como un área de conflicto; también, estamos ayudando a vencer las desconfianzas mutuas entre ejidatarios y empresarios. Estamos en la tercera etapa del gran cambio social que significó la reforma agraria: fueron 77 años de reparto agrario, más de quince años para ordenar las tierras [con el programa de Certificación de Derechos Ejidales, Procede] y ahora estamos comenzando la tercera etapa [...] que es aprovechar la riqueza de manera sustentable”.

En la firma estuvo presente el representante de Eoliatec de México, Óscar Galindo Ríos, quien consideró que muchas empresas están viendo en México un campo de oportunidad para generar energías alternativas, pese a que no es el país que ofrece las mejores condiciones. España y Alemania son los ejemplares en términos del subsidio a la actividad.

Don Ángel, comisariado de Chinampas, consideró la llegada de esa inversión como un milagro. “Estamos en una zona donde casi nunca llueve, pero gracias a Dios sí hay aire… esperemos que sigan los vientos favorables”.

Gobernación ofrece diálogo a cambio de juicio contra Emilio


El PRI nacional respalda a su fracción jalisciense; la Segob discutió el tema con diputados priistas; los legisladores dicen que sólo habrá mesa de diálogo a condición de liberar carretera y playa. La inmobiliaria Rodenas se niega a hacerlo. En la foto, Funcionario de Gobernación en la reunión con diputados del tricolor. Imagen tomada del Twitter de Salvador Caro

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 27 de octubre de 2010

Diputados federales priistas de Jalisco tuvieron ayer, después del mediodía, un encuentro con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, en el palacio de San Lázaro, en la ciudad de México, con el afán de destrabar el conflicto en Tenacatita. En la mesa, los funcionarios les ofrecieron mesa de diálogo a cambio de no abrir expediente de juicio político contra el gobernador panista Emilio González Márquez. Los priistas reviraron: habrá diálogo sólo si se reabren al público tanto la playa como la carretera, ahora bloqueadas.

Estos detalles los ofreció el legislador Salvador Caro Cabrera, quien vivió el zafarrancho del pasado domingo 24 de octubre; el representante popular puso en relieve que han obtenido el respaldo de toda la bancada tricolor, y que la actitud del gobernador González Márquez lo está aislando, y genera riesgos para el propio estado ahora que se negocian presupuestos para el año 2011.

La bancada tricolor acordó gestionar ante la mesa directiva de este órgano colegiado, un extrañamiento al mandatario jalisciense, ya que es “inaceptable” la respuesta violenta de las autoridades gubernamentales de la entidad.

“Recibimos amenazas de muerte, lesiones y adicionalmente pedimos a la Procuraduría del estado de Jalisco dé vista a la Fiscalía Especial de Delitos Contra Periodistas, de los ataques que sufrieron los representantes de los medios”.

En conferencia de prensa en San Lázaro, el diputado David Hernández, aseguró sobre los hechos del domingo que “los pobladores [de El Rebalsito] querían el domingo con armas ir y meterse, logramos disuadirlos; nos pedían que cuando menos fuéramos, las playas son libres de acuerdo a la Constitución, logramos calmarlos y les pedimos que nos acompañaran para ir de manera pacífica, que nos permitieran a un grupo ingresar para que cuando menos se dieran un chapuzón, las personas, que es lo que nos pedían”. Y la respuesta fue una agresión con gases, añadió.

Recordó que la inmobiliaria Rodenas, que sostiene la posesión tras el desalojo del pasado 4 de agosto, ya perdió la concesión de la zona federal marítimo terrestre, pero “resulta que con todo y eso, hicieron la destrucción de hoteles, restaurantes, y de todo lo que tenía la población tras 30, 40, hasta 50 años de asentamiento”.

Así, “Tenemos casi listo un juicio político en contra del gobernador del estado de Jalisco, y estamos solicitando la renuncia inmediata del secretario de Seguridad Pública, el señor Nájera, por los hechos violentos que se dieron”.

La cita con el equipo de la Segob la presidió el jefe de la Unidad de Gobierno de la Subsecretaría de Gobernación, Carlos Armando Reynoso Nuño. “Nos solicitan eso, que les demos la oportunidad de convocar a la brevedad a una mesa de diálogo. Ellos se están comprometiendo a que se abriría lo más pronto posible la playa y la carretera, que eso es parte de las peticiones que estamos haciendo, y que les permitamos llegar a la negociación sin haber presentado el juicio político”, explicó.

Ante eso, “estamos dispuestos, siempre y cuando no pase de esta semana”. Se piden cinco cosas: reabrir carretera y playa, limitar el litigo a 42 hectáreas que marca la escritura y no “90 ha o más tomadas”; que continúe “el juicio para ver quién determina [a quien corresponde el mejor derecho], porque tienen escrituras y títulos de propiedad tanto unos como otros. Hay 170 personas que tienen título de propiedad en las 42 hectáreas de las que se dicen”; que se dé el destino de la playa al Ayuntamiento de La Huerta y no al particular; y que se retiren denuncias penales contra habitantes de El Rebalsito.

Ayer por la tarde, la Inmobiliaria Rodenas difundió su postura ante las exigencias de los diputados, según la publicación de un sitio de Internet, de que no se aceptaría la propuesta de abrir el predio porque se trata de una zona de propiedad privada que se había logrado recuperar “tras 32 años” de litigio.

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Emilio descarta acusaciones

Para el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, el caso Tenacatita es claro: “Hay un dictamen de un juez que le entrega unas tierras de unas de las partes en litigio, la otra parte la que perdió el litigio se inconforma pero es un Juez en un proceso que ha ido hasta la Corte, quien ha dictaminado a quien le pertenecen, no es un tema del gobierno del estado, el gobierno está presente para evitar que los particulares se agredan, como ya ocurrió este fin de semana”, dijo ayer en Sonora.

El mandatario aseguró que el caso no le quita el sueño. “Está tranquilo, fueron algunos actores políticos y está documentado ahí, a tomar un terreno privado en donde un Juez le dio la posesión a una de las partes en litigio. Esta parte privada tiene policías privados, de esos que se contratan llamados policía auxiliar, el Gobierno del Estado está a la expectativa para que no se repitan hechos de violencia como el que se dio el fin de semana en donde particulares trataron de tomar un predio a otros particulares, ahí el Gobierno del Estado está en calidad de evitar violencia”.

Por su parte, el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, dijo que el interés de los diputados priistas por atender la situación de Tenacatita es sospechoso, pues se basa en un interés político más que social.

México, líder en servicios ambientales


Revisan en Conafor experiencias exitosas a nivel nacional. En la foto, un aspecto del desierto en la zona de Cuatrociénegas, Coahuila

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 27 de octubre de 2010

El Programa de Servicios Ambientales de la Comisión Nacional Forestal recibe 20 por ciento del presupuesto del organismo federal y genera además una bolsa de hasta cuatro mil millones de pesos a favor de los dueños de los bosques y selvas, y de la conservación de valiosos servicios a favor de las ciudades y la población en general, dijo el coordinador general de Producción y Productividad del organismo, Sergio Graf Montero.

Al dar comienzo al Encuentro nacional de experiencias exitosas en el tema, el funcionario destacó la enorme necesidad de convertir los proyectos de gubernamentales a asuntos de las sociedades locales, de manera que se garantice la permanencia de los ecosistemas y sus servicios a largo plazo.

México es una de las naciones líderes en el tema del pago de servicios ambientales, y sostiene el programa más amplio en aspecto de cobertura y financiamiento que hay en el planeta, si se considera que el de China incluye el componente de reforestación.

“Estamos tratando de establecer la consolidación de mecanismos institucionales locales para lograr que se establezca el esquema ya de forma permanente”. Un caso ejemplar es lo que se ha hecho a nivel de legislación en el estado de México, que aprobó destinar 3.5 por ciento de los ingresos globales por el servicio de agua a pagar servicios ambientales, lo que lleva que se entreguen 1,500 pesos de estímulos por hectárea, muy por encima del resto del país.

“Si tuviéramos eso en todas partes, podríamos detonar muchísimos procesos con ayuda de los fondos concurrentes”, puso en relieve el funcionario.

El Primer encuentro nacional para el intercambio de experiencias en el desarrollo de mecanismos locales de pago por servicios ambientales, se realiza en el Auditorio Alberto Cárdenas Jiménez, en las oficinas centrales de la Conafor, en Zapopan.

El propósito es compartir experiencias, analizar y discutir temas como los instrumentos financieros, de recaudación y pagos de los mecanismos locales; además otros temas como el rol de los proveedores, el papel de las campañas de comunicación y sensibilización, legislación, coordinación institucional y alianzas.

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Programa con siete años de historia

El programa de servicios ambientales “fue creado hace siete años por la Comisión Nacional Forestal como un incentivo económico a los dueños de terrenos forestales para preservar los ecosistemas que proveen estos invaluables servicios, evitando el cambio de uso del suelo –deforestación- y/o la degradación de los bosques”, señala el organismo en la presentación del encuentro nacional que comenzó ayer

La cita cuenta con la asistencia de 17 comunidades; “la Comisión Europea ha destacado del caso de México como estrategia para la conservación de los ecosistemas forestales y el desarrollo sustentable”, añade.

De los casos a presentar, destacan el Fondo Monarca, en la sierra de Chincua; el proyecto del Comité de Recursos Naturales de la Chinantla Alta (Corenchi), quienes poseen un corredor natural continuo de más de 26,770 hectáreas de vegetación en buen estado de conservación en Oaxaca, o la protección de la cuenca alta del río Nazas.

Aguaprieta dañará un área protegida


Ecologistas alertan por el monorrelleno de Los Tempizques. Exigen se mueva el sitio de disposición de lodos de la planta de tratamiento de Aguaprieta fuera de la barranca del río Santiago, la cual tiene estatus de reserva protegida municipal para conservación hidrológica avalada por el Congreso del estado

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 27 de octubre de 2010

La planta de tratamiento de Aguaprieta ya pasó la difícil aduana del Congreso del estado, pero a juicio de Agustina Rodríguez Miranda, asesora ambiental de la Fundación Cuenca Lerma Lago Chapala Santiago, los legisladores están avalando los graves efectos ambientales y sociales que la obra traerá para el área natural protegida municipal Barranca del río Santiago, de Zapopan.

Esto, porque un predio contiguo denominado Los Tempizques, enclavado al interior de la reserva protegida, será utilizado para instalar el “monorrelleno”, es decir, el tratamiento de los lodos contaminados que se acumulan en la planta, muy cerca del río y de zonas naturales que deben ser preservadas.

Así, la consultora ambiental destaca que el proyecto significa violación a la norma oficial mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, al decreto estatal 20611 para el área protegida Barranca del Río Santiago, y la propia Ley de Aguas Nacionales.

“El monorrelleno encuentra a menos de 500 metros del río, en zona inundable, en falla geológica; la planta no tiene permisos de descarga de aguas residuales al río Santiago -dentro de parámetros permitidos por la NOM-001 de aguas-, no tiene permiso para uso de zona federal ribereña al río para el monorrelleno, no presentó estudio técnico justificativo para cambio de uso de suelo federal, solo manifestación de impacto ambiental [MIA] en la cual está pendiente información complementaria que solicitó al promovente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [Semarnat]”, subraya.

La MIA fue presentada ante la Semarnat en modalidad particular, el 25 de mayo de 2010. El 9 de agosto siguiente la autoridad solicitó información complementaria y está en fase de resolución, lo cual puede ser en sentido positivo o negativo, dijo por su parte a Público el delegado de la dependencia, José de Jesús Álvarez Carrillo.

El proyecto de monorrelleno tiene planteada una vida útil de 20 años. “El lodo será trasladado por medio de camiones desde la planta hacia los predios El Tempizque y La Olla, donde serán efectuadas las operaciones de monorrelleno”.

Sin embargo, no es la mejor zona. Los Tempizques, de casi 41 hectáreas, tienen un uso de suelo predominantemente agrícola y frutícola, con una fracción de selva caducifolia en recuperación de actividades ganaderas intensivas en el pasado. La Olla, de 31 ha, tiene perturbaciones por ganadería intensiva pero registra uso agrícola (agave) y manchones de selva. En general, estos predios forman parte de la zona de amortiguamiento del área de protección hidrológica municipal del río Santiago. No se permiten cambios de uso de suelo, sino la permanencia de las actuales actividades, enriquecidas con un fuerte componente de sustentabilidad. La cuestión es que establecer allí el monorrelleno en nada respeta la zonificación ni enriquece el uso sustentable.

A Rodríguez Miranda le preocupa que el documento de la MIA, elaborado por la Comisión Estatal del Agua (CEA), a su juicio, falsea datos en aras de facilitar la autorización. Ejemplos: se habla de un predio de propiedad privada, y en realidad es una superficie de la comunidad indígena de Mezquitán.

Y si se revisan uno por uno los componentes de manejo de la reserva natural, los viola de forma sistemática. En su opinión, los diputados fallaron al autorizar Aguaprieta.

“Si querían condicionarle el proyecto al CEA, ésta condición debió ser la reubicación de un terreno opto, que no se encontrara en la zona de protección. Cuando yo le pregunté en la consulta pública a los de la CEA cuales eran los otros terrenos que se habían valorado, y por qué causas se habían considerado inviables para el proyecto de tal manera que consideraron mejor el de Los Tempizques, no me contestaron, solo dijeron que sí se habían valorado otros terrenos”.

Considera “lamentable que no existan políticas públicas, que solo haya negocios privados y ocurrencias; esta operación obliga a los habitantes de Tempizque a desplazarse a colonias periféricas de la ciudad -Mesa Colorada por ejemplo-, pues en su limitación económica, oropeles y espejitos que les ofrecen, para algunos pareciera una oportunidad el salir de su entorno; sin embargo, no se les da capacitación, alternativa productiva -vivían en su mayoría de la agricultura-, simplemente se van a engrosar la lista de personas en situación de marginación”.

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Compra extraña

La fundación señala que la operación de compra-venta o cesión de derechos de los terrenos, la realizó la CEA con la comunidad indígena, sin reconocer a los posesionarios. Además, “los que negociaron el dinero a los comuneros les entregaron tan solo 20 de los 80 pesos por hectárea que habían pactado con la CEA”.

“Quizá en la contraparte puedas encontrar opositores a este razonamiento, que digan que Guadalajara tienen urgencia de sanear las aguas, y tienen razón, no es que el argumento sea contrario, pero no habría de hacerse de ésta manera, violando totalmente el estado de derecho, violentando garantías individuales, derechos de tercera generación que son de todos y de nadie en particular; favoreciendo intereses privados encima de los sociales; y, sobre todo, dejando sin sanear realmente el río Santiago”, añade la consultora.

Huicholes se quejarán en Washington, EU, ante la CIDH


Foto: durante la visita del alto comisionado de derechos humanos de la ONU, la pasada semana, cortesía de AJAGI

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 26 de octubre de 2010

La Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) recibirá, en su audiencia pública del próximo 28 de octubre, en Washington, Estados Unidos, el caso de las presuntas violaciones a derechos indígenas por parte del gobierno de Jalisco en la construcción de la carretera estatal Bolaños-Huejuquilla, denuncia presentada por los huicholes de Tuapurie o Santa Catarina Cuexcomatitlán con el respaldo de la asociación civil Conservación Humana.

La audiencia, en el marco del 140 periodo de sesiones, es para “tratar cuestiones referentes a la situación en general del derecho a la consulta y participación en asuntos de interés público en México. En especial, presentar casos de violaciones a los derechos ambientales de los pueblos indígenas”, informó el presidente de la agrupación, Humberto Fernández Borja.

Conservación Humana “tiene el objetivo de exponer la impunidad que existe en las acciones del gobierno de Jalisco en contubernio con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas [CDI] y otras instancias federales, contra la comunidad de Tuapurie […] precisamente por la falta de consulta y participación en asuntos de interés público”.

El problema “se centra en la oposición de Tuapurie a la construcción ilegal de la carretera Bolaños-Huejuquilla el Alto, Jalisco, que amenaza contra la integridad de sus tierras ancestrales y de una región de la Sierra Madre Occidental -prioritaria por su biodiversidad y servicios ambientales-. La carretera es promovida tanto por la CDI como por el gobierno de Jalisco y las presidencias municipales de Bolaños, Huejuquilla y Mezquitic, todas regidas por el mismo partido –Acción Nacional-, lo que ha incrementado la complicidad e impunidad”.

Fernández Borja destaca que en el pasado reciente, los wixaritari frenaron la obra y se logró la “clausura total temporal” de toda la carretera en abril 2008. No obstante, en meses recientes, las delegaciones en Jalisco de la Semarnat y la Profepa “han solapado delitos dictaminados al levantar la clausura en varios tramos”.

Tras ello, agrega, “se han presentado diversas denuncias e instaurado procesos legales sin obtener respuesta favorable alguna”.

—¿Qué exigen los indígenas? —Cesar el acoso y la persecución a las autoridades y líderes huicholes; el cumplimiento de las medidas de urgente aplicación para subsanar los daños ambientales que impuso la Profepa; clausura definitiva del ilegal proyecto carretero; auditar integralmente a todo el proyecto, incluyendo lo ambiental y financiero, dado que está viciado de origen -se contrataron a 19 empresas para construir cada una 5 kilómetros, lo cual atenta contra toda lógica económica-.

También, “indemnizar por los daños y perjuicios ya ocasionados a la comunidad; remediar los daños ecológicos y a los sitios sagrados en los territorios de la comunidad, así como en el resto de las zonas de prioridad para la conservación de la biodiversidad”. Finalmente, “fincar las responsabilidades a quienes resulten responsables por los delitos e irregularidades cometidas, incluyendo la destitución de los funcionarios que participaron en la fabricación de documentos”, puntualizó Hernández Borja.

Policía estatal volvió a la playa de Tenacatita


Legisladores priistas interponen denuncia penal por los hechos violentos del domingo 24 de octubre; diputados iniciaron la violencia, dijo Fernando Guzmán; los legisladores sostienen que el libre tránsito es una garantía que viola Rodenas, y ésta niega el señalamiento

Guadalajara. Agustín del Castillo / Maricarmen Rello / Ignacio Pérez Vega. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 26 de octubre de 2010

Los saldos un día después de la violencia en el ingreso a Tenacatita: el gobierno del estado mandó “de nuevo” policías para distender la zona; diputados priistas agredidos denuncian penalmente los hechos, y alegan inconstitucionalidad del retén policiaco; el empresario José María Andrés Villalobos, dueño de la inmobiliaria Rodenas, posesionada de la zona desde el pasado 4 de agosto, señala que fue un problema de legisladores “alcoholizados”

El suceso es suficiente para regresar a los policías rurales, sostuvo el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez.

“La primera responsabilidad del gobierno, y lo habíamos dicho, era evitar una confrontación, viene el exhorto del Congreso a solicitud del diputado Ponce de que se retire la Policía Estatal, de que no habrá problema y en menos de 48 horas tenemos un enfrentamiento… la Policía Estatal va de regreso”.

El funcionario reiteró que la confrontación fue con policías auxiliares, pues según su versión, los estatales se retiraron el viernes previo. Guzmán Pérez Peláez responsabilizó a los legisladores de irrumpir en el predio y dijo que aún cuando les asistiera la razón “nadie puede hacerse justicia por propia mano”. Lo cierto es que los priistas no dejaron solos a sus diputados, y la mañana de ayer, todos los representantes federales acompañaron a sus homólogos David Hernández y Salvador Caro Cabrera para presentar una denuncia penal por los hechos, en los que señalan agresiones de la policía estatal contra los propios legisladores y representantes de medios de comunicación.

Salvador Caro Cabrera dijo que además de dar seguimiento a esta denuncia por el suceso violento que derivó en lesiones al diputado David Hernández y a seis representantes de medios de comunicación, se planteará ante la Cámara Baja la eventualidad de un juicio político en contra del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, a quien señala por defender los intereses particulares de inmobiliaria Rodenas SA, y permitir el secuestro de una playa federal y de una carretera que se construyó A Fernando Guzmán se le indicó el argumento, pero lo desmintió: “la carretera es parte del mismo predio”.

Por lo pronto, apuntó, se trabaja en una mesa de diálogo con la Secretaria de Gobernación respecto al acceso a la playa y a esa carretera; y paralelamente hay otra mesa en busca de llegar a acuerdos entre ejidatarios de El Rebalsito y Rodenas.

Pero el debate no acabó allí. Diputados locales del PRI condenaron la agresión. El presidente del Congreso local, Jesús Casillas Romero, pidió al gobierno del estado, que abra una investigación de lo ocurrido, que actúe como mediador y sancione a los responsables, ya que los legisladores federales Salvador Caro Cabrera y David Hernández Pérez, realizaban un trabajo que les encomendó la Cámara de Diputados, en su calidad de integrantes del grupo especial que da seguimiento al caso.

“Mientras el gobierno del estado actúe como parte del conflicto y no como mediador (el problema persistirá). El gobierno del estado lo que debe hacer es mediar para solucionar el conflicto y no poner a los policías pagados con dinero de los ciudadanos, en contra de los ciudadanos”, expresó.

Ante la posibilidad de que el gobierno estatal se mantenga en la posición de que exista presencia de policías estatales bloqueando el paso en una carretera estatal, Casillas Romero dijo que la policía estatal “no debe regresar”. Si el propietario del predio -la empresa Rodenas- quiere seguridad, “que la pague, para eso están los grupos de seguridad privada”, advirtió.

“El acceso a la playa por carretera se debe permitir porque es una carretera estatal que fue construida con recursos públicos”, dijo el presidente de la mesa directiva del Congreso local.

En el mismo sentido hablaron los legisladores locales del PRI, Salvador Barajas del Toro y Elisa Ayón Hernández, quienes pidieron respeto al trabajo de los diputados federales y que se deje el paso libre a la zona federal de la playa, el cual está bloqueado con malla ciclónica.

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PRD analiza juicio político

La fracción del PRD revisará los hechos que se registraron este domingo en Tenacatita, para evaluar si se presenta una demanda de juicio político contra los funcionarios estatales que resulten responsables, señaló el coordinador Raúl Vargas López. El diputado dijo que “sigue cometiéndose un atropello en Tenacatita; se siguen utilizando recursos públicos para garantizar derechos privados y se están violando vías federales”. Pero eso no es todo, agregó Vargas López, ya que “está documentado que la extensión de territorio que demanda el particular, se está viendo beneficiada por un apoyo amplio, regular y sostenido de la autoridad y que la policía se ha puesto al servicio de este particular”.

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Policías, del dueño de Rodenas

Los policías auxiliares que se enfrentaron contra diputados y civiles en Tenacatita, pertenecen al Grupo 32, del cual es propietario José María Andrés Villalobos. Éste es el accionista principal de la inmobiliaria Rodenas, que presume ser propietaria de los terrenos aledaños a la playa de Tenacatita.

En la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Jalisco indicaron que los grupos de la Policía Auxiliar se crearon para que le dieran el servicio de resguardo y seguridad a personas y empresas particulares, ya que los policías del estado son funcionarios públicos y están impedidos realizar ese tipo de servicios. Estos grupos deben de cumplir con los requisitos de la Norma de Seguridad Pública para obtienen un registro de la SSP, entidad que tiene la obligación de supervisarlos de manera constante. Otro beneficio que obtienen los dueños de las policías auxiliares es que pueden utilizar armas con la misma licencia que tiene la Policía del Estado, otorgada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, los grupos auxiliares también pueden contar con implementos como escudos, cascos, chalecos antibalas, toletes y patrullas.

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Protagonistas del conflicto

Fernando Guzmán Pérez Peláez
Secretario de Gobierno
“La primera responsabilidad del gobierno, y lo habíamos dicho, era evitar una confrontación, viene el exhorto del Congreso a solicitud del diputado Ponce de que se retire la Policía Estatal, de que no habrá problema y en menos de 48 horas tenemos un enfrentamiento… la Policía Estatal va de regreso (…) nadie puede hacerse justicia por propia mano”.

Salvador Caro Cabrera
Diputado federal del PRI
“No podemos permitir en este tiempo y en esta sociedad que cualquier persona se apropie de lo que no le pertenece, es impensable que el acceso a una playa federal esté cerrada unilateralmente, es impensable que el gobernador permita este tipo de arbitrariedades, es increíble que se haya dejado por dos meses a 400 familias sin un medio de sustento y el gobierno del estado no haga nada”.

Enrique Ibarra Pedroza
Diputado federal del PT
La violencia en Tenacatita ha sido propiciada “por la indiferencia y parcialidad del gobierno de Emilio González Márquez, pero no hay justificación para que dos diputados del PRI “le den tintes partidarios” al asunto, violentando los acuerdos internos del grupo plural que se conformó en la cámara baja para investigar el asunto, y generando riesgos lograr una salida institucional.

José María
Andrés Villalobos Accionista de Rodenas
“Estamos muy consternados, estamos preocupados, no sabemos qué va a pasar en este país si ya están actuando como delincuentes algunos diputados” (…) Nosotros estamos presentando una denuncia en contra de quienes resulten responsables, tenemos identificados a estos dos diputados y algunas gentes más, son delitos graves y vamos a topar a donde sea”.

Gabriel Ponce Miranda
Diputado local priista
“Para empezar yo no estuve allá y los medios que asistieron y fueron testigos de los hechos pueden decir lo que yo estoy corroborando (sic). Pero si el gobierno del estado me acusa de esa manera, pues que me lo compruebe, que yo incité a ese conato de bronca. Que me lo compruebe, porque de lengua se come uno un plato”.

viernes, 29 de octubre de 2010

Proponen a Jalisco comprar 3 mil ha del bosque de arce




Propietarios de la montaña en Talpa lanzaron la oferta al gobierno del estado. El Ejecutivo analizará una propuesta para adquirir parte de estas florestas por poco más de 9 millones de pesos. Descubridor del bosque resalta que biodiversidad de la zona vale cientos de veces más


Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 23 de octubre de 2010


Como sucedió en décadas pasadas con los parques nacionales, y en los últimos tiempos con la vasta selva de Calakmul, Campeche, o el mismo bosque La Primavera, la expropiación o compra de tierras es una opción que se abre, en esta ocasión, como posibilidad para garantizar la permanencia de una parte importante de las cañadas donde sobrevive el reducto de arces o árbol de maple mejor conservado del país, en el municipio jalisciense de Talpa de Allende.

La oferta fue lanzada hace algunos meses al rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Marco Antonio Cortés Guardado, por una familia poseedora de alrededor de tres mil hectáreas (ha) boscosas. El precio suena a ganga: alrededor de tres mil pesos por ha, lo que significa que esa vasta heredad podría adquirirse para el patrimonio público de Jalisco por poco más de nueve millones de pesos.

Ahora, los propietarios —cuyos nombres permanecen sin ser publicitados— han presentado su oferta al gobernador del estado, Emilio González Márquez. La idea sería que por medio de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur) se pudieran aportar recursos a cuenta de las mitigaciones que la dependencia debe seguir financiando por las obras carreteras de la zona.

Pero el director de Planeación Ambiental y Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Medio Ambiente (Semades), Antonio Ondorica Hermosillo, considera que no es la única posibilidad: también se puede establecer algún patronato o fideicomiso privado que colecte el dinero y entregue esos terrenos para la conservación, tal y como sucedió en 2005 con la gigantesca reserva de selva tropical de Calakmul, a la que se le incorporaron, por poco más de 30 millones de pesos, 151 mil ha, con financiamiento mayoritariamente privado (Público, 18 de marzo de 2005).

“Está regalado, a tres mil pesos la hectárea, a 30 centavos el metro cuadrado”, secunda Antonio Vázquez García, uno de los botánicos de altos vuelos que tiene el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Administrativas (CUCBA).

¿Los vale? Vázquez García, codescubridor y responsable de los inventarios de esta floresta de niebla, que los científicos clasifican como “bosque mesófilo de montaña”, no tiene la menor duda: “estamos hablando de uno de los bosques en su tipo más extraordinarios de América del Norte […] toda esta conjunción de elementos de diferente origen y procedencia que han llegado en esta época no encuentran paralelo, no encuentran un bosque análogo en todo el continente americano”, señala sin dudar (ver nota aparte).

No se diga de los servicios ambientales que presta esta zona alta, cuna del río Talpa que converge al Ameca, y del San Nicolás, el más copioso de los que desembocan en el Pacífico central. El riesgo de que se pierda es algo más que latente, pues en el pasado reciente la propia Sedeur abrió estos bosques sin permisos ambientales para construir una ruta pavimentada de Talpa a Llano Grande, lo que devastó una parte de la umbría. Lo peor del caso es que la carretera se dejó a medias, por lo que el deterioro no ha terminado.

Por esas obras ilegales, la dependencia fue multada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). E invirtió más de nueve millones de pesos en comprar apenas 150 ha de la zona núcleo… a 60 mil pesos por ha (Público, 28 de enero de 2007).

De la nueva propuesta, a costos de apenas 5 por ciento por ha, en comparación con la primera compra, no hay una respuesta oficial.

Pero será medular lo que se decida porque la Semades tiene en fase de consulta establecer en la zona un parque ecológico estatal de poco menos de siete mil ha, que ya ha encontrado resistencias entre los propietarios del área (Público, 10 de octubre de 2010).

Nueve millones de pesos es el costo promedio de la construcción de 1.5 kilómetros de una carretera tipo C, o 30 por ciento de lo que cuesta un paso a desnivel simple en una ciudad, o algo más de 2 por ciento de lo que costará el puente atirantado que edifica el gobierno de Emilio González Márquez sobre la calzada Lázaro Cárdenas, en la zona económicamente más importante de la capital de Jalisco.

Aun así, hay quienes consideran que “no hay dinero” para hacer la compra. Pero el bosque de arces no podrá esperar siempre.

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Otras compras

En el caso Calakmul, en 2005 se formalizó la compra de 151 mil hectáreas a los ejidos de la zona para establecerlas como parte del área núcleo de la reserva de la biosfera con selvas más grande del país.

Para ello, se pagaron más de 30 millones de pesos aportados por el gobierno federal, pero sobre todo, por recursos acarreados por las organizaciones no gubernamentales Pronatura de la península de Yucatán y Natural Conservancy.

Para el bosque La Primavera, el gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez adquirió, en 2001, a poco menos de 20 millones de pesos, un predio de alrededor de 700 hectáreas, Agua Brava.
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Hacer un parque estatal no basta, pero “es un comienzo”

Diez años de esfuerzos por proteger el arce, recuento de fracasos

Muchos se sorprenden de que a diez años de su descubrimiento, el bosque de niebla que contiene la mejor comunidad de arces o maple de México, siga sin protección legal, no obstante que para la comunidad científica ha quedado clara la enorme relevancia de su conservación.

La realidad es que los políticos de Jalisco no lo han visto así y la floresta ha debido enfrentar los inconvenientes de su súbita fama, que ha atraído a numerosos turistas y ha generado resistencias entre los madereros de la región Mascota –que ven en las áreas naturales protegidas una expropiación virtual de sus tierras–; así como los derivados de grandes proyectos de infraestructura –una carretera ilegal que destruyó bosques vecinos en la misma cañada– que generaron un “efecto de borde” que ya está dañando la masa forestal, que requiere de alta humedad y muchas sombras para sobrevivir.

Por eso, parece raquítica la intención de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades) de constituir un parque estatal. Antonio Vázquez García, científico que junto a su colega Yalma Vargas descubrió el bosque y comenzó su inventario, dice que es un comienzo.

“Desde el punto de vista científico es ya un avance lograr el establecimiento de estas siete mil hectáreas, y si en un futuro existen mejores condiciones o mejor apoyo, una vez que hayamos convencido con resultados a la población, éste debe de pensarse como una reserva federal de la biosfera con mayores dimensiones, que le den una mayor certidumbre”.

Pero en las condiciones actuales, no se está enfrentando el “efecto de borde” (un fenómeno de degradación ocasionado por la proximidad con un ecosistema diferente, frecuentemente artificial, como es el caso de una carretera o una comunidad humana), lo que está claramente documentado: “nosotros estábamos contemplando como zona núcleo y zona de amortiguamiento un área total propuesta que científicamente debiera tener 56 mil hectáreas; tenemos conocimiento de que en el Amazonas el efecto es nulo después de ocho kilómetros, entonces ni siquiera en estas condiciones se evitaba, pero de cualquier forma habíamos seleccionado las mejores masas, de mayor valor de conservación, en base al endemismo de la biodiversidad, poca fragmentación, y de densidad humana de baja a prácticamente nula”. Y eso con la primera y fracasada propuesta.

Y los efectos de borde, que no tiene que ver con papeleo y procedimientos burocráticos, ya se están viviendo, admite.

“Hay bastante vulnerabilidad […] estas especies no van a germinar si el suelo aumenta su temperatura, lo cual sucede cuando talan árboles o hay aclareos por el disturbio o un exceso de visitas en el área; y no sólo no germinarían ya los oyameles y los podocarpos, sino que en el maple ya se han visto árboles caídos a causa de un barrenador, y estas plagas forestales aumentan con la visita de humanos y esto se convierte en una amenaza, podemos hablar que el bosque ya sido visitado por miles de personas”, agrega.

¿Qué es lo que está en riesgo? “El bosque de arce de Talpa tiene una composición florística muy compleja […] no hay una teoría que explique adecuadamente cómo se originaron estos bosques, se requieren estudios paleobotánicos, genéticos, moleculares, para poder dilucidarlo. Estos bosques han sobrevivido fluctuaciones climáticas durante millones de años, desde el Mioceno y Pleistoceno, cuando los periodos fríos han empujado hacia el sur a los árboles boreales; pero ahora en el periodo actual, Holoceno, que es un poco menos frío y más seco, se están retractando la mayoría de las especies, de tal manera que el bosque sobrevive en un refugio en las cañadas de estas montañas, y viene a ser todo un acontecimiento evolutivo y biogeográfico, sorprendente, espectacular: sería el equivalente a estar viendo vivos algunos mamuts o tigres dientes de sable, pero en vegetales […] de ese tamaño es lo que encontramos allí”.

Es decir, si no sobrevive esta umbría, se borrarán 25 millones de años de evolución.

Ejidatarios anti Rasaland ganan comisariado

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 20 de octubre de 2010. VER NOTA DE LA PARTE INFERIOR

El pasado domingo 17 de octubre, los intereses de la empresa Rasaland, que gestiona el megaproyecto Chalacatepec en sociedad con Pensiones del Estado de Jalisco, no pudieron refrendar aliados en el comisariado ejidal de José María Morelos. Desde esa fecha, han asumido la representación campesinos críticos de los presuntos beneficios del desarrollo turístico, que prometen pedir cuentas y reclamar “lo que nos toca”.

Guadalupe Valadez, nuevo presidente del consejo de vigilancia del núcleo agrario, dijo ayer por vía telefónica que debieron luchar contra dos planillas proclives a los empresarios que habían ofrecido dádivas a cambio de votos: las que encabezaban Juan Aguilar, y sobre todo, Héctor Sánchez. Pero la mayoría de ejidatarios se inclinó por la planilla que encabeza Cleofas Rodríguez Salas en el comisariado y Guadalupe Valadez en el consejo de vigilancia, pese a la presencia durante las votaciones de quien identifican como agente de Rasaland, Ignacio Moreno el Cola de Caballo.

“Vamos a desenmascarar las cosas, pedir que se nos entreguen cuentas completas del mucho dinero que recibió el comisariado anterior [encabezado por Ricardo Vázquez Nájar], que hasta ahora no ha dejado ni un centavo”. También se va a plantear la lucha por los derechos del ejido, subrayó.

Las tierras sobre las que se ubica el megadesarrollo estaban en posesión de algunas decenas de ejidatarios, aunque tituladas a particulares. La nueva dirigencia sostiene que había derechos no sólo de posesión, pues un decreto presidencial los puso en la zona, por lo que se tienen elementos para reclamar la propiedad. Se analizarán las vías jurídicas para reclamar, previa decisión de la asamblea y los directamente involucrados, muchos de los cuales recibieron dinero de Rasaland a cambio de sus posesiones.

Una semana antes del cambio de comisariado, tanto Guadalupe Valadez como su hermano Martín aseguraron que fueron víctimas de un “visita” de “soldados” en sus domicilios, lo que significó la irrupción súbita en sus casas, las molestias para sus ocupantes, la nula exhibición de órdenes judiciales y el secuestro temporal de Martín. Se trataba de una treintena de gendarmes con capucha que simplemente los acusaron “porque no cooperan”.

Durante los hechos se pidió la intervención de la policía de Tomatlán, pero nunca se apareció.

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El contexto

Los terrenos del “nuevo Cancún” se adquirieron en el predio Param-Chola a propietarios particulares, aunque estaban en posesión de ejidatarios, según lo ha reconocido la empresa desarrolladora que se asoció con Pensiones del Estado para ejecutar un proyecto turístico.

De la superficie total del proyecto, mil hectáreas fueron posesión del ejido Morelos y 200 hectáreas de posesionarios del ejido Campo Acosta. De este modo, Rasaland debió pagar aparte posesión y propiedad, aunque la solución no le parece justa a muchos campesinos.

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NOTA: DE ACLARACIONES, DESMENTIDOS Y CAMPAÑAS

LA HISTORIA DE ESTA INFORMACIÓN AMERITA UNA SERIE DE COMENTARIOS. YO RECIBÍ LA LLAMADA DEL ASESOR DE LOS OPOSITORES A RASALAND, PEDRO LEÓN CORRALES, EL LUNES 18 DE OCTUBRE, AFIRMANDO QUE LA GENTE QUE ASESORABA HABÍA GANADO CONTRA DOS CANDIDATOS LIGADOS AL MEGAPROYECTO, Y ME DIO EL NOMBRE DE GUADALUPE VÉLEZ, UNO DE LOS EJIDATARIOS QUE ME HABÍA TOCADO ENTREVISTAR EN FEBRERO PASADO, CRÍTICO DE CHALACATEPEC.

YO HABLÉ EL 19 DE OCTUBRE CON EL MENCIONADO, Y ME DIJO LO QUE ASIENTO EN LA NOTA. PERO RESULTA QUE ESA INFORMACIÓN GENERÓ GRAN IRRITACIÓN ENTRE ALGUNOS INVERSIONISTAS LIGADOS A RASALAND, ENTRE ELLOS, LA FAMILIA BREMER, LIGADA AL EMBAJADOR EN GRAN BRETAÑA, QUIENES ORDENARON A LOS OPERADORES DE RASALAND EN LA COSTA IR AL EJIDO MORELOS Y OBTENER UNA DECLARACIÓN QUE DESACREDITARA LO PUBLICADO, LO QUE LOGRARON EL DÍA 20 CON LA FIRMA DEL MISMO GUADALUPE VÉLEZ.

AL PREGUNTARLE YO LAS RAZONES POR LAS QUE SE DESMENTÍA, SE LIMITÓ A DECIRME QUE HABÍA SIDO PRESIONADO Y QUE NO SUPO LO QUE FIRMÓ. AL DÍA SIGUIENTE, EL 21 DE OCTUBRE, RECIBÍ UN CORREO ELECTRÓNICO DE QUIEN SE IDENTIFICA COMO NEYRA GODOY, DEFENSORA DEL POBLADO DE MORELOS Y DE SU BUENA RELACIÓN CON LOS EMPRESARIOS. AQUÍ REPRODUZCO EL INTERCAMBIO CON ESA PERSONA

1. From: agustin.delcastillo@milenio.com
To: neyra_fiscal@hotmail.com
Subject: RE: DERECHO DE RÉPLICA
Date: Thu, 21 Oct 2010 19:21:07 -0500

Estimada Neyra Josefa: tengo la grabación de las declaraciones que le hizo, vía telefónica, a mi persona, el señor Valadez. Si cambió de opinión es otra cosa, pero por supuesto que puedo demostrar que miente respecto a que no dijo lo que apareció en el diario en su edición del miércoles pasado. Reconozco que tiene el derecho de cambiar de opinión, pero me dijo personalmente ayer que fue presionado para firmar la carta aclaratoria a la cual le dimos espacio en la edición de hoy de Público. Por supuesto que no dudo que buena parte de la población de Tomatlán aprueben el proyecto Chalacatepec, y personalmente me gustaría que se hiciera conforme lo ha prometido el señor Santacruz: un proyecto sostenible que dé empleo e integración al municipio. Eso no significa que deban ser acallados quienes no opinan así. Me comprometo con usted a dar voz a ambas partes y a documentar de forma seria y profesional los procesos a que nos estamos refiriendo. Le anexo la publicación que acredita las promesas del empresario, y abajo, un enlace que demuestra la actitud crítica asumida por el señor Valadez en todo este tiempo. Saludos y quedo a sus órdenes

http://www.jornada.unam.mx/2010/02/15/index.php?section=estados&article=035n3est

Agustín del Castillo, reportero

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2. LA RESPUESTA

Sr. Del Castillo;
Respeto su trabajo como periodista, solo le pido y lo hago desde mi corazón, por favor no contribuya a generar división en Jose Maria Morelos, los enfrentamientos, los pleitos, de verdad no conducen a una sociedad a ningún lado, provocan odios entre la gente, animadversiones y pleitos, le pregunto con respeto; tiene sentido esto?, a quién beneficia ? La polarización, los enconos...no benefician a nadie.

Yo entiendo su trabajo periodístico, pero de verdad le pido apoyarnos ante una posibilidad real de desarrollo, de empleos, de expectativas.

Apóyenos Sr. Del Castillo. Por favor, en este México de Inseguridad, Narcotráfico y desempleo, que bueno que haya inversión. Como tomatlense temo que si los inversionistas, llámese RLD o cualquier otro, ven tanta polémica en los medios quizá se vayan a invertir a otros lados. Eso sería fatal mi pueblo y mi gente ya no puede soportar más la marginación y pobreza de la que somos víctimas; no porque, no deseemos trabajar; trabajo, salarios dignos y una mejor calidad de vida es los que añoramos, mi pueblo tiene hambre de triunfo y sed de justicia social.

Por eso le pido de corazón, ha usted que es un formador de opinión pública que se solidarice con nosotros y nos ayude a atraer inversiones no ha espantarlas.

El Sr. Guadalupe Valadez, es un es un buen hombre que se siente hostigado por los medios, dice que su teléfono no para de timbrar, ya atendiendo a un reportero y a otro. Por favor ya no lo presionen. Mi amigo Guadalupe, quiere que su comunidad salga adelante, el anhela el progreso y la inversión como todos los tomatlneses.

Bien dicen “A río revuelto ganancias de pescadores” Nosotros no estamos dispuestos a ser carnada de nadie y tampoco nos quedaremos de brazos cruzados viendo como personajes ajenos a nuestra comunidad como el Sr. León Corrales, se benefician de esto.

Lo importante es que gane Tomatlán, le pido su ayuda no nos falle.
Saludos

Neyra Godoy

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3. TAMBIÉN PRESENTO UNA NOTA QUE DA DETALLES DE LA QUEJA ANTE LA CEDHJ POR LOS PRESUNTOS EXCESOS MILITARES QUE DESMINTIÓ LA XV ZONA MILITAR

""...me iban a llevar por no haber cooperado"

Tres campesinos de Morelos, en Tomatlán, le cuentan a la Comisión Estatal de Derechos Humanos la "levantada" que les hicieron presuntos soldados, y descartan que tenga que ver el caso con el “nuevo Cancún”

Guadalajara. Ya investiga la Comisión Estatal de Derechos Humanos los hechos denunciados por dos ciudadanos del poblado José María Morelos, de Tomatlán, José Guadalupe y Martín Valadez Parra, quienes el pasado 9 de octubre fueron acosados, junto con sus familias y la de su hermano Jesús, por una partida uniformada presuntamente del ejército mexicano, quienes allanaron sus casa y se llevaron encapuchado a Martín, acusándolos de "no cooperar", sin precisar a qué se referían.

Los hermanos forman parte del grupo opositor al megaproyecto de la empresa Rasaland y su socio Pensiones del estado en el estero Chalacatepec, pero en voz de José Guadalupe, hoy consideraron poco probable que la empresa hubiera tenido que ver en el asunto, y más bien tendría que ver con una rencilla con otro miembro de la
comunidad.

“El pasado 9 de octubre alas 9.30 horas, me encontraba en mi domicilio [...] cuando me percaté que un grupo de militares con el rostro cubierto portando armas largas abrieron una puerta de malla que circula mi casa para entrar a la misma" -explica Martín en la queja ante la CEDHJ, de la cual Público posee una copia- "ante esto mi
esposa se paró en la puerta para impedir que ingresaran, pero uno de ellos la empujó diciendo que ellos podían tumbar la puerta si querían, así ingresaron a la casa sin autorización cuatro militares, el resto, aproximadamente 30 militares, se apostaron rodeando el solar de mi casa”.

Al ingresar a la vivienda, obligaron a pararse a la madre del quejoso, la cual padece de su salud, "y a mi me colocaron un pasamontañas en el rostro igual al que ellos usan y me subieron a una de sus camionetas de la que no pude ver el número, y me decían que me iban a llevar porque no había cooperado, iniciando un recorrido por las calles del poblado de aproximadamente 30 minutos [...] llegamos a la casa de la
delegada municipal Lorena González Vargas, pues a decir de los militares ella hizo el reporte de que en mi domicilio había drogas y armas, sin embargo, no se encontraba en su domicilio por lo que me trasladaron de nueva cuenta a mi casa...".

El nombre del militar a cargo es Isaac Aarón Jesús García, presunto comandante de la 21 zona militar, "compañía de infrantería no encuadrada en Tomatlán". Lo dejaron a Martín y acudieron a la casa de su hermano Jesús, contigua, donde se repiteron las vejaciones. Un tercer hermano, José Guadalupe, hoy presidente del consejo de vigilancia, vio los hechos por vivir también a un lado y pidió apoyo a la presidencia municipal de Tomatlán, que le prometió mandar policías pero nada sucedió. A las 11.00 am, José Guadalupe vivió un acoso similar hasta que los gendarmes desistieron y se retiraron sin más.

La queja fue recibida el 13 de octubre pasado por la visitadora A en Puerto Vallarta, Francisca López Abundis.

Por su parte, la empresa Rasaland negó cualquier relación con el asunto.

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4. FINALMENTE, VA LA NOTA ACLARATORIA APARECIDA EN LA EDICIÓN DEL 21 DE OCTUBRE DE PÚBLICO-MILENIO

Nueva mesa ejidal desmiente ser anti Rasaland

La nueva mesa directiva del ejido José María Morelos, de Tomatlán, desmintió ayer ser crítica del megaproyecto turístico de Chalacatepec, como lo señaló este diario en su edición de ayer; sus miembros se dijeron dispuestos a colaborar como aliados con la empresa Rasaland para sacar adelante el ambicioso desarrollo turístico que se pretende ejecutar sobre 1,200 hectáreas de la zona.

En una carta enviada a este diario, que firma el nuevo presidente del comisariado, Cleofas Rodríguez Salas, junto con el resto de los miembros del comisariado ejidal, así como el nuevo presidente del consejo de vigilancia, Guadalupe Valadez Parra —quien un día antes se había manifestado crítico en el tema—, y con el respaldo del presidente del Comité Regional Agrario, Rodrigo Betancourt, y de Francisco José Arias Rama, presidente de una asociación denominada CREES regional.

“El ejido que represento está totalmente a favor del proyecto de desarrollo turístico de Chalacatepec, lo impulsaremos y seremos promotores del mismo, las razones son objetivas y sencillas: se generarán empleos, oportunidades y mejor nivel de vida para mi gente y la comunidad, que es el compromiso, la voluntad y la convicción del comité que represento”, dice en la misiva Cleofas Rodríguez.

“El domingo [17 de octubre] tuvimos un proceso ejemplar, con unidad y respeto, donde el común denominador fue y es estar a favor del desarrollo y de los intereses legítimos de los ejidatarios que represento, yo no le fallaré a mi pueblo ni a mis compañeros ejidatarios”.

Así, “de ninguna manera esta representación ejidal es opositora al proyecto ni mucho menos [sic], al contrario somos aliados del proyecto y de la empresa RLD [Rasaland], trabajaremos en equipo con ellos en tareas de capacitación y de fortalecimiento de las cadenas productivas para la superación de la gente.

“No permitiremos que grupos políticos que tienen intereses en golpear, tomen como rehén al ejido José María Morelos, nosotros vamos a trabajar hombro con hombro y codo con codo con los inversionistas, con los líderes comunitarios, con los representantes sociales, con las organizaciones no gubernamentales, con el Ayuntamiento de Tomatlán y con todos los que estén de acuerdo, impulsen y apoyen el proyecto de Chalacatepec”.

Por su parte, la empresa Rasaland, a través de su vocero Jesús Castillo, descartó cualquier preocupación por la llegada de nuevos dirigentes en el núcleo agrario, con los que pretende reunirse para las aclaraciones pertinentes y obtener su apoyo para continuar el megaproyecto.

Finalmente, fuentes de las XV Zona Militar dijeron que no actúan a solicitud de particulares, en relación con los hechos del 9 de octubre en el mismo poblado, que han sido convertidos en queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en que presuntamente un grupo de gendarmes detuvo a campesinos unas horas por la mañana de esa jornada. “Actuamos a solicitud de las autoridades y hacemos visitas de rutina”, puso en relieve la comandancia.

Prohíben a Profepa acceso en Tenacatita


Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 19 de octubre de 2010
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Se mantiene cerrado el acceso a la playa de Tenacatita. Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) corroboró ese problema hace una semana, cuando al haber acudido con una orden de inspección no fue suficiente para que se le permitiera el acceso por la carretera estatal que está bloqueada por policías estatales y privados desde el 4 de agosto pasado, cuando comenzó el conflicto.

Los inspectores, de hecho, acudían a un predio contiguo que tiene colindancias con el estero de la zona, y donde se ha colocado un pequeño atracadero del que se debe determinar el impacto ecológico al ubicarse en zona federal y entre vegetación protegida. Sin embargo, la diligencia, que se realizaría el pasado 8 de octubre según la orden de inspección emitida por la delegación Jalisco de la Profepa, no se pudo cumplir al impedirse el paso por la carretera. Los responsables de la negativa, dos personas identificadas como empleados de la Inmobiliaria Rodenas SA, adujeron que se trataba de una pequeña propiedad y que sólo permitirían el paso cuando se tratara de asuntos relacionados con esa empresa, que es la beneficiaria del desalojo de hace dos meses y medio.

La concesión que revisaría el organismo federal está a nombre de Francisco Alvarado y tiene que ver con el cumplimiento de las condicionantes para mantenerse con la concesión en la zona federal.

Uno de los aspectos claves a juzgar es el libre acceso para cualquier ciudadano. Los gendarmes indicaron que no se podía pasar por la zona, que era necesario entrar por mar abierto o por el propio estero, lo cual aparece consignado en el acta de la inspección frustrada.

Los habitantes de la zona tampoco se pueden acercar a sus antiguas propiedades, señaló Salvador Magaña Martínez, representante de los desalojados. Hay desesperación porque la intervención política del más alto nivel ha sido insuficiente para dar una salida al problema, añadió.

lunes, 18 de octubre de 2010

Crecen las “ciudades dormitorio”



Crecimiento caótico, por la falta de un proyecto de ciudad: urbanistas. Hay en puerta desarrollos para millón y cuarto de personas en la zona conurbada; los nuevos fraccionamientos proponen sistemas sustentables de servicios y empleo, pero no cuajan, advierten

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

La zona metropolitana de Guadalajara (ZMG) crece sin control: en Zapopan, el valle de Tesistán albergará más de 52 mil habitantes nuevos en catorce fraccionamientos en fase de consolidación, pero atrás viene uno que por sí sólo significa casi 100 mil personas más: Mirasierra. En Tlajomulco, 22 autorizaciones quedaron pendientes de aprobarse el último año para casi 80 mil habitantes más. En Zapotlanejo, que ni siquiera forma parte de la conurbación, está en ciernes el mayor desarrollo inmobiliario de todos: Valle de Santiago, proyectado para casi un millón de habitantes.

Todos estos desarrollos inmobiliarios están gestionándose ante los ayuntamientos respectivos, con respuestas diversas, desde la negativa de Tlajomulco de Zúñiga hasta las amplias facilidades de Zapopan y, sobre todo, de Zapotlanejo, que ve la gran oportunidad de integrarse a la ciudad con este tipo de acciones.

Las previsiones oficiales señalan un crecimiento anual promedio de 35 mil habitantes por año en la zona metropolitana, para lo cual basta una oferta de siete mil a nueve mil viviendas por año.

“Si se considera que en 2030, las cifras del Consejo Nacional de Población [Conapo] señalan que se contaría con alrededor de cinco millones de habitantes en la zona metropolitana [de Guadalajara, que actualmente alberga 4.4 millones, según el Consejo Estatal de Población], solamente el caso de Zapotlanejo [con el proyecto Valle de Santiago] captaría la totalidad de ese crecimiento […] pero si todos esos fraccionamientos se dan a la vez, lo que tendremos es una ciudad todavía más dispersa, con todos los problemas que eso trae consigo: una ciudad ambientalmente no sustentable, económicamente ineficiente y socialmente injusta”, advierte el urbanista Francisco Pérez Arellano, consultor en la materia y ex titular de planeación en la Secretaría de Desarrollo Urbano.

De hecho, la ciudad requiere de poco más de trece mil hectáreas de reserva de crecimiento para ese tiempo (2010-2030), además de consolidar los espacios urbanos interiores. Pero la oferta de suelo es desmedida: supera 52 mil hectáreas, y sin regulaciones estatales suficientes, queda en manos de los intereses económicos la posibilidad de desarrollarlas de forma aislada y desconectada.

Esto es consecuencia lógica de la falta de un proyecto de ciudad debidamente consensuado y obligatorio para todos los niveles de autoridad y los propios gobernados, “por eso todo mundo lleva agua para su molino, no es ilegal sencillamente porque no hay una idea común de la ciudad que se quiere”, añade Pérez Arellano, en relación a la gestión del puente sobre el río Santiago que promueven diputados federales de todos los partidos para detonar Valle de Santiago, de la inmobiliaria Urbi, una de las tres mayores del país (Público, 11, 12 y 13 de octubre de 2010).

“No digo que sea ilegítima esa gestión, tanto por parte de Urbi como de los diputados, es legítimo porque no existe un proyecto de ciudad al que se deba responder ni un liderazgo metropolitano que haga cumplir la planeación; esto nos lleva a discrecionalidad desde los actores públicos y a presiones por todos lados”, pone en relieve.

Valle de Santiago es un desarrollo urbano integral sustentable (DUIS) promovido por el gobierno de la república con el paradójico fin de “combatir la inconveniente expansión urbana y crear nuevas ciudades sustentables”, explica por su parte el consultor Jesús García Rojas. “En este caso aún no está aprobado por la comisión intersecretarial, está en evaluación y este contradictorio ejemplo es hacer exactamente lo que se pretende combatir, una ciudad dormitorio”, lo cual “es a todas luces inconveniente ya que únicamente vendría a contribuir con la indeseable expansión urbana”.

A su juicio, “este caso es un obvio negocio de especulación de suelo urbano; una vez más negocios privados con recursos públicos, ya que en caso de ser elegible reciben créditos con condiciones financieras preferenciales para infraestructura y urbanización de la banca de desarrollo y prelación para disponer de créditos hipotecarios para quienes elijan vivir en este desarrollo”.

El arquitecto destaca que se puede hablar de un fracaso de los DUIS en buena parte del país, “no se deben crear nuevas ciudades cuando no hemos consolidado las existentes, entiéndase densificarlas y que para que realmente sean sustentables entre otras cosas deben de tener en el lugar los empleos necesarios para todas las personas que los habiten, lo que es difícil cuando es de dominio público que el mayor problema de México es precisamente el empleo; así, sin fuentes de trabajo en el lugar estarían destinadas a ser ciudades dormitorio y más con su proximidad inmediata con el área metropolitana de Guadalajara”.

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Dispersión en aumento

En 2030, si las 52 mil hectáreas de reserva urbana que están en oferta en la zona conurbada de Guadalajara se llegan a desarrollar, la ciudad habrá casi duplicado su actual superficie —de 62 mil hectáreas— para llevarla a 114 mil hectáreas mal consolidadas y con muy baja calidad de vida.

La planeación de 1982 preveía para 2000 una ciudad con una superficie de poco más de 27 mil hectáreas, pero se llegó con poco más de 45 mil. Ahora la ciudad ha crecido sobre 62 mil hectáreas con una calidad de vida a la baja.

La actual densidad de población, de 65 habitantes por hectárea, será aún menor: 44 personas por hectárea. Esto significa que entregar los servicios de agua, drenaje, saneamiento, electricidad, teléfono, seguridad pública y transporte a cada poblador será más costoso al ampliarse las distancias sobre las que se deben tender las redes y aumentar los territorios a gestionar. Además, obligará a cubrir enormes distancias para trabajar, acudir a la escuela o a la recreación.

Por si fuera poco, se deberán enfrentar crecientes riesgos de accidentes naturales o inducidos, pues la mitad de la reserva urbana actual está en zonas inadecuadas para urbanización, esto es, no debería permitirse que se edificara una sola casa en las zonas de riesgo, y sin embargo son consideradas “reservas aptas”.

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Una propuesta de mejorar el desarrollo urbano: DUIS

Nadie niega que era necesario un “golpe de timón” para trastocar las bases del desarrollo urbano tradicional del país, fundado en bases meramente especulativas y que genera ciudades cada vez más dispersas, costosas y de un bajo nivel de vida. El problema es que en algunos casos, el concepto de “desarrollos urbanos integrales sustentables [DUIS]” que detonó el gobierno de la república ha empeorado las cosas.

Como lo señalan urbanistas —ver nota principal— el problema es que se pretende crear ciudades nuevas sin consolidar y mejorar las existentes. Y en el caso de Guadalajara, se trata de un problema crítico, pues una conurbación de 4.3 millones de habitantes se expandiría allende su frontera natural más importante —la barranca del río Santiago—, lo que puede traducirse en un efecto de dispersión e insustentabilidad mayor al que ya padece.

Ejemplo es Valle de Santiago, desarrollo que se planea construir al oriente de la barranca con hasta 250 mil casas, con lo que podría albergar hasta a un millón de personas, cuando se estima que la población de la ZMG crecerá en no más de un millón en 20 años.

¿Por qué los DUIS? Por “el costo de la tierra susceptible de incorporarse al suelo urbano para hacer vivienda, el impacto de las inversiones en infraestructura urbana que realizan los desarrolladores de vivienda en el precio del producto final, la necesidad de recursos monetarios que tienen estados y municipios para hacer frente a la demanda de: reserva territorial, infraestructura urbana, equipamiento educativo, de salud y otros, así como a la implementación y operación de los servicios urbanos que estos desarrollos implican y, los costos implícitos para la creación de ciudades sustentables en lugar de ciudades dormitorio sin servicios”. Bajo esa justificación, señala un documento oficial divulgativo de este concepto, en el que participan buena parte de las entidades oficiales y privadas de vivienda, de desarrollo social y de medio ambiente, se buscan “áreas de desarrollo integralmente planeadas que contribuyen al ordenamiento territorial de los estados y municipios y promueven un desarrollo urbano más ordenado, justo y sustentable”.

Quizás la clave de que estos objetivos hayan sido desbordados, está en la canasta de incentivos que se ofrece a quienes se incorporan a las DUIS, como el “financiamiento a través de capital, deuda y/o garantías“ a través de la banca de desarrollo del gobierno federal; la “preferencia para agilizar la comercialización de las viviendas” y el “apoyo ante las autoridades locales”. Así, se facilitan los proyectos. Y por eso las buenas intenciones de los DUIS se han convertido, en algunas regiones, en verdaderas amenazas.

Prohibido abandonar a sus mascotas en La Primavera


Perros y gatos invaden la zona natural y amedrentan a la fauna local. Comienza este lunes un gran proyecto para prevenir su liberación generando responsabilidad en sus dueños. Incluye una gran campaña de esterilización y control de individuos ferales

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 17 de octubre de 2010

El bosque La Primavera se ha convertido en una verdadera isla al ser cercado en todos sus linderos por asentamientos humanos y actividades económicas. También ha debido pagar con un problema extra: la invasión de felinos y canes domésticos, abandonados en sus inmediaciones por dueños irresponsables, lo que los transforma en una amenaza para la conservación de los ambientes naturales.

La dimensión de este problema es tan notable, que la dirección ejecutiva del bosque, que preside José Luis Gámez Valdivia, y diversas instituciones como la Secretaría de Salud, los Hospitales Civiles y los ayuntamientos metropolitanos, echan a andar este lunes una campaña de control de dimensiones nunca antes vistas en la zona.

“El continuo cercamiento al área de nuevos centros urbanos, la falta de cultura ambiental y de información adecuada con las poblaciones que circundan el bosque; la falta de sanciones reales a los dueños de mascotas que visitan con ellas el bosque y que los dejan abandonados ahí; la poca conciencia entre la mayoría de la población de esterilizar a sus animales y/o de mantenerlos en un buen estado de salud”, son los factores que han generado que ahora, grupos de grandes dimensiones de gatos, y sobre todo, de perros, sean depredadores de recursos al interior del bosque, señala Gámez Valdivia.

Por ello, la estrategia informativa y preventiva que arranca el lunes busca realizar campañas masivas de vacunación y de esterilización, informar de la gravedad de tener mascotas y no darles un trato adecuado, y sobre todo, de abandonarlas. También incluye el control al interior del bosque, capturando individuos ferales, que son altamente agresivos y llegan a matar grandes animales como venados, pecarís, coatíes e incluso a amedrentar grandes depredadores como el propio puma.

La estrategia tiene seis grandes ejes: uno, pláticas en escuelas y centros de reunión de la población tanto residente, vecinal, como con los visitantes del área natural protegida; perifoneo e impresos informativos; dos, esterilización, tatuaje y vacunación —”con apoyo de diferentes instituciones y asociaciones especializadas se ofrecerán de manera gratuita el sistema de esterilización a toda la población canina y felina, apoyado con un tatuaje identificatorio y la opción de la posterior vacunación”—; tres, control reproductivo, registro e identificación; cuatro, captura de individuos abandonados para ponerlos en adopción; cinco, reducción de riesgos: mordeduras, accidentes; seis, eutanasia.

¿Qué se busca? “La erradicación de los animales abandonados dentro del área protegida y el control de las poblaciones-problema en la zona de influencia directa. El censo, vacunación —no sólo contra la rabia sino además contra las enfermedades transmisibles al humano y a la fauna silvestre—, sanidad, esterilización e identificación de la totalidad de los perros y gatos con dueño de las mismas zonas”.

Así, se pretende con dos quirófanos realizar 20 esterilizaciones al día en promedio en 32 colonias y poblaciones de Zapopan; mantener este trabajo por ocho semanas continuas; “el control implica mantener a la población-problema con baja densidad, a través de un esfuerzo constante y sostenido a largo plazo”. En el caso específico de perros ferales (aslivestrados), “se capacitará a guardabosques para realizar la captura, sujeción y sacrificio humanitario, esto último en el caso de que sea necesario”. Las acciones de sacrificio se apegan a la Norma Oficial Mexicana NOM-033-ZOO-1995, “y de acuerdo al programa de control y remediación de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat)”.

Más información en www.bosquelaprimavera.com.

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Otros aspectos

No se tiene el censo, pero se llegan a juntar grupos de diez o más perros que son, potencialmente, el principal depredador de animales silvestres en el bosque, pues cazan asociados, y no le tienen temor al hombre.

Estas pérdidas de especies nativas pueden generar un desgaste gradual de los servicios ambientales de los ecosistemas y sus beneficios, y en general, empobrecen severamente el entorno.

La otra cara del problema es la irresponsabilidad humana, pues el abandono de mascotas es una de las formas de maltrato animal.

Otros tipos de maltrato: dejar a la mascota a la intemperie, padeciendo de frío, sol y lluvia; dejarla sin alimento, dejarla sin agua, descuidar su salud cuando enferma o no llevarla a vacunar, descuidar su bienestar, su entorno y su estado —no bañarla, no limpiar el lugar donde come o habita— y abandonarla, así como ejercer cualquier tipo de violencia en su contra.

Fuente: Karina Aguilar y Eduardo López Pimienta, La Primavera

Delito, uso electoral del agua, proponen


Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 16 de octubre de 2010


El uso político de los servicios públicos en campañas electorales está plagado de anécdotas: un gobernador y un director del SIAPA prometieron “agua para todos” previo a las campañas, en 2008, pero no cumplieron, y sus obras están llenas de defectos y omisiones. Un candidato a alcalde se comprometió a no subir el precio del agua al llegar al poder, y ahora es criticado por propios y extraños, pues la tarifa no alcanza para sostener el servicio.

Todos son representantes de Jalisco y gobiernan actualmente la región.

Por ello, ayer en Chapala se abordó la temática, en el marco del Modelo de Agua Jalisco, a convocatoria de la Comisión Estatal del Agua (CEA). Coincidieron en la necesidad de poner el alto al uso irresponsable y demagógico del tema de los servicios de agua y alcantarillado durante las campañas políticas. La coincidencia lleva al planteamiento de convertir tal abuso en “delito electoral” para inhibir las tentaciones de usarlo por los candidatos a los diferentes puestos de elección popular, dijo el director de la CEA, César Coll Carabias.

Esto abrió una serie de ponencias para discutir del asunto, con la idea de que se logre establecer un buen esquema que desincentive la utilización del tema en perjuicio de las verdaderas necesidades del sector, que requiere cobrar a precios reales para garantizar su sostenibilidad financiera, y de este modo, atender las necesidades de crecimiento.

Hay tres grandes planteamientos derivados de los foros que se realizaron en agosto pasado: “se debe acotar el uso del discurso que utiliza a los servicios del agua para obtener el voto popular con promesas que afecten negativamente a los servicios; no obstante, el agua como elemento de desarrollo debe seguir siendo parte de la discusión de la vida política, pero de manera responsable; finalmente, se debe tipificar el discurso demagógico como delito electoral”.

Para el efecto, “se propone conformar un equipo multidisciplinario con la participación del poder legislativo, el gobierno estatal, el Instituto Electoral del estado de Jalisco y los municipios, con objeto de analizar la legislación actual, para diseñar la propuesta de modificaciones y adiciones a las diferentes leyes y códigos que regulan la materia”.

En general, en estas grandes ideas coincidieron los asistentes de ayer: alcaldes, diputados y líderes empresariales.

La pretensión es que de esta discusión deriven cambios legales que fortalezcan la autonomía del sector agua y lo dejen ajeno a los vaivenes de los procesos partidistas. Esto es: que el Congreso no tenga ya la última palabra en las tarifas, que los candidatos irresponsables sean sancionados, y que los organismos se profesionalicen y dejen de ser botín de los políticos, en pago de compromisos de campaña. Nada menos.

La ONU abrirá expediente por quejas de huicholes


El peruano Javier Hernández Valencia, representante en México, terminó su gira por la sierra. Las denuncias también se harán del conocimiento de la comunidad internacional

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 15 de octubre de 2010

El representante en México de la Alta Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Javier Hernández Valencia, se comprometió a abrir expedientes con sus observaciones sobre las violaciones a las garantías de los moradores de la sierra huichola, de Jalisco; el Valle del Yaqui, en Sonora; la región de Wiricuta, en San Luis Potosí, y la zona nahua de Ostula, en la costa de Michoacán, y hacerlos llegar al gobierno mexicano, en busca de su corrección.

Además, se entregarán los informes a la alta comisionada, Navi Pillay, para que la comunidad internacional tome nota de lo que está sucediendo en estas regiones del país, donde a decir de Carlos Chávez Reyes, director de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI), se demuestra “la verdadera cara de la violación a los derechos humanos” por parte de los tres ámbitos del gobierno mexicano.

El funcionario de la ONU, tras encabezar el día anterior el foro denominado El derecho a la consulta previa, en el poblado de Mesa del Tirador, enclavado en la comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán -Waut+a-, visitó ayer la comunidad de Tuapurie (Santa Catarina Cuexcomatitlán), para revisar los estragos del proyecto carretero “impuesto por el gobierno de Jalisco y el federal” contra la voluntad de los wixaritari, así como las propuestas de un “modelo propio de desarrollo” de los aborígenes, que incluye la rehabilitación de su antiguo aserradero, la realización de un programa forestal participativo y la cristalización de un modelo educativo comunitario.

Hernández Valencia también escuchó los reclamos de la comunidad de Bancos de San Hipólito, despojada de más de diez mil hectáreas a manos del ejido mestizo de San Lucas de Jalpa, en Mezquital, Durango; recibió a una comisión de habitantes mestizos de Real de Catorce, San Luis Potosí, que reclaman la destrucción ambiental y patrimonial causada por una minera extranjera, y recibió un expediente con las violaciones que denuncia la comunidad nahua de Ostula, en la costa michoacana.

“Tuapurie vivió en 2008 el intento de imposición del ilegal tramo carretero Amatatitán-Bolaños-Huejuquilla, con un largo expediente de actos delictivos perpetuados por instancias de gobierno, donde el acoso, persecución, presiones, falsificaciones de una presunta acta de asamblea donde la comunidad daba su anuencia y una represión diversificada, ha sido la constante del conflicto. Además de la destrucción del lugar sagrado conocido como Paso del Oso, que quedó sepultado bajo toneladas de tierra.

Actualmente Santa Catarina está llevando juicios agrarios, civiles y penales en contra de los responsables, defendiendo su derecho a decidir su modelo de desarrollo propio, que los llevó a hacer planteamientos educativos autónomos que hoy es ya un bachillerato basado en una educación propia y de manejo de recursos naturales acordes con el respeto ancestral a la Madre Tierra, habiendo ya un plan de manejo autónomo del bosque para los siguiente diez años de aprovechamiento forestal”, le informaron en el cerro de La Puerta.

Este es el primer viaje de Hernández Valencia como representante en México de esta instancia de las Naciones Unidas.

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Educación bicultural

Es necesario que los programas reflejen mejor el territorio, las costumbres y el idioma wixárika, para generar un arraigo en sus habitantes, le dijeron al enviado de la Alta Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

Estudiantes y alumnos de Nueva Colonia, en Tuapurie, ya tienen un bachillerato propio con dos generaciones, pero esperan que el gobierno mexicano flexibilice sus programas de estudio porque la “biculturalidad” es ficticia.

El conflicto huichol trasciende fronteras



Ante enviado de la ONU, indígenas denuncian a la CNA por “privatizar” sus aguas, y de ser juez y parte del mismo problema. El organismo federal concesionó a terceros manantiales de la sierra situados en territorio comunal

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 14 de octubre de 2010


Las comunidades indígenas huicholas denunciaron ayer, ante el representante en México de la Alta Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Javier Hernández Valencia, la virtual privatización de sus manantiales y acuíferos por parte de la Comisión Nacional del Agua (CNA), entidad contra la que han decidido tomar acciones legales por la violación de los derechos individuales y comunitarios.

“Es una exigencia del pueblo wixárika el que todas las fuentes de agua existentes en territorio comunal sean protegidas por una moratoria indefinida a fin de que no entren a un sistema de mercado ajeno al funcionamiento tradicional del universo en la cosmovisión sagrada de este pueblo”, le señalaron al peruano, que comenzó una gira de dos días por las escarpadas montañas del norte de Jalisco y sur de Durango.

La asamblea de San Sebastián entregó resultados de una larga indagación en archivos públicos.

“Hoy hay denuncias ante la CNA, quien es juez y a la vez es parte del problema, situación que se ha reflejado en la nula voluntad de dicha instancia a avanzar en la solución del conflicto, por lo que la comunidad presentó la demanda ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, y actualmente fortalece cuadros organizativos para dar una respuesta comunitaria y técnica ante la situación”, informaron los comuneros en un documento que le entregaron al ombudsman internacional, del que Público posee copia.

“Tras una minuciosa investigación en el Registro Público de Derechos de Agua, nos hemos percatado con gran sorpresa e indignación que gran parte de nuestros ojos de agua y manantiales están concesionados a terceros ajenos […] concesiones de las que en ningún momento se hizo del conocimiento de nuestra comunidad indígena, ni fuimos notificados sobre la existencia de ninguna pretensión de cualquier tercero para tratar de aprovechar nuestros manantiales comunitarios, lo que reviste especial importancia, si se toma en cuenta que el líquido es sumamente escaso en nuestro territorio, y los ojos de agua que existen son destinados para el uso doméstico colectivo de nuestro pueblo”.

Con estos actos “las autoridades del Estado [mexicano] violan nuestras garantías individuales, nuestros derechos como pueblo indígena que el mismo Estado en la Constitución nos reconoce y que han sido ratificados en diversos tratados internacionales como lo son el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (1990), Convención Americana de Derechos Humanos (1981), Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007). Estos instrumentos consagran derechos fundados desde la cosmovisión de los pueblos, y a los cuales los Estados tienen obligación de proteger”, añaden.

A raíz de la decisión de la asamblea comunal de San Sebastián y su diagnóstico de fuentes de agua concesionada, “las asambleas comunales de Tuapurie —Santa Catarina Cuexcomatitlán— y Uweni Muyewe —Bancos de San Hipólito— acordaron emprender medidas legales que hagan respetar lo que en su momento ya expresaron las comunidades a la CNA, cuando les preguntaron si deseaban registrar sus manantiales […] le respondieron que eso no se podía por ser el agua la sangre de Tatei Yurianaka, nuestra Madre Tierra”.

Actualmente “hay una fuerte campaña en México y el mundo para convertir el agua en una mercancía y otorgar derechos sobre la misma a las grandes industrias, las mineras y las compañías privadas que pretenden el control del agua. Para esto se han realizado una serie de modificaciones legales que violan todos los derechos históricos de los indígenas y campesinos sobre el agua y todo lo que hay en sus territorios”, resaltaron los quejosos.

El enviado de la ONU pernoctó en Tuxpan de Bolaños, y se le espera a media mañana de hoy en Tuapurie, la zona de Santa Catarina que denuncia el acoso gubernamental por una carretera.

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Más conflictos para Waut+a

En San Sebastián Teponahuaxtlán —Waut+a—, “la lucha territorial ha evidenciado la integralidad de la embestida en contra de los pueblos, siendo un ejemplo claro la contaminación que ejerce el ejido invasor mestizo de Puente de Camotlán”, aseguraron los indígenas afectados.

Los huicholes lograron recuperar más de 22 mil hectáreas, pero “aunque se recuperó la tierra, el ejido se negó a regresar una zona de 617 hectáreas en las que mantiene su infraestructura estratégica, como son una laguna de oxidación que vierte todas las aguas residuales urbanas de Puente, que es el principal centro urbano del municipio de La Yesca, Nayarit, el basurero que al estar junto al río, lo contamina con lixiviados contaminantes, descargas de una granja porcícola, una granja acuícola y un baño garrapaticida. Todas estas formas de contaminación son vertidas en territorio comunal invadido y actualmente bajo litigios jurídicos”. Además, tampoco fueron revocadas las concesiones con las que cuenta el Ayuntamiento de La Yesca y particulares sobre los principales manantiales de la zona sur de San Sebastián.