jueves, 29 de julio de 2010

Tras diez años de lucha, protegerán el bosque de arce de Talpa


Se trata del ecosistema de niebla con una comunidad de arces más importante de América del Norte, considerando que ésta comienza en el istmo de Tehuantepec. El gobierno de Jalisco, que propició su destrucción, intenta rescatarla de forma modesta por medio de un parque estatal. Foto de Marco A. Vargas

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

Ayer arrancó formalmente el proceso de consulta pública para el área natural protegida estatal “Bosque de Arce”, enclavado en los municipios de Talpa de Allende, Tomatlán y Atenguillo, de 7,879 hectáreas, con lo que se busca cristalizar una lucha por la conservación que data del descubrimiento del bosque mesófilo con la población de arce de azúcar o maple (Acer skutchii) más importante de México, en el año 2000.

El polígono a conservar es una significativa reducción en relación con la primer propuesta, de 2002, que rebasaba 22 mil ha. En la página de la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades) ya están disponibles los datos técnicos, el polígono y la propuesta de manejo, que contará con 60 días para que se consulten y se critiquen, de manera que después se elabore un decreto para conformar lo que será, de este modo, la tercera área natural protegida según la legislación estatal.

La riqueza extraordinaria del bosque de arce no es comparable con la de ningún otro ecosistema similar del hemisferio norte en América. Son biomas que dependen de una elevada humedad atmosférica durante gran parte del año y la mezcla de elementos florísticos holárticos (procedentes del hemisferio norte) y neotropicales (procedentes de Sudamérica).

Estas cañadas de Talpa tienen alta diversidad de epífitas y helechos. Las orquídeas tienden a ser numerosas y árboles como los de los géneros Carpinus (mora blanca), Ostrya (mora roja), Alnus (aile), Magnolia (magnolia), Quercus (encino o roble), Juglans (nogal), Tilia (cirimbo), Cornus (azulillo) y Acer skutchii rehder (arce o maple), éste último considerado como una subespecie de maple o arce azucarero (Acer saccharum) fuente de la miel o jarabe de maple ampliamente difundida en el oriente de Canadá y Estados Unidos.

No obstante esta riqueza biológica documentada, las políticas públicas que han seguido los gobiernos de Jalisco, sobre todo el que encabezó Francisco Ramírez Acuña (2001-2007), fue tendiente no sólo a despreciar este recurso, sino incluso destruirlo, al abrir sin permisos ambientales la carretera pavimentada Talpa-Llano Grande, y desdeñar la propuesta presentada en 2002 por el ayuntamiento talpense, con respaldo de la mitad de la población, para que se constituyera en la zona una reserva de la biosfera federal, que nunca prosperó.

La superficie del parque ahora propuesto, de acuerdo a los trabajos de los descubridores de esta cañada, Antonio Vázquez y Yalma Vargas, no es suficiente para proteger la dinámica natural necesaria que propicia ese bosque de niebla. Se deberá incidir de forma paralela en la conservación de una amplia zona de amortiguamiento, ya que de talarse esa área cambiarían las condiciones de microclima requeridos para conservar la biodiversidad del bosque mesófilo.

La novedad de esta propuesta es que se ocupan espacios silvestres de municipios vecinos, Tomatlán y Atenguillo.

“El Bosque de Arce es un área de importante refugio y corredor biológico para especies amenazadas o en peligro de extinción, tales como: Jaguar, el tigrillo, jaguarundi, la guacamaya verde, el loro nuca amarilla, entre muchas otras especies. Dentro del polígono encontramos 40 plantas endémicas, 170 especies de aves, 40 especies de reptiles y 47 especies de mamíferos”, dijo, en la presentación de la consulta, Mónica Reyes Garrido, directora general de Protección Ambiental y De-sarrollo de la Semades.

Subrayó que el objetivo de este decreto es garantizar la conservación de los recursos naturales del bosque de Arce a través de alternativas de manejo y uso sustentable de los recursos naturales, así como de actividades ecoturísticas para asegurar la protección y continuidad de los procesos ecológicos y el desarrollo de las comunidades.

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Riqueza sin igual

El estudio técnico justificativo del parque estatal estuvo coordinado por José Antonio Vázquez García, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, quien ayer señaló que este bosque ha logrado sobrevivir por más de 25 millones de años.
“No hay un bosque de maple con ese nivel de riqueza en el continente, por eso, es muy importante impulsar el establecimiento de una estación científica que pueda ser administrada conjuntamente con el Gobierno y la Universidad de Guadalajara; poder ofrecer una educación ambiental adecuada, una asesoría a proyectos productivos de la región, pero más que todo la investigación científica que le puede dar certidumbre a este bosque, que tiene una fragilidad al cambio climático, y entender su funcionamiento”.

Alex pone en riesgo los recursos para Aguaprieta


El gobernador Emilio González critica a diputados locales por no liberar aval para la obra de saneamiento más importante de la ciudad. Un mes, el plazo crítico para utilizar recursos del Fonadin para planta de saneamiento; después, la urgencia de obras en el norte del país por el paso del huracán podría cancelar la posibilidad este año, admite la CNA.

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO, edición del 28 de julio de 2010

La Comisión Nacional del Agua (CNA) considera que el siguiente mes será crítico para el proyecto de la planta de saneamiento de Aguaprieta, que tratará 80 por ciento de los desechos de la ciudad: si en ese tiempo no se desatora jurídicamente en el Congreso de Jalisco la garantía que debe ofrecer el gobierno del estado al concesionario de la obra para que asuma el crédito correspondiente, podría no contarse para el resto del año con los recursos a fondo perdido que otorga el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), reconoció ayer el director del organismo de cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, Raúl Antonio Iglesias Benítez.

Es decir, no se perderán los recursos en definitiva, pero la urgencia actual de inversión para reconstruir infraestructura en el norte del país, por el paso del huracán Alex, puede generar que la Secretaría de Hacienda entregue más recursos al Fondo Nacional de Desastres (Fonden), al ver que no se ejercer los de otros programas, puso en relieve el entrevistado.

El gobernador Emilio González Márquez, al inaugurar la Expo saneamiento del SIAPA, por la mañana, aludió a ese conflicto con los legisladores locales: “Estamos listos para empezar la construcción de la planta de Aguaprieta en cuanto el Congreso quiera; si el Congreso quiere empezamos mañana; si no, pues nos vamos a tardar otros meses o años”, señaló irónico, suscitando aplausos de los concurrentes.

“¿Por qué si el Congreso quiere?”, se preguntó. “Cuando se hizo el proyecto ejecutivo, cuando se diseñó todo el modelo, hay una parte importante que es el modelo financiero; en el modelo financiero una parte importante del costo lo absorbe la federación y otra parte la absorbe el estado, mitad y mitad; la parte federal está ahí ya para empezarse a utilizar, pero la parte que aporta el estado, lo tienen que hacer a través de un crédito, crédito que autorizó el Congreso; pero cuando lo autorizó, ya hace tiempo, lo hizo en un solo paquete para la planta de Aguaprieta y para la planta de El Ahogado, porque originalmente el proceso de licitación iba a ser uno solo…”.

Después, añadió el mandatario, se decidió hacer licitaciones separadas, entonces “le pedimos autorización al Congreso para que esa garantía que otorga el Ejecutivo sobre las dos obras, que estaba en un solo documento, nos lo divida en dos documentos; no pedimos más crédito, que quede claro, no estamos pidiendo aumentar la deuda […] lo que pedimos es que la garantía la divida en dos documentos, creo que es entendible […] esta solicitud se ha planteado al Congreso y el Congreso no ha tenido tiempo de analizarla; es la verdad, están muy ocupados y lo entiendo, es mucho lo que hacen los señores diputados, pero en cuanto el Congreso diga, levante la mano y diga ‘autorizo a que se divida la garantía’, en ese momento empezamos la construcción, porque en ese momento el banco suelta el dinero, así de fácil: hay garantía el banco suelta el dinero, no hay garantía el banco no suelta el dinero”, insistió en el mismo tono de sarcasmo, aprovechando la presencia del presidente del Congreso, José Antonio de la Torre.

El llamado del gobernador no fue bien recibido por el coordinador de la mayoría priista en el Legislativo, Roberto Marrufo, quien culpó al titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), César Coll Carabias, del retraso del proceso (ver nota anexa).

Consultado al respecto, Iglesias Benítez explicó en entrevista a Público que por la parte federal todo está dispuesto para la entrega de recursos. “El análisis jurídico ya lo hemos hecho en la CNA, y se ha determinado que lo que falta es un proceso exclusivamente local, y estamos a la espera de que eso suceda”.

La inversión para la planta de Aguaprieta está calculada en 2,600 millones de pesos, a ejercer en tres años, de los que la mitad serían entregados por el gobierno federal.

El funcionario de la CNA fue enfático respecto a la solidez del compromiso federal para financiar Aguaprieta, bajo la condición de que sea coinversión privada. Esto significa que si en la siguientes semanas no se da el acuerdo entre Congreso y Ejecutivo estatal, se podrá dejar todo programado para 2011.

La Secretaría de Hacienda aporta a los diversos fideicomisos y compromete un techo anual de acuerdo a los compromisos; sin embargo, si advierte que no se usan recursos comprometidos, los puede canalizar a otras tareas más urgentes. “Desgraciadamente se dio lo de Alex”, y como allí van sólo recursos públicos para reconstrucción, sumado a la indecisión de Jalisco, se puede inclinar la balanza.

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Una megaobra

La planta de saneamiento de Aguaprieta será la segunda del país en capacidad, con un tope de diez mil litros por segundo, y una inversión de 2,600 millones de pesos, de los que 50% serían recursos federales.

La obra ya fue licitada, y será operada por la misma concesionaria, durante 20 años, a un costo para la ciudad de 21 millones de pesos mensuales, tras lo cual la infraestructura será entregada al estado para que la opere directamente.

Clausuran a una cribadora omisa en río Mascota

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 28 de julio de 2010

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró el pasado fin de semana la cribadora que operaba con la concesión otorgada a favor de Sergio Anzaldo García, sobre el río Mascota, para extracción de material geológico, debido a que dicha concesión había quedado sin autorización de impacto ambiental por la suspensión que determinó la delegación Jalisco de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con base en el juicio de amparo 1342/2010.

Dicho amparo fue concedido de forma provisional —“suspensión de plano”— a favor del ejido Ixtapa, y ordena tanto a la Semarnat como a la Comisión Nacional del Agua (CNA) la suspensión de los permisos para extraer arena, por presuntos daños cometidos contra las propiedades del ejido citado.

De este modo, el amparo trajo como efecto la suspensión de cuatro autorizaciones en materia de impacto ambiental: las empresas denominadas Géminis, Nicolás Curiel y Roberto Sandoval Sandoval, detuvieron sus trabajos; pero una de las suspendidas, la que se otorgó a favor de Sergio Anzaldo García, no lo hizo, y fue acreedora de la acción administrativa de la Profepa, dijo el director del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), Pedro León Corrales.

Además de la clausura por parte de la Profepa, el concesionario omiso se expone “a cuestiones penales por extraer material ya sin el permiso vigente”, pues resulta insuficiente la concesión de la CNA, entidad que se negó a suspender las concesiones como lo ordenó el juez primero de distrito de Guadalajara.

León Corrales insistió en los daños causados por las cribadoras: aludió a huellas en el río Mascota que a su juicio demuestran que la cribadora Géminis no respetó lo que marca su autorización ambiental, “porque arrasó con el bosque de galería, de sauces, que ahí se encontraba cuando inició operaciones; obviamente tenía prohibido derribar el arbolado, y para que no hubiera evidencias de daños ambientales, pues arrasó”.

En el caso de las otras tres cribadoras de esa corriente superficial, destacó que los sauces se están secando a pesar de que están a la orilla del río”, lo que a su juicio demuestra un fuerte impacto ambiental. También insistió en que hay pozos profundos en medio del río, propiedad del organismo operador del agua de Puerto Vallarta, los cuales han ido abatiendo sus niveles, e incluso se han quedado sin agua en temporadas de secas recientes.

León Corrales consideró que la Profepa está en fase de prueba ante la sociedad, para demostrar que es una entidad confiable y que protege sus intereses, pues en el pasado reciente su actuación está plagada de simulación y omisiones. “Esta clausura, lo mismo que la actitud de la delegación Semarnat, son un buen principio para corregirlo todo”, destacó.

lunes, 26 de julio de 2010

CASO ESTADIO DE ATLETISMO: UNA GUÍA JURÍDICA DE LEYES VIOLADAS Y OMISIONES DE AUTORIDADES


Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

Sobre la calidad de bosque
Bosque, “vegetación forestal principalmente de zonas de clima templa-do, en la que predominan especies leñosas perennes que se desarrollan en forma espontánea, con una cobertura de copa mayor al diez por cien-to de la superficie que ocupa, siempre que formen masas mayores a 1,500 metros cuadrados. Esta categoría incluye todos los tipos de bos-que señalados en la clasificación del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática”. Inciso V del artículo 2 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Sobre el cambio de uso de suelo legal
El artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente sujeta a autorización de la Semarnat los “cambios de uso de suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas”

Sobre el delito de cambiar uso de suelo sin permiso
Código Penal Federal, artículo 418: “Se impondrá pena de seis meses a nueve años de prisión y por equivalente de cien a tres mil días multa [...] al que ilícitamente: I. Desmonte o destruya vegetación natural; II. Corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o III. Cambie el uso de suelo forestal...”.

Además, el reglamento de la Ley Forestal, en su artículo 119, advierte: “Los terrenos forestales seguirán considerándose como tales aunque pierdan su cubierta forestal por acciones ilícitas, plagas, enfermedades, incendios, deslaves, huracanes o cualquier otra causa…”.

Sobre la obligación de denunciarlo
Código Federal de Procedimientos Penales, artículo 116. “Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito que deba perseguir-se de oficio, está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier funcionario o agente de policía”.

Ibíd. Artículo 117. “Toda persona que en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un delito que deba per-seguirse de oficio, está obligada a participarlo inmediatamente al Minis-terio Público, trasmitiéndole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición, desde luego, a los inculpados, si hubieren sido detenidos”

Sobre el que oculta información o la altera
Código Penal Federal, artículo 420 quater: “Se impondrá pena de uno a cuatro años de prisión y de 300 a tres mil días multa, a quien: […] II. Asiente datos falsos en los registros, bitácoras o cualquier otro documento utilizado con el propósito de simular el cumplimiento de las obli-gaciones derivadas de la normatividad ambiental federal.
III. Destruya, altere u oculte información, registros, reportes o cualquier otro documento que se requiera mantener o archivar de conformidad a la normatividad ambiental federal.
IV. Prestando sus servicios como auditor técnico, especialista o perito o especialista en materia de impacto ambiental, forestal, en vida silvestre, pesca u otra materia ambiental, faltare a la verdad provocando que se cause un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los eco-sistemas, a la calidad del agua o al ambiente […]”.

El estadio de atletismo, un delito sin castigo


Hay múltiples evidencias de que autoridades pasaron por encima de la ley para impulsar la obra. Un bosque nativo de 3.1 ha fue talado sin permiso federal, pero tanto la Semades, como Zapopan y la Profepa, han sido omisos en la denuncia penal correspondiente, advierte la presidente del consejo consultivo ciudadano de la Semarnat en occidente

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

En el caso del estadio panamericano de atletismo, las abrumadoras evidencias que se han ido acumulando sobre el delito ambiental cometido, al talarse sin permiso 3.1 hectáreas de bosque nativo, han sido insuficientes para el poder público, que se niega a abrir el expediente penal correspondiente, en aras de justificar una manifestación de impacto ambiental exclusivamente local, y no federal.

A juicio de la doctora en derecho ambiental Raquel Gutiérrez Nájera, presidenta del Consejo Consultivo ciudadano de la Semarnat en las región occidente, no hay manera de justificarlo, pues la zona sólo pudo dejar de ser forestal y convertirse en urbana mediante una autorización de cambio de uso de suelo de la federal Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la cual no existe.

Respecto al dicho del subdelegado jurídico de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Javier Silva, de que hay dudas de que se trate de una zona forestal, la presidenta del Instituto de Derecho Ambiental (Idea) lo remite a la definición de bosque que da el Reglamento de la Ley Forestal vigente: “Vegetación forestal principalmente de zonas de clima templado, en la que predominan especies leñosas perennes que se desarrollan en forma espontánea, con una cobertura de copa mayor al 10 por ciento de la superficie que ocupa, siempre que formen masas mayores a 1,500 metros cuadrados. Esta categoría incluye todos los tipos de bosque señalados en la clasificación del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática”, dice el inciso V del artículo 2 del reglamento.
Esta condición se cumple sobradamente para la zona: 3.1 hectáreas son 31 mil metros cuadrados, casi 21 tantos el mínimo que plantea la definición legal. Cuál duda.

Por si fuera poco, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable habla de terrenos forestales y terrenos de preferencia forestal, los cuales deben cubrir los mismos trámites administrativos para cambiarse su uso: Artículo 7, definiciones: “… XL. Terreno forestal: El que está cubierto por vegetación forestal; XLI. Terreno preferentemente forestal: Aquel que habiendo estado, en la actualidad no se encuentra cubierto por vegetación forestal, pero por sus condiciones de clima, suelo y topografía resulte más apto para el uso forestal que para otros usos alternativos, excluyendo aquéllos ya urbanizados”.

Es decir, si no hay un permiso de cambio de uso de suelo, si se trata de vegetación natural leñosa, si es parte del gran ecosistema del bosque La Primavera —aunque el límite del área protegida esté a 500 metros—, si evidentemente tiene uso forestal y zonas desmontadas de uso preferentemente forestal, la materia es federal. Si se derribó sin permiso, se trata de un delito.

Y si la estatal Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sutentable (Semades) conoció de ese delito, debió denunciar ante la fiscalía especial de delitos ambientales de la Procuraduría General de la República (PGR)… y no otorgar una autorización de impacto ambiental con la que ocultaba una ilegalidad y limpiaba estos antecedentes a favor de la urgencia de un estadio panamericano.

Pero si la Semades insiste en que ya no había árboles, ¿el Ayuntamiento de Zapopan por qué multó con 75 mil pesos al propietario del autódromo Hermanos Gallo, hace once días, por la tala de árboles?

Un bosque es bosque
“Sin duda es la tala de un bosque; no está dentro del área protegida, pero nadie ha dicho eso; si así fuera, sería mayor todavía la sanción”, subraya Gutiérrez Nájera.

“Nosotros lo hemos dicho, le toca al gobierno federal emitir las autorizaciones de cambio de uso de suelo e impacto ambiental […] pero como el estadio es obra y compromiso del Estado mexicano, me parece que todo mundo lo que hace es no actuar, para favorecer el desarrollo de la infraestructura de los Juegos Panamericanos [de 2011], que importa que sea en detrimento de la calidad de vida de los tapatíos, quienes se quedan después de los juegos a vivir aquí”.

Le parece grave el precedente que asienta la Semades; “debió interponer la denuncia ante la PGR, máxime por que es la autoridad ambiental del estado, en lugar de hacerse de la vista gorda…”. Un hecho similar, recuerda, se cometió en relación con la Villa Panamericana que se edifica en la zona de El Bajío, hacia el otro lado del bosque. La secretaria Martha Ruth del Toro ha insistido en no admitir tal condición.

—¿Qué opina de la defensa que hace Semades de que hay un uso de suelo urbano y no forestal en la zona?

—Que es una lectura errónea; la atribución de los ayuntamientos es exclusivamente para el uso de suelo de zonas urbanas; en estos lugares como donde pretenden edificar el estadio, encuentras zonas de bosque, agua, fauna silvestre; son competencia federal, los municipios no tienen competencia sobre bosques, le toca a la federación decir qué se hace o no, independientemente de que estén en un subdistrito de plan de desarrollo urbano, eso no quita la calidad de bosque ni la competencia federal.

La abogada señala que los municipios pueden hacer convenio con la federación, en los términos del artículo 11 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, pero son “para administrar o manejar un área natural protegida, o la vigilancia de los recursos”, nunca para cambiar el uso de suelo como si fueran entidad soberana. “Es decir, si ellos pretendían que se aceptara ese plan de desarrollo urbano, debían haberlo sometido a evaluación de impacto ambiental federal”.

Entonces, tanto la Semades como después el Ayuntamiento de Zapopan y la Profepa, pretenden “legalizar lo ilegal”, pero a Gutiérrez Nájera no le extraña tanto el papel de la procuraduría —entidad que presidió la ahora titular de la Semades, del Toro Gaytán— que los últimos diez años ha legalizado construcciones dentro del área protegida “en vez de ordenar la demolición de las fincas y restituir terrenos al bosque”.

—¿Entonces no pasan la prueba frente a lo que dice la ley?

—Claro que no. Hace unas semanas, cuando se entregó el premio al Mérito Ecológico en La Primavera, escuché decir al secretario Rafael Elvira [titular nacional de la Semarnat], con preocupación, que desde la avioneta había visto toda una serie de invasiones dentro del polígono, dice, qué pasa hay que recorrerlo o qué.

El consejo consultivo ciudadano de la Semarnat ha insistido sobre todo el rosario de anomalías en las obras panamericanas a la entrada del bosque, pero “no hay respuesta satisfactoria” de las autoridades.

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El bosque borrado

Sí existió un remanente de bosque de pino y encino en poco más de tres hectáreas de la superficie que adquirió el gobierno de Jalisco para la construcción del estadio panamericano de atletismo a Alejandro Gallo González, dueño del autódromo Hermanos Gallo, pero desapareció de forma ilegal entre 2008 y 2010.

Las pruebas: fotos satelitales de 2008 y fotos del sitio, que datan de abril de este año, donde se aprecian ejemplares de encino y pino al interior del predio. Las evidencias de que ese bosque habría existido hasta hace muy poco tiempo las contiene el propio material que la Semades hizo público en su página de Internet bajo la denominación “información ambiental del estadio de atletismo”, donde se ofrece el dictamen que aprueba el impacto ambiental, el extenso documento de la MIA y sus anexos.

Allí se demuestra claramente la presencia de bosques de pino y encino al interior del polígono donde se establecería el desarrollo, denominado “Centro de Espectáculos Deportivos”. Más interesante todavía: las “fotos del sitio”, que se tomaron en abril de 2010, demuestran la existencia de dicha vegetación, lo que llevaría a concluir que los derribos ilegales debieron ocurrir después de abril de este mismo año.

domingo, 25 de julio de 2010

Una vida difícil


PÚBLICO EN PRIVADO

Teódula Gutiérrez Miguel. Comunera de San Miguel Chimalapas

San Miguel Chimalapas, Oaxaca. Agustín del Castillo, enviado. PÚBLICO-MILENIO. Este proyecto de investigación fue ganador de una beca de Fundación AVINA en la emisión 2008-2009. FOTOGRAFÍA: MARCO A. VARGAS

Doña Teódula escucha los interminables alegatos de la asamblea de los comuneros de la congregación de San Antonio, titubeantes en informar sobre los problemas de su localidad, pero decide que sus 69 agitados años de vida merecen la pena contarse, si quiera de forma apretada, y se acerca a los periodistas cuya presencia genera incomodidad en esta montaña de San Miguel Chimalapas, en la que vive desde el año 1972.

A diferencia de la mayoría de sus nerviosos vecinos, ella es zoque de nacimiento y vio la luz en la cabecera comunal, en 1941. El asesinato de su esposo “por envidias” la motivó a salir del viejo poblado y realizar la proeza de su existencia: abrir camino y crear el asentamiento que hoy ocupa San Antonio. La mayor parte de quienes la acompañaron en la misión eran antiguos obreros de la Compañía Sánchez Monroy, que saqueó la mejor madera en 50 mil hectáreas del este de Los Chimalapas, y ejerció un cacicazgo duradero.

La comunidad los apoyó en su rebelión contra los madereros y los hizo sus guardianes de los linderos; después de abandonar la zona, Sánchez Monroy dejó como pesada herencia -a instancias de los gobiernos de Chiapas- más de 20 ejidos nuevos asentados sobre las tierras inmemoriales de los zoques, quienes insisten en sus derechos consagrados por el tiempo: sus ancestros las compraron a la corona española en 1687 por 25 mil pesos-oro.

La mujer de piel cobriza no puede olvidar las largas penurias, tanto por el lado de la marginación –este es literalmente el último rincón de Oaxaca- como por la violencia de policías y soldados de Chiapas.

“Yo solita saqué adelante a mi familia. Trabajaba la tierra; sembraba frijol y maíz, y todavía hasta el año pasado lo hice. Este año ya no porque me enfermé […] todavía tengo un maicito ahorita del año pasado y así me la voy llevando”.

Habla de un abandono que no termina aunque los caminos son ya accesibles –siempre que no caigan tormentones que engordan arroyos y cortan la brecha-, hay escuela y funciona una modesta casa de salud. Por si fuera poco, se ha creado una reserva ecológica en vías de certificación, El Retén, que da empleo a muchos comuneros. Los policías del estado vecino siguen haciendo sus incursiones. “Sí, hace poquito fue la última; pero eso pasa siempre, por eso me vino a ver mi hermana, y me dijo: ‘pero qué haces aquí, mejor vámonos para Juchitán, está mejor la vida’; pero yo por mis hijos no puedo dejar esto, si yo me los traje chiquitos, ahora voy a ver como vive cada uno con su mujer y con su familia, por eso no salgo de aquí, aquí vivimos y mando a sembrar mi maíz, y con eso la paso”.

- Cuando usted llegó era esto muy diferente, ¿cómo era el bosque?

- Ahora está ya destruido; pero antes todo estaba tupido de pinos, de árboles y pura sombra […] a mí me tocó ver ese que le dicen tapir, animales más grandes que el burro; veíamos pava de la montaña, venado, jabalí; también había “tigre” (jaguar), pero ya no se asoma por aquí, nomás ruge a lo lejos […] yo le platico mucho a mis nietos; cómo era aquí y qué había…”.

La mujer diminuta calla al anunciarse la reanudación de la asamblea, dominada por los hijos y nietos de sus compañeros colonos, quienes, uno por uno, han ido bajado a la tumba.

viernes, 23 de julio de 2010

El Retén, disputas por el desarrollo



Modelo para rescatar las montañas de Los Chimalapas es esta reserva comunitaria que está a punto de ser certificada por la Conanp. Esta historia demuestra las dificultades de hacer exitoso un esquema de conservación natural

San Miguel Chimalapas, Oaxaca. Agustín del Castillo, enviado. PÚBLICO-MILENIO. Este proyecto de investigación fue ganador de una beca de Fundación AVINA en la emisión 2008-2009. FOTOGRAFÍAS: MARCO A. VARGAS

En la asamblea de la congregación de San Antonio, presidida por el secretario Francisco López y el agente Víctor López, discuten acaloradamente, poco después del mediodía de una solar tarde de junio, si recibirán o no a los forasteros.

Su reloj marca las 11.28 de la mañana –los zoques rechazan el horario de verano-, y están irritados porque el presidente comunal, Alberto Cruz, les prometió acudir este mismo día y atender sus demandas en relación con el larguísimo conflicto agrario con los ejidos chiapanecos.

A un mestizo estos embrollos le parecen delirantes. Para ellos, es el espíritu de la ley de sus usos y costumbres, a lo cual se deben someter todos los intereses individuales. No obstante, esos mismos usos los tienen sujetos al control de su cabecera comunal, San Miguel Chimalapas, lo que pone en evidencia la fragilidad del tejido de alianzas que los zoques han debido establecer durante 40 años con antiguos invasores de su inmensa heredad, a quienes les conceden derechos a cambio de que defiendan con celo el territorio de la comunidad.

La mayoría de estos comuneros son chiapaneos y trabajaron en compañías madereras hace cuatro décadas. Hoy son defensores de la frontera. En lo corto, muchos hablan de los temas que les preocupan: el abandono que sienten respecto a su cabecera y al propio gobierno de Oaxaca, en la difícil relación con los ejidos, fuertemente respaldados por Chiapas, que introduce obras de electrificación, agua y drenaje; abre y mantiene caminos; establece escuelas y centros de salud, pues como todos los gobiernos estatales en disputas limítrofes, pretende crear derechos con supuestos “actos de autoridad”.

A fin de cuentas, deciden no recibir a los periodistas y no conceder entrevistas, para mandarle un mensaje de su inconformidad a su comisario.

Más allá de lo agrario, hay disputas internas por los proyectos de desarrollo, que se han acentuado con la creación de la reserva ecológica voluntaria –a punto de certificarse por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp)- El Retén, un largo cordón de montañas que dominan el poblado, y que tienen bosques templados, bosques mesófilos de montaña y selvas medianas, en una superficie de poco más de 15 mil hectáreas que equivale a 11 por ciento de la superficie comunal (de 134 mil ha), pero apenas 4 por ciento de la totalidad de estas sierras del istmo donde se encuentran las Américas del norte y central.

El Retén tiene todas las maravillas naturales que un visitante busca en el sur de México; han sobrevivido gracias a su accidentado relieve, a más de medio siglo de extracción forestal descontrolada y de violencia.

Allí están en buena medida las esperanzas institucionales de proteger el gran macizo de Los Chimalapas. Por eso, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) tiene dos años de pagar servicios ambientales sobre una parte del área. El Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza, el grupo Mesófilo y la WWF [Fondo Mundial para la Naturaleza] pagaron junto con Conanp un plan de manejo. “Después venía el asunto de qué proyectos productivos podíamos hacer ahí; entonces le apostamos al aprovechamiento de la palma y al aprovechamiento de la resina, y le dijimos a las comunidades, esto es lo que vamos a aterrizar para que comiencen sus beneficios”, explica Luis Ruiz Saucedo, del Fondo Oaxaqueño.

Así, se ha generado una legitimidad en la tarea de conservación, pues muchos campesinos tienen dinero seguro por trabajar en los proyectos. Participan dos congregaciones: Benito Juárez y San Antonio. Falta abrirse a los mercados, que al menos en el caso de la resina, son prometedores en el territorio nacional.

“Entonces rompemos ahí un prejuicio que hay hacia los Chimalapas, de que son broncudos -añade Ruiz Saucedo-; de que no se pueden desarrollar ahí los proyectos, y entonces tenemos a dos comunidades que se organizan para la palma y la resina, pero quieren organizarse para todo lo demás […] hay la propuesta de plantar aguacate, de plantar chayotes, de hacer la conversión del ganado para producción intensiva y bajar la presión sobre bosque y selva […] suena como muy fácil, pero ha significado cuatro años de trabajo…”.

Aunque como siempre, no todos quedan contentos. Unas horas después, en la calurosa cabecera de San Miguel, el citado presidente comunal, Alberto Cruz Gutiérrez, se disculpa con los forasteros, y tras realizar una inspirada y apasionada defensa de los árboles como seres vivos –“qué pasaría si en un momento dado nosotros nos convirtiéramos en árboles, y los árboles dijeran, pues ahora les vamos a quitar la sangre para que nosotros vivamos; cómo quedaríamos nosotros cuando nos rompieran la piel y nos sacaran la sangre”, dice con sensibilidad franciscana-, el profesor y campesino se sincera: “somos muchos comuneros, por qué los apoyos no llegan para todos…”.

Discordias en una gran comunidad que se da el lujo de rechazar algunos esquemas de la modernidad dominante –los cambios de horario que favorecen la economía sobre la costumbre-, pero sufre al compararse con los pueblos de las planicies aledañas, regidos por las pasiones de la acumulación.

Cribadoras arrasan los ríos


Ejidos colindantes con el Ameca y Mascota acuerdan ampliar defensa legal. Bosque de galería ha desaparecido por sobreexplotación, señala el Idea. Consejo de ejidos entablará denuncias penales por desacato de amparos

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

Los ejidos de Jalisco y Nayarit afectados por 19 empresas cribadoras que explotan materiales geológicos de los ríos Ameca y Mascota acordaron ampliar la acción legal a favor de sus bienes y del entorno ambiental, en busca de lograr que la totalidad de los aprovechamientos sea detenida por la justicia federal, como ya sucedió con siete empresas, como efecto de dos amparos levantados en Jalisco y Nayarit.

Si bien no se ha logrado detener todos los aprovechamientos que ordenaron suspender los jueces de distrito, ya hay tres empresas que suspendieron sus labores al quedarse sin autorización en materia de impacto ambiental.

Reunidos el pasado miércoles por la tarde en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, las autoridades ejidales le pidieron a su asesor legal, el Instituto de Derecho Ambiental (Idea), interponer las acciones penales y administrativas correspondientes para quienes desacatan la orden de suspensión, entre los que señalaron de forma especial al organismo de cuenca Lerma-Santiago-Pacífico.

Y si bien por ahora sólo cinco núcleos agrarios han interpuesto demandas, se espera que la totalidad de los afectados se sume a los juicios y se logre cubrir toda la superficie de las concesiones, que corresponden a la cuenca baja del río Ameca y del Mascota, que es tributario del primero.

“Se suspendieron cuatro autorizaciones en materia de impacto ambiental en el río Mascota, que afectan al ejido de Ixtapa de Puerto Vallarta; el día de ayer [21 de julio] se hizo una reunión con los ejidos afectados y se verificó cuáles cribadoras pararon actividades; de las cuatro que ya suspendió la Semarnat Jalisco [Público, 21 de julio de 2010], tres efectivamente no están haciendo extracción: Géminis, Nicolás Curiel y Roberto Sandoval Sandoval; pero una de las suspendidas, la que se otorgó a favor de Sergio Anzaldo García, encontramos que estaba extrayendo material del río y además incumpliendo con las condicionantes”, dijo el director del Idea, Pedro León Corrales.

—¿A qué se expone esta empresa?

—A la clausura por parte de la Profepa y a cuestiones penales por extraer material ya sin el permiso vigente.

La visita de la zona por parte del personal jurídico y técnico, además de ejidatarios, arrojó las siguientes anomalías: “Encontramos muchas irregularidades en la extracción; hay huellas en el río Mascota que nos demuestran que Géminis incumplió con su autorización ambiental porque arrasó con el bosque de galería, de sauces, que ahí se encontraba cuando inició operaciones; obviamente tenía prohibido derribar el arbolado, y para que no hubiera evidencias de daños ambientales, pues arrasó; en los terrenos de las otras tres que extraen del Mascota, encontramos que los sauces se están secando a pesar de que están a la orilla del río; otro daño evidente es que hay pozos profundos del organismo operador del agua de Puerto Vallarta en medio del río y nos indican los pobladores de Ixtapa, los representantes del ejido, que el año pasado se quedaron sin agua…”.

Otras anomalías: “No se han respetado los límites de superficie de extracción; están extrayendo a más de diez metros, cuando la autorización es mucho menor”.

—La tarea que tiene la Profepa va a ser muy grande, pero ¿ustedes confían en ella?

—No, a la procuraduría también se le está cuestionando la omisión, por no vigilar el cumplimiento de las condicionantes para las 19 cribadoras que hay en los dos ríos; tiene que demostrar que esto no es cierto, y cómo lo hará, pues no tiene elementos […] demostrando con inspecciones que han vigilado, pero no lo han hecho, no hay manera de demostrar…”.

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Los expedientes

La justicia federal protegió los derechos de cinco ejidos de Jalisco y Nayarit, concediéndoles la suspensión de aprovechamientos de material geológico que realizan al menos siete empresas en áreas contiguas a los ríos Ameca y Mascota.

Se trata de los juicios de amparo 1342/2010, radicados ante el Juzgado Primero de Distrito de Guadalajara, y el 578/2010, tramitado en Tepic.

Guadalajara. Agustín del Castillo

miércoles, 21 de julio de 2010

La reserva que no pudo ser


En busca del “modelo Chimalapas” de protección de la naturaleza. Desde 1994 fracasó el esquema como reserva de la biosfera, por lo que sigue en el aire garantizar la preservación de este enorme patrimonio natural

Juchitán, Oaxaca. Agustín del Castillo, enviado. PÚBLICO-MILENIO. Este proyecto de investigación fue ganador de una beca de Fundación AVINA en la emisión 2008-2009. FOTOGRAFÍAS: MARCO A. VARGAS

Con la presencia de casi 36 por ciento de la riqueza en especies que tiene México en el apretado interior de estas montañas de poco más de medio millón de hectáreas –ni siquiera 0.03 por ciento de la superficie nacional-, y tomando en cuenta la pavorosa deforestación de los últimos 40 años, que borró más de 10 por ciento de sus bosques y selvas, lo normal es que ya hubiera acciones decididas de protección de los recursos naturales en Chimalapas.

Y las hay, pero están muy lejos del modelo ortodoxo de una “reserva de la biosfera” que se quiso imponer por el gobierno federal a partir de 1996, fracasado por la oposición de los zoques, los inmemoriales custodios de este tesoro biológico.

Carlos Solano Solano, coordinador del proyecto de desarrollo regional de los Chimalapas, por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), reconoce que la decisión de los Chimas obligó a la búsqueda de respuestas imaginativas que se han ido construyendo en un proceso de acompañamiento.

Queda claro que no se podrá lograr la protección de estos ecosistemas sin la voluntad de sus poseedores. También resulta evidente que las autoridades comunales y las municipales ya están “jugando” en la línea de la conservación, asombrados por la pérdida de servicios ambientales que trastorna su calidad de vida, y sobre todo, ante el aumento de la temperatura y la escasez de agua.

El trabajo desplegado desde ese tiempo parte de una premisa ineludible: “el rechazo de un decreto para un área de reserva de la biosfera”, que era lo que estaba previsto desde 1994 a raíz de la recuperación de tierras del predio de San Isidro la Gringa –que había sido invadido por ganaderos chiapanecos antes de 1994-; “en ese acuerdo se planteó la formación de un área piloto de conservación, fueron 24 mil hectáreas; se hicieron estudios pero nunca llegó a cristalizar, el lado bueno es que los últimos monitoreos han documentado una presencia de especies muy relevante… pero los poblados de Uxpanapa presionan por tierras, eso es preocupante”.

Los indígenas y sus asesores –políticamente influidos por el levantamiento neozapatista, que devolvió el protagonismo a las etnias del país- propusieron a cambio la creación de “reservas campesinas” donde ellos definieran, con base en monitoreos y argumentos técnicos, el manejo de los recursos y el destino de las diferentes superficies comunales. Tampoco prosperó, pero sirvió de base para lun acuerdo: las áreas de protección certificadas, una respuesta muy oaxaqueña al desafío de la conservación.

La base es el artículo 59 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; allí se prevé la facultad que tienen los ciudadanos de conservar voluntariamente sus predios. Roberto de la Maza, del Instituto Nacional de Ecología (INE), “nos propuso trabajar con eso y establecer un modelo en que debíamos convencer a la Conanp de sus bondades”. De manera que la creatividad puesta al servicio de la selva zoque ha generado un esquema exitoso ya en todo el país, donde existen al menos 193 áreas certificadas por más de 245 mil ha, nada despreciable, y con la enorme ventaja de que ya no hay que convencer a los dueños, pues estos establecen directamente el compromiso. En las propias montañas de Chimalapas, espacios como Cerro Azul, en la comunidad de Santa María, y El Retén, en San Miguel, han avanzado en ser considerados como “reservas voluntarias” y ser objeto de apoyos y proyectos productivos. Además, el ejido La Esmeralda, dentro del propio municipio de Santa María, ha echado a andar su propio proyecto.

Los tres proyectos no rebasan 19 mil ha, lo que es poco considerando la superficie total de la región, pero es un comienzo que debe mostrar sus virtudes para que se multiplique en las zonas biológicamente más valiosas, añade Solano Solano.

- ¿Una certificación tiene la misma solidez en términos jurídicos para enfrentar los embates desarrollistas?

- Pues esa es la idea, darle esa fuerza; la estrategia para la apropiación de la gente parte de capacitarlos en el plano legal, en el plano institucional, un reto fuerte.

- ¿No cree que es mucho más complejo que cualquier otro experimento de conservación?

- Y es parte de lo que hemos estado insistiendo a la Conanp, aquí hay toda la voluntad para conservar y se les deberían de dar todas las facilidades; sin embargo no sucede así, hay un poco de tardanza; la mayor parte de la áreas certificadas son de uso común, que ya tienen un reconocimiento en la Ley Agraria como zonas de conservación .

No ignora que de la suma de esos pequeños éxitos depende uno de los patrimonios naturales más importantes de esta región del mundo.

Semarnat frena extracción de material para Vallarta


Avanzan las suspensiones en juicios de amparo promovidos por ejidos contra empresas cribadoras. La delegación Jalisco notificó la suspensión de 4 autorizaciones en materia de impacto ambiental, aunque la CNA se niega a suspender las concesiones correspondientes para explotar ríos Mascota y Ameca

Guadalajara, Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

Comienzan a tener efectos las suspensiones judiciales concedidas a favor de cuatro ejidos de Nayarit y uno de Jalisco, en contra de las autoridades federales que permitieron explotar el material geológico de sus ríos colindantes, Ameca y Mascota, a empresas cribadoras que abastecen el amplio mercado inmobiliario de Puerto Vallarta y la bahía de Banderas.

Así, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) suspendió, hace diez días, cuatro autorizaciones a igual número de cribadoras que operan en el lado de Jalisco, ante la queja de los núcleos agrarios de daños e invasión a su patrimonio, además de un acusado deterioro ambiental tras una década de aprovechamientos que, a juicio de los campesinos, han sido “descontrolados”.

Se espera pronto respuesta de los órganos federales radicados en Nayarit, donde se sigue el otro juicio en contra de las concesiones.

Los hechos. El pasado 9 de julio, la delegación Jalisco de la Semarnat, en acatamiento al mandato del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa de esta ciudad, determinó suspender las autorizaciones de impacto ambiental otorgadas a cuatro empresas extractoras, lo que deja sin sustento legal las concesiones que éstas operan, y obliga a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a clausurar los aprovechamientos, si las empresas se negaran a hacerlo por su cuenta.

En este caso, se trata del juicio de amparo 1342/2010, favorable al ejido jalisciense de Ixtapa. Se trata de un oficio firmado por el delegado de la dependencia federal, José de Jesús Álvarez Carrillo (SEMARNAT/V3 239/2010), en el que se notifica un acuerdo administrativo relativo al cumplimiento de la “suspensión de plano” concedida por el juez federal citado.

Lo que Semarnat determina es la suspensión de las siguientes autorizaciones de impacto ambiental: Uno, SGPARN 014. 02 01. 01 1273/05, expedida a favor de José Roberto Inzunza Palafox, representante legal de la empresa Geminis Int. Cons. S.A de C.V. con sede en Zapopan, por un plazo de diez años.

Dos: SGPARN 0114 020 1 01 1130/2005, otorgada a favor de Nicolás Curiel Madero, con domicilio en el poblado de las Juntas, Puerto Vallarta.

Tres: SGPARN 0114 02 01 01 3211/2006, a favor de Sergio Anzaldo García, de Puerto Vallarta.

Cuatro: SGPARN OI14 02 01 01 1184/05, otorgada a Roberto Sandoval Sandoval, de Puerto Vallarta.

Además, el delegado de la Semarnat informa al juez, que por oficio emitido el 18 de enero de 2010, se negó autorización para la manifestación de impacto ambiental radicada con el número SGPARN 014020101 625/05, promovida por Irma Depi Sangos, de la localidad de El Guayabo, en Puerto Vallarta.

Por su parte, la gerencia regional Lerma-Santiago-Pacífico de la Comisión Nacional del Agua (CNA) emitió un acuerdo de fecha 16 de julio de 2010, firmado por el director del organismo de cuenca, Raúl Antonio Iglesias Benítez, en el que informa al juez que no puede cumplir con la “suspensión de plano”, pues, a su juicio, las concesiones que ha otorgado no afectan los terrenos de los quejosos.

Por su parte, Pedro León Corrales, director del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), advirtió: “Seguiremos el procedimiento de cumplimiento del auto de fecha del 2 de julio de 2010 en el que se concedió la suspensión de plano, inclusive con su superior jerárquico —el director de la CNA, José Luis Luege Tamargo—. Independientemente, los quejosos presentarán por separado el incidente de violación a la suspensión”.

Dijo que esperan el cumplimiento de las suspensiones que determinó el juez de Tepic en amparo de cuatro ejidos nayaritas, en los próximos días, y que estarán vigilantes los campesinos de que los ríos no sean afectados durante el periodo de aplicación de las suspensiones mencionadas.

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Desacato

Para la defensa de los campesinos, la CNA incurre en desacato, por lo que pedirán aplicar el artículo 206 de la Ley de Amparo, que dice: “La autoridad responsable que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado será sancionada en los términos que señala el Código Penal aplicable en materia federal para el delito de abuso de autoridad, por cuanto a la desobediencia, independientemente de cualquier otro delito en que incurra”.

Los quejosos “reclamamos los actos que tengan por consecuencia la privación de la propiedad, posesión y disfrute de los bienes agrarios del ejido quejoso y la sustracción del régimen jurídico ejidal e inclusive las concesiones en sus efectos y consecuencias, por lo que el juez concedió la suspensión para estos efectos, y en este caso las consecuencias de los actos emitidos por el director del organismo de cuenca afectan los derechos agrarios de los quejosos y por lo tanto esta autoridad está obligada a obedecer la orden judicial”.

Esto lleva a reclamar que se sancione al director del organismo de cuenca por desacato; además, las empresas cribadoras a las cuales les fueron suspendidos sus permisos ambientales no pueden continuar sus extracciones con la sola concesión de la CNA, por lo que se exponen a ser clausuradas por la Profepa.

domingo, 18 de julio de 2010

Un presidente de cuatro mil pesos


PÚBLICO EN PRIVADO

Santa María Chimalapa, Oaxaca. Agustín del Castillo, enviado. Fotografía de Marco A Vargas. PÚBLICO-MILENIO. Becas AVINA, periodismo para el desarrollo sostenible


La novedad es que no todos los políticos de este país, en particular hablando de presidentes municipales, se dan grandes sueldos y una vida de lujos, con amplios gastos de representación, comunicación ilimitada, camionetas con guaruras y de repente, alguna joven querida guardada en el clóset.

Una de las excepciones —que deben ser más numerosas de lo que se sospecha— es este alcalde del pueblo zoque de Santa María Chimalapas, que habita en una finca modesta de la cabecera; que se dedica a sembrar, a cuidar sus cedros y a mantener sus vacas; que va por el café a su casa para no comprar en la oficina y que percibe un salario de cuatro mil pesos mensuales. Constantes y sonantes.

Luis Jiménez Arbona es un hombre sencillo que está cerca de los 60 años de edad y va a cumplir tres al frente de su ayuntamiento. No ha sido fácil. 21 agencias para un municipio parece un número breve, pero la cosa cambia si se trata de desplazarse sobre unos 4,600 kilómetros cuadrados, lo que equivale en superficie a gobernar Tlaxcala (de 4,060 km2) más otro cachito; pero con un presupuesto de 0.01 por ciento (8,700 millones del estado contra nueve millones de la demarcación oaxaqueña), y eso sí, apenas 1 por ciento de la población (un millón 68 mil tlaxcalenses contra diez mil, pasaditos, chimas de Santa María).

La cosa es que el gobernador del estado central tiene un helicóptero y una amplia red de caminos que lo desplazan fácil y cómodo por el área de jurisdicción. Pero este atribulado munícipe, para llegar a su agencia más alejada, La Esperanza —qué nombre para el lugar más alejado—, necesita de dos días, incluidos un traslado por tierra hasta la presa Malpaso —qué nombre más fatídico—, atravesar en lancha por uno de los mayores embalses artificiales de México, y una pesada caminata de tres horas.

Don Luis no la lleva fácil. En una ocasión, unos furibundos paisanos llegaron a su modesto despacho sin cita, y no lo dejaron salir ni por su religiosa taza de café. “Le dije a mi esposa, voy a la presidencia y en media hora me regreso; ella me dijo, por qué no te tomas tu café y te vas, pero no le hice caso […] iba media hora y pude salir hasta las tres de la tarde, porque exigieron que los atendiera y les resolviera sus problemas”.

Este comunero zoque piensa que las cosas antes eran mejores, aunque estaban aislados en la sierra. “La gente no estaba esperanzada a los apoyos, como ahora; trabajaba y comía de su trabajo, más fácil”. Ahora, su tarea como alcalde es pasarla en idas y venidas de Oaxaca para pelear presupuesto, porque hay muchas comunidades sin servicios básicos y la red de caminos es mala. Luego llegan paisanos a pedir dinero para medicinas, para transporte, para comer. Ni modo de negárselos, y no dan factura. Otro caso: no tiene 160 mil pesos para reparar un payloader (cargador) de su módulo de maquinaria. Entonces, no se pueden mantener las brechas decentes.

No es casualidad que Santa María sea el municipio 122 del país en marginación. Ni que este campesino haya llorado, frustrado de su carga de trabajo, de la incomprensión de sus vecinos y de la inmensa cuesta que debe andar esta comunidad para acceder, alguna vez, al verdadero desarrollo.

Chimalapas: el ocaso de la selva





Arriba, la devastación de la selva por la economía ganadera de los zoques; abajo, un búho del género Pulsatrix, común en el sur del país y en Centroamérica. Abajo, aspectos de un periplo por el río Vista Hermosa, afluente del Coatzacoalcos, hacia el corazón de la jungla




Una de las 200 regiones prioritarias del planeta, según la WWF, la jungla milenaria de los extintos olmecas y de los supervivientes zoques ha sido víctima de proyectos faraónicos de desarrollo, de la violencia endémica por la tierra, de la tala y caza clandestinas y de la ganaderización de bajos recursos, lo que reduce su frontera mientras se libran luchas institucionales y sociales por mantenerla.

Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Agustín del Castillo, enviado. PÚBLICO-MILENIO. Este proyecto de investigación fue ganador de una beca de Fundación AVINA en la emisión 2008-2009. FOTOGRAFÍAS: MARCO A. VARGAS

PRIMERA PARTE
No es todavía mediodía, pero el sol hace sentir su poder sobre los acalorados viajeros que, tambaleantes, suben a la lancha y, entre el sordo rumor de un viejo motor de diesel, comienzan a recorrer el río Vista Hermosa, a contracorriente, en busca de parajes primigenios, cada vez más extraños, de este mundo en destrucción.

Por estas aguas han bajado maderas preciosas durante siglos, y ha sido la vía para penetrar la jungla en busca de otros tesoros arriesgados: cazar el “tigre”; capturar monos, guacamayas y tucanes; pescar bagres, robalos o tilapias; colectar plantas desconocidas. Hoy se necesita mucha fortuna para avistar a la tirana de los aires, el águila harpía, aunque aún se pueden contemplar, entre los arroyos ocultos por la tupida vegetación, nutrias juguetonas o pacíficos tapires.

Pero esta tarde de junio, la naturaleza parece aletargada ante el aire enrarecido por los incendios forestales, cuyas columnas se levantan siniestras en la periferia de la selva. “Es el viejo método de roza, tumba y quema, pero, como casi todo mundo se ha hecho ganadero de quince o 20 años para acá, este problema se ha hecho más común, porque es el modo de dar mantenimiento a los potreros para dejarlos libres de bosque y que salga el pelillo del pasto”, señala Gerobuam Hernández, indígena zoque dedicado a la conservación.

Las orillas alojan, esparcidas, entre árboles enormes y solitarios, mudos testimonios de la vieja selva húmeda, casas de la familia Vélez, nativos de El Paraíso, en Guerrero, que fueron expulsados por la falta de tierra y la debacle del negocio del café. La comunidad de Santa María Chimalapa los acogió y les ordenó colonizar esta ribera, siguiendo su estrategia de control territorial frente a los numerosos invasores de su inmensa heredad. Es por eso que estos mestizos son comuneros del pueblo zoque.

Desde entonces han pasado 45 años y la antigua floresta tropical cedió espacio a los maizales, a los cafetales que fracasaron con el precio internacional del grano y a los potreros para bovinos que hoy sustentan a los esforzados descendientes de don Valentín, el pionero de la familia, quien llegó de 18 años y ahora tiene 63.

“Llegaba uno al arroyo, se asomaba y veía así de pescados [sic]”, dice Valentín mientras junta los dedos de la mano derecha, señal de abundancia.

—¿Por qué se ha ido acabando todo?

—Porque la gente entra bastante… les gusta mucho este lugar para cacería y pesca.

No es cazar cualquier cosa. Conforme se avanza río arriba, los claros de desmontes se van reduciendo y se alcanza en un par de horas una majestuosa umbría como la que sorprendió en 1859 a uno de los más famosos viajeros de esta región, el francés Charles Brasseur. Los lancheros refieren historias recientes de cazadores que remontan la corriente en busca de jaguares, pasando por alto que su persecución es delito federal.

“Hay un señor de apellido Larumbe, médico de Oaxaca, que vino hace quince días; traía borregas, para atraer al tigre y matarlo”, cuentan Antonio y Margarito, los dueños de la lancha. Después, nerviosos, aseguran que no se llevó nada y se dedicó a echar vino.

Los visitantes penetran en una de las cañadas que bajan al río. Por allí mana un arroyo en medio de troncos putrefactos, helechos, orquídeas, anfibios y una miríada de insectos. Los rayos solares penetran en algunos claros que permiten los árboles de 30 a 40 metros, esparciendo una iluminación espectral. Luego se llega a un pequeño surtidor. Los habitantes de la selva se ocultan, pero los chillidos de insectos, el canto de aves y el monocorde discurrir del agua interpretan aleatoriamente las extrañas cacofonías de lo silvestre.

Riquezas en declive
Esto es lo que queda de las antiguas y vastas selvas del Istmo de Tehuantepec, casi arrasadas en la amplia llanura veracruzana, de forma acusada, en el último siglo, y fuertemente reducidas en las montañas oaxaqueñas. Es un lugar de historia y utopías.

Aquí vio la luz una de las culturas primordiales de Mesoamérica, la olmeca, y poblados de la sierra como San Francisco de la Paz guardan vestigios de ese pasado. También revistió en el siglo XIX un alto interés geopolítico, ante la posibilidad de abrir un paso navegable del océano Pacífico al golfo de México, lo que derivó en diversas tentativas que fracasaron, pero contribuyeron a las primeras fuertes perturbaciones del entorno natural.

En el siglo XX, la región fue una de las víctimas más prominentes de la “teología desarrollista”; en la zona veracruzana (Uxpanapa), perdió casi 80 mil hectáreas para la apertura de un supuesto Jauja sureño cuyos fabulosos rendimientos agrícolas garantizarían la soberanía alimentaria del país.

El fracaso fue el saldo y sólo sobreviven grandes manchones de jungla en esa área, convertida a la ganadería ante la evidencia de los suelos delgados de estos frágiles ecosistemas.

Lo que se preserva fundamentalmente es esta selva montañosa enclavada más al sur, inaccesible en muchos puntos, de los Chimalapas, custodiada por los zoques, que, habiendo adquirido en el siglo XVII sus bienes de la Corona española, han resistido dos centurias de invasiones territoriales de latifundistas, ejidatarios y “nacionaleros”.

No obstante, la devastación es casi similar, con la ventaja de que se trata de una superficie de selva considerablemente mayor. “Los datos que elaboró la Dirección General de Programas Regionales de la Semarnat en el año 2000 indican que la tasa de deforestación en los Chimalapas entre 1976 y 2000 fue de 1.05 por ciento, siendo el periodo entre 1996 y 2000 con el mayor valor alcanzado, de 2.19 por ciento. Esto significa que en los últimos 40 años se han desmontado para fines agropecuarios cerca de 57 mil ha, lo que equivaldría a un tasa anual de 1,425 ha de bosques y selvas que se pierden cada año”, subraya el biólogo Salvador Anta, hoy gerente regional de la Comisión Nacional Forestal, pero con amplia experiencia en el área.

Pese a la enorme carga de deterioro, el Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) la tiene en su lista de las 200 regiones prioritarias del planeta.

“Cuenta con un complejo mosaico de diferentes tipos de vegetación, situación propicia para una amplia riqueza de especies de flora y fauna: selvas húmedas, selvas secas, bosques mesófilos de montaña, bosques de pino, bosques de encino, sabanas, selva baja perennifolia, y matorral andino [o páramo]”, señala el Plan Maestro de Desarrollo Regional de los Chimalapas, realizado en 2004 bajo la coordinación de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI, del gobierno federal).

¿Qué se ha documentado de esta riqueza? El programa de manejo para aprovechar la madera selvática en Arroyo Pato, comunidad de Santa María, menciona 609 registros de vertebrados terrestres; por su parte, el Instituto Nacional de Ecología, citando trabajos de Roberto de la Maza, señala en una publicación: “Los Chimalapas es en la actualidad una de las zonas tropicales y banco de recursos genéticos de mayor importancia en México y Mesoamérica. Se estima que una sola hectárea de vegetación tropical no perturbada […] llega a albergar hasta 900 especies vegetales y más de 200 especies animales”.

Los registros iniciales, sigue el INE, reportan 220 especies vegetales “de interés forestal” y, entre la fauna, 146 especies de mamíferos, 316 de aves, 416 de mariposas diurnas (no hay tantas en ninguna otra parte del país). Hay 300 especies de orquídeas, apuntan otras fuentes. En fin, “36 por ciento de representación de la biodiversidad nacional”, añade el texto de INE, lo que debería totalizar cerca de once mil formas de vida. Así, el campo de investigación y documentación sigue siendo amplio.

La selva zoque, que abarca territorio oaxaqueño (los Chimalapas propiamente), veracruzano (Uxpanapa) y chiapaneco (El Ocote), alcanzaba antes de 1970 más de un millón de hectáreas: diez mil kilómetros cuadrados, un poco menos de las superficies sumadas de Colima y Aguascalientes.

Ahora hay un desmembramiento, aunque el gobierno federal decretó una reserva de la biosfera en El Ocote, en Chiapas, con poco más de 101 mil ha, y analiza proteger los manchones que sobreviven en Uxpanapa, que todavía suman más de 100 mil ha. En Chimalapas hay una superficie superior a 440 mil ha con escasa perturbación, pero han fracasado las tentativas “clásicas” de protección, como una reserva de la biosfera que pretendió el gobierno de Ernesto Zedillo.

Chimalapas camina, dice Carlos Solano, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a su propio modelo de protección basado en los derechos de las comunidades zoques. Es un desafío que muchos científicos consideran “la última oportunidad” de salvación.

Violencia y miseria
Las dos grandes comunidades zoques, Santa María y San Miguel, no han podido bajar la guardia frente a los invasores de su territorio en poco más de 40 años. En 1967, el presidente Gustavo Díaz Ordaz les reconoció sus títulos virreinales. Paradójicamente, con el empuje del gobierno chiapaneco, ya se había dado legalidad a posesiones ejidales en la parte oriente de sus tierras. Se creó así uno de los grandes conflictos agrarios del país, con saldos de violencia, despojos, detenciones arbitrarias y muertes.

“Sufrimos mucho en esos tiempos”, recuerda doña Teódula Gutiérrez Miguel, moradora de la congregación de San Antonio, comunidad de San Miguel Chimalapa, muy cerca de la zona de los límites confusos con Chiapas, al sureste.

“Yo me vine de allá porque mataron a mi esposo, Vicente Pérez, que era un trabajador del campo, sacaba maíz, sacaba frijol, tenía guajolotes, tenía gallinas […] pero fue la envidia, en San Miguel hay pura envidia, en aquel tiempo, y lo mataron; y yo me vine de allá, me traje a mis hijos para criarlos aquí, lejos de esas envidias”, añade la mujer de 69 años.

No imaginaba que la iba a pasar mal. “Ahorita hay muchos apoyos y se come bonito, pero antes no había nada, todo era polvo, todo era duro; yo jalaba tules del arroyo y los salaba en el petate y los vendía […] no había escuela, era una enramada; no venían doctores, y cuando crecían los ríos en las lluvias no se podía salir de aquí”.

Los que sí llegaban eran policías chiapanecos y soldados. Muchas veces fueron golpeados los vecinos de la congregación, y expulsados. Cuando regresaban, sus casas estaban saqueadas y muertos sus animales. Y Oaxaca lejos, “casi no venían, nos dejaron solos”.

En esta zona hay actualmente un área de conservación certificada por la Conanp, El Retén, y se han establecido dos proyectos productivos: los aprovechamientos de resina de pino y de palma, que dan dinero seguro a quienes están integrados, pero despiertan suspicacias de la cabecera, que exige que los recursos lleguen a todo rincón de la comunidad de 130 mil ha.

Los problemas con los chiapanecos no tienen para cuándo terminar. Las patrullas siguen subiendo desde el municipio de Cintalapa y los roces se mantienen. El propio presidente comunal, Alberto Cruz Gutiérrez, reconoce que “los de la zona oriente se están radicalizando” ante la larga espera de respuestas.

La superficie invadida a las comunidades de Oaxaca por unos 25 ejidos rebasa 40 mil ha, según los cálculos oficiales; era de casi cien mil ha hace diez años.

Crepúsculos tropicales
El río Vista Hermosa baja hacia el oeste y se une al río El Corte, llamado así desde hace al menos 200 años por ser zona de explotación del “oro verde”: sobre todo, caoba y cedro rojo, fuente de grandes fortunas para colonos mexicanos y extranjeros, especies ahora escasas y, de hecho, desaparecidas de los sitios más perturbados.

Es la cuenca del río Coatzacoalcos, uno de los más caudalosos de México, navegable en toda esta parte baja para embarcaciones de bajo calado, dependiendo siempre de la abundancia de una lluvia que los campesinos aseguran que tiene años mermando.

La tarde cae y el río brilla como manto aurífero bajo los rayos declinantes del sol. Aves de presa le disputan a Barney López, el pescador, sus frutos subacuáticos. Los incendios arrecian en lontananza. El fuego devora con su grandiosa esterilidad frutos de vida siempre en movimiento. Esto es una selva perennifolia; aquí todavía ruge el “tigre”, pasta el ciervo y deambula el tapir. Una de las más amenazadas entre las 200 joyas planetarias, palpitando existencias al límite.

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Los datos

Chimalapas, el gran núcleo superviviente de las grandes selvas del Istmo de Tehuantepec, tiene la última superficie extensa de selvas altas y medianas enclavada más al norte del planeta.

Su corazón lo forman las comunidades indígenas zoques de Santa María y San Miguel Chimalapas, con un superficie conjunta de 594 mil ha, reconocidas en 1967 por el gobierno de la república.

Está considerada como una de las joyas de la biodiversidad mexicana; se estima que podría albergar hasta 35 por ciento de las formas de vida, animales y vegetales, que hay en el país.

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Fuego y ganadería, grandes enemigos


No fue la revolución verde la que iba a sacar a la selva zoque de sus problemas de pobreza. Antes bien, los agravó, pues en las fronteras de la zona se desmontaron vastas arboledas para proyectos productivos que tuvieron vida corta, o ganancias menores. Entonces, los campesinos mestizos, y luego los indígenas, voltearon a la ganadería.

“La deforestación es un problema ocasionado principalmente por el cambio de uso del suelo que hacen los productores de la región para establecer potreros y terrenos de cultivo. Ambos procesos fueron alentados por políticas institucionales que incentivaron y estimularon estas actividades sin tomar en cuenta previsiones para evitar el deterioro ambiental”, señala Salvador Anta, gerente regional de la Conafor, pero reconocido “chimalapólogo”.

Con el auge de la ganadería, agrega, “el uso del fuego se ha convertido en el principal factor de deterioro ambiental en los Chimalapas, ya que cada año, en la temporada de estiaje, las quemas agropecuarias que se realizan en la periferia de las zonas forestales suelen salirse de control y convertirse en incendios forestales de gran magnitud”.

Un factor adicional, “que ha agudizado el proceso de cambio de uso del suelo en la región, ha sido la problemática de los conflictos agrarios que mantienen las comunidades, ya que estos ejidos con los que se tiene un conflicto agrario, en el interés de demostrar posesión de los terrenos, desmontan y establecen potreros o parcelas, en muchas ocasiones utilizando el fuego de manera irresponsable, por lo que también se convierte en un causante de incendios forestales”.

Los datos de la ocupación ganadera y agrícola varían según la fuente. “Así, por ejemplo, De Teresa y Hernández [2000] mencionan que la superficie agrícola en los Chimalapas se estima en 19,732 hectáreas, mientras que la superficie pecuaria alcanza casi el doble de la primera, con cerca de 36,500 ha”. Otra fuente (Serbo), de un año antes, “encuentra que la agricultura alcanza 34,971 ha y la superficie pecuaria 73,125 ha”.

Lo cierto es que “la ganadería se ha convertido en una actividad de importancia en la zona centro y sur de los Chimalapas, aunque también existen áreas importantes en la zona norte […] el tipo de ganadería que se práctica es extensivo y destaca el hecho de que una parte importante de la superficie ganadera [60 por ciento] se arrienda o queda en descanso, mientras que la restante —es decir, casi catorce mil ha— se utiliza directamente por los propietarios de los terrenos ganaderos. La producción ganadera es una actividad fundamentalmente comercial que realiza a través de la venta de terneras, mediante la engorda de ganado, la venta de lácteos, y la renta de pastos”.

Chapala ya superó su ascenso de 2009


Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO, edición del 17 de julio de 2010

El lago de Chapala logró en apenas 27 días lo que le llevó cuatro meses de temporal durante 2009: superar la barrera de 39 centímetros de ascenso en su nivel.

De hecho, ayer, con otros cuatro centímetros de subida en una sola jornada, llegó a 42 cm y con ello quedó tres cm por arriba del año previo, pero a 35 cm aún del nivel total alcanzado en esa anualidad, pues la cota mínima de ese año había sido 95.44 y, en cambio, en 2010 fue la 95.06, lo que significa que este año empezó 38 cm más abajo.

El mayor embalse natural del país comenzó a recuperar agua a partir del 19 de junio de este año. Hoy almacena 5,275 millones de metros cúbicos; los 42 cm recuperados son en volumen 459 millones de m3, casi tres tantos lo que la zona metropolitana le extrae por año al lago.

Los datos de la Comisión Nacional del Agua agregan que, contra su capacidad total de almacenamiento, el lago se ubica en 66.80 por ciento y tiene un área de embalse cubierta por agua de 110,313 hectáreas.

Los registros oficiales revelan un estado de auge en todo Jalisco. De las doce demarcaciones administrativas, destacan dos por su nivel de precipitaciones: la Ciénega y la Centro, donde se ubica Guadalajara. En particular, la zona conurbada registra 100 por ciento más lluvia que durante 2009 hasta esta fecha, mientras que en la estación de Chapala el registro es de 150 por ciento arriba.

En general, las presas del Lerma rebasan 70 por ciento de su capacidad, y las de Jalisco están en promedio arriba de 60 por ciento. Las autoridades están al pendiente de que esta prosperidad no cambie a desastre, por eso hay una operación permanente y un centro de urgencias en la Comisión Nacional del Agua (CNA).


Las mejores marcas

Recuperaciones
En 109 años, Chapala creció más de cinco metros de su nivel de agua, de un ciclo a otro, sólo en el temporal de 1958
Más de tres metros, en cinco ocasiones: 1926, 1935, 1941, 1955 y 2003
Ha subido catorce veces más de dos metros y 50 veces más de un metro

1926: cota 99.38
El lago subió 3.26 metros y alcanzó su récord histórico registrado: la cota 99.38 el 30 de septiembre, es decir, más de nueve mil millones de m3

1935: cota 99.32
Ascenso total al 8 de octubre: 3.22 metros; quedó arriba de los nueve mil millones de m3

1941: cota 98.10
Máxima recuperación: 3.20 metros el 14 de noviembre

1955: cota 94.22
Luego de estar el 2 de junio en su peor nivel del siglo (un hito no igualado: la cota 90.80), las lluvias permitieron una alzada de 3.42 metros al 12 de noviembre

1958: cota 96.93
Este año subió 5.02 metros, arriba de seis mil millones de m3

2003: cota 94.53
Salta 3.23 metros, después de una prolongada escasez que un año antes le había dado la segunda cota más baja: 91.07

Fuente: CNA

Hubo omisiones ante cribadoras: ejidos


Amparos contra CNA y Semarnat en torno al río Ameca: Hay graves daños al patrimonio ejidal, le dicen a los jueces federales

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO, edición del 15 de julio de 2010


Extracción de material en el río Ameca. La CNA entregó los permisos. Foto: Marco A. Vargas
Las dependencias federales, estatales y municipales han sido omisas o sólo han simulado interés en las denuncias que desde 2003 hacen los ejidos enclavados en la cuenca del río Ameca-Mascota, tanto en Jalisco como en Nayarit, por los daños ambientales y patrimoniales que les infligen las cribadoras de materiales, señalan los propios comisariados quejosos, en los textos de las demandas de amparo que interpusieron en sendos juzgados federales, en Guadalajara y Tepic, a comienzos de este mes.

La resolución de ambos jueces fue protegerlos con suspensiones de plano y provisional, contra las autoridades que dieron los permisos de explotación, en tanto se juzgan las violaciones de garantías que demandaron los sujetos agrarios. Se trata del juicio 1342/2010, radicado ante el Juzgado Primero de Distrito de Guadalajara, y el 578/2010, tramitado en el Juzgado Segundo de Distrito de Tepic, ambos de materia administrativa.

“A partir del año 2003, la Comisión Nacional del Agua (CNA) comienza a emitir una serie de autorizaciones a diversas empresas cribadoras para la extracción de material pétreo en el cauce del río Ameca, en el tramo que va desde el poblado de San Juan de Abajo, municipio de Bahía de Banderas [Nayarit], hasta cerca del puente que une a los estados […] así como en el mencionado río Mascota, y modificando el cauce natural de dichos ríos”, señalan en el apartado de hechos de las demandas.

De esta manera, se afectaron “los terrenos ejidales de los poblados quejosos en su propiedad, posesión y disfrute con la sustracción del régimen jurídico ejidal, pretendiendo ejercer jurisdicción sobre nuestros terrenos […] sin que previamente se nos siga un procedimiento de expropiación”.

Los ejidos no conocen el contenido de las concesiones que otorgó la CNA, ni las dictaminaciones de impacto ambiental favorables a las cribadoras, “ni hemos sido llamados como parte en los procedimientos de los cuales derivan los permisos, autorizaciones y concesiones”, advierten.

Pero sufren sus consecuencias. “Las empresas cribadoras pretenden la extracción de materiales geológicos en los bienes agrarios de los quejosos que colindan con los ríos; además, se efectúa de una manera no acorde a los principios del equilibrio ecológico […]”.

De este modo, “nuestras tierras se han visto afectadas, ya que por la alteración de cauces nuestras parcelas han sufrido inundaciones, ocasionándonos graves perjuicios en nuestra principal fuente de sustento de nuestras familias, y riesgo para nuestras vidas”, pues hay partes donde los ríos se han hecho profundos y difíciles de cruzar.

DENUNCIAR DELITOS, OBLIGACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS

Código Federal de Procedimientos Penales

Artículo 116. “Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito que deba perseguirse de oficio, está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier funcionario o agente de policía”.

Ibíd. Artículo 117. “Toda persona que en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, está obligada a participarlo inmediatamente al Ministerio Público, trasmitiéndole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición, desde luego, a los inculpados, si hubieren sido detenidos”.

Cambio de uso de suelo forestal, sin permiso de Semarnat, es un delito federal perseguido de oficio

Artículo 418, Código Penal Federal. “Se impondrá pena de seis meses a nueve años de prisión y por equivalente de cien a tres mil días multa, siempre que dichas actividades no se realicen en zonas urbanas, al que ilícitamente: I. Desmonte o destruya la vegetación natural;

II. Corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles,

o

III. Cambie el uso del suelo forestal…”.

miércoles, 14 de julio de 2010

Jueces federales ponen alto a las cribadoras del río Ameca




Órdenes judiciales suspenden las concesiones que ha otorgado la CNA para aprovechar arena y material pétreo en esa corriente pluvial y la del Mascota, tras juicios de amparo interpuestos por cuatro ejidos de Nayarit y uno de Jalisco. Hay al menos siete empresas afectadas. La CNA no ha sido notificada

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

La justicia federal determinó proteger los derechos de cinco ejidos enclavados en Jalisco y Nayarit, concediéndoles la suspensión de los aprovechamientos de material geológico que realizan al menos siete empresas en las áreas contiguas a los ríos Ameca y Mascota, y que según los núcleos agrarios quejosos, están ocasionando un alto daño ambiental a los ecosistemas y la invasión y devastación de sus propiedades.

La determinación judicial, vía suspensión de plano en un caso, provisional en el otro, significa un duro golpe al sector de la construcción en los dos lados de la bahía de Banderas, pues el creciente mercado inmobiliario demanda enormes cantidades de materiales que se aprovisionan desde las vegas de estos ríos, en un proceso que ha sido denunciado desde hace siete años por los lugareños como abiertamente depredador del entorno.

Los núcleos ejidales señalan que las empresas cribadoras utilizan sus campos de cultivos para mover su maquinaria pesada hacia el río, abriendo caminos y tendiendo alambrados. La extracción es a su juicio desmedida, y ha ocasionado que las parcelas ejidales contiguas al río se derrumben parcialmente y se pierda suelo fértil. También invaden sus parcelas y extraen materiales. Los ríos pierden sus ecosistemas, pues la explotación socava el lecho, afectando especies sensibles como la nutria y los chacales (camarón de río), amén de decenas de organismos menores. Además, la acción de la maquinaria ha modificado el cauce y eso tiene efectos directos sobre la propiedad de los ejidos.

La superficie afectada, en el caso de Jalisco, alcanza poco más de 17.5 hectáreas (170 mil metros cuadrados), mientras en el lado nayarita es de 103.6 hectáreas.

Como las gestiones políticas en Jalisco y Nayarit fueron insuficientes, los campesinos acudieron al Instituto de Derecho Ambiental (Idea), organismo no gubernamental que los asesoró para entablar sendos juicios de amparo que fueron interpuestos apenas a comienzos de este mes, informó ayer a Público el director del Idea, Pedro León Corrales.

Se trata de los juicios de amparo 1342/2010, radicado ante el Juzgado Primero de Distrito de Guadalajara, y el 578/2010, tramitado en el Juzgado Segundo de Distrito de Tepic, ambos de materia administrativa. La admisión de la demanda fue inmediata. En el caso de Jalisco, que ampara solamente al ejido Ixtapa, de Puerto Vallarta, la resolución judicial fue más contundente: “…Se decreta de plano la suspensión del acto reclamado, para el efecto de que no sea privado al ejido quejoso [sic], de manera definida la propiedad, posesión y disfrute de sus bienes agrarios […] de igual manera, para que no se realice la sustracción del régimen jurídico ejidal que tienen, así como para que no se realice ningún movimiento registral derivado de estos terrenos y de las aguas que en él se embalsan, tanto en el Registro de Derechos de Agua como en el Registro Público de la Propiedad federal; asimismo, para que no se otorguen autorizaciones o permisos por parte de las autoridades responsables para la extracción de material pétreo y se suspendan y cesen los efectos y consecuencias de las concesiones otorgadas […]” (Juicio de garantías 1342/2010, Juzgado Primero de Distrito, Guadalajara, 2 de julio de 2010).

Las autoridades demandadas son la Comisión Nacional del Agua, que otorgó las concesiones; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que dictaminó favorablemente las manifestaciones de impacto ambiental, y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que debía sancionar a las empresas por los excesos cometidos.

En las vegas de los ríos Ameca y Mascota anexas al ejido Ixtapa, se identifican al menos seis concesionarios: Géminis Internacional Constructora SA de CV, Nicolás Curiel Madero, Sergio Anzaldo García, Roberto Sandoval, Agregados San José SA de CV, y Heriberto Saldaña Morones.

Según León Corrales, al concederse la “suspensión de plano”, la vigencia de la medida cautelar será para todo el proceso de amparo.

En el caso de los ejidos nayaritas de San José del Valle, Valle de Banderas, El Colomo y El Porvenir, su juicio de amparo, tramitado en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo, Civil, Administrativa y del Trabajo, incluye una suspensión provisional. Reclaman los efectos destructivos de las extracciones de Agregados San José SA de CV, Heriberto Saldaña Morones y SICNAY, SA de CV.

La demanda fue admitida el 7 de julio de 2010, y “se concede la suspensión para que de inmediato cese de plano cualquier acto tendiente a privar de la posesión o propiedad de los terrenos a los núcleos ejidales quejosos que se describen en la demanda de garantías”.

León Corrales explicó sus alcances: “La suspensión de plano así concedida suspende de inmediato los actos reclamados relativos a los títulos de concesión expedidos por la CNA y las autorizaciones en evaluación de impacto ambiental emitidos por la Semarnat; esto es así porque las actividades de extracción de material pétreo en el río Ameca, como se señaló en el escrito de demanda, afecta los derechos agrarios de posesión y propiedad de los cuatro ejidos quejosos […]”.

En este caso, se tramitó por separado un “incidente de suspensión”, para el efecto de que “se abstengan de cambiar el régimen jurídico ejidal; no se hagan movimientos registrales en el Registro Nacional de Derechos de Agua y en el Registro Público de la Propiedad federal y no se expidan títulos de concesión”.

El director del Idea aclara que “con las concesiones y autorizaciones para extraer material pétreo, se afecta el régimen ejidal, ya que el material pétreo se encuentra en los terrenos ejidales de los quejosos y la CNA, al emitir la concesión en los polígonos del terreno ejidal, está pretendiendo convertir estos terrenos en bienes nacionales, en violación del artículo 27 constitucional, ya que la propiedad ejidal concedida por resolución presidencial sólo se puede afectar mediante decreto de expropiación para realizar una actividad que tenga como objeto un concepto de utilidad pública”.

Advirtió que hay siete empresas identificadas, pero podrían ser el doble las afectadas con el amparo. “Ampliaremos la demanda y agotaremos los recursos legales para lograr la justicia tanto para los ejidos como para el ambiente”, puntualizó. El organismo de cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, responsable de emitir las concesiones, anunció ayer que dará su versión hasta ser notificado de la resolución y determinar sus alcances jurídicos.

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Otro juicio vs CNA, el precedente

El Instituto de Derecho Ambiental (Idea) ensayó en el amparo 4/2007, promovido por el ejido Zapotlán del Rey, del municipio homónimo, la posibilidad de acotar el poder de la Comisión Nacional del Agua (CNA) en el manejo del recurso. “Esa experiencia nos sirvió para los amparos de los ejidos de Vallarta, fue el ensayo de lo que podíamos lograr”, dijo Pedro León Corrales, director del organismo civil.

Se tramitó el expediente principal en el Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa, de Jalisco. “En enero de 2007 se admitió la demanda y se concedió la suspensión de plano para que los quejosos no sean privados del agua de la presa La Cañada, y no sean privados de la posesión y disfrute del predio del mismo nombre […] en mayo de 2010 se amplió la demanda”.

Los ejidatarios reclaman “la privación de la propiedad, posesión y disfrute de los terrenos donde se ubica el embalse de la presa La Cañada y la cortina de la misma”, así como “la expedición de títulos de concesión sobre las aguas almacenadas en la presa”.

Se admitió la ampliación de la demanda y se concedió la suspensión de plano para no ser privados “de la propiedad, posesión y disfrute de los terrenos donde se almacena el agua de la presa”; que “no se expidan títulos de concesión de aguas en la presa”, y que “no se hagan movimientos registrales”. La base de la acción jurídica en el río Ameca.

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Daños ambientales

Desde el año 2007, Luis González Guevara, investigador del Centro Universitario de la Costa, de la Universidad de Guadalajara, ya había advertido de las consecuencias ambientales que traía la sobreexplotación de los ríos Ameca y Mascota por las cribadoras.

“Nosotros intervenimos a solicitud del ejido Ixtapa y descubrimos que la mayoría de estas empresas operaban sin permisos; había un mal manejo de los movimientos de terreno, se creaban pozas profundas y remolinos, que provocaron incluso la muerte de niños, y se dañaban caminos en el traslado de los materiales, además del ruido y el polvo”, dijo a Público (edición del 6 de mayo de 2007).

A partir de entonces, se dieron intervenciones de la Profepa que derivaron en algunas clausuras temporales, y en la consecuente regularización de la actividad. No obstante, los daños continúan en la medida en que se siguen extrayendo miles de toneladas de materiales del lecho de los ríos.

“Sin duda los impactos se siguen presentando, y es lógico, porque si no se respeta el límite de la profundidad de las excavaciones, se afectan las venas subterráneas, la recarga de los mantos y el sustrato de la tierra se pierde. Si bien ha sido un proceso de denuncia importante, la verificación de que las normas se cumplan es incipiente”.

El investigador advirtió que sin seguimiento del impacto ambiental —que de por sí emana de manifestaciones bastante mal soportadas— se irán acumulando daños en las cuencas, riesgos de inundaciones para los pobladores ribereños, pérdida de tierra agrícola y el incremento de la salinización de los acuíferos.

Pronóstico optimista para el lago de Chapala


Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO. Edición del 13 de julio de 2010

Tras la recuperación de 27 centímetros en lo que va del temporal, once de ellos en el pasado fin de semana, el director técnico del organismo de cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la Comisión Nacional del Agua (CNA), Guillermo Vargas Rojano, rebosa optimismo en relación con el lago de Chapala. Aunque aún es prematuro, piensa que el mayor embalse del país podría alcanzar en octubre de este año niveles de almacenamiento que no se han vuelto a presentar desde al menos 1978, último ciclo en que se logró superar la cota 97, esto es, por arriba de siete mil millones de metros cúbicos de agua.

Su fundamento son las lluvias abundantes que ya han provocado esos 27 centímetros de ascenso en tan sólo 23 días, lo que deja a unas pocas jornadas superar la marca del año anterior, de apenas 39 centímetros de recuperación en el temporal 2009. Ayer, el lago amaneció en la cota 95.33, ascenso acumulado a partir del pasado 19 de junio.

“Se está pensando que será un año muy bueno, donde incluso se podría dar a la agricultura de irrigación agua al tope de sus concesiones, pues tenemos las presas de la región Lerma al 70 por ciento de su capacidad, y las de Jalisco a 60 por ciento […] de hecho, hemos debido desfogar caudales porque no podemos tomar esa clase de decisiones de improviso, es un esquema en el que ya se tiene mucho conocimiento técnico y experiencia y no se puede fallar porque está de por medio el patrimonio y la vida de las personas”, dijo el funcionario a este diario.

Así, las presas del medio y alto Lerma, la cuenca tributaria de Chapala, deberán operarse día tras día y hora tras hora, pues si llegan huracanes, sobre todo por la vertiente del golfo, suelen llevar grandes precipitaciones en la zona de El Bajío, y se podrían saturar los almacenamientos, advierte.

Chapala se ubica hoy en la cota 95.33, con un almacenamiento de 5,111 millones de metros cúbicos. En volumen, su recuperación en el presente temporal es de 295 millones de metros cúbicos, es decir, ya cubrió la concesión completa anual para la zona metropolitana de Guadalajara y le sobran 55 millones de m3.

Así, el mayor embalse natural del país se ubica a 64.73 por ciento de su capacidad total; su área de embalse es de 109,581 hectáreas.

La cota máxima de 2009 fue la 95.83, que se mantuvo hasta el 7 de octubre de ese año; a partir del 8 de octubre registró su primer centímetro de descenso. En el periodo seco de 2010 el lago perdió 77 centímetros, que representan 848 millones de m3 menos, para ubicarse entonces en 4,817 millones de m3, de manera que detuvo su descenso en la cota 95.42. Luego subió hasta la 95.69 con las lluvias de febrero.

El mismo panorama rebosante se presenta en las regiones de Jalisco. De las doce demarcaciones administrativas, destacan dos por su nivel de precipitaciones: la de la Ciénega y la Centro, donde se ubica Guadalajara. En particular, la zona conurbada registra 100 por ciento más lluvia que durante 2009 hasta esta fecha, mientras que en la estación de Chapala el registro es de 150 por ciento arriba.

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Datos

54,450 kilómetros cuadrados es la superficie de la cuenca Lerma-Chapala.

11 millones 58,285 personas habitan en ese territorio, pero, considerando los usuarios de las zonas metropolitanas de Guadalajara y México, habría que agregar al menos otros seis millones de usuarios.

10% del producto interno bruto del país se genera en esta región.

7,088 especies animales y vegetales habitan la demarcación, lo que la hace más rica que la mayor parte de los países de la Unión Europea o que Canadá.

4,908 millones de metros cúbicos de agua escurren naturalmente, pero las diversas extracciones y la pérdida por evaporación son de 5,563 millones de m3. El balance final es deficitario: menos 677 millones de m3 anuales.

71% del agua se utiliza en la agricultura, la cual produce menos de 2% de la riqueza regional. Hay 23 acuíferos sobreexplotados y apenas se tratan 53% de las aguas negras.

Guadalajara/Agustín del Castillo