lunes, 23 de marzo de 2009

Disputan tierras de la ribera de Chapala comuneros y extranjeros

La comunidad indígena de San Juan Tecomatlán busca recuperar terrenos. Hay casi 200 demandas “de exclusión” de propiedad, en su mayoría, interpuestas por ciudadanos foráneos contra los derechos de la comunidad de Poncitlán, enclavada frente al lago. Apenas se han saldado cinco por la vía de la conciliación

Los fraccionamientos de extranjeros son contrastantes con la pobreza local
La presencia extranjera es ostensible; no hay una búsqueda de integración con el elemento local

Don Cirilo recuerda el tiempo en que Donal llegó a Tlachichilco. La capilla, atrás


La espectacular vista del lago en la zona más codiciada de la ribera

San Juan Tecomatlán. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

El gringo y su mujer, Linda, oriunda de Chapala, irrumpieron en el pequeño templo de Tlachichilco durante la misa, y se acercaron a una anciana, pobre, enferma y ciega. La esposa la abrazó cariñosamente en frente de todos mientras el cura miraba complacido. El güero Donald esbozó una sonrisa satisfecha. El hombre había llegado a comienzos de los años 80 del siglo pasado a este poblado coca —tal vez nahua—. De no tener nada, con el tiempo amasaría fortuna e influencias, a costa de la tierra barata de los comuneros.
“Yo no sé si es católico o si nomás venía a misa por conveniencia; porque esos gestos los hacía enfrente de la gente, pero no levantaba a nadie por la carretera. Quería que creyéramos que era una buena persona. Alguna vez escuché que iba a comprar un pedazo de terreno para ampliar el panteón del pueblo para todos, mexicanos y gringos, porque no iba a haber diferencias [...] la gente lo veía con muy buenos ojos, decían que había llegado papa Noel…”, recuerda don Cirilo Vázquez Ortega, de 77 años.
Los nativos le dicen Dan, pero se llama Donald Dwyer. Tiene 25 años de haber arribado a la comunidad indígena de San Juan Tecomatlán, a menos de 20 kilómetros al oriente de Chapala, en la misma ribera del lago, principal sitio de residencia de extranjeros que existe en México.
En Tlachichilco, poblado comunal, coinciden no sólo en que Dan fue el primer gringo en llegar, sino en que se trajo a casi todos los demás (indistintamente, estadunidenses, canadienses y europeos), que hoy inundan la zona, con cerca de 200 propiedades residenciales asentadas en terrenos comunales.
“Al principio, compraba toretes para la engorda; será que vendría escondiendo su dinero o se lo encontró aquí […] total, compró la casa de un licenciado y empezó a convivir con la comunidad, se nos metió, empezó a meter sus pesitos”, agrega don Alfredo Campanero López, de 78 años.
Compró decenas de hectáreas a precios de remate. “En ese tiempo tengo entendido que serían millones de viejos pesos, cuando cualquiera tenía sus millones, serían como unos doce o trece millones por un potrero de ocho hectáreas que la gente aquí veía como breña”. Hoy, en ese terreno montoso hay un fraccionamiento de jubilados estadunidenses y canadienses, que habitan casas valuadas entre 300 mil y 500 mil dólares. Pero Dan tiene muchos predios más.
El problema es que se trata de terrenos comunales, que según las leyes agrarias mexicanas, entrañan un derecho que jamás prescribe. San Juan Tecomatlán comenzó su proceso de reconocimiento y titulación en 1977, explica su abogada, Marielena Navarro. Eso descarta en automático las compraventas realizadas desde cinco años atrás. Las efectuadas antes de 1972, si fueron legales, llevarían un proceso de “exclusión” para ser respetadas como propiedad privada. Las que se hubieran llevado a cabo de 1972 en delante, hasta 2009, son nulas y requieren de la voluntad de la asamblea comunal para ser excluidas, o en su defecto, toleradas sin cambiar la tenencia de la tierra.
Fue el Tribunal Unitario Agrario número 15, por orden del juez cuarto de distrito de Guadalajara (amparo indirecto 424/99), el que reconoció y tituló al poblado, apenas el 4 de noviembre de 2002 (expediente TUA A/169/2001). El efecto legal es demoledor. La ejecución llegó tan tarde, que ya se habían hecho muchos negocios de compraventa. Los comuneros reconocen que fue hasta entonces que se dieron cuenta del valor de lo suyo: “Fuimos muy inocentes, ahora ya no nos dejaremos”, advierte Jesús Castellanos Sánchez, presidente del comisariado de bienes comunales.

Guerra silenciosa
La vida hoy se ha tornado difícil para los de Tlachichilco. Siempre les dijeron que la llegada de inversionistas era buena, pues habría empleos y mejoraría su calidad de vida. Lograron para sus esposas trabajos como empleadas domésticas, y para los jóvenes, de jardineros. Cuando tuvieron la ley en sus manos, y quisieron llegar a acuerdos con sus huéspedes, las cosas cambiaron. Si bien, este fin de semana pasado se formalizaron cinco convenios de exclusión pacífica, la tónica general ha sido de amenazas y despidos.
Juan Manuel Muñoz, quien tiene año y medio de haber regresado a su tierra natal, dice que a su esposa la despidieron por su activismo en favor de la comunidad. “¿Acaso estoy haciendo mal mi trabajo?, le preguntó al patrón. No, nada, nomás dile a Juanito que cuando se salga de lo de la comunidad, te regresamos el empleo, le contestó”.
Hay extranjeros que no la toman personal. De hecho, una pareja de ancianos, John —fallecido el pasado mes de enero— y Janice Hunter, quienes regalaban despensas, paquetes escolares y utensilios para los niños, recibieron la exclusión de su propiedad sin el cobro de un peso, pues se consideró que eran personas valiosas para el pueblo. Otro foráneo, el alemán Mike Jones, pagó de su dinero hace unos meses la reparación de una tubería para el agua de la comunidad, transportando además al agente municipal a comprar los insumos a una ferretería de Chapala.
Pero hay muchos forasteros que están molestos por lo que piensan se trata de un robo legal.
Así, “tenemos jardineros que han venido a decirnos: ‘a mí ya bórrenme de la lista de comuneros, ya no quiero saber nada’; les preguntamos por qué, y nos dicen: ‘porque mi patrón ya me amenazó’ […] desgraciadamente para los que vemos más allá de nuestras narices, eso demuestra la nobleza de la gente, ‘a mí con que me den para mis tortillas y para mis frijoles, ya no necesito nada más’, o ‘con que me den trabajo, con eso tengo’, dicen”.
Así pasó con un comunero, Pedro Contreras; otro, de nombre Juan García, de todos modos dejó su trabajo ante el hostigamiento.
Se habla de una simbiosis ideal entre la comunidad extranjera y los nativos, pero hay demasiadas demostraciones de lo contrario, apunta Juan Manuel. “Ellos viven aislados, en una burbuja, que son sus casas, y jamás bajan al pueblo […] de hecho, se molestan cuando hay fiestas, por la música de banda que sube al cerro, o las campanadas del rosario de alba, que son después de la seis de la mañana… un hombre nos dijo en julio pasado que su perrito se hizo cardiaco de los sustos que les sacó la campana…”.
Otro capítulo de la discordia es el conflicto por el agua. La comunidad es dueña de todos los afloramientos en su territorio, pero los avecindados se quedaron con dos pozos; al inscribirlos como dotación de agua de un poblado (es decir, a nombre de los comuneros), lograron reducir el pago de energía y de derechos, con subsidios. Después, pretendieron acordar con los comuneros darles agua “que les sobraba”, que no llegaría a 10 por ciento, pero pedirles pagar 50 por ciento del recibo. Las diferencias de consumo son evidentes: las residencias tienen amplios jardines mientras las casas de Tlachichilco reciben el líquido apenas media hora al día.
Los comuneros están cobrando 30 pesos por metro cuadrado para otorgar la exclusión de propiedades. El terreno en breña se cotiza comercialmente arriba de 600 pesos por metro, y muchos extranjeros así los están traspasando. De este modo, ante la falta de voluntad en negociar, “los convenios van a ser muy difíciles de sacar adelante”, subraya Juan Manuel.
San Juan bien vale una misa
Las reiteradas idas a misa en Tlachichilco, las promesas de dinero para el sostenimiento de la comunidad (35 mil pesos anuales para Tlachichilco y 35 mil para San Juan Tecomatlán), el otorgamiento de una remesa para restaurar la capilla, la presentación de proyectos delirantes, como el de un hospital con helipuerto “a donde nos atenderían a todos nosotros”; la promesa de reparar calles y pavimentarlas, fueron el pasaporte para el gran negocio inmobiliario de Dan en el decenio de los años 90.
Donald Dwyer participó activamente en la gestión de la carretera pavimentada que se abrió en 1999 con recursos del gobierno de Jalisco. La idea era crear oportunidades de desarrollo para las comunidades indígenas de Poncitlán, con un acceso terrestre fácil, pero en la realidad, los intereses especuladores que buscaban aprovechar el mercado de altos recursos de los jubilados de Europa y Norteamérica, sacaron “la mejor raja”. San Juan alcanzó a reaccionar ya con poco más de 100 hectáreas de invasiones. Sus vecinos de Mezcala se cerraron completamente, y hasta ahora, simbolizan la resistencia más firme al mercado.
Siguió la vida de Dan. “Comenzó a quemarse con las autoridades, y a hacer uso de prestanombres, de preferencia mexicanos, para hacer sus negocios”, aseguran los comuneros.
El gringo tiene su casa al pie de la carretera Chapala-Mezcala. Uno de sus hijos, de nombre Jean Paul, también se dedica a los negocios con la tierra, y posee maquinaria de construcción. En el teléfono de su domicilio, Dan contesta a una solicitud de Público para ser entrevistado acerca del tema, el pasado 19 de marzo.
“Estoy por salir del país, por estudiantes de Canadá…”, dice en un español típico de forastero. Regresaría hasta después de la semana de Pascua. No obstante, promete visitar las instalaciones del diario, al día siguiente. Nunca llega.
En el pueblo, una pregunta obligada: ¿Míster Dan ya no viene a misa?
“No, nunca”, contestan sin titubear don Cirilo y don Alfredo, testigos de cómo estas viejas aldeas fueron devoradas por el dios Progreso.
-----------------------------------------
CLAVES
La comunidad
San Juan Tecomatlán posee títulos virreinales que datan del siglo XVI, lo cual dio pie al reconocimiento de la comunidad, en 1997, con 1,694.2 hectáreas, sentencia que fue recurrida con un amparo, para quedar finalmente reconocida con 1,946 hectáreas en noviembre de 2003
El derecho agrario mexicano otorga a las comunidades indígenas la atribución de ser “inalienables, imprescriptibles e inembargables”, lo que significa que sus bienes no pueden ser vendidos y que su ocupación no crea derechos por vía de la prescripción
Quienes poseen terrenos dentro de la comunidad deben negociar con ella, pues su derecho posesorio no es mejor que el comunal. Ese es el espíritu bajo el cual se pueden dar exclusiones de predios, siempre que la asamblea general de comuneros lo avale
Fuentes: cumplimiento de ejecutoria del amparo indirecto 424/99, por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 15; Ley Agraria

martes, 17 de marzo de 2009

Defensores del bosque El Nixticuil se enfrentan con taladores de árboles

Acusan a Zapopan de propiciar deforestación. Policías hicieron caso omiso de denuncias de los ecologistas

Bosque El Nixticuil. Los responsables de la tala que afecta a la zona argumentaron que tienen permiso municipal. Foto: Giorgio Viera

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

En roces, empujones y gritos terminó ayer por la mañana un tirante diálogo entre trabajadores de la fraccionadora El Tigre, que retiraban árboles en las inmediaciones de la prolongación avenida Ángel Leaño, y miembros del comité salvabosque Tigre II, luego de que estos denunciaran ante la prensa la depredación, de la que responsabilizaron al Ayuntamiento de Zapopan.
Sofía Herrera, integrante de la organización ciudadana, aseguró ayer por vía telefónica que se trató de una agresión encabezada por un individuo que se identificó como José Saúl Padilla López, y su cuadrilla de trabajadores. También acusaron a la policía de Zapopan de no intervenir pese a la oportuna petición, y de “querer voltearles la tortilla”, al señalarlos como agresores.
Padilla López “se portó de forma prepotente, agredió verbalmente, y luego llevó a doce de sus trabajadores y los incitó a la violencia con palos y hachas; le quitaron un celular a un compañero y lo arrojaron a la calle; a otro le aventaron la cámara de video con la que grabábamos todo”, explicó la activista.
Los hechos fueron alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando “acudimos al camellón de dicha avenida a reunirnos con compañeros de los medios de comunicación para documentar la tala de los árboles que en ese momento se estaba realizando”.
Tras padecerse la agresión, agregó Sofía Herrera, “se solicitó la intervención de la Policía de Zapopan —patrulla Z-805—, quienes después de 20 minutos llegaron al lugar, y aun después de mostrarles la grabación de las agresiones, se fueron, argumentando que no podían hacer la detención de los agresores porque nadie presentaba lesiones graves, no había corrido sangre…”.
Luego del incidente, “los trabajos continuaron realizándose sin ningún tipo de restricción, y sin la detención de ninguno de los trabajadores; lejos de ello, los oficiales de policía regresaron a tratar de amagar al Comité diciendo que habían recibido un nuevo reporte señalándonos a nosotros como agresores y por el supuesto robo de la herramienta con la que se estaban realizando los trabajos”, añadió.
A juicio del Comité Salvabosques, es manifiesta la complicidad de la autoridad municipal en los hechos. “Denunciamos públicamente […] a fin de que se documenten las acciones de destrucción y despojo que el municipio está llevando a cabo de forma arbitraria en nuestras colonias, así como los mecanismos que emplea para criminalizar la defensa que la comunidad hacemos de nuestros espacios”, señalan en un comunicado de prensa, el cual da acceso a un video con los hechos, que se puede ver en la siguiente liga: http://www.youtube.com/watch?v=WHFmkhGuenU.
Los miembros del comité salvabosque exigen detener la tala que afecta a la zona de El Nixticuil, y anunciaron que interpondrían ayer mismo una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos “para que dicte las medidas cautelares para detener estas agresiones”.
La tala irregular empezó el sábado 14 de marzo, día en que los taladores argumentaron que “se debe a la ampliación de dicha avenida y que cuentan con el permiso de la Dirección de Parques y Jardines de Zapopan. Señalaron también que el permiso es para la tala y poda de 29 árboles de entre tres y siete metros de altura, para lo que pagaron previamente 5,321.50 pesos”.

lunes, 16 de marzo de 2009

Las Joyas: nahuas se quejan de exclusión

Se consideran “terceros perjudicados” en pleito por terrenos; acusan a Conanp y a UdeG de secuestrar la participación en sierra de Manantlán


Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
Algunos líderes sociales de la comunidad nahua de Ayotitlán y activistas de derechos humanos reclaman ser considerados como “terceros perjudicados” en el conflicto por la propiedad de la estación científica de Las Joyas, en la sierra de Manantlán.
En diversos escritos entregados a este diario, firmados por el presidente de la red jalisciense de Derechos Humanos, Óscar González Garí; por líderes de la zona indígena, como Víctor Manuel Ramírez, Juan Mancilla, Daniel Ramos Elías, Roberto Covián y Héctor Campos; por el ex director de Manantlán, Martín Gómez García, entre otros, establecen la necesidad de que se reconozcan derechos de las comunidades agrarias, pues insisten —contra la opinión del gobierno de Jalisco y de la Universidad de Guadalajara— en que Las Joyas es un área natural protegida estatal, y no sólo un predio enclavado al interior de la principal zona núcleo de esta reserva de la biosfera federal.
El primer escrito, firmado por indígenas, fue entregado el pasado mes de febrero tanto al gobernador Emilio González Márquez como al rector sustituto de la casa de estudios, Marco Antonio Cortés Guardado, “pues en su demanda de amparo se olvidaron, como es ya costumbre, de llamarlos a comparecer [a los nahuas] como lo que son en este último litigio: terceros perjudicados. Al no ser llamados por el racismo subliminal y explícito de dichas autoridades al juicio, ellos han decidido comparecer y apersonarse directamente para acreditar su legítimo derecho, personalidad e interés jurídico”, advirtió González Garí.
La alusión es al amparo contra el juicio civil que “despojó” legalmente de la propiedad de Las Joyas al estado, en favor de un grupo de propietarios con una escritura espuria y actos de posesión precarios (Público, 22 y 23 de enero de 2009).
El activista explicó que la Red Jalisciense de Derechos Humanos y la Unión de Silvicultores de la Sierra de Manantlán, AC, “seguimos también con nuestro amparo contra el decreto del Congreso que autorizó la transferencia de Las Joyas del gobierno del estado a la UdeG, mediante un comodato a 99 años. El amparo está en revisión en el Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Tercer Circuito, con sede en Guadalajara, desde el año 2007 y no ha sido resuelto todavía”.
En una carta posterior, critican “la visión que exponen los dos grupos de poder antagónicos de la UdeG y la Conanp [Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas], en torno al control de la reserva […] como si la conservación de los valores naturales dependiera de un arreglo entre las dos facciones y no de mecanismos públicos y democráticos de representación de las comunidades dueñas de las tierras que forman la sierra (en alusión al tema aparecido en Público el pasado 5 de marzo de 2009).
Estos mecanismos, agregan, “son indispensables para acordar, evaluar y validar o rectificar las formas de preservar la riqueza natural de esta región, asegurando el desarrollo a los dueños ancestrales de este territorio […] la visión de los derechos que tienen las dos facciones, es la de disponer de recursos sin rendir cuentas, ni entregar los resultados obligados”.
Cuestionan a la Conanp, pues “se arroga atribuciones excesivas, para imponerse por la fuerza, de manera ilegal y sin la legitimidad de la eficacia en la solución de problemas, violentando derechos elementales de las comunidades e incumpliendo reiteradamente obligaciones generales para toda la administración pública: la de la transparencia, la probidad, la atención y en general, la solución de los problemas que son de su competencia. Es indispensable preguntarse cuáles son los resultados de la administración de la reserva, frente a las atribuciones y los recursos ejercidos y por qué no se han trasparentado las auditorías realizadas por desvío de recursos”.
Por su parte, “los representantes del grupo de académicos que han usufructuado el manejo de la reserva, buscan presentar a la Conanp como los responsables únicos del desastre que es la gestión de la principal área natural protegida del occidente del país. Hasta ahora no han presentado los resultados de las obligaciones que asumió la UdeG, para generar conocimiento aplicado al manejo sustentable de recursos naturales y la conservación de la biodiversidad”, añaden.

domingo, 15 de marzo de 2009

Sagarpa le entrará a la conservación del jaguar

El secretario pide a las ONG propuestas prácticas para todo el país para garantizar el rescate de la especie

Es urgente la acción conjunta de ONG, gobiernos y dueños de ranchos para salvar a la especie. Foto: Érik Saracho, Alianza Jaguar AC
Guadalajara/Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) está dispuesta a debatir y ampliar su participación en las estrategias de control ganadero que buscan rescatar zonas de selva y bosque del país para la conservación del jaguar, dijo ayer el titular de la dependencia, Alberto Cárdenas Jiménez.
El funcionario reconoció que conoce del asunto desde que fue titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y que ya hay acuerdos en marcha que pueden ser ampliados y consolidados.
"El esquema que se planteó en aquel tiempo lo seguiríamos nosotros refrendando, apoyando, estimulando para que no maten a los jaguares, que es uno de nuestros animales nacionales emblemáticos y que debemos de cuidarlo a su máxima expresión", explicó a Público en su visita a la Expo Guadalajara.
Esto pasa por "exhortar a todos los que tiene ranchos en zona de jaguar a que esperen de la Sagarpa junto con la Semarnat un estímulo, de tal forma que no vayamos a acabar con la especie. Y si es necesario que generemos algún fondo adicional, yo quisiera ver el planteamiento por parte de las organizaciones ambientalistas o bien por la Semarnat para ver cómo nos acomodamos; estamos en la disposición total y absoluta".
Se habla del seguro ganadero, pero también se habla que es importante que la ganadería extensiva sea ordenada, estabulada, para que no entre a la selva, para evitar estas muertes al atacar el ganado…
Sí, dentro de lo que sea posible hay que avanzar, dentro de un esquema práctico, pero también hay que ver las realidades y meter mucho la gradualidad; yo digo que en algunas zonas donde sea extremadamente necesario cuidar, ahí habría que implementar esto en lo particular.
- ¿Como es el caso de sierra de Vallejo?
- En Nayarit, cómo no; yo quisiera repasar nuevamente el tema; estamos aquí bien dispuestos a entrarle con alguna pequeña parte mientras también los estados y las organizaciones no guberamentales, se pongan también de acuerdo, para respetar el medio ambiente.
- Entonces, ¿qué les pediría a las organizaciones protectoras del jaguar?
- Que nos hagan planteamientos, y no solo en Vallejo, yo quisiera ver sobre el tema en todas las zonas del país que son importantes para el jaguar.
ONG esperanzada
La declaración de Cárdenas Jiménez generó la misma tarde de ayer, esperanzas en los conservacionistas.
"Las personas que trabajamos en al menos 17 estados de la república por la conservación del mayor felino de América, compartimos esta problemática y la certeza de que hoy es una de las principales amenazas que se origina por una combinación de caza indiscriminada de las presas naturales del jaguar y prácticas ganaderas extendidas en las tierras de jaguar, impulsadas por políticas federales durante décadas", dijo a este diario Erik Saracho Aguilar, director de Alianza Jaguar Nayarit, que impulsa el rescate del felino en sierra de Vallejo, en los límites con Jalisco.
Recordó el paso del ex gobernador de Jalisco por la Semarnat, cuando "atendió puntualmente los encuentros de especialistas de jaguar a nivel nacional (…) y conoció esta problemática desde este lado -el de los interesados en la conservación del jaguar y sus hábitat-; ahora como titular del otro lado -interesado en una eficiente producción de alimentos a través de la ganadería- se manifiesta a favor de que su Secretaría asuma la responsabilidad de su actividad".
Es decir, hacer "ganadería responsable ambientalmente hablando; los ganaderos afectados por el jaguar suelen verse a sí mismos como víctimas y exigen soluciones, no siempre es fácil que acepten que la tierra donde hacen ganadería es y ha sido siempre 'tierra de jaguar' y que ellos deben de asumir esta realidad como parte de los riesgos de su actividad ganadera en selvas, esteros, bosques tropicales o cualquier otro hábitat en el que los jaguares (y los demás depredadores naturales) habitan", añadió.
La metodología para atender casos de depredación de ganado por jaguar "ya se está trabajando como tema prioritario desde el subcomité técnico del jaguar y forma parte integral del Plan de Acción para la Conservación de Especies; esperemos que este año se pueda atender esta problemática a nivel nacional mediante el trabajo coordinado de la Sagarpa y la Semarnat, sólo con esta transversalidad lograremos que las políticas de estado sean congruentes y realmente sustentables".
En Nayarit, Jalisco y Michoacán, "la Alianza Jaguar apoyará a estas dos secretarias para aplicar programas en las comunidades de base con el ánimo de lograr la conservación del jaguar y la biodiversidad que arropa como especie paraguas, al tiempo que apoyará a los ganaderos a que realicen una ganadería más moderna y responsable; una ganadería sustentable, respetuosa de los procesos naturales y de las especies prioritarias como el jaguar".

viernes, 13 de marzo de 2009

Queremos Las Joyas “de buena fe”: particulares

Juicio civil por la estación científica en Manantlán ; “nuestras escrituras, buenas”, dicen, pero “no buscamos despojar” a la UdeG

Tomás Zamora López dice ser víctima de una campaña de linchamiento y mentiras. Foto: Marco A. Vargas

Ahuacapán, Autlán. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

Tomás Zamora López y Aurelio López Garibay encabezan al grupo de presuntos propietarios, —en su mayor parte, moradores de Ahuacapán, al pie de la sierra de Manantlán— que obtuvieron del juez segundo civil de Autlán una sentencia favorable de usucapión o prescripción positiva, que les reconoce la propiedad de casi 2,580 hectáreas que están en posesión de terceros en la sierra. Entre esos predios, el de la estación científica de Las Joyas, de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
Sin embargo, al abordar el asunto con Público, los dos alzan los ojos con indignación: aseguran no querer el pleito con la casa de estudios y el gobierno del estado, y por el contrario, se dicen víctimas de una campaña de linchamiento y “mentiras”.
Sus argumentos: la escritura que sustenta sus derechos deriva de una compra real hecha a un personaje famoso, Rodolfo Longinos Vázquez, de pasado maderero, quien es señalado por sus críticos de haber “pelado” la sierra.
“Ese señor todavía vive, en Guadalajara; se enjuició contra Manuel Valencia Castillo, que era hijo del mero dueño de la hacienda Ahuacapán, y le ganaron el juicio […] entonces, el señor Vázquez se molestó y le dijo: cuánto vale tu propiedad; pos vale tanto, le dice Manuel; y le compró las tierras”, explica don Tomás.
—¿En qué año fue eso?
—Fue en 1955; el señor Vázquez le compró toda la sociedad, escritura con historial completo, y así los Valencia se quedaron sin nada […] todavía no habían desglosado lo que había agarrado [Secretaría de Reforma Agraria] para el pueblo de Ahuacapán, Barranca de la Naranjera y Cuzalapa; después de restarle, le quedaron 2,580 y tantas hectáreas, entonces nosotros solicitamos ahí por tierras ociosas, y nos dieron chance que nos metiéramos, hicimos casas y al último nos quemaron todo.
—¿Quién se las quemó?
—El gobierno, subieron unos rurales por parte de los Valencia, aunque no tenían ya derechos. Fue hace como 30 años, total que nosotros anduvimos peleando porque sabíamos que ellos ya no tenían nada […] fuimos a Guadalajara, fuimos al Departamento Agrario, nos hicieron un vaciado y quedaron únicamente lo que le restaba a Vázquez, entonces buscamos a Vázquez y le compramos en 1986; fuimos a México, y publicamos en el Registro Agrario Nacional también.
—Pero en 1986 el gobierno de Enrique Álvarez del Castillo le compra a los Valencia precisamente la zona de Las Joyas.
—Exactamente, pero nosotros fuimos y solicitamos y ellos no tenían nada, los Valencia de dónde le vendían si ya habían vendido todo.
—¿Recuerda cuánto le pagaron a Longinos Vázquez?
—Ya no me acuerdo bien, pero tenemos las escrituras, bien hechas aquí o en Rusia, como nos dijo el notario…
—Pero las escrituras de ustedes, hay documentos que lo prueban, fueron canceladas por un juez en Ameca, hace 20 años…
—No, no están canceladas; se llevaron el cuadernillo a Ameca y allá el juez mandó en su acto tres informes a Autlán para que cancelaran las escrituras, y le contestaban que ‘no ha lugar’, y todavía aparece esto; tenemos 80 años pagando los impuestos…
—Ustedes van al Juzgado Segundo de lo Civil de Autlán en 2006 y reclaman la prescripción, bajo el supuesto de que tienen la posesión…
—Sí.
—¿Cómo se pudo demostrar la posesión si ahí la Universidad tiene instalaciones y alambrado y todo?
—Es que ni uno mismo lo entiende [sic], nomás se metieron ahí, fuimos una vez con un notario público, el notario anotó ahí, se hicieron tarugos, no nos atendieron…
—¿Pero cómo se puede acreditar una posesión pacífica, pública y de buena fe si allí hay un tercero que es la UdeG, que está en posesión?
—Pos sí, pero es una cosa que nomás se metieron ahí, y a nosotros nunca nos hicieron justicia…
No salen de esa explicación circular. Les dieron la prescripción porque tenían la posesión; sin embargo, “se les metieron allí”, al predio, y queda sin explicación la prescripción.
—¿Les tienen invadidas a ustedes las posesiones?
—Sí, están invadidas unas partes.

Otras dudas
Más interrogantes: ¿despojaron al gobierno? “Ora nos están demandando, que les dijimos que nos desocuparan inmediatamente y que los fuimos a rondar [al centro universitario], y son puras mentiras, nunca los hemos molestado ni queríamos que se salieran; queríamos que nos tomaran en cuenta”.
—¿Le dieron dinero al juez para que saliera la sentencia favorable?
—No, cómo lo que íbamos a dar dinero, de dónde, si no tenemos; ni al licenciado le íbamos a pagar, le íbamos a dar un 10 por ciento de lo rescatado.
—¿Exigieron al rector del centro que se desalojara Las Joyas?
—No, fuimos allí a ver si nos daban alguna ayuda, no para quererlos sacar […] que nos diera chance de prestarnos una llave para dar una vuelta a todo, y no, nada, que eso no se puede, nada de una llave, nada, y está bien, no se puede, y hasta ahí…
Don Tomás y don Aurelio dicen que nunca pensaron que al mover el asunto, saldría “un avispero”. Dudan que la protección “de la biosfera” sea real, “pues salen muchos camiones con madera, cómo pues”. Son hombres de bien, no vividores, añaden.
—¿Qué es lo que buscan?
—Que nos reconozcan los derechos […] las leyes son para el que tiene centavos y nosotros no tenemos, entonces, buscamos tener un acercamiento, vamos a llegar a un acuerdo y que nos indemnicen algo por así decir, que no nos dejen desprotegidos…

------------------------------------------------------------

CLAVES

• La prescripción positiva o usucapión es un juicio civil que entrega al posesionario la propiedad de un predio siempre que éste lo haya detentado “de forma pacífica, pública, de buena fe y a título de dueño” por un periodo determinado

• En el caso del juicio 749/2006 de usucapión, la obtuvieron Tomás Zamora López, Aurelio López Garibay, Esthela Montaño Panduro, Amelia Quiñones Rodríguez, Telésforo Zamora L., Ofelia Álvarez Z., Fausto Zamora Q., Jorge Zamora Q., Feliciano Zamora L., Concepción Chagolla C., Valente Zamora L., Rosario Martínez G., Francisco López G., Ana María Rodríguez C., José López T., Librado Garibay Z., Salvador Corona y Moisés Oregel C.

• Las Joyas se localiza en Autlán, con una extensión de 1,245.92 hectáreas; sus respectivas medidas y linderos constan en las escrituras públicas número 7,183, 7,184 y 7,185, del día 30 de julio de 1984, pasadas ante la fe del notario público número 15, Alejandro Navarro Flores, a favor del gobierno de Jalisco

jueves, 12 de marzo de 2009

Calderón arranca segunda fase de la presa La Yesca

Gobernador de Nayarit ve esperanzas de que la obra supere los niveles de marginación en la sierra; el presidente promete cinco mil empleos directos y hasta quince mil indirectos

El presidente revisa la maqueta del proyecto, acompañado de los gobernadores de Jalisco (izquierda) y Nayarit (derecha)

El río Santiago en el punto donde actualmente se realizan las obras de la hidroeléctrica

Hostotipaquillo. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

Una barranca accidentada, profunda y seca, tallada por una corriente fluvial de historia remota, es el sitio donde se construye una de las megaobras en materia energética de la Administración de Felipe Calderón Hinojosa: la hidroeléctrica de La Yesca, en los linderos de Jalisco y Nayarit.
Allí acudió el primer mandatario ayer por la mañana, para dar banderazo de salida a los trabajos de desvío del imponente río Santiago, el mayor del Occidente mexicano, y comenzar así la edificación de la cortina, que con sus 220.5 metros pudo ser “la más alta del mundo en su tipo”, si no fuera porque China, “con 1,200 millones de habitantes” —¿premisa necesaria?—, levantó otra de 250 metros y ya arrebató el récord anticipado, lamentó el propio Calderón Hinojosa ante el amplio y cautivo auditorio, agobiado por el calor de este abismo situado a menos de 300 metros sobre el nivel del mar.
Horas antes de su arribo, el grupo de convocados —en su mayor parte, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la propia obra— era atormentado por decenas de empleados de seguridad, que multiplicaban las esperas bajo el sol y las exigencias disciplinarias y de transparencia; los rostros adustos e indiferentes de los guardianes –poderosos por un momento—, eran tope eficaz a las furias y los reclamos de los samaritanos, muchos de ellos, malhumorados de ir contra su voluntad, como testigos del “presidente del empleo”.
Así, la solitaria y ardiente barranca fue tomada brevemente por toda la fuerza del Estado mexicano.
Esta vez, en el segundo día de gira presidencial por Jalisco, ni sombra de los “poderes fácticos” comunes en la Sierra Madre Occidental —cómo olvidar las cinco cabezas de la víspera, en Ixtlahuacán del Río, otro municipio serrano—; la cadena montañosa levanta sus murallas al pie del río, hacia el norte, y su difícil orografía garantiza la prosperidad de pequeños y grandes emporios del narco, y otras formas de ilegalidad.
Pero la megaobra es esperanza para vencer la pesadilla del “Estado fallido”. En la actualidad, a dos años de iniciada, ya sostiene arriba de tres mil empleos directos y 3,500 indirectos, lo que hizo suspirar al gobernador nayarita, Ney González Sánchez, acompañante de Calderón, por la derrama económica para las comunidades de la sierra, siempre tan dejadas de la mano de Dios.
Ese Presidente, que da “atención de 100 por ciento” a un estado que apenas tiene poco menos de 1 por ciento de la población del país, fue celebrado por el ocurrente jefe del Ejecutivo nayarita, pragmático en materia de relaciones partidistas, quien además, presumió que en Nayarit no hay despidos por la crisis, sino empleos nuevos y sólidos.
Al gobernador jalisciense Emilio González Márquez no le causó demasiada gracia el discurso lisonjero de su vecino, y se limitó a destacar que la presa fabrica más energía, pero Jalisco aspira a economizarla: el ejemplo ahorrador lo ponen municipios como Jocotepec o Tlaquepaque, donde el alumbrado gasta la mitad de electricidad que en el pasado, pues aprovecha la nueva tecnología. La Yesca —homónima del municipio nayarita que comienza aquí, al norte del río Santiago y al oeste del Bolaños— es una hidroeléctrica que generará 750 megawatts y se une al gran sistema de esta cuenca, que incluye Santa Rosa, El Cajón y Aguamilpa. Al entrar en operación, será el segundo en generación de hidroelectricidad en el país, tras la cuenca del Grijalva, señaló la secretaria de Energía, Georgina Kessel. La inversión es de 767 millones de dólares, y la devaluación del peso la arrastró.
El volumen de energía es suficiente para proveer a Nayarit y medio, o a 15 por ciento de las necesidades de Jalisco. Según el director de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub, equivale a 12.5 millones de focos encendidos. El comienzo del desvío del río es la parte más importante de la obra. A más tardar en 2012 podrá entrar en operación. El presidente Calderón dijo que se trata de la “más importante” hidroeléctrica de su gobierno, y que la inversión pública en infraestructura es la gran apuesta para enfrentar la crisis mundial.
“Si algo debe quedar claro es que lo importante no es el preocuparse de qué tan grave es la crisis en el mundo; lo importante es ocuparse de qué podemos hacer para paliarla entre la población mexicana”, subrayó.
Dijo que se trata de energía limpia, sin daño por emisiones, como son las termoeléctricas. Olvidó que los cuerpos de agua casi estáticos, como presas y lagos, contribuyen con cerca de 4 por ciento de los gases de efecto invernadero. También, que una presa corta las corrientes y con ello los flujos de vida de una cuenca. El poderoso Santiago termina sometido y empobrecido, pero es por el desarrollo. “Estamos acelerando el gasto público para compensar los efectos de la crisis económica mundial”, insistió. Habrá cinco mil empleos directos y quizás quince mil indirectos, prometió optimista.
Se fue pronto, por helicóptero. Sus guardianes atormentaron otra media hora a los asistentes. El río se abrió paso hacia los canales de desvío entre el fragor de las palas mecánicas y los bulldozers.

martes, 10 de marzo de 2009

Huicholes de Santa Catarina denuncian actuación de Profepa

Las autoridades de la comunidad indígena de Santa Catarina Cuexcomatitlán, denunciaron la ilegalidad en el levantamiento de dos clausuras a la construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla

Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

Las autoridades de la comunidad indígena de Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tuapurie), Mezquitic, denunciaron la ilegalidad en el levantamiento de dos clausuras a la construcción de la carretera Bolaños-Huejuquilla, en territorios comunales, por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
“Manifestamos de manera formal nuestra oposición al levantamiento de las clausuras impuestas a las obras y actividades que se han llevado a cabo sin autorización de cambio de uso de suelo forestal, particularmente aquellas que se encuentran en los terrenos en posesión y bajo régimen de propiedad de nuestra comunidad. Solicitamos respetuosamente la aplicación estricta de la ley y la resolución de los procedimientos sancionatorios [sic] con clausura total definitiva”, señalaron en un escrito entregado a la Profepa en oficinas centrales, en la delegación Jalisco, y otras entidades.
“Como es de su conocimiento y se acredita con el comunicado de acceso a la información pública de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, Folio 1600040808, de fecha 18 de Febrero del año 2008, en la actualidad no existe autorización alguna que corresponda al cambio de uso de suelo forestal relativo al Proyecto Carretero citado. Por lo que las obras citadas son completamente ilegales y delictivas”, advierten.
El proyecto “no cuenta ni podrá contar con las autorizaciones de cambio de uso de suelo forestal, dado a que los únicos y legítimos propietarios y poseedores de las tierras en las que se pretende desarrollar el proyecto referido somos las autoridades de la Comunidad Huichola de Santa Catarina Cuexcomatitlán y no el gobierno de Jalisco”.
Es decir, los artículos 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y 120 de su reglamento, establecen que una autorización de ese tipo sólo puede darse “a quien presente original y copia certificada del título de propiedad inscrito en el registro público que corresponda, o en su caso, del documento que acredite la posesión o derecho a realizar las actividades que impliquen el cambio de uso de suelo en terrenos forestales”, presupuesto que no se cumple en ese asunto. La comunidad no ha otorgado anuencias, y rompió relaciones con el gobierno tras acusarlo de falsificar su acta de asamblea (Público, 16 y 20 de febrero de 2008), lo que es investigado en la averiguación previa 1949/UEIDAPLE/DA/27/2008, seguida ante la PGR.

lunes, 9 de marzo de 2009

Las Joyas, tres historias ocultas de un enredo judicial

Laberintos de burocracia permitieron una sentencia civil irregular sobre la propiedad del terreno que ocupa la estación científica, en el escándalo judicial de la temporada



Autlán. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO
Por falta de 700 mil pesos, los actores del juicio civil 749/2006, que virtualmente les entregó en propiedad 900 hectáreas del terreno donde se ubica el laboratorio natural de Las Joyas, de la Universidad de Guadalajara (UdeG), no pudieron hacer la transmisión de dominio del predio en el Catastro municipal de Autlán de Navarro y, así, no se aplicó la polémica sentencia del juez segundo de lo civil de la localidad, materia de uno de los escándalos judiciales más sonados que se recuerden en esta apacible ciudad de la región costera.
“Como municipio, nos llegan constantemente oficios y no estamos sujetos a verificarlos […] A principios de noviembre de 2008, ellos fueron con el titular del Catastro con la orden del juez, pero se les dijo que debían pagar ese dinero para efectuar el traslado de dominio, y ya no regresaron”, revela el síndico del ayuntamiento, Marco Antonio Ramírez Figueroa.
Si bien un registro de este tipo no crea por sí derechos, ciertamente podría haber generado más complicaciones en la defensa del área pública, comprada por el gobierno estatal de Enrique Álvarez del Castillo, en 1984, la cual no fue reconocida en ese juicio de usucapión o prescripción positiva que promovieron casi dos decenas de particulares, en el mayor de los sigilos, desde el año 2006.
Los registros vigentes en este catastro son enredosos. Hay tres correspondientes a la propiedad del gobierno de Jalisco, que ocupa en comodato la UdeG. Son las cuentas activas R000816 (que ampara 276 hectáreas), R000815 (de 485.6 ha), y R000813 (de 484.3 ha), cuya superficie total es de 1,245.9 ha.
Del mismo modo, y sin reparar en la contradicción, tiene registro activo la cuenta R001308, a nombre de Félix Morales Barbarín y codueños, que amparan el predio El Tejocote y Las Joyas, de 2,586.5 ha, lo cual es base de los derechos posesorios que reclamaron en prescripción los actores del juicio civil.
¿Por qué se permite registrar en Catastro y se reciben contribuciones con escrituras traslapadas? El síndico advierte que la entidad no tiene como tarea reconocer la propiedad o la posesión, pero, además, no discute la validez de las sentencias judiciales, porque incurriría en responsabilidad. Tampoco fueron notificados nunca de que la escritura base de la sentencia fue cancelada desde 1989. Así, cómo.
Registro omiso
En el Registro Público de la Propiedad y Comercio de Autlán (RPPC), las cosas no son más claras. La institución fue llamada en el juicio civil mencionado, pero jamás compareció. “Ignoro por qué”, señala la actual encargada de la oficina estatal, Bertha Esther Flores Terríquez, quien asumió la responsabilidad a partir de septiembre de 2008.
Sin embargo, a la funcionaria le consta el registro de las escrituras estatales, que datan del 6 de octubre de 1984.
En una certificación que hizo a solicitud de la UdeG, emitida el pasado 2 de marzo de 2009, la encargada reconoce que la escritura 1,359 de El Tejocote y Las Joyas, de 2,586.5 ha, “estuvo registrada” a partir del 10 de mayo de 1986, pero fue cancelada el 2 de septiembre de 1989.
Un año antes, ya se había afectado ese derecho, pues las resoluciones presidenciales a favor de la comunidad indígena de Cuzalapa (1950), del ejido Barranca de la Naranjera (1957) y de la tercera ampliación del ejido Ahuacapán (1985), mermaban su superficie. El elemento legal decisivo es la resolución del juez de primera instancia de Ameca, dentro del juicio civil 476/88, que cancela la escritura en 1989.
Toda esta información hubiera cambiado la decisión del juez, pero, por alguna extraña razón, el RPPC no compareció. Y Las Joyas cambió de dueño.

Juicio al juzgado
Sebastián Vázquez Hernández, secretario del Juzgado Segundo de lo Civil de Autlán, fue responsable de la inspección ocular que acreditó que los presuntos propietarios tenían la posesión del terreno, según señaló el propio juez, Guadalupe Lomelí (Público, 30 de enero de 2009). Pero el aludido niega culpa.
“Los actores, al promover el juicio, ofrecen diversos medios de prueba, y acreditan por medio de los testigos la posesión y la propiedad; entonces, esos documentos y todas esas pruebas son valorados por medio del juez”, explica.
—El juez dice que a usted le correspondió hacer la inspección ocular…
—Él comenta que los ojos del juez soy yo, pero el que determina es él: él preside las audiencias, él preside el desahogo de acuerdos, cualquier acto o cualquier promoción que se resuelve le toca a él. Yo únicamente, de acuerdo con las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial me otorga, doy fe de los actos que él realiza.
—Explíqueme cómo fue la inspección ocular que se está acreditando que se hizo, y donde presuntamente se demuestra que la propiedad está en posesión de los actores del juicio.
—Mire, lógico que es algo que en determinado momento no podría yo determinarle detalladamente [sic], porque es un procedimiento de particulares; entonces, si en determinado momento el Consejo de la Judicatura decide hacerlo público, las actuaciones allí están; el expediente está conforme a derecho.
—¿No cree que es extraño que se haya ido a verificar un predio que tenía alambradas, letreros y evidencias de que la Universidad ahí tiene sus instalaciones? ¿O no lo llevaron a ese predio?
—Si ellos sabían lo que estaban haciendo, los actores me pudieron haber llevado a otro predio. Yo no soy perito en la materia, yo no tengo conocimientos de predios, a mí, si me identifican el predio, me dicen: “Éste es” […] Yo plasmé la inspección tal como se ofreció la prueba, en esos términos.
—¿No les ofrecieron dinero?
—No; en lo particular, a mí no; no sé si a otras personas... Guadalajara/Agustín del Castillo

viernes, 6 de marzo de 2009

Enrique Jardel cuestiona "mentalidad de plaza sitiada" de la Conanp

En el ánimo de contribuir en el debate de la situación de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán, donde se ha dado un divorcio entre las dos entidades fundamentales para su conservación, UdeG y la Conanp, este espacio reproduce íntegro un cuestionario que le solicitamos a Enrique Jardel Peláez, experto forestal de la casa de estudios en el Centro Universitario de la Costa Sur, para abordar el tema. La fecha de entrega del texto al reportero fue el 4 de marzo de 2009, por vía electrónica. Se respeta totalmente las grafías del texto original

- ¿Cómo analizaría el proceso que ha sucedido los últimos cinco años en la reserva?
- Es difícil hacer de manera breve y concisa un análisis de la situación actual de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán (RBSM). Para esto es necesario considerar sus antecedentes. La RBSM nació en 1987 con un enfoque conceptual basado en la propuesta del Programa del Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO de poner en práctica una forma alternativa de la conservación de la naturaleza culado al desarrollo social, entendido este último como un proceso de organización social dirigido a mejorar las condiciones de vida de la gente sobre la base de un aprovechamiento sustentable (ecológicamente apropiado, socialmente justo y equitativo y económicamente viable) de los recursos naturales.
El enfoque de las reservas de la biosfera de MAB, refrendado en el Plan de Acción de Madrid en 2008, partió de un análisis crítico del modelo convencional de conservación, representado por los parques nacionales, que se había centrado en la protección de espacios naturales contra una serie de amenazas de origen humano, por lo cual en esencia se planteaba la exclusión de la gente excepto como visitantes ocasionales de las áreas protegidas. En contraste, el modelo de reserva de la biosfera de MAB planteaba “abrir la conservación a los seres humanos”. Dicho enfoque partía también de una crítica a los modelos de desarrollo centrados en el crecimiento económico y la explotación de la naturaleza. La idea era que las reservas de la biosfera sirvieran como sitios de experimentación de las posibilidades de una relación diferente entre la sociedad y la naturaleza, y que el aprendizaje generado en su gestión trascendiera los estrechos límites de las áreas protegidas.
La propuesta de las reservas de la biosfera establece la necesidad de integrar objetivos de conservación y desarrollo, incorporando la investigación científica y la educación como medios para la generación del conocimiento y las capacidades necesarias para un manejo basado en principios de sustentabilidad. El manejo de las reservas de la biosfera se basa en un ordenamiento territorial o zonificación, definiendo zonas núcleo dedicadas a la protección de la naturaleza en sentido estricto, rodeadas de zonas de amortiguamiento dedicadas a distintas formas de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y estas a su vez circundadas por una zona de transición que incluye la región de influencia de la reserva, donde se busca inducir mejoras en la gestión ambiental y el uso de los recursos. Es necesario comprender este enfoque como marco del análisis de la situación actual en las reservas de la biosfera mexicanas, que tienen la particularidad de ser decretadas (incluyendo zonas núcleo y de amortiguamiento), independientemente de su designación por MAB-UNESCO.
Partiendo de condiciones iniciales complejas y difíciles –conflictos sociales en torno a la tierra y los recursos naturales, marginación y pobreza, secuelas ambientales y sociales de una larga historia de explotación de recursos como la madera, falta de comprensión y apoyo de los sectores gubernamentales a una iniciativa como la reserva de la biosfera, medios financieros limitados, etc. –el proyecto de la RBSM comenzó a consolidarse hasta mediados de los noventa. Entre 1987 y 1993 hubo un vacío institucional: a pesar del mandato legal del decreto, el gobierno federal no asignó ni personal ni presupuesto para la gestión del área. Este vacío fue llenado parcialmente por la Universidad de Guadalajara a través del Instituto Manantlán (IMECBIO), que asumió la responsabilidad de mantener en marcha el proyecto de la reserva (es importante señalar que la participación de la U de G está establecida en el decreto de la RBSM).
Las cosas cambiaron a partir de 1993, cuando se crea la Dirección de la RBSM (que actualmente depende de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, CONANP), gracias al establecimiento de una relación de estrecha colaboración entre esta dependencia y los actores involucrados en la gestión del área protegida: la institución educativa y de investigación promotora del proyecto (la U de G), las comunidades agrarias de la Sierra de Manantlán (dueñas de las tierras de la reserva), y los gobiernos municipales, con el apoyo de organizaciones conservacionistas y algunos programas gubernamentales. La Dirección de la RBSM asumió su papel de sumar esfuerzos de esos actores e integrar de manera coordinada sus acciones. Para esto se construyó un espacio de planeación y evaluación, deliberación, resolución de conflictos, coordinación y concertación de acciones a través de los “Consejos Asesores” de la RBSM (uno en Jalisco y otro en Colima), como la principal instancia para la gestión del área protegida. Se elaboró también un programa de manejo, aún vigente, como guía para la gestión de la RBSM, que fue sometido a un amplio proceso de consulta, revisión y retroalimentación, y este programa se puso en práctica.
Es importante considerar estos antecedentes para entender como se ha ido deteriorando la situación en los últimos cinco años y como pasamos de la construcción de espacios de colaboración a situaciones de conflicto y confrontación.

- ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos cinco años?
- Quizá lo más notorio de los problemas de los últimos cinco años ha sido la inestabilidad en la Dirección de la RBSM que ha tenido tres cambios de director en este período, la confrontación de esta dependencia con la Universidad de Guadalajara por diferencias en la conducción de la gestión de la RBSM, y el resurgimiento de problemas no resueltos –conflictos de tenencia de la tierra, la presión de intereses en la explotación minera y demandas de las comunidades locales que no han sido resueltas – . Pero la cuestión de fondo tiene que ver con lo que podemos llamar una regresión en la gestión no solo de la RBSM, sino de las áreas protegidas en general, ya que los problemas que se presentan en Manantlán no son únicos en el contexto nacional.

-Cuando se habla de regresión, ¿específicamente en qué aspectos se ha dado?
- Hablo de regresión para referirme a una tendencia a volver a formas de gestión autoritaria de las áreas protegidas, centradas en protección de la naturaleza poniendo en segundo plano los objetivos de desarrollo, y a una vuelta a la confrontación dejando a un lado las relaciones de colaboración.
Quiero dejar claro que si comparamos la situación actual con la que prevalecía a principios de los años ochenta respecto a las áreas protegidas, podemos ver que de mediados de los noventa a la fecha han habido muchos avances concretos: se amplió la superficie con decreto de área protegida, aumentó su representatividad de los diversos ecosistemas del territorio nacional, se elaboraron programas de manejo y se dotó a las áreas protegidas de condiciones (personal, infraestructura, financiamiento) para su protección y manejo efectivo en el terreno, para que no fueran solo “áreas protegidas de papel”. Se creó una dependencia de alto nivel encargada de la gestión de las áreas protegidas, la CONANP, y un órgano ciudadano de consulta y deliberación sobre la política de conservación, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CNAP). Y algo muy importante de los avances en estos años fue el establecimiento de relaciones de cooperación entre el gobierno, las ONG conservacionistas, organizaciones sociales e instituciones académicas. Ha habido muchos logros y estos están documentados en los anuarios que publica la CONANP (disponibles en su página de Internet). Pero al mismo tiempo hay muchos problemas no resueltos y que se recrudecen en medio de la crisis crónica que afecta al campo mexicano y a sectores como el forestal o el pesquero, y todo esto en medio de un creciente deterioro del ambiente y de la economía. Las áreas protegidas no son “islas” donde pueda construirse una relación sociedad-naturaleza armónica en un contexto caracterizado por un proceso que va justamente en el sentido contrario de lo que propone el concepto de desarrollo sustentable. Y además, en situaciones de desigualdad e injusticia, las áreas protegidas muchas veces recrudecen las contradicciones y conflictos sociales existentes en el campo.
Parte de la regresión a la que me refiero, consiste en una vuelta a la “mentalidad de plaza sitiada” en la conservación, a la tendencia a separar la conservación del desarrollo, a la burocratización y el reforzamiento de esquemas rígidos de “comando y control” en el manejo de las áreas protegidas, y a la vuelta a la confrontación entre actores que deberían actuar como aliados en una tarea común.
La “mentalidad de plaza sitiada” es considerar que la conservación consiste en aislar a los parques y reservas para protegerlos de amenazas, controlando su manejo por una instancia gubernamental protectora, concentrándose en proteger los espacios considerados como naturales o silvestres, las especies raras o en peligro, y los sitios con alta biodiversidadad, excluyendo en la medida de lo posible a la población local, sin tratar de transformar las condiciones sociales de gestión del territorio y los recursos naturales en su entorno, sectorizando la tarea de la conservación en lugar de buscar la integración de esta con las políticas públicas de desarrollo. Esto condena a las áreas protegidas a una situación de conflicto permanente y oposición con la gente que vive en ellas o en sus inmediaciones.
El otro aspecto de la regresión es la tendencia a reforzar el papel de una agencia gubernamental bajo un enfoque de “comando y control”. Desde esta perspectiva la agencia es la que dirige las acciones basándose en criterios burocráticos y tecnocráticos, controlando un territorio que, sin embargo, tiene dueños –comunidades agrarias, propietarios particulares – , reduciendo la participación a la mera consulta y a la ejecución de proyectos diseñados y dirigidos desde arriba, e imponiendo normas y reglamentos. Esto contrasta con un enfoque de gestión basado en la colaboración y en la participación efectiva de otros actores que, finalmente, son los verdaderos gestores del territorio y los recursos naturales. Participación efectiva quiere decir que estos actores –comunidades agrarias, organizaciones sociales y asociaciones civiles, gobiernos municipales, instituciones académicas, etc. intervienen en la deliberación, la planificación y la toma de decisiones, y que la instancia gubernamental responsable de la conservación asume un papel de coordinación, promoviendo, concertando y apoyando las acciones de gestión del área protegida. La insistencia de la CONANP en reducir el número de integrantes de los Consejos Asesores de Manantlán y convertirlos en meras instancias de consulta, es una muestra de esa tendencia regresiva.

- ¿La representación social se ha perdido?
- Los Consejos Asesores mantienen la representación de los presidentes de los comisariados de los ejidos y comunidades indígenas, así como de los ayuntamientos. No se puede decir que la representación se ha perdido, pero que si se ha limitado (no hay representación, por ejemplo, de las organizaciones indígenas), y sobre todo, lo que es el tema de diferencia con la CONANP, es la limitación de los Consejos a simples órganos de consulta, cuando se esperaría que participen en la planeación y evaluación, como parte de un mecanismo democrático de participación y de rendición de cuentas.

- En conclusión, ¿Cómo juzgar el papel jugado por la CONANP?
- Hay que reconocer la importancia de la tarea que cumple la CONANP como dependencia gubernamental responsable de las áreas protegidas. Ha tenido logros muy importantes, pero también hay que reconocer que estos logros han sido posibles gracias a la colaboración que involucra a múltiples actores y que hay aún muchas cuestiones no resueltas.
El problema es cuando no se reconoce el papel de los aliados en la conservación, o cuando no hay interés en resolver los problemas, o peor aún cuando se trata de excluirlos y se ignoran sus propuestas y planteamientos críticos. Por ejemplo, la CONANP ha mostrado muy poco interés (en la práctica y más allá de las simples declaraciones) en restablecer las relaciones de colaboración con la U de G. Tampoco ha mostrado su disposición para intervenir en ciertos problemas críticos que afectan a la RBSM y su región de influencia, como por ejemplo el caso de la resolución de un juez que otorga la propiedad de un terreno afectando a la Estación Científica Las Joyas (el principal sitio de investigación y educación de la reserva), y a dos predios (uno ejidal, Ahuacapán, y otro particular) que realizan actividades planificadas de aprovechamiento forestal en la zona de amortiguamiento.
Otro ejemplo es el caso de las presiones de explotación de recursos mineros y la situación de la dotación incompleta de las tierras del ejido Ayotitlán; la CONANP no ha intervenido en estas situaciones que afectan al principal núcleo de población indígena de la RBSM y su región de influencia. Y un caso mas es el alejamiento de la Dirección de la RBSM del trabajo de gestión ambiental intermunicipal en la cuenca media del Río Ayuquila, a pesar de que el 60% del área protegida está en dicha cuenca y de las implicaciones de ese trabajo para restaurar y conservar el principal ecosistema fluvial de la reserva.

- ¿Por qué se hizo difícil la relación entre la Conanp y la UdeG?
- La relación siempre fue difícil (cada institución tiene misiones y formas de trabajo distintas, y está sujeta a diferentes presiones), pero antes había confianza mutua y disposición para resolver las tensiones y aceptar diferencias de puntos de vista.

- La [dirección de la] reserva en el pasado se involucraba en apoyar a las comunidades de la zona de influencia frente a intereses poderosos como los mineros y los madereros ¿esto también se perdió?
- Hay que preguntárselo al director de la RBSM y a los altos funcionarios de la CONANP. Como lo señalé antes, la CONANP últimamente se ha mantenido al margen.

- El caso río Ayuquila, ¿cuál explicación de la retirada de la reserva en su gestión?
- Hay que preguntárselo al director de la RBSM y a los altos funcionarios de la CONANP.

- ¿Se ha intentado vencer las diferencias?
- Sí. La misma CONANP propuso un proceso de análisis y conciliación e incluso asignó a como mediador a un especialista en resolución de conflictos, pero a dejado de dar seguimiento al proceso. También la U de G, y la Fundación MABIO ha continuado colaborando en actividades conjuntas con la CONANP, como es el caso de la aplicación del programa de manejo del fuego de la reserva, pero la colaboración no ha sido fácil.

- ¿Cuál es la solución, cómo rescatar el proyecto, cómo vencer los conflictos?
- Antes de proponer soluciones, habría que hacer un análisis concienzudo de la situación actual en la RBSM y del contexto social, especialmente en una coyuntura difícil por las implicaciones que sin duda tendrá la recesión económica. Habría que empezar también por mostrar disposición para discutir y analizar conjuntamente los problemas para generar propuestas y acuerdos que sean resultado de un trabajo conjunto y no de imposiciones unilaterales.

Juez protege a la UdeG vs particulares por Las Joyas

No se podrá registrar sentencia polémica contra la posesión del terreno que ostenta la UdeG. El administrador de justicia deja pendiente analizar sentencia civil que afecta a la casa de estudios



Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

El juez tercero de distrito en materia civil con sede en Guadalajara, Ricardo Guevara Jiménez, concedió la suspensión definitiva a favor de la Universidad de Guadalajara, en su reclamo de que la sentencia que lo despoja como posesionario del predio de Las Joyas no sea inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPC) de Autlán.
La resolución judicial, de la cual este diario posee copia, señala que la entidad publicadora de escrituras, que depende del gobierno de Jalisco, no podrá dar entrada al registro de la sentencia del juicio civil 749/2006, que concedió a un grupo de particulares de Ahuacapán la usucapión o prescripción positiva de 2,580 hectáreas de la sierra, dentro de las cuales está la estación científica de Las Joyas, completa (Público, 22 y 23 de enero de 2009).
Dicha sentencia del juez segundo de lo civil de Autlán fue recurrida también formalmente por el gobierno de Jalisco, que es el propietario del terreno que ocupa la estación científica.
El argumento es que no se puede dar una prescripción cuando quien se beneficia no tiene una posesión (la condición de la usucapión es la posesión pública, pacífica, de buena fe y a título de dueño), que es el caso, lo cual, a juicio de los abogados de la Universidad y del gobierno, revela un juicio simulado y fraudulento.
La casa de estudios interpuso desde enero denuncia penal contra los particulares por “simulación de juicio”, y un “interdicto” para retener la posesión; la tercera acción legal fue este juicio de amparo indirecto, que lleva el número 85/2009-II, en el que reclama sus derechos violentados como posesionarios (bajo el régimen de comodato). A este reclamo se agregó otro amparo del Ejecutivo de Jalisco, que acude como dueño del terreno, que fue adquirido en 1984 por el gobierno de Enrique Álvarez del Castillo.
Y si bien el juzgador le dio la razón a la UdeG en el caso del RPPC, no determinó en esa resolución, que data del 26 de febrero de 2009, proteger a la casa de estudios contra la sentencia recurrida, pues no habían comparecido el juez y el secretario impugnados.
Así, queda pendiente de analizarse y resolverse “la cancelación de los registros que aparezcan a nombre de la parte demandada, y cuyo inmueble involucrado es el predio rústico denominado Las Joyas…”, señala la resolución del 26 de febrero.
La estación científica Las Joyas es el corazón del proyecto Manantlán, que la UdeG creó a partir de 1979, con el descubrimiento del Zea diploperennis, y consolidó en 1987, con el decreto de reserva de la biosfera. El juez civil de Autlán también perjudicó a un predio particular, ex hacienda de Ahuacapán, y tierras del ejido Ahuacapán.

jueves, 5 de marzo de 2009

Manantlán, auge y crisis de una reserva

Hoy, hace 22 años, el Presidente firmó el decreto de una de las 25 reservas de la biosfera más importantes del país; además, hoy cumple un lustro la crisis de relaciones entre los socios principales en su conservación: la UdeG y la Conanp


Autlán. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

La espectacular riqueza biológica de las montañas de Manantlán, donde se descubrió hace casi 31 años un pariente primitivo del maíz (Zea diploperennis) y con el tiempo se documentaron más formas de vida que las registradas en Francia o Canadá, no ha sido suficiente aliento para mantener el ambicioso proyecto de su conservación, que hoy pasa por momentos difíciles, a 22 años de la firma del decreto presidencial que le dio la categoría de reserva de la biosfera.
El modelo de gestión “no se actualizó” y quedó rebasado, advierte Alberto Elton Benhumea, responsable de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para la región Occidente. Piensa que la Universidad de Guadalajara debe asumir su papel de investigación y dejar al organismo federal realizar el suyo, de administración de la demarcación protegida, pues, pese a los “divorcios”, deben ser aliados fundamentales en el proyecto.
Sin embargo, tres connotados investigadores-fundadores del proyecto Manantlán desde la UdeG, Enrique Jardel Peláez, Eduardo Santana Castellón y Ramón Cuevas Guzmán, señalan directamente a la Conanp como responsable de diversos retrocesos.
A juicio de estos miembros del Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad (Imecbio), los daños más importantes son: la precaria institucionalidad de la dirección de la reserva, que ha tenido cinco encargados en igual número de años cuando tuvo uno los nueve anteriores; la merma en la representación social y académica de los consejos asesores y el bajo perfil asignado a esos órganos; una dirección que a la postre abandonó a sus vecinos de la región de influencia, tanto con modelos exitosos, como es la gestión de la cuenca del río Ayuquila, como en casos de disputas desiguales, que son las presiones de las mineras sobre los nahuas de Ayotitlán.
Por si fuera poco, responsabilizan al organismo por sostener una campaña de “desprestigio” que siembra desconfianza sobre el papel de la casa de estudios en la sierra.
La crisis parece diálogo de sordos, pues donde los científicos ven que se retrocede en el antaño generoso papel de la reserva como entidad facilitadora de procesos sociales y económicos amables con el ambiente, la Conanp presume logros de eficiencia administrativa, de respeto a la legalidad y de ampliación de la consulta a los dueños de la sierra. Y esas opiniones opuestas reflejan un divorcio que ni la asesoría profesional ha podido conciliar.

Los críticos
Eduardo Santana Castellón dice que las políticas de la Conanp frustraron “un proceso dinámico e innovador que percibía la reserva como entidad para experimentar nuevas formas de gestión del territorio”; hoy, hay un corrimiento del protagonismo hacia las fronteras geográficas de la reserva de la biosfera, de 139,577 hectáreas de superficie.
“La Conanp dejó de jugar el papel de catalizador de nuevos procesos, de construcción de alianzas, de creación de nuevas institucionalidades. Se anquilosó la gestión a escala local”, sostiene en un cuestionario que contestó para Público.
A su juicio, el organismo federal “concibió que la experiencia de la UdeG pesaba demasiado y, al no poder desarrollar debates de nivel, difundieron que el interés de la Universidad era controlar la reserva. Esto se ha visto en los últimos cinco años que es falso”. Por si fuera poco, “la Conanp cae en procesos de desprestigio a investigadores y la negación de sus logros”.
Por su parte, Ramón Cuevas Guzmán advierte que, con la pérdida de las relaciones, ambas instituciones pierden. “En los últimos años consideramos que no se ha entendido el papel de socios de ambas instituciones, pues el serlo representa compromisos de comunicación y de toma de decisiones conjuntas […] Lo anterior lo ha dejado de lado la Conanp, porque considera que cualquier sugerencia y acuerdo con el personal de la UdeG se trata de una imposición”, subraya el director de la división de desarrollo regional del Centro Universitario de la Costa Sur (CUCSur).
En el fondo, “no hay una política clara del papel de las áreas naturales protegidas en México […] el papel que ha tomado la dirección de la reserva es ser un ente administrativo más del gobierno, y no facilitador y buscador de recursos para mejorar el nivel de vida de la población de la reserva y mantener las funciones de servicios ambientales del área natural protegida. Se ha incrementado la superficie de área quemada por incendios forestales, hay aperturas de nuevos caminos, no hay una posición clara en torno a los problemas mineros, no hay interés por la cuenca del río Ayuquila, y lo peor es que se ha perdido credibilidad del papel de la dirección entre las comunidades de la reserva”.
—¿Por qué se hizo difícil la relación entre el gobierno federal y la UdeG?
—Por la ineptitud y la poca capacidad de gestión de los últimos directores nombrados por la administración central de la Conanp y por diferencias conceptuales del papel que deben jugar los consejos asesores […] Se ha dado un fuerte golpe al papel que deben jugar éstos, pues, de órgano de planeación y de toma de acuerdos, se quiere restringir a un mero cuerpo consultivo, además de quitar personal que representa los legítimos intereses de las comunidades.
Enrique Jardel Peláez, experto forestal del Imecbio y miembro del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pone en relieve que el origen del proyecto Manantlán es el generoso planteamiento del programa El hombre y la biosfera, de la Unesco, que abrió el nuevo paradigma de conservación con desarrollo para los seres humanos. La Conanp pretende regresar al modelo exclusionista, donde las demarcaciones protegidas terminan en los polígonos de los decretos, y los humanos sólo son aceptados como huéspedes ocasionales.
“Parte de la regresión consiste en una vuelta a la mentalidad de plaza sitiada en la conservación, a la tendencia a separar la conservación del desarrollo, a la burocratización y el reforzamiento de esquemas rígidos de comando y control en el manejo de las áreas protegidas, y a la vuelta a la confrontación entre actores que deberían actuar como aliados en una tarea común”, advierte.
Esto “condena a las áreas protegidas a una situación de conflicto permanente y oposición con la gente que vive en ellas o en sus inmediaciones”.
No se engaña, “la relación siempre fue difícil, pues cada institución tiene misiones y formas de trabajo distintas, y está sujeta a diferentes presiones, pero antes había confianza mutua y disposición para resolver las tensiones y aceptar diferencias de puntos de vista”, y eso ya no existe.

La otra cara
En cambio, Alberto Elton Benhumea, coordinador regional de la Conanp, pide a la casa de estudios que mantenga su confianza en la institución, pero dentro de los límites establecidos para cada cual.
“Hay momentos en la historia de las áreas naturales protegidas, y Manantlán los ha tenido […] honestamente, en su momento, los primeros diez años de administración fueron a cargo de la Universidad […] Ese primer modelo fue muy exitoso, muy reconocido internacionalmente, pero tiene lo que todo modelo tiene: si no se actualiza, queda en desuso; creo que no se actualizó y empezó a generar conflictos”, explica en conversación telefónica desde Morelia, sede regional de la Conanp.
Así, emergieron liderazgos en la sierra que comenzaron a cuestionar el papel de la UdeG y a exigir la entrega de los dineros que gestionaban los investigadores, pues parecía que ese dinero “no llegaba” a las comunidades.
“Alguien reacciona y dice: ‘Dónde están todos los millones’, hasta que se le paró en seco… Les dijimos: no se puede, los investigadores lo consiguen para su investigación, no son necesariamente gestores de las comunidades. Pero esto fue un detonante”.
Después, “el divorcio o el distanciamiento de que se habla se dio por la perspectiva de cómo administrar la reserva […] no se puede mantener un modelo intacto, debe actualizarse. Eso es lo que está pasando. ¿Qué buscamos? Que cada quien acepte, tome y se responsabilice de su ámbito de competencia. No soy quién para decirle a la UdeG qué investigar, ni ellos lo son para decirme cómo manejar mi personal. Pero, en sentido fino, si vamos a hacer programa manejo de fuego, ellos tienen experiencia y conocimiento; nosotros, el programa, pues nos sentamos a trabajar…”.
La aparente regresión, agrega, es simplemente un respeto al marco legal y administrativo. La Conanp no puede actuar fuera del polígono protegido, ni puede crecer por encima de lo que la ley señala, los consejos asesores, ni darles atribuciones excesivas. “Pero hay un proceso de creación de subconsejos que van a ampliar esa participación, y una revisión del programa de manejo que garantiza que el proyecto Manantlán tiene futuro”. Es decir, asegura que el famoso divorcio es sólo temporal.

----------------------------------------------------------

CLAVES

Una reserva que se hizo problemática

El presidente Miguel de la Madrid firmó el 5 de marzo de 1987 un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo siguiente: “Se declara la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán como área que requiere la protección, conservación, mejoramiento, preservación y restauración de sus condiciones ambientales, con una superficie de 139,577-12-50 hectáreas, ubicadas en los municipios de Autlán, Cuautitlán, Casimiro Castillo, Tolimán y Tuxcacuesco en el estado de Jalisco, y Minatitlán y Comala en el estado de Colima”.

En estas montañas se han registrado cerca de tres mil especies de plantas vasculares y 560 especies de vertebrados. Se llevan a cabo estudios ecológicos a largo plazo y monitoreo sobre la dinámica de la vegetación, ecología de comunidades de plantas y animales, ecohidrología y calidad de agua, por parte de la UdeG.

La reserva estuvo siete años abandonada por el gobierno federal, pero la UdeG la sostuvo. Luego, entre 1994 y 2004, contó con un director pagado por el gobierno federal, pero que contó con la valiosa colaboración de la casa de estudios, pues sus recursos eran escasos.
En ese clima de colaboración salieron adelante proyectos como la gestión integral del río Ayuquila, que hoy es un modelo exitoso de asociación intermunicipal para el medio ambiente, así como trabajo legal con las comunidades de la zona nahua, en su larga lucha desigual con madereros y mineros


Desde 2004 se sucedieron cinco directores o encargados de despacho y se limitó severamente la colaboración entre la Conanp y la UdeG: hoy se han reducido los consejos asesores, la reserva no sale de sus linderos, surgen liderazgos opuestos a la gestión universitaria o gubernamental y hasta existe la amenaza de perder el laboratorio de Las Joyas, en un juicio de propiedad donde la Conanp se ha quedado al margen

Preparan Xalisco Biodiverso



La pasada semana se reunió el consejo asesor de Xalisco Biodiverso, el cual tiene como objetivo inmediato montar una gran exposición fotográfica sobre las riquezas naturales del estado, el cual posee una flora más rica que la de Francia o Canadá, y una presencia elevada de especies endémicas (exclusivas) vegetales y animales. Es tierra de jaguar, puma, ocelote, venado, coatí, cocodrilo de río, tortuga marina y boa constrictor. Xalisco Biodiverso se expondrá en espacios públicos de Guadalajara desde finales de mayo y todo junio con conferencias, talleres, pláticas y conciertos en torno a la protección del medio ambiente. Agustín del Castillo

miércoles, 4 de marzo de 2009

CRISIS AMBIENTAL, RECUENTO DE ERRORES Y HORRORES

Foto, Agustín del Castillo y Dolores Reséndiz de del Castillo, en Milán, Italia, en septiembre de 2007, parte de su luna de miel


Agustín del Castillo, revista FOLIOS, año II, número 11

No puede tener tono optimista un artículo que evalúa someramente lo que el sector público de México y de Jalisco, por vía de presupuestos, de estímulos y de aplicación de la ley, están aportando para resolver el tremendo problema ambiental, que ha pasado de un asunto casi de ornato –así lo veían 99 por ciento de los políticos hace menos de dos décadas- a un auténtico desafío para el desarrollo y la viabilidad de nuestro modelo de civilización. Ni más ni menos.

El problema es que a los políticos sólo les cayó parte del veinte –metáfora impropia, los veinte ya ni siquiera existen, pero todo mundo la entiende- y se dieron cuenta de que lo “verde” vendía: se hizo recurrente tema de propaganda electoral. Luego se quedaron en la idea de que plantando árboles por todos lados se afrontaba responsablemente esa realidad. Tenemos también como veinte años en que hemos plantado tal vez entre 800 y mil millones de arbolitos, con miles de millones de pesos del erario, y el problema no ha hecho sino aumentar, además de que la mayor parte de esos arbolitos están muertos (y qué decir de algunos ingeniosos servidores públicos que se hicieron ricos con ese rodar perverso; la corrupción es la marca de la casa).
¿Nadie les enseñó, hombres brillantes que son, que había que atacar las causas del deterioro, y no algunas manifestaciones de la superficie? El fracaso en atisbar siquiera una metodología racional para alcanzar ese conocimiento elemental, sólo es revelador de otro de nuestros grandes desastres como nación: el educativo. Y no es menor factor la insufrible frivolidad de la inmensa mayoría de los hombres y mujeres que en México han detentado el poder, con un compromiso casi nulo con la generación de conocimiento científico, clave de éxito para otras naciones a las que se admira como ejercicio retórico, pero casi nadie sabe en realidad por qué (y ad nauseam, rueda el círculo vicioso…).
Así cómo se le puede pedir a la clase política si quiera un planteamiento adecuado del problema, y que el gasto público sirva para algo más que aspirinas. No hay que ser. Y mucho menos esperar que el asunto lo dejen en manos de los que los que saben y de los que lo viven: eso equivale a perder parcelas de poder y dárselas a científicos y ciudadanos, cúmulo de horror para todas las burocracias. Por eso aportan modestos presupuestos al sector ambiental –donde trabajan algunos técnicos capaces y muchos burócratas- y por eso bloquean iniciativas ciudadanas para afrontar casos específicos.
En Jalisco tenemos asuntos emblemáticos para ilustrarlo: la gestión del río Ayuquila, siempre frenada en las esferas públicas y dotada de presupuestos magros; los movimientos ciudadanos por el saneamiento del río Santiago y por el rescate del bosque del Nixticuil, cuya descalificación ha llegado a un intento de criminalizar a sus líderes; la promoción de una reserva de la biosfera en Talpa de Allende para proteger valiosísimos bosques de niebla, únicos en el Pacífico mexicano, a la cual simplemente han ninguneado (por ser pobres y por ser rurales, lo que se traduce en muy pocos votos).

La necia realidad
Pero los datos allí están. Este es un resumen de la destrucción que afrontamos, pese al autismo de nuestros políticos:
México produce al año riqueza por alrededor de 900 mil millones de dólares (cifras de 2007), pero más de 100 mil millones (12 por ciento) son lo que cuesta la destrucción ambiental que provocan los modos para generar esa riqueza (estimación de un análisis de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, 2001).
¿Cuáles son esos modos? Destruyendo bosques, selvas y desiertos naturales (unas 225 mil hectáreas al año según el gobierno; entre 600 mil y 800 mil ha, según diversos analistas), contaminando cuerpos de agua (de 160 mil a 180 mil litros de aguas negras o grises por segundo, 65 por ciento del total descargado), arrojando desechos a la atmósfera (una ciudad como Guadalajara es responsable de 1.4 millones de toneladas de emisiones anuales; la zona metropolitana del valle de México emite cuatro millones de toneladas, según el Instituto Nacional de Ecología), generando basura (unas 200 mil toneladas diarias en todo el país).
Además de lo que se contamina directamente, están los efectos: pérdidas de fuentes de captación de agua, de sumideros de carbono, de suelo fértil y de diversidad biológica, lo que en primer lugar, es un desastre para la vida campesina, pero a las ciudades las obliga a acceder a servicios más caros, a traer el agua de lugares más distantes (Saqueando otras regiones), a pagar más en servicios médicos y en seguridad pública (pues nuestras distopías urbanas pierden los espacios públicos a favor de los intereses especulativos privados). Daños económicos: la tierra rinde menos productivamente; los peces y crustáceos desaparecen como dieta de los rurales más pobres; los riesgos de desastres se acrecientan por avalanchas (el bosque desaparece y la tierra queda a merced de la gravedad y los elementos), inundaciones (ríos y lagos invadidos, que al cabo el agua iba a tardar en regresar), sequías y epidemias. En el campo, la migración o la siembra de enervantes (“narco o norte”, dicen los rancheros) terminan como únicas salidas. En la ciudad, los caminos también se cierran.
Así, México ha logrado convertirse en una de las 15 zonas “bajo amenaza crítica” del mundo, según la propia CCAAN.
En el documento Prioridades en el reforzamiento de la capacidad de gestión ambiental en México, la organización multinacional señalaba en 2001 que para que el agotamiento de los recursos naturales se reflejen en la economía, se constituyó el Producto Interno Neto Ecológico (PINE), que es resultado de restar de la contabilidad de la riqueza nacional (o PIB: producto interno bruto) los costos anuales de este agotamiento: ahora oscila entre 11 y 14 por ciento del PIB.
Pero “si las condiciones observadas durante los últimos diez años se mantienen, en el año 2030, mientras el PIB podría ser 14.6 veces mayor que el de 2000, los costos de agotamiento y degradación serían 37.4 veces más elevados (...) es decir, el ajuste por costos ambientales alcanzaría 25.6 por ciento del PIB, lo que significa que entre 2000 y 2030, cada dos años se estaría sumando un punto porcentual del PIB en deterioro ecológico”.
¿Hace falta ofrecer más detalles que demuestran com la crisis ambiental es social, económica y política, y en suma, se ha convertido en la crisis esencial de nuestra civilización?
El organismo de América del Norte llega a la conclusión obvia: para afrontar este reto, la nación requiere incrementar el gasto de protección ambiental.

El gasto sí aumentó
México gasta más dinero que nunca en la protección ambiental, no se puede negar. Pero mientras el gasto federal aprobado para 2009 rebasa tres billones de pesos (3,045 millones de millones de pesos), la asignación para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ronda 30 mil millones, esto es, uno por ciento del presupuesto y como 0.3 por ciento del PIB. Conafor tiene más de cuatro mil millones, Comisión Nacional del Agua, unos 32 mil millones (pero los recursos para sanemiento no rebasan el 15 por ciento), y la Comisión Nacional de Áreas Natuales Protegidas, 1.250 millones. En resumen, contra PIB, apenas se aplica un modesto uno por ciento de gasto en protección ambiental (si somos hombres de buena fe y creemos que completan el punto la nada generosa aportación de estados y municipios al tema); un abismo ante el 11 a 14 por ciento del costo del deterioro.
¿Cuál sería la solución? Simple, la lógica ambiental indica que no se trata de un asunto especial. Justamente, como todo está inserto en un ambiente, lo ambiental debe ser transversal a todos los asuntos: política, economía, sociedad, cultura, costumbres… para acabar pronto, religión. La visión de mundo de cada cual entraña, sin duda, un efecto ambiental, pues se trata de cómo vemos al mundo y cómo vamos a participar de él.
Si esto es verdad, lo correcto es que el componente ambiental siempre sea considerado en los proyectos de todas las carteras de un gobierno. La realidad siempre fue otra: el ambiente tenía costo cero. El bosque estaba para ser talado, el lago para ser contaminado, el corredor biológico para cortarse ante la urgencia de la carretera o la presa hidroeléctrica. Eran “costos inevitables” en el camino al desarrollo.
Ese desarrollismo alemanista o echeverrista, sigue siendo el camino de los gobiernos de la alternancia. Horror, pero real. Felipe Calderón es ahora el presidente “de la infraestructura”; Emilio González Márquez será este 2009 el gobernador jalisciense que construya decenas de obras para sacar del atraso a sus gobernados. Muy bien, pero dónde están las consideraciones ecológicas para hacer que esas obras sobrevivan (las carreteras de la costa de Jalisco, orgullo de la Administración de Francisco Ramírez Acuña, siguen cayéndose), para que realmente saquen del atraso a sus presuntos beneficiarios (¿hay que recordar el caso de Riviera Nayarit, donde los ejidatarios venden y son expulsados por los capitales privados?), para que el capital natural, que pretenden usar como fundamento de nuevos proyectos, no se arruine.

Jalisco nunca se raja
Pero Jalisco es emblemático en esto. En la entidad no sólo no se ha consolidado un solo proyecto ecológico importante desde 1995, sino que ha habido un retroceso real en relación con periodos de gobierno anteriores.
Qué puede pensar un ciudadano cuando ve que se construyen obras públicas violando todas las disposiciones legales y concediendo migajas de financiamiento a lo ambiental. Cómo olvidar ese humor involuntario del exsecretario de Desarrollo Urbano, Claudio Sáinz David, quien adujo como prueba de su ardiente ecologismo el que “hemos sembrado arbolitos” en las vías carreteras que promovió sin permisos federales, que hoy son el factor principal de presión y destrucción de ecosistemas cuya riqueza ni él ni otros actores de gobierno pueden imaginar.
Qué decir del caso de la planeación ambiental de la zona metropolitana. La misma Sedeur aplicó por años un plan de obras que sólo deteriora más la calidad del aire y de vida de los tapatíos. Si revisamos el padrón de vehículos que había en 1997 contra el actual, constatamos que creció… 98 por ciento. En el mismo periodo, ni un solo metro de tren eléctrico, reestructuraciones a medias del transporte público —por temor a las mafias políticas que lo controlan—, un programa de afinación controlada con resultados risibles, áreas verdes reducidas por “prioridades públicas” e intereses privados, árboles que se podan (“talar” es una palabra más honesta), ríos que se borran… ¿El gobierno tiene la culpa de esto? Por supuesto, somos un país donde el sector público históricamente ha sido grande y poderoso, y ha definido los destinos particulares. La ley es clara: ninguna casa, ningún cimiento, ningún negocio, se pueden instalar si la anuencia de un gobierno. Y los árboles se quitan si tienen un permiso municipal. No hay mucho para dónde hacerse. El egoísmo de los particulares es un problema normal en todas las sociedades… lo que no es normal es que los gobiernos se les plieguen, pero en nuestro entorno sucede, sobre todo si esos particulares cuentan “con poder de lobby”, como les gusta decir a los economistas.
Lo lamentable es que por primera vez en la historia del estado, se contaba con los instrumentos legales para lograr el desarrollo sustentable. Y bueno, hay desarrollo para todos, hay carreteras, hay espacio para autos, hay fraccionamientos, hay algo de inversión. Todo fincado en dudosas bases ambientales, y fuera de duda, violando los derechos más elementales de las mayorías. Pero además, es un esquema terriblemente miope: el desarrollo de hoy destruye las bases del futuro. Sin natura no hay cultura, como nos enseñaron los maestros de las primarias donde muchos de los funcionarios se supone que estudiaron.
Ahora se pretende cambiar la historia y entrarle al toro por los cuernos, con leyes que obligan a separar basura, a afinar y reducir emisiones, y que buscan reducir la enorme, descomunal, impunidad ambiental. También hay planes de nuevas áreas protegidas, pagos por servicios ambientales y proyectos forestales, un programa de transporte que se supone, ahora sí apoyará al ciudadano de a pie, y evitará la manía de comprar carros, por necesidad o por pretensiones, para que nos parezcamos a Barcelona o a Londres…
Eppur si mouve, dijo Galileo (“y sin embargo, se mueve”). Las inversiones más urgentes en el tema ambiental demandaban 800 millones de pesos como presupuesto en 2009 para Jalisco, pero el Ejecutivo se limitó a plantear un gasto ligeramente superior a 130 millones. La Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades) es la que cuenta con menos dinero. Un patito feo que no se ve para cuándo se hará cisne.

Nueva área protegida del volcán Nevado, en su fase final

Bosque mesófilo de montaña vecino del volcán; el calentamiento global podría acabarlo; durará 60 días la consulta pública de los documentos sustantivos



Guadalajara. Agustín del Castillo. PÚBLICO-MILENIO

Se busca decretar a 7,212 hectáreas del Nevado como parque estatal. Foto: Público
Ayer se abrió el proceso de consulta de los documentos sustantivos para decretar como parque estatal cuatro polígonos de más de siete mil hectáreas de bosques de niebla (o mesófilos) del Nevado de Colima; los ciudadanos tendrán acceso a esa información y podrán incorporar sus observaciones, anunció ayer la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades).
La propuesta de declaratoria es “Parque Estatal Bosque Mesófilo Nevado de Colima”. El Estudio Técnico Justificativo, el programa de aprovechamiento y los polígonos a protegerse pueden ser consultados en la página web de la dependencia, http://www.semades.jalisco.gob.mx;/ también están disponibles en su sede, en Circunvalación Jorge Álvarez del Castillo y Plan de San Luis, en la colonia Mezquitán Country.
La superficie total es de 7,212 hectáreas, dentro de los municipios de San Gabriel, Tuxpan, Zapotitlán de Vadillo y Zapotlán El Grande.
Antonio Ordorica Hermosillo, director de Planeación y Desarrollo Sustentable de la Semades, subrayó que “con esta declaratoria no sólo se protegerá la zona, sino que las comunidades que integran los cuatro polígonos a protegerse tendrán la oportunidad de canalizar mayores apoyos económicos […] los ejidos colindantes al bosque podrán participar en programas de conservación y desarrollo organizados por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas [Conanp], programas de empleo temporal por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [Semarnat], así como por la Comisión Nacional Forestal [Conafor]; podrán concursar con un mayor puntaje en la selección de programas”.
Del total del territorio nacional, 0.8 por ciento corresponde a bosque mesófilo, un ecosistema que enfrenta retos severos de supervivencia ante el calentamiento global. En Jalisco, además puede encontrarse en la Sierra Madre del Sur, en la zona “bosque de maple”, en Talpa de Allende, donde está también en proceso de protección. También hay manchones importantes ya protegidos en la reserva de la biosfera sierra de Manantlán. Superficies importantes de este ecosistema se ubican en la franja del eje neovolcánico y en algunos puntos de la Sierra Madre Occidental, sin protección. El bosque mesófilo llega a tener densidades de diversidad de especies similares a la selva húmeda perennifolia. Es una de las comunidades más ricas del planeta.
-----------------------------------
CLAVES
Los cuatro polígonos a protegerse en la primera área natural estatal son los siguientes, en su respectivo municipio: San Gabriel, 408 hectáreas; Tuxpan, 2,538 ha; Zapotitlán de Vadillo, 3,682 ha, y Zapotlán el Grande, 584 ha. Total: 7,212 hectáreas
De este modo, la zona protegida en la montaña más alta del occidente mexicano se duplicará, pues actualmente el parque nacional ubicado en su cumbre alcanza menos de siete mil ha. Los tipos de vegetación protegidos en la zona serán así el bosque de pino-encino, el bosque mesófilo de montaña, fragmentos de bosque de oyamel, de aile, de Pinus hartwegii y zacatonal. Quedan pendientes amplios manchones de bosque de Abies religiosa